domingo, 6 de abril de 2014

El alarido de la exclusión: paco, una adicción que no se detiene

No es casualidad que al mismo tiempo que Argentina incorporó a su diccionario las palabras “cacerolazo” y “corralito” haya sumado una peor: “paco”. El descarte de la cocaína que antes iba a parar a las cloacas se empezó a vender por una moneda de $1 en los barrios más humildes de la Capital y el Gran Buenos Aires.
Cuando algunos medios empezaron a tocar el tema mostraban pibes flacos, tirados en la calle, caminando como zombies ante las cámaras de noticieros sensacionalistas. De un lado de la pantalla se veía la miseria humana del otro lado había historias de marginalidad, abandono y pobreza. Había pibes y pibas sin futuro. 
“Empecé a trabajar en con adictos cuando viví en carne propia como a una chica que es mi hermana del corazón se le cortaba su proyecto de vida, era excluida de la sociedad y nadie le daba una oportunidad”, le cuenta a INFOnews Lorena Galos, una de las responsables de “La Vereda de Enfrente”, asociación civil de la villa 21-14 de Barracas dedicada a la prevención y asistencia en adicciones.
Lorena que es operadora terapéutica dice: “nos han hecho creer que el paco te mata en 6 meses y lo que te mata no es el paco sino la falta de oportunidades, la marginalidad, la falta de asistencia de un Estado ausente, el abandono. Eso mata a los pibes”.
¿De qué está hecho el paco?
El “paco” -pasta base de cocaína- se produce con la extracción de ácido sulfúrico y algún solvente como el querosén. En un estudio realizado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) se tomaron distintas muestras y se llegó a la conclusión de que contiene “querosén, solventes, virulana, vidrio molido y hasta raticida” y puede estar “cortado con cafeína, con ácido ascórbico, anfetaminas, talco, polvo de vidrio molido”.
"Los pibes que consumen paco necesitan volarse la cabeza porque no aguantan más la vida", dice O'Donnel.

Está comprobado que la adicción al paco es más violenta que a otras drogas y que produce lesión en la corteza pre frontal por lo que vuelve a las consumidores más impulsivos.
Las manos y la boca de un adicto al paco seguro están quemadas por las altas temperaturas que alcanzan las pipas de aluminio que se utilizan para fumarlo. Los dientes terminan cayéndose de a poco, el humo obstruye las vías respiratorias y produce expectoración de sangre con altos riesgos de contraer un enfisema y cáncer.
El corazón se ve afectado por la hipertensión y arritmias con riesgo de sufrir infartos masivos. El daño neuronal que provoca en el cerebro es irreversible, ya que el querosén que contiene el paco disuelve la grasa que recubre las neuronas, llegando a presentar episodios convulsivos con riesgos de hemorragias cerebrales.
Según el SEDRONAR la edad de inicio en el consumo de drogas es cada vez más baja. Hasta hace poco pensar en un chico de 9 años como un adicto en recuperación resultaba inadmisible. Hoy es cada día más común.
 
Salir de la adicción
“La adicción es el alarido más fuerte de la exclusión. Los pibes que consumen paco necesitan volarse la cabeza porque no aguantan más la vida”, le dice a INFOnews el sociólogo y ex director del SEDRONAR, Ignacio "Nacho" O’Donnel.
Junto a amigos y colaboradores hace 8 años que O’Donnel sostiene la Asociación Civil Integra que se dedica a la prevención, formación e investigación en adicciones en Mataderos. A la vez es el impulsor del primer Centro de Día del país, “Casa Flores”, para jóvenes afectados por el “paco” en el Bajo Flores. 
“Casa Flores” nació como un proyecto inédito. No había nada parecido en la Argentina. Todos los días “Casa Flores” recibe veinticinco chicos en un régimen ambulatorio.
“Siempre que se habla del ‘paco’ se habla de los daños, los adictos pero no se dice nada de la recuperación. Yo soy un adicto a las drogas en recuperación y creo que la solución es colectiva, de las instituciones y de la sociedad”, afirma O’Donnel. 
En un estudio a nivel nacional realizado por la SEDRONAR las provincias en donde se registra un mayor foco de consumo son Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Salta, Jujuy y Santa Fe, mientras que los laboratorios clandestinos se ven en el norte del país, San Luis y Buenos Aires.
Madres contra el paco
En el 2005 un grupo de madres de Villa Lamadrid (Lomas de Zamora) se acercaron al comedor comunitario “Manos Solidarias” para denunciar lo que ocurría con sus hijos que se ausentaban durante dos o tres días de sus casas y volvían semidesnudos y descalzos.
Cuando empezaron a averiguar descubrieron que a pocas cuadras de sus casas había un “kiosco de paco”. Hasta ese momento no sabían lo que era el paco. “Descubrimos que era la droga del aniquilamiento”, le dice Alicia Romero a INFOnews una de las fundadoras de la asociación Madres contra el Paco.
En marzo de 2005 fue la primera gran lucha de las Madres que lograron un allanamiento a la casa donde se vendía paco. Esa experiencia les enseñó que si se juntaban podían lograr resultados. Con el tiempo consiguieron que la problemática de las adicciones pasara de Acción Social a Salud.
“Conseguimos que el chico sea atendido, sea evaluado y si hay que internarlo se lo interne. Ya no tenemos que esperar una semana. Cuando el chico dice que se quiere internar es porque está muy mal y puede llegar a correr peligro su vida”, dice Alicia Romero.
Alicia cuenta que “al principio fue la muerte de los chicos pobres, de las clases bajas de la sociedad, pero ahora está entrando a las capas medias y hasta altas, con chicos que quieren experimentar sin tomar conciencia que luego no podrán salir”.
Madres contra el Paco
Madres contra el Paco
Los tristes números que manejan las Madres es que se registran unas 10 muertes semanales de chicos con esta adicción. “Eso es oficial” dice Romero “pero pueden ser muchas más, porque hay un número informal al que, por diferentes razones, no tenemos acceso”.
La asunción de Juan Carlos Molina fue “positiva” para las Madres contra el Paco. El cura las visitó en Lomas de Zamora y se puso a su disposición. “Es importante que se trate desde el gobierno nacional la inserción laboral de los chicos recuperados. Nos aseguró que iba a sacar a la SEDRONAR a la calle y por eso estamos trabajando”, dice Romero.
El lunes pasado la presidenta Cristina Fernández anunció que un total de 714 millones de pesos serán destinados a la implementación de 60 Casas Educativas Terapéuticas (CET) en todo el país y otros 1.279 millones se destinarán para 150 Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CePLA), en el marco de un programa de inclusión social de personas que atraviesan situaciones problemáticas con las drogas.
Nueva campaña de la SEDRONAR contra el paco
Ese convenio se inscribe en el Programa Recuperar Inclusión, que busca crear y fortalecer recursos integrales para la prevención, atención e inclusión social de personas que atraviesan problemas con las drogas.
“Necesitamos que los pibes sean parte por eso tenemos que articular un trabajo en conjunto y siempre con una mirada positiva, pensando en que hay una solución pero que se logra con Justicia –que el para el pobre siempre es más lenta- y con decisiones políticas”, afirma Alicia Romero.  

Mercedes Morán incomodó a Massa en la mesa de Mirtha

La actriz cruzó al diputado por su postura contra el Código Penal y por su tibio rechazo a los linchamientos. "Hay cosas maravillosas que están sucediendo y hace una hora que estamos hablando de cosas horribles", afirmó.

La actriz Mercedes Morán protagonizó cruces con el diputado Sergio Massa y el periodista Nelson Castro en la discusión por el abordaje de la inseguridad y los linchamientos que fueron noticia en las últimas semanas. También tuvo contrapuntos con las conductoras Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani, en una mesa eminentemente opositora al Gobierno nacional.
El primer tema en hacer saltar chispas fueron los linchamientos que causaron una muerte en Rosario y episodios violentos en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando Massa emitió una tibia condena pero dijo que eran un "mensaje" de "la gente", Morán no tardó en reaccionar y afirmó que "la gente que se comporta de esa manera no genera un mensaje interesante para escuchar; no creo que sea un mensaje".
El diputado contestó que "el mensaje es que el 84 por ciento de la gente está de acuerdo con estos hechos (NdR: el número es equivocado y lo aportó Mirtha Legrand)". Morán insistió: "No vale la pena analizarlo si no plantear que es un delito".
El segundo tema en presentar contrapuntos fue el rechazo cerrado de Massa a debatir una reforma al Código Penal. El diputado reiteró que se bajan penas a la mayoría de los delitos. "¿Cómo se puede decir que no a algo que no fue presentado?", preguntó Morán y generó uno de los momentos de máxima incomodidad para el diputado. "Está construido de una lógica de cátedra y no vinculada a la realidad social. No hay que bajar pena en el narcotráfico por ejemplo, sino subirla", enfatizó Massa.
"Hay cosas maravillosas que están sucediendo y hace una hora que estamos hablando de cosas horribles".

"No entiendo de estadísticas que vos manejás -dijo la actriz mirando al tigrense- pero para llevarla a la escala más humana; cuando hay chicos que se portan mal pedís ponerle más límites, pero no todo se soluciona con más pena, yo en ese momento diría ¿lo estoy escuchando? Recordé cuando nombraste a (el ex alcalde de Nueva York) Rudolph Giuliani. El año anterior veía una Nueva York contrastada con zonas que no había que pasar, él limpio la ciudad de malvivientes ¿a qué precio? ¿hay que correrlos como bolsa de basura? ¿cuál es el costo?", desarrolló.
Massa respondió: "No voy a defender la tarea de Giuliani, porque lo describen los resultados y la relación de la comunidad con él mismo. Plantear que se cumpla la ley no es absurdo, si hay un delito hay una sanción o una pena, no tiene que ver con ser insensible, no soy insensible", sostuvo y enumeró los avances de gestión en Tigre con los sectores vulnerables, como "los pibes de barrios humildes que ahora van a natación".
"Cuando hay chicos que se portan mal pedís ponerle más límites, pero no todo se soluciona con más pena".

Los cruces con Nelson Castro
Cuando el periodista de radio Mitre desarrollaba los últimos hechos de inseguridad, Morán sintió la necesidad de interrumpir: "Yo no me siento pánico. No vivo con miedo ¿estamos en Colombia en el mejor de los momentos? no es así, hay delincuencia pero ¿es realmente un momento de esa gravedad?", cuestionó. Castro respondió que "en algunos lugares sí".
Ante los sucesivos crucen Mirtha Legrand afirmó: "Parecemos todos opositores menos Merecedes".
Morán afirmó que es actriz y está lejos de la política. "Mi padre fue diputado por el peronismo de la provincia. Tengo conciencia social, me preocupa la insensibilidad, corremos el riesgo de convertirnos en gente muy insensibles. Necesitamos profundizar nuestra solidaridad. Estoy en contra de la negación, pero fogonear una realidad que no es así tampoco es positivo. Hay cosas maravillosas que están sucediendo y hace una hora que estamos hablando de cosas horribles".

TIEMPO ARGENTINO

LA NEGRADA

. Un escritor porteño, que vive en el corazón de la zona núcleo sojera, explica así la incompatibilidad entre estos dos universos semánticos: “Días antes de los linchamientos, acá ya se venía escuchando hablar en contra de ‘la negrada’, con una intensidad llamativa; todo el mundo, desde la nena adolescente, la señora del heladero, la maestra, los chicos, el basurero, el comerciante. El odio va dirigido contra toda una cultura: la música, la ropa, el corte de pelo, el lenguaje. Escucha cumbia, se viste de jogging con gorrito, vive en la villa, es un negrito y cualquiera de esos rasgos ya configura a cualquiera como enemigo”.

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SOBRE LA SEGURIDAD, LOS ASESINATOS TRIBALES Y SUS RACIONALIZACIONES Atentos y vigilantes

La discusión sobre la legitimidad de los asesinatos tribales de personas indefensas y la atribución de responsabilidades al gobierno o a la Justicia revelan una extendida degradación social e institucional. Los medios funden múltiples pequeños delitos urbanos con algunos homicidios escalofriantes y generalizan una sensación de pánico. La participación política, policial y judicial en redes de ilegalidad genera inseguridad: el caso de Santa Fe y los anuncios de Scioli en Buenos Aires.


Por Horacio Verbitsky
Desde que se anunció una reforma al Código Penal, es tan atronadora la gritería que hasta cuesta entender qué se discute. El paroxismo se alcanzó con una sucesión de intentos de homicidio en distintos lugares del país por parte de turbas descontroladas contra personas indefensas, a las que se imputaba la comisión de delitos menores contra la propiedad. En el empobrecido Barrio Azcuénaga, de Rosario, la tentativa fue exitosa y acabó a golpes con la vida del albañil David Moreira, de 18 años. En dos sectores del floreciente barrio porteño de Palermo, la intromisión de terceros ajenos a la psicosis desatada impidió que los asesinatos se consumaran. El corpulento portero Alfredo, que cubrió con su cuerpo a la víctima, y el actor Gerardo Romano, quien utilizó su popularidad como escudo, no eran indiferentes a la situación creada. Por el contrario, ellos persiguieron y atraparon a los arrebatadores, pero una vez reducidos defendieron el derecho a la vida de ambos. Ni el acusado de hurtar una cartera ajena ni quien le robó en forma violenta el reloj a una turista en Palermo ni el albañil rosarino estaban armados, lo cual de paso cuestiona uno de los mitos más difundidos acerca de la peligrosidad de todos los infractores de la ley penal. La vocinglería indignada ascendió un escalón cuando se supo que ambos sobrevivientes habían sido puestos en libertad por sendos jueces, que no encontraron ni el riesgo de fuga ni el del entorpecimiento de la investigación que hubieran justificado ordenar su prisión preventiva antes del juicio, no con las reformas propuestas por la comisión multipartidaria que elaboró el denostado anteproyecto de consenso, sino por el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación.

Universos incompatibles

El diputado Sergio Massa prosiguió la recolección de firmas para una iniciativa popular, alegando que el anteproyecto crearía un código a favor de los delincuentes. Esta semana, la Obra Social de Gastronómicos fue adornada con la cartelería del Frente Renovador y los transeúntes por la Avenida de Mayo eran invitados a firmar. Preside el bloque de diputados renovadores la ministra de Trabajo durante la administración interina del ex senador Eduardo Duhalde, Graciela Camaño de Barrionuevo, flamante abogada igual que Massa. A ninguno de ellos le importa que la consulta sea inconstitucional, ya que trata de la materia penal, excluida por el artículo 39 promulgado en la reforma de 1994, porque sólo buscan el golpe de efecto político, en sintonía con el alboroto mediático y un estado de ánimo difuso en ciertos sectores de la sociedad. Ni siquiera saben cómo podría votarse por sí o por no un código de casi 300 artículos. Massa se adelantó una vez más al resto del sistema político al justificar el homicidio del albañil rosarino por una supuesta ausencia del Estado y proponer la sofisticada consigna “El que las hace las paga”. Ante la reacción adversa que registró su equipo de asesores, añadió que condenaba lo sucedido. Con una secuencia similar de avance y retroceso, el líder socialista Hermes Binner dijo que no era extraño que sucedieran esas cosas en un país “donde el gobierno protege a un vicepresidente sospechado de corrupción”. Un oportuno llamado al diario La Capital consiguió poco más tarde que esa frase vergonzosa fuera podada de su página web. Las palabras empleadas hasta ahora en esta descripción (personas indefensas, homicidio, turbas, albañil, delitos menores contra la propiedad) no fueron las prevalecientes en el debate público, que prefirió referirse al linchamiento de delincuentes por parte de vecinos hartos de impunidad que decidieron hacer justicia por mano propia y sacudir con palizas a los ladrones. Un escritor porteño, que vive en el corazón de la zona núcleo sojera, explica así la incompatibilidad entre estos dos universos semánticos: “Días antes de los linchamientos, acá ya se venía escuchando hablar en contra de ‘la negrada’, con una intensidad llamativa; todo el mundo, desde la nena adolescente, la señora del heladero, la maestra, los chicos, el basurero, el comerciante. El odio va dirigido contra toda una cultura: la música, la ropa, el corte de pelo, el lenguaje. Escucha cumbia, se viste de jogging con gorrito, vive en la villa, es un negrito y cualquiera de esos rasgos ya configura a cualquiera como enemigo”.

Transversalidad

La transversalidad cavernaria de estos días es similar a la de 2004, cuando legisladores del Frente para la Victoria y la UCR votaron las leyes redactadas para el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg por su abogado, el ex subsecretario de Justicia de la dictadura Roberto Durrieu. Ese fue el punto estelar de una escalada de incremento de penas y ablandamiento de garantías procesales cuya ineficiencia queda demostrada por el propio clima de estos días. De haber servido para el fin que se proponían, aquellas leyes hubieran disuelto el problema. Si todos los delitos fueran penados con prisión perpetua, acaso disminuirían los más leves, pero sin duda se incrementarían en forma simétrica los más graves, que afectan el derecho a la vida. Esta semana, el precandidato a gobernador bonaerense del Frente para la Victoria, Mario Ishii, dijo que “la última carta que le queda a la gente es defenderse”. Para el diputado macrista porteño Cristian Ritondo, “lo que deberíamos tratar no es la reacción de la gente, ya que el problema de fondo, lo que falla, son las fuerzas de seguridad”. El columnista y ex funcionario de gobiernos de facto Mariano Grondona, que justificó la tortura durante el gobierno militar con el falaz teorema de la bomba a punto de explotar, sostiene ahora que al no saber si el atacante está armado, el ciudadano bajo amenaza debe actuar de inmediato, con riesgo de error. Son dos sofismas: así como en los campos de concentración de la dictadura no se interrogó a nadie sobre atentados inminentes, los homicidios intentados o consumados en estos días fueron contra personas desarmadas y ya reducidas. Grondona confiesa que “en circunstancias similares habríamos procedido como estos vecinos”, por lo que “sería hipócrita no comprenderlos y excusarlos”. El secretario de Seguridad Sergio Berni niega que el Estado esté ausente, pero acusa a los jueces por dejar en libertad a los detenidos por la policía, como ya hizo CFK. El diputado peornista Francisco De Narváez postuló la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, en lo que coincidieron dos asesores muy próximos al gobernador Daniel Scioli, su hermano José y el vicepresidente del Banco Provincia, José Pampuro. En enero, el propio Scioli y el jefe de Gobierno de la Capital, Maurizio Macrì, habían reclamado esa intervención. Desde el Poder Ejecutivo nacional, el ministro de Defensa Agustín Rossi se opuso. Sin embargo, cuando asumió el cargo, a fines del año pasado, personal del Ejército y de la Fuerza Aérea ya llevaba un año y medio de participación en el programa Escudo Norte que, sin modificar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, fuerza sus límites. El artículo 27 de la de Seguridad dice que las Fuerzas Armadas podrían apoyar las operaciones de seguridad interior a pedido de un Comité de Crisis. Pero ese Comité de Crisis, que según el artículo 13 de la ley debe “ejercer la conducción política y supervisión operacional” de todas las fuerzas empeñadas “en el restablecimiento de la seguridad interior”, nunca se constituyó. El artículo 27 prevé que el apoyo militar podría prestarse con sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones, pero no Inteligencia, como ocurre en el Escudo Norte. En tal contexto de degradación institucional y social, la expresión más digna originada en la dirigencia política fue la del diputado radical Ricardo Alfonsín, para quien ese “horror no es justicia, ni por mano propia, ni de naturaleza alguna. Es barbarie, es la jungla. Nada puede justificarlo. Hay que ser muy categórico en la condena”.

La racionalización

Quien defendió sin reparos los asesinatos tribales fue Carlos Maslatón, un dirigente sin prejuicios ideológicos que transitó de Alsogaray a Rodríguez Saá y ahora comparte escudería con la polícroma Patricia Bullrich. Para Maslatón, lo ocurrido es el ejercicio del derecho de rebelión y de la legítima defensa (de los pies de todos contra la cabeza de uno yacente). También dijo que el garantismo que desde hace treinta años se enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires considera que los delincuentes son víctimas de las injusticias sociales, por lo que no deben ser castigados. Este disparate no tiene el menor asidero en la realidad, pero forma parte de la munición gruesa con que se intenta conducir por el miedo a la población. Hace dos meses, Maslatón recomendó a la oposición venezolana que fuera más violenta, con sabotajes y atentados personales. También se declaró consternado por el avance del “garanto-abolicionismo” (sic) del Fiscal General Ricardo Sáenz, quien hace dos décadas fue apartado del fuero federal a pedido de su superior, Luis Moreno Ocampo, por dejar en libertad al narcotraficante Fernando Pruna Bertot, cuya extradición pedía Estados Unidos. En 2013 fue sometido a un sumario administrativo y a una causa judicial, cuando fue grabado en diálogos con el comisario de judiciales de la Policía Federal Marcelo Emilio Pecorelli, a quien se investigaba por exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de sus deberes. En uno de esos diálogos, ambos coordinan una estrategia para que la causa saliera del juzgado de Juan Ramos Padilla y pasara a manos del juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, un coleccionista de parafernalia nazi, a quien Pecorelli menciona como amigo. Ni siquiera Rodríguez pudo ignorar la gravedad de los hechos y rechazó la nulidad de las escuchas pedida por Sáenz, quien apeló ante la Sala I de la Cámara Federal, donde hay más amigos. Este fiscal tan preocupado por los delincuentes que entran por una puerta y salen por otra faltó a una audiencia de la causa Cedrón, gracias a lo cual fue sobreseído un acusado por violencia de género. Por si hiciera falta aclararlo: ni Pruna Bertot ni el comisario-abogado Pecorelli escuchan cumbia villera. La misma operación que Maslatón o Sáenz realiza Diana Cohen Agrest. Esta doctora en filosofía es la madre de un adolescente asesinado en 2011 en un intento de robo. El tribunal de juicio condenó al autor a prisión perpetua, pero la Cámara de Casación ordenó un nuevo proceso, en el que la condena fue reducida a 18 años y unificada en 23 con otra anterior. Cohen Agrest entiende que esto es parte de un itinerario de impunidad que siempre favorece al delincuente y denuncia a los jueces con “prodigalidad asesina” que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, y la exageración de un “garantismo penal que está destruyendo el entramado social”.

Confusiones

Esta confusión es comprensible en la madre de una víctima, pero no en quienes tienen otras responsabilidades: 23 años de prisión, en un juicio concluido en solo dos años después del crimen, son cualquier cosa menos impunidad. Tampoco pueden equipararse delitos gravísimos como el homicidio con otros poco relevantes. Son los medios de comunicación, con su tratamiento frívolo y sensacionalista, los que borran los límites entre situaciones tan distintas. Con el aumento del consumo aumentan las oportunidades de delito, hay más robos pero menos homicidios, constata el sociólogo Gabriel Kessler. Pero los medios acoplan en la sensibilidad social las muy elevadas tasas de pequeños delitos en los medios urbanos con las de homicidios dolosos, que son de las más bajas de América, y así extienden en forma irracional el temor social a padecer los delitos más violentos. Otra confusión deposita en la extensión de las penas la clave de la seguridad, pasando por alto el gravísimo problema de la participación de altos jefes policiales en redes de ilegalidad que, a su vez, hacen aportes al financiamiento de la política. El autogobierno policial, las zonas liberadas, el reclutamiento de jóvenes pobres para robar por cuenta de sus extorsionadores policiales, la ejecución de aquellos que intentan desligarse de ese lazo son moneda corriente en distintas jurisdicciones del país. Sin una previa limpieza del instrumento policial y de sus asociados judiciales y políticos, no hay Código que valga. La semana pasada, el gobierno bonaerense mostró su voluntad de recorrer el camino inverso. El 31 de marzo se reunieron los comisarios generales de la policía provincial y decidieron los retiros, ascensos y traslados a las posiciones más apetecidas. Con la lista concluida, se la llevaron al ministro Alejandro Granados, quien protocolizó el hecho consumado. Recibió mucha atención pública el retiro del comisario Pablo Daniel Vázquez, quien como titular de la Policía Científica fue responsable de la cuenta de cadáveres durante la inundación en La Plata que, según estableció el juez Luis Arias, fueron 89 y no 51 como pretendía la información oficial. Nadie pareció reparar en que lo sucederá su Coordinadora General, la comisaria mayor Liliana Sivak. La Superintendencia de Formación y Capacitación quedará a cargo de la comisaria general Marta Graciela Cerviño, esposa del ex jefe, Juan Carlos Paggi, justo cuando las escuelas con sus anunciados 10.000 alumnos pasarán a ser grandes demandantes de insumos y un interesante punto de recaudación. Al mismo tiempo, el gobierno volvió a poner en disponibilidad a siete policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga, pero sin impulsar la investigación administrativa y remitiendo cualquier responsabilidad a la justicia. ¿Tal vez Arruga sí se cubría con un gorrito con la visera para atrás? Ayer Scioli anunció con el pomposo nombre de Emergencia de Seguridad la incorporación de más personal. Algunos serán retirados (ya sea por razones de edad, ineptitud o manchas en sus legajos), otros de agencias privadas de seguridad (de discutible aptitud y sometidos a nulo control). En las condiciones descritas esto no pasa de ser una actitud efectista que con alta probabilidad agravará las cosas.

EL PAIS › ANALISIS DE LAS MEDIDAS DEL PLAN Motos, retirados, vigiladores

Los 15.000 retirados de la Policía Bonaerense tendrán que presentarse obligatoriamente en el Ministerio de Seguridad a prestar servicio por un año. En buena parte de los municipios no se permitirá que viajen dos personas en una moto y los que usen ese vehículo tendrán que tener un chaleco y un casco con el número de patente. Los efectivos de seguridad privada que no denuncien un delito perderán la licencia y, además, tendrán un celular con una aplicación automática que los comunique con la fuerza policial. Habrá más obstáculos para las excarcelaciones y, supuestamente, una presentación de varios proyectos de ley nacionales sobre portación y tenencia de armas, así como de régimen penal juvenil. Estas son parte de las medidas que Daniel Scioli anunció ayer –algunas ya habían sido anunciadas– pero tal vez las más trascendente es a la que no se le dio tanta exposición: al declararse la Emergencia de Seguridad por un año, se faculta al Ejecutivo para que haga compras de patrulleros, armas y chalecos antibala, y se construyan alcaidías y unidades penitenciarias sin demasiados trámites.
El análisis de las medidas es muy disímil entre los allegados al gobernador –que diseñaron las medidas– y los técnicos que miran con ojos críticos su escalada de respuesta a lo que consideran una movida especialmente mediática de instalación del miedo. El gobierno provincial entregó un listado de lo que implica la Emergencia, aunque el texto omite –según los críticos– algunos aspectos fundamentales. Entre ellos el control de la fuerza policial –más que vinculada con el delito– y al que parece dársele carta blanca. Uno de los puntos más críticos en esa relación policías-delito son los desarmaderos: en los 22 puntos dados a conocer ayer, no se menciona la cuestión. Y será una de las críticas más fuertes que ya preparan los opositores, según dijeron a este diario.

La Emergencia

Se declara por un año, en el cual el Ejecutivo provincial se hace con algunas facultades inhabituales: incorporar personal, pasar a disponibilidad efectivos y, básicamente, hacer compras en forma rápida y sin las licitaciones habituales. Se destinarán 600 millones de pesos para incorporar mil móviles equipados, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas con sus municiones. En este terreno de las contrataciones rápidas se habla de ocho alcaidías para alojar mil presos y cuatro unidades penitenciarias para otros dos mil. El gobernador anunció que el Consejo Provincial de Seguridad Pública, que intervendrá en la Emergencia y que estará en sesión permanente, estarán expresados todos los sectores políticos.

Retirados

Deberán presentarse en el Ministerio de Seguridad los 15.000 retirados que tienen la Bonaerense y el Servicio Penitenciario. A todos se les exigirá que presten servicio un año. Pero se prevé que estarán los que presentarán certificados médicos, los que accionarán en la Justicia porque tienen otro trabajo o aducirán que no están en condiciones. El cálculo es que quedarán unos cinco mil. La idea es que los retirados presten servicio en las cuestiones más burocráticas o que hagan guardias dentro de edificios en los que ahora hace guardia personal que será enviado a la cárcel.

Motos

El cálculo oficial es que un 26 por ciento de los delitos los cometen personas que utilizan motos. Por lo tanto, se reglamentará una ley provincial ya existente por la que se obligará a toda persona que conduzca una moto o sea acompañante a utilizar un chaleco reflectante y un casco, ambos con el número de patente del vehículo. Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, está negociando con intendentes una norma que prohíba que, por el plazo de un año, viajen dos personas en una moto. Su propio municipio, Ezeiza, aprobaría esa norma esta semana y lo mismo impulsarán otros intendentes.

Comando de patrullas

Entre las medidas anunciadas ayer por Scioli está la de establecer los comandos de patrullas en 42 municipios. Actualmente están en 12. La idea es que haya cuadrículas y un patrullero por cada cuadrícula, circulando en forma permanente. Estas unidades no dependerán de las comisarías, sino de un comisario en cuya designación intervendrá el intendente. En cierto sentido se busca romper los acuerdos que hoy existen entre comisarías y los que cometen diversas irregularidades o delitos, pero –según argumentan en la oposición– está previsto que a esos comandos sea derivado personal que prestaba hasta ahora servicio en las comisarías, lo que diluiría el efecto supuestamente buscado.

Presos

El anuncio de que se construirán alcaidías y unidades para 3000 presos parece toda una instrucción orientada a que haya más detenidos. La provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los presos del país, unos 33.000, muy por encima del promedio nacional, algo que tal vez explique que su territorio incluye el conurbano, la zona con más marginación de la Argentina. La provincia tiene 235 presos cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 147 del promedio del país. Un dato asombroso: el mayor nivel de población carcelaria lo tiene Córdoba, con 428 presos cada 100.000 habitantes, pese a lo cual sigue existiendo un fuerte reclamo por la inseguridad. El campeón mundial en materia de presos es Estados Unidos, con 2.200.000 presos y 710 presos cada 100.000 habitantes. La mayoría son, obviamente, negros, latinos y pobres. Al lado está Canadá, con un gran nivel de inclusión social, y tiene siete veces menos: 100 presos cada 100.000 habitantes.

Excarcelaciones

Scioli anunció esfuerzos para bloquear las excarcelaciones. El primer obstáculo es que se podrán dictar después de una audiencia oral y pública, con restricciones para reincidentes y los que hayan usado armas. Según dicen desde el Poder Judicial, el Ejecutivo puede conseguir esa restricción mediante una ley de la Legislatura, ya que las excarcelaciones están normadas por el Código de Procedimientos que es provincial. Aún así, habrá pedidos de inconstitucionalidad y mucha polémica en la Justicia. En cambio otras propuestas lanzadas ayer, como una ley poniendo penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra, requiere de una ley nacional. Lo mismo ocurre con la referencia al Régimen Penal Juvenil que proponen impulsar, aunque justamente la provincia de Buenos Aires tiene un régimen en esa materia.

Policía local

El proyecto está en la Legislatura desde febrero y la idea es acelerarlo. Todos los municipios de más de 70.000 habitantes tendrán una policía de proximidad, que se supone tendrá la conducción del intendente. Al mando estará un comisario, seleccionado por el mandatario municipal y aprobado por el Concejo Deliberante. Podrá intervenir en los casos de flagrancia y en la prevención, pero no podrá investigar. Eso quedará para la Bonaerense. En general, los expertos como León Arslanian o Alberto Binder han insistido con la descentralización, pero con el criterio de quitarles poder a los comisarios más poderosos y, además, que la responsabilidad política esté cerca de los vecinos, lo que permite un mayor control.

Narcotráfico

Hay todo un capítulo dedicado a ese delito, pese a que hoy en día –según cuentan los fiscales bonaerenses– sólo tienen facultades para intervenir contra dealers. Sobre las bandas de narcos de cierta envergadura tiene competencia la Justicia federal. De todas maneras, Scioli anunció la creación de diez nuevas fiscalías especializadas en narcotráfico y se anuncia la persecución del delito de narcotráfico en su faz económica. En esa materia se creará un cuerpo especializado.
Hay un punto sugerente, el 18, en el que se pide a la Justicia que acelere “los procesos abiertos contra los sospechados cabecillas del narcotráfico que residen en nuestro territorio”. Parece un tiro por elevación contra el massismo, ya que los narcos detectados en los últimos tiempos vivían en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, municipios alineados con el massismo.

Seguridad privada

La idea es que los guardias privados sean parte del mecanismo de prevención. Tendrán obligación de denunciar cuando desde su casilla perciban un delito o una situación de riesgo: de no hacerlo, se les quitará la licencia. También está la iniciativa de que tengan celulares con una aplicación desarrollada por Provincia Seguros, del grupo Banco Provincia. Esos botones de pánico serán difundidos después entre usuarios de celulares que tengan planes con las telefónicas, una forma de saber quién hizo la llamada y que la denuncia no sea falsa.
La gran polémica entre sciolistas y opositores deviene del trasfondo electoral por el que unos se acusan a los otros. La cuestión no parece sencilla y obviamente tiene como escenario la marginalidad y la exclusión. La misma situación –o aún peor– vive el Frente Amplio Progresista y el gobierno socialista de Santa Fe, que registra el mayor índice de homicidios del país y el problema más serio de dominio de territorio por parte de narcos. En Córdoba, diciembre desnudó la alianza entre policías y ladrones, cuando los primeros incentivaron a los segundos para extorsionar con su huelga.
Un punto clave es si la Emergencia le dará más poder a la policía –como sostienen los que no ven la movida con buenos ojos– o si habrá realmente un Consejo integrado por las distintas fuerzas –como afirman cerca de Scioli– ejerciendo un control democrático.
raulkollmann@hotmail.com

EL PAIS › ANALISIS DE LAS MEDIDAS DEL PLAN Motos, retirados, vigiladores

Los 15.000 retirados de la Policía Bonaerense tendrán que presentarse obligatoriamente en el Ministerio de Seguridad a prestar servicio por un año. En buena parte de los municipios no se permitirá que viajen dos personas en una moto y los que usen ese vehículo tendrán que tener un chaleco y un casco con el número de patente. Los efectivos de seguridad privada que no denuncien un delito perderán la licencia y, además, tendrán un celular con una aplicación automática que los comunique con la fuerza policial. Habrá más obstáculos para las excarcelaciones y, supuestamente, una presentación de varios proyectos de ley nacionales sobre portación y tenencia de armas, así como de régimen penal juvenil. Estas son parte de las medidas que Daniel Scioli anunció ayer –algunas ya habían sido anunciadas– pero tal vez las más trascendente es a la que no se le dio tanta exposición: al declararse la Emergencia de Seguridad por un año, se faculta al Ejecutivo para que haga compras de patrulleros, armas y chalecos antibala, y se construyan alcaidías y unidades penitenciarias sin demasiados trámites.
El análisis de las medidas es muy disímil entre los allegados al gobernador –que diseñaron las medidas– y los técnicos que miran con ojos críticos su escalada de respuesta a lo que consideran una movida especialmente mediática de instalación del miedo. El gobierno provincial entregó un listado de lo que implica la Emergencia, aunque el texto omite –según los críticos– algunos aspectos fundamentales. Entre ellos el control de la fuerza policial –más que vinculada con el delito– y al que parece dársele carta blanca. Uno de los puntos más críticos en esa relación policías-delito son los desarmaderos: en los 22 puntos dados a conocer ayer, no se menciona la cuestión. Y será una de las críticas más fuertes que ya preparan los opositores, según dijeron a este diario.

La Emergencia

Se declara por un año, en el cual el Ejecutivo provincial se hace con algunas facultades inhabituales: incorporar personal, pasar a disponibilidad efectivos y, básicamente, hacer compras en forma rápida y sin las licitaciones habituales. Se destinarán 600 millones de pesos para incorporar mil móviles equipados, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas con sus municiones. En este terreno de las contrataciones rápidas se habla de ocho alcaidías para alojar mil presos y cuatro unidades penitenciarias para otros dos mil. El gobernador anunció que el Consejo Provincial de Seguridad Pública, que intervendrá en la Emergencia y que estará en sesión permanente, estarán expresados todos los sectores políticos.

Retirados

Deberán presentarse en el Ministerio de Seguridad los 15.000 retirados que tienen la Bonaerense y el Servicio Penitenciario. A todos se les exigirá que presten servicio un año. Pero se prevé que estarán los que presentarán certificados médicos, los que accionarán en la Justicia porque tienen otro trabajo o aducirán que no están en condiciones. El cálculo es que quedarán unos cinco mil. La idea es que los retirados presten servicio en las cuestiones más burocráticas o que hagan guardias dentro de edificios en los que ahora hace guardia personal que será enviado a la cárcel.

Motos

El cálculo oficial es que un 26 por ciento de los delitos los cometen personas que utilizan motos. Por lo tanto, se reglamentará una ley provincial ya existente por la que se obligará a toda persona que conduzca una moto o sea acompañante a utilizar un chaleco reflectante y un casco, ambos con el número de patente del vehículo. Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, está negociando con intendentes una norma que prohíba que, por el plazo de un año, viajen dos personas en una moto. Su propio municipio, Ezeiza, aprobaría esa norma esta semana y lo mismo impulsarán otros intendentes.

Comando de patrullas

Entre las medidas anunciadas ayer por Scioli está la de establecer los comandos de patrullas en 42 municipios. Actualmente están en 12. La idea es que haya cuadrículas y un patrullero por cada cuadrícula, circulando en forma permanente. Estas unidades no dependerán de las comisarías, sino de un comisario en cuya designación intervendrá el intendente. En cierto sentido se busca romper los acuerdos que hoy existen entre comisarías y los que cometen diversas irregularidades o delitos, pero –según argumentan en la oposición– está previsto que a esos comandos sea derivado personal que prestaba hasta ahora servicio en las comisarías, lo que diluiría el efecto supuestamente buscado.

Presos

El anuncio de que se construirán alcaidías y unidades para 3000 presos parece toda una instrucción orientada a que haya más detenidos. La provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los presos del país, unos 33.000, muy por encima del promedio nacional, algo que tal vez explique que su territorio incluye el conurbano, la zona con más marginación de la Argentina. La provincia tiene 235 presos cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 147 del promedio del país. Un dato asombroso: el mayor nivel de población carcelaria lo tiene Córdoba, con 428 presos cada 100.000 habitantes, pese a lo cual sigue existiendo un fuerte reclamo por la inseguridad. El campeón mundial en materia de presos es Estados Unidos, con 2.200.000 presos y 710 presos cada 100.000 habitantes. La mayoría son, obviamente, negros, latinos y pobres. Al lado está Canadá, con un gran nivel de inclusión social, y tiene siete veces menos: 100 presos cada 100.000 habitantes.

Excarcelaciones

Scioli anunció esfuerzos para bloquear las excarcelaciones. El primer obstáculo es que se podrán dictar después de una audiencia oral y pública, con restricciones para reincidentes y los que hayan usado armas. Según dicen desde el Poder Judicial, el Ejecutivo puede conseguir esa restricción mediante una ley de la Legislatura, ya que las excarcelaciones están normadas por el Código de Procedimientos que es provincial. Aún así, habrá pedidos de inconstitucionalidad y mucha polémica en la Justicia. En cambio otras propuestas lanzadas ayer, como una ley poniendo penas no excarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra, requiere de una ley nacional. Lo mismo ocurre con la referencia al Régimen Penal Juvenil que proponen impulsar, aunque justamente la provincia de Buenos Aires tiene un régimen en esa materia.

Policía local

El proyecto está en la Legislatura desde febrero y la idea es acelerarlo. Todos los municipios de más de 70.000 habitantes tendrán una policía de proximidad, que se supone tendrá la conducción del intendente. Al mando estará un comisario, seleccionado por el mandatario municipal y aprobado por el Concejo Deliberante. Podrá intervenir en los casos de flagrancia y en la prevención, pero no podrá investigar. Eso quedará para la Bonaerense. En general, los expertos como León Arslanian o Alberto Binder han insistido con la descentralización, pero con el criterio de quitarles poder a los comisarios más poderosos y, además, que la responsabilidad política esté cerca de los vecinos, lo que permite un mayor control.

Narcotráfico

Hay todo un capítulo dedicado a ese delito, pese a que hoy en día –según cuentan los fiscales bonaerenses– sólo tienen facultades para intervenir contra dealers. Sobre las bandas de narcos de cierta envergadura tiene competencia la Justicia federal. De todas maneras, Scioli anunció la creación de diez nuevas fiscalías especializadas en narcotráfico y se anuncia la persecución del delito de narcotráfico en su faz económica. En esa materia se creará un cuerpo especializado.
Hay un punto sugerente, el 18, en el que se pide a la Justicia que acelere “los procesos abiertos contra los sospechados cabecillas del narcotráfico que residen en nuestro territorio”. Parece un tiro por elevación contra el massismo, ya que los narcos detectados en los últimos tiempos vivían en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, municipios alineados con el massismo.

Seguridad privada

La idea es que los guardias privados sean parte del mecanismo de prevención. Tendrán obligación de denunciar cuando desde su casilla perciban un delito o una situación de riesgo: de no hacerlo, se les quitará la licencia. También está la iniciativa de que tengan celulares con una aplicación desarrollada por Provincia Seguros, del grupo Banco Provincia. Esos botones de pánico serán difundidos después entre usuarios de celulares que tengan planes con las telefónicas, una forma de saber quién hizo la llamada y que la denuncia no sea falsa.
La gran polémica entre sciolistas y opositores deviene del trasfondo electoral por el que unos se acusan a los otros. La cuestión no parece sencilla y obviamente tiene como escenario la marginalidad y la exclusión. La misma situación –o aún peor– vive el Frente Amplio Progresista y el gobierno socialista de Santa Fe, que registra el mayor índice de homicidios del país y el problema más serio de dominio de territorio por parte de narcos. En Córdoba, diciembre desnudó la alianza entre policías y ladrones, cuando los primeros incentivaron a los segundos para extorsionar con su huelga.
Un punto clave es si la Emergencia le dará más poder a la policía –como sostienen los que no ven la movida con buenos ojos– o si habrá realmente un Consejo integrado por las distintas fuerzas –como afirman cerca de Scioli– ejerciendo un control democrático.
raulkollmann@hotmail.com

RAYMOND WILLIAMS CULTURA Y SOCIEDAD III

El jornalero moderno, el oficinista moderno, el obrero fabril moderno, sólo viven para su tiempo libre, y el resultado es que son incapaces de vivir en él cuando lo consiguen. Su trabajo no tiene sentido para ellos; es simplemente algo que deben hacer para ganarse la vida y, por consiguiente, cuando llega su tiempo libre también carece de sentido y todos los usos que pueden darle podrían incluirse casi totalmente bajo la rúbrica de lo que Stuart Chase llama “descreación”.
El ciudadano moderno no sabe cómo llegan a él las cosas imprescindibles de la vida (decimos que está completamente al margen de la “producción primaria”), del mismo modo que no puede ver su propio trabajo como parte importante de un proyecto humano (no hace más que cobrar un salario u obtener ganancias).