ORO NEGRO Y GUARDAPOLVOS BLANCOS, EDUARDO ANGUITA

Todavía no se acaba la crisis eléctrica. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hizo anuncios el viernes que indican una intervención fuerte del Estado para hacer frente a urgencias que los concesionarios Edesur y Edenor deberían hacer por cuenta y cargo propios. De Vido habló del “desinterés de las empresas” y lo graficó en que el Focede (Fondo de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica) tenía 240 millones de pesos acreditados que no fueron utilizados por los concesionarios. En la larga intervención quedó claro que habrá un aumento de los fondos públicos para inversión, mantenimiento y para cuadrillas de emergencia. Sin embargo, también parece quedar claro que el esquema de concesiones no será modificado. El viernes 3 de enero, De Vido también había hablado y, tal como se consignó desde estas páginas, la Bolsa de Valores premió la acción de Edenor que ese mismo día aumentó el 14%. En el sector eléctrico justificaban el aumento en que se conjuraba el rumor de la intervención plena o la estatización directa de la distribución eléctrica. Es preciso tener presente que en esta hora de turbulencias del capitalismo financiero no hay crédito a largo plazo de los bancos y que buena parte del éxito empresarial no es por la expertise en el sector sino por la capacidad de capturar fondos vía la colocación de emisiones bursátiles. Ni más ni menos que captar el dinero ahorrado por los trabajadores. A fines de 2001, mucho antes de la crisis actual y en referencia directa a la Argentina, Paul O’Neill, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, advertía que no podían financiarse los devaneos de los países periféricos con los ahorros de los carpinteros y los plomeros norteamericanos. Lo que no decía O’Neill es que el sistema financiero de Estados Unidos les tenía reservada la trampa mortal de las hipotecas a los americanos medios para seis años después. La liberalización del sistema llevó a un callejón planificado a millones de habitantes de ese país. Los créditos subprime circularon por el mercado bursátil hasta que estalló, con la consecuente caída de la producción y con cientos de miles de tipos que perdían sus casas. Estados Unidos había vivido situaciones similares, tal como cuenta John Steinbeck en la extraordinaria novela Las uvas de la ira, donde cuenta la vida de los pequeños granjeros expulsados de sus casas y sus campos. La reciente película de Martin Scorsese, El lobo de Wall Street, muestra con crudeza una historia real: Leonardo Di Caprio interpreta al inescrupuloso financista Jordan Belfort, quien en los ochenta descubrió el gran negocio de convertir los ahorros de los asalariados en acciones que prometían grandes dividendos y que, en realidad, eran una gran fantochada. La decadencia mostrada por Scorsese impacta no tanto por lo sucedido hace tres décadas sino porque tiene una vigencia que asusta. Tal vez, el éxito electoral de Bill de Blasio, el nuevo alcalde de Nueva York, refleje un pequeño agotamiento de ese mundo especulativo con el que las empresas captan buena parte de sus ingresos y donde se terminan muchos de los sueños y de los ahorros de los habitantes medios. Cabe recordar que Michael Bloomberg, nada menos que un financista con medios propios, fue 12 años consecutivos el intendente de la Gran Manzana. Hace un par de años, el mundo energético argentino recibía una noticia con pinzas: el Departamento de Energía de Estados Unidos decía que la Argentina era, después de ese país y de China, el país donde más reservas había de gas y petróleo no convencional. Nacionalización del 51% por ciento y designación de Miguel Galuccio mediante, el Gobierno tomó al yacimiento de Vaca Muerta como un objetivo estratégico. Es preciso advertir que los yacimientos no convencionales de gas y petróleo modificaron el mapa energético norteamericano: de importar más de la mitad del crudo consumido en 2010, apunta a ser el mayor productor de hidrocarburos en 2017, según la proyección de la Agencia de Energía de ese país. El éxito en la producción es acompañado por el boom de las acciones de las petroleras. Galuccio no oculta que ése es el modelo que quiere replicar. Y la actividad de YPF en Neuquén indica que no se queda en promesas: de los 200 nuevos pozos que se hicieron en Neuquén, 120 fueron en el yacimiento de Vaca Muerta. La inversión de YPF en esa provincia en 2013 fue de 5.000 millones de dólares, un 70% más que el año anterior. La asociación con Chevron –más allá del análisis sobre cuánto significa en materia de soberanía– funciona: la empresa norteamericana terminó de colocar los 1.200 millones de dólares que se había comprometido y opera junto a YPF en los pozos no convencionales. Otras empresas empiezan a sumarse lentamente a esa operación. Esta semana, el gobierno de Neuquén formalizó la inversión de la empresa alemana Wintershall Energía, que invertirá en seis pozos. Esta misma semana también hubo una inesperada pregunta al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sobre qué había de cierto en la renuncia de Galuccio. Es la quinta o sexta vez que circula ese rumor en los 20 meses que lleva al frente de YPF. La sutileza es que la pregunta salió en una conferencia de prensa mientras faltaban unas horas para que terminara la rueda bursátil de Wall Street. Oh casualidad, las acciones de la petrolera argentina cayeron esa jornada el 7%. Alguien se ganó un dinero con esa pregunta. Indica que los tiempos que corren no son mes a mes sino hora a hora. El amigo Pereyra. Cerca de Galuccio afirman que el CEO de YPF está firme. También reconocen que es muy buena su relación con el senador y dirigente de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra. Nadie desconoce la relación estrecha de Pereyra con el líder camionero Hugo Moyano ni sus coqueteos con Sergio Massa. El pasado miércoles, casi en paralelo con la rara pregunta a Capitanich sobre Galuccio, hubo una reunión multipropósito que juntó a los mencionados Galuccio, Pereyra y Capitanich más el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y el ministro de Economía Axel Kicillof. Esa reunión tiene, por lo menos, dos vertientes a analizar: la mencionada energía y el complicado mundo sindical previo a las paritarias. Vamos por partes. Pereyra ganó la interna del Movimiento Popular Neuquino en las PASO y encabezó la lista para la Cámara alta. Los Sapag no tienen candidatos para la gobernación en 2015. Pereyra ya está trabajando para ocupar ese sillón. Un dato no menor: la legislación argentina hace que la titularidad de los yacimientos sea de las provincias y no de la Nación. Pereyra, en dos años más, podría seguir estando al frente del sindicato y ser gobernador. Para entonces, habrá muchas empresas sumadas a la operación de Vaca Muerta. Del lado sindical: Pereyra es el número dos de una de las dos o tres CGT y en esta semana se reunió con Moyano, quien a su vez, junto a Luis Barrionuevo, se propone convocar a la CGT encabezada por el metalúrgico Antonio Caló para el 20 de diciembre. Ayer, en una entrevista radial con el periodista Daniel Fernández Canedo, Pereyra se explayó sobre diversos temas. Insistió con la necesidad de cuidar “la paz social”. Quizá no esté amenazada la paz social y Pereyra quiera subir el precio de este acercamiento al Gobierno. Lo cierto es que fue recibido por la plana mayor del Gobierno, con foto y todo. Respecto de la operación petrolera en Vaca Muerta, Pereyra afirmó que un pozo petrolero convencional requiere un millón de dólares mientras que uno destinado a no convencional cuesta 15 millones. Consultado un especialista que trabaja en Vaca Muerta, relativizó un costo tan alto: “Algún pozo puede requerir tanta inversión, la mayoría cuestan entre siete y ocho millones”. Al respecto, vale la pena subrayar que los costos en Estados Unidos son algo más bajos: varían entre tres y medio y siete millones de dólares. El tema no es menor: si Argentina logra hacer más competitiva su producción de no convencional, Galuccio está bien orientado. De lo contrario, Houston estamos en problemas. La figura del ingeniero paranaense crece: esta semana, la edición para América latina de Wall Street Journal le dedicó unos cuantos elogios, incluso como el posible gestor en “la carrera global para reproducir la revolución energética que transformó a Estados Unidos”. En pasillos de cabotaje más de uno menciona la posibilidad de que quede al frente de un eventual Ministerio de Energía sin perder la presidencia de YPF. Otra Argentina. Neuquén es un ejemplo claro de la Argentina en dos velocidades. Los trabajadores petroleros tienen trabajo complejo y altos ingresos. Los alquileres, los alimentos y muchos otros precios dejan a los empleados públicos y a los docentes en una disparidad completa. Así como se abre una puerta para el diálogo entre distintos dirigentes de la dispersa CGT, la mayoría de los trabajadores de la educación están enrolados en la CTA liderada por Hugo Yasky. Stella Maldonado y Roberto Baradel, titulares de Ctera y Suteba respectivamente, se reunieron con Jorge Capitanich, con quien tuvieron muy buen diálogo y se comprometió a recibirlos de nuevo en estos días. Cabe consignar que los docentes chaqueños tienen una excelente relación con el ministro del área, Sergio Soto, y que tanto Capitanich como Soto fueron parte del lanzamiento del Programa Nacional de Formación Docente en noviembre pasado y que ese programa fue un reclamo de los gremios docentes en el marco de la paritaria nacional. El gran tema es que si no empieza la negociación, tanto a nivel nacional como en cada provincia, del salario del casi millón de docentes, hay mucha gente que se puede poner nerviosa. El pasado viernes, el gobernador Daniel Scioli, quien conserva la mejor imagen de cara a 2015, tomó la punta al convocar a la paritaria del distrito que contiene a nada menos que el 38% del padrón nacional del sector. Sin embargo, todavía hay más minué que negociación: la gobernación quiere dejar el tema salarial para febrero mientras que los docentes quieren discutir ya el porcentual de aumento. Cualquier observador, por conservador que sea, sabe que el 25% no va a ser aceptado por los gremios. Aunque no lo digan en público, si los policías lograron 35%, nada indica que los maestros se conformen con menos. Cabe recordar que la paritaria del año pasado se extendió hasta el 6 de junio, en pleno clima electoral de las PASO. En aquella oportunidad, Scioli cerró el aumento sin aportes de la Nación. La Argentina de las dos velocidades se ve claramente en el oro negro y los guardapolvos blancos. La YPF con fuerte presencia estatal tiene como interlocutores a las multinacionales y debe dejar fluctuar el precio de las naftas cada vez más cerca de los valores en dólares, aunque todavía estén muy lejos de Uruguay, Brasil o Chile. Los trabajadores petroleros tienen ingresos notablemente por encima del promedio y desde ya de los docentes. El acercamiento de Pereyra puede explicarse por la dispersión que hay en la CGT mientras que la identificación de la CTA conducida por Yasky con estos años kirchneristas está fuera de cualquier discusión. Cuestiones de poder, de necesidades coyunturales, de un viraje a los mercados financieros, todo junto, puede dejar a la intemperie a un actor social clave de esta década como son los docentes si no se encamina bien la paritaria docente en las próximas semanas. La paritaria docente irá en paralelo –o potenciada– por los acuerdos que logren otros empleados estatales –sanidad, judiciales, empleados provinciales o municipales– y que inciden directamente en los recursos presupuestarios. No es un verano para quedarse esperando que pase el calendario. Marzo está ahí nomás.

LA DEMOCRACIA MASSISTA (Y DE LA BONAERENSE)

Nota de Tiempo Argentino Jóvenes de La Cámpora fueron ayer violentamente reprimidos por Policías Municipales de San Isidro, un cuerpo auxiliar creado por el intendente massista Gustavo Posse, aunque también participaron agentes de la Policía Bonaerense. El incidente terminó con tres militantes (Marcos Ciani, Marcos Soria y César Balotta) detenidos en la comisaría 8ª de Villa Adelina. Al cierre de esta edición, un médico forense constataba las lesiones, mientras en la puerta de la seccional se juntaban sus compañeros, que también habían sido golpeados, para velar por la integridad física de los detenidos. A la vigilia en la comisaría 8ª se sumaron los diputados Teresa García y Horacio Pietragalla (FPV), quien adelantó a este diario que la agrupación presentará una denuncia contra los uniformados que participaron del episodio. Todo comenzó a media tarde, cuando unos 20 jóvenes de La Cámpora que viven en Beccar, Boulogne, La Cava y Villa Adelina llegaron hasta la plaza ubicada frente a la estación de tren de Villa Adelina junto a unos 20 niños con los que realizan periódicamente tareas de apoyo escolar y actividades recreativas. La intención era proyectar cortometrajes infantiles de la productora Pixar. "Yo intenté separar, porque nunca se me ocurriría pegarle a un policía, y me terminaron pegando en el piso entre ocho". A las 18:30 hs, llegaron al lugar ocho vehículos de la patrulla comunitaria. Las chapas de dos de ellos: HUU 578 y JDH128 (ver foto). Los uniformados –fueron más de 20– informaron que no se podría hacer la actividad sin autorización. Los militantes dijeron que Posse nunca permitía actividades a la oposición y que, además, se trataba de un evento cultural. Pasadas las 20, los jóvenes decidieron iniciar la proyección: la actividad comenzó con unas breves imágenes de Néstor Kirchner. Cerca había una bandera de La Cámpora. Fue en ese momento que los efectivos, tras recibir una orden, desmontaron y se llevaron los equipos, lo que derivó en una muy dura represión, que incluyó golpes en el piso y bastonazos a varones, mujeres e incluso a algunos niños. "Yo intenté separar, porque nunca se me ocurriría pegarle a un policía, y me terminaron pegando en el piso entre ocho", contó Federico Ferreyra. Anoche, Tiempo se comunicó con Posse, quien estaba en Mar del Plata. "Estoy en la presentación de la agenda cultural del municipio, hace ocho días que pedí licencia", se despegó. La comuna quedó en manos del concejal Carlos Castellanos.

6 AÑOS 100 CREDITOS POR AÑO....

NOTICIAS RELACIONADAS Tiempo Argentino “El PRO ha tenido al desalojo como política de vivienda” Nicolás Eisler y Claudio Mardones. Nota de Tiempo Argentino Mauricio Macri ya cumplió seis años al frente del gobierno de la Ciudad, pero desde que asumió el cargo en diciembre de 2007, un viejo fantasma que recorre la capital no ha dejado de crecer al calor de su gestión. Los urbanistas y sociólogos lo identifican como "la crisis habitacional porteña", un fenómeno que no encontró freno en la última década, y que acumula más de medio siglo de consolidación. La referencia más reciente que el alcalde le dedicó fue hace una semana, cuando confesó que "la Ciudad no está en condiciones de satisfacer los reclamos de viviendas que pretenden los manifestantes", en respuesta a un corte total de la Autopista Illia que los vecinos de la Villa 31 de Retiro mantuvieron durante ocho días. El presunto sincericidio que pronunció el jefe comunal buscó mostrar las limitaciones financieras que tendría el tercer presupuesto más grande del país para revertir la situación habitacional de una ciudad que tiene 3 millones de habitantes y casi un tercio de esa población afectada por problemas de techo, hacinamiento, alquileres impagables o bajos recursos para acceder a un crédito hipotecario. Ante el escenario de una metrópoli que aparenta estar al borde del colapso, el mensaje del líder del PRO buscó mostrarlo impotente ante un proceso imparable. Sin embargo, una serie de investigaciones del propio gobierno porteño y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, confirman que el discurso del alcalde está flojo de papeles. La señal más reciente, que siembra dudas frescas sobre las certezas habitacionales del PRO, data del 19 de diciembre del año pasado. Se trata de la resolución 3085/13, firmada hace escasos 20 días, luego de una prolongada investigación sobre "la política crediticia del gobierno de la Ciudad". En sus 30 páginas, los expertos del organismo indagaron sobre dos líneas de crédito vigentes, como la establecida por la Ley 341 para cooperativas de vivienda hace una década, y el reciente programa Primera Casa, lanzado en 2012. Ambos programas pertenecen al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el principal ente del Estado porteño dedicado al desarrollo de políticas habitacionales. Ambas líneas de crédito pertenecen al IVC, pero "ninguna de las dos otorga actualmente montos que se ajusten a los valores del mercado inmobiliario". El estudio de la Defensoría sostiene que ese organismo nunca ejecutó todo el presupuesto que le dedicó la comuna, especialmente desde que el PRO está a cargo de la administración. "En términos porcentuales –advierte el estudio– el IVC ejecutó en 2009 el 49% de su presupuesto, el 93% en 2010, el 67% en el año 2011, el 39% en el año 2012 y el 41% hasta fines de noviembre de 2013." El raconto confirma una histórica subutilización de los dineros públicos para afrontar la crisis de vivienda, pero aporta una conclusión inesperada, porque ese "saldo no utilizado por el IVC entre 2009 y 2013 asciende a $ 267.576.007, es decir que representa más de 630 créditos hipotecarios que podrían haber sido otorgados en estos años, tomando como referencia los montos mínimos vigentes". La comparación presupuestaria y el análisis de los programas de crédito revelan que, "de haberse ejecutado la totalidad del presupuesto prácticamente se podría haber duplicado la cantidad de créditos otorgados desde 2007 a la fecha", es decir, que en sus seis años de gobierno, la gestión PRO sólo ha entregado 600 créditos para la construcción de viviendas. Esos centenares de escrituraciones realizadas entre 2007 y 2013 es "prácticamente la misma cantidad de créditos que en 2004", un dato que "nos permite apreciar que la regresividad de la operatoria tiene larga data", porque "en los últimos siete años de gestión, el promedio de créditos otorgados apenas supera los 100 por año". Las cifras hacen empalidecer los objetivos que había previsto la comuna, por ejemplo, con el lanzamiento en junio de 2012 del Programa Primera Casa BA, que "previó el otorgamiento de entre 3500 y 4000 créditos". La respuesta ante la oferta anunciada fue la presentación de 200 mil solicitudes. De ellas, el IVC sólo derivó 5276 carpetas, el Banco Ciudad aprobó 3114 créditos, pero "hasta el mes de agosto se efectivizaron 508 créditos hipotecarios", lo que representa entre el 12,7 y el 14,5% de los casi 4000 créditos previstos. En cuanto a los montos estimados, se preveía ejecutar 1015 millones de pesos durante el año pasado, pero sólo se ejecutó el 15,9% de ese total. "Para tener real magnitud de la injerencia del programa ante el déficit habitacional, alcanza con ver que de las 200 mil solicitudes, sólo el 0,25% pudo acceder a una vivienda definitiva, mientras que otro 0,38% se encuentra con propiedad presentada." Los números son bajos, admite la Defensoría, pero sólo en el primer año quintuplicó el promedio de los créditos de la Ley 341, que han evolucionado a razón de un centenar por año. Ambas líneas de crédito pertenecen al IVC, pero "ninguna de las dos otorga actualmente montos que se ajusten a los valores del mercado inmobiliario", dice el informe y agrega que "las principales viviendas en oferta son aquellas que fueron construidas por el propio Estado local, o que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, retroalimentando el proceso de segregación especial que deberían resolver". Esa escasez de respuestas públicas ocurre en una ciudad que, según una comparación realizada por la Dirección de Estadísticas y Censo (DGEyC) sobre los resultados del censo nacional 2010, tuvo un 24% de viviendas sin residentes "por distintos motivos". "El 27 de octubre de 2010 fueron relevadas 1.423.973 viviendas, de las cuales en 1.082.998 (76%) se encontraron moradores presentes, y en el 24% restante no se registraron residentes por distintos motivos", resume el documento 'Situación Habitacional CABA 2010' del ente estadístico, que revela que "en las viviendas con moradores presentes se censaron 2.890.151 personas y 1.150.134 hogares, es decir, un fuerte crecimiento del número de hogares, con 125.903 nuevos, que triplica el crecimiento relativo de la población y supera en cinco puntos porcentuales el aumento de las viviendas ocupadas con moradores presentes". Ritondo prioriza el sur y las villas El vicepresidente de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, se mostró "decidido" a "jugar un rol electoral y disputar las PASO" para suceder a Mauricio Macri al frente del Ejecutivo de la Ciudad, y advirtió que a la hora de pensar la gestión privilegiará el sur de la ciudad, la urbanización de villas y la Policía Metropolitana. Con esta confesión, Ritondo se sumará a la lista de virtuales precandidatos de ese espacio, junto a Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. Si bien Ritondo ya había manifestado en varias oportunidades su interés en la Jefatura de gobierno, la aprobación de la Ley de Primarias Abiertas en la Ciudad lo llevó a tomar la decisión definitiva de competir. "Yo voy a privilegiar el sur de la Ciudad, la urbanización de las villas y llevar la Policía Metropolitana a todos los barrios", dijo en diálogo con la agencia Télam, en una clara diferenciación de la estrategia elegida por su jefe político, quien días atrás confesó que no tiene forma de resolver la crisis habitacional de la Ciudad. "No es prioridad del PRO" "Hicieron poco más de 200 viviendas en seis años de gestión, una verdadera muestra de que no se trata de una prioridad para el macrismo", opina el arquitecto Javier Fernández Castro, el urbanista que desarrolló a partir de 2002 el primer proyecto de integración urbana para la Villa 31 de Retiro que tomó estado parlamentario para transformarse en ley a partir de 2008. Ahora, está a un paso de perder su estado legislativo. –¿Todavía es aplicable el plan que desarrollaron para urbanizar la Villa 31? –Sí, porque tiene algunos componentes flexibles. Hay un área de vivienda nueva que podía absorber un incremento de población. Obviamente no es infinito, si no se toma ninguna medida y el plan no avanza, se va a volver inaplicable. Actualmente hay un terreno de YPF que no se utiliza para una actividad estratégica, que es indispensable para el proyecto. El plan está pensado dentro de un rango de población, todavía es factible para la cantidad de gente que está asentada. El impacto del alquiler en la economía doméstica 29% Un inversor que comprara en la actualidad un departamento de dos ambientes usado y lo cediera en alquiler, tardaría en promedio 21 años en recuperar el monto invertido. A los valores de mercado de 2010, hubiera tardado sólo 14. Sin embargo, una pareja de asalariados porteños, con ingresos promedio de $ 11.825, debería destinar el 29% de ellos al pago del alquiler de un departamento de esas características. El ajuste de alquileres, debajo de la inflación 17% Considerando la variación interanual de octubre 2012 y el mismo mes de 2013, el precio promedio del m2 de alquiler se incrementó 17 por ciento. El número está por debajo del promedio inflacionario de la Ciudad, calculado en 25%, debido a la mayor oferta de unidades en alquiler por la fuerte contracción del mercado de compraventa, que siguió a la pesificación surgida por el cepo cambiario, impulsado desde fines de 2011. Descenso de hogares propietarios 56.4% En comparación con los últimos tres censos, los hogares propietarios pasaron de representar el 62,3% en 1991 al 56,4% en 2010, con una baja de 6 puntos, mientras que los inquilinos treparon del 22,1% al 29,9%, con un crecimiento de 6,8 por ciento. A nivel nacional, el peso de los hogares en situación de tenencia regular aumentó del 84,2% al 85,8%, pero en la Ciudad se observa una desmejora: la regularización bajó del 92,3% al 88,8 por ciento. Mayor nivel de hogares hacinados 10.1% En la capital, el 73% de las familias residen en departamentos, pero si se compara el censo 2010 con el de 2001, el porcentaje de hogares hacinados pasó del 9,7% en 2001 a 10,1% en 2010. Ese 10,1% es 8 puntos menor al 18,7% nacional, pero si bien el hacinamiento en todo el país bajó el 0,4%, en la Ciudad subió el 0,5 por ciento. Con ese panorama, las comunas 4, 8 y 1 tienen valores que superan el 18% de hacinamiento. La mayor tasa es del 23,3%, en Lugano, Soldati y Villa Riachuelo.

Vacaciones, dólar y airear el debate

Por Mempo Giardinelli Aunque este verano es ya una de las mejores temporadas en muchos años para miles de comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios turísticos –al menos en los lugares donde veranean los porteños–, es curioso observar cómo los ataques a la economía no cesan. El pequeño y poderoso mercado ilegal llamado dizque románticamente “blue” se lanzó a subir el dólar hasta los 11 pesos por unidad, y por supuesto lo logró, para solaz de la caterva de economistas que siempre anuncian el horror que luego no sucede. Es curioso el papel de esa docena y pico de siempre consultados economistas del así llamado establishment porteño. Cada uno de ellos alguna vez fracasó rotundamente como funcionario de algún gobierno de los últimos veinte años, y no faltan los que fueron y ahora mismo están siendo procesados, como el Sr. Sturzenegger. Sin embargo, cual grotesco pelotón de mala película de guerra, todos son convocados a diario a programas de tele y/o escriben en diarios y revistas como augures del desastre económico-financiero que jamás se produce y como anunciadores –tan luego ellos– de fórmulas “para superar la crisis”. Uno de los problemas centrales de la economía argentina son esos tipos. Y otro es la inflación, desde luego. Nadie lo niega, o acaso solamente el Gobierno, que elude reconocerla y la sobrelleva en silencio enfrentándola con medidas no siempre eficaces, como los acuerdos de precios y las amenazas de importación de productos. Estrategias, cabe recordarlo, que jamás han funcionado en la Argentina por una sencilla razón que nuestros políticos no quieren ver: para que funcione cualquier medida y sea mínimamente exitosa, hay que tener eficaces mecanismos de control. Y eso no existe en este país. En ningún campo, en ninguna actividad oficial. Alguna vez los que gobiernan y los que quieren ser gobierno se darán cuenta de que toda buena gestión estatal depende en gran medida del desarrollo y aplicación de consistentes y permanentes mecanismos de control, que a su vez conlleven rigurosos y eficaces sistemas de sanción. Nada de eso se practica aquí. En ninguno de los tres poderes de la República y en ninguna de las 24 entidades federadas. Entonces la inflación resulta el karma del actual Gobierno, como lo fue de cada gobierno de otros tiempos, cuando la inflación era híper y el descontrol que dejaron los militares ya era absoluto. Cada administración debió lidiar con el mismo tenaz enemigo: la especulación con el dólar. Y sobre todo con la obsesión de las clases medias por acumular ganancias y ahorros en esa divisa, lo que ha desatado también algunas bromas, como la que circula y dice que la inflación en la Argentina ya no es un problema económico, sino psiquiátrico. Desde luego que la temporada de verano es la mejor en muchos años, décadas incluso, y acaso por eso apenas sobresalió el cruce de opiniones entre Capitanich, Echegaray y Kicillof respecto del régimen fiscal de Bienes Personales. Pero como en estos días todo se diluye como arena entre los dedos y hay una ostensible falta de temas dominantes, los grandes diarios compensaron la poca información con saturación de notas rojas o deportivas. Un rayo asesino en Villa Gesell, asaltos a familias acomodadas o madres que torturan y matan a sus hijos ocupan los mayores espacios. Es curioso cómo cierta prensa otrora respetable ha asumido el color de quienes sufren de hepatitis crónica. Y en cuanto a intrascendencias deportivas, dan gracia los zarandeos en Boca, River, Racing o San Lorenzo tratados como asuntos importantes, mientras sigue la locura del Rally Dakar, que no se corre en Africa sino acá y produce varias muertes absurdas cada año. Se dirá que es poco para entusiasmarse en términos de la vida política de una nación, y es verdad, pero qué bueno que así sea. Parecerían síntomas de un país normal que vacaciona masivamente, que tiene niveles de consumo asombrosos como se ve a diario en casi todas las capitales de provincias, y que gracias a pequeños grupos de cretinos se presta a recalentamientos semanales con el dólar y otras menudencias, como para demostrarse a sí mismo que sabe muy bien cómo autoinfligirse daños. En ese contexto, esta semana apareció una idea: Julián Domínguez propuso reabrir la vieja causa de la mudanza de la Capital al interior del país. Desde los tiempos en que Raúl Alfonsín y el radicalismo todo fracasaron con el sueño de Viedma, la idea vuelve a florecer. Como cada dos o tres décadas en la historia argentina de los últimos 130 años, desde que la hoy CABA fue declarada capital nacional en 1880 se han propuesto, sobre todo, ciudades de Santa Fe y de Córdoba más de una vez, por razones geográficas. Los argumentos, aunque conocidos, abren debate. Domínguez sostiene que “los países que tienen proyectos grandes no tienen sus capitales en los puertos”, olvidando que Londres, Lisboa, Amsterdam, Hamburgo, Washington y Tokio, todos imperios en su momento, fueron capitales-puertos. Pero también acierta al proponer que la Capital no sea pensada “desde la lógica de esta ciudad, que es maravillosa y cautivante, pero que tiene la lógica de lo que sucede en la ciudad, no lo que sucede en el país”. Todo un tema que, si continuara, airearía el debate político tan tóxico de este país en el que sobran, por ejemplo, tontos, necios y cobardes en Twitter y otros feudos del anonimato que algunos tienen por “libre expresión

La discusión de fondo

Por Edgardo Mocca Como el ascenso y la designación al frente del ejército del general Milani se hicieron según lo disponen la Constitución y las leyes, hay que entender que la discusión desatada a su alrededor es una discusión política. Es decir, se trata de una disputa sobre la conveniencia de esas decisiones y no sobre su legalidad. La conveniencia política no se dirime en abstracto ni bajo la pretensión de neutralidad que entrañaría un debate jurídico. Tampoco puede reducirse a una cuestión de índole moral. Claro que toda decisión política involucra cuestiones de orden ético-moral; lo que se pretende subrayar es que no se limita a esa dimensión sino que la incluye dentro de una mirada más abarcativa cuya perspectiva debe fundarse en el bien colectivo. Desde el punto de vista político, la objeción central que ha desencadenado la designación de Milani es la que proviene de la oposición mediático-política al actual gobierno, cuya expresión pública más precisa se encuentra en el editorial del diario La Nación del 17 de diciembre del año pasado. Este documento tiene el mismo norte político que toda la pirotecnia desatada por los grandes medios sobre el tema, pero conserva una coherencia doctrinaria de la que ha carecido la gran mayoría de sus voceros. Aunque se duele de que el gobierno promueva a un general acusado de graves violaciones a los derechos humanos en “la represión de la guerrilla” (no en los tiempos de la dictadura y el terrorismo de Estado), deja claro que no cree que la política de derechos humanos del actual gobierno sea otra cosa que una forma de “persecución capciosa” contra gente de impecables antecedentes. De modo que el debate abierto dentro de las filas de quienes apoyan al Gobierno no tiene otra relevancia que no sea la de poner de manifiesto la supuesta incongruencia de esa política oficial. Sin embargo, la lectura atenta y completa de la nota no deja lugar a dudas: no son las acusaciones judiciales ni las impugnaciones morales al general Milani el objeto principal del desasosiego de la “tribuna de doctrina”. El problema fundamental es la “politización” de las Fuerzas Armadas, preocupación que no deja de ser conmovedora viniendo de una empresa mediática que no estuvo ausente de ninguno de los episodios en los que durante gran parte del siglo XX los militares se constituyeron en brazo ejecutor de los proyectos políticos de las clases dominantes del país. Para el diario, “politización” y “facciosidad” son términos utilizables para designar posiciones políticas opuestas a las propias. No hay ninguna ley, ni artículo constitucional que prescriba que las Fuerzas Armadas tengan que mantenerse “fuera de la política”; de hecho la atribución de su comandancia al presidente es, justamente, la declaración de subordinación de los militares a la jefatura política de la nación. Otra cosa es, naturalmente, la cuestión de la partidización de las Fuerzas Armadas, absolutamente incompatible con su condición de brazo armado para la defensa de la república. La nota que comentamos confunde visiblemente ambos planos. Utiliza las declaraciones de Milani a favor del compromiso del Ejército con el proyecto nacional para intentar demostrar que su designación corresponde a la estrategia de convertir a “los militares en militantes” y “al ejército en una montonera, es decir en la organización armada de un movimiento político”. El cuadro se completa con infundadas acusaciones a Milani de participar en tareas de espionaje político y con la afirmación del supuesto designio oficial favorable al involucramiento militar en tareas de seguridad interior. La participación y el compromiso militar con un proyecto nacional no significa una toma de posición partidista: en rigor, las Fuerzas Armadas no pueden dejar de participar en un proyecto nacional; lo hacen tanto cuando adoptan compromisos con una política de desarrollo soberano e inclusivo como cuando responden a cursos privatistas y de concentración de la riqueza. El verdadero debate no es si el Ejército participa en una política nacional, sino en qué tipo de política nacional participa y si lo hace como un dispositivo disciplinado detrás de las autoridades legítimamente elegidas o como una corporación autónoma, como un “partido militar”. El telón de fondo de la discusión concierne a cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de plena vigencia del orden constitucional. Como la utopía neoliberal del orden mundial autorregulado ha ido dejando paso a la realidad cada vez más conflictiva del capitalismo realmente existente, no parece prudente una política de liquidación de los propios recursos de la defensa nacional. Esto involucra la necesidad de desarrollar recursos materiales, tecnológicos y humanos a la altura de la evolución mundial en la materia. ¿Qué se hace con esos recursos en tiempos en que afortunadamente el país no tiene las viejas hipótesis de conflictos con países vecinos que supieron formar parte de nuestro pasado autoritario? ¿No hay tareas de solidaridad social, investigación tecnológica, capacitación de recursos, entre otros, en los que los militares podrían aportar una parte de su patrimonio institucional para servir a objetivos nacionales más generales? Claro, esos objetivos nacionales no son abstractos ni pueden ser deducidos automáticamente del tejido jurídico constitucional y legal del país; están mediados por relaciones de fuerza políticas, son el fruto práctico de las controversias de la sociedad democráticamente gestionadas. Y eso, hay que insistir, es válido cuando se recupera YPF y cuando se entrega el patrimonio nacional; también esta última es una decisión política que compromete a todos los actores institucionales, Fuerzas Armadas incluidas. Si se parte de que ésta es la discusión política de fondo, se puede entrar en mejores condiciones al debate abierto en las propias filas del kirchnerismo sobre la designación de Milani. No se trata, como a veces se pretende interpretar, de forzar un seguidismo acrítico de las decisiones que se toman desde el poder, sino de enmarcar su análisis en una mirada de conjunto, capaz de establecer la jerarquía de las distintas cuestiones que están en juego. Para empezar a despejar el camino, vendría bien ajustar los términos: no se acusa a Milani de asesinar o torturar sino de firmar un documento burocrático que atestigua la “de-serción” de un soldado que en realidad había sido secuestrado y asesinado; una acusación, hay que aclarar, que no ha sido probada. Es probable que la falacia del documento firmado fuera conocida por el entonces subteniente Milani; estaríamos ante una conducta indudablemente culpable, a lo que podría agregarse la posterior negación de ese conocimiento. Es decir que estaríamos ante el caso de un oficial de muy baja graduación que no tenía entonces ninguna posibilidad cierta de evitar el asesinato de un soldado, que formaba parte de una maquinaria de poder vertical y férreamente disciplinada y que condescendió –sin muchas posibilidades de negarse– a poner su firma en un documento encubridor. Treinta y seis años después, el hoy general niega el conocimiento de la verdad respecto del soldado asesinado y puede haber buenas razones para dudar de esa ignorancia. ¿Alcanza con esos hechos para cuestionar su idoneidad política y su compromiso actual con los derechos humanos? Es importante saber cómo el general contesta un cuestionario formulado por un organismo prestigioso de defensa de los derechos humanos. Pero acaso el renunciamiento moral (aparente, porque tampoco ha sido probado) a reconocer una culpa pasada tenga que ser evaluado junto con su comportamiento real en los últimos años, que incluye una activa colaboración en el esclarecimiento de las prácticas del terrorismo de Estado, como lo ejemplifica su denuncia de los agentes de inteligencia civil que actuaban en el Batallón 601. Es en este punto, el de la relación de un gesto moral de Milani con la oportunidad de una decisión política, en el que no hay modo de dar una respuesta segura y definitiva. Desde mi punto de vista, la prioridad conceptual la tienen los hechos, las contiendas, los proyectos que forman parte de nuestro aquí y ahora. La decisión política de la Presidenta no significa una devaluación de la importancia de las cuestiones morales involucradas en la conducta de Milani. Sería así, por ejemplo, si se aceptara en homenaje a la realpolitik actual que un probado represor de la dictadura ocupara un cargo jerárquico en el ejército o en cualquier otra institución dependiente del gobierno. No es el caso del jefe del Ejército. Tampoco se trata de un “inocente”. Claramente no los hay entre quienes formaban parte de los cuadros militares de la época de la barbarie dictatorial y no son tan abundantes en la sociedad argentina tomada en su conjunto. Eso no impidió que muchos de esos militares condujeran a las fuerzas durante estos treinta años de democracia. Más aún, sobre muchos de los que ocuparon diferentes niveles de conducción militar pesaban antecedentes mucho más graves, pasados y actuales, que aquello de lo que se acusa a Milani. Una vez más, la discusión de fondo es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia argentina y es esa perspectiva la que debería organizar la legítima controversia abierta.

RESCATAN A 106 VICTIMAS DE EXPLOTACION LABORAL

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del programa nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, junto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal, rescataron el viernes a 106 personas víctimas de la explotación laboral en un campo de la localidad de San Antonio de Areco. El procedimiento se llevó a cabo en la finca El Ombú, donde más de un centenar de trabajadores, provenientes de Santiago del Estero para hacer la desflorada del maíz, vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Según informaron fuentes de esa cartera, en el marco del operativo hallaron que las víctimas dormían en nueve casillas de chapa, de 16 cuchetas cada una, sin sanitarios ni agua potable. El allanamiento se hizo por orden del Juzgado Federal de Campana a partir de una inspección realizada por la AFIP. Del relato de los trabajadores rescatados se desprende que los hacían trabajar en extensas jornadas de trabajo, siete días por semana y ninguno sabía qué remuneración le correspondía por su trabajo. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre enero y noviembre de 2013 el Estado nacional rescató a 1653 víctimas del delito de trata de persona y desde la sanción de la ley que tipifica ese delito, en 2008, ya fueron liberadas 5974 víctimas, de las que la mitad eran sometidas a explotación laboral.

Riesgos que valen por Washington Uranga

No se cumplieron todavía dos meses de la asunción de Jorge Capitanich y ‘con ello’ de la instalación de una nueva estrategia de comunicación del Gobierno, y ya las voces opositoras mediáticas –las mismas que reclamaban más “diálogo” y más “comunicación”– salen a desacreditar la forma y la calidad de lo actuado por el jefe de Gabinete. Pocos días después de inaugurado este nuevo estilo sostuvimos (Página/12, 27/11/2013) que “la gobernabilidad democrática se juega también en la comunicación” para subrayar la importancia de los pasos dados. Estaba claro entonces –para los analistas pero sobre todo para el equipo de gobierno– que el ajuste en la orientación de la estrategia comunicacional oficial no serviría para hacer de-saparecer –ni siquiera para aminorar– las críticas que se formulan desde la oposición mediática. Uno de los riesgos previsibles eran las reales, presuntas o inventadas (para algunos no hay diferencia entre todas esas posibilidades) contradicciones entre los dichos de un mismo funcionario o, eventualmente, entre las manifestaciones públicas de quienes hablan en nombre del Gobierno. “Quien hace y quien tiene boca se equivoca.” Desde la teoría comunicacional habría que decir que el interlocutor de la comunicación de gobierno es, en primer lugar, la ciudadanía y no los medios y los periodistas. Como bien lo afirma Josep Rota, “la comunicación abierta, horizontal y libre es esencial para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática” (Rev. Diálogos de la Comunicación Nº 63, 2012, p. 87). Lo importante es hablar con los ciudadanos, ofrecerles a éstos información para su propio análisis y toma de decisiones. Por supuesto que, en medio de ese proceso, están los medios y los periodistas, con distintos grados de profesionalidad, orientaciones políticas y criterios éticos. Correspondería a estos profesionales ofrecer con la mayor veracidad –dejemos de lado la inexistente pretensión de “objetividad”– las informaciones para el ejercicio legítimo del derecho a la comunicación de los ciudadanos. La Argentina es un buen ejemplo de que ello no ocurre en gran parte de los casos: las informaciones no sólo son tergiversadas, sino que muchas veces son facciosamente manipuladas. Esta situación constituye un grave daño para la democracia por más que quienes así actúan lo hagan, curiosa y contradictoriamente, enarbolando permanentemente la bandera de la propia democracia y de la “libertad de expresión”. Frente a la comunicación cotidiana del jefe de Gabinete y a las manifestaciones de distintos ministros, hoy ya se escuchan voces que, por un lado, pretenden quitarle valor a sus dichos, buscar contradicciones en sus propias palabras y diferencias entre los distintos voceros. Era un riesgo, ciertamente muy previsible. Lo cierto es que, al margen de estas manifestaciones, es un riesgo que sigue valiendo la pena correr. Por la ciudadanía y la riqueza de la comunicación democrática. Pero además ¿hay contradicciones?, ¿hay diferencias? La respuesta es sí. ¿Y cuál es el problema de que las haya? O acaso hay que recordar que muchos de los mismos que hoy señalan esto como un defecto antes criticaron la unicidad del discurso oficial. Entonces ¿por qué antes era malo que no aparecieran voces diferentes y por qué lo es ahora que esas diferencias se pongan en evidencia en un proceso en el que se analizan posibles alternativas en cuanto a medidas de gobierno? Lo mismo podría decirse respecto de la autoridad presidencial antes “férrea”, cuando no “autoritaria” y hoy, por el contrario, “desdibujada” hasta el punto de afirmar que “no hay conducción”. Está claro que, para quienes así proceden, la preocupación no está centrada en los aportes de la comunicación a la construcción democrática. El único objetivo a la vista es, a cualquier precio y así sea con argumentos absurdos, apuntar al desprestigio de la gestión. Si revisaran honestamente sus archivos, sus propias argumentaciones, podrían por lo menos darse cuenta de las contradicciones e incoherencias en las que incurren. Pero es necesario mirar más allá. La democracia necesita de una comunicación que también cuente con el atributo democrático. Es una condición esencial. Y para ello el Estado, como lo ha hecho a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene que seguir dando pasos para multiplicar las voces, para que los diferentes actores sociales encuentren un lugar adecuado, permanente y potente de expresión en el sistema de medios. Es importante la voz oficial, pero no lo es menos la polifonía de las voces democráticas. Opositoras, oficialistas, alternativas, todas. Con unas y otras se seguirá enriqueciendo y fortaleciendo la democracia. Por eso también “... el mantenimiento de un sistema democrático de comunicación dependerá de la existencia de un conjunto efectivo y vigente de leyes y reglas que mantengan en equilibrio el acceso a los medios de comunicación por parte de diversos grupos sociales” dadas “las diferencias de poder económico y político que existen entre distintos sectores de todas las sociedades actuales” (Rota, op. cit.). Las acciones en este sentido provocarán sin duda, en el marco de libertad en que el que vivimos, que se escuchen nuevas acusaciones de que “el Gobierno fomenta medios adictos”. Ese también un riesgo que vale la pena correr. Por el bien de la democracia.