Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte, y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió, existo todavía a partir de eso, existo de eso, soy eso, a nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso.
¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares, me quitaron los libros, el pan, el hijo, desesperaron a mi madre, me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar hijo de puta me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde la ave ser se balancea ante la noche?
No era perfecto mi país antes del golpe militar. Pero era mi estar, las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar.
Es justo que la extrañe. Porque siempre nos quisimos así: ella pidiendo más de mí, yo de ella, dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía, y fuertes del amor que nos tenemos.
Te amo, patria, y me amás. En ese amor quemamos imperfecciones, vidas.
Roma 9-5-80
[Juan Gelman, Bajo la lluvia ajena, Notas al pie de una derrota (Roma, mayo de 1980), recopilado por Jorge Fondebrider en Antología Poética, Editorial Espasa Calpe, 1994]
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
miércoles, 15 de enero de 2014
Un transporte cada vez menos público
Por José Campagnoli *
A través del nuevo incremento en la tarifa del subte que Mauricio Macri se dispone a aprobar a principios de febrero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa construyendo un servicio de transporte cada vez más excluyente.
Apenas dos meses después de haber aumentado la tarifa del subte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció durante los primeros días de 2014 un nuevo incremento, que llevará el precio del boleto a $ 4,50. De este modo, Mauricio Macri se dispone a alcanzar un nuevo “record” de gestión: el crecimiento en más de un 400 por ciento del costo del viaje desde que finalmente se hizo cargo del subterráneo, en enero de 2012.
La suba intentó ser explicada por las autoridades del gobierno porteño como una consecuencia del “aumento de costos debido a un creciente proceso inflacionario”, pero difícilmente pueda justificarse desde alguno de los múltiples índices que miden la inflación: ni acudiendo a los más exagerados, ni mucho menos a la propia previsión que el Gobierno de la Ciudad fijó en su presupuesto para 2014, de 24 por ciento. A su vez, también fue comparada con el reciente incremento del boleto de colectivo fijada por el Estado Nacional, pero la tasa promedio de incremento de dicho valor desde 2003 a la fecha (apenas superior al 12 por ciento anual acumulado) resulta notablemente menor si se la confronta con la tasa superior al 200 por ciento anual de crecimiento de la tarifa del subte, desde que la administración pasó a manos de la Ciudad. El boleto de colectivo pasó de $ 0,80 a $ 2,50 en un lapso de diez años, mientras que la del subte era de $ 1,10 hace dos años y ahora la quieren llevar a $ 4,50.
Por otra parte, el supuesto beneficio para los usuarios frecuentes a través de una tarifa “escalonada” resulta, a decir verdad, bastante poco generoso, no sólo porque el esquema de reducción del precio del boleto de acuerdo con la cantidad de viajes deriva en una disminución de costos poco significativa para el pasajero, sino porque tampoco contempla específicamente el caso de aquellos trabajadores que utilizan el subte repetidas veces en un mismo día durante toda la semana (incluyendo por caso los sábados).
Sin embargo, debemos reconocerlo, al macrismo no le ha faltado coherencia ideológica en este aspecto. Estas decisiones son perfectamente compatibles con una concepción excluyente y elitista del transporte toda vez que, en lugar de construir un servicio público accesible al conjunto de la sociedad, el subte acaba siendo un medio atractivo únicamente para quienes tienen la posibilidad de abonar una tarifa que aumenta constantemente y en proporciones exorbitantes. Y asimismo, vale decirlo, son parte de un incremente intensivo y generalizado de tarifas promovido por la administración porteña: del ABL, superior al 1200 por ciento desde 2007 a la fecha; de peajes de autopistas, superior al 600 por ciento; o de taxis, superior al 250 por ciento.
Pero aun construyendo un transporte para pocos, la gestión de Mauricio Macri ofrece un servicio de bajísima calidad, como bien observaron los metrodelegados. Los vagones y andenes colapsados, las aún incumplidas promesas de adquisiciones significativas de nuevos trenes o la preocupante demora en ampliar la red son la evidente consecuencia de los alarmantes índices de subejecución presupuestaria. Según informes especializados, durante 2012 fue ejecutado menos del 60 por ciento del presupuesto destinado a extender la red del subte y, en 2013, menos del 12 por ciento del presupuesto para obras. Como se observa, la ineficiencia que ha caracterizado la gestión de Macri en la gran mayoría de las áreas de gobierno también ha distinguido su administración del subte.
En este marco, les resultará ciertamente más difícil a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicar de qué modo pretenden descongestionar las calles porteñas y desincentivar el uso del transporte terrestre, si obstaculizan la utilización de otros medios, como el subterráneo.
Las alternativas a este modo de gestión son claras. Como nos negamos profundamente a concebir al subte de otro modo que no sea el de un servicio público accesible a todos los sectores sociales, consideramos que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la posibilidad de su utilización a toda la sociedad, a través del mantenimiento de una tarifa subsidiada.
Y como creemos firmemente que para mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas y descongestionar las calles de Buenos Aires debemos propiciar el uso de medios de transporte alternativos a los terrestres, una propuesta seria de gestión debe promover la mejora urgente de la calidad del servicio, la extensión de la red y la ampliación y renovación de los trenes.
Estamos convencidos de que sólo de este modo podremos contribuir a la construcción de una ciudad más justa e inclusiva.
* Legislador CABA. Bloque Nuevo Encuentro.
14/01/14 Página|12
A través del nuevo incremento en la tarifa del subte que Mauricio Macri se dispone a aprobar a principios de febrero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa construyendo un servicio de transporte cada vez más excluyente.
Apenas dos meses después de haber aumentado la tarifa del subte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció durante los primeros días de 2014 un nuevo incremento, que llevará el precio del boleto a $ 4,50. De este modo, Mauricio Macri se dispone a alcanzar un nuevo “record” de gestión: el crecimiento en más de un 400 por ciento del costo del viaje desde que finalmente se hizo cargo del subterráneo, en enero de 2012.
La suba intentó ser explicada por las autoridades del gobierno porteño como una consecuencia del “aumento de costos debido a un creciente proceso inflacionario”, pero difícilmente pueda justificarse desde alguno de los múltiples índices que miden la inflación: ni acudiendo a los más exagerados, ni mucho menos a la propia previsión que el Gobierno de la Ciudad fijó en su presupuesto para 2014, de 24 por ciento. A su vez, también fue comparada con el reciente incremento del boleto de colectivo fijada por el Estado Nacional, pero la tasa promedio de incremento de dicho valor desde 2003 a la fecha (apenas superior al 12 por ciento anual acumulado) resulta notablemente menor si se la confronta con la tasa superior al 200 por ciento anual de crecimiento de la tarifa del subte, desde que la administración pasó a manos de la Ciudad. El boleto de colectivo pasó de $ 0,80 a $ 2,50 en un lapso de diez años, mientras que la del subte era de $ 1,10 hace dos años y ahora la quieren llevar a $ 4,50.
Por otra parte, el supuesto beneficio para los usuarios frecuentes a través de una tarifa “escalonada” resulta, a decir verdad, bastante poco generoso, no sólo porque el esquema de reducción del precio del boleto de acuerdo con la cantidad de viajes deriva en una disminución de costos poco significativa para el pasajero, sino porque tampoco contempla específicamente el caso de aquellos trabajadores que utilizan el subte repetidas veces en un mismo día durante toda la semana (incluyendo por caso los sábados).
Sin embargo, debemos reconocerlo, al macrismo no le ha faltado coherencia ideológica en este aspecto. Estas decisiones son perfectamente compatibles con una concepción excluyente y elitista del transporte toda vez que, en lugar de construir un servicio público accesible al conjunto de la sociedad, el subte acaba siendo un medio atractivo únicamente para quienes tienen la posibilidad de abonar una tarifa que aumenta constantemente y en proporciones exorbitantes. Y asimismo, vale decirlo, son parte de un incremente intensivo y generalizado de tarifas promovido por la administración porteña: del ABL, superior al 1200 por ciento desde 2007 a la fecha; de peajes de autopistas, superior al 600 por ciento; o de taxis, superior al 250 por ciento.
Pero aun construyendo un transporte para pocos, la gestión de Mauricio Macri ofrece un servicio de bajísima calidad, como bien observaron los metrodelegados. Los vagones y andenes colapsados, las aún incumplidas promesas de adquisiciones significativas de nuevos trenes o la preocupante demora en ampliar la red son la evidente consecuencia de los alarmantes índices de subejecución presupuestaria. Según informes especializados, durante 2012 fue ejecutado menos del 60 por ciento del presupuesto destinado a extender la red del subte y, en 2013, menos del 12 por ciento del presupuesto para obras. Como se observa, la ineficiencia que ha caracterizado la gestión de Macri en la gran mayoría de las áreas de gobierno también ha distinguido su administración del subte.
En este marco, les resultará ciertamente más difícil a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicar de qué modo pretenden descongestionar las calles porteñas y desincentivar el uso del transporte terrestre, si obstaculizan la utilización de otros medios, como el subterráneo.
Las alternativas a este modo de gestión son claras. Como nos negamos profundamente a concebir al subte de otro modo que no sea el de un servicio público accesible a todos los sectores sociales, consideramos que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la posibilidad de su utilización a toda la sociedad, a través del mantenimiento de una tarifa subsidiada.
Y como creemos firmemente que para mejorar la calidad de vida de los porteños y porteñas y descongestionar las calles de Buenos Aires debemos propiciar el uso de medios de transporte alternativos a los terrestres, una propuesta seria de gestión debe promover la mejora urgente de la calidad del servicio, la extensión de la red y la ampliación y renovación de los trenes.
Estamos convencidos de que sólo de este modo podremos contribuir a la construcción de una ciudad más justa e inclusiva.
* Legislador CABA. Bloque Nuevo Encuentro.
14/01/14 Página|12
El represor al que le gustaba salir por televisión
Ya tiene fecha el juicio al represor que le gustaba salir por televisión
Por Ricardo Ragendorfer
El comisario Edgardo Mastrandrea en el banquillo. Fue líder de los policías bonaerenses exonerados por Arslanian y presumía ser un especialista en seguridad. Una víctima de la dictadura lo reconoció en un noticiero como uno de sus captores. Ahora, su suerte ya está echada.
El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1, de Rosario, acaba de informar que el 14 de marzo comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino, bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura. Se basa en ocho expedientes conexos con 70 víctimas. El lote de los acusados incluye el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, otros dos militares y un par de policías; entre ellos, un viejo conocido del espíritu público: el comisario Edgardo Mastrandrea. No es, ese, por cierto, su único desvelo penal. El afamado ex oficial de la Bonaerense también está procesado junto a otros siete represores en una causa –ya elevada a juicio oral– sobre casos de secuestros, torturas y ejecuciones en la ciudad de Junín. Tal vez ese hombre, tan afecto a exhibirse por la pantalla chica, jamás haya imaginado para sí un destino semejante.
Al respecto, una escena del invierno de 2000 que, en perspectiva histórica, bien podría ser considerada como un gran momento de la televisión argentina. Promediaba el tercer bloque de un programa conducido por Sergio Rubín en una señal de cable, cuando el comisario Mario Naldi, un ícono de la Maldita Policía, guapeó con la siguiente frase: "A mí jamás me pudieron probar nada." Alguien le había preguntado sobre su presunto rol en el aparato represivo del régimen militar. El otro invitado –por su condición de experto en seguridad– era Mastrandrea. Y en ese instante, palideció; algo lo incomodaba. La razón afloraría muchos años después: el tipo fue arrestado el 15 de abril de 2010 por el juez federal Daniel Rafecas debido a sus tareas en el centro clandestino de exterminio que funcionaba en la Comisaría 1ª de Junín.
FIGURACIÓN O MUERTE. Los orígenes policiales de Mastrandrea como oficial pueblerino en pequeñas ciudades de Buenos Aires fueron desdibujados por el tiempo. A finales de los años setenta, ya con grado de oficial principal, recaló en La Plata como jefe del turno noche de la Dirección General de Seguridad. Entre sus atribuciones, estaba la de atender el teléfono. "Soy el telefonista más caro de la policía", solía jactarse con una pícara sonrisa, mientras aprovechaba las horas muertas de la madrugada para avanzar en sus estudios de Derecho. En 1979 obtuvo el diploma en la Universidad Católica.
Una década después, la vida le sonreía. Designado al frente de la Delegación Berazategui de Narcotráfico, el "Gordo" –tal como sus allegados lo llamaban– contaba con cierto predicamento entre el personal de la Bonaerense. Además, ejercía su profesión de abogado y era profesor en la Universidad de La Plata. Lo cierto es que, por entonces, tuvo alguna desinteligencia con el jefe de esa Dirección General, al que acusó de irregularidades.
Este era nada menos que el comisario Pedro Klodczyk. La denuncia en cuestión también alcanzó a otros comisarios. Pero todos ellos salieron indemnes del asunto. Indemnes y con una cuenta a cobrar. Tanto es así que, en noviembre de 1991, luego de que el gobernador Eduardo Duhalde llevara a Klodczyk a la cima de la Bonaerense, el flamante jefe barrió a Mastrandrea de un plumazo. El motivo: brindar protección a una red de casinos clandestinos en La Plata. La acusación era veraz. El Gordo había incurrido en la doble traición de señalar ante la justicia a sus propios camaradas y, al mismo tiempo, ejercer actividades ilícitas sin socializar los dividendos con la corporación. Algo inadmisible.
Asimilado de modo forzoso a la vida civil, Mastrandrea se transformaría en una suerte de Ave Fénix, pero en clave de thriller. Es que ese sujeto de vientre prominente y mirada huidiza no tardó en tener entre el público una excelente acogida. Sin que se le moviera un solo músculo del rostro, el tipo se definía como un objetor de conciencia. Un perseguido por las alimañas que se habían apoderado de la fuerza. Con semejante disfraz, su figura supo fatigar estudios de televisión y foros de toda índole, en los que, con envidiable cintura, exhibía múltiples roles y virtudes: experto en seguridad, pretendido referente sindical de los uniformados y adalid en la lucha contra la corrupción policial.
Hasta tenía un discurso en defensa de los Derechos Humanos. Pero sin extraviar su carisma cuartelero. Este don, en particular, le facilitó su voluntad por liderar a Los Sin Gorra, un colectivo de policías exonerados. Con ellos encabezó en junio de 2004 un violento copamiento del Ministerio de Seguridad –con rotura de vidrios, tiros al aire y palazos– en franco repudio a las reformas de León Arslanian. Su glamour republicano, a su vez, hizo que ciertos especímenes de la clase política repararan en él. Tal fue el caso de la recordada Lilita Carrió, quien durante la campaña electoral de 2007 lo sumó como asesor. En esas felices circunstancias, alguien lo reconoció por televisión.
EL PASADO NUNCA MUERE. Podría decirse que, en su situación, otro hubiera cultivado un bajo perfil. Pero a Mastrandrea la vanidad le jugó una mala pasada. Seguramente comprendería que sus ansias por la trascendencia fueron para él una trampa, cuando un ex alumno del Colegio Don Bosco, de San Nicolás, reconoció en su estampa, irradiada por un televisor, al joven oficial de la Comisaría 1º de Junín que tres décadas antes había participado en el secuestro de un grupo de estudiantes.
El ex alumno en cuestión, José María Bugassi, no daba crédito a sus ojos al ver por la pantalla al antiguo represor en un acto de la Coalición Cívica; allí, a viva voz, proclamó "los ejes de una propuesta de seguridad sólida para construir una sociedad más segura". Detrás de él, los dirigentes Adrián Pérez, Elsa Quiroz y Marta Maffei aplaudían a rabiar.
El siguiente paso de Bugassi fue presentar con sus abogadas –Ana Oberlín y Nadia Schujman– un escrito para pedir su inmediata detención e indagatoria, solicitud a la que luego se acoplaron el fiscal federal Patricio Murray y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Elisa Carca, ex legisladora y referente de la Coalición Cívica en San Nicolás, intentó extinguir el incendio partidario al comunicar que Mastrandrea "no estaba entre los candidatos del espacio".
Los secuestrados del Colegio Don Bosco tenían entre 16 y 22 años y eran alumnos o egresados. De ese grupo nunca volvió a saberse de Gerardo Cámpora, Carlos Farayi, las hermanas Rosa y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Regina Spotti, María Rosa Baronio, Jorge Luis Reale y Carlos Alberto Grande. Por su parte, Pablo Martínez y Bugassi estuvieron privados de la libertad por un mes, para ser luego blanqueados en Junín. Mastrandrea, con grado de oficial inspector, era tercero en la jerarquía de la comisaría. Y fue quien les tomó declaración, además de presionarlos con amenazas y golpes.
Testimonios de otros testigos lo describen como integrante de la patota operativa. Entre sus cómplices estaba el subinspector Julio Ángel Esterlich, quien formaba parte del grupo encargado de los secuestros, y el inspector Francisco Silvio Manzanares. En la misma causa figura el ex coronel Ángel José Gómez Pola, a cargo de los centros clandestinos que funcionaron en Junín, y el ex comisario Abel Oscar Bracken, además del ex subinspector Miguel Ángel Almirón y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, quien "controlaba los signos vitales" de los detenidos torturados.
Mastrandrea fue indagado en 2007 por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien –sin otro motivo que el de su proverbial garantismo con los represores– le concedió la excarcelación. Ya se sabe que, tres años después, Rafecas dispuso su arresto en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. Pero el encierro, al parecer, no le resultó duradero.
Ello se desprende de un artículo del portal Bonaerenses en Acción –editado por el propio Mastrandrea–, cuyas fotos lo muestran el 2 de noviembre de 2013 junto al monumento en La Plata que honra a los "camaradas de armas caídos en el cumplimiento del deber". En esa ocasión, el viejo represor, junto a otros tres comisarios jubilados, colocó una corona de laureles al pie de esa diminuta pirámide. Lo hizo por cuenta del autodenominado Movimiento por la Dignificación del Personal Policial (MODIPO), un sello de su creación. Según el registro gráfico, nada parece quedar de aquel hombre enérgico y sanguíneo; por el contrario, Mastrandrea luce ahora como un anciano enfermo y quebradizo. Tal vez ello haya incidido en su beneficio de aguardar la condena en libertad.
El banquillo de los acusados es ahora su próximo sitial.
Verdugos con el ego encendido
Mastrandrea no fue el único represor caído en desgracia por su sed de trascendencia. El dirigente macrista de San Martín, Ignacio Arcidiácono, tuvo un problema similar. En los meses previos al golpe de 1976 integró la delegación cordobesa de la Policía Federal y fue señalado como colaborador del Comando Libertadores de América. No obstante, él insistía en fotografiarse con figuras políticas, imprimía afiches con su rostro y soñaba con gobernar.
Dos artículos publicados en 2007 –por el diario Página/12 y la revista 7 Días- pusieron su pasado al desnudo. Aún sigue impune. No fue ese el caso de Julio Cirino, un analista internacional con cátedras en universidades privadas, conferencias, congresos y apariciones televisivas. En 2008, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, hizo trizas aquella impostura, al identificarlo como uno de los jefes ocultos del Batallón 601 de Inteligencia. Desde entonces reside en el penal de Marcos Paz.
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Por Ricardo Ragendorfer
El comisario Edgardo Mastrandrea en el banquillo. Fue líder de los policías bonaerenses exonerados por Arslanian y presumía ser un especialista en seguridad. Una víctima de la dictadura lo reconoció en un noticiero como uno de sus captores. Ahora, su suerte ya está echada.
El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1, de Rosario, acaba de informar que el 14 de marzo comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino, bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura. Se basa en ocho expedientes conexos con 70 víctimas. El lote de los acusados incluye el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, otros dos militares y un par de policías; entre ellos, un viejo conocido del espíritu público: el comisario Edgardo Mastrandrea. No es, ese, por cierto, su único desvelo penal. El afamado ex oficial de la Bonaerense también está procesado junto a otros siete represores en una causa –ya elevada a juicio oral– sobre casos de secuestros, torturas y ejecuciones en la ciudad de Junín. Tal vez ese hombre, tan afecto a exhibirse por la pantalla chica, jamás haya imaginado para sí un destino semejante.
Al respecto, una escena del invierno de 2000 que, en perspectiva histórica, bien podría ser considerada como un gran momento de la televisión argentina. Promediaba el tercer bloque de un programa conducido por Sergio Rubín en una señal de cable, cuando el comisario Mario Naldi, un ícono de la Maldita Policía, guapeó con la siguiente frase: "A mí jamás me pudieron probar nada." Alguien le había preguntado sobre su presunto rol en el aparato represivo del régimen militar. El otro invitado –por su condición de experto en seguridad– era Mastrandrea. Y en ese instante, palideció; algo lo incomodaba. La razón afloraría muchos años después: el tipo fue arrestado el 15 de abril de 2010 por el juez federal Daniel Rafecas debido a sus tareas en el centro clandestino de exterminio que funcionaba en la Comisaría 1ª de Junín.
FIGURACIÓN O MUERTE. Los orígenes policiales de Mastrandrea como oficial pueblerino en pequeñas ciudades de Buenos Aires fueron desdibujados por el tiempo. A finales de los años setenta, ya con grado de oficial principal, recaló en La Plata como jefe del turno noche de la Dirección General de Seguridad. Entre sus atribuciones, estaba la de atender el teléfono. "Soy el telefonista más caro de la policía", solía jactarse con una pícara sonrisa, mientras aprovechaba las horas muertas de la madrugada para avanzar en sus estudios de Derecho. En 1979 obtuvo el diploma en la Universidad Católica.
Una década después, la vida le sonreía. Designado al frente de la Delegación Berazategui de Narcotráfico, el "Gordo" –tal como sus allegados lo llamaban– contaba con cierto predicamento entre el personal de la Bonaerense. Además, ejercía su profesión de abogado y era profesor en la Universidad de La Plata. Lo cierto es que, por entonces, tuvo alguna desinteligencia con el jefe de esa Dirección General, al que acusó de irregularidades.
Este era nada menos que el comisario Pedro Klodczyk. La denuncia en cuestión también alcanzó a otros comisarios. Pero todos ellos salieron indemnes del asunto. Indemnes y con una cuenta a cobrar. Tanto es así que, en noviembre de 1991, luego de que el gobernador Eduardo Duhalde llevara a Klodczyk a la cima de la Bonaerense, el flamante jefe barrió a Mastrandrea de un plumazo. El motivo: brindar protección a una red de casinos clandestinos en La Plata. La acusación era veraz. El Gordo había incurrido en la doble traición de señalar ante la justicia a sus propios camaradas y, al mismo tiempo, ejercer actividades ilícitas sin socializar los dividendos con la corporación. Algo inadmisible.
Asimilado de modo forzoso a la vida civil, Mastrandrea se transformaría en una suerte de Ave Fénix, pero en clave de thriller. Es que ese sujeto de vientre prominente y mirada huidiza no tardó en tener entre el público una excelente acogida. Sin que se le moviera un solo músculo del rostro, el tipo se definía como un objetor de conciencia. Un perseguido por las alimañas que se habían apoderado de la fuerza. Con semejante disfraz, su figura supo fatigar estudios de televisión y foros de toda índole, en los que, con envidiable cintura, exhibía múltiples roles y virtudes: experto en seguridad, pretendido referente sindical de los uniformados y adalid en la lucha contra la corrupción policial.
Hasta tenía un discurso en defensa de los Derechos Humanos. Pero sin extraviar su carisma cuartelero. Este don, en particular, le facilitó su voluntad por liderar a Los Sin Gorra, un colectivo de policías exonerados. Con ellos encabezó en junio de 2004 un violento copamiento del Ministerio de Seguridad –con rotura de vidrios, tiros al aire y palazos– en franco repudio a las reformas de León Arslanian. Su glamour republicano, a su vez, hizo que ciertos especímenes de la clase política repararan en él. Tal fue el caso de la recordada Lilita Carrió, quien durante la campaña electoral de 2007 lo sumó como asesor. En esas felices circunstancias, alguien lo reconoció por televisión.
EL PASADO NUNCA MUERE. Podría decirse que, en su situación, otro hubiera cultivado un bajo perfil. Pero a Mastrandrea la vanidad le jugó una mala pasada. Seguramente comprendería que sus ansias por la trascendencia fueron para él una trampa, cuando un ex alumno del Colegio Don Bosco, de San Nicolás, reconoció en su estampa, irradiada por un televisor, al joven oficial de la Comisaría 1º de Junín que tres décadas antes había participado en el secuestro de un grupo de estudiantes.
El ex alumno en cuestión, José María Bugassi, no daba crédito a sus ojos al ver por la pantalla al antiguo represor en un acto de la Coalición Cívica; allí, a viva voz, proclamó "los ejes de una propuesta de seguridad sólida para construir una sociedad más segura". Detrás de él, los dirigentes Adrián Pérez, Elsa Quiroz y Marta Maffei aplaudían a rabiar.
El siguiente paso de Bugassi fue presentar con sus abogadas –Ana Oberlín y Nadia Schujman– un escrito para pedir su inmediata detención e indagatoria, solicitud a la que luego se acoplaron el fiscal federal Patricio Murray y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Elisa Carca, ex legisladora y referente de la Coalición Cívica en San Nicolás, intentó extinguir el incendio partidario al comunicar que Mastrandrea "no estaba entre los candidatos del espacio".
Los secuestrados del Colegio Don Bosco tenían entre 16 y 22 años y eran alumnos o egresados. De ese grupo nunca volvió a saberse de Gerardo Cámpora, Carlos Farayi, las hermanas Rosa y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Regina Spotti, María Rosa Baronio, Jorge Luis Reale y Carlos Alberto Grande. Por su parte, Pablo Martínez y Bugassi estuvieron privados de la libertad por un mes, para ser luego blanqueados en Junín. Mastrandrea, con grado de oficial inspector, era tercero en la jerarquía de la comisaría. Y fue quien les tomó declaración, además de presionarlos con amenazas y golpes.
Testimonios de otros testigos lo describen como integrante de la patota operativa. Entre sus cómplices estaba el subinspector Julio Ángel Esterlich, quien formaba parte del grupo encargado de los secuestros, y el inspector Francisco Silvio Manzanares. En la misma causa figura el ex coronel Ángel José Gómez Pola, a cargo de los centros clandestinos que funcionaron en Junín, y el ex comisario Abel Oscar Bracken, además del ex subinspector Miguel Ángel Almirón y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, quien "controlaba los signos vitales" de los detenidos torturados.
Mastrandrea fue indagado en 2007 por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien –sin otro motivo que el de su proverbial garantismo con los represores– le concedió la excarcelación. Ya se sabe que, tres años después, Rafecas dispuso su arresto en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. Pero el encierro, al parecer, no le resultó duradero.
Ello se desprende de un artículo del portal Bonaerenses en Acción –editado por el propio Mastrandrea–, cuyas fotos lo muestran el 2 de noviembre de 2013 junto al monumento en La Plata que honra a los "camaradas de armas caídos en el cumplimiento del deber". En esa ocasión, el viejo represor, junto a otros tres comisarios jubilados, colocó una corona de laureles al pie de esa diminuta pirámide. Lo hizo por cuenta del autodenominado Movimiento por la Dignificación del Personal Policial (MODIPO), un sello de su creación. Según el registro gráfico, nada parece quedar de aquel hombre enérgico y sanguíneo; por el contrario, Mastrandrea luce ahora como un anciano enfermo y quebradizo. Tal vez ello haya incidido en su beneficio de aguardar la condena en libertad.
El banquillo de los acusados es ahora su próximo sitial.
Verdugos con el ego encendido
Mastrandrea no fue el único represor caído en desgracia por su sed de trascendencia. El dirigente macrista de San Martín, Ignacio Arcidiácono, tuvo un problema similar. En los meses previos al golpe de 1976 integró la delegación cordobesa de la Policía Federal y fue señalado como colaborador del Comando Libertadores de América. No obstante, él insistía en fotografiarse con figuras políticas, imprimía afiches con su rostro y soñaba con gobernar.
Dos artículos publicados en 2007 –por el diario Página/12 y la revista 7 Días- pusieron su pasado al desnudo. Aún sigue impune. No fue ese el caso de Julio Cirino, un analista internacional con cátedras en universidades privadas, conferencias, congresos y apariciones televisivas. En 2008, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, hizo trizas aquella impostura, al identificarlo como uno de los jefes ocultos del Batallón 601 de Inteligencia. Desde entonces reside en el penal de Marcos Paz.
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Nuestra mayor matanza obrera invisibilizada
Por Jorge Muracciole
La salvaje represión de enero de 1919 que se inició contra trabajadores de la Metalúrgica Vasena en conflicto: el saldo fue de entre 700 y 2000 víctimas, según las fuentes. A fines del año 1918, el mundo occidental salía de la peor de las guerras. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, se desarrolló la más cruenta de las aventuras bélicas generadas por la puja imperial En pleno crecimiento de las fuerzas productivas del capitalismo mundial, 9 millones de seres humanos perdieron sus vidas en las trincheras de la vieja Europa.
A fines del año 1918, el mundo occidental salía de la peor de las guerras. Del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, se desarrolló la más cruenta de las aventuras bélicas generadas por la puja imperial En pleno crecimiento de las fuerzas productivas del capitalismo mundial, 9 millones de seres humanos perdieron sus vidas en las trincheras de la vieja Europa. En simultáneo los desheredados del planeta fijaban su atención en el devenir de la primera revolución obrera victoriosa, la democracia soviética emergía de la sin razón bélica con las legítimas consignas de Paz, Pan y Tierra en octubre de 1917, y la situación insurreccional de Alemania instalaba en enero de 1919 a la liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo, en las portadas de los periódicos del mundo.
A miles de kilómetros del otro lado del Océano Atlántico, una multitud de emigrados de las regiones más diversas siguieron atentos a través de la prensa los acontecimientos europeos. En Buenos Aires, se concentraba gran parte de una población que en el conjunto de la República Argentina –según datos de comienzos de la década– superaba los 7 millones habitantes, de los cuales había más de 2 millones de inmigrantes. Las condiciones de vida de estos cientos de miles de obreros eran por demás precarias, se hacinaban en conventillos donde subalquilaban una habitación de cuatro por cuatro, subsistiendo con toda su prole, con un baño para decenas de familias y una letrina compartida por todo el inquilinato. Las condiciones laborales eran en extremo duras, en los talleres metalúrgicos y textiles se trabajaba no menos de 12 horas, de lunes a sábado, con salarios de subsistencia. En ese caldo de cultivo, las ideas de insubordinación obrera, del anarquismo y socialismo, se expandieron como reguero de pólvora.
Desde fines del siglo XIX, las formas de lucha del proletariado europeo se fueron transformando en la herramienta idónea para morigerar los niveles de súper explotación. La huelga, el boicot y los piquetes, sumados a las grandes manifestaciones del 1º de Mayo en recordatorio de los mártires de Chicago eran ya parte de la escenografía urbana de la ciudad puerto. Años antes ya había habido confrontaciones de magnitud con las fuerzas represivas, la huelga de inquilinos de agosto de 1907 –con tres meses de duración– o la Semana Roja de mayo de 1909, con decenas de muertos centenares de encarcelados y deportados, fueron los antecedentes de un acontecimiento olvidado por las historia, e invisibilizado por los partidos mayoritarios de mayor incidencia de la institucionalidad democrática a lo largo del siglo XX.
Pero cuáles han sido las razones para invisibilizar en los textos de historia escolares, en la prensa en general y borrar de la memoria histórica de los habitantes de Buenos Aires, la matanza obrera más vergonzosa del siglo veinte?
El martes 7 de enero de un tórrido verano de 1919, en uno de los tantos conflictos obreros por la reducción de la jornada laboral a 8 horas, los 2000 obreros de la Metalúrgica Vasena, en Parque de los Patricios, luchaban desde hacía un mes por un aumento salarial del 30%, el fin del trabajo a destajo, el pago de horas extras, y el incremento extra del 100% al trabajo dominical.
En uno de los piquetes obreros en la barriada de Nueva Pompeya, se intentó impedir el tránsito de un carro con materia prima que se dirigía de los depósitos a la fábrica ubicada en la manzana de la actual Plaza Martín Fierro en la confluencia de las calles Rioja, Cochabamba , Urquiza y Oruro. Ante el accionar de los obreros en conflicto, las fuerzas policiales parapetadas en la escuela cercana a la factoría en la Avenida Amancio Alcorta iniciaron el fuego de sus fusiles Mauser y escopetas Winchester, siendo repelidos desde los potreros y las casas de la zona por la autodefensa obrera. Según los textos de Julio Godio y Horacio Silva los enfrentamientos duraron cerca de dos horas. Con el luctuoso saldo de cuatro muertos, entre ellos un joven de 18 años, Juan Fiorini, que murió tomando mates en el patio de su casa por una bala perdida de Mauser en su casilla de la calle Elias 1153. La consternación en la barriada y en las filas obreras fue de tal magnitud que las organizaciones más representativas la FORA, Quinto y Noveno Congreso, de orientación anarquista y sindicalista, llamaron a acompañar el entierro de los muertos con un cese de actividades de protesta para el miércoles 8 y jueves 9 de enero. Ese jueves, cuando cientos de miles de obreros y vecinos se dirigían en el cortejo fúnebre con los féretros de los muertos a la Chacarita, en la intersección de la Avenida Corrientes y Yatay, la fusilería de la policía impactó en la muchedumbre. Se generó un conato que concluyó con una decena de muertos y el incendio de parte de la Iglesia. Al llegar la multitud a la Chacarita, se cerraron las puertas y comenzaron los disparos de fusiles a mansalva por la policía, y la ofensiva de los cosacos de la montada persiguiendo al gentío por dentro del camposanto, generando el caos en los presentes y quedando los cadáveres sin sepultar. En ese mismo día tomaba intervención en la crisis el teniente general Luis Dellepiane, que había participado en el intento revolucionario de los radicales de 1905. Era nombrado comandante de las fuerzas militares de ocupación de la ciudad de Buenos Aires, por el presidente Hipólito Yrigoyen. Las jornadas siguientes, con la efectivización de la huelga general y la represión de las tropas de infanteria del Ejército, los cosacos de la montada y los guardias blancos, formados por los niños bien de la Liga Patriótica, comenzaron la cacería de huelguistas extranjeros, casa por casa.
Perpetrándose los máximos niveles represivos, con los Pogrom en el barrio del Once, atacando diversas organizaciones obreros judías, y constituyéndose en una de las páginas más sangrientas y vergonzosas del poder sin límites de las clases adineradas de la ciudad de Buenos Aires. El saldo luctuoso de la matanza obrera varía según las fuentes, entre 700 (informes de la embajada inglesa) a más de 2000, como figura en los periódicos La Protesta Humana, y La Vanguardia.
Como se pregunta en el prólogo del libro Días rojos verano negro, Osvaldo Bayer al querer "explicar lo inexplicable, (...) ¿cómo un gobierno popular votado por las mayorías haya cometido un crimen tan atroz en aquel enero de 1919". Quizás la respuesta sea: desbordado por los acontecimientos, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, fue fiel en última instancia, a su naturaleza de clase.
Infonews
Cuestionan a un juez por otorgar prisión domiciliaria a ex magistrado procesado
Por Gerardo Aranguren
Familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado enviaron una carta al responsable de la decisión en la que lo acusan de violar las normas sugeridas para los casos de lesa humanidad. La medida fue apelada por los fiscales.
Familiares y víctimas del terrorismo de Estado en Chaco cuestionaron la decisión del juez federal Carlos Skidelsky de beneficiar con prisión domiciliaria al ex juez Luis Ángel Córdoba, procesado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La decisión ya fue apelada por la fiscalía federal y espera resolución de la Cámara Federal de Chaco.
En una carta enviada al magistrado, reclamaron que se revise la decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud al ex juez, procesado por garantizar la impunidad y no investigar los casos de nueve presos políticos que se encontraban a disposición de su juzgado.
El texto lleva la firma de Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, asesinado en la Masacre de Margarita Belén, y Néstor Mendoza, ambos ex presos políticos en la última dictadura y testigos en los juicios Caballero Residual y Margarita Belén, que se realizaron en Chaco.
La carta dirigida a Skideslky cuestiona las "resoluciones que toma de carácter espasmódicas", como la que decidió días atrás "desencarcelar al ex Juez Luis Ángel Córdoba".
"Él estará gozoso de que usted lo beneficiara con ir a su domicilio por un supuesto enfisema pulmonar y problemas respiratorios, sin tomar en cuenta los Informes de los peritos de la Corte Suprema y las recomendaciones del Ministerio de Justicia en cuanto al otorgamiento de las prisiones domiciliarias en vez de estar en prisión de máxima peligrosidad en el complejo de Ezeiza", consideraron, y criticaron la decisión como "una clara violación de normas sugeridas en numerosos casos que dice que sólo en situaciones que no puedan ser atendidas por los hospitales del Servicio Penitenciario Federal y por su extrema gravedad puede ser derivado a un nosocomio, pero no a su casa".
Por último, consideraron que la decisión del juez chaqueño responde al corporativismo judicial y advirtieron que pedirán su apartamiento si persisten esos "fallos impropios".
El beneficio de la prisión domiciliaria al ex juez ya fue apelado por la fiscalía federal de Chaco, a cargo de Patricio Sabadini y Diego Vigay, quienes solicitaron, por el riesgo de fuga, que se ordene la detención de Córdoba en el Penal de Ezeiza, donde contará con atención médica en el Hospital de alta complejidad para atender sus problemas de salud.
El ex juez está acusado junto al ex fiscal federal Roberto Mazzoni de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en nueve hechos ocurridos en la última dictadura.
El año pasado, sus procesamientos ya quedaron firmes luego de que la Cámara Federal de Chaco rechazara sus apelaciones y confirmara las acusaciones que pesan sobre ellos, aunque también dictó la falta de mérito por asociación ilícita que había requerido el Ministerio Público.
En el corto plazo se espera que la fiscalía realice el requerimiento de elevación a juicio para lograr que a fines de este mismo año comience el debate oral con los ex funcionarios judiciales chaqueños sentados en el banquillo de los acusados.
Objetan permiso a represor
Organismos de derechos humanos repudiaron ayer la autorización otorgada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para que un procesado por delitos de lesa humanidad pueda realizar el cruce de los Andes. Se trata del teniente coronel retirado Víctor Hugo Rodríguez, procesado (aunque en libertad) en la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi.
A fines del año pasado, el ex jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario solicitó la autorización judicial para viajar a Mendoza desde el 16 de enero hasta el 26 de enero de 2014 para realizar el cruce a Chile. A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan y de la posibilidad de fuga, Villafuerte Ruzo habilitó sus vacaciones.
La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás y la agrupación H.I.J.O.S. Rosario pidieron que se le revoque el permiso. "Señor Juez, no permitamos más la farsa y la impunidad de este represor, que Rodríguez no imita a San Martín, sino que es un cobarde represor que quiere fugarse a Chile para evitar que la justicia lo ubique en el lugar que le corresponde: la cárcel”, señalaron los organismos.
Lo mismo reclamó la semana pasada el fiscal del caso, Wenceslao Insúa, para que Villafuerte Ruzo de marcha atrás con el permiso.
Imputación
Córdoba fue procesado por garantizar la impunidad y no investigar los casos de nueve presos políticos que se encontraban a disposición de su juzgado, en la dictadura.
Tiempo Argentino
Familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado enviaron una carta al responsable de la decisión en la que lo acusan de violar las normas sugeridas para los casos de lesa humanidad. La medida fue apelada por los fiscales.
Familiares y víctimas del terrorismo de Estado en Chaco cuestionaron la decisión del juez federal Carlos Skidelsky de beneficiar con prisión domiciliaria al ex juez Luis Ángel Córdoba, procesado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La decisión ya fue apelada por la fiscalía federal y espera resolución de la Cámara Federal de Chaco.
En una carta enviada al magistrado, reclamaron que se revise la decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud al ex juez, procesado por garantizar la impunidad y no investigar los casos de nueve presos políticos que se encontraban a disposición de su juzgado.
El texto lleva la firma de Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, asesinado en la Masacre de Margarita Belén, y Néstor Mendoza, ambos ex presos políticos en la última dictadura y testigos en los juicios Caballero Residual y Margarita Belén, que se realizaron en Chaco.
La carta dirigida a Skideslky cuestiona las "resoluciones que toma de carácter espasmódicas", como la que decidió días atrás "desencarcelar al ex Juez Luis Ángel Córdoba".
"Él estará gozoso de que usted lo beneficiara con ir a su domicilio por un supuesto enfisema pulmonar y problemas respiratorios, sin tomar en cuenta los Informes de los peritos de la Corte Suprema y las recomendaciones del Ministerio de Justicia en cuanto al otorgamiento de las prisiones domiciliarias en vez de estar en prisión de máxima peligrosidad en el complejo de Ezeiza", consideraron, y criticaron la decisión como "una clara violación de normas sugeridas en numerosos casos que dice que sólo en situaciones que no puedan ser atendidas por los hospitales del Servicio Penitenciario Federal y por su extrema gravedad puede ser derivado a un nosocomio, pero no a su casa".
Por último, consideraron que la decisión del juez chaqueño responde al corporativismo judicial y advirtieron que pedirán su apartamiento si persisten esos "fallos impropios".
El beneficio de la prisión domiciliaria al ex juez ya fue apelado por la fiscalía federal de Chaco, a cargo de Patricio Sabadini y Diego Vigay, quienes solicitaron, por el riesgo de fuga, que se ordene la detención de Córdoba en el Penal de Ezeiza, donde contará con atención médica en el Hospital de alta complejidad para atender sus problemas de salud.
El ex juez está acusado junto al ex fiscal federal Roberto Mazzoni de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en nueve hechos ocurridos en la última dictadura.
El año pasado, sus procesamientos ya quedaron firmes luego de que la Cámara Federal de Chaco rechazara sus apelaciones y confirmara las acusaciones que pesan sobre ellos, aunque también dictó la falta de mérito por asociación ilícita que había requerido el Ministerio Público.
En el corto plazo se espera que la fiscalía realice el requerimiento de elevación a juicio para lograr que a fines de este mismo año comience el debate oral con los ex funcionarios judiciales chaqueños sentados en el banquillo de los acusados.
Objetan permiso a represor
Organismos de derechos humanos repudiaron ayer la autorización otorgada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para que un procesado por delitos de lesa humanidad pueda realizar el cruce de los Andes. Se trata del teniente coronel retirado Víctor Hugo Rodríguez, procesado (aunque en libertad) en la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi.
A fines del año pasado, el ex jefe de sección del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario solicitó la autorización judicial para viajar a Mendoza desde el 16 de enero hasta el 26 de enero de 2014 para realizar el cruce a Chile. A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan y de la posibilidad de fuga, Villafuerte Ruzo habilitó sus vacaciones.
La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás y la agrupación H.I.J.O.S. Rosario pidieron que se le revoque el permiso. "Señor Juez, no permitamos más la farsa y la impunidad de este represor, que Rodríguez no imita a San Martín, sino que es un cobarde represor que quiere fugarse a Chile para evitar que la justicia lo ubique en el lugar que le corresponde: la cárcel”, señalaron los organismos.
Lo mismo reclamó la semana pasada el fiscal del caso, Wenceslao Insúa, para que Villafuerte Ruzo de marcha atrás con el permiso.
Imputación
Córdoba fue procesado por garantizar la impunidad y no investigar los casos de nueve presos políticos que se encontraban a disposición de su juzgado, en la dictadura.
Tiempo Argentino
BUZZI PIDIO QUE SE “DEJE FLUCTUAR LIBREMENTE” EL PRECIO DEL TRIGO
Ultimo adiós a la ideología
“A mí me gustaba una junta de granos, pero ahora que no está más, dejen que el mercado funcione normalmente”, reclamó ayer el titular de Federación Agraria, en un explícito cambio ideológico de vereda.
Por Sebastián Premici
“Lo que habría que hacer es ordenar y dejar fluctuante eso (la comercialización del trigo). Ideológicamente no me gustan los mercados libres, a mí me gustaba cuando había una junta de granos, donde las entidades estábamos adentro. No está más esto, ahora dejen que el mercado funcione normalmente.” El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, ya no esconde sus preferencias por el libre mercado. Durante una entrevista en Radio Mitre (Marcelo Longobardi) reclamó que la regulación del comercio exterior de granos, en este caso el trigo, sea potestad del mercado. Estas apreciaciones están en sintonía con su apoyo al proyecto de Sergio Massa de eliminar la totalidad de las retenciones a este grano.
En la misma entrevista, Buzzi acusó al gobierno nacional de transferir recursos hacia las grandes exportadoras. Sin embargo, el titular de la FAA omitió sus vínculos con las mismas multinacionales a las que acusa. Según una investigación de Página/12 publicada el 13 de enero de 2013, la entidad que preside hace 14 años privilegió relaciones comerciales con las multinacionales en detrimento de las cooperativas y pequeños productores. Además, tras la investigación de este diario fue denunciado penalmente (Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, Expte. 52760) por desviar recursos de los productores hacia las propias arcas de la entidad.
–Eduardo, ¿dónde está el trigo que no se exporta? –le preguntó Longobardi a un amigable Buzzi.
–¿El trigo que no se exportó? Está en manos del acopio, de productores, está disponible, está en reserva, está en el centro de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur. Hay trigo suficiente para abastecimiento nuestro y en manos de algunos productores y de acopiadores. Estamos reservando como cada año, cada cosecha, en silos, en silobolsa, en instalaciones, en acopios, digo, está. No entiendo la pregunta, pero está disponible. Hay mucho más de lo que vamos a consumir. Si hay mucho más de lo que vamos a consumir, bueno, el remanente dejemos que fluctúe libremente en el proceso comercial –sentenció Buzzi.
Durante los primeros años de vigencia de la llamada Mesa de Enlace, integrada por la FAA, Sociedad Rural, CRA y Coninagro, Buzzi sostenía la necesidad de regular el mercado a favor de los pequeños productores, a través de una segmentación de las retenciones. También defendía la mayor participación de las cooperativas en el proceso de comercialización. Sin embargo, a casi seis años del surgimiento de este nucleamiento, las posiciones de FAA quedaron emparentadas a los planteos político-ideológicos históricos de la SRA y CRA.
Los primeros en señalar las nuevas alianzas de Buzzi fueron los dirigentes de la juventud federada Esteban Motta y Juan Manuel Rossi, que luego formaron la agrupación interna Francisco Netri. “Los desvíos partidocráticos que ha sufrido nuestra entidad en los últimos años han configurado su accionar en una dimensión de oposición político-partidaria y un alejamiento de su genuino y auténtico rol de representantes de los pequeños productores del país”, indicaron a través de un documento difundido en abril del año pasado.
“Una eliminación total de retenciones es una transferencia de recursos a 1700 tipos sin pedirles nada a cambio. Es una medida reaccionaria y neoliberal. Es llamativo que la FAA avale la postura que siempre criticó”, manifestó anteayer a Página/12 Pedro Peretti, dirigente de la FAA, en referencia al proyecto de Massa.
El presidente de la entidad federada criticó al Gobierno por transferir recursos hacia las multinacionales, a partir de la regulación del comercio exterior. Sin embargo, la FAA también contribuyó a los negocios de las multinacionales en detrimento de los pequeños productores. Esta entidad participaba del comercio de granos a través de la corredora Federar, que era manejada por un gerente de FAA, Fabián Tenaglia, también denunciado penalmente en la causa por desviar recursos de los productores hacia las propias arcas de FAA.
Entre 2006 y 2010, del total de granos comprados por el tándem FAA-Federar, sólo un 14 por ciento correspondió a cooperativas, y otro porcentaje igual a productores directos. Un 72 por ciento fue movido a través de los acopiadores, que muchas veces compiten con las propias cooperativas y suelen pagar un precio más bajo que éstas. Los clientes privilegiados fueron Cargill, Dreyfus, Nidera, Toepfer y Vicentin en detrimento de Agricultores Federados Argentinos (AFA), una entidad vinculada con la FAA, pero como tiene trato directo con las cooperativas no necesita de la intermediación de la entidad patronal. Luego de la investigación de Página/12, Federar se desvinculó de la Federación Agraria y dejó de operar en el mercado.
spremici@pagina12.com.ar
RETENCION A LAS EXPORTACIONES Y RECAUDACION
La falaz “voracidad fiscal”
El tradicional y difundido argumento de las patronales agropecuarias sostiene que las retenciones representan la “voracidad fiscal” del Gobierno. La misma línea de razonamiento sigue el flamante proyecto de ley del diputado Sergio Massa para eliminar las retenciones al trigo presentado a la Mesa de Enlace. Sin embargo, un informe elaborado por el economista Diego Estrada de Economía del Bicentenario evidencia cómo el peso de los ingresos provenientes del comercio exterior (importación y exportación) sobre la recaudación total cayó en forma sostenida desde 2003. Mientras que los ingresos por retenciones y demás tributos vinculados al sector externo representaban el 15 por ciento de la recaudación en 2003, diez años después esos impuestos llegaron al 8,6 por ciento del total.
La utilización del trigo y maíz como materia prima para la producción de fideos, harinas, polenta, engorde de pollos, entre otros productos, hace que parte de la inflación externa en el precio de las materias primas se traslade a la “mesa de los argentinos”. Las retenciones limitan ese efecto. Los derechos de exportación no persiguen un objetivo meramente recaudatorio sino que, fundamentalmente, ofrecen una herramienta antiinflacionaria para evitar que el boom en el precio de las materias primas en el mercado internacional se traslade a los productos consumidos por los sectores populares.
“El precio interno (del trigo) tiende a ser el precio de exportación menos las retenciones. O sea que los derechos de exportación generan una mejora en los precios de la harina y sus derivados en el mercado doméstico. No tiene otro objetivo, así que al que se le ocurrió la fantástica idea de reducir las retenciones al trigo, que explique cómo hacer para que eso no se traslade al precio del pan.” Así respondió el ministro de Economía a la propuesta de ley para eliminar las retenciones al trigo que presentó Massa.
15/01/14 Página|12
“A mí me gustaba una junta de granos, pero ahora que no está más, dejen que el mercado funcione normalmente”, reclamó ayer el titular de Federación Agraria, en un explícito cambio ideológico de vereda.
Por Sebastián Premici
“Lo que habría que hacer es ordenar y dejar fluctuante eso (la comercialización del trigo). Ideológicamente no me gustan los mercados libres, a mí me gustaba cuando había una junta de granos, donde las entidades estábamos adentro. No está más esto, ahora dejen que el mercado funcione normalmente.” El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, ya no esconde sus preferencias por el libre mercado. Durante una entrevista en Radio Mitre (Marcelo Longobardi) reclamó que la regulación del comercio exterior de granos, en este caso el trigo, sea potestad del mercado. Estas apreciaciones están en sintonía con su apoyo al proyecto de Sergio Massa de eliminar la totalidad de las retenciones a este grano.
En la misma entrevista, Buzzi acusó al gobierno nacional de transferir recursos hacia las grandes exportadoras. Sin embargo, el titular de la FAA omitió sus vínculos con las mismas multinacionales a las que acusa. Según una investigación de Página/12 publicada el 13 de enero de 2013, la entidad que preside hace 14 años privilegió relaciones comerciales con las multinacionales en detrimento de las cooperativas y pequeños productores. Además, tras la investigación de este diario fue denunciado penalmente (Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, Expte. 52760) por desviar recursos de los productores hacia las propias arcas de la entidad.
–Eduardo, ¿dónde está el trigo que no se exporta? –le preguntó Longobardi a un amigable Buzzi.
–¿El trigo que no se exportó? Está en manos del acopio, de productores, está disponible, está en reserva, está en el centro de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur. Hay trigo suficiente para abastecimiento nuestro y en manos de algunos productores y de acopiadores. Estamos reservando como cada año, cada cosecha, en silos, en silobolsa, en instalaciones, en acopios, digo, está. No entiendo la pregunta, pero está disponible. Hay mucho más de lo que vamos a consumir. Si hay mucho más de lo que vamos a consumir, bueno, el remanente dejemos que fluctúe libremente en el proceso comercial –sentenció Buzzi.
Durante los primeros años de vigencia de la llamada Mesa de Enlace, integrada por la FAA, Sociedad Rural, CRA y Coninagro, Buzzi sostenía la necesidad de regular el mercado a favor de los pequeños productores, a través de una segmentación de las retenciones. También defendía la mayor participación de las cooperativas en el proceso de comercialización. Sin embargo, a casi seis años del surgimiento de este nucleamiento, las posiciones de FAA quedaron emparentadas a los planteos político-ideológicos históricos de la SRA y CRA.
Los primeros en señalar las nuevas alianzas de Buzzi fueron los dirigentes de la juventud federada Esteban Motta y Juan Manuel Rossi, que luego formaron la agrupación interna Francisco Netri. “Los desvíos partidocráticos que ha sufrido nuestra entidad en los últimos años han configurado su accionar en una dimensión de oposición político-partidaria y un alejamiento de su genuino y auténtico rol de representantes de los pequeños productores del país”, indicaron a través de un documento difundido en abril del año pasado.
“Una eliminación total de retenciones es una transferencia de recursos a 1700 tipos sin pedirles nada a cambio. Es una medida reaccionaria y neoliberal. Es llamativo que la FAA avale la postura que siempre criticó”, manifestó anteayer a Página/12 Pedro Peretti, dirigente de la FAA, en referencia al proyecto de Massa.
El presidente de la entidad federada criticó al Gobierno por transferir recursos hacia las multinacionales, a partir de la regulación del comercio exterior. Sin embargo, la FAA también contribuyó a los negocios de las multinacionales en detrimento de los pequeños productores. Esta entidad participaba del comercio de granos a través de la corredora Federar, que era manejada por un gerente de FAA, Fabián Tenaglia, también denunciado penalmente en la causa por desviar recursos de los productores hacia las propias arcas de FAA.
Entre 2006 y 2010, del total de granos comprados por el tándem FAA-Federar, sólo un 14 por ciento correspondió a cooperativas, y otro porcentaje igual a productores directos. Un 72 por ciento fue movido a través de los acopiadores, que muchas veces compiten con las propias cooperativas y suelen pagar un precio más bajo que éstas. Los clientes privilegiados fueron Cargill, Dreyfus, Nidera, Toepfer y Vicentin en detrimento de Agricultores Federados Argentinos (AFA), una entidad vinculada con la FAA, pero como tiene trato directo con las cooperativas no necesita de la intermediación de la entidad patronal. Luego de la investigación de Página/12, Federar se desvinculó de la Federación Agraria y dejó de operar en el mercado.
spremici@pagina12.com.ar
RETENCION A LAS EXPORTACIONES Y RECAUDACION
La falaz “voracidad fiscal”
El tradicional y difundido argumento de las patronales agropecuarias sostiene que las retenciones representan la “voracidad fiscal” del Gobierno. La misma línea de razonamiento sigue el flamante proyecto de ley del diputado Sergio Massa para eliminar las retenciones al trigo presentado a la Mesa de Enlace. Sin embargo, un informe elaborado por el economista Diego Estrada de Economía del Bicentenario evidencia cómo el peso de los ingresos provenientes del comercio exterior (importación y exportación) sobre la recaudación total cayó en forma sostenida desde 2003. Mientras que los ingresos por retenciones y demás tributos vinculados al sector externo representaban el 15 por ciento de la recaudación en 2003, diez años después esos impuestos llegaron al 8,6 por ciento del total.
La utilización del trigo y maíz como materia prima para la producción de fideos, harinas, polenta, engorde de pollos, entre otros productos, hace que parte de la inflación externa en el precio de las materias primas se traslade a la “mesa de los argentinos”. Las retenciones limitan ese efecto. Los derechos de exportación no persiguen un objetivo meramente recaudatorio sino que, fundamentalmente, ofrecen una herramienta antiinflacionaria para evitar que el boom en el precio de las materias primas en el mercado internacional se traslade a los productos consumidos por los sectores populares.
“El precio interno (del trigo) tiende a ser el precio de exportación menos las retenciones. O sea que los derechos de exportación generan una mejora en los precios de la harina y sus derivados en el mercado doméstico. No tiene otro objetivo, así que al que se le ocurrió la fantástica idea de reducir las retenciones al trigo, que explique cómo hacer para que eso no se traslade al precio del pan.” Así respondió el ministro de Economía a la propuesta de ley para eliminar las retenciones al trigo que presentó Massa.
15/01/14 Página|12
A la Mesa no hay trigo que le venga bien
El jefe de Gabinete se quejó ayer de la actitud cambiante del núcleo opositor del ruralismo, frente a la política de apertura a las exportaciones trigueras. Qué es lo que defiende la Mesa cuando rechaza el control oficial del mercado.
Por Sebastián Premici y Raúl Dellatorre
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió ayer la apertura de la exportación de trigo y respecto de las críticas formuladas por la Mesa de Enlace recordó que “hubo quejas previas de que no se había registrado un mecanismo de apertura para la comercialización de trigo, pero cuando se produce la apertura se quejan porque se abre. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con abrir las exportaciones de trigo?”. Los integrantes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro vuelven a repetir su libreto: reclaman diálogo y, cuando lo obtienen, como en el caso de la mesa técnica de ganadería, sostienen que no es suficiente o, cuando desde el Poder Ejecutivo permiten exportaciones de trigo excedente, ellos reclaman más. El objetivo: mantener su conflicto político con el gobierno nacional. En ese esfuerzo, aceptan a cualquiera que les proponga lo que ellos reclaman. Tal es el caso de la iniciativa de Sergio Massa para eliminar las retenciones al trigo, sin ningún tipo de distinción entre grandes o pequeños actores. Una política de estas características incrementaría la concentración del sector, que la Mesa de Enlace –a veces– dice combatir.
Al comienzo de la campaña triguera que está finalizando, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires había calculado que la cosecha de este grano sería de 12,5 millones de toneladas. Sin embargo, avanzada la campaña, y con unas tres millones de toneladas ya exportadas, se decidió cerrar la venta al exterior tras constatar que los rindes totales serían de 8,2 millones de toneladas. La pregunta que surge es la siguiente: ¿fue un error técnico en el cálculo o el conjunto de los productores tiene guardada una mayor producción a la declarada?
El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reconoció ayer que existe mucho trigo excedente que está almacenado en silos. Incluso, el titular de Coninagro, Carlos Garetto, aseveró que la actual cosecha podría ser de 10,3 millones de toneladas, superior a los datos que manejan desde el Gobierno. Pero ese tonelaje no aparece en las declaraciones de los actores del sector.
La cadena de comercialización de granos está fuertemente concentrada. Y, además, integrada verticalmente. Los pequeños y medianos productores, alejados de los centros de comercialización, están prácticamente obligados a venderle el producto al acopiador de la zona en que producen. Estos acopiadores no son, en su gran mayoría, operadores independientes. El 80 por ciento, aproximadamente, están vinculados con las grandes cerealeras exportadoras. De modo que son estas últimas las que determinan el precio y la cantidad que les compran a los productores.
Además, las mismas grandes cerealeras son las dueñas de los principales molinos harineros. De tal forma que un grupo muy reducido de empresas –no más de cinco o seis– está en condiciones de manejar la producción, su destino a la exportación como cereal o a la industrialización, e incluso el posterior uso que se le da a la harina para exportación o para producción de pan en el mercado interno. Como muchas de estas operaciones son “intrafirma” o entre empresas vinculadas, y como las compras de granos a los pequeños productores en muchos casos se realiza en forma no declarada (“en negro”), estos monopolios cerealeros cuentan con la posibilidad de ocultar la información sobre los volúmenes producidos y comercializados, y su distribución entre mercado interno y exterior.
Solamente una mayor intervención y control del Estado podría romper este cepo a la información, pero es justamente a lo que más oposición presentan los grupos concentrados y las entidades que los representan, centralmente la Mesa de Enlace. Incluso, cuando las propias entidades tuvieron la oportunidad de generar mecanismos de comercialización autónomos, terminaron replicando las prácticas de las multinacionales que dicen combatir (ver aparte).
Frente a este escenario siempre apocalíptico para los dirigentes del sector, surgen algunos datos que rebaten su diagnóstico. Según un informe de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), no sólo la soja ha crecido en producción. En el período 2001/02 a 2012/13, se alcanzó la mayor cosecha de la historia, con 105,76 millones de toneladas, es decir un incremento de 53 por ciento en relación con el inicio de la década. Sobre un total de 12 cultivos extensivos, nueve mostraron un incremento de producción. En cebada fue del 900 por ciento; en maní, 181 por ciento, seguido por algodón (149), arroz (120) y maíz (99 por ciento). La expansión de la soja fue del 72 por ciento.
Para el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, la clave para seguir potenciando al sector será la generación de valor agregado lo más cerca posible del lugar de origen del producto. “No-sotros pensamos que debemos agregar valor a las materias primas, mediante la elaboración de productos diferenciados y de alta calidad, que tendrán menores retenciones. Esta estrategia permitiría que entren más divisas al país y que se generen puestos de trabajo”, manifestó. La generación de valor agregado requiere una fuerte presencia del Estado, algo que la Mesa de Enlace rechaza.
Por Sebastián Premici y Raúl Dellatorre
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió ayer la apertura de la exportación de trigo y respecto de las críticas formuladas por la Mesa de Enlace recordó que “hubo quejas previas de que no se había registrado un mecanismo de apertura para la comercialización de trigo, pero cuando se produce la apertura se quejan porque se abre. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con abrir las exportaciones de trigo?”. Los integrantes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro vuelven a repetir su libreto: reclaman diálogo y, cuando lo obtienen, como en el caso de la mesa técnica de ganadería, sostienen que no es suficiente o, cuando desde el Poder Ejecutivo permiten exportaciones de trigo excedente, ellos reclaman más. El objetivo: mantener su conflicto político con el gobierno nacional. En ese esfuerzo, aceptan a cualquiera que les proponga lo que ellos reclaman. Tal es el caso de la iniciativa de Sergio Massa para eliminar las retenciones al trigo, sin ningún tipo de distinción entre grandes o pequeños actores. Una política de estas características incrementaría la concentración del sector, que la Mesa de Enlace –a veces– dice combatir.
Al comienzo de la campaña triguera que está finalizando, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires había calculado que la cosecha de este grano sería de 12,5 millones de toneladas. Sin embargo, avanzada la campaña, y con unas tres millones de toneladas ya exportadas, se decidió cerrar la venta al exterior tras constatar que los rindes totales serían de 8,2 millones de toneladas. La pregunta que surge es la siguiente: ¿fue un error técnico en el cálculo o el conjunto de los productores tiene guardada una mayor producción a la declarada?
El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reconoció ayer que existe mucho trigo excedente que está almacenado en silos. Incluso, el titular de Coninagro, Carlos Garetto, aseveró que la actual cosecha podría ser de 10,3 millones de toneladas, superior a los datos que manejan desde el Gobierno. Pero ese tonelaje no aparece en las declaraciones de los actores del sector.
La cadena de comercialización de granos está fuertemente concentrada. Y, además, integrada verticalmente. Los pequeños y medianos productores, alejados de los centros de comercialización, están prácticamente obligados a venderle el producto al acopiador de la zona en que producen. Estos acopiadores no son, en su gran mayoría, operadores independientes. El 80 por ciento, aproximadamente, están vinculados con las grandes cerealeras exportadoras. De modo que son estas últimas las que determinan el precio y la cantidad que les compran a los productores.
Además, las mismas grandes cerealeras son las dueñas de los principales molinos harineros. De tal forma que un grupo muy reducido de empresas –no más de cinco o seis– está en condiciones de manejar la producción, su destino a la exportación como cereal o a la industrialización, e incluso el posterior uso que se le da a la harina para exportación o para producción de pan en el mercado interno. Como muchas de estas operaciones son “intrafirma” o entre empresas vinculadas, y como las compras de granos a los pequeños productores en muchos casos se realiza en forma no declarada (“en negro”), estos monopolios cerealeros cuentan con la posibilidad de ocultar la información sobre los volúmenes producidos y comercializados, y su distribución entre mercado interno y exterior.
Solamente una mayor intervención y control del Estado podría romper este cepo a la información, pero es justamente a lo que más oposición presentan los grupos concentrados y las entidades que los representan, centralmente la Mesa de Enlace. Incluso, cuando las propias entidades tuvieron la oportunidad de generar mecanismos de comercialización autónomos, terminaron replicando las prácticas de las multinacionales que dicen combatir (ver aparte).
Frente a este escenario siempre apocalíptico para los dirigentes del sector, surgen algunos datos que rebaten su diagnóstico. Según un informe de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), no sólo la soja ha crecido en producción. En el período 2001/02 a 2012/13, se alcanzó la mayor cosecha de la historia, con 105,76 millones de toneladas, es decir un incremento de 53 por ciento en relación con el inicio de la década. Sobre un total de 12 cultivos extensivos, nueve mostraron un incremento de producción. En cebada fue del 900 por ciento; en maní, 181 por ciento, seguido por algodón (149), arroz (120) y maíz (99 por ciento). La expansión de la soja fue del 72 por ciento.
Para el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, la clave para seguir potenciando al sector será la generación de valor agregado lo más cerca posible del lugar de origen del producto. “No-sotros pensamos que debemos agregar valor a las materias primas, mediante la elaboración de productos diferenciados y de alta calidad, que tendrán menores retenciones. Esta estrategia permitiría que entren más divisas al país y que se generen puestos de trabajo”, manifestó. La generación de valor agregado requiere una fuerte presencia del Estado, algo que la Mesa de Enlace rechaza.
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