Atilio Boron HACE OCHO AÑOS SE ENTERRABA EL ALCA

Para recordar: hace exactamente ocho años, en un día como hoy, 4 de Noviembre, pero del 2005, se enterraba en Mar del Plata el más ambicioso proyecto de Estados Unidos para América Latina y el Caribe: la creación del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Fue una batalla decisiva librada en el marco de la IV Cumbre de Presidentes de las Américas, en la cual había una ausencia que brillaba enceguecedoramente: Cuba, pero que hablaba por la voz de Hugo Chávez. Pese a que no estaba en la Agenda de Presidentes discutir sobre el ALCA Estados Unidos -con la ayuda de su socio/peón, Canadá- trató de imponer el tema y lograr un voto positivo en la Cumbre que abriese de par en par las puertas al proyecto imperialista. Este proponía instaurar la más irrestricta liberalización comercial bajo la forma de un tratado global de libre comercio que, como hemos visto en la experiencia práctica de países como México (la economía con mayor período de vigencia del TLC), Colombia, Perú y Chile sólo profundizaría los lazos de dependencia, la vulnerabilidad externa, la extranjerización de las economías, la polarización social y el saqueo de los bienes comunes de la región. En palabras de Eduardo Galeano, el libre cambio cristaliza la división internacional del trabajo, en la cual algunas economías se especializan en ganar y otras en perder. De eso se trataba el ALCA, y eso es lo que se derrotó en Mar del Plata. Al pronunciar el discurso de apertura de las sesiones de la Cumbre Néstor Kirchner se pronunció en contra de la pretensión de incorporar el tratamiento del ALCA en las deliberaciones de los presidentes, lo que provocó la insistencia de Canadá acompañado por el gobierno conservador mexicano presidido por Vicente Fox, el gobierno de Panamá (Martín Torrijos, para eterna traición al legado de su padre, Omar Torrijos, quien recuperó el Canal de Panamá de manos yankees) y, sibilinamente, por el presidente de Chile, Ricardo Lagos. Pero las intervenciones posteriores de Luiz Inacio “Lula” da Silva, Tabaré Vázquez y, sobre todo, de Hugo Chávez, liquidaron definitivamente ese proyecto y en la Declaración Final quedó claro, en negro sobre blanco, que no había acuerdo sobre el tema y que, por lo tanto, quedaba postergado indefinidamente. La de Mar del Plata fue una batalla extraordinaria, cuya importancia muchos todavía no terminan de valorar porque se niegan a reconocer la importancia crucial de la lucha antiimperialista en Nuestra América. El estratega de ese combate fue Fidel, y el gran mariscal de campo fue Chávez, contando con la importantísima colaboración de Néstor Kirchner y Lula. Muy difícil para estos, por diferentes razones. Para Kirchner, porque era el anfitrión de la Cumbre y tenía que desairar a Bush en su propia cara, y lo hizo; y para Lula, porque dentro de su gobierno había sectores -¡que todavía los hay en el gobierno de Dilma!- que favorecían el proyecto. La batalla que estos tres libraban dentro de la Cumbre fue facilitada por la extraordinaria movilización popular que se dio cita en Mar del Plata, producto de la eficacia de la campaña continental “No al ALCA” y del generalizado repudio que suscitaba la figura de George W. Bush, verdugo de Irak y Afganistán y, tal como lo denunciara Noam Chomsky, uno de los más sanguinarios criminales de guerra de los últimos tiempos. La “Contracumbre” fue un factor de enorme importancia para frenar, desde afuera del recinto donde se reunían los presidentes, la iniciativa norteamericana y para persuadir a los gobernantes dubitativos o inclinados a aceptar las órdenes del imperio que aprobar el ALCA

EL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI EN EL DIARIO PERSONAL DEL PROVICARIO CASTRENSE VICTORIO BONAMIN Conflicto ideológico y territorial

El conflicto de Angelelli con los jefes militares de Chamical en 1976 y el papel del vicariato castrense en su agudización. Los diarios personales del provicario castrense Victorio Bonamín. Por Ariel Lede y Lucas Bilbao * El 28 de junio de 1957, el Vaticano y el gobierno dictatorial del general Pedro Eugenio Aramburu firmaron el Acuerdo sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las fuerzas armadas, erigiendo en Argentina un vicariato castrense “para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire”. La jurisdicción de este vicariato era “personal” y no “territorial”, es decir, su feligresía se extendía a todos los militares, independientemente de la diócesis donde se encontraban. Al mismo tiempo, disponía que en las “zonas militares” esa jurisdicción era “acumulativa con la de los obispos diocesanos”, aunque el vicario y los capellanes militares la ejercían “primaria y principalmente”. Así, la nueva institución generó un doble movimiento respecto de los obispos territoriales: se superpuso y se independizó de ellos. Este ordenamiento territorial se convirtió en uno de los motivos de conflicto entre el vicariato y los obispos diocesanos del ala renovadora. La otra razón era doctrinaria y política. Desde los inicios de la década de 1970 se produjeron conflictos con obispos como De Nevares, Devoto, Marozzi, Ponce de León y Enrique Angelelli, asesinado por los militares en agosto de 1976. Desde su llegada a La Rioja en 1968, Angelelli sufrió hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas armadas a causa de su trabajo pastoral en favor de los campesinos, la promoción del Movimiento Rural Diocesano y su enfrentamiento con la elite terrateniente. Para 1976, la “espiral de violencia” que denunciaba había alcanzado su punto más agudo, ante lo cual escribió al resto de los obispos, el 25 de febrero: “Entiendo que el asunto va más allá de La Rioja, nos incumbe a todos... solicito a mis hermanos obispos, porque urge, una evaluación más profunda... Necesitamos urgentemente clarificar la misión que nos corresponde a las Diócesis y a la Vicaría Castrense... Es hora que abramos los ojos y no dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la Fe Católica... No es casualidad querer contraponer la Iglesia de Pío XII a la de Juan y Pablo... Hoy cae un Vicario General [el 12 de febrero había sido detenido Esteban Inestal por orden del Ejército]; mañana (muy próximo) caerá un Obispo. Por ahí se me cruza por la cabeza el pensamiento de que el Señor anda necesitando la cárcel o la vida de algún Obispo para despertar y vivir más profundamente nuestra colegialidad episcopal”. El provicario castrense Victorio Bonamín, a cargo de más de 200 capellanes militares, registró en su diario personal el 5 de marzo de 1976 una conversación con el vicario Adolfo Tortolo. El tema: “Una carta desorbitada de Angelelli contra los militares de La Rioja por las detenciones”. Como respuesta a las persecuciones por parte de los jefes militares, al rechazo del sacerdote Gabriel Longueville como capellán de la base aérea de Chamical, y a la inacción del Episcopado, Angelelli ensayó un nuevo intento defensivo: declaró la pena de entredicho, un tipo de censura eclesiástica mediante la cual prohibía al clero riojano oficiar misa en el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (Celpa). Esta resolución dejaba a los militares afuera de la distribución de los “bienes religiosos”, adquiriendo el hecho un significado político. Por esta razón, desde la base aérea recurrieron al provicario castrense, quien el 27 de junio asistió al quince aniversario del Celpa invitado por el Estado Mayor “en vista de la triste situación espiritual de nuestra gente, sobre la cual pesa la pena de ‘entredicho’ –práctico– sancionada por el obispo diocesano”, subrayó en su diario. En la homilía, Bonamín desafió a Angelelli, diciendo a los soldados: “Por deficiencia nuestra, tal vez por deficiencia del Vicariato Castrense que yo represento, carecéis de una asistencia espiritual a la que tenéis derecho y a la que todos deberemos venir en auxilio. [...] El veneno que pueda haber en algunas criaturas no está dispuesto por Dios para el mal del hombre. Todo ello ha entrado por las argucias del demonio, y de quienes están de su parte. Son trabajadores de la muerte y han de sufrir sus consecuencias”. Además de Bonamín, participaron de la misa el capellán Felipe Pelanda López (denunciado ante la Conadep por colaborar en los interrogatorios y justificar la aplicación de tormentos a los detenidos) y el sacerdote Julio César Goyochea, antiguo opositor de Angelelli a quien el diario riojano presentó amablemente como “ayudante de la vicaría castrense”. Respecto de Goyochea, anotó Bonamín: “posible candidato a Capellán de Celpa, si lo deja el obispo...”. La intención de Angelelli era que la asistencia religiosa en la base aérea estuviera a cargo del párroco de Chamical, Gabriel Longueville, pero Bonamín tejía una estrategia para ubicar allí a un sacerdote ligado ideológicamente al vicariato. Ese día Bonamín almorzó con los jefes militares Lázaro Antonio Aguirre y Luis Fernando Estrella, este último miembro de Falange de Fe, un desprendimiento del grupo integrista Ciudad Católica que logró cierta adhesión en la Fuerza Aérea. Apenas 21 días después, el 18 de julio, Estrella participaría del homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Rogelio Longueville. El tribunal de La Rioja, en la sentencia que lo condenó a prisión perpetua en diciembre de 2012, expuso que estos asesinatos no fueron hechos aislados, “deben interpretarse y comprenderse precisamente en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos. [...] Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia, de un sector de la misma, considerados ‘enemigo’ y ‘blanco’ [...], por tanto un elemento subversivo a eliminar” (TOF La Rioja, 7/12/2012). El 4 de agosto asesinaron a Angelelli en un simulado accidente automovilístico. El prelado les había advertido a los obispos que sería “el próximo”. La caracterización de Angelelli como enemigo político, la indiferencia cómplice del Episcopado y la exacerbación de la violencia militar por parte del vicariato castrense son algunos de los elementos que conforman el contexto del asesinato. La complicidad pasiva y activa de la jerarquía eclesiástica es inocultable. El Episcopado sostuvo desde un comienzo –y hasta la actualidad– la versión oficial del “accidente”, aun cuando L’Osservatore Romano –órgano de prensa del Vaticano– puso en duda las circunstancias de la muerte, publicando que el fallecimiento se produjo “en un misterioso accidente automovilístico”. Sugestivamente, el 18 de agosto se reunió la Comisión Ejecutiva del Episcopado y emitió un comunicado en “fraterna solidaridad” con el obispo Vicente Zazpe, detenido en Ecuador el 12 de agosto en el marco de una reunión de cristianos latinoamericanos. Nada dijo sobre la muerte de Angelelli, ocurrida catorce días antes. El papel del vicariato castrense fue todavía más activo. Utilizando su influencia sobre los militares, participó en la construcción de una imagen negativa del obispo riojano y socavó la legitimidad de su ministerio episcopal y pastoral. Tanto el aspecto políticoideológico como el jurisdiccional son factores explicativos de un conflicto que derivó en crimen. El vicariato debe ser considerado un actor funcional a la estrategia de los militares de ir cercando y quitando apoyos a Angelelli. Tal afirmación está avalada por las conversaciones, que Bonamín revela en su diario (02/09/1976), posteriores al asesinato: “En reunión de Obispos me involucraban a mí por la homilía de Celpa!”. Se refiere a una de las reuniones que los miembros de la Comisión Ejecutiva del Episcopado (arzobispos Primatesta, Zazpe y Aramburu) mantuvieron con Videla y el nuncio Pío Laghi el 22 de julio de 1976. Allí los arzobispos atribuyeron a Bonamín responsabilidad en la acentuación de la hostilidad de los militares hacia el clero riojano. Fue el mismo Zazpe quien se lo insinuó por carta a Angelelli poco antes de su muerte: “Con respecto a Mons. Bonamín, creo que las cosas pueden tomar un cariz desagradable para él, ya que la actuación en Chamical fue descabelladamente desacertada”. Bonamín estaba en Europa el día del asesinato, pero el 2 de septiembre, a pocos días de su regreso al país, anotó en su diario: “Mons. Angelelli: ¿un tiro en la cabeza?”. El interrogante de Bonamín es contundente al confirmar que Angelelli era uno de los “asesinables” y fortalece la hipótesis del homicidio, si pensamos que se trata de un funcionario religioso que ocupaba una importante posición en el entramado castrense, con acceso al tráfico y circulación de información confidencial (hecho que queda confirmado con la lectura de sus diarios personales). Y, lo que es más sugerente, guarda relación con los resultados de la necropsia practicada por los peritos forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009: “La causa del fallecimiento está en relación directa a fracturas múltiples de cráneo...”. Si bien no murió por disparo de arma de fuego, “existe hundimiento de zona occipital con desprendimiento de sustancia ósea que se encuentra desplazada hacia el interior del cráneo”. En 2001, pasados veinticinco años del asesinato, los obispos argentinos se vieron obligados a hablar de Angelelli, aunque cuidándose de no mencionar la palabra “asesinato”. Según concluyeron después de largas meditaciones, al obispo riojano “la muerte lo encontró”. El recurso metafísico en declaraciones sobre hechos notoriamente concretos es una constante entre los prelados argentinos. En realidad, la muerte “lo encontró” porque contaba con servicios de inteligencia, planificación, sicarios y bendición episcopal. Testigos directos de una época y de una complicidad institucional, los diarios de Bonamín esperan en la estantería a ser llamados a declarar. En la memoria colectiva parece estar cada vez más clara la idea de que la última dictadura fue cívico-militar-religiosa. Resta aún que sea citada por los tribunales. El diario de Bonamín. * Autores de la investigación sobre los diarios personales de Bonamín (1975-1976). Compartir: Twitter

› SE ENCONTRARON EN UN SUBSUELO DEL EDIFICIO CONDOR DOCUMENTOS INEDITOS DE LA ULTIMA DICTADURA Actas secretas, biblioratos y listas negras

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que se llegó a los papeles a partir de información del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Hay registros sobre pedidos de familiares de desaparecidos e información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa. Por Ailín Bullentini “SECRETO”. Así, en mayúscula y como introducción a todo lo que seguirá desde esa línea hacia abajo, comienzan las actas de los encuentros formales que compartieron los representantes de las diferentes fuerzas en la Junta Militar durante la última dictadura. Fueron 280 las reuniones que sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, según los originales de las actas que fueron encontrados en el subsuelo de la sede central de la Fuerza Aérea. En una decena de ellas, según los registros que permanecieron escondidos durante más de tres décadas, los genocidas trataron “el problema de Papel Prensa” y “el arresto de los familiares e implicados en el caso Graiver”. En otras tantas, se ordena que “se debe evitar el uso del término ‘personas desaparecidas’, utilizando, en cambio, ‘pedidos de paraderos de personas’”. Tras un análisis preliminar, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ponderó el “valor histórico” de la documentación hallada, que comprende además 1500 biblioratos, carpetas con planes de gobierno y fundamentos ideológicos a lo que los genocidas llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. Dejó a criterio de la Justicia la decisión respecto de su valor jurídico. “Es la primera vez que tenemos acceso a una documentación de esta índole”, destacó el ministro que, además, remarcó: “El hallazgo demuestra que la expectativa que todos mantenemos acerca de que pudiese seguir existiendo documentación (sobre el accionar de la última dictadura cívico-militar) no es en vano”. El jueves pasado, el jefe del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, llamó al ministro de Defensa con una noticia llamativa: en una “limpieza” en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea habían encontrado “documentación que prima facie parecía resultar sensible al período histórico comprendido entre 1976 y 1983, la última dictadura militar”, relató Rossi ayer en el marco de la conferencia de prensa a la que citó a medios, organismos de derechos humanos y representantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas. La Dirección de Derechos Humanos de la cartera, a cargo de Stella Segado, y de Asuntos Jurídicos, a cargo de Graciana Peñafort, hicieron en estos días un análisis preliminar de los papeles resguardados en dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería durante treinta años. Ayer, Rossi limitó en seis meses la tarea de sistematización en profundidad de la información, que estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio. Entre las documentación hallada hay: n 1500 biblioratos. n Seis carpetas que contienen las actas originales de los encuentros que la Junta Militar mantuvo mientras duró su gobierno de terror, en las que quedaron registros de que discutieron sobre desaparecidos, sobre la detención de la familia Graiver, dueña de Papel Prensa, y sobre esa empresa. También sobre el conflicto con Chile por el canal de Beagle y la Ley de Radiodifusión. n Documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, informes que “daban sustento doctrinario o ideológico al plan de gobierno de los genocidas, planificación de la estrategia a largo plazo. n Registros de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres que desaparecían a diario, información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa, listas negras de artistas, comunicadores e intelectuales. Antes y después de detallar el contenido general de los archivos encontrados, Rossi destacó cómo se produjo esa revelación: “Llegamos a esta documentación por una información que nos brindó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, un integrante de la cúpula de las Fuerzas Armadas. No porque estábamos investigando nosotros, no por una investigación judicial, y eso es un hecho cualitativo absolutamente distinto de otras situaciones en las que se han encontrado documentos relacionados con la última dictadura”, subrayó Rossi y, en esa línea, lo relacionó con la “misión” que le encomendó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrarlo al frente de la cartera: “La Presidenta me dijo que había que empezar a construir una nueva relación entre las Fuerzas y la sociedad, integradas a un proyecto de Nación, fuertemente vinculadas con la sociedad civil y prestigiosas. Este hecho demuestra que así se está actuando”. También ayer, el ministro firmó una resolución que llama a los miembros de las Fuerzas Armadas a “intensificar la requisa en lugares no habituales de tránsito y uso (de las diferentes dependencias) ante la posibilidad de que pueda existir más documentación que ayude a ir consolidando la idea de memoria, verdad y justicia”. En ese sentido, destacó la presencia de la cúpula militar en la conferencia como un “cambio de época” y un “aporte a los festejos de los 30 años de democracia”. “La Justicia determinará el valor jurídico que los documentos puedan tener a las causas abiertas”, mencionó Rossi. Para Peñafort, el valor jurídico de los papeles es “casi inédito”: “Estamos tratando con documentación original que en los juicios en los que se discute la política económica de la dictadura, por ejemplo, servirán para dar cuenta de un plan económico y sistemático hecho en violación a la Constitución y a los derechos humanos de quienes eran accionistas de las sociedades”. En cuanto a la historia, la directora de Asuntos Jurídicos de la cartera de Defensa coincidió con el titular, ya que “semejante cantidad de información, en relativo buen estado y sistematizada en su mayor parte, original, permite pensar que es posible encontrar otra información muy preciada y esperanzadora que conduzcan a datos que permitan resolver dudas sobre los hijos, sobre los nietos”. Compartir: Twitter

EMPEZO EL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DEL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI “Bajo el amparo de la jerarquía”

Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez. “En esta causa queda particularmente demostrado que el terrorismo de Estado actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”, se escuchó ayer durante la primera audiencia del juicio oral por el asesinato, en agosto de 1976, del obispo de La Rioja Enrique Angelelli. Los acusados son el ex comodoro Luis Fernando Estrella y el ex general Luciano Benjamín Menéndez. El juicio comenzó ayer al mediodía, después de que se pudieran solucionar algunos problemas técnicos. La jornada consistió en la lectura de la elevación a juicio realizada por la fiscalía. Los jueces José Camilo Quiroga Uriburu (presidente), Carlos Julio Lascano (del Tribunal Federal Nº 1 de Córdoba) y Juan Carlos Reynaga (del Tribunal Federal de Catamarca) serán los encargados de dictar sentencia. Mario Garzón (del Juzgado Federal de San Francisco, Córdoba) fue nombrado magistrado suplente. Junto con los dos represores que serán juzgados, habían sido acusados también por este caso el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, quien estuvo a cargo del Departamento de Informaciones (D2) de La Rioja, pero los tres fallecieron antes de que se inicie el proceso judicial. Además de los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes, serán parte acusadora Miguel Angel Morales –por la Organización Tiempo Latinoamericano– y María Elena Coseano, sobrina del obispo. Pedro Goyochea y Mirta Sánchez representarán al Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez y Bernardo Lobo Bugeau a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia. El 4 de agosto de 1976, el entonces obispo de La Rioja regresaba desde la ciudad de Chamical a la capital provincial, tras participar de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados que pertenecían a su diócesis, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville. Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando, según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco se cruzó por delante de la camioneta provocando su vuelco. Producto de los tumbos dados por el vehículo, Angelelli salió despedido y murió en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro de la camioneta con diversas heridas. En términos de prueba, el juicio revisará documentos, actas y sobre todo testimonios que desde el primer día dan cuenta del atentado, tal como señaló la elevación: “Podemos afirmar con seguridad que la colisión automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a él y al sacerdote Arturo Pinto, que salvó su vida milagrosamente. Pero también, las querellas –a excepción probablemente del Obispado– evaluarán en dos direcciones el rol de la Iglesia. Por un lado, trabajarán sobre las pruebas del desamparo en el que la jerarquía dejó al obispo a sabiendas de que estaba amenazado y en peligro. Y por otro lado, se volverá sobre la insistencia de la Iglesia en calificar este hecho desde siempre bajo la hipótesis del accidente. Luis Baronetto, querellante por Tiempo Latinoamericano, recuerda que “el obispo llevaba oculta tras el asiento de su camioneta la carpeta con la información reunida sobre el asesinato de los dos sacerdotes de Chamical. Una fotocopia de esa carpeta fue vista por el policía federal Peregrino Fernández en el escritorio de Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior. Así consta en el expediente judicial. Fue el motivo inmediato del crimen, que en realidad se preparó desde mucho antes con el ataque a la pastoral diocesana”. Compartir: Twitter

Los siete magníficos Por Vicente Battista

En 1960, John Sturges dirigió Los siete magníficos, una remake de Los siete samurais, aquella celebrada película de Akira Kurosawa que en 1954 obtuvo el León de Plata en la Mostra de Venecia y hoy está considerado uno de los diez films más grandes de todos los tiempos. Kurosawa había situado su historia en el siglo XVI y se refería a un pueblito de campesinos que sufría el constante acoso de una banda de forajidos. Los héroes, en este caso, eran siete samurais que, al borde de la pobreza, asumían la defensa de esos campesinos y recibían como premio un puñado diario de arroz. Para la remake, Sturges sitúa su acción en el siglo XIX, en un poblado mexicano fronterizo que soporta sin descanso la visita de asaltantes. Los héroes también son siete, aunque no samurais, sino pistoleros. Igual que los personajes de Kurosawa, sufren penurias económicas, por lo que defienden a los campesinos a cambio de un puñado de dólares. Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz, Robert Vaughan y Brad Dexter personifican a esos héroes que desde el sur de Texas cabalgan hacia México con el fin de llevar justicia al castigado pueblito fronterizo. Hace unos días pudimos ver una nueva versión de los siete magníficos. En rigor de verdad, se trata de seis magníficos y de una magnífica que, a diferencia de los personajes de Kurosawa y de Sturges, gozan de gratas condiciones económicas, y no son ni samurais ni pistoleros, sino vistosos periodistas que, movidos por el mismo afán de justicia, cabalgaron desde Buenos Aires hasta Washington. No bien llegaron a la puerta de la OEA, sujetaron a sus corceles y con paso decidido se encaminaron hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ese organismo. Frente a un público expectante, la magnífica y uno de los magníficos desplegaron sus definitivas razones. Fue conmovedor escucharlos. Ambos se ocuparon de recordar el modo valiente con que habían actuado durante los años de la última dictadura cívico-militar. El se refirió a las “atrocidades y crímenes que cometió la dictadura” y ella se indignó porque, ya en democracia, en un juicio popular y público, la acusaron de apoyar a ese régimen. Sin ánimo de quitarles méritos, hay que reconocer que tanto la magnífica como el magnífico no tienen buena memoria. En 1976 el genocida general Bussi, entonces flamante gobernador de Tucumán, premió a una serie de periodistas por su labor en la lucha antisubversiva. Uno de los premiados fue el magnífico. No en vano, durante el “Operativo Independencia”, que se llevó a cabo como paso previo a lo que poco después se convertiría en el golpe de marzo de 1976, había escrito: “La presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios”. En 1977, el genocida general Videla, durante una entrevista pública realizada en Washington, se quejó por el modo con que se distorsionaba en el mundo la realidad de nuestro país. Entonces la magnífica, con tono respetuoso, le preguntó: “Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada que en el exterior se presenta nuestra realidad, ayer cuando lo veíamos al presidente Carter en medio de dos argentinos, pensábamos en la importancia de tener una ubicación en la cocina del mundo políticamente, ¿usted tiene planeado en un futuro más o menos próximo viajar, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que estemos presentes?”. Tres años más tarde, en agosto de 1980, cuando el genocida general Harguindeguy se refirió a la censura y la autocensura de la prensa, la magnífica se apresuró en aclararle: “No queremos que usted crea, señor ministro, que éstas son acusaciones en contra suyo. Son simplemente comentarios que le hacemos para que sepa qué es lo que se dice, qué es lo que se piensa”. Tanto el magnífico y la magnífica, así como los otros cinco magníficos, que ahora en democracia cabalgaron hasta Washington, en ningún momento de los oscuros años de la dictadura ensillaron sus caballos para dar a conocer los horrores que aquí se padecían. Por lo que se advierte, dejaban la tarea de informar en manos de los propios represores. Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quisieron saber por qué causa habían llegado hasta ahí. La magnífica confesó que porque la criticaban severamente y le gritaban cosas feas por la calle. En la Comisión le explicaron que eso se engloba “en el ejercicio de la libertad de expresión” y que es necesario “respetar esas manifestaciones”. Entonces el magnífico tomó la palabra, dijo: “Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos, la respuesta es que sí”, y antes de que los presentes salieran de su asombro, completó que, más allá de esa libertad, no trabajan tranquilos, ya que tienen miedo de posibles represalias por parte del Gobierno. Aunque el magnífico dijo que prefiere la cárcel antes que el insulto, en los últimos diez años no hubo un solo periodista preso y no se censuró ni prohibió ningún programa de radio o de TV, no se clausuró un solo diario ni una sola revista. Los miembros de la Comisión obviaron aconsejarle que una buena terapia podría curar ese miedo, aunque sí les explicaron que había sido una vana cabalgata: “Los testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se pronuncie”. A diferencia de los héroes de Kurosawa y de Sturges, estos siete magníficos perdieron su batalla. Sin embargo, no pierden el ímpetu, ya planean nuevas actuaciones y, fieles al número que han adoptado como cábala, están organizando un nuevo espectáculo basado en “Blancanieves y los siete enanitos”.

EL PAIS Ahora dicen que quieren adecuarse Por Mario Wainfeld

En forma sorpresiva, con reflejos políticos llamativos, el Grupo Clarín presentó un plan de adecuación ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). La movida se acompaña con nutridas reservas de derechos: seguir litigando en instancias nacionales e internacionales sólo para empezar. La presentación se describe y explica en otras notas de esta edición. A los efectos de esta columna, se señala que el multimedios optó por una táctica mucho más sutil que su tosca defensa en los Tribunales, que siempre partió de un implícito: su poder lo colocaba en una posición de ventaja indescontable. Hipótesis que parece petulante, pero que no lo era tanto, a la luz de la historia de décadas. Ahora, Clarín no desiste de defenderse como gato panza arriba ni, seguramente, de chicanear o “embarrar la cancha”. Pero se coloca en la cancha de la legalidad. Pasemos de la imagen futbolera a la bélica: la guerra continúa, pero el Grupo decidió no pasar a la clandestinidad. Hasta su modo de ingresar en una trama administrativa que será enmarañada es un rebusque ingenioso. Irrumpe de la mano de un socio que detesta, pero cuya compañía, en este tramo, le viene bien. *** Un David con onda: Fintech Advisory Inc. es una multinacional que (abreviando densos detalles sobre empresas complejas y conglomerados) es socia minoritaria de Cablevisión, cuyo socio mayoritario es Clarín. El mandamás de Fintech es (abreviando etc...) un empresario mexicano llamado David Martínez. El tal David (pronunciar onda “Deivid”, con fonética yanqui) mora en las zonas encopetadas de Nueva York. El hombre, según sus decires, contempló con sorpresa y nula empatía la batalla encarnizada del Grupo contra el Gobierno. Martínez departió sobre el tema con dirigentes políticos (no todos oficialistas) y empresarios (casi todos opositores al Gobierno). Es un hombre de negocios, un mercader multimillonario que se dedica a la comunicación, entre muchos otros rubros. Nada lo identifica con un filántropo o un monje trapense: es un empresario feroz, taimado por demás. En esa pintura gruesa, no difiere mucho de Héctor Magnetto, el CEO de Clarín. Lo que los separa es el modus operandi de Cablevisión respecto del Gobierno, pensando más en una disputa pura de poder que en el lucro desnudo. Martínez dice no entender para qué enfrentarse a todo o nada. Quizás entienda, pero no comparta. Coloquialmente, suele valerse de un ejemplo conspicuo en estas pampas. Le resulta absurda la obstinación en no admitir (en una grilla con decenas o centenares de canales) una señal de dibujitos animados. Quienes dialogaron con él chimentan que hace alarde de no saber el nombre exacto de Pakapaka. Tal vez exagere, para demostrar la importancia que le asigna. Como fuera, mezclando lo útil con lo beneficioso, Martínez presentó en diciembre pasado una propuesta de adecuación de Cablevisión en la Afsca. Su proyecto era que Clarín se desprendiera de su cuota parte, para quedar en regla. También avanzar en pos de un rédito propio. La moción de la minoría societaria sólo tenía, digamos, un valor testimonial. Pero abrió una ventana para que Clarín se “colara”, como concretó ayer. La astucia, enancada en palabras previas del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, permite suponer que la movida fue pensada con antelación. Un plan de contingencia para el peor de los escenarios: el que habilitó la Corte Suprema con su sentencia de hace apenas una semana. *** Dividir para triunfar... o empatar: Clarín sugiere una división de su impresionante patrimonio es seis unidades de negocios (ver notas aparte). El orden en que se enumeran tal vez no sea casual: en algún sentido van de mayor a menor. Sería aventurado un juicio acerca de si los conjuntos cumplen todas las exigencias de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Es dudoso, pero están enunciados como para dar esa impresión. Clarín pide, con desmesura, que se le concedan plazos que han vencido. Considera “ganados” sin costos los de las medidas cautelares que le fueron concedidas con mala praxis por distintos tribunales, incluyendo a la Corte misma. Es chocante que se quiera sacar provecho de decisiones que la tutelaron de una supuesta inconstitucionalidad que la Corte (tarde pero seguro) desestimó de plano. No ha de ser la única de las picardías que incluye la presentación, aunque sí es una de las más notorias. Lo más factible, aunque su nota reserva precisiones para más adelante, es que Clarín piense en desmembrarse conservando, a través de sus socios, varias de las “unidades” en cuestión. *** Espíritu y letra: ¿Admite la LdSCA este gambito? Podría suponerse que en su espíritu más hondo, no. Pero su letra, menos rigurosa tal vez, abre ese resquicio que ya fue reconocido por Sabbatella cuando todos los grupos mediáticos concernidos presentaron los planes de adecuación. En esta columna se habló de eso, meses ha. Por una vez, vale la pena repetir lo enunciado, porque la situación se mantiene. ¿Es viable que un conglomerado fraccione su patrimonio entre varios de sus socios o de personas de confianza? La respuesta extrema no es la correcta. La LdSCA estipula reglas antitrust, busca mayor igualdad dentro del espectro, pero no deja fuera de acción a personas o actores determinados. De hecho, si Clarín se aviniera a honrar la ley, quedaría con un patrimonio formidable: el mayor en la Argentina, con escaso o nulo parangón en el mundo (salvando diferencias relativas). Pero cedería su posición dominante, que es uno de los objetivos de la ley. Si los principales integrantes del Grupo se dividieran las frecuencias, llegando a dimensiones admisibles, la movida podría ser válida. Esto es, fabulando un poco, si se fragmentara en espacios que poseyeran (es un decir) José Antonio Aranda, los hermanos Noble Herrera, Marcelo Tinelli, Adrián Suar. Claro que las nuevas empresas tienen que ser realmente autónomas y no “un dibujo”. No deben funcionar como grupo. Sabbatella explica que, en tal hipótesis, deben tener su estructura legal, patrimonios diferenciados, sus edificios diferentes, personal diferente, directorios sin repeticiones de personajes, sus móviles de exteriores, sus cámaras, sus estudios. Hasta sus maquilladoras, añade, exagerando un poquito con fines didácticos. Hay que escrutar con lupa los paquetes accionarios, no puede haber más de un diez por ciento de acciones “cruzadas”. En los hechos, no es lo mismo una potencial confederación de empresas que un gigante que comprenda todas. Ni en su poder relativo respecto de sus competidores, ni en su capacidad para atraer inversores, ni para cotizarse en la Bolsa de Nueva York. Una cosa es un grandote que pugna con muchos chiquitos y otra una empresa mediana que dice tener otras que son sus amigas. Si se cumple acabadamente, entiende Sabbatella, la aparición de nuevas unidades operativas podría aumentar los puestos de trabajo, la cantidad de medios, la (parcial) equiparación de la competencia. La línea editorial es muy otro cantar: un conjunto de empresas diferentes, pero del mismo origen sostendrá posiblemente un mensaje común. Pero eso no resiente el espíritu de la LdSCA, que nada regula sobre contenidos políticos, una de sus virtudes cardinales. *** Cuestiones de poder: Los contrafactuales no sirven, acaso, para reconstruir un pasado posible, pero sí para barruntar por qué los sujetos históricos adoptaron una conducta y no otras. En toda mesa de café o de arena es posible interrogarse por qué Clarín no optó antes, con mejores chances, por lo que insinuó ayer. Una respuesta parcial, aunque no falsa, es porque leyó que seguía vigente el contexto de su edad de oro. La era de la posición dominante, de las maniobras desleales contra los competidores, de las presiones brutales contra los avisadores... y el poder formidable que sostuvo respecto de los sucesivos gobiernos. Poder que supo mezclar pactos y enfrentamientos. Ese esquema duró hasta 2008, cuando el kirchnerismo decidió darle batalla. Puesto en combate, el Grupo eligió enfrentarse a todo o nada. También “hizo tiempo”, volviendo a la metáfora futbolera, más rica que la bélica a despecho de los imbancables divulgadores de Sun Tzu. Consiguió años de handicap, no es poco. La hipótesis era esperar a una coyuntura electoral adversa para el Gobierno y ahí “coronar”: fracasó en 2011, pareció haber tenido éxito el 27 de octubre. Pero la Corte, tan magnánima con las chicanas, le propinó un revés observando la Constitución. Algo lógico y hasta “normal”, pero impensado para el poder fáctico. Con el poder mellado, tras años duros en lo “meramente” económico, atada de pies y manos para crecer y expandirse en el futuro cercano, la Corpo posiblemente esté buscando dilatar y trabar. Ayer hizo gala de adaptación, lo que la sostiene como un contendiente de fuste. Claro que la brega es dura y no ha tocado a su fin, para nada. Esta historia, que ya duró más que mil y una noches, continuará. Pero muchas correlaciones de fuerzas cambiaron. De modo progresivo desde hace cuatro años, con un salto cualitativo y cuantitativo una semana atrás. mwainfeld@pagina12.com.ar

EL GRUPO CLARIN FINALMENTE PRESENTO SU PROPUESTA DE ADECUACION A LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL Con seis nuevos miniclarines en marcha

Después del fallo de la Corte Suprema, y a cuatro años de sancionada la ley, Clarín envió su propuesta. Ahora deberá evaluarla la Afsca, que festejó la presentación. Le exigirán acatar la nueva grilla de canales. Por Irina Hauser Contra los anuncios apocalípticos que presagiaban la desaparición de TN, Canal 13 y hasta del diario Clarín, a menos de una semana del fallo de la Corte Suprema que reconoció la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA), el multimedio se avino a presentar un plan para adecuarse a los límites que ella establece. El plazo para presentar esa propuesta ya estaba vencido desde el 7 de diciembre último, por eso el holding lo que hizo fue acumular una propuesta a la que ya había hecho Fintech Advisory Inc., su socia minoritaria (con el 40 por ciento de acciones) en Cablevisión, que proponía la venta de las acciones de Clarín a terceros no relacionados. La propuesta del grupo empresario consiste en una redistribución de licencias y señales en seis “unidades empresarias diferentes”, que seguramente se repartirán entre sus accionistas actuales. En el Gobierno fue recibida como una victoria política. Ahora su “admisibilidad” será analizada por la autoridad de aplicación de la ley (Afsca), que proyecta poner algunas condiciones, como la renuncia a los pleitos judiciales y al acatamiento de la grilla de canales. La iniciativa de Clarín no sorprendió tanto al Gobierno como sí la rapidez. La noticia de la presentación escrita llegó en medio de una reunión de directorio de la Afsca, en la que el representante radical Marcelo Stubrin intentaba plantear alternativas para darle algún plazo extra al grupo para adecuarse a la ley de manera voluntaria, en lugar de continuar con un proceso de adecuación forzosa. En rigor, cuando el viernes el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, fue a notificar a la empresa que continuaba con la adecuación de oficio, deslizó que había una ventanita que había abierto el socio Fintech, que había elevado su propuesta en el término admitido, a la que se podía sumar. El fallo de la Corte de la semana pasada, que declaró la constitucionalidad de la Ldsca, es taxativo al momento de decir que el plazo de adecuación a los límites establecidos por la norma estaba largamente vencido. “Me parece importante que se hayan presentado, porque durante estos años parecía que había ciudadanos de primera y de segunda; hoy todas las empresas han presentado su plan. Se acabó la idea de que alguien puede tener coronita, ahora somos todos un poco más iguales”, evaluó ayer Sabbatella. Como ha ocurrido con otras propuestas de desinversión, lo primero que hizo Clarín fue explicar cómo tiene pensado redistribuir sus señales y licencias, pero aún no especificó quién se quedaría con qué. La Afsca tiene ahora un máximo de 120 días para aprobar o bochar el plan, pero después tendrá que poner a sus expertos y los de la Secretaría de Defensa de la Competencia a analizar si no surgen incompatibilidades o trampas en las nuevas composiciones societarias. Será un trabajo fino y crucial. La empresa tendrá 180 días para ejecutar su proyecto. Según explicó Sabbatella, para adecuarse a la ley de medios y cumplir con la finalidad antimonopólica, evitar las posiciones dominantes con ventajas comparativas y competencia desleal en el mercado, es factible que las empresas dividan su patrimonio, pero deben cortar todo vínculo societario y ser “unidades de negocios distintas”. Todo hace suponer que el reparto anunciado por Clarín en un comunicado se hará entre sus principales accionistas, que son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. También tendrá su parte Fintech y seguramente habrá transferencias a otras firmas. Las seis empresas o unidades que el multimedio presentó ante la Afsca y en los tribunales para amoldarse a las limitaciones establecidas por el artículo 45 de la LdSCA quedarían, según un comunicado que hizo circular, de esta manera: En la primera incluirá a Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche y a la señal de noticias TN (Todo Noticias), Radio Mitre, con las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza. El grupo incluye 24 licencias locales de TV por cable de Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta. “La segunda unidad mantendrá el grueso de las operaciones de Cablevisión y Fibertel”, dice Clarín. El fondo Fintech mantendrá el 40 por ciento del paquete accionario. Tendrá 24 licencias de cable e incluye la señal Metro. La tercera unidad tendrá 20 licencias de TV por cable de Cablevisión. La cuarta incluye al resto de las señales en las que participa el Grupo: Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max. En otra unidad se incluirá licencias de FM en las ciudades de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe. La última tendrá la licencia de TV abierta de Canal 7 de Bahía Blanca y la participación en Canal 9 de Mendoza. Aunque es paradójico, en el mismo comunicado en que informó su plan voluntario de adecuación, Clarín dijo que lo presentó frente al “avance ilegal y de facto que emprendió el Gobierno en los últimos días para quitarle los medios audiovisuales”. Su propuesta, agrega, “no interrumpe ninguna de las acciones judiciales que lleva adelante el grupo para defender sus derechos” y que, insistió, podrían extenderse a los tribunales internacionales donde, como señaló la abogada especialista Andrea Pochak en este diario, no podrá prosperar porque el sistema interamericano de derechos humanos protege los derechos de personas físicas, no de empresas. Clarín, en el texto que divulgó, vuelve a confrontar con el fallo de la Corte, aludiendo a una supuesta “restricción a la libertad de expresión”, cuando el máximo tribunal ya dijo que no había violación a ese derecho, que además se encuentra garantizado por la LdSCA. Los dueños del Grupo Clarín no tienen la mejor de las relaciones con David Martínez, el titular del fondo de inversión Fintech. Martínez es un mexicano que está instalado en Nueva York, desde donde intenta hacer buenos negocios. Con ese espíritu fue que cuando faltaban dos días para el 7D, se presentó ante la Afsca diciendo que quería cumplir con la ley y que proponía que Clarín vendiera su parte en Cablevisión. Cierta vez, en una reunión con funcionarios argentinos, Martínez dijo que no le entraba en la cabeza la obsesión que tenía Magnetto por negarse a poner una señal infantil en la grilla, en alusión a Pakapaka. Y contó que los hombres de Clarín solían responderle que admitirlo sería “una derrota política”. En la Afsca se han mostrado satisfechos con la presentación de Clarín, pero planean poner como condición a esta adecuación voluntaria diferida el acatamiento de la grilla de canales y la renuncia del holding a los conflictos judiciales. No será fácil, se anticipan. La abogada experta y ex miembro de la Afsca Graciana Peñafort evaluó, consultada por este diario: “No da la sensación de que hayan pensado esta propuesta a las apuradas durante el fin de semana. A priori, parecen adecuarse a los límites establecidos por la ley, pero habrá que analizar en detalle, y me genera dudas que no digan nada sobre cómo serían los esquemas de transferencia y escisión ni las titularidades”. Peñafort señaló que le preocupan también algunas reservas que hace Clarín. Por ejemplo, que se vuelvan abstractas las resoluciones que negaron la fusión de Multicanal y Cablevisión, “con lo que buscarían dejar sin efecto resoluciones que ponen en crisis su teoría de los derechos adquiridos” (ver recuadro). Hasta ahora presentaron propuestas de adecuación 39 empresas. Entre la decena que ya fue aprobada figuran Cadena 3, Direct Tv y el Grupo Indalo; hubo 15 que no tenían motivos de adecuación; hay 14 para las cuales está pendiente aprobar la admisibilidad de sus propuestas, entre ellas, Telefe, Telecentro, Grupo Uno y Prisa. A ellos se suma Clarín. Los cálculos más optimistas en la Afsca dicen que para mediados del año próximo, los procesos de adecuación deberían estar terminados.