Putin juega la carta del gas

El presidente ruso amenaza con cortar el suministro energético a Ucrania y la Unión Europea si el gobierno de Kiev decide reprimir a los nuevos movimientos independentistas.

Para aquellos dispuestos a dialogar y negociar habrá diálogo, pero aquellos otros alzados en armas contra el Estado, recibirán una respuesta contundente.” Con estas palabras, Arsén Avákov, ministro del Interior del gobierno provisional ucraniano, daba un ultimátum a los miles de rusos y rusoparlantes de las ciudades más industrializadas y ricas de Ucrania que han ocupado por la fuerza varios edificios públicos y han convocado un referéndum independentista para el 11 de mayo.
A pesar de no representar a más del 30% de la población de ciudades como Lugansk, Donetsk, Járkov u Odessa, los opositores prorrusos rechazan al gobierno central provisional actual y reclaman su derecho a seguir los pasos de la península de Crimea, donde en referéndum su población decidió por amplia mayoría abandonar Ucrania y volvió a unir su territorio al de la “Madre Patria”, a Rusia.
Tanto el prooccidental gobierno ucraniano como la Unión Europea y Estados Unidos han acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de incitar a la población prorrusa del este y sur de Ucrania a no reconocer a las nuevas autoridades y a reivindicar su derecho a decidir su futuro en referéndum. Barack Obama ya ha advertido a Putin que estaba jugando con fuego y que no tolerará un desmembramiento de Ucrania.
La situación es de extrema tensión en la zona oriental del país.
En el caso de la ciudad de Járkov, las fuerzas progubernamentales han logrado desa­lojar a los independentistas de varios edificios públicos; sin embargo, la situación es muy distinta en Lugansk y Donetsk.
Los opositores prorrusos de Donetsk han nombrado en una asamblea multitudinaria un “Parlamento” compuesto por 81 personas y un “Gobierno” de siete y han decidido constituirse en la RPD, la República Popular de Donetsk. Intentando seguir los pasos de Crimea, han convocado ya un referéndum para el 11 de mayo, para que su población decida si quiere seguir formando parte de Ucrania, o si no se reconoce en ella por los cambios habidos y prefiere unirse a su vecina Federación Rusa, a la que perteneció toda Ucrania hasta 1991.
El portavoz de los grupos de autodefensa rebeldes de Donetsk, Igor Jakimsiánov, se mostraba seguro estos días en que habrá enfrentamiento con las fuerzas de elite enviadas por el gobierno central de Kiev. “Nos jugamos todo en esta batalla, no vamos a retroceder.”
Por su parte, los rebeldes de la ciudad de Lugansk, situada a tan solo 60 kilómetros de la frontera rusa –donde están concentrados miles de soldados enviados por Putin– han ocupado la sede de la Dirección del Servicio de Seguridad (SBU, los servicios secretos), donde se han aprovisionado de fusiles de asalto, municiones y chalecos antibala. Ese y otros edificios públicos están protegidos por barricadas defendidas por cientos de rebeldes, buena parte de ellos trabajadores de las poderosas minas de la región.
En otras ciudades de esta industrializada región, como Odessa, hay igualmente un clima de gran efervescencia y se están viviendo situaciones que parecen venir del túnel del tiempo: cientos de personas salieron a las calles luciendo sus viejos uniformes del Ejército Rojo, insignias y banderas rojas con la hoz y el martillo de la desaparecida Unión Soviética e imágenes de Lenin y Trotsky. A pesar de que la URSS se desmembró hace 23 años y que ni la economía ni el sistema político y social de la Federación Rusa tienen ya nada que ver con ese pasado, el sentimiento de haber pertenecido a una superpotencia como la Unión Soviética sigue siendo muy fuerte, especialmente entre los combativos trabajadores de la minería e industria de toda esta región limítrofe con Rusia
Lejos de intentar alguna vía de diálogo con estas zonas rebeldes, ofreciéndoles algún tipo de concesión que reconozca sus particularidades étnicas y su gran peso en la economía nacional, el gobierno provisional central, respaldado por la UE y EE.UU., persiste en mantener la línea dura, la de la confrontación. Por ello ha enviado a la zona varios blindados y a las exiguas fuerzas de elite con las que contaba el Gobierno de Yanukóvich, mientras los ultraderechistas del partido Bloque de Derecha dirigido por Dmitri Yárosh movilizaban a numerosos hombres armados para acabar con los opositores.
El Bloque de Derecha, que controla los principales cargos de la “fuerza nacional de seguridad” de 60.000 hombres que se está montando en Ucrania, pretende liderar los enfrentamientos con los opositores prorrusos para poder rentabilizarlo políticamente en las próximas elecciones presidenciales del 25 de mayo, a las que presenta su propio candidato.
El ministro del Interior amenazó con aplicar a los rebeldes la nueva legislación antiterrorista, votada a toda prisa por las nuevas autoridades, que prevé condenas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua para cualquier acción separatista violenta.
Por su parte, Putin respondió a este acoso a los independentistas prorrusos con una represalia económica contra el gobierno provisional de Kiev, que también tendría graves consecuencias para la Unión Europea.
El presidente ruso anunció que a partir de ahora Ucrania tendrá que pagar por adelantado la factura del gas ruso que quieran comprar. El acuerdo de 2009 entre ambos países prevé que el proveedor –Rusia– puede exigir el pago adelantado del suministro de gas mientras Ucrania no abone las facturas anteriores. Y Ucrania adeuda ya a la gran empresa petrolera y gasística rusa, Gazprom –una de las mayores del mundo– 2.200 millones de dólares.
Esta medida, que se suma al aumento del 30% en el precio del gas, añade más dificultades al gobierno provisional ucraniano. Y Putin advirtió que si Ucrania no paga sus facturas le cortará el suministro de gas. Esto no afectaría solo a Ucrania, sino también a los 16 países de la UE que compran gas ruso y que lo reciben por gasoductos que atraviesan territorio ucraniano. En 2009 Rusia cortó el suministro de gas por una situación similar y provocó una crisis en toda Europa.
El presidente ruso tiene por tanto un arma de extrema importancia para influir en el futuro político de Ucrania y la UE, EE.UU., la OTAN y el FMI se desesperan ante el escaso margen de maniobra que deja semejante dependencia energética.

Los condenados de la tierra Año 7. Edición número 308. Domingo 13 de Abril de 2014 Por Osvaldo Drozd americalatina@miradasalsur.com

La cuestión agraria en América latina y la integración regional. Los latifundios y la división internacional del trabajo.

“¡A desalambrar, a desalambrar!/ que la tierra es mía,
tuya y de aquel…”
Daniel Viglietti

Cuando se plantea hasta dónde es posible llevar adelante al actual proceso de integración latinoamericano, no pocas veces se la deja supeditado nada más que a la voluntad política de los líderes regionales, que sin dudas es una condición indispensable; pero si se considera que la integración es parte simultánea de un sustancial cambio en relación a los actores globales externos al continente, que implica dar un corte definitivo a la histórica dependencia, no alcanza con la voluntad, sino que en primer lugar resulta imprescindible transformar sustancialmente la estructura económico productiva que dio condición de posibilidad a la subordinación a los diferentes imperios, quedando la región sumergida en una marcada fragmentación. Conocer –con precisión propia a los postulados de la ciencia– cuáles son las trabas estructurales que obstaculizan la profundización del cambio de época, debiera ser parte integral no solamente de los programas políticos de los gobiernos progresistas, sino principalmente de los movimientos sociales y las mayorías populares, que son los verdaderamente interesados –por su situación objetiva– en que las diferentes crisis cíclicas se resuelvan efectivamente, alcanzando un punto histórico que pueda considerarse como irreversible y no sujeto a retrocesos. Las diferentes experiencias de integración y desarrollo autónomo que precedieron al actual proceso, hasta ahora fueron intempestivamente inclinadas hacia la regresión. Si hay una cuestión central, que hizo que el continente fuera solamente un gran reservorio de recursos naturales, con muy escaso desarrollo de la industria, signado en la división internacional del trabajo a ser sólo un gran productor de materias primas, es sin dudas la cuestión agraria, o para ser más precisos, el régimen de explotación, posesión, tenencia y reparto de la tierra.
Desempolvar la cuestión agraria y la necesidad de la otrora famosa reforma agraria u otra política acorde a ella, no es solamente un problema que atañe a lo específicamente relacionado con las actividades productivas del campo, sino que en la actualidad cobra suma vigencia a partir del engrosamiento de las grandes ciudades del continente, con todos los rasgos propios presentes en ellas, que ponen sobre el tapete la más cruda desigualdad social. Ciudades con grandes zonas suburbanas en las cuales se producen continuamente asentamientos de migrantes del campo, que lejos de resolver sus problemas esenciales, agudizan la exclusión y la marginación.

Introducción al problema. En nuestras sociedades, existe un hecho económico y social (también se traduce en lo político) que es la desigualdad entre la ciudad y el campo, y la misma no desaparecerá de forma inmediata por más transformaciones que se produzcan en las estructuras sociales. Para ello es necesario un largo proceso, que no solamente revolucione ese desequilibrio, sino que altere considerablemente el desarrollo desigual que se da a nivel planetario producto de la división internacional del trabajo. De tal forma, existen zonas en las cuales se privilegia la producción industrial, y otras en las cuales, el único destino pareciera ser consolidarse como regiones productoras de materias primas. El último caso es el rasgo dominante en Latinoamérica, y ello no es un hecho fortuito o azaroso, sino producto de cómo está estructurada la relación entre el campo y la ciudad, y de qué manera esa relación se liga íntimamente a la cuestión agraria. Desde el tiempo de la colonia, la región está caracterizada por un régimen de tenencia de la tierra, en la cual prevalecen los llamados latifundios, es decir, una excesiva concentración de la propiedad territorial en pocas manos, las de los grandes terratenientes. Vale señalar que en los países y regiones en los cuales hubo un desarrollo industrial considerable, como son los Estados Unidos, Europa y a posteriori también los países del llamado campo socialista, la propiedad de la tierra fue necesariamente redistribuida en proporciones diferentes, privilegiando la pequeña y mediana propiedad.
Con el advenimiento de la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, las nuevas elites burguesas comprendieron cabalmente que el antiguo régimen de propiedad de las tierras heredado del sistema feudal, consistente en la concentración de la propiedad territorial, era un obstáculo al desarrollo del capitalismo, y por ello se dieron a la tarea de ir desmontando progresivamente dicha concentración. En América latina, procesos similares de redistribución de las zonas agrarias –si bien existieron intentos, que a la postre dejaron algunos cambios– no lograron afectar ni transformar el carácter dominante del latifundio, y marcaron a fuego, de esa forma, el predominio de una estructura económico social en la cual lo principal sigue siendo la exportación de commodities y la importación de productos industrializados. Todos los intentos de industrialización y promoción de sustitución de importaciones chocaron con ese límite preciso que es la cuestión relacionada a la tensión específica entre campo-ciudad y al interior de ella, a la cuestión agraria, entendida como la relación principal en la cual la propiedad terrateniente se impone con respecto a las medianas y pequeñas propiedades agropecuarias.
La cuestión agraria de la forma señalada está indisolublemente asociada a una formación social históricamente determinada. Se podría afirmar que es la relación contradictoria entre dos modelos de propiedad y producción del agro –o en todo caso, de utilización de las tierras–, permanentemente en puja. Desde la primera emancipación americana sucedida hace dos siglos, se vienen dando intentos de inclinar el predominio latifundista, pero también vale señalar que los grandes terratenientes se van acomodando a las diversas coyunturas, haciendo que la renta de sus tierras sean acordes a los negocios de cada época respectiva. Negocios que sin dudas no los establecen ellos, sino el mercado mundial, y las necesidades de producción y consumo del mundo industrializado. De la propiedad de la tierra utilizada en parte para la ganadería, pero con grandes proporciones de zonas improductivas, hoy se asiste a una preeminencia de los agronegocios, entre los cuales las tierras utilizadas para la siembra expansiva de la soja y de oleaginosas para hacer agrocombustibles, resulta el dato sobresaliente.

Campo y población. Cuando se piensa que hoy la población del campo es cada vez menor, no solamente en Latinoamérica sino en todo el planeta, pareciera que el planteo de “Tierra para el que la trabaja” resulta algo anticuado. En una conferencia que diera el célebre historiador Eric Hobsbawn el año 2004 en Delhi, expresaba que desde mediados del Siglo XX la humanidad está asistiendo a una gran revolución, no sólo en referencia a la tecnología, sino a que hace poco más de medio siglo, se produjo el fin de una historia que se extendió por diez mil años. De esa manera Hobsbawn anunciaba la caída vertiginosa del campesinado como esa clase social que fuera dominante desde los albores de la humanidad sedentaria. Según el historiador británico, hoy en el mundo más desarrollado las tareas agrícolas son muy ínfimas, por ejemplo, sólo el 4% de la población de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hoy trabajan en el campo, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es del 2%. Si en los inicios del siglo pasado solamente el 16% de los habitantes del planeta vivía en ciudades, esa cifra hoy ronda el 50%, siendo ese porcentaje engrosado principalmente por el África subsahariana y los países del sudeste asiático (India, Bangla Desh, Myanmar y los países de Indochina). La migración permanente desde el campo a la ciudad es un rasgo de la época, al igual que el vertiginoso crecimiento de las poblaciones urbanas y suburbanas. Latinoamérica, a pesar de sus grandes extensiones rurales, no es una excepción a esa regla, más bien es uno de sus principales indicadores. Cuando se piensa en una reorganización de las sociedades para que las mayorías populares tengan acceso a la cobertura de sus necesidades básicas, sin dudas la desigualdad actual entre ciudad y campo, no deja de tener capital importancia, mucho más cuando los grandes asentamientos que se prodigan alrededor de las grandes ciudades, lejos de beneficiar a sus habitantes, los sumergen más, en una pobreza estructural. Vale señalar que un movimiento como el de los campesinos Sin Tierra (MST) de Brasil, se inició en las zonas conurbanas de Sao Paulo. Relegados a la más cruel exclusión social, se organizaron para realizar el proceso inverso, ir de la ciudad al campo. Tomar tierras para producir y vivir en condiciones dignas. Si existe algún actor social preponderante hoy, que revitaliza siempre la necesidad de la reforma agraria ése es el MST brasileño, sin dejar de obviar a movimientos campesinos similares tanto de Paraguay como Argentina.
Tal como lo planteaba Edgar Allan Poe en el cuento “La Carta Robada”, lo que está más en la superficie es casi siempre lo más lejano a la visión. La policía buscaba la epístola quitada del palacio de los reyes, pero lo hacía con métodos sofisticados y rigurosos, sin poder encontrarla, pero sin prever que la carta estaba entre los papeles desordenados que estaban ubicados por encima de un escritorio, a la vista de cualquier visitante de aquella casa. La cuestión agraria, si se quiere, es como esa carta robada, es algo que está en la superficie pero nadie alcanza a verla como un problema a resolver. Si bien en la Argentina, con la 125 pudo haber despuntado el debate sobre la cuestión agraria, todo quedó supeditado al porcentaje de las retenciones, y no precisamente al régimen de tenencia de la tierra.
Si tal como se dijera más arriba, el MST de Brasil y en menor medida otros movimientos campesinos de la región, hoy siguen manteniendo vigente la problemática referida a la reforma agraria, hay que precisar que también bajo ese nombre existen políticas para el campo, que son contrapuestas, aunque se inscriban bajo la misma denominación. Es así que el Banco Mundial (BM) también pregona la reforma agraria, pero en términos muy diferentes a como lo hacen los movimientos campesinos. Si bien en los planteamientos del BM está resolver cuestiones sociales referidas a ciertos conflictos emergentes de la actual situación, ellos no se proponen eliminar al latifundio, sino concertar entre pequeños y medianos campesinos, las compras de parcelas de tierra a los terratenientes. Según expresara el investigador chileno Cristóbal Kay, profesor emérito en Estudios del Desarrollo y Desarrollo Rural en el International Institute of Social Studies (ISS) de La Haya, el Banco Mundial concibe a esta reforma de un modo neoliberal, neoinstitucional, como un mediador entre compradores y vendedores de tierras, entre campesinos que quieren adquirirlas y latifundistas que están dispuestos a venderlas. De esta forma el BM otorga préstamos para establecer un banco de tierras y mediar en el proceso de compra y venta. Esta política del Banco Mundial se realiza sin la participación del Estado, y hoy tiene bastante raigambre en un país como Colombia. No pocas veces, durante la primera ronda de conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc que se realizan en La Habana, emergió este debate entre dos tipos de reforma agraria. En primer lugar, porque según los negociadores de la guerrilla, es precisamente la existencia del latifundio lo que generó el conflicto armado más viejo del continente, aunque por su parte el gobierno subrayó al respecto que, no se tocarían las propiedades agrarias adquiridas legítimamente enviando un mensaje de confianza a los grandes propietarios.
El geógrafo brasileño Bernardo Mançano Fernandes, en un interesante trabajo que lleva el nombre de “La geopolítica de la cuestión agraria” explica cómo se viene dando a nivel planetario, el problema agrario, en un tiempo en el que priman los agronegocios, principalmente la producción de agrocombustibles, en detrimento de la producción de alimentos. La necesidad de búsqueda de nuevos territorios por parte de los principales trust hizo que existan hoy gobiernos que junto a empresarios y terratenientes estén arrendando y comprando gigantescas extensiones de tierras en países diversos.
De tal forma, Mançano sostiene que hay tres clases de países: los arrendatarios o compradores de tierras, los arrendadores, y los que son las dos cosas a la vez. Con la excepción de Brasil, que es tanto arrendatario como arrendador, los demás países de la región son fundamentalmente arrendadores. Este hecho no es fortuito, ya que es la existencia misma del latifundio lo que permite que sea de esta forma. En cambio los diferentes países de la Comunidad Europea, Japón y Canadá son los principales arrendatarios de tierras. Según precisa el experto brasileño, esta modalidad implica un nuevo elemento en la cuestión agraria: la unión del Estado y el capital para explotar tierras, personas y países. Sin dudas este proceso de explotación no es nuevo, lo que es nuevo según el autor es que más allá de las empresas, los gobiernos estén más involucrados en acuerdos que refuerzan el neocolonialismo y consecuentemente profundizan las formas de dependencia.
Esta novedad está también relacionada, según Mançano, con las crisis de falta de alimentos y con el aumento del precio de los combustibles. Un factor nuevo –precisa– es que estamos viviendo un momento de cambio estructural en la producción de energía. El campo productor de alimentos y fibras pasa a producir cada vez más energía. Es evidente que esta nueva realidad exige la expansión de los territorios. Y los países ricos en capital, pero pobres en extensión territorial están adoptando las estrategias imperialistas.
De tal forma, la existencia de países con grandes extensiones territoriales, pero con una población eminentemente urbana, hacen que la mayoría de los ciudadanos conozcan muy poco acerca de lo que ocurre en zonas en las cuales viven muy pocos habitantes. Tanto la producción de agrocombustibles, como también la minería a cielo abierto, y todas las variantes extractivistas y productoras de commodities, se desarrollan en un plano de invisibilidad notoria, ya que los grandes medios de comunicación, principalmente radicados en las grandes ciudades, de eso no hablan.
Un problema también muy importante relacionado a la cuestión agraria es el de los pueblos indígenas y originarios del continente, ya que ellos fueron despojados de sus tierras a partir de la colonización hispánica basada en el latifundio. Hoy, con el despertar de las naciones latinoamericanas, también emergen con fuerza las voces originarias, que no sólo reclaman con toda justicia sus propiedades ancestrales, sino que a su vez reclaman una relación armónica con la tierra, tal como se plantea en el Buen Vivir de los pueblos andinos. Un flagelo como el del narcotráfico, tanto en la producción de estupefacientes, como en sus rutas, tampoco es ajeno a la cuestión agraria.
En las próximas entregas que Miradas al Sur hará sobre esta problemática, se intentará realizar un somero rastreo histórico de la cuestión agraria latinoamericana, regresando sobre algunos de los temas brevemente ya expuestos. Sobre los diversos intentos de reformar la estructura territorial del agro, desde la reforma agraria propuesta por José Gervasio de Artigas hace dos siglos, hasta experiencias como la de los movimientos campesinos sin tierra, sin dejar de lado los intentos realizados por el pueblo de Bolivia en 1952, y los gobiernos de Perú y Chile durante la mayor parte de la década del ’60. Se pretende contar así con algunos elementos de análisis para el presente de la región, que ante la crisis del mundo occidental hoy tiene una oportunidad, que si no es aprovechada correctamente se corre el riesgo de repetir experiencias fallidas del pasado.

Un fusilamiento que fue “hemorragia aguda Año 7. Edición número 308. Domingo 13 de Abril de 2014 Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal investigacioncnu@gmail.com

El certificado de defunción de una víctima de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), asesinada a balazos en abril de 1975, revela que la práctica de tergiversar las causas de muerte de las víctimas del terrorismo de Estado que utilizaron los médicos de la morgue platense de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que se venía aplicando desde antes del golpe.
Luisa Marta Córica fue secuestrada por un grupo de tareas de la CNU la tarde del 6 de abril de 1975 en la Estación de trenes de La Plata, y asesinada a balazos la madrugada del día siguiente en un casi inaccesible paraje de Los Talas, en la vecina localidad de Berisso. Según la información publicada por los diarios de la época y el testimonio de los pescadores que hallaron el cuerpo, éste presentaba numerosos impactos de bala. El vespertino Última Hora, dirigido por Héctor Ricardo García, consultó fuentes de la Policía bonaerense y fue todavía más preciso: “Los autores del hecho habrían disparado no menos de siete veces sobre la infortunada mujer, con escopeta Itaka”, publicó. Sin embargo, todo esto fue omitido en el Acta Nº 105, del 8 de abril de 1975, labrada en Berisso, donde se consigna de manera escueta que la muerte de Córica fue causada por una “hemorragia aguda”. De las balas, ni una palabra. El acta (que se reproduce en esta página) se basaba en un certificado de defunción firmado por el médico Rubén Angel Puppo, presunto encargado de realizar la autopsia de Córica y precisar las causas de su muerte.
Al escribir simplemente “hemorragia aguda” como causa del deceso de Córica y omitir que ésta fue causada por proyectiles, el médico no sólo tergiversó la realidad, sino que evitó dar precisiones sobre qué tipos de proyectiles le dispararon (lo que podría haber permitido identificar las armas en una investigación judicial) ni desde qué direcciones y distancias (dato que podría haber probado judicialmente que se trató de una ejecución). Se trata de una acción similar a la de los policías médicos que –según se puede constatar en el libro de la morgue de 1977 recuperado por Adelina Alaye– describían como “destrucción de masa encefálica por disparos de arma de fuego”, las causas de muerte de prácticamente todos los NN que llegaban a la morgue, sin dar otro tipo de datos que permitieran establecer las circunstancias, para así avalar la versión de “muertos en enfrentamientos” que intentaban instalar los jefes militares.
En agosto de 2011, los autores de la investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de los grupos de tareas de la CNU platense relataron las circunstancias en que ocurrieron el secuestro y el asesinato de Córica, militante de la tendencia revolucionaria del peronismo. En aquél artículo –titulado “Bella actriz fue acribillada”, reproduciendo el titular de uno de los diarios que se ocupó en su momento del caso– también se revelaron los nombres de los integrantes de la patota que la secuestró y la mató: Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Ricardo Walsh (a) Richi, Gastón Ponce Varela, Ricardo Calvo (a) Richard, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Néstor Causa (a) El Chino, y los policías Alfredo Lozano (a) Boxer, Vicente Álvarez y Roberto Storni.
En el curso de la investigación sobre la muerte de Córica, Miradas al Sur intentó comunicarse con el doctor Rubén Ángel Puppo en las oficinas de Universidad Isalud –presidida por el ex ministro de Salud Ginés González García–, de la cual es vicepresidente, de acuerdo a lo que se informa en la página web de la entidad. En dos oportunidades, uno de los autores de la investigación conversó con una colaboradora de Puppo, a quien le dijo que quería consultarlo sobre su firma en un documento relacionado con hechos de violencia ocurridos en la década del ’70. Esta persona aseguró que le transmitiría el mensaje y, además, brindó la dirección de correo electrónico de Puppo. A ese correo electrónico,Miradas al Sur repitió la consulta. Puppo nunca respondió, ni por correo ni por teléfono. La pregunta que todavía sigue sin su respuesta es simple: ¿por qué describió como “hemorragia aguda” la causa de muerte de Luisa Marta Córica, víctima de una ejecución?.

El paro general y el silencio de los espacios infinitos

Alguna vez el filósofo, físico y matemático Blas Pascal acuñó esta frase: “Me espanta el silencio eterno de esos espacios infinitos”.
Hablaba de la desproporción del ser humano.
Cuánta armonía guarda esa idea de Pascal en el lejano siglo XVII con lo que en estos días nos viene espantando a muchos ciudadanos.
Es que la oposición mediática parece una serie de espacios infinitos que se suceden unos al otro sin otra razón que acallar el murmullo de las voces cercanas y lejanas que estaban guardadas en el arcón de los olvidos y el desamparo, hasta que las hizo visibles el proyecto de país que hoy conduce Cristina y que hasta ayer nomás condujera Néstor Kirchner.
Como verán, queremos meternos de a poquito en el análisis del paro convocado por el tridente sindical que comulga con el candidato del poder mediático, Sergio Massa.
Dejó mucha tela para cortar el paro incompleto del jueves pasado y no hay que apresurarse a sacar conclusiones.
La pereza del intelecto, la comodidad del “corte y pegue” y el hastío social para con esa vieja dirigencia, nos llevaría, por ejemplo, a decir rápidamente que fue un “paro político” e imposible de medir en sus alcances por “la ausencia de transporte público”.
Y no queremos ir por ese lado. Porque todo paro, como toda acción de los hombres, es necesariamente político. Y porque los paros generales, por tradición gremial, incluyen a los gremios de transporte.
Sí se podría decir, con mucha más solvencia, que fue un paro político partidario.
Para demostrarlo, basta con indagar apenas sobre la piel del maridaje sindical, económico y mediático que se puso en danza y advertir que la espalda legislativa del Frente Renovador de Massa es la diputada Graciela Camaño, la de la trompada cobarde a otro legislador, esposa y socia de Luis Barrionuevo.
O bastaría con recordar el acto donde Martín Redrado, la espalda económica y manager de la gira de Massa por Wall Street y el Departamento de Estado de los EE.UU. iniciada el Día de la Memoria, presentó a ese mismo Barrionuevo como ejemplo mayor del sindicalismo criollo.
Preferimos que cada uno complete la larga lista de eventos y declaraciones que demuestran el maridaje descripto. Por una cuestión de espacio y de salud mental.
Conclusión: fue un paro estimulado por el monopolio mediático de Clarín y La Nación, usufructuado políticamente por Massa y cuyo cuerpo de infantería fue la mesa del terror conformada por los sindicalistas Moyano, Michelli y Barrionuevo.
Y como en las ciencias sociales la ley del gallinero es una categoría política, al trotskismo extraviado (perdón por la redundancia) le tocó la “estratégica” tarea de incendiar las gomas en los piquetes de ese día.
La lección remozada que deja este paro es que, aunque menguada, la oposición al proyecto que preside Cristina conserva aún capacidad de daño.
No están en condiciones (y quizá ni les interese) de convocar “a las masas”. No hay densidad motivacional ni causa legítima para entusiasmar al pueblo desde la desesperanza. Pero sí disponen de instrumentos que les facilita el poder económico real para agitar una medida odiosa y antipopular y presentarla en las tapas de los diarios como una medida amorosa y en defensa de todos.
No convocan a las masas, pero sí al miedo.
Entonces, el peor pecado es cansarse y terminar por subestimar esa capacidad de daño de la oposición mediática.
El que se cansa, pierde.
¿Y contra quién fue dirigida esa capacidad maligna de la que venimos hablando? ¿Contra el gobierno kirchnerista? ¿Contra el peronismo y el progresismo K?
No y mil veces no.
Que nadie se confunda en la parada y tome el ómnibus equivocado.
Este jueves pasado, el país en general y los trabajadores y los sectores medios en particular, perdieron centenares de millones de pesos en su economía (por el parate laboral, comercial y de consumo) y al mismo tiempo corrieron el peligro de caer varios escalones en el nivel de conciencia política colectiva.
Preguntémonos por si acaso: ¿con este paro se eleva o se atrasa el nivel de conciencia social?
Justo cuando estamos aprendiendo y ejerciendo que la política es la mejor herramienta de transformación de que disponen los pueblos; justo cuando estamos aprendiendo y ejerciendo que a los precios hay que cuidarlos porque no los sube el Gobierno como nos hicieron creer durante años, sino los empresarios voraces que son la flor y nata del neoliberalismo que anda suelto por las cuevas del poder; justo cuando estamos aprendiendo y ejerciendo que con las paritarias, los trabajadores disponen de toda la libertad para negociar salarios y condiciones de trabajo; justo cuando el Estado nacional dispone realizar el mayor operativo de la historia argentina contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario; justo cuando el FMI nos vuelve a condenar como país por impulsar políticas de redistribución social y producción industrial; justo cuando logramos discernir colectivamente entre el país real y el país virtual que nos pintan los medios… ¿justo ahora le hacen un paro general al gobierno nacional, popular y democrático?
La cosa es más compleja de lo que parece.
Fue un paro que intervino directamente en la disputa cultural que vive la Argentina desde el 2003, formando fila en el sitio que les tenía reservado Magnetto.
Esa es la hondura de lo ocurrido el jueves.
¿Cuál es la novedad en términos históricos?
Que al frente de las fuerzas populares que mayoritariamente irían a trabajar si hubiese habido transportes ese día, hay un gobierno que no afloja el brazo en la pulseada, consciente que cualquier muestra de debilidad arrastraría al país inexorablemente hacia esos espacios infinitos que aterraban a Pascal.
Nuestro filósofo de cita diría que somos la nada frente al infinito y un todo frente a la nada.
El murmullo y el canto de las multitudes pondrán, más temprano que tarde, las cosas en su justo lugar.
El Gobierno cumplió con su deber y respetó el derecho a huelga.
La oposición sigue sin respetar el derecho a trabajar y a circular los sueños libremente.

El paro y la seguridad

Es inevitable arrancar por el resultado del paro convocado por el sindicalismo opositor al Gobierno. Ni los dirigentes que lo lideraron ni las demandas son creíbles. Luis Barrionuevo, Hugo Moyano y Pablo Micheli no hicieron unidad en la acción sino un acuerdo de ocasión con el propósito de poner en aprietos a los gremios que dialogan con el Gobierno y para marcar posición de acá a las elecciones de 2015. No parece sensato que Sergio Massa haya tenido protagonismo, más bien Héctor Daer, que es al mismo tiempo diputado del Frente Renovador y parte de la CGT de Antonio Caló, muestra la complejidad del mapa sindical argentino. Es probable que Barrionuevo y Moyano, cada cual por su lado, vean lo dificultoso que les resultará formar parte de las listas legislativas del año próximo. El sindicalismo argentino está devaluado ante la opinión pública y también frente a las bases de los trabajadores. Para no quedar fuera del juego de la realpolitik, varios líderes sindicales saben que la presión es un arma valiosa. Como los banqueros saben que lo es el dinero. Y los jueces federales el tener guardada una causa o emitir un fallo. Se trata del poder real de las corporaciones. Y, a tres décadas de democracia y una de kirchnerismo, la dirigencia política está también imbricada en ese juego de dirigentes que se reciclan y renuevan sus bancas o bien ocupan lugares estratégicos en las administraciones provinciales y nacionales. Antes de volver al paro, algo similar sucede con las agencias de seguridad, que en estos días lograron estar en la agenda como si decenas de allanamientos simultáneos o miles de policías de la Bonaerense reincorporados fueran parte de una solución meditada que permita hacer frente a una demanda cada vez más extendida y a la vez frenética de parte de la también corporación mediática, que se hace eco de las miles y miles de personas que a diario sufren delitos violentos por parte de grupos o de individuos marginales.
El paro del jueves 10 deja un sabor amargo. Hay paritarias libres en el país. No caben dudas de que, en no más de un mes, cuando estén encaminadas una decena de convenciones colectivas más, habrá un reajuste del piso del mínimo no imponible. Cuando a fines de agosto de 2014 la Presidenta anunció el nuevo piso para pagar la cuarta categoría de Ganancias –fijado en $15.000 de salario bruto; es decir, antes de los descuentos–, solo un 10% de los asalariados registrados quedaron incluidos en ese impuesto. Los aumentos del orden del 30% que están pactando la mayoría de los gremios indican que el nuevo piso tendrá en cuenta esta variación de las escalas salariales. Y lo mismo debería suceder con las asignaciones familiares y probablemente con la Asignación Universal por Hijo.
Es evidente que para no alimentar presiones inflacionarias, los ministros de distintas carteras –Jefatura de Gabinete, Economía y Trabajo fundamentalmente– van quemando etapas para evitar exceso de congestión. Ahora bien, es preciso advertir que la cintura evidenciada por el Gobierno en lo que va del año no alcanza para que el oficialismo evite los conflictos o saque rédito de sus resoluciones. Es difícil hacer análisis contrafácticos y saber si, por ejemplo, el resultado de la paritaria docente –tanto la nacional como la bonaerense– hubiera sido distinto, sin tantas dilaciones y días de clase perdidos. El kirchnerismo no tenía mucho para ofrecer a los reclamos de Barrionuevo, Moyano y Micheli. Pagó un costo por la parálisis del jueves porque le cuesta tener la iniciativa, producto no tanto de un cambio de la relación de fuerzas con otros espacios políticos sino más bien como resultado de un escenario económico, social y también de la cultura de la vida cotidiana bastante más complejo y preocupante de lo que muestran la mayoría de los relatos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Es preciso ser cuidadosos a la hora del análisis, pero los números son indicativos. El sector privado no genera puestos de trabajo desde hace seis años. El porcentaje de trabajadores en negro sigue clavado en un tercio de la población económicamente activa. La batería de medidas que el Gobierno implementó entre noviembre de 2011 y principios de este año, principalmente el cepo cambiario y la imposibilidad de remitir utilidades a las empresas transnacionales, no dieron resultado. Aunque se paró la fuga de capitales por motivos de atesoramiento y de envío de remesas, como contrapartida los dólares salieron por otros motivos y entorpecieron el ingreso de inversiones.
A lo anterior, se sumaron al manejo discrecional de las estadísticas oficiales y terminaron dejando un país con muchos problemas reales. Y a esos problemas, inflación, falta de inversiones y fuga de dólares, fue en paralelo la falta de críticas por parte de la mayoría de los dirigentes y comunicadores oficialistas que aceptaron el juego de no hablar de ciertas realidades porque eran políticamente inconvenientes. El precio también fue caro: al oportunismo de ciertos peronistas que fugaron al Frente Renovador se sumó la inexistencia de debates al interior de muchas agrupaciones kirchneristas.
En ese sentido, cabe destacar que tras el paro, el Gobierno debe dialogar con todos los dirigentes gremiales y no hacer diferencias, como lo viene haciendo, entre quienes van a los actos oficiales y quienes comulgan con otros dirigentes o con ninguno. Parte del desquicio es que la Argentina tiene una legislación que privilegia el sindicato por rama de actividad pero que en la práctica eso no se cumple. Y no da resultado el diálogo en función de la adhesión partidaria. La UTA, el gremio de los colectiveros dirigido por Roberto Fernández, fue clave en este paro. También La Fraternidad, a cuya cabeza está Omar Maturano. Ambos gremios estuvieron por años dentro del espacio del kirchnerismo. Y, en buena medida, no solo por razones estrictamente sindicales sino por un espacio oscuro –claramente corporativo– de los subsidios y negocios en el negocio ferroviario y de transporte terrestre de pasajeros. Es más, cuando se partió la CGT, estos dos gremios prefirieron quedarse con Caló. Y sin esos dos gremios el paro del jueves pasado hubiera sido imposible. Da la impresión de que la llegada de Florencio Randazzo al Ministerio de Transporte trajo aparejados cambios que el ciudadano de a pie y el asalariado que confía en su sindicato no saben con precisión, pero que perciben con cansancio.
Pero estos cambios de postura de los dirigentes gremiales también van en la otra dirección. Por caso, Guillermo Pereyra –de Petroleros y Gas Privados de la estratégica seccional de Río Negro, Neuquén y La Pampa– ahora senador por el Movimiento Popular Neuquino, es el número dos de la CGT de Moyano y al mismo tiempo un interlocutor importante en la nueva política de YPF. Una vez más, los intereses corporativos son los que guían la política. Ni los popes sindicales, ni los empresarios ni los gobernadores o funcionarios de áreas de energía dicen públicamente cómo son esas fórmulas.
Cabe preguntarse, antes de pasar a otro tema, si se pueden cambiar estos manejos oscuros, a los que debería agregarse sin duda el importante dinero que manejan las obras sociales y la deuda que acumula el Estado con esas obras sociales. La respuesta no es simple: en una década se llevaron a cabo miles de paritarias de modo más que transparente y, aunque bajó en relación con otras épocas, el nivel de sindicalización en la Argentina es mucho más elevado que en la mayoría de los países latinoamericanos. Esos puntos fuertes no son para nada suficientes como para desconocer el daño que hace el doble estándar en la política y el sindicalismo.

La Bonaerense. Nadie puede dudar que el mensaje de Daniel Scioli, una semana atrás, decretando la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, fue bien recibido por buena parte de la sociedad. La angustia generada por el incremento real –pero sobre todo mediático– de delitos violentos fue el contexto en el cual el gobernador –y aspirante a la Casa Rosada– tomó cartas directas en la cuestión de la seguridad. Ahora bien, así como en alguna oportunidad las emergencias o cambios en seguridad fueron impulsados por crímenes complejos, esta vez la gota que colmó el vaso fue la repetición de golpizas a supuestos delincuentes que, en un caso y en la ciudad de Rosario, terminó con la muerte de un joven. Al respecto, vale la pena subrayar cómo se expresó el Papa Francisco sobre este caso, porque marca una clara diferencia de las políticas centradas en la saturación policial. “Sentí las patadas en el alma”, dijo el Papa en una carta que llama a la reflexión.
Sin perjuicio de la reacción temprana de Scioli ante un escenario de hartazgo de buena parte de la sociedad, una semana antes de la emergencia, la Procuración General de la provincia difundió una cifra sobre homicidios dolosos en el territorio bonaerense: en el primer semestre de 2013 fueron asesinadas 725 personas. Comparado con el mismo período de 2013 significa un aumento del 20%. Resulta un alerta y convoca a tomar medidas, sin dudas. Sin embargo, las estadísticas no muestran una espiral de asesinatos, ya que la cifra de homicidios de ese primer semestre de 2013 es similar a los homicidios de la primera mitad de 1992, 1997 y 2003, de acuerdo con información brindada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En efecto, el pasado viernes, especialistas del CELS encabezados por Gastón Chillier y Paula Litchavsky brindaron información útil para analizar la cuestión de la “emergencia”. Se supone que la información precisa debería servir para entender un salto grave en materia delictiva. Al respecto, precisaron que hay un fuerte retroceso en la producción de estadísticas criminales. Desde 2009, el sistema nacional no dispone de estadísticas del distrito bonaerense pese a que en ese territorio se cometen alrededor del 44% de los delitos del país. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público y el de Seguridad producen sus estadísticas con criterios diferentes a los del equipo que trabaja en Justicia de la Nación. La consecuencia es que hay precariedad por incompatibilidades de procedimiento. El viernes La Nación publicaba un artículo donde se destaca que si bien Latinoamérica encabeza los homicidios violentos en el mundo, Chile, Cuba y la Argentina tienen los indicadores más bajos de la región. La nota aclara que desde 2010 faltan datos de Argentina.
Podrá decirse que es evidente el crecimiento de los delitos de calle, que tienen más violencia, que la droga hace estragos, que hay jóvenes temerarios e infinidad de cuestiones evidentes. Ahora bien, la emergencia permite tomar decisiones sin necesidad de un debate parlamentario previo. La emergencia permite, tal como informó Scioli, aumentar significativamente el presupuesto del área. Y, además, que las contrataciones o compras se hagan con agilidad, de modo directo, sin licitación y con auditorías ex post.
Pero la falta de estadísticas precisas y los procedimientos urgentes, el tema es que las anteriores emergencias también fueron llamadas por la administración de Scioli y en todas ellas primó el mismo criterio: endurecimiento penal, sobre todo en lo concerniente a libertades condicionales, salidas transitorias y otros aspectos de la ejecución penal así como a la saturación policial. Se centra en los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y no incursiona en los delitos complejos donde las bandas criminales tienen vínculos o integrantes en las filas de los uniformados, funcionarios políticos, judiciales o de las fiscalías. Ni siquiera para prevención, porque hay casos clarísimos en Córdoba capital y sobre todo en Rosario, donde la semana pasada se realizaron operativos simultáneos con fuerzas nacionales y provinciales, con presencia de fiscales federales que instruyeron los procedimientos.
La mayoría de las modificaciones en el distrito bonaerense, con la excepción de las dos gestiones de León Arslanian al frente de Seguridad, fueron en la dirección de la autonomía policial y el aumento de policías en calle. Nunca se dieron balances que permitan entender cuáles fueron los logros de esas políticas. En cambio, las veces que se interpeló el accionar policial, la Gobernación relativizó la importancia de mejorar la conducción política democrática de la Bonaerense. La comisión parlamentaria que investigó el caso Candela, la investigación de la de­saparición de Luciano Arruga y más recientemente el juicio oral por los crímenes de dos pibes cuando se descarriló un tren en el barrio La Cárcova, son algunos indicadores de excesos policiales o de crímenes con complicidad policial.
El documento “Un Estado presente no es un Estado violento - Aportes para una respuesta democrática y efectiva al delito y la violencia” no solo sirve para aquellos periodistas que salgan del escándalo nuestro de cada día, sino que es una contribución a los legisladores, fiscales, jueces, jefes policiales y civiles que trabajan en áreas de seguridad.

Calificación:

Sentados frente a frente

Luego de que el gobierno hiciera más de 30 llamados al diálogo, la coalición opositora al gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por fin aceptó sentarse frente a frente a debatir los problemas que aquejan a la población caribeña. Fueron más de seis horas de debate, en el que presentaron dos visiones totalmente diferentes, una parte planteó la existencia de un país en quiebra al borde de la emergencia nacional y el otro bando, con números en mano, defendió el ideario bolivariano, por ser un proceso incluyente y protector de los derechos del pueblo venezolano. De igual manera, se acordaron designar comisiones de alto nivel para evaluar ambas ideas, comenzando con una próxima reunión el martes 15 de abril, donde se invitará a los estudiantes que han generado la violencia en las calles.
Venezuela se mantuvo ayer a la expectativa ante el encuentro de los dos “rivales”, las familias se preparaban frente a los televisores, cual domingo de cancha, dispuestas a observar desde la comodidad de sus hogares, un momento histórico para los bolivarianos. “Los escuálidos (oposición) esperaron 40 muertos para decidirse a dialogar” se comentaba en el oeste de Caracas, zona donde alberga gran mayoría de votantes chavistas.

La previa. Antes de llegar a la reunión pública, ambos sectores tuvieron un par de encuentros de carácter privado, donde la Unasur dialogó directamente con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes expusieron sus exigencias para lograr un cara a cara con Nicolás Maduro; las propuestas centrales fueron a elaborar y aprobar una ley de amnistía de presos políticos, regreso de exiliados, cese de las causas abiertas en contra los estudiantes revoltosos y una comisión de la verdad internacional no conducida por ninguna de las partes (gobierno y oposición) con el fin de generar “un clima de confianza”.
La oposición, de entrada, comenzó la previa al diálogo con varias bajas, una de ellas es de la cabecilla del conflicto vandálico que generó el movimiento “la salida”, María Corina Machado, quien tuvo un encuentro con la Unasur donde les manifestó abiertamente el rechazo a cualquier mediación vinculada con el diálogo entre el gobierno y el sector adversario: “No aceptamos hablar de estabilizar la dictadura de Maduro. No puede haber diálogo con Leopoldo López y estudiantes presos. Los estudiantes y las fuerzas que impulsan la protesta tienen que forma parte de la discusión”. Así lo manifestó Machado, quien perdió su investidura de diputada por violar la Carta Magna venezolana y ejercer cargos de diplomática panameña ante la Organización de Estados Americanos.

Y fueron escuchados… Ya entrada la noche, comenzó la cadena nacional, idea propuesta por el gobierno bolivariano, “para que todo el país presencie el acompañamiento, sin mentiras, dispuestos a encontrar una solución pacífica a la violencia impuesta por sectores radicales que quieren atentar contra el gobierno constitucional de elección popular”, manifestándolo así el vicepresidente, Jorge Arreaza.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, para comenzar al encuentro agradeció la asistencia de los actores políticos que integran el primer diálogo de paz entre el chavismo y sus opositores. “Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores (Caracas), en el encuentro por la paz, en el diálogo por la paz, que gracias al trabajo que se ha hecho de acercamiento por parte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y la voluntad política manifiesta de los diferentes sectores políticos, están aquí convocados”.
Para dar comienzo a la ronda de intervenciones, el mandatario caribeño le dio la palabra al Nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, quien llevaba consigo un mensaje directo del Papa Francisco, donde manifestó su deseo a que el diálogo de paz en Venezuela produzca los frutos deseados de reconciliación nacional. “Estoy plenamente convencido que la violencia nunca podrá traer paz y bienestar a un país”, dijo Francisco, citado en el escrito.
En total, hablaron 22 dirigentes; 11 de oposición y 11 del chavismo. El primero, en hablar fue el representante por la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, quien indicó “que la reunión adquirió hecho noticioso porque desde hace 15 años los factores políticos no conversan y porque el pluralismo no es respetado”
Uno de los puntos plateados por los bolivarianos es la falta de reconocimiento al triunfo de Maduro, por no dejarlo gobernar y buscar fuera de lo constitucional salidas inmediatas al gobierno elegido popularmente. Elías Jaua, canciller venezolano, afirmó que, a diferencia de sus adversarios, no hostigaron a funcionarios de los gobiernos xenófobos e imperialistas, como lo fueron los cuatro republicanos, Acción Democrática y Copei, además sostuvo que a partir de 2002 se rompieron los espacios institucionales cuando la oposición denunció fraude electoral: “Aún esperamos las pruebas del fraude de 2004, y del 14 de abril”.

MIRADAS AL SUR

La campaña de la derecha no intimida a los venezolanos

La firmeza del presidente Maduro y su disposición para el diálogo dejan sin argumentos a una derecha violenta que busca debilitar y desplazar el gobierno.

En la última década, soplaron vientos de cambio en el continente que permitieron nuevos procesos de integración en la región, con la constitución de la Celac y de Unasur. Hugo Chávez Frías fue uno de los grandes impulsores del entierro del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y artífice de estas iniciativas. Venezuela ha sido clave en el escenario latinoamericano: ha logrado la construcción de espacios soberanos sin ser el patio trasero de Estados Unidos. En este sentido, la ofensiva norteamericana tiene hoy como blanco principal al gobierno de Nicolás Maduro, en la búsqueda de ampliar una política de avance sobre toda América. Allí, la derecha más radical, encarnada por sectores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), busca generar focos de violencia y desestabilizar el orden democrático. Para ellos se vale de los medios hegemónicos de comunicación y el accionar de grupos fascistas.

El Imperio Contraataca. En noviembre de 2005 y tras años de resistencia popular, los gobiernos de la región echaron por tierra el proyecto norteamericano para América Latina y el Caribe, que buscaba, con el ALCA, ampliar los Tratados de Libre Comercio de Estados Unidos con el resto de los países, profundizando el sistema neoliberal en el continente.
Desde entonces, la creación de la Celac, la Unasur y el ALBA pusieron en primer plano la concepción de país soberano. El rol de Chávez y de Venezuela en general ha sido fundamental y los intentos norteamericanos por recuperar espacio no se hicieron esperar. En 2009, poco después de que el entonces presidente Mel Zelaya ratificara su incorporación al ALBA, se da un golpe de Estado en Honduras, al que le seguirían intentos de desestabilización en Ecuador, Bolivia y el “golpe blando” a Fernando Lugo en 2012 en Paraguay.
La ofensiva norteamericana para la región se acrecentó en el último tiempo. Iniciativas como la Alianza del Pacifico (conformada por Colombia, Perú, México y Chile), los avances por el control de los recursos naturales y energéticos, el control de las informaciones que tomó estado público con las denuncias de espionaje de Assange Snowden, son parte de este nuevo mapa.
La diputada Blanca Ekhout, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela consideró que la escalada internacional contra su país está vinculada a un intento de debilitar el poder y la autonomía que ha logrado la región. “Están tratando de desbaratar la República, echar por tierra la Constitución y desmoralizar los movimientos populares del mundo. Una avanzada a nuestro país hoy tiene como objetivo la avanzada en toda la región para destruir los avances de soberanía del continente”, afirmó.

Sin Chávez la revolución siguió marchando. La oposición venezolana intentó desestabilizar al gobierno del comandante Chávez durante los últimos 15 años de múltiples maneras, desde el golpe de Estado en 2002, hasta el paro petrolero, pasando por la guerra económica y la feroz campaña mediática en contra del presidente cuando se encontraba realizándose estudios médicos en Cuba. Tras el fallecimiento de Chávez el 5 de marzo de 2013, gran parte de la derecha consideró que tendría posibilidades de mejorar su correlación de fuerzas en el mapa político y hasta hacerse del poder en los comicios.
Sus cálculos no fueron acertados. A pesar del boicot energético, la guerra económica y el acaparamiento de alimentos, el 14 de abril de 2013 se realizaron las elecciones presidenciales y Nicolás Maduro obtuvo la victoria. Ante los resultados, los sectores de derecha llamaron a desencadenar “la arrechera”. En menos de 48 horas se habían quemado locales del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), centros médicos y se agredieron espacios de la Misión Venezuela.
Luego, la oposición comenzó a plantear las elecciones regionales de diciembre como un plebiscito de la gestión de gobierno. Volvió a ganar el oficialismo. Venezuela ha pasado por 19 procesos electorales, de los cuales el chavismo ha ganado 18 de ellos. Dos meses después de los comicios, y con la convicción de que por la vía electoral no había manera de derrotar al gobierno, la derecha volvió a desencadenar la agenda de violencia.

El reinicio de la violencia fascista. Con el argumento de la inseguridad en primer término, el 12 de febrero pasado comenzó un nuevo intento de desestabilización política protagonizada por los sectores de la derecha fascista que tienen como eje central las guarimbas, como se denomina a las barricadas y ha tenido una repercusión inédita a partir de la campaña mediática. La derecha radical inició un plan violento que lleva más de 40 días y al menos 39 muertes, según cifras oficiales. El escenario que se abre es considerado por los chavistas como parte de un golpe blando contra el gobierno.
El 12 de febrero se convoca ante la Fiscalía General de la República a una manifestación que culmina con el intento de quemar el edificio, incendio de vehículos y tiroteo que causa dos muertos. Grupos terroristas hacen cortes de calle, destruyen unidades de transporte colectivo, sabotean centrales eléctricas y saquean universidades.
Desde entonces, comienzan a desarrollarse las “guarimbas” y se hacen cortes en las calles, generalmente durante la noche, circunscriptos a los barrios de clase media alta. “El pueblo no está en guarimbas. Lo que se vive es una expresión de lucha, en donde los ricos toman las calles de forma violenta agrediendo las instituciones que están al servicio del pueblo, universidades, centros médicos y el transporte”, afirmó Nelson Guerrero, integrante de la Corriente Bolívar y Zamora.
Desde febrero hasta ahora se han propiciado las barricadas con el objetivo de generar el descontento y la movilización en la población venezolana. Uno de los datos centrales es que, producto del acaparamiento de alimentos hay desabastecimiento de algunos productos y se buscó multiplicar una oleada de saqueos. Al no tener éxito, los ataques violentos se centraron en la quema de camiones y centros de distribución de alimentos.
“El pueblo venezolano está trabajando, yendo a la escuela, a la universidad. Salvo sectores de derecha muy pequeños, que junto al paramilitarismo y la delincuencia perpetran la violencia, el resto de los venezolanos y venezolanas está apostando a la paz”, afirmo la diputada Ekhout.
El nivel de violencia incluso ha incluso generado divisiones dentro de la oposición, ya que algunos sectores cuestionan el nivel de virulencia que han tenido los ataques, mientras que otros no aceptan ningún tipo de diálogo con el gobierno. El sector radical conducido por Leopoldo López y María Corina Machado, integrantes de la MUD –con vínculos estrechos con Estados Unidos–, ha liderado la acción de la violencia fascista. Sin embargo, no ha tenido el acompañamiento de otros dirigentes de la derecha. Henrique Capriles ha intentado jugar otro papel, aún sin condenar lo que sucede.
En la última semana, el canciller Elías Jaua se refirió a la violencia producida en el Estado de Miranda donde gobierna Capriles: “Fue atacado un centro de diagnóstico integral donde están los médicos cubanos, bombardearon la sede de nuestro partido y se quemó el Ministerio de Vivienda. Exigimos que el gobernador se pronuncie. Es hora de que diga si condena o no la violencia”.
Desde distintos sectores se analiza que puede haber una nueva fase de protestas, que busque profundizar los actos terroristas y de violencia selectiva para generar una desestabilización del orden democrático. En tanto, los movimientos populares venezolanos han mantenido una actitud de calma y de acompañamiento al proceso de paz planteado por el gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de las acciones terroristas, los asesinatos a referentes populares y las amenazas de magnicidio, las organizaciones chavistas han respondido pacíficamente a las provocaciones.

La comunicación al servicio de la derecha. Decir que el rol de los medios hegemónicos ha sido clave en la manipulación y tergiversación de lo que sucede es poco. La construcción de una Venezuela violenta, al borde una guerra civil, en donde hay jóvenes indefensos que protestan y un gobierno autoritario que responde con el uso desmedido de la fuerza, es una tarea que están llevando adelante de forma articulada los 82 periódicos latinoamericanos que son parte de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Otro ejemplo que da cuenta de la campaña contra Venezuela fue el editorial publicado hace unas semanas por el Grupo de Diarios América (GDA), condenando la decisión de la OEA de impedir la intervención de María Corina Machado, porque “inflige una profunda herida de graves consecuencias al Sistema Interamericano”.
La batalla comunicacional ha demostrado ser central. Basta recordar el rol de los medios hegemónicos en el golpe de Estado de 2002. Pablo Kunich, de la televisora comunitaria ALBA TV, aseguró que uno de los grandes instrumentos para manipular, omitir y mentir han sido los medios: “En esta coyuntura, los grandes conglomerados comerciales juegan un rol decisivo en promover la violencia. Sus editoriales son verdaderas piezas de propaganda, que incitan al derrocamiento de un gobierno democrático”, afirmó.
Mientras los focos de violencia terrorista no aparecen en los grandes medios, hay fotografías sobre represión policial que recorren el mundo, que se afirma fueron tomadas en Venezuela y está probado que son imágenes de otros países, como Brasil, Chile y España.
La diputada Blanca Ekhout consideró evidente el bombardeo mediático contra Venezuela: “Es una campaña diseñada por la media internacional, sobre todo CNN, que se mudó acá y cambió su programación para poner a nuestro país como un estado en violencia absoluta. Eso es lo que pretendían, provocar una confrontación entre venezolanos, pero la confianza en las instituciones y en la democracia impidió que sucediera. La realidad de Venezuela es la que se vive todos los días para construir paz y democracia”, aseguró.
Por su parte, el canciller Elías Jaua consideró necesario medir los efectos de la embestida mediática, ya que hay un acoso cotidiano al gobierno bolivariano. “La campaña está destinada no solo a destruir al gobierno sino la imagen de un país y un pueblo en paz. Afortunadamente, las instituciones multilaterales lo tienen claro, y quedó firme en la ONU, en la OEA, avanzamos con el apoyo de Unasur para un dialogo democrático. El gobierno ha enfrentado un intento de derrocamiento violento y ha tenido que hacer uso legal de las fuerza. Venezuela quiere paz y en eso estamos trabajando todos los venezolanos”, ratificó.

Hacia adelante… Unidad, batalla, lucha y victoria. La aceptación de la oposición venezolana para sentarse a dialogar con el gobierno bolivariano, a través de la mediación de la Unasur, es un dato auspicioso para llevar adelante un proceso que pueda conducirse por los canales democráticos y no por los ataques terroristas.
Sin embargo, hay que alertar que las acciones perpetradas por un grupo minoritario de la derecha puedan continuar y entrar en una fase de violencia más selectiva. Tienen dinero norteamericano para llevar adelante actos terroristas y han manifestado que buscan tumbar el gobierno constitucional.
En términos económicos, la especulación con la divisa del país y el acaparamiento de alimentos han generado un desafío para el ejecutivo que está impulsando y fortaleciendo la red de mercados en todo el territorio. Además, la tarea gubernamental no sólo consiste en desac­tivar la violencia focalizada y mejorar la situación económica, sino también en impulsar las tareas que ha trazado Hugo Chávez Frías para el avance y proyección del gobierno bolivariano, dispuestas en el “Plan de la Patria”.
En este sentido, la diputada Ekhout planteó la importancia de seguir construyendo el Estado comunal. “Hemos avanzado muchísimo pero hay que consolidarlo para transformar un estado que todavía tiene bases del estado burgués. La nuestra es una revolución democrática que se dio a partir de un proceso electoral. Hoy es necesaria la participación de todo el pueblo para esta transformación y la batalla de ideas es una tarea primordial para avanzar con las comunas”.

Solidaridad

Ni con un millón de campañas sucias podrán derrotar la revolución bolivariana

Más de cincuenta delegados y delegadas de veintiún países de América latina y el Caribe se reunieron el lunes pasado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el canciller Elías Jaua para expresarle la solidaridad de las organizaciones de todo el continente con el pueblo bolivariano y por la paz.
En el Palacio Miraflores, Maduro realizó una cronología de la situación en Venezuela e hizo hincapié en la disputa en los medios de comunicación, principal herramienta de la derecha para tergiversar y mentir sobre lo que realmente ocurre en el país.
“Gracias por la solidaridad que ustedes nos brindan. Solidaridad para llevar la verdad de nuestro país al resto del mundo. Aquí la burguesía ha arremetido para justificar un golpe o una intervención de fuerzas imperialistas en Venezuela. Ninguna de esas cosas se va a dar, pero la campaña es brutal. Aquí nos defendemos nosotros pero en el exterior es más difícil”, afirmó el primer mandatario.
Los delegados de ALBA Movimientos presentaron una agenda de acciones a desarrollar, que incluye encuentros ecuménicos, un concierto por la paz, la articulación de medios comunitarios y populares y una semana de movilizaciones en todo el continente para dar a conocer lo que verdaderamente pasa en el país caribeño.
“El mejor homenaje que le podemos hacer a Chávez es retomar los acuerdos que se han ido construyendo estos años –recordó–. El comandante era un militante de los movimientos populares, no había momento de su vida que no estuviera buscando los movimientos sociales, creando las comunas en Venezuela, creando los movimientos eco socialistas, una gran tarea que tenemos de desarrollar es el eco socialismo como doctrina del socialismo del siglo XXI”, aseveró.
Los delegados también presentaron los debates y acuerdos alcanzados en los cuatro días de reunión de Alba Movimientos en donde definieron la articulación de esfuerzos de comunicación, formación y autogestión, así como una amplia agenda de solidaridad que pone un énfasis especial en el acompañamiento al pueblo y gobierno bolivariano, pero también en el reclamo por la libertad de los cinco presos de Curuguaty, en Paraguay, la finalización de la Minbustah en Haití, el proceso de paz en Colombia y la liberación de los cinco presos cubanos.
Joao Pedro Stedile, miembro del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra y vocero de ALBA Movimientos ratificó la voluntad de las organizaciones de avanzar en un proceso de integración popular que continuara el legado del comandante Chávez y buscara la auténtica emancipación del continente. Por su parte, el presidente Maduro sentenció: “Nuestra tarea es la integración popular, hacia allí tienen que ir nuestros esfuerzos, hacia la conquista del poder popular democratizador y construido en libertad. Sólo el poder popular puede ganarle a la oligarquía”.
La Articulación continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA nace tras la campaña contra el ALCA. En 2008 comenzó un proceso de debate que permitió el lanzamiento de la carta de los Movimientos Sociales de las Américas al año siguiente, en el Foro Social de Belem, en Brasil, en donde se adhiere a los principios centrales de la ALBA, de solidaridad, cooperación y complementariedad y se avanza en una propuesta de integración continental antiimperialista, anticapitalista y anti patriarcal.
En ese proceso, las organizaciones que conforman ALBA Movimientos comenzaron a discutir la necesidad de rearticular fuerzas en pos de un proyecto de integración popular, desde abajo y a la izquierda, que busque la emancipación del continente. Hoy forman parte de ese proceso experiencias de toda América, desde Canadá a Tierra del Fuego.