viernes, 28 de febrero de 2014

Peronismo: Ahora, Coca-Cola light


Por Martín Rodríguez
Cuesta encontrar diferencias entre Scioli y Massa. El negocio de ir divididos empieza a hacer agua cuando las opciones no son de “ruptura”.
Argentina recuperó su crisis de representación, pero no recuperó su sistema de partidos. Hay políticos, parlamento, corporaciones, militancia, pero no hay partidos políticos. Dicho esto, el peronismo actúa desde 2001 (en la caída del sueño bipartidista) como un subsistema del sistema de partidos, ofreciendo un juego de relevos a través de la situación de hecho de su poder institucional. Digámoslo así: el peronismo produce representación en todo tiempo y espacio. ¿Cómo lo hace? Escueto: hay más distancia entre dos peronistas enfrentados que entre cualquier peronista con un no peronista. Eso le permite reinaugurarse, cambiar de signo, manteniendo un elenco estable de actores y promoviendo renovaciones generacionales. Y eso tiene su sangre: 364 días de la traición y un día de la lealtad. A Menem lo mató Duhalde. A Duhalde lo mató Kirchner. El peronismo es “durmiendo con el enemigo”. No hace pesar su identidad sentimental sino su poder. El mito multiplicado de que nadie puede gobernar la Argentina sin él.
Hoy, lo curioso es que el kirchnerismo tiene su potencial recambio en peronistas que prometen una sucesión ordenada. O, en tal caso, “asesinos que no quieren matar a la víctima”. No quieren ganarle a la Coca-Cola, quieren lanzar una Coca-Cola light. No es Menem contra la moderación renovadora, ni Duhalde contra el exceso liberal, ni Kirchner recuperando la tradición de la JP. Es lo inédito: un intento hereditario a partir de un enfriamiento de la política para ordenar la economía. Hay más 2005 que 90’s en la promesa pos-kirchnerista del peronismo.
¿No fueron los tweets de Massa contra el chavismo el gesto de mayor desobediencia simbólica hacia el kirchnerismo? Veamos sino sus mayores apuntes. La “crítica al INDEC” es fácil cuando no hay un solo kirchnerista que lo defienda en voz alta. Y todos los no kirchneristas tienen su plan contra la inflación: decir cuánta hay. Ese largo chiste autonarrado llamado Guillermo Moreno dejó esa pelota picando: “la verdad como gestión”, decir la inflación. El reclamo por la inseguridad es un genérico: el mismo kirchnerismo tiene todas las líneas (contradictorias) juntas para enfrentarla. Desde el CELS hasta Granados-Berni, o sea: desde la auditoría de los derechos humanos permanente hasta el fortalecimiento del poder policial. ¿Se acuerdan de los “titulares y suplentes” y esas citas a la burguesía para decirles a los gritos quién los representaba mejor? ¿O no era eso en definitiva? Claro que el fin de ciclo tiene su melancolía, en este caso, típica: “oh, no hay burguesía nacional”.
En definitiva, la que parecía ser la “criticable agenda de Massa” es también la hoja de ruta de los últimos meses que tomó el gobierno (el apego a una nueva racionalidad de crisis):
· Suba del mínimo no imponible
· Devaluación
· Combate a la inflación
· Combate a la inseguridad
· Auxilio financiero internacional
· Inversión extranjera
· Salida del cepo cambiario
· Estadísticas nuevas y creíbles
¿Estas iniciativas implicaban el “giro a la derecha” de la “agenda intermedia”? El gobierno negó el resultado de 2013 y a la vez se miró en el espejo de ese resultado. Cambió como nunca antes, aunque eso no se transparentara en su prosa militante, nacida y criada en la contención de los propios. Pero cambió, giró, volvió sobre sus pasos, deshizo “banderas” (¡lucha cultural contra el dólar!) porque puede hacerlo, no tiene condicionamientos estructurales para hacerlo. Un cientista social se preguntaría: ¿cuál es el sujeto del kirchnerismo finalmente? Si no es el sindicalismo, si no es la vieja o nueva burguesía nacional, si no es la clase media (a la que discursivamente desprecia).
Carlos Corach lo dice: “como nunca antes el No Peronismo tiene chances de llegar al poder”. Carlos Pagni dijo, entrevistado por la revista Crisis, que el dato de esta década fue la extinción del partido radical. Un peronismo tan dividido pero que no se diferencia entre sí mejora la performance del No peronismo. En resumen, este peronismo fragmentado entre opciones no tan distintas, podría ser amenazado con chances ciertas por el No peronismo. El negocio de ir divididos empieza a hacer agua cuando las opciones no son de “ruptura”. Por eso sobrevuela la palabra unidad. Algunos se empiezan a preguntar si esa no es una necesidad corporativa.
Cristina está sola y lo comprobó en 2013. Todos se dedican a la batalla cultural, ninguno a “juntar votos”. Eso es inflación política: políticos de ideología cotizan mejor hacia dentro que políticos electorales. Eso, que suena tan bien, no implica necesariamente un avance de “los valores” por sobre “el pragmatismo” sino un subrayado mayor entre esos dos mundos: la agenda de “la gente” y los temas de elite. En campaña Conti se guarda y asoman los carilindos de las “cosas concretas”. Pero este doble estándar entre cultura y mercado, o entre izquierda social y mundo popular, Cristina lo sintetiza. Eso explica su liderazgo excepcional, único. (Un caso de esta agenda elitista fue la reforma judicial: meses en la abstracción de una “discusión legítima” que copó la escena, cuando muchos de sus autores, en privado, ya reconocían la torpeza enmarañada de ese proyecto. Me consta.)
Pero los que sí juntan votos ahora son el problema del liderazgo pato-cojo de Cristina: Scioli y Massa, a quienes la amenaza del “candidato puro” kirchnerista aún no les hace mella. Scioli y Massa tendrían que contratar sofistas para mostrar qué los diferencia si los hacen hablar 15 minutos a uno contra el otro. Hoy organizan el subsistema peronista. Sobre su conservadurismo popular nadie explica esa relación (si son populares por ser conservadores, si viceversa) porque el problema es: cuántos de los que los votaron también votaron al kirchnerismo. Muchos. Muchos pobres. El voto peronista sigue siendo más contradictorio y amorfo que las estilizaciones de relato. Los capitanes de la economía pondrán aportes, aviones, tapas, en la canasta que eventualmente más los represente, mientras van poniendo porotos en todas. El camino al poder no es sencillo. Y si a Scioli o Massa les preguntan qué van a hacer con el dólar, la inflación, el tipo de cambio o las paritarias, dirán: Vemos. El establishment apoyará al menos K a cambio de que revise la política fiscal. La gran pregunta post kirchnerista remite a las retenciones, a la política fiscal. A lo que nadie nunca dice hasta que desde adentro puede ver las cuentas. ¿Endeudarán la Argentina, como locos, de nuevo?
Más de veinte años de peronismo en el poder es el fondo de cocina inalterable de la Argentina: te amo, te odio, dame más. 

› CITAN A DECLARACION INDAGATORIA A DIRECTIVOS DE KOSIUKO, CHEEKY Y PORTSAID Las marcas que deja el trabajo esclavo

Por Mariana Carbajal
“No podíamos salir del lugar; Marcos nos lo tenía prohibido. Sólo podían salir, en muy pocas ocasiones, las personas que teníamos documentos de identidad y los que no, tenían prohibido salir.” Como esclavos. Así vivían los empleados de un taller textil de la ciudad de Buenos Aires donde se fabricaban prendas de las marcas de primera línea Kosiuko, Cheeky y Portsaid, según declaró en la Justicia una de las mujeres explotadas laboralmente en el lugar y corroboró la investigación del fiscal que actúa en el caso. Los directivos de las tres firmas fueron citados a declaración indagatoria y deberán presentarse en tribunales próximamente. Uno de los imputados es Daniel Awada, cuñado de Mauricio Macri y presidente de Cheeky. Están acusados de contratar al taller clandestino y colaborar así con la reducción a la servidumbre, entre 2007 y 2011, de al menos quince bolivianos –cuya condición migratoria era irregular–, que “trabajaban a destajo en jornada de todo el día por un salario paupérrimo, moraban con sus hijos menores, comían y dormían en un contexto de suma precariedad, insalubridad, hacinamiento y encierro controlado” y a la vez eran sometidos, mediante gritos y maltratos, a “condiciones laborales infrahumanas”.
Hasta ahora la Justicia no avanzaba en la cadena de explotación hacia los dueños de las marcas que contratan trabajo en talleres clandestinos y centraba su lupa en los encargados directos de la explotación. Varios fiscales venían haciendo pedidos para sentar en el banquillo de los acusados a los directivos de grandes firmas de ropa, pero los jueces rechazaban los planteos. Recién en diciembre, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Ariel Lijo, confirmó la citación de nueve directivos y socios de empresas que comercializan distintas marcas, entre ellas Narrow, de jeans y ropa juvenil.
En la causa que involucra al hermano de Juliana Awada, esposa del jefe de Gobierno porteño, el pedido de indagatoria fue solicitado por el titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 14, Andrés Madrea. La medida había sido denegada por la jueza Alicia Iermini, cuando subrogaba el Juzgado 48. El fiscal apeló, la Cámara del Crimen hizo lugar a su pedido y en diciembre la jueza María Fontbona de Pombo los convocó a declarar, lo que se haría a mediados de marzo.
La medida alcanza a Aníbal Marcelo Terra e Ingrid Georgina Kern Dornfeld, presidente y vicepresidente de Kowsef SA –cuyo nombre de fantasía es Kosiuko–; Daniel Awada y Patricia Norma Fraccione, presidente y vicepresidenta de Cheek SA –cuyas marcas son Como Quieres que te Quiera y Cheeky SA o Cheeky Child SRL–, y Sergio Jaime Said y Victoria Papu de Said, presidente y vicepresidenta de la sociedad denominada Mazalosa SA, conocida por el público con el nombre de Portsaid.
De acuerdo con la investigación judicial, las firmas de indumentaria “aportaban los moldes de las prendas, los cortes de las telas y los géneros mismos, además de botones, cintas y etiquetas con la marca, logística que consistía también en el traslado de los materiales al taller y luego su retiro una vez realizados con destino a las sociedades en cuestión –todo ello en manos de los fleteros Boris y de Enrique Markus, quienes fueron sobreseídos en la misma causa por entender el juez federal entonces interviniente que eran sólo transportistas tercerizados de la mercadería–”. Para el fiscal, no hay dudas de que los directivos de las marcas tenían conocimiento “de la irregular situación laboral, migratoria y habitacional en las que se encontraban los empleados” del taller de costura, donde fabricaban las prendas y que estaba a nombre de Rocy Mari López Cisneros y de su pareja, Marco Antonio Cáceres Flores. Funcionaba en la calle Pola 1995/1997, en el barrio porteño de Mataderos. Ese domicilio, a su vez, posee una conexión interna con otro domicilio, de la calle Garzón 5611.
En el pedido de indagatoria, Medrea sostuvo que “el producido por el taller, luego de su terminación y de la verificación de la calidad de las prendas, era comercializado en los locales de tales marcas”. Entre otras pruebas, agregó facturas, remitos, notas de crédito secuestradas durante un allanamiento, “demostrativos de la asiduidad en el intercambio comercial”. Un allanamiento fue realizado el 3 de octubre de 2011 por personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, que constató la presencia de quince empleados, siete de ellos en condiciones migratorias irregulares. Además, mientras se llevaba a cabo el operativo, se presentaron López Cisneros junto a Cáceres Flores, quienes se identificaron como los dueños del negocio, y quedaron detenidos.
En otro procedimiento efectuado en la calle Rondeau 2583/5, piso 1º, de la localidad de San Martín –provincia de Buenos Aires–, fueron secuestrados documentos de la firma Cheeky –notas de débito, facturas A y órdenes de pago con membrete Cheeky Baby & Kinds–, además de prendas de vestir de la firma mencionada, de Portsaid y de Como Quieres que te Quiera, y cartones con el logotipo de Kosiuko y etiquetas de Cheeky y Kosiuko.
La causa se inició a partir de dos denuncias de funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El propio Ejecutivo porteño informó en la causa judicial que el taller en cuestión, donde se presume fabricaba prendas la firma de la familia de la esposa de Macri, no registraba constancias de habilitación.
Una empleada que declaró en la causa contó que el sueldo se pagaba por prenda confeccionada y que muchos de los trabajadores eran indocumentados y también había menores de edad. “No podíamos salir del lugar; Marcos nos lo tenía prohibido. Sólo podían salir, en muy pocas ocasiones, las personas que teníamos documentos de identidad y los que no, tenían prohibido salir”, describió. Marcos Cáceres Flores era uno de los dueños del taller. “Además, nos decían que tuviésemos cuidado con la policía. Teníamos que dar un motivo fundado para poder salir, no podíamos hacerlo libremente”, agregó. También dijo que trabajaba “en negro” y que aunque tenía una hernia, nunca le dieron días de reposo ni redujeron su trabajo: “No me dieron ni un centavo, más aún cuando no tenía ningún beneficio social”, detalló. Otra de las personas explotadas dijo que “Marcos” (Cáceres) construyó varias habitaciones, en las cuales alojaba a sus empleados. Al momento de cobrar sus respectivos sueldos “reciben descuentos en concepto de alquiler” por dormir ahí. Es decir, los obligaban al encierro y les cobraban el alquiler
página12

La Ciudad, en emergencia educativa

Por Edgardo Form *
En la ciudad de Buenos Aires estamos viviendo momentos que podríamos catalogar como de “emergencia educativa”. Nada más ni nada menos que miles de chicos sin vacantes en la escuela pública, la mayoría niños y niñas menores de cuatro años. Tenemos también obras de infraestructura sin terminar o, lo que es peor, obras finalizadas que terminan rompiéndose. También fuimos testigos de cierres de cursos y grados durante 2012 con el argumento de que había aulas con muy pocos estudiantes. En febrero del 2009, vivimos la sanción que recibió el primer ministro de Educación que tuvo la ciudad bajo la gestión PRO, Mariano Narodowski, tras ser responsable de la faltante de vacantes en nivel inicial de la Ciudad, motivo por el cual tuvo una multa diaria de cincuenta pesos. En ese mismo momento, pero por el conflicto de vacantes en guarderías, la entonces ministra de Desarrollo Social y actual vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, recibió una multa similar.
Si hablamos de números, el presupuesto destinado a infraestructura escolar para el año 2013 fue 52,31 por ciento menos que el destinado en 2012, pasando de 293.436.883 pesos a 157.876.079 pesos. Así, mientras en 2012 la partida para infraestructura representaba un 3,44 por ciento del presupuesto educativo, en 2013 pasó a 1,6 por ciento. Los números son más alarmantes si comparamos lo presupuestado para el año 2009 respecto de lo destinado para el 2014: en el presupuesto 2009, el monto destinado a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento era de 243.489.616 pesos, mientras que en 2014, 231.172.410 pesos. Es decir, no sólo no aumentó de un año a otro, sino que se redujo.
Y para colapsar aún más la situación existente, en diciembre pasado el macrismo puso en práctica la famosa “inscripción on line”. Esta medida, que se basa en la falsa dicotomía virtual/presencial, suponiendo que lo virtual es necesariamente mejor que la inscripción cara a cara con el docente, el directivo y la escuela, tuvo los resultados que todos y todas advertimos en su momento: un éxito para el macrismo porque contribuye a vaciar la escuela pública. Se vacía la escuela pública porque, en forma irresponsable e inescrupulosa, el Gobierno de la Ciudad promovió una inscripción para la que no tenía la cantidad de vacantes necesarias, porque exhibió la falta de inversión en edificios escolares y porque además contrató personal tercerizado para llevar adelante la novedad virtual. El saldo político-educativo es nefasto y sus respuestas son dos: o que las familias anoten a sus hijos en escuelas privadas o que los dejen hacinarse en aulas containers.
* Legislador porteño por Nuevo Encuentro.

Un país normal

“No nieguen los problemas. No nieguen el diálogo. No nieguen a los argentinos. Queremos algo muy simple: vivir en un país normal.” La frase pertenece al actual presidente del Partido Socialista, Hermes Binner. Por mi parte, doy por sentado que se dirige a todos aquellos que participamos del proyecto nacional y popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner. A los aludidos, creo, podría sernos de utilidad que Binner indicara, concretamente, cuáles son a su juicio los problemas que negamos, las personas a las que dejamos con la palabra en la boca y los argentinos ninguneados por nuestro gobierno. Pero me parece que sobre todo sería muy productivo avanzar en la precisión del concepto de normalidad.
Convengamos en que la categoría de país normal podría generar una verdadera revolución en el campo de la política, ya que borraría las fronteras ideológicas y haría posible abandonar la lucha por la justicia o por la libertad, o por la igualdad, a cambio de esa simple aspiración común a la normalidad.
Si damos por aceptado que la nueva dialéctica política consiste en normalidad contra anormalidad y que según la tesis Binner vivimos en un país anormal, vale la pena preguntarse cómo sería la Argentina normal del siglo XXI, según el candidato a presidente del FAP.
Una reciente declaración suya nos da una pista en ese sentido: “Estamos trabajando para construir un frente que termine con el populismo en la Argentina”. Dudo de que tengamos conceptos afines sobre lo que ha significado y significa populismo, en la Argentina y en toda América latina, y tampoco quiero enredarme en una discusión académica, pero hay sobrados indicios de que en ese rasgo de los países anormales, Binner y los suyos incluyen las políticas de asistencia. En ese sentido, nos puede resultar útil la célebre frase de su principal socio político, y presidente del partido radical, Ernesto Sanz: “La plata de la Asignación Universal por Hijo se va por la canaleta del juego, el vino y la droga”.
Es decir que en el país normal de Binner no debería haber Asignación Universal por Hijo ni plan Conectar, ni plan Progresar, ni plan Pro.Cre.Ar. En un país normal no se dilapidan los recursos del Estado para proteger o auxiliar a los más pobres y vulnerables o para incluir a los jóvenes. Unos jóvenes y unos pobres que, por añadidura, no se sienten inclinados a identificarse con los socialdemócratas europeos, en cuyos congresos internacionales Binner y sus amigos se extasían ante el espectáculo de los que probablemente sean sus modelos de país normal.
Sin embargo, basta con echar una mirada a los países normales de Europa que han sido o son gobernados por partidos afiliados a la Internacional Socialista, como el que preside Bi-nner, España, Grecia, Francia, por citar sólo algunos ejemplos, para observar el enorme retroceso que han sufrido sus clases trabajadoras.
Sin ir tan lejos, recordemos que quienes ahora integran el FAP gobernaron en la Argentina de la mano de Fernando de la Rúa: flexibilización laboral, recorte salarial a trabajadores y jubilados, coimas en el Senado, 27 por ciento de desempleo, recortes en el presupuesto de educación, corralito financiero, represión social, helicóptero. Vi con mis propios ojos a las mujeres y hombres que ahora son el FAP, sentados a mi lado en el Congreso de la Nación, fundamentando y votando muchas de las iniciativas mencionadas. Allí están las versiones taquigráficas de las sesiones de la época. Ha transcurrido apenas poco más de una década. Para los responsables de tamaño desastre, lo normal debería ser, por pudor, llamarse a recato.
Nosotros también estamos consolidando un frente político y social, no para terminar con el populismo, sino para terminar con la injusticia, con la pobreza y con la desigualdad, características tan desgraciadamente normales en nuestro país y en nuestra región. Sabemos que el camino es largo y difícil, como también sabemos que no es lineal, porque los fuertes intereses que enfrentamos tratan permanentemente de torcernos el rumbo. Pero marchamos con la tranquilidad y el entusiasmo que nos da el sabernos acompañados por nuestros más firmes valores y convicciones.
* Diputado. Frente para la Victoria.
Página 12
Compartir: 
Twitter

Crimen es un country, no una Toma

Las lecturas simplistas de la problemática de tomas de tierras se reducen a catalogarlas como actos delictivos; promueven un sentido común que criminaliza la pobreza y  judicializa el conflicto social y estigmatiza a los sectores vulnerables.
http://cdn01.ib.infobae.com/adjuntos/162/imagenes/010/728/0010728823.jpg
Por la Licenciada Laila Robledo - Urbanista
En la Provincia de Buenos Aires el fenómeno no es nuevo, las tomas se vienen produciendo desde los ´80, y en la actualidad, como mínimo, se produce una por semana. Sucede que en general se producen en zonas perifèricas, que son o eran  basurales, pajonales, áreas inundables, o de menor valor; pero cuando estas tomas se realizan en espacios visibles, o en mejores condiciones de localización, la competencia por dicho suelo es mucho mayor, y los conflictos se exponen ante la mirada de la sociedad toda, y se magnifican por los medios de comunicación.
La muerte es el condimento que hace aún más interesante esta cuestión para el enfrentamiento político y la asignación de responsabilidades, pero siguen invisibilizadas las muertes o padecimientos originados por vivir en la calle, en una vivienda precaria, en condiciones insalubres, o donde los habitantes son sometidos a condiciones extorsivas y de vulnerabilidad, alquilando una pieza en una villa a valores superan a los del mercado formal.
Los protagonistas de las tomas son movilizados por la necesidad y urgencia de crear un espacio propio para el desarrollo de sus vidas. Si bien esta situación puede percibirse como una carencia individual, lo cierto es que las reivindicaciones se producen de manera colectiva, por lo que, de alguna manera, la organización y planificación de las tomas, es la forma más efectiva con la que cuentan hoy los sectores populares para acceder a un lote. “Tenemos derecho a una vivienda” acertadamente postulan, mientras que por otro, intentan dar argumentos para que su accionar sea comprendido por la sociedad, se defienden de las acusaciones criminalizadoras y de quienes los abordan como si se tratara de un problema de actitudes, de caprichos, cuando en verdad trata de una necesidad real ante un problema concreto y complejo.
La lucha por la tierra urbana se expresa entonces como una toma de tierras, mientras que por otro, se que mantiene y reproduce su situación de desigualdad y fragmentación urbana. En este sentido, frente al avance del mercado sobre el Estado, las políticas y los planes de vivienda nunca serán suficientes. Por lo tanto, es imperativo que se aplique debidamente la recientemente reglamentada Ley de Acceso Justo al Hábitat Nº 14.449, cuyo objetivo es promover el derecho a la vivienda y al hábitat, y resolver el déficit urbano habitacional, tanto desde el fomento de proyectos habitacionales, y urbanizaciones sociales, como desde la generación de instrumentos de intervención dirigidos a reducir las prácticas especulativas respecto a la valorización del suelo urbano.
Este último se ha convertido en una de las mercancías más preciadas y disputadas por la sociedad. Para los sectores populares, es la base material para la reproducción de sus vidas, mientras que para los inversores privados es el soporte más redituable para la obtención de ganancias extraordinarias a través de especulaciones y transacciones inmobiliarias.
Mientras que los Countries permanecen cerrados hacia el conjunto de la sociedad, obstaculizan las posibilidades de circulación, sin que por ello se los acuse penalmente por el monopolio de segregación que generan, paradójicamente, las tomas llevan la impronta de la cuadrícula, en su afán de incorporarse a la trama urbana existente, adoptando las formas circundantes en cuanto a amanzanamiento y dimensiones de los lotes encuadradas en la norma vigente.
Esta forma de configuración social de los terrenos se traduce en lo que podríamos reconocer como un modelo organizativo urbano, que fue replicándose en muchas experiencias, pues facilitó una posterior regularización. Si bien esta acción puede resultar un mecanismo eficaz para asegurar la tenencia, en general, al  no ir acompañado de una adecuada regularización urbano-ambiental, las posibilidades de  revertir integralmente la problemática se ven seriamente limitadas.
Los barrios cerrados consumen una enorme cantidad de suelo, se producen con densidades bajísimas, fragmentan el territorio y encarecen el precio del suelo, mientras que en los sectores consolidados, una parte muy importante se encuentra deshabitada, y donde quedan vacíos urbanos, estos se quedan así a la espera de su valorización inmobiliaria.
La cuestión de fondo es el acceso al suelo urbano. Sólo acceden a la ciudad quienes puedan pagar por ella, una injusticia puede resolverse en gran medida a partir de la aplicación de los instrumentos con los que se cuenta en términos de política urbana, en plena vigencia con la Ley de acceso justo al hábitat, unidas a otras acciones  concretas en las que el Estado, además de regular el mercado, produzca suelo, propicie alquileres sociales, y despenalice a quienes se ven en la necesidad de habitar inmuebles abandonados, y que no encuentran otra alternativa para resolver su necesidad habitacional.
APU

“Necesitamos un Estado que castigue a grupos económicos como Shell y Coto”

Marcelo “el Gaucho” Yaquet conduce la 17 de Agosto. Junto a Quebracho, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Justicia y Libertad y el Frente Popular Darío Santillán movilizaron recientemente a Shell, Coto Abasto y Edenor.
En la entrevista analiza las razones de los escraches, la relación con el kirchnerismo y porqué irán al ministerio de Economía el próximo miércoles 5 de marzo.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué balance hace de las movilizaciones?
Marcelo Yaquet: Estamos desarrollando una campaña contra la inflación y el ajuste con el propósito de señalar a las corporaciones que son punta de lanza en provocar la devaluación. Como todos los procesos de devaluación implica transferir guita de los sectores más populares a los sectores más concentrados. Terminamos movilizándonos al Ministerio de Economía para hacer un planteo político económico de lo que es necesario hacer para disputar de igual a igual la rentabilidad de las grandes empresas.

Fuimos a la Shell porque no puede ser que produzca combustible en pesos, compre insumos en pesos y pague sueldos en pesos pretenda tener una rentabilidad dolarizada. La Shell es la vanguardia de la devaluación. La semana pasada fuimos a Coto, una cadena de supermercados que tienen un control cartelizado de los productos. Ahí atenta contra la mesa de todos los argentinos. La única manera de salir de ese brete es construir una cadena de supermercados del Estado que pueda competir, que tenga una rentabilidad determinada y con un marco nacional.

Las dos movilizaciones fueron un éxito, ahora vamos a Edenor (por este miércoles 26) porque anunció aumento de tarifas. Nos planteamos no quedarnos de brazos cruzados, poder marcar a los enemigos históricos de nuestro pueblo y también la responsabilidad del gobierno nacional que es el que tiene que dar respuestas que favorezcan a los intereses de la Nación.

APU: Medios opositores dijeron que Quebracho había sido cooptado por el kirchnerismo y por Milagro Sala, decían que el gobierno los había mandado a Shell y a Coto.

MY: El gobierno hace un buen diagnóstico, marca concretamente quiénes son las corporaciones que provocan la inflación y la devaluación. Nosotros junto a los compañeros de Quebracho a la cabeza en función de su referencia y su historia de lucha, salimos a marcar también a esos enemigos que son los que realmente provocan la inflación. Clarín y La Nación embarran la cancha.

La solución pasa por medidas estructurales. Si no hay control del comercio exterior es muy difícil que podamos disputar la rentabilidad de las corporaciones. En Argentina tenemos los puertos privados, las cerealeras pisan cuando quiere su producción, es decir, quedamos totalmente a merced de las corporaciones. El planteo político nuestro tiene que ver con eso, después lo que los medios dicen tiene que ver con otra cosa. Los referentes principales de Quebracho están presos, mientras el ex gobernador neuquino Jorge Sobisch está libre.

Planteamos esta consigna: “a los 90 no volvemos” como una señal para los grupos económicos y también para la clase política. Queremos una Argentina que le dispute la renta a los grupos financieros, mineros, del campo, de las grandes corporaciones en favor de los sectores populares.

APU: Ustedes van a finalizar con una movilización al Ministerio de Economía. ¿Es un cuestionamiento al gobierno nacional?

MY: Sí, es poner la responsabilidad en el poder político. Si uno toma en cuenta las últimas medidas, el Plan Progresar de $600 a los jóvenes, el aumento de la jubilación, son medidas acertadas, ahora ese acierto es devorado por la inflación que hubo. No se puede darle beneficios a los sectores que te provocan devaluación e inflación.

Al sector financiero se le permitió aumentar sus tasas de ganancias. También se permitió fugar capitales. No podemos seguir estando con una ley de entidades financieras de la década del 70. Por eso los bancos tienen esa capacidad agresiva contra un modelo que intenta constantemente incluir. Por lo tanto, tiene que haber medidas estructurales por parte del gobierno. Nosotros no queremos volver a los 90 y eso implica, avanzar con más Estado en desmedro del poder que tienen los grupos económicos. Necesitamos un Estado fuerte que castigue severamente a los grupos económicos.

ES GRAVE GRAVE GRAVE

según otoña en mi experiencia
me hago mas joven de verdad
las hojas amarillan
mis asambleas de ternura

invito a todos, al gran rey
es decir al gran pájaro que vuela en mi lugar
mientras ando ocupado
en descubrir cómo se vuela.

me arranqué la camisa las manos la mirada
para ver de volar
pero no puedo gente
ayúdenme les pido

ayúdenme
la sangre pesa como pies
y los rostros que tiene
y los rostros que tiene

tus rostros gente como
plomo como dolor
como olvido y también
como las ganas de volar
que se pudren debajo
de almohadas infinitas.

Juan Gelman.