Una ganancia política con un incierto saldo económico. Así podría definirse el desenlace de la larga y compleja lucha que mantuvo nuestro país con los fondos buitre, que acabó el pasado 30 de julio con el bloqueo definitivo de la Justicia norteamericana para que Argentina continué haciendo llegar los pagos de la deuda a los acreedores regulares (92,4% del total), quienes desde hace años recibían estas cancelaciones en tiempo y forma por los bonos de sus acreencias reestructuradas.
Los buitres –una parte menor del 7,6% de los bonistas que por diversas razones no suscribió a los descuentos de la deuda en cesación de pagos– fueron por más, es decir, por cobrar en su totalidad bonos que habían comprado a precio de remate por estar impagos por nuestro país. En su asonada, que la Argentina continúa enfrentando, hasta el momento se quedaron sin nada, aunque abundan las especulaciones sobre la posibilidad de que hayan adquirido también seguros contra defaults (cesación de pagos), que podrían reportarles grandes ganancias para el caso de que tribunales y calificadoras de riesgos dictaminen –como ya lo hizo la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA)–, que la Argentina entró en default, algo que no será simple de demostrar ya que a diferencia de los demás defaults de la historia, en este caso el país cumplió con los pagos, más allá de que se encuentren bloqueados por la justicia norteamericana.
Por eso, si en el caso de los buitres sus posibilidades de rédito están dentro del terreno de la especulación, en el caso del Gobierno resulta mucho más nítido que, por un lado, al igual que los buitres parece perder en un aspecto económico, por el otro obtuvo la ganancia política de exhibir una postura de independencia en el diseño de su política económica. A ello se refirió la presidenta Cristina Kirchner en su último discurso, al señalar que “sería fácil para esta Presidenta, que está finalizando su segundo mandato, firmar cualquier cosa e irse. Pero no, ¿saben por qué? Porque yo me siento comprometida con esas generaciones, con las que pasaron, con las que están y con las que vienen”.
Como también el ministro de Economía, Axel Kicillof, al afirmar que “podríamos firmar cualquier cosa que genere grandes deudas y toneladas de juicios. No vamos a contribuir a que pase”. Lo que estaban diciendo, en otras palabras, era que un acuerdo con los buitres podría facilitarles la gestión de los próximos meses de gobierno, pero hipotecaría fuertemente al país en los años venideros. Un escenario general que en algún punto podría ser similar al experimentado por los argentinos cuando la Alianza suscribió el “blindaje” (año 2000) y “Megacanje” (2001), acuerdos diseñados en función de las demandas del sistema financiero internacional, pero que al poco tiempo produjeron una de las más profundas crisis socioeconómicas experimentadas por nuestro país. En el caso actual, el cumplimiento de la sentencia o un acuerdo con los buitres podría activar juicios por parte del 92,4% de bonistas reestructurados, quienes podrían demandar al país por hasta 500.000 millones de dólares, al exigir a través de la clausula RUFO (activa hasta diciembre de este año) el mismo pago realizado a los buitres, es decir, ningún tipo de descuento.
A esta postura de independencia en las decisiones económicas, el Gobierno sumó también un amplio apoyo internacional, en el que se contaron declaraciones favorables hacia nuestro país por parte del de la Organización de los Estados Americanos (OEA); los gobiernos de China, Francia, Brasil, México, Venezuela y Uruguay; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); la Unasur, el Mercosur, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad); el G24; el G77 + China; parlamentarios británicos, los prestigiosos y reconocidos economistas Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini, columnas en los influyentes diarios Financial Times y New York Times, y ciertas declaraciones favorables de parte del gobierno de Estados Unidos y el FMI.
Se trató, en definitiva, de una estrategia negociadora y diplomática que permitió al Gobierno exhibir ante el mundo el accionar de los fondos buitre y de parte del sistema financiero internacional, cosechando así un amplio respaldo, por temores futuros o solidaridad internacional, a la causa argentina. El grueso de la oposición local pareció en un principio sumarse a esta causa, al aceptar una invitación del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para sentar posiciones favorables al país ante la Justicia norteamericana. Sin embargo, una vez que la Corte Suprema norteamericana tomó una decisión favorable a los buitres, comenzó a distanciarse del Gobierno.
El PRO fue el más claro en su postura: Mauricio Macri señaló la necesidad de cumplir el fallo favorable a los buitres, y sus principales referentes económicos, el diputado Federico Sturzenegger y el presidente del Banco Ciudad hicieron referencia al término “default” que la Argentina rechaza por haber depositado los pagos para el 92,4% de los bonistas reestructurados. El massismo navegó entre la postura de uno de sus referentes económicos, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, contrario como el Gobierno a acordar con los buitres, y la de su otro referente, el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, que no dio cuenta de oposición alguna a acordar con los buitres y en cambio prefirió hablar, al igual que Sturzenegger y Frigerio, de “default” tras el 30 de julio (según Kicillof, “es una pavada atómica decir que hoy entramos en default”).
En el conglomerado Faunen, las divergencias fueron más extremas, pues mientras que el senador Ernesto Sanz manifestó una postura similar a la de Macri, el diputado Ricardo Alfonsín se manifestó contrario a cualquier acuerdo con los buitres. En el medio, se emitieron propuestas de acuerdos con los buitres mediante depósitos de garantías de pagos futuros, como fueron los casos de la diputada Elisa Carrió y del ex vicepresidente Julio Cobos, aunque no se aclararon cómo incidirían esos depósitos en la activación de la cláusula RUFO.
Los más descolocados fueron sin dudas los medios hegemónicos que canalizan las voces del establishment económico, ya que siempre apostaron al acuerdo bajo la falaz hipótesis de que el Gobierno había claudicado en los últimos meses frente a las imposiciones del poder económico. Para ello, citaron un caso plausible de crítica, como el del Club de París (en el que meses atrás se acordó el cumplimiento de la deuda con pagos por un total de 9.700 millones, es decir, con fuertes intereses sobre los 5.986 millones establecidos como deuda), y tergiversaron otros acuerdos, en rigor ventajosos, como los del año pasado con empresas privadas extranjeras de servicios públicos –que obtuvieron fallos favorables de los tribunales económicos del Banco Mundial–, en los que la indemnización de 500 millones de dólares se realizó en bonos –lo que implica en los hechos una quita de los montos reclamados–, junto al compromiso de las empresas de reinvertir en el país parte de estos capitales, así como el alcanzado a comienzos de este año con Repsol por la nacionalización en 2012 del 51% de las acciones de YPF, en el que se abonó la mitad (cerca de 6.000 millones de dólares) de lo demandado por la petrolera española.
Negociación y contexto. La dura negociación realizada con los buitres, comenzó exhibiendo al Gobierno desorientado frente a la decisión de la Corte Suprema norteamericana de avalar la posición de los buitres. La falta de un plan para esta posibilidad quedó expuesta en la contradicción de que, mientras que el miércoles 18 de junio el ministerio de Economía emitió un comunicado de prensa en el que señaló que, a raíz de la decisión de la Justicia norteamericana nuestro país no depositaría el pago a los acreedores que entraron en el canje (pago que la justicia norteamericana amenazaba con embargar), una semana más tarde anunció que sí había depositado 539 de los 832 millones de dólares por el pago de los servicios de la deuda (capital e intereses) en las cuentas del Bank of New York Mellon, y que “cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una actitud violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional”, es decir, utilizó una estrategia opuesta a la de la semana anterior.
Sin embargo, a partir de aquel depósito, exhibió una firme actitud de negar en todo momento que la Argentina pudiese caer en default, justamente por el hecho de que se habían depositado los pagos. Así, convirtió a este caso en uno inédito a nivel mundial, donde los acreedores no podían recibir los pagos no por una falta de los mismos por parte del deudor, sino por un bloque judicial. Esta situación inédita es la que hace imposible saber también cuáles serán sus efectos, porque además las negociaciones continuarán abiertas, ya no entre el Gobierno y los buitres, pero sí entre privados, pues existen más de un actor financiero interesado en que el bloqueo de pagos no se extienda, debido a la baja en las cotizaciones de títulos públicos argentinos que se encuentran en su poder y a la posibilidad de tener que abonar los pagos de seguros contra default que se mencionaban anteriormente. De todas formas, está descontado que el presente escenario afectará a la economía, debido a la inestabilidad misma que genera la situación, el contexto económico (según el Indec, el país ya se encuentra técnicamente en recesión, y en su último informe sostuvo que la producción industrial disminuyo un 0,3 por ciento interanual en junio, acumulando así 11 meses consecutivos con resultados negativos), y a los sectores opositores al Gobierno que intentarán profundizar la situación de crisis.
Por eso, resulta más clara la ganancia política del Gobierno al haber optado por defender lo que considera el interés nacional antes que cumplir con los dictados financieros, opción esta última elegida por los gobierno de la dictadura cívico militar y de Carlos Menem (PJ) y Fernando de la Rua (UCR-Frepaso), que condujeron a una de las peores crisis socioeconómicas experimentadas por nuestro país. En el aspecto económico, en cambio, la incertidumbre prevalece, sobre una situación inédita en la que cualquier pronóstico tendrá mucho más de interés que de elementos de análisis objetivo.
mingo 3 de agosto de 2014
