Los asesinatos de la patria movilera Por Ricardo Ragendorfe

En un año con más muertes violentas en los hogares que en la calle, la prensa miserable lucró con el caso Ángeles. No resultó una mala temporada para la cosecha roja. Pero con una notable característica: 2013 fue el año en que las calles fueron menos peligrosas que el hogar. La Argentina, con una de las tasas de homicidios más bajas del continente –alrededor de 5,4 por cada 100 mil habitantes–, contiene, sin embargo, un creciente escenario de violencia que brota entre sectores sociales sin vínculos con el mundo del delito. De hecho, en los últimos 12 meses, el espíritu público se vio abrumado por episodios mortales cometidos entre personas que se conocían previamente a través de lazos familiares, laborales o de vecindad. Esta clase de crímenes –según estadísticas del Ministerio de Seguridad– constituye el 55% de los asesinatos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y el 68% de los ocurridos en el resto del país. Una cifra que, por cierto, supera con holgura las fatalidades urbanas en ocasión de robo. Prueba de ello son las 280 mujeres malogradas durante dicho lapso en manos de maridos, novios y amantes, por motivos tan diversos como los celos, el ataque sexual o una camisa mal planchada. En semejante contexto temporal y fáctico, el espantoso modo de morir de la adolescente Ángeles Rawson edificaría una bisagra en la historia policial argentina. Aunque, más que por derecho propio, en razón a su fenomenología comunicacional algo surrealista. Ya se sabe que ciertos hechos criminales suelen dejar huellas imborrables en su tiempo. A manera de ejemplo, bien vale evocar uno en particular: el caso del descuartizador de Barracas. Su víctima: Alicia Methyger, una empleada doméstica de la cual Jorge Eduardo Burgos, un joven de clase media que trabajaba en la papelería mayorista del padre, se había enamorado de un modo algo obsesivo. Sus trozos anatómicos aparecieron en diferentes sitios de la ciudad. El asunto –cuyos capítulos incluyeron un misterio inicial sobre la identidad de la finada y la pesquisa que dio con su matador– mantuvo en vilo por meses a la llamada mayoría silenciosa. Corría el verano de 1955. Lo cierto es que esa particularidad cronológica incidió en un fenómeno político digno de ser analizado. El océano social que separaba a los protagonistas hizo que el público dividiera sus simpatías: para algunos, ella murió por no someterse al yugo afectivo del hijo de sus patrones; para otros, él era un muchacho de bien, caído en las garras de una arribista. En realidad, bajo tal distribución de pareceres anidaba nada menos que un signo de la época: la representación de la antinomia en torno al peronismo. El interés por el caso cesó abruptamente el 16 de junio de ese año, al ser opacado por un crimen aún mayor: el bombardeo a la Plaza de Mayo. A casi seis décadas de ello, el 8 de junio de 2013, la chica Rawson fue hallada sin vida dentro de una bolsa de residuos en un predio de la CEAMSE. Ya en el atardecer de ese mismo día, un psiquiatra forense convocado por un canal de TV trazaría una hipótesis inolvidable: "Los empleados del lugar, por el tipo de trabajo que realizan, son muy proclives a cometer este tipo de asesinatos." El tipo pronunció esa frase sin que se le moviera un solo músculo del rostro. Tampoco imaginó que acababa de dar el puntapié inicial de algo hasta entonces no explorado en forma tan extrema: la transformación de la noticia policial en entretenimiento puro. Transmitido en tiempo real. Con cada paso de la pesquisa ante la mirada de millones de espectadores. Una sinfonía con opinadores de toda laya y afín al señalamiento irresponsable de presuntos sospechosos. En suma, una gesta mediática oscilante entre Kafka, Orwell y Lombroso. Claro que existió una escalada para llegar a ello. En lo que va del siglo XXI, hubo al menos tres coberturas antológicas sobre crímenes y situaciones afines: el del secuestro del padre de Pablo Echarri, el del accidente fatal de la familia Pomar y el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez. Lo de Echarri fue sublime, y derivó en el cobro del botín por una banda de oportunistas, luego de que la TV transmitiera en tiempo real las negociaciones por el rescate. Lo de los Pomar fue antológico, y derivó –ante la inacción policial por localizar a esa familia– en un festival de informaciones apócrifas que incluían tráfico de drogas, deudas de juego, violencia doméstica, abuso sexual y, por último, tres homicidios seguidos por un discretísimo suicidio. En cambio, lo de Candela fue más elaborado. La fraudulenta pesquisa del caso no tuvo otro propósito que el de encubrir, en los arrabales de ese crimen, los negocios de los uniformados con el hampa. En tal escenario, el rol de la prensa no fue fruto de un juego propio sino parte de la estrategia policial. Una simple parte. Y tal vez la más miserable. Con el caso Ángeles, los protocolos periodísticos retornaron a su habitual afán por vampirizar una tragedia policial. Pero con una intensidad jamás vista. Y aun cuando la autoría del crimen estaba esclarecida desde el comienzo. ¿Acaso en ello radica su diferencia con otras coberturas? Es muy posible: por lo común, los homicidios suelen tener motivos, escenarios y datas de la muerte, aunque eventualmente se desconozca la identidad o el paradero del victimario. Aquí fue al revés: había un asesino en medio de un crimen sin historia, sin tiempo ni lugar. Un asesino en la nada. Ello bastó para que la patria movilera se lanzara al maratónico frenesí de la abstracción. En el caso Ángeles, los periodistas renunciaron a ser los relatores de una trama para integrar el elenco de sus protagonistas, pero apenas como actores de reparto. Lo cierto es que el cénit del caso coincidió con la ya famosa frase por TV del pequeño hijo del abogado defensor: "Boludo, si el portero la mató". Luego caería pesadamente el telón. A meses de tal declive, la "parte sana de la población" asistió no sin horror a la seguidilla de sublevaciones policiales y saqueos, con la fantasmal presencia del crimen organizado como música de fondo. El mundo real está otra vez en acción. Infonews

Objetivo 2014: Fortalecer Unasur

El hombre y el arma Por Mario Toer *

El lunes 23, La Nación destacó en primera plana la “inquietud” que habría en el Ejército, consecuencia del alineamiento “con Cristina” del nuevo jefe de esa fuerza. Es sin duda comprensible que ésa sea la preocupación central del matutino, la más severa en mucho tiempo, lo que puede tomar por sorpresa a muy pocos. Cuando desde el riñón de la reacción se alienta y articula una campaña destituyente que no reconoce treguas, que quien ejerce la conducción de la rama principal de las FF. AA. pueda proponerse sustraer a éstas de su rol de vigía impiadoso del orden establecido resulta una amenaza excesiva para toda la lógica que sustenta esta ofensiva. ¿De qué vale generar alarma y desasosiego si no se encuentra debidamente alineada la instancia que puede instar o imponer la “calma” requerida? La misma preocupación formulaba el nuevo jefe de los radicales, otro tanto hacía el senador jujeño por ese partido, así como otros jerarcas opositores y denunciadores seriales. A su vez, Clarín, en su desenfrenada campaña, llegaba a límites grotescos. En su edición del 14 de diciembre titulaba “Un médico reveló que Milani participó del secuestro de un colega”. En el transcurso de la nota, el supuesto “secuestrado”, que no quiso dar su nombre, relata que en compañía de su esposa y hermana fue llevado detenido por una patrulla desde la esquina de la casa de gobierno en La Rioja a una comisaría cercana, donde pasaron “varias horas de detención con malos tratos verbales con la presencia de Milani”. Con semejante nota, entre otras cosas, queda claro lo que significan para Clarín los “secuestros” y hasta qué punto llega el afán de generar sospechas hacia un oficial que pareciera no estar disponible para subordinarse a los mandos de quienes se suponen los dueños del país. Cuando se expresan de este modo estos reparos queda claro cuál es el fondo de la cuestión y se desenmascaran las reales intenciones de quienes denuncian la supuesta falta de perseverancia gubernamental en el sustento de la política de derechos humanos. Y esta es una evidencia de enorme porte que no podemos perder de vista si queremos fortalecer el campo que pretende perseverar en un curso diferente en nuestro país. No porque supongamos que el nuevo jefe, de buenas a primeras, pretenda o eventualmente pueda dar vuelta como una media la instancia que tantos padeceres y ajustes de cuentas protagonizó en nuestra historia. Es más, cuando se alega que un subteniente no podía estar completamente ignorante a la índole que adquiere la política represiva de aquellos años, se está en lo cierto. Es poco menos que imposible que nadie, en esa institución, haya podido permanecer ajeno. A lo sumo, algunos pueden haber mantenido ciertas discretas distancias, favorecidos por los destinos y las especializaciones. ¿Pero alguien ha supuesto que las FF.AA. debían ser refundadas sin que ninguno de los que hubiesen accedido a las respectivas escuelas antes de 1984 pudiese permanecer en sus filas? ¿Quién podría haberlo hecho? Por otra parte, hasta en los países donde las FF.AA. fueron disueltas por movimientos insurreccionales se volvió a convocar a oficiales para que aporten a las nuevas configuraciones, y no sólo a subtenientes. Hubo hasta mariscales de renombre. Pero resulta antojadiza una elucubración de esta índole. Baste con mirar el panorama existente en países hermanos para darnos por muy satisfechos con la tarea de haber sido muy firmes con los juicios de todos los que se encontraron notoriamente involucrados, gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina y la perseverancia de Madres y demás organizaciones de derechos humanos. Porque estos diez años fueron fundantes, se gestaron las condiciones políticas para avanzar en la creación de unas FF. AA. democráticas, partiendo del reclamo por Memoria, Verdad y Justicia, que encontraron en la imagen de Néstor solicitando a un general del ejército que bajara un cuadro, el símbolo que lo condensa. De allí que nadie que entienda o le preocupen las cuestiones que hacen al tema del poder en nuestra región y en nuestro país puede suponer como aleatorio el compromiso a rectificar un rumbo en los términos que lo ha puesto de manifiesto el nuevo jefe del Ejército. Esto es de enorme valor y evidente fruto de una política. Y a los representantes de lo establecido les produce un manifiesto escozor. En cualquier caso, sin subestimar el papel de los juicios y de los jueces que darán su veredicto, tenemos que ser conscientes que la transformación de estas instituciones dependen de la consolidación y los avances que apuntalen el proceso actual, junto a nuestros hermanos de América latina. De nada sirven las expresiones de deseos en este u otros terrenos si se los aborda separadamente, en sus dimensiones culturales o psicológicas, al margen de las relaciones de fuerzas políticas que se vienen constituyendo. De últimas, la índole del Estado deviene de una ecuación con estas características. Y hoy por hoy, como no cesan de corroborarlo aquellos que están en las antípodas, quien está a la cabeza del proyecto en curso –del que somos partícipes– ha dado pruebas suficientes de sus intenciones. * Profesor titular de Política Latinoamericana, UBA. 31/12/13 Página|12

El derecho a las estrellas para 2014 Por Julián Axat

Hace pocos días visité un centro de encierro de adolescentes de la provincia de Buenos Aires, una de las actividades fue escribir en secreto, en un papel que les di, algún deseo para 2014. Antes de irme me los entregaron y los leí en voz alta, pero sin identificar a sus autores. La mayoría pidió un 2014 en libertad, otros, cosas más simples o sencillas, como “me gustaría sentir la lluvia en el cuerpo” o “poder mirar la noche estrellada más seguido”. Estos últimos deseos me llevaron a escribir lo que sigue. No hay ningún artículo de ninguna constitución, convención, tratado o ley que establezca el derecho a contemplar el cielo estrellado dentro de las cárceles del planeta. Nuestra civilización viaja lentamente hacia la matriz de Guantánamo, confinamiento en jaulas bajo techo donde la diferencia entre noche y día se pierde. Donde el infierno se impone sobre el cielo. Ni a Juan Bautista Alberdi ni a ningún constitucionalista de los nuestros se les hubiera pasado por la cabeza la idea de un derecho al cielo en los lugares de encierro. Es cierto que existiendo en la Argentina actual déficits de alimentación, higiene, salud, como altos niveles de violencia dentro de las cárceles, pensar el derecho a contemplar el cielo estrellado o a sentir la lluvia sobre el cuerpo puede sonar inocente, extravagante, romántico o hasta canallesco. Pero no, decimos que nada es incompatible en el contexto carcelario que sea, y para toda persona presa (aun en el dantesco infierno de todos los círculos y las crueldades), el derecho a contemplar la bóveda celeste es una necesidad humana de los encerrados, como lo es el deseo de absoluto y el rezo en la celda. Y ya no como parte del derecho a tener una abertura en la celda para proyectar la mirada, sino como parte del esparcimiento. En el cielo, la proyección de la libertad de quien está solo y espera, estar con alguien. La eternidad a través de los astros es el libro que escribió en 1871 Louis-Auguste Blanqui, encerrado en una celda como consecuencia de su actuación en la Comuna de París. “Me refugio en los astros donde uno puede pasearse sin límites... y sentir que todo ser humano es eterno en cada uno de los segundos de su existencia. Esto que escribo en este momento en una celda del fuerte de Taureau, lo he escrito y lo escribiré durante la eternidad, sobre una mesa, con una pluma, con vestimentas, en circunstancias semejantes.” El amparo estelar de Blanqui es el derecho o la forma de comunicarse con lo absoluto que tienen todos los confinados. Blanqui es el padre del derecho a las estrellas. La Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, en el artículo 40, refiere al derecho al esparcimiento y a la dignidad que tiene la infancia encerrada por motivos penales. El derecho a la recreación en lugares abiertos choca de plano con los lugares con barrotes y muros que cada vez caracteriza más a los centros de encierro juvenil de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hace poco conocí la experiencia de un conjunto de egresados de la Facultad de Astronomía de La Plata, seguramente ellos incentivaron a deseos de estrellas que yo luego recogí en mi visita. El proyecto se llama: “Derecho al cielo nocturno” y está a cargo de los docentes Mara Inés Fasciolo, María Cecilia Scalia, Federico García, Ignacio Gargiulo. Los talleres se dictaron en horario nocturno durante 2013. Una evaluación final sostiene: “...en general, las actividades realizadas durante estos siete encuentros consistieron tanto en observación del cielo nocturno a simple vista, utilizando también binoculares y telescopios, como en talleres áulicos con los que abordamos contenidos como el reconocimiento de los puntos cardinales, movimiento diurno, fases de la Luna y planetas, el origen de los meteoritos, etc. En todos los encuentros, llevamos cartas celestes que repartimos entre los jóvenes, las cuales fueron recibidas con mucho entusiasmo. Pudimos observar a los chicos muy entusiasmados en la tarea de hacer un reconocimiento del cielo a simple vista, que en su gran mayoría no habían podido ver desde antes de ingresar al Instituto, ya que las ventanas de las celdas no les permiten ver el cielo...” En la obra de teatro de Albert Camus, Calígula, el emperador en decadencia lo tenía todo pero le faltaba algo, “quiero la luna” vociferaba. A los presos de nuestro país les falta todo o demasiado, pero aun así pueden “querer las estrellas”. El derecho al cielo es mucho más que el deseo de un preso, puede ser el de cualquier ciudadano de este país que no levanta la cabeza y sueña. En esa proyección, en ese olvido del desasosegado, el derecho a las estrellas como deseo para el año que viene. * Defensor juvenil. 31/12/13 Página|12

LAS DEFINICIONES QUE DEBEN HACER JUECES Y TRIBUNALES EN 2014 Lo que se viene en el sistema judicial

La Corte debe resolver, entre otros temas, sobre actualización de jubilaciones. Habrá juicios orales por Once y por los asesinatos de diciembre de 2001. El Código Civil y Comercial. La parálisis del Consejo de la Magistratura. Los expedientes mediáticos. Por Irina Hauser El Poder Judicial terminó el 2013 con un enorme protagonismo político. Para el año que empieza, no sólo quedan grandes discusiones existenciales por profundizar sobre el sistema de justicia, sino cuentas pendientes en todos sus ámbitos. Causas cruciales en la Corte Suprema (incluida la cuestión de la larga edad de sus integrantes), una reforma (al menos interna) del paralizado Consejo de la Magistratura, la posibilidad de aprobar el Código Civil y Comercial y el Código Penal para aggiornar las bases del derecho, implementar prácticas “democratizadoras” que ya tienen peso de ley, como el ingreso por concurso a tribunales; habrá megajuicios como el de la tragedia de Once y el de los asesinatos del 20 de diciembre de 2001, y en el fuero federal porteño es posible que se defina la suerte de algunos expedientes mediáticos como el caso Ciccone y el de Lázaro Báez. Asuntos supremos Nada de lo que se viene pinta tan arrollador como el fallo que volteó la reforma del Consejo de la Magistratura ni el que convalidó la ley de medios. Pero pasan cosas en la Corte, que hará todo en pos de su legitimidad. Los expedientes colectivos que piden actualización de las jubilaciones llevan más de dos años de discusión interna: los jueces temen un desastre fiscal si obligan a pagar de cuajo, pero analizan atajos. Si es por asuntos de impacto político, el tribunal también tiene cola de reclamos millonarios de coparticipación, como el de Córdoba. Aunque quizá toque más el nervio del bolsillo de la gente común si llega a definir algo sobre la constitucionalidad de las limitaciones a la compra de dólares, que la procuradora Alejandra Gils Carbó recomendó declarar constitucionales. En otro rubro, hay un grupo de expedientes sobre sindicalización policial. A menos que decidan hacerse los distraídos, los cortesanos deberán decidir (o pedirle a conjueces) si uno de ellos, Enrique Petracchi, puede continuar en el cargo pese a que superó los 75 años. Petracchi tiene una cautelar a su favor (basada en el caso de Carlos Fayt, que tiene 95), que no cuestionó el Estado, pero sí un particular. Tendrá que decidir su propio destino Raúl Zaffaroni, que cumple la edad límite en un año, aunque desliza que se va. Habrá que ver qué papel asume, además, Ricardo Lorenzetti este año, en un contexto distinto, y con otra agenda. Y un tema latente, para el que el tribunal busca una solución, es la posibilidad de que los jueces empiecen a pagar ganancias. Consejo sin rumbo El Consejo de la Magistratura está en punto muerto. Su actividad el último año fue casi inexistente. Se reflejó en los concursos para cubrir vacantes de jueces: en 2013 sólo terminó uno con éxito, y le quedan concursos para 213 cargos. En el cuerpo le echan la culpa al tiempo que insumió la ley de reforma que introducía el voto popular de consejeros, invalidada por la Corte, y a que tienen que adaptar su reglamento a aspectos que sí quedaron vigentes. Sin embargo, llegado fin de año, las internas entre los consejeros y las ansias de todos los sectores por influir en los procesos de selección abortaron la votación de una reforma reglamentaria. En teoría, se votará este año. En el rubro de las acusaciones (antesala de los juicios políticos) la performance no fue mucho mejor: el cuerpo, por ejemplo, dedicó horas de discusión a la situación del juez Daniel Rafecas por el caso Ciccone, que tiene en veremos hace un año y medio, y nada a la del camarista de Casación Eduardo Riggi, denunciado por uno de los casos más escandalosos de presuntos sobornos en la Justicia, en el expediente sobre el asesinato de Mariano Ferreyra. Este año cada estamento votará nuevos consejeros, que asumirán en noviembre. Puede ser que cambie también el delegado del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales. Por ahora no se vislumbran grandes cambios. Cuestión de códigos Hay dos códigos claves capaces de impactar en la vida de los ciudadanos, que ya están redactados, adecuados a este siglo. Uno, el Código Civil y Comercial consiguió media sanción del Senado pero contra todos los anuncios se postergó su aprobación en Diputados, entre criticadas negociaciones con la Iglesia Católica y cuestionamientos de los jueces de la Corte (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco) que habían elaborado la versión original del anteproyecto, modificada por el oficialismo, que dejó en una ley aparte –por ejemplo– la regulación sobre responsabilidad patrimonial del Estado. El texto del código introduce conceptos acordes a los modelos actuales de familia y el matrimonio igualitario. Prevé cambios sobre divorcio, adopción, fertilización asistida, entre muchos otros. La definición sobre el inicio de la vida, generó polémica. Se aprobaría, pese a todo, este año. El proyecto de reforma del Código Penal fue entregado en diciembre a la Presidenta por la comisión de juristas que lo redactó, encabezada por Zaffaroni, y será presentado en el Congreso. Prevé un cambio enorme en la legislación penal, armoniza las penas, introduce nuevos delitos (desde los ambientales al genocidio), penas alternativas a la prisión, pone como máxima 30 años de cárcel, criterios de oportunidad y de casos insignificantes, e integra toda la regulación de leyes especiales, entre muchos aspectos. También se evalúa una reforma procesal, que acorte las causas y dé poder a los fiscales, pero está más verde. Casos mega y mediáticos El caso Ciccone, donde se investigan manejos en la quiebra de la imprenta y posible lavado, lleva casi dos años en los diarios y pocas definiciones. La causa, a cargo del juez Ariel Lijo, pasa por un momento particular: los integrantes del grupo Ciccone, que eran sospechosos, ahora son posibles víctimas. Es así desde que Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, declaró que fue Amado Boudou quien estuvo detrás del rescate de la empresa. Más allá de lo que haga Lijo, hay una decisión pendiente, que es central, en la Cámara de Casación que tiene la llave sobre la situación de Boudou. El fiscal Javier De Luca les recomendó a los camaristas que hagan lugar a una presentación de la defensa del vicepresidente que la investigación en su contra debe cerrarse porque nunca se definió cuál sería el delito que cometió. En la causa sobre el supuesto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez todavía no está claro cuánto hubo de construcción mediática y cuánto de pruebas judiciales. El juez Sebastián Casanello intenta dilucidarlo. Por ahora, sólo hubo algunas indagatorias, como las de los faranduleros Federico Elaskar y Leonardo Fariña, que dijeron en televisión que sacaron del país 55 millones de euros de Báez y en tribunales lo desmintieron. Aún no se definió la situación de nadie. De la mano de este asunto, un jurado deberá decidir el futuro del fiscal Luis María Campagnoli, suspendido por generar una investigación paralela en este caso y obstaculizar. Se vienen juicios grandes en los tribunales federales: el de cinco homicidios del 20 de diciembre de 2001, donde serán juzgados el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov y el ex jefe policial Rubén Santos. Si también entra Fernando de la Rúa será decisión de la Corte. El 18 de marzo empieza el juicio por la tragedia de Once, donde murieron 52 personas y hubo 700 heridos. Se juzga a ex funcionarios como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al maquinista y a los directivos de TBA. Democratización pendiente El ingreso al Poder Judicial por concurso y no por amiguismos o apellido es ley, pero no fue reglamentado por la Corte y solo lo aplican algunos tribunales. Tampoco se ve reflejada, en la web suprema, la publicación de todas las sentencias y resoluciones. En un balance findeañero, Justicia Legítima cuestionó a la Corte en esos y otros temas como una convocatoria limitada a jueces para diseñar reformas que agilicen juicios penales. Casaciones La creación de las Cámaras de Casación Civil y Comercial, del Trabajo y Contencioso Administrativo está frenada por medidas cautelares. La que sí existe, o a medias, es la Casación Penal Ordinaria, con sus diez jueces nombrados por decreto, pero no les toman juramento ni les dan edificio para funcionar, algo que esperan para este año. 02/01/14 Página|12

EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES QUE INVOLUCRAN GRUPOS ECONOMICOS Responsabilidad empresaria

El año pasado se confirmaron los procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, de tres directivos de Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores. Pero en muchas causas hay demoras. Por Alejandra Dandan Las investigaciones sobre la responsabilidad empresaria en crímenes de la dictadura avanzaron lentamente durante 2013. El dato más significativo fue la confirmación de la Cámara Federal de Salta de los dos procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y de su administrador Alberto Lemos, por su participación en 29 secuestros. Otro dato fue la confirmación de la Cámara Federal de San Martín del procesamiento de tres directivos de Ford por el secuestro de 24 obreros ocurridos durante 1976. Hubo también otros avances. El procesamiento con prisión preventiva dictado por Daniel Rafecas y confirmado por la Cámara de Casación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, amigo íntimo de Alfredo Martínez de Hoz, por su rol en la organización de un grupo de tareas destinado al secuestro del grupo empresario Grassi-Chavanne. En el contexto de las investigaciones a empresarios por su rol durante la última dictadura, este año, en la causa Papel Prensa, el Ministerio de Defensa aportó las actas de la Junta Militar halladas en el edificio Cóndor. También fueron importantes los allanamientos promovidos por el juez Norberto Oyarbide a la empresa Acindar, la apertura de una causa para investigar la responsabilidad de Bunge y Born en la desaparición de un grupo de trabajadores de la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata y el informe publicado por la Comisión Nacional de Valores en marzo del año pasado. Entre los avances, hubo procesamientos para los directivos de la empresa Mina el Aguilar de Jujuy, muchos de cuyos trabajadores pudieron declarar este año en el juicio oral que se llevó a cabo en esa provincia. También hubo un impulso para la investigación por los desaparecidos y secuestrados del INTA. Pablo Llonto es abogado querellante de algunas causas emblemáticas que involucran a grupos empresarios. En su balance hay cuestiones positivas, pero también mucho pendiente: “Se avanzó en los casos de civiles con dos agregados importantes: la confirmación de los procesamientos de Blaquier y la resolución de Casación, que establece la citación a indagatoria del primer periodista en causas de lesa humanidad por hechos cometidos desde una acción periodística, como fue usar un reportaje a una secuestrada para encubrir los delitos que se cometían en la ESMA. El caso es el del periodista Agustín Botinelli, de la revista Para Ti, en el secuestro de Thelma Jara de Cabezas”. Pero todavía en materia de civiles, dice, “queda mucho por hacer con los directivos de las empresas que fueron partícipes de los secuestros de sus trabajadores y delegados. En el juzgado federal de San Martín se avanzó con los directivos de la Ford, pero hay que lograr que ello se extienda a toda la Argentina”. Una Conadep económica Otro dato significativo de 2013 fue la propuesta que hicieron Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en el marco de la presentación del libro Cuentas pendientes: crear una Conadep que analice e investigue las causas de responsabilidad empresaria. En ese sentido, hubo un proyecto en la Legislatura de Río Negro que fue firmado por todos los legisladores del bloque del FpV. Y otro proyecto que elaboró el diputado Hector Recalde y que impulsa la creación “en el ámbito del Congreso de la Nación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”. En lógica de balance, Bohoslavsky señala que durante 2013 hubo “avances judiciales, administrativos, informativos, simbólicos y académicos en materia de responsabilidad por complicidad civil”. El mayor logro, sin embargo, “ha sido la consolidación de la narrativa que explica con argumentos racionales el involucramiento planificado y sistemático de los actores económicos en el plan criminal de la dictadura. También la disposición a pensar la responsabilidad por complicidad desde mecanismos de verdad, justicia y memoria que exceden largamente la reacción penal. Una explicación más amplia de lo que sucedió permite ubicar en un marco general piezas de información que han permanecido sueltas”. Y en ese sentido da un ejemplo que entendió cuando presentó el libro en Río Negro: “La represión de los chacareros cooperativistas de Río Negro, la sucesiva concentración de los negocios de la fruta en esa provincia y el terrorismo de Estado pueden pensarse ahora como engranajes de una misma maquinaria”. La importancia de los megajuicios En este momento hay 12 juicios orales en curso. En ellos, se juzga a 219 imputados por unas 2000 víctimas. Esto muestra que hay un promedio de 166 víctimas por cada juicio. Pero el “promedio” no refleja la situación real. Aún hay juicios fragmentados y pequeños, pero la política que se profundizó este año va hacia otro lugar. En la Ciudad de Buenos Aires se están haciendo dos debates, ambos con características de megajuicio: Plan Cóndor, con 24 imputados por 106 víctimas y el juicio unificado de la ESMA, por 66 imputados y por casi 800 víctimas. En Córdoba sucede lo mismo: el juicio por los crímenes de La Perla tiene en el banquillo a 44 imputados por un total de 417 víctimas. Y juicios que terminaron este año con las mismas características alimentaron las estadísticas de condenas. Entre ellos estuvo el juicio de Tucumán con 41 acusados por 234 víctimas. Carolina Varsky, de la Procuración, señala que “a través de estos números ahora pueden verse los resultados de las políticas que viene impulsando la Procuración desde hace años con el pedido de unificación de las causas y también muestran el efecto, la importancia y el impacto que tienen los grandes juicios. Lo que se vio este año es la maduración del proceso. Y también el resultado del uso de las reglas de la Cámara de Casación, que no es menor”, agrega. Se refiere, por ejemplo, a las reglas que permiten a los testigos que ya declararon no tener que volver a hacerlo. “Esto permite aprovechar los días de audiencia, no repetir prueba que ya se obtuvo en juicios anteriores y ayuda a evitar que el testigo no se revictimice al tener que volver a actualizar todo”. Demoras en la Corte La demora en la confirmación de las sentencias por parte de la Corte Suprema es un tema que preocupa a los organismos de derechos humanos. Uno de los problemas que genera es que trunca el proceso de justicia. Los acusados que mueren antes de esa última confirmación, por ejemplo, no terminan jurídicamente condenados sino “sobreseídos por muerte”. Uno de los ejemplos fue el del dictador Jorge Rafael Videla. Tenía una sentencia firme del Juicio a las Juntas. Pero murió este año sin tener ninguna sentencia firme como producto de este nuevo proceso de justicia, apunta en este caso Lorena Balardini, del CELS. Otro dato paradigmático es el suboficial Gregorio Medina. Medina fue el primer condenado por una violación sexual como delito de lesa humanidad. La condena fue del año 2010. La dictó un tribunal de Mar del Plata. Casación confirmó ese fallo con una resolución muy importante, pero Medina quedó “sobreseído” porque murió antes de que la Corte confirmara la condena. “Llegamos al final 2013 con tan sólo 28 condenas firmes a genocidas desde la apertura de los juicios en 2006”, dice la abogada Liliana Alaniz, militante de Apel, representante de Justicia Ya! en el juicio ESMA. 02/01/14 Página|12

EL 2013 TERMINO CON 520 CONDENADOS Y 927 PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO La hora de revisar el rol de la Justicia

Hay 272 civiles involucrados en causas que tuvieron un movimiento significativo el año que terminó y seguirán avanzando en el que empieza. Cincuenta y tres entre esos acusados están vinculados con el Poder Judicial. Por Alejandra Dandan El 2013 concluyó con varios datos significativos en las causas de lesa humanidad. Hubo un aumento de 144 detenidos: pasaron de 593 en 2011 a 813 en 2012 y ahora son 927 en 2013. Y no hay en este momento constancias de detenidos en dependencias del personal militar. El año terminó con 520 condenados: 142 más que en 2012, que representa un aumento del 27 por ciento. Los números pertenecen a las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Pero el año tuvo otros datos significativos. Hay 272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un universo de 2335 imputados. La información surge de un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y muestra otro de los efectos de las políticas de persecución penal de este año. Entre los civiles acusados –conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos son jueces. El número es elocuente si se tiene en cuenta que hasta aquí hay un solo juez condenado. Los civiles y el Poder Judicial Según datos del CELS, a diciembre de 2013 son 272 los civiles registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335 imputados. Es significativa la presencia del personal civil de Inteligencia, de sacerdotes o profesionales de salud, entre los que hay médicos, varios de los cuales están afectados a causas de robo de niños. Pero el dato más relevante es el del Poder Judicial. Hay 53 personas mencionadas en distintos procesos. Entre ellas hay fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces. Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, indican que las causas en la que estas personas están involucradas tuvieron movimientos importantes durante este año. En esta línea, Varsky destaca que este año quedó firme la condena impuesta al ex juez Víctor Hermes Brusa. Brusa es hasta ahora el único juez condenado –la sentencia fue en 2009–, aunque cuando cometió los crímenes era secretario de juzgado. Este año también se elevaron a juicio dos causas que involucran a seis ex funcionarios judiciales: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Gabriel Francisco Guzzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz en Mendoza y Luis María Vera Candioti en Santa Fe. Y distintas Cámaras Federales confirmaron procesamientos de cinco imputados: Roberto Catalán (La Rioja), Roberto Mazzoni (Resistencia), Luis Angel Córdoba (Resistencia), Gustavo Modesto Demarchi (Mar del Plata) y Manlio Torcuato Martínez (Tucumán). Detrás de los datos El movimiento en torno de los funcionarios judiciales implica una revisión sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura. Un rol que durante años se vio como “inactivo” y ahora se lo entiende como “activo”, aun en su supuesta inactividad. Dos resoluciones consolidaron esa línea de interpretación. Una de Omar Palermo, ahora integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, cuando era fiscal y tuvo que pensar responsabilidades de imputados en una provincia paradigmática en ese sentido. Y otra de la Cámara de Casación en marzo de 2013, en la que se revocó el sobreseimiento del ex juez salteño Ricardo Lona. Allí se señaló: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”. Lorena Balardini, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS, sostiene: “Las responsabilidades empresariales y judiciales están tematizadas desde la época de la Conadep. Siempre hubo menciones a los distintos poderes del Estado, pero eso no se había traducido en persecución penal. La hipótesis que tenemos es evidentemente que toda la cuestión civil estuvo presente en la transición democrática, pero lógicamente no hubo un foco en esa cuestión, salvo en el tema de la Iglesia. Ese tema estuvo muy presente, y sigue estando. Lo trabajó desde Emilio Mignone a Horacio Verbitsky. Pero sin embargo no tuvo su correlato en la persecución penal. Con los jueces existe un solo caso hasta ahora de una persona condenada. En ese sentido está todo por venir.” Brusa visitaba los centros clandestinos de detención. Su caso es paradigmático, pero “no todos los jueces fueron Brusa”, dice Balardini. El juicio que comenzará en febrero en Mendoza va a ser importante, entre otras cosas, porque permitirá ver las distintas dimensiones en las que se está pensando la intervención de la Justicia. “No todo accionar fue visitar centros clandestinos. También son ejemplos de aquello no investigar, cajonear, no citar testigos, rechazar sistemáticamente hábeas corpus o dar la espalda a familiares”, señala. “Durante mucho tiempo se discutió este tema y se decía que los jueces estaban atados de pies y manos. O que estuvieron ‘inactivos’. Lo que ahora se ve es que los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol ‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir el acceso a la justicia.” Juan Pablo Bohoslavsky trabaja en la edición de un libro de varios expertos sobre la complicidad de funcionarios judiciales y abogados durante la dictadura. “Contra lo que sugiere la literatura comparada en la ciencia política, el Poder Judicial durante la dictadura en Argentina fue activo –no sólo complaciente o apolítico– en su colaboración con el régimen, cubriendo una amplia y variada gama de conductas”, dice uno de los párrafos de presentación del proyecto. “Desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores) de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y las razones de esas muertes, así como en la apropiación ilegal de niños, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la ayuda prestada para interrogar e incluso torturar a detenidos ilegalmente, y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas –señala–. Se debe tener en cuenta que al día de la fecha ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún continúa en funciones”. Auat reflexiona sobre este movimiento en un año en el que estuvo de fondo el debate de Justicia Legítima. Dice que después de la caída de las leyes de impunidad, el avance de estos expedientes se vio trabado por un segundo cerco de impunidad promovido por los propios jueces y operadores que debían investigar. Unos eran jueces, fiscales y operadores del sistema judicial que habían cumplido funciones durante la dictadura y aún ocupaban puestos. Otros habían ingresado después, pero estaban imbuidos por una misma matriz cultural. “Al no haber sido alcanzado por la democracia, ese Poder Judicial siguió funcionando con los mismos paradigmas y los mismos operadores de entonces, así se retroalimentó hacia adentro. Esos nuevos funcionarios ingresaron al abrigo de los viejos paradigmas con apoyo y padrinazgos, familiares o de amistad y evidentemente se generaron anticuerpos para investigar a sus propios miembros y no sólo los de esa época. Ellos encontraban el manto de impunidad porque las propias estructuras se encargaban de generar esa situación. El hecho de que pertenezcan a la misma comunidad, en ciudades chicas, hace que se inhiban de actuar por distintas razones, se excusan, en un trámite que lleva muchísimo tiempo. Y la demora se paga con monedas de impunidad, no hay otro costo y es el costo más grave que tenemos”. Aunque estos 53 casos no son todos, ni muchos, en ellos puede verse cierto quiebre de esa lógica de clan. Las razones son muchas. Los juicios orales, por ejemplo, suelen hacerse con jueces que se movilizan desde otras provincias porque no hay magistrados del lugar disponibles. Eso llevó jueces de Tucumán a Santiago del Estero, de Buenos Aires a Santiago o Jujuy, de Santiago a Salta y de Catamarca a La Rioja. A la vez, eso impide la consolidación en cada lugar de una estructura judicial que se haga cargo de avanzar con estos ejes y lentifica las causas con audiencias que se hacen una o dos veces por semana. Pero mirados en conjunto generaron algunas sacudidas interesantes en los principados territoriales.