Treinta años después Por Edgardo Mocca

Hace treinta años los argentinos elegíamos otra vez libremente a un gobierno, después de la trágica experiencia del terrorismo de Estado. Una ola de entusiasmo democrático recorría las calles y las plazas. Las públicas revelaciones del horror dictatorial encendían la indignación popular y conformaban el piso de una voluntad colectiva de no regresar nunca más a esa penosa circunstancia. Sin embargo, junto a ese lado luminoso de aquella primavera, empezábamos a convivir con la herencia histórica de la dictadura. Era una herencia que unía la criminalidad estatal con una profunda reestructuración económica, social y cultural de nuestro país: la desindustrialización de la economía, el fortalecimiento de los grupos financieros, la pauperización y el abandono social de grandes masas de personas, el debilitamiento de la clase trabajadora y de sus organizaciones sindicales constituían el marco en el que recuperábamos la democracia política. La idea misma de Estado era pensada con desconfianza y temor después de su empleo como maquinaria de persecución y muerte. Excepcional como fue desde sus prácticas terroristas, la dictadura se inscribió, sin embargo, en un movimiento de época. El tiempo de su ascenso al poder coincidió con los albores de una gran revolución mundial del capitalismo; Thatcher, primero, y luego Reagan inauguraban en sus poderosos países la era de la ofensiva total contra los Estados sociales a los que se situaba como chivos expiatorios de la crisis de mediados de los ’70. Era la primera etapa del avance del neoliberalismo sobre esa construcción histórica que fueron las sociedades industrial-salariales, edificadas mundialmente a la salida de la Segunda Guerra Mundial como alternativa a la utopía de los mercados autorregulados que desembocó en la crisis de los años ’30. La adaptación de nuestra sociedad a las demandas específicas de ese nuevo mundo en cierne fue el sentido mismo del terror de esos años: no solamente había que modificar estructuras y sistemas, era necesario clausurar memorias de lucha, producir un duradero escarmiento sobre aquellos actores sociales que habían crecido en la anterior etapa, desde la resistencia peronista hasta el Cordobazo. Nuestra democracia fue, a la vez, una gran esperanza y el emergente de una profunda derrota histórica. Nació bajo el signo de una gran crisis regional, la llamada “crisis de la deuda” (desencadenada por el default de México) que era la acabada expresión de los nuevos vientos de la época, de la expansión del poder financiero, del debilitamiento de los Estados nacionales, del papel que crecientemente adoptarían los organismos internacionales de crédito. Nació, además, en una época de visible declive de las corrientes ideológicas transformadoras, lo que en los países de nuestra región se fundía con el balance trágico de nuestra experiencia de lucha en los años setenta. El dirigente chileno Carlos Ominami llamó “psicología del sobreviviente” a esa sensación de frustración y culpa que acompañaba a quienes habían protagonizado, aun en formas diferentes, aquella experiencia revolucionaria. Esa combinación de ofensiva neoliberal y neoconservadora, reflujo del pensamiento crítico y conciencia de la dura derrota de la década anterior, constituyó el límite político de nuestra recién recuperada democracia. Ese fue el marco que condicionó la voluntad reformista de Alfonsín y su gobierno en sus primeros tiempos y que alentó a las fuerzas que lograron primero neutralizar sus intentos de cambio y después arrinconarlo y desestabilizarlo hasta lograr su renuncia anticipada. El año 1989 es, entre nosotros, el de la crisis hiperinflacionaria y el del segundo ciclo de gobierno democrático. Es también el de la caída del Muro de Berlín y el comienzo del fin de la Unión Soviética. Estamos ya en la época del cenit del neoliberalismo, devenido en sentido común de la sociedad global, a tal punto que un distinguido elenco del pensamiento de las izquierdas comenzaría a festejar a lo largo y ancho del mundo la nueva era del fin de los relatos ideológicos como entrada a una civilización más democrática y más libre. Es el fin de la Guerra Fría y el comienzo del nuevo orden mundial de Bush padre, que se exhibiría triunfal ante el mundo con la primera guerra contra Irak. El menemismo es el nombre de esa etapa de nuestro treintenio democrático. Fue la regresión en toda la línea de los tímidos y contradictorios avances de la etapa anterior. Lo fue en aplicación sin matices de las recomendaciones del Consenso de Washington: apertura financiera, desregulación, privatización, garantías inéditas para el capital, “modernización” de las relaciones laborales, entre otras. Lo fue en su alineamiento incondicional con la principal potencia mundial y en el abandono de las posiciones soberanas fijadas por Alfonsín, al punto de participar en la mencionada guerra inaugural del nuevo orden unipolar. Lo fue también en materia de la relación con los crímenes de la dictadura a través del indulto a sus máximos promotores y ejecutores. El período de De la Rúa al frente del gobierno de la Alianza no entrañaría otra novedad más que la continuidad de esa política y el acelerado derrumbe nacional que precipitó. Tampoco los acontecimientos que siguieron a aquel trágico diciembre de 2001 pueden pensarse al margen de nuevos procesos mundiales, mal que nos pese a los argentinos en nuestra permanente pretensión de originalidad y excepcionalidad. Forman parte de un proceso de crisis de ese paradigma del capitalismo mundial que nacía cuando la última dictadura cívico-militar usurpaba el gobierno. Su manifestación fueron las crisis locales de fin del siglo pasado y comienzos del actual en México, el sudeste asiático, Rusia, Brasil, hasta llegar a nuestro propio colapso. Con el tiempo, sabríamos que no se trataba de episodios aislados, sino de expresiones de una crisis global que hoy recorre buena parte del mundo del capitalismo desarrollado. La época del neoliberalismo no ha llegado, ciertamente, a su final, como demuestra la actual escena europea en la que los responsables del derrumbe se erigen como árbitros de la situación y como sus principales beneficiarios. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho desde la época de oro neoliberal. Hay nuevos actores globales y nuevos reagrupamientos regionales. Se debilita la capacidad imperial de los Estados Unidos, como lo demuestran sus actuales dificultades para pilotear con su propio enfoque la salida de la crisis siria. Surgen en el sur de nuestro continente un conjunto de experiencias políticas heterogéneas entre sí, pero con el signo común de la exploración de caminos alternativos al neoliberalismo. El kirchnerismo es el nombre de esta etapa en la Argentina y su suerte está fuertemente entrelazada con la suerte del proceso regional en su conjunto. En medio de tantas peripecias atravesadas durante estos treinta años, resulta interesante preguntarnos por la significación de la continuidad de nuestra democracia. Acaso el saldo principal de este período sea que está instalado entre no-sotros el imaginario democrático. Lo está en la noción de que la soberanía popular es la única fuente legítima de poder, en el reconocimiento de la primacía de la ley y en la condición igualitaria de todos, en su condición de ciudadanos. Esto no quiere decir que la democracia no tenga adversarios conscientes ni deje de tener que vérselas con la indiferencia antipolítica: significa simplemente que el lenguaje democrático es el único que circula legítimamente. Es decir que aún quienes descreen de ese lenguaje se ven obligados a adoptarlo para hablar en la esfera pública. El igualitarismo democrático es, desde que surgió a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa, un poderoso factor de movilización política y social de la sociedad. Tocqueville, ese gran pensador del siglo XIX francés, sostenía que sería difícil mantener a la igualdad confinada al territorio de la relación de los ciudadanos con la ley; poco a poco, sostenía, se extendería a todos los dominios de la vida social. En los flujos y reflujos de este tramo de nuestra historia, los argentinos hemos conquistado y preservado la vigencia del lenguaje democrático. El imaginario igualitario de la democracia ha sobrevivido las circunstancias más críticas. Casi simultáneamente al aniversario de la elección de 1983, los argentinos hemos accedido a la plena vigencia de la ley que democratiza los servicios de comunicación audiovisuales. Lo hemos logrado a través de un fallo que cierra un trámite judicial de una extensión que solamente se explica por el poder fáctico del grupo empresario que lo impulsó pero que, a la vez abre un nuevo y trascendente capítulo del debate de ideas. Es el debate que se pregunta sobre la esencia del régimen democrático; sobre las relaciones del ethos democrático con el mundo empresario. La mayoría de la Corte Suprema ha afirmado y argumentado que los monopolios son repugnantes a la democracia. Dijo el juez Zaffaroni en su pronunciamiento sobre la ley cuya constitucionalidad era cuestionada: “Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios u oligopolios”. La frase sirve de homenaje, a la vez que de horizonte programático, a nuestra treintañera democracia.

OPINION Son las instituciones, gil

Las elecciones y la sentencia de la Corte Suprema, ejemplos de cómo funcionan las instituciones. El debate que no termina ni resolverá cómo será el futuro. El espacio radical-socialista, el PRO y el peronismo “federal”: cómo quedaron. Lo que hizo el Gobierno después de agosto. Lo que se discute desde el domingo pasado. Por Mario Wainfeld Pasó una semana de órdago, que incidirá mucho en el escenario político de los años por venir. Las elecciones y la sentencia de la Corte Suprema delinean un combo tan incitante como incompleto: su sentido y su proyección se completarán con acciones futuras. Podrá parecer ingenuo en medio del griterío que connota la política doméstica pero es forzoso resaltar, como eje central, que las instituciones funcionan en la Argentina. Distan de ser perfectas o ejemplares, pero rayan mucho más alto que lo que traduce la Vulgata dominante. El pueblo votó en 24 provincias, dando cuenta de su federalismo, cambios de talante y diversidad. La jornada fue tan ejemplar cuan masiva, el escrutinio resultó prolijo y veloz. La traducción está en disputa, algo lógico ante un veredicto con aristas variadas. La Corte resolvió con ajuste a derecho, enfrentando presiones corporativas tremendas y de- satando la furia de la derecha real, cuyo espíritu democrático vuela muy bajito (ver asimismo nota aparte). - - - Datos, versiones y porvenires: La polémica sobre el saldo del pronunciamiento popular se viene cruzando desde agosto. El oficialismo enfatiza la conservación, ligeramente mejorada, de las mayorías en el Congreso nacional. También su condición de primera minoría nacional. Le asiste razón, a condición de admitir que el cuadro incluye otras variables, que son las que subrayan las fuerzas opositoras. Estas hacen centro en la disminución del caudal total del kirchnerismo, sus derrotas amplias en las cinco provincias más pobladas, la amplia diferencia en Buenos Aires, la aparición exitosa del intendente de Tigre Sergio Massa. Son válidas, a condición de asumir lo mencionado en el párrafo precedente. La preservación de un quórum (casi) propio en las dos Cámaras prefigura para el Gobierno un horizonte más desahogado que el de 2009. La necesidad de construir una candidatura presidencial que no sea la de Cristina Fernández de Kirchner es un intríngulis severo, inexistente en aquel entonces. La hipótesis de esta columna es que las urnas han demarcado el terreno pero no cristalizado el resultado de 2015. Los opositores hablan de “fin de ciclo”, lo que hasta es entendible como táctica para debilitar al oficialismo, pero insuficiente como vaticinio. Para que termine el zarandeado ciclo, les queda construir alternativas ganadoras y construir un favor popular direccionado a una o dos coaliciones. Hay virtualidad para armarlas, pero hoy no existen. El kirchnerismo se autorretrata como vencedor serial, le queda cimentar las condiciones para proseguir su saga dentro de dos años. Los adversarios tienen una carga parecida: transformar sus interpretaciones en realidades. Para eso, deben hacer política y no quedar ensimismados en discusiones interesantes pero insuficientes. - - - Cuando la espuma baja: A medida que baja la espuma de los brindis, decantan análisis más acabados que las tapas simplistas de los diarios hegemónicos. Es recomendable, en su totalidad, la nota del politólogo Andrés Malamud en la revista El estadista. Malamud consigna, provocativo y certero en los datos: El Frente para la Victoria triunfó en doce provincias (incluyendo a Salta en la categoría senadores) y salió segundo en ocho. Y desagrega a “la opo”: El radicalismo con sus aliados socialistas y lilitos ganó siete, su promedio desde 1983. Los peronistas con remordimientos ganaron cuatro, y el Movimiento Popular Neuquino prevaleció en la que gobierna desde 1983. La conclusión está cifrada en el título de la nota “El fin de ciclo se acerca: es en 2019”. Conviene aclarar y resaltar que, desde la perspectiva ideológica de Malamud, una victoria del peronismo antikirchnerista no sería un fin de ciclo, ni una cabal alternancia, sino una “sucesión” dentro del universo peronista. El sociólogo Eduardo Fidanza coquetea con una idea parecida, ayer en La Nación. Según él no hubo un pronunciamiento contra los lineamientos generales del kirchnerismo. El votante, cree, “se mantuvo en las proximidades de la Presidenta, premiando a un hijo descarriado, no a un miembro de otra familia”. Integrante de la consultora Poliarquía, Fidanza cifra así la demanda electoral promedio: “Pide un ecualizador que aumente la calidad de la melodía, no quiere reemplazarla. Un poco menos de inflación, algo más de seguridad, la misma proporción de empleo, salario, consumo y vacaciones”. Modelo con sintonía fina, pongámosle. Ambos observadores miran con escepticismo las hipótesis de resurrección de la familia panradical-socialista. Un estudio básicamente numérico del politólogo Javier Zelaznik de la Universidad Torcuato Di Tella aporta cifras que comprueban que ese sector sólo mejoró su patético desempeño de 2011 pero que no trasgredió sus medias históricas anteriores. El cronista coincide con esa parte de la interpretación aunque disiente con el sentido y las eventuales consecuencias del crecimiento del “peronismo federal”. A su ver, configuran una propuesta diferente, una regresión potencial mayúscula en términos culturales y políticos. Cabe asignarle una entidad diferente que debe alertar al Frente para la Victoria (FpV) si quiere corroborar, en la cancha y cuando se juegue el partido respectivo, que su bien ganada permanencia en el Gobierno proseguirá después de 2015. - - - Rivales deseados y reales: El presidente Néstor Kirchner imaginó, tiempo ha, un sistema político dominado por dos vertientes: el FpV encarnando al centro izquierda (limitando con la pared) y el centro derecha dominado por el PRO. La trayectoria del partido del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, torna borrosa la tesis (nada es imposible en el futuro, se machaca). Fuerte en la Capital, lábil en rodeo ajeno, el macrismo conserva su feudo y lo embellece apenas con un segundo puesto lejano en Santa Fe, otro (forzando un poco la lectura) en Entre Ríos y un cuarto en Córdoba. Queda poco competitivo. Vaya una referencia, que podría extrapolarse, con variantes, a otras fuerzas. El PRO entra al senado, ocupando tres bancas. Si ganara la mayoría en todas las que se renuevan dentro de dos años, totalizaría 19, apenas más de un tercio de la Cámara. Sería una magra base para construir gobernabilidad. La legitimidad allende la Avenida General Paz tampoco ayuda, ya se dijo. Así las cosas, la derecha posible con más potencial es otra. Aciertan el establishment económico en general y el mediático en especial cuando ponen su mayor cantidad de fichas a manos del peronismo “federal”. Hasta hace poco, su “candidato A” era el gobernador Daniel Scioli y el intendente Sergio Massa el plan “B”. Esas posiciones relativas se enrocaron, a la luz del veredicto de las urnas en Buenos Aires. La amplia victoria del Frente Renovador es otra clave de las elecciones, que sería necio subestimar. Por el volumen de la diferencia, por lo que impacta en el total nacional, porque se obtuvo desgajando votantes, dirigentes e intendentes que respondían al kirchnerismo. Este cronista supone que es difícil que Massa tenga combustible para llegar indemne dentro de dos años. Pero ningún vaticinio es seguro (lo que, ay, incluye a los propios) ni mucho menos escribe de antemano la historia. La emergencia de Massa, construida en pocos meses, es una alerta importante para el oficialismo. Entre otras variables, porque es imposible imaginar una reválida del FpV para la Casa Rosada sin revertir mucho el resultado en Buenos Aires. También porque resucitó al “otro” peronismo que venía muy maltrecho. La dirigencia peronista es, en tendencia, itinerante y de lealtades móviles. Las predicciones de cambio de camisetas que se escuchan hoy son apresuradas, se comen la cena antes del almuerzo. Pero la posibilidad es real, se ha catalizado. El kirchnerismo la conoce y el mejor modo de neutralizarla es recobrar fuerzas en el terreno que mejor le vale: el de la gestión pública. - - - Palabras y medidas: Las declaraciones a los medios el día de los comicios son un insumo interesante, aunque efímero. El kirchnerismo tomó nota del resultado de las Primarias, que incluía achicamiento de su popularidad. Por eso, arbitró una serie de medidas. Estaba cantado que su proyección electoral en octubre sería limitada pero valen porque dan cuenta de haber recapacitado. Y porque implican mejoras a sectores importantes de la población. Hablamos de las reformas al mínimo no imponible de ganancias y a las escalas del monotributo. También revisó su táctica electoral, dentro los márgenes estrechos que le quedaban. Corrigió (poco) el mensaje de campaña. No tenía margen para cambiar las candidaturas nacionales pero en la Ciudad Autónoma mejoró su oferta incorporando al ex Canciller Jorge Taiana como primer candidato a legislador porteño y al joven luchador Pablo Ferreyra liderando una lista colectora. Los candidatos aceptaron notas “de visitantes” en medios hostiles al Gobierno, hasta en la galaxia Clarín. A su vez, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostró en entrevistas televisadas, de formato peculiar, con pocos precedentes. Las convocatorias a las centrales empresarias y gremiales afines al oficialismo para discutir acciones concretas demarcaron un camino interesante. La salud de la Presidenta dejó en pausa esas medidas y jugadas, que son válidos esbozos de lo mucho que queda por hacer. - - - Repliegue y desafíos: Era de cajón imposible repetir el plebiscito de 2011, pero no estaba escrita la magnitud de la merma. La comparación con la elección de 2009 es parcialmente válida pues se trata de la peor performance del kirchnerismo en “medio término”. Revisar qué motivó la sangría de preferencias es un desafío para una fuerza con vocación mayoritaria, lo que exige sumar siempre. Este cronista cree que el FpV se replegó desde su inusual éxito de dos años atrás. Se amuralló en sus fronteras, achicó su elenco de aliados. Hablar sobre las elecciones en general es impropio, teniendo a la vista resultados muy disímiles en distintas provincias. En sesgo general, prevaleció la idea de amurallarse en la identidad propia y presentar candidatos “del palo”. Con los guarismos a la vista es patente que muchos de ellos sumaron poco o nada sólido al piso del kirchnerismo. Los movimientos internos se ralentan y asordinan, determinados por la licencia de la Presidenta. Pero quienes salieron bien parados se dejan ver, lo que es lógico porque la decisión popular jamás debe ignorarse. Las ambiciones existen y son justas, si se las modula en su medida y armoniosamente. Los gobernadores Sergio Urribarri y Jorge Capitanich y el senador Miguel Pichetto dejaron constancia de que en sus distritos el FpV salió mucho mejor parado que en el promedio nacional. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, consignó que los cambios del equipo de gobierno siempre están a mano, lo que no es novedad ni alcanza el rango de un anuncio, pero sí de una señal. Dos ministros compitieron en sus provincias el domingo pasado: el de Salud, Juan Manzur y el de Agricultura, Norberto Yahuar. El tucumano ambiciona la gobernación de su provincia, su salida está cantada. El chubutense naufragó en las preferencias de su pago, sería infausto que continuara en su cargo después del traspié. Se especula sobre otros ingresos, salidas o ascensos en el Gabinete. Son resorte exclusivo de la Presidenta, nada de lo que se prediga es serio en este intervalo. Los relevos en el equipo de gobierno, medidas de nuevo cuño, un relanzamiento del oficialismo están disponibles y son necesarios. Reverdecer los laureles dista de ser imposible tanto como de estar garantizado sólo con alusiones a la “década ganada” que hegemonizaron demasiado los discursos de campaña, parcos en alusiones a cómo consolidarla en el próximo bienio. - - - Cimientos e interpelaciones: Hace treinta años que se eligen autoridades con regularidad. A las compulsas nacionales se añaden las locales y algunos ejercicios de democracia semidirecta: consultas, referéndums, plebiscitos. En ese carril hay un terreno fértil para avanzar, convocando al soberano en más ocasiones, para decisiones variadas sobre su destino. Un reto para oficialistas, opositores o referentes sociales interesados en enriquecer el sistema político. El voto popular no sólo designa y remueve legisladores o mandatarios, en buena hora. También sintoniza y detecta el conformismo o la crítica, que interpelan a los protagonistas, amén de ungirlos o de bajarles el copete. La Corte dictó una sentencia histórica, completando el gran recorrido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los poderes del Estado y en la sociedad civil. Las instituciones dan la base, le cabe a “la política” seguir demarcando los rumbos con una oreja siempre atenta al mensaje de las urnas. mwainfeld@pagina12.com.ar Compartir: Twitter

ENTREVISTA A DAMIAN LORETI, PROFESOR DE DERECHO A LA INFORMACION Y DIRECTIVO DEL CELS “Argentina es un laboratorio en términos doctrinarios

Loreti, quien estuvo a cargo en sus inicios de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, analizó el fallo de la Corte Suprema que la declaró constitucional. Destacó el impacto que el caso argentino tendrá en otros países de la región. Por Fernando Krakowiak Damián Loreti es profesor de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires. Fue quien estuvo a cargo en sus inicios de la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se sancionó en 2009 y esta semana fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. En diálogo con Página/12 analizó la resolución del máximo tribunal. –¿Lo sorprendió el fallo de la Corte Suprema? –No me sorprendió la cuestión de fondo, pero sí hay algunas cosas que me parecen novedosas, sobre todo para los que venimos de trabajar el derecho a la libertad de expresión en la academia. No tengo memoria de un tratamiento tan extenso sobre las doctrinas que tienen que ver con el rol del Estado en materia de libertad de expresión. La segunda cuestión que me llamó la atención es que la Corte consideró el aporte hecho por una de las partes, de citas jurisprudenciales de esta misma Corte o de la Interamericana, y luego dijo que no son pertinentes al caso. Eso es raro de encontrar. El tercer aspecto a subrayar es cómo los distintos votos dan cuenta de las audiencias realizadas a fin de agosto. –¿No lo sorprendió que la Corte declarara constitucionales los cuatro artículos en disputa y no recuperara nada del fallo de la Cámara Civil y Comercial? –La parte más compleja del fallo de la Cámara era la no regulación del cable. Ese es uno de los aspectos en el que insistieron mucho en la audiencia dos de los amicus de Clarín, fundamentalmente en la pertinencia de la remisión al caso Comcast de la Corte de Estados Unidos, pero el voto de los jueces, particularmente el de Enrique Petracchi, da cuenta de la impertinencia de esa referencia por razones de regulación, contexto y proveniencia normativa. –La Corte destaca que es una facultad del Estado regular la televisión por cable, aunque no use espectro radioeléctrico. –En ese punto, la Cámara Civil y Comercial había realizado una mala lectura del precedente que usó. En el caso Comcast la discusión no es si se regula o no la televisión por cable, sino si es razonable el techo del 30 por ciento del mercado para las empresas del sector. Es una regla de 1992. Lo que expuse en la audiencia es que la mirada de la Cámara sobre Comcast desconocía la regulación específica de la cual se estaba hablando en Estados Unidos y el cambio de contexto. Lo que declara inconstitucional la Corte de Estados Unidos en 2009 es la determinación del límite del 30 por ciento por la cantidad de medios que existen hoy además del cable. Lo que dice el fallo es que la capacidad de bloqueo que tenía alguien con el 30 por ciento en 1992 es notoriamente distinta a lo que tiene hoy, donde hay cuatro empresas de televisión por satélite, las telefónicas dan video a partir de una ley de 1996, hay pleno desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y hay televisión por Internet. En el caso argentino, en cambio, la ley fija un techo del 35 por ciento del mercado nacional de abonados. La base del cálculo es distinta, el porcentaje es mayor y además no hay suficiente desarrollo de la TDT, no hay cuatro empresas de televisión por satélite y las telefónicas tienen una barrera legal de accesibilidad al mercado. Por lo tanto, no es cierto que el cable no deba regularse. –La Corte también descartó la pertinencia del uso del caso de Editorial Río Negro contra Neuquén al dejar en claro que en esa ocasión presumió la inconstitucionalidad de medidas que había tomado el gobierno provincial para afectar a ese medio, pero que ese criterio no es aplicable ahora porque en la ley no se discrimina un actor particular. –Es que en algún momento se mencionó la posible asimilación de esa situación con un caso llamado Ivcher, que la Corte Interamericana resolvió contra Perú. Es un caso donde por vía oblicua le revocan la nacionalidad a un ciudadano llamado Baruch Ivcher Bronstein, nacido en Israel, porque al dejar de ser peruano perdía la posibilidad de mantener la propiedad de su estación televisora. El ganó el caso luego de denunciar un mecanismo de restricción indirecta. Pero estamos hablando de un acto del Estado de alcance individual y en Argentina de una regulación genérica para un sector. Por lo tanto, no hay pertinencia en la invocación del caso. –Los jueces remarcaron además que su tarea es realizar un control de constitucionalidad de la norma y no resolver sobre la conveniencia de ciertos aspectos regulatorios. –La calidad o la oportunidad de las leyes es un ámbito reservado al Poder Legislativo. Lo que la Corte debe medir es si la ley es constitucional o no, porque esa es la materia sujeta a debate. La oportunidad política no es pertinencia de la Corte. A partir de la discusión sobre cuál es el papel del Estado, si uno reconoce, como ha hecho la Corte, que hay una obligación de promoción de pluralismo y diversidad, de control de monopolios y oligopolios que ahogan a la libertad de expresión, hay dos modos de hacer esto: por una ley general de defensa de la competencia o por legislación específica. La ley general de defensa de la competencia lo que hace es reparar daños a posteriori, pero los relatores de libertad de expresión, en particular por la interpretación de 2004 que el relator Eduardo Bertoni hace de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, está claro que lo que tienen que hacer los Estados es prevenir la formación de monopolios u oligopolios, porque lo que está en juego es un bien preciado de la democracia como es el pluralismo y la diversidad. A partir de ahí, la Corte Suprema dice de modo explícito que esto es pertinente y el modo en que el Congreso lo ha resuelto no es incompatible desde el punto de vista constitucional. Lo que nunca estuvo en juego son evaluaciones de tipo tecnológico o brillantez de cualquier ley, salvo que esté involucrado algún tipo de valor constitucional, que en este caso no lo estuvo. –La Corte dijo que el plazo de desinversión previsto en el artículo 161 venció el 28 de diciembre de 2011 y luego agregó que ese artículo “resulta plenamente aplicable”. –Fue lo suficientemente categórica en ese aspecto. –Pero algunos políticos de la oposición sostienen que a partir de ahora comienza a correr el plazo de un año para Clarín, ¿de dónde se puede interpretar eso? –Han llegado a decir que hay que suspender la aplicación de una resolución de la Corte porque no se cumple con un obiter, que es una consideración adicional de la Corte. Es un tanto impropio. –El Grupo Clarín dijo que va a apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. –La Corte Interamericana desde el caso Velázquez Rodríguez plantea que el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es para personas físicas y no para empresas. En el caso de RCTV (Radio Caracas Televisión), su presidente Marcel Granier fue parte del juicio, lo cual lo habilita a considerar que él agotó, en tanto persona física, las instancias previas dentro del sistema judicial venezolano. En el caso del Grupo Clarín, no hay ninguna persona física que haya actuado en el expediente, de hecho de la sentencia no surge. Por lo tanto, eso conspiraría contra las condiciones de admisibilidad del caso. Hay opiniones en ese sentido de la propia Comisión en Informes de Casos. –El fallo de la Corte se basa además en jurisprudencia de la propia Comisión Interamericana. –La importante cantidad de menciones en el fallo a resoluciones del sistema interamericano da cuenta de la compatibilidad de la ley desde la óptica del derecho internacional de derechos humanos, pero también hay muchas citas de la Corte estadounidense, lo cual daría cuenta de la compatibilidad de la ley en una mirada más del derecho constitucional clásico argentino, del artículo 14 y 32 de la Constitución, por esa orientación histórica de la primera enmienda como fuente. Con lo cual, si se toma cualquiera de las dos doctrinas da plena compatibilidad. Un tercer aspecto es que el sistema interamericano puso el ojo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el informe de la relatoría de libertad de expresión de 2009, que aprueba la Comisión, y que después va a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. En el informe 2009, la relatora de libertad de expresión dice que la ley es un gran paso adelante y es un reverdecer democrático. Por lo tanto, resulta difícil considerar que haya un riesgo para los medios de comunicación y que la relatoría no lo haya notado. De hecho, no hubo ninguna objeción sobre los artículos debatidos en el juicio. –La Corte también hace sugerencias no resolutivas y dice que no se puede asegurar que se cumpla la ley “si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”. ¿Cuestiona el artículo de la ley que habla de la Afsca como un órgano dentro del ámbito del Ejecutivo? –Es una buena observación, pero no fue un tema en debate. Para eso deberían haberlo planteado en la demanda. Ahora bien, ¿qué es independiente de acuerdo a la Constitución? El Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el de la defensa. Cualquier otro organismo va a depender de la pirámide de la administración pública. El Poder Legislativo no tiene la misión de regular, salvo que lo inviten. Sin un mandato constitucional, se puede apostar a la independencia política, pero no a la independencia jurídica. –¿Qué sucede en otros países? –Cuando en México se quiso crear un organismo jurídicamente independiente se tuvo que reformar la Constitución, pero la reforma es muy reciente y hasta donde sé todavía no está ni en funciones. La FCC de Estados Unidos entra dentro de la regla de agencias independientes, pero durante mucho tiempo su presidente fue el hijo de Colin Powell, el ex secretario de Estado de George Bush, y ahora es Julius Genachowski, que fue jefe de la campaña de Barack Obama. En Francia la autoridad regulatoria está compuesta por nueve miembros, tres por el Ejecutivo, tres por Diputados y tres por el Senado. Por lo tanto, por más mal que le vaya al gobierno en las elecciones, mantiene el control del organismo. Lo cierto es que en ningún lado gobierna la oposición. En Inglaterra la Independent Television Commission no responde al Ejecutivo, pero sus miembros son elegidos por el Parlamento. De hecho, la extensión de la licencia de BSkyB –como se vio en el affaire Murdoch– estuvo sujeta a discusión política en la Cámara de los Comunes. –La Corte también dijo que como parte del proceso de adecuación la rentabilidad podría verse afectada y generarse despidos. –La referencia es hacia el destino del personal en aquellas áreas donde cualquiera que adecue dejará de prestar servicios porque cede la unidad de negocios, pero en esa unidad necesariamente se involucra la transferencia del personal. Durante los procesos de adecuación, tanto voluntarios como de oficio, contemplados en las resoluciones de Afsca 2205/12 y 2206/12, es requisito del que sale y del que entra, el mantenimiento de la fuente de trabajo y de las condiciones convencionales. Es una condición para el mantenimiento de la licencia. Además, el año pasado se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Afsca para armar comisiones de seguimiento de esos procesos. Y también se firmaron convenios con el Sindicato de Televisión y otros del sector. –¿El caso argentino puede servir de ejemplo para otros países de la región? –Argentina es un laboratorio en términos doctrinarios. La Comisión Interamericana estableció en el año 2000 que los monopolios y oligopolios restringen la democracia porque afectan el derecho a la información y la libertad de expresión. Por lo tanto, se debe avanzar con la regulación de leyes antimonopólicas, en las condiciones que el relator de la OEA fijó en 2004. En diciembre de 2007 los relatores de OEA, Naciones Unidas, Organización de Seguridad y Cooperación Europea y Africa dijeron que la razón de ser de la regulación es la promoción de la diversidad y el pluralismo. En marzo de 2008 la declaración del Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones de la Unesco incluyó los indicadores del monitoreo de la libertad de expresión y aparece el tema de tener reglas para desinvertir. Lo que hizo Argentina es establecer un mecanismo, constitucionalmente compatible, según dijo la Corte, de poner en vigencia reglas antimonopólicas que no son expropiatorias y no cancelan licencias por anticipado, porque si no los grupos no tendrían que desinvertir. El día cero para comenzar a aplicar la regla es lo que tiene que resolver la Afsca y sin duda el caso despierta atención porque en Uruguay, México, Brasil y Chile también se están discutiendo estos temas. fkrakowiak@pagina12.com.ar Compartir: Twitter

IDEOLOGIA Y POLITICA EN EL FALLO SOBRE LA LEY AUDIOVISUAL Crustáceos sin saberlo

El fallo de la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la ley audiovisual, pero también incluyó una hoja de ruta para que el Grupo Clarín siga resistiendo su aplicación. El riesgo de olvidar que esa ley es fruto de una construcción social y no patrimonio de un partido o un sector. Por Horacio Verbitsky En 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Caracas para confrontar con el gobierno de Hugo Chávez, premió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por su defensa de los principios de la libertad de prensa contenidos en la declaración de Chapultepec, la misma que el diputado electo Sergio Massa firmó esta semana en su visita a la Asociación de Propietarios de diarios de la Argentina. En 2009, la SIP realizó su asamblea anual en la Argentina, y Lorenzetti la inauguró junto con el entonces vicepresidente Julio Cobos, y en 2010 recibió en su despacho al CEO del Grupo Clarín, Héctor Horacio Magnetto. En enero de 2010, el ex diputado radical Daniel Katz, mencionó que la fórmula presidencial que Cobos encabezaría en las elecciones presidenciales del año siguiente podría completarse con Lorenzetti, quien lo negó. Pero la entonces embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. Lo supo por una integrante del grupo, la diputada macrista Gabriela Michetti, quien identificó a sus otros miembros: Lorenzetti, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el diputado de Wall Street Alfonso de Prat Gay, el entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz; varios hombres de negocios y banqueros que Michetti o la embajadora se abstuvieron de nombrar. En 2012, la SIP transmitió a Lorenzetti su apoyo contra presiones políticas que condicionaran su fallo por la Ley Audiovisual y el también juez de la Corte Carlos Fayt lanzó la candidatura de Lorenzetti, esta vez a la presidencia. Lorenzetti aclaró que no aspiraba a ningún cargo político. El mes pasado, en su asamblea realizada en Denver, la SIP declaró su esperanza de que la Corte se pronunciara en contra de la ley audiovisual. Pocos días después el tribunal confirmó la validez constitucional de todos los artículos impugnados de aquella ley. Núcleo de coincidencias Tal vez estos antecedentes expliquen la furia desatada contra Lorenzetti, que abarca desde el tardío descubrimiento del diario Clarín de que quiere ser presidente, hasta la denuncia de la pintoresca diputada Elisa Carrió de que existe un pacto espurio del juez con el gobierno nacional y la irónica afirmación del profesor de derecho constitucional Lucas Arrimada: “Me parece que esta constitucionalidad de la Ley de Medios trae un Código Civil unificado bajo el brazo”. Al mismo tiempo, desde posiciones afines al gobierno nacional hubo hasta pedidos de disculpas a Lorenzetti por la desconfianza con que lo trataron hasta el día del fallo. Esto refleja la incomprensión generalizada sobre el rol de la Corte en las primeras décadas del siglo XXI, sin distinción de banderías. La actitud episcopal de Lorenzetti en su profusión de conferencias explicativas ha contribuido a oscurecer las cosas, pero eso no es grave mientras los jueces también hablen por sus fallos y si esos fallos respetan las distintas atribuciones de cada uno de los poderes. A la segunda semana de asumir, el ex presidente Néstor Kirchner impulsó el juicio político a la mayoría automática que había convertido a la Corte en un apéndice del Poder Ejecutivo. Adoptó además un mecanismo autorrestrictivo y transparente para la designación de sus nuevos ministros, en beneficio de la calidad institucional, con un intenso escrutinio público de los candidatos. Gracias a esto, aun cuando el kirchnerismo designó a cuatro de los siete miembros de la Corte, las votaciones del tribunal no siguen una pauta previsible. Una de las juezas designadas por Kirchner, Carmen Argibay, se pronunció en contra de partes de la ley audiovisual y la mayoría favorable se formó con el voto del juez Enrique Petracchi, a quien el presidente Raúl Alfonsín colocó allí hace 30 años. El mismo Petra-cchi y Lorenzetti firmaron el fallo que suspendió las elecciones convocadas por el gobernador kirchnerista de Santiago del Estero. Estos dos ejemplos de los últimos días no son excepcionales. De acuerdo con un relevamiento estadístico realizado por el constitucionalista Gustavo Arballo sobre una muestra de los 50 casos más relevantes del año 2012, el 78 por ciento fueron resueltos por unanimidad. Ya más en detalle detectó que la Corte funciona con un núcleo central de coincidencias que integran cuatro jueces designados por tres gobiernos distintos: Lorenzetti y Elena Highton (por Kirchner), Carlos Fayt (por Alfonsín) y Juan Carlos Maqueda (durante el interinato presidencial del ex senador Eduardo Duhalde). Quienes más veces han coincidido fueron Maqueda y Highton mientras que la pareja menos frecuente la formaron Argibay y Raúl Zaffaroni, ambos nombrados por Kirchner, quienes sólo coincidieron en cuatro casos. Los gozos y las sombras Con estas características que impiden un encasillamiento esquemático, la Corte le ha dado al gobierno grandes satisfacciones (al declarar nulas las leyes y decretos de impunidad por los crímenes de la dictadura, por ejemplo) y también costosos disgustos (con el reconocimiento de la libertad sindical contra el deseo de la CGT y del Poder Ejecutivo, su intervención en la limpieza del Riachuelo, la demarcación de las tierras de la etnia Qom o la actualización de los índices previsionales) y no hay forma de encuadrarla como pro o antigubernativa. Esto no equivale a considerar que sus jueces sean apolíticos o carezcan de ideología. En un reportaje con la revista Derecho, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Petracchi dijo que “los jueces son políticos les guste o no. A lo sumo, les va a pasar lo que al cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe. Sus decisiones, especialmente en la Corte Suprema, son políticas, lo que sucede es que no son solamente políticas, son además jurídicas, se tienen que adecuar a la Constitución. Cuando existe un conflicto de valores, y eso es lo que siempre hay que juzgar, se toma a uno sobre el otro, y eso configura una decisión política”. En el caso de la ley audiovisual, la Corte reconoció que en ese conflicto de valores el interés público debe prevalecer sobre los beneficios de las empresas, lo cual no significa afectar el derecho de propiedad, ya que si se demostrara un perjuicio patrimonial debería ser indemnizado. Para ello hicieron propios los conceptos sobre los aspectos individual y colectivo de la libertad de expresión desarrollados por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluyen tanto el derecho de cada uno a expresarse como el del conjunto social a informarse en forma diversificada y plural, como precondición para la existencia del sistema democrático, que requiere una sociedad bien informada al momento de decidir sobre su propio gobierno. Hoja de ruta Las bondades del fallo no pueden disimular la enormidad del lapso que la Corte consintió que transcurriera antes de su validación constitucional, con una decisión que según su propio presidente no cierra el camino a nuevos recursos contra cada paso de su aplicación, cosa que el Grupo Clarín ya se declaró decidido a presentar. Frente a esos cuatro años, debatir si debía salir antes o después de las elecciones es una trivialidad. Ante el reclamo de Zaffaroni y Petracchi por mayor prontitud, Lorenzetti respondió con la necesidad de alcanzar consensos en un voto único. Cuando ambos jueces le comunicaron que habían concluido los suyos sin perseguir por más tiempo esa utopía, Lorenzetti les entregó un punto redactado por él, una especie de estatuto del deber ser regulatorio. Luego de una oblicua crítica a la deficiente defensa del Grupo Clarín en la causa, ese punto 74 del voto mayoritario estableció que para obtener pluralidad y diversidad en los medios es necesario que la publicidad oficial se distribuya en forma transparente; que vía subsidios u otro tipo de beneficios los medios no sean instrumentos de una corriente política ni eliminen el debate y el disenso; que los medios públicos den voz a todos los sectores de la sociedad y no estén al servicio del gobierno; que el ente de aplicación de la ley sea un órgano técnico e independiente y no discrimine a las opiniones disidentes. Como remate, agregó que la aplicación de la ley podría perjudicar no sólo al Grupo Clarín sino también a usuarios y consumidores, que “podrían hacer valer sus derechos por las vías que correspondan”. Este verdadero plan de acción fue firmado por Highton pero no por Za-ffaroni. Para terminar con las dilaciones Petracchi lo aceptó, pero no completo. Sugerir a usuarios y consumidores que recurrieran también ellos contra la ley le pareció demasiado, porque no encontró forma de compatibilizar la función judicial con ese consejo a una hipotética parte futura. De inmediato el Grupo Clarín y sus defensores comenzaron a recorrer esa hoja de ruta, con anuncios extravagantes: el macrismo se presentó a la propia Corte reclamándole que suspendiera la aplicación de la sentencia hasta que no se cumpliera ese punteo de generalidades y Carrió anunció que viajaría a Washington, aunque no dijo si para visitar sus imponentes museos, reiterar su viejo pedido de una intervención extranjera en la Argentina o para interiorizarse de las reglas de funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que no es posible acceder sin particulares damnificados que antes hayan agotado los recursos internos. No todos las conocen tan bien como Lorenzetti. Buenas preguntas El viernes, durante la audiencia en la CIDH solicitada por un grupo de periodistas argentinos para quejarse por la supuesta persecución que padecen por parte del gobierno, hubo un par de preguntas interesantes, que los peticionarios no contestaron. Los comisionados Rodrigo Escobar Gil, colombiano, y Rosa María Ortiz, paraguaya, quisieron saber si los periodistas habían acudido a la Justicia para denunciar lo que contaron en la audiencia y, en caso contrario, por qué no. La Relatora para la Libertad de expresión, la también colombiana Catalina Botero, preguntó si el juicio público que Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá presentaron como una difamación oficial no era un ejercicio de la libertad de expresión de otro sector de la sociedad. Morales Solá dijo que un extranjero podría pensar que no hay problemas de libertad de expresión en la Argentina pero que esa era una apariencia equivocada, porque el gobierno pretende “eliminar al periodismo”. También desvalorizó la despenalización de las calumnias e injurias cuando hay un interés público en juego y el reemplazo de la pena por una multa en los demás casos. Dijo que el gobierno sustituyó la condena penal por la condena pública y que él prefería la cárcel al odio y la descalificación y a que el Estado cambie la historia de su vida, al presentarlo falsamente como partidario de la dictadura. Como se ve, también en cuestión de preferencias, la Argentina es un país libre y plural. La audiencia concluyó sin que pudiera saberse si elegiría una cárcel federal o una del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde el gobierno y sectores afines se interpretó la audiencia como una réplica del Grupo Clarín al fallo de la Corte, cosa que carece de asidero. Había sido convocada hace un mes, en respuesta al cuarto pedido que esos periodistas presentaron en varios años y es legítimo que la Comisión la haya concedido. En una sobria intervención, el funcionario de la Cancillería Javier Salgado explicó la diferencia entre una audiencia temática general, como la del viernes, y un caso, en el que sí es procedente debatir situaciones individuales como las expuestas. También destacó que la Argentina es el país que más casos ha resuelto en el Sistema mediante el procedimiento de la solución amistosa. Dos de ellas dieron lugar a reformas legislativas, en los casos “Verbitsky” y “Kimel”, que despenalizaron la expresión. De todas las peticiones presentadas desde la Argentina que están en trámite, sólo el uno y medio por ciento se refieren a libertad de expresión, ninguna por hechos ocurridos a partir de 2003. Y dentro del país sólo hay dos causas judiciales abiertas, ambas del periodista Luis Majul, una por las investigaciones de la AFIP y otra por el hackeo de su casilla electrónica, que fue remitida al juzgado federal de San Isidro (allí están procesados por la interceptación de comunicaciones el general Daniel Reimundes, los ex servicios de informaciones Juan Yofre, Héctor Alderete, Iván Velázquez y Pablo Carpintero; el empresario Néstor Ick y, por encubrimiento y revelación de secretos, los periodistas Roberto García, Héctor Mainhard y Carlos Pagni). Salgado mencionó otras decisiones favorables a la libertad de expresión y de prensa: la declaración de interés público de la fabricación y distribución de papel para periódicos de modo de asegurar la igualdad de oportunidades; la ley de democratización de la representación política que garantiza a todos los partidos espacios gratuitos en los medios audiovisuales; la resolución 210 de 2001 que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad no reprimir la expresión de reclamos sociales o políticos y respetar y proteger la actividad periodística durante su transcurso. Es incoherente que Salgado haya objetado la concesión de la audiencia, que permitió exponer semejante record, para encomio de dos comisionados, Ortiz y el chileno Felipe González. La audiencia concluyó con un balbuceo del funcionario de la jefatura de gabinete Juan Ross, quien desperdició sus pocos minutos en anunciar que sería breve y en provocar un cruce de palabras con Morales Solá, acaso porque la cuestión de la publicidad oficial sobre la que debía responder es una de las indiscutibles asignaturas pendientes del gobierno, igual que la demorada ley de acceso a la información pública. Después del fallo tan esperado, es hora de saldarlas.

EL TITULAR DE LA AFSCA HABLA DEL FALLO DE LA CORTE Y SOBRE LOS SIGUIENTES PASOS PARA QUE EL GRUPO CLARIN SE ADECUE “Vienen con la inercia de creer que pueden estar por encima de la ley”

o que se viene: tasación, selección y concurso de las licencias. Las otras empresas. Los medios comunitarios. “Que (el Grupo Clarín) siga queriendo generar palos en la rueda es muy posible, pero se les van acabando las posibilidades”, asegura Martín Sabbatella. Por Victoria Ginzberg Está flaco. “Bajé 18 kilos”, dice, sonriente, Martín Sa-bbatella. Pero la cara de satisfacción parece estar más ligada a la decisión de la Corte Suprema de, finalmente, convalidar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Se terminó la incertidumbre. Lo que hay que hacer ahora es aplicarla íntegramente.” “No vamos a esperar ni un minuto, porque ya se perdieron cuatro años y es una deuda de hace 30”, dice a Página/12 en su despacho, donde se destacan dos pantallas en las que se ven todos los canales de noticias. No hay mucho más en la oficina. En el escritorio, delante de sus papeles, una foto suya con la Presidenta y, al lado, un pequeño busto blanco del ex presidente Néstor Kirchner. El presidente de la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) reconoce que es posible que el Grupo Clarín se resista a cumplir con la decisión del máximo tribunal, pero asegura que la adecuación de oficio del multimedios está en marcha y explica los detalles de ese proceso. –¿Cómo sigue lo que se inició el jueves durante la reunión en Clarín? –Lo que hicimos fue notificar el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene ahora 15 días para ratificar la información que le hemos dado. Le llevamos lo que en la Afsca figura que es de ellos. Luego pasa al proceso de tasación. Una vez que están tasadas las licencias se selecciona cuáles son las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas para concursar, se concursa, se adjudica y los nuevos licenciatarios tienen que hacerse cargo de las empresas. El licenciatario anterior tuvo que haber garantizado el servicio, para no perjudicar desde ningún punto de vista al público y al mismo tiempo tiene que haber garantizado el conjunto de las fuentes de trabajo, porque en las cláusulas del concurso está la continuidad de los trabajadores. –¿Cree que Clarín buscará seguir ganando tiempo especulando con un cambio de gobierno? –Ellos hicieron medidas dilatorias porque sabían que la ley era constitucional y querían sostener su situación de privilegio. Fueron poniendo palos en la rueda. Una parte de la Justicia fue parte de ese plan. La Cámara (Civil y Comercial) hizo un fallo a medida del Grupo Clarín en el que determinaba que era legal y se podía aplicar todo lo que afectaba a los competidores del Grupo Clarín y era inconstitucional y no se podía aplicar todo lo que afectaba al Grupo Clarín. Eso agudizaba la situación de injusticia en el mercado de la comunicación. Esas prácticas dilatorias tenían el objetivo de sostener su situación de privilegio esperando un contexto político que los favoreciera. En muchos casos, el acuerdo político que podía tener el Grupo Clarín y su CEO, (Héctor) Magnetto, con determinados sectores del arco opositor, era poner el aparato comunicacional al servicio de las estrategias opositoras a cambio de generar contextos políticos que le permitan evitar el cumplimiento de la ley. Eso continúa. –¿Es posible entonces que Clarín consiga un nuevo amparo que frene la aplicación de la ley? –Hubo un litigio judicial, había incertidumbre. Se terminó. Chau. Final. A cumplir la ley. Si me pregunta si Clarín va a seguir insistiendo para evitar cumplir con la ley, es muy posible que lo haga. Hay antecedentes, por ejemplo, el no cumplimiento de algo que no tiene discusión judicial como es la grilla, y también desobedecen órdenes judiciales. Es un elemento para pensar que seguirán queriendo resistir el cumplimiento de la ley, porque vienen con la inercia histórica de creer que pueden estar por encima de la ley. Su poderío comunicacional y económico lo utilizaban para extorsionar a los poderes públicos y para definir no sólo qué leyes cumplen y cuáles no, sino para definir qué leyes tienen que salir y cuáles no. Pero sus posibilidades se reducen muchísimo. Un proceso histórico que vive la Argentina, no sólo por la ley de medios, sino por la ampliación de derechos, produce la alegría de quienes son sujetos de esos derechos y la bronca y el odio de quienes pierden privilegios. –¿Qué pasa con el resto de las empresas que deben adecuarse a la ley? –Paralelamente a la adecuación de oficio del Grupo Clarín está la adecuación voluntaria del conjunto de empresas que se presentaron y eso está en distintas etapas. En tratamiento de estudio técnico, en algunos casos ya tienen aprobación del directorio, en otros están en plena transferencia, que es la venta que ellos hacen. –¿Quiénes son? –En distintos momentos está todo el resto: Vila-Manzano, Telefe, Indalo... –Uno de los principales argumentos de Clarín es que sólo se les exige a ellos la adecuación... –Eso es falso. Mentira. La ley es para todos. ¿Por qué se habla del Grupo Clarín? Porque es el único que no quiere cumplirla y es el que más se excede de los límites de la ley. Tiene 237 licencias de cable y se puede tener 24. La ley es para todos, no es para Clarín. Pero el resto de las empresas está en el proceso de adecuación. Es más, el socio de Clarín en Cablevisión se presentó y dijo “no quiero que mi socio me arrastre a la ilegalidad”, pero no puede expresar la voluntad del grupo porque solo tiene el 40 por ciento de Cablevisión. –¿De qué se debería desprender Clarín? ¿Cuáles serían sus opciones, si quisiera presentarse voluntariamente? –Para la Afsca la adecuación de Clarín es una adecuación de oficio, porque el plazo para la presentación de adecuaciones voluntarias está vencido. La Corte lo dijo. –¿Qué pasa si mañana hacen una presentación? –La adecuación de oficio está en marcha. Lo que puede hacer el Grupo Clarín es tomar como propio lo que presentó su socio minoritario el 5 de diciembre. Si completa esa presentación, si la expresa el conjunto del grupo, como si tomara una reserva hecha por su socio minoritario y la continuara, eso lo puede hacer. La Afsca estaría dispuesta a evaluarlo y a tenerlo en cuenta. Pero eso tiene que ser más o menos rápido porque el proceso de adecuación de oficio avanza y la viabilidad de una propuesta que retome lo presentado por su socio depende del avance de la adecuación de oficio. –En la audiencia pública había mencionado algunas de las posibilidades que tenía Clarín en caso de haberse presentado voluntariamente. –Lo que comenté en la audiencia fue un ejemplo de lo que hubiesen podido hacer. Nosotros todavía no definimos nada. Es un ejemplo que no sé si es lo que va a pasar, porque la Afsca tiene que estudiar después de la tasación qué es lo que selecciona para concursar para que la empresa esté en regla. No es solamente lo que excede de la cantidad de licencias, sino también de la cuota de marcado y evitar las superposiciones que están prohibidas en el marco de la ley. La Afsca no decidió qué se va a concursar. Pero volviendo a un supuesto caso, lo que dije en la audiencia es que si hubiese venido Clarín voluntariamente podría haberse quedado con canal 13, con FM 100, radio Mitre, con la señal TN y una empresa de cable del 35 por ciento por fuera de las áreas de cobertura de las otras licencias. Y es una empresa gigante. No es insustentable de ninguna manera. Pero es un supuesto. No hemos definido nada. Lo que sí hay es un criterio de que lo que se va a seleccionar para concursar es lo que cause menor perjuicio posible a la empresa, dejándole lo de mayor valor económico y lo de mayor valor simbólico. –¿En una adecuación voluntaria Clarín podría haber creado otra empresa para venderse entre socios o accionistas? ¿Podrían haberse dividido el grupo entre ellos? –Cualquier ley antimonopólica permite que los socios se dividan y cada uno tenga empresas del tamaño que permite la ley. Pero tiene que haber una división de verdad. Tienen que ser unidades productivas y económicas distintas con administraciones distintas, gerencias distintas, estudios distintos... empresas distintas. –¿Aunque mantengan los mismos intereses? –Pueden ser amigos y juntarse a comer asados, pero no pueden funcionar como grupo, no pueden tener un vínculo económico. Los socios se pueden dividir, eso lo puede hacer Clarín o cualquiera. Eso tiene que ser verificado por las áreas de fiscalización nuestra y por Defensa de la Competencia. –¿Pueden ser empresas de padre e hijo? –La ley no prohíbe que dos familiares se dediquen a la misma actividad. Lo que sí prohíbe es que conformen un grupo. –Hay un reclamo de los medios comunitarios para que se apliquen otros aspectos de la ley, vinculados a la adjudicación de licencias a medios sin fines de lucro. ¿En qué está ese proceso? –La ley busca democratizar la palabra y tiene dos grandes aspectos para lograrlo. Uno es la generación y fomento de nuevas herramientas comunicacionales en el conjunto del territorio nacional para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra. Esas herramientas son nuevas productoras de contenidos audiovisuales, nuevas señales, canales, emisoras radiales, tanto del mundo privado como del mundo público, como de asociaciones comunitarias sin fines de lucro. Otro aspecto es el que venimos hablando que es la adecuación para enfrentar las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes que no permiten que estén todas las voces porque se constituyen en un elefante toma todo que lesiona el resto. Uno de estos aspectos era el que estaba controvertido en la Justicia, el otro aspecto se ha desarrollado muchísimo estos cuatro años. Por ejemplo, hay más de cinco mil horas de producción de contenidos audiovisuales, hay más de 900 series de ficción, cantidad de nuevas señales, nuevas radios y entre otras cosas la transformación de la comunicación en forma directa o indirecta ha generado más de cien mil puestos de trabajo. Esto desmiente a los que dicen que la aplicación de la ley va contra la creación de nuevos puestos de trabajo. No solamente protege las fuentes actuales sino que genera nuevos puestos. Por supuesto que esto es un proceso, hay mucho más por hacer. Lograr el 33 por ciento de organizaciones comunitarias sin fines de lucro en el espectro es un proceso. Estamos avanzando bien, pero es cierto que en algunas zonas el espectro está ocupado y para ocupar el 33 por ciento hay que ordenarlo, o, a medida que vayan caducando licencias del sector público o privado, se pueden ocupar con organizaciones sin fines de lucro, porque el espectro es finito. No va a ser de un día para el otro. Lo importante es que el proceso está en marcha y que se vayan dando pasos importantes. Estuve la semana pasada en Bariloche, donde se inauguró el primer canal de pueblo originario. Hay cantidad de radios y señales de televisión en universidades y escuelas o en organizaciones, hace pocos días reconocimos canales de baja potencia. Hago un balance altamente positivo. Pero es cierto que la posibilidad de aplicar la ley integralmente potencia todos sus aspectos. Es más fácil la generación de nuevas voces cuando se va desconcentrando. –¿Hay en el mercado potenciales compradores de las empresas de las que los empresarios de medios ya conocidos deben desprenderse? –Nosotros creemos que sí. El mundo de la comunicación audiovisual es un mundo que crece permanentemente y es muy atractivo para las inversiones. –Otro de los argumentos de Clarín es que se los van a vender a “amigos del gobierno”... –En la adecuación voluntaria es el propio empresario que elige a quién le vende. En la adecuación de oficio se concursa. Ni el Estado ni la Afsca lo deciden. Es otra de las falsedades, como cuando decían que nos íbamos a meter con los contenidos. La ley busca que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, los que mienten, los que no, todos. –También dicen que la adecuación de oficio incumple el fallo de la Corte... –Es otro disparate. Hay dos formas: la adecuación voluntaria y la adecuación de oficio. La de oficio está contemplada. Los plazos de la adecuación voluntaria están vencidos. Lo dijo la Corte. Fue contundente. Clarín tiene la posibilidad de adecuarse voluntariamente a través de la presentación que hizo su socio minoritario. Y si no, sigue la de oficio. No vamos a esperar ni un minuto porque ya se perdieron cuatro años. Y es una deuda de la democracia de hace 30. Lo dijo Leopoldo Moreau en el homenaje a Raúl Alfonsín que hizo el jefe de Gabinete. Dijo que ellos presentaron una ley hace 25 años y por la presión de las corporaciones no lo pudieron lograr. El problema de la concentración mediática en la Argentina y la lesión que le hace la concentración a la libertad de expresión y a la democracia no es un invento nuestro, es un dato histórico. –La Corte dice que podría haber lugar para una indemnización. ¿Cómo sería eso? –Tanto en la adecuación voluntaria como en la de oficio el dinero de la transferencia se lo queda el licenciatario anterior, por lo tanto recupera la inversión. En el caso de la adecuación voluntaria, la empresa que vende elige el comprador y en otro caso es por concurso, pero siempre la plata llega al licenciatario. La Corte dice que si se siente perjudicado puede hacer una demanda, como cualquiera. La ley prevé que por única vez podés vender, para dar cumplimiento a la ley. El resultado de esa venta se lo queda el licenciatario anterior. Para la ley, con eso se cubre la situación. Si igual creés que no te alcanzó, tenés derecho a hacer una demanda, lo que no significa que tengas razón. –¿Se vende con los bienes? –Cuando lo vende el licenciatario lo arregla él. En el caso del concurso, se concursan las licencias y los bienes afectados al uso de la misma. Todo lo que se necesita para que el servicio funcione. –¿Las personas que trabajan en ese lugar siguen trabajando ahí? –En la transición, el licenciatario anterior tiene que garantizar las fuentes de trabajo y el nuevo licenciatario tiene que darle continuidad a las fuentes de trabajo en las condiciones de las negociaciones colectivas. –Una vez que la Afsca avance con la adecuación, ¿hay vuelta atrás? Hay diputados que ya anunciaron su voluntad de cambiar la ley. –Toda ley puede ser modificada por otra ley, todo decreto puede ser modificado por otro decreto. Por eso es cierto que, más allá de la ley de medios, puede haber intentos de distintos sectores de frenar este rumbo de profundas transformaciones, esta ampliación de derechos que vive la Argentina. En ese sentido, es cierto que el pasado está a la vuelta de la esquina. Por eso la importancia de seguir teniendo mayorías en el Congreso para profundizar y ampliar la democracia. –El 10 de diciembre vence su mandato al frente de la Afsca, ¿se queda o se va? –No es decisión mía, es de la Presidenta de la Nación.

› LAS INTERPRETACIONES DE LA RESOLUCION DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA LEY DE MEDIOS Lo que dice el fallo y lo que se dijo

La sentencia le da una entidad especial a la libertad de expresión y tiene párrafos trascendentes. A la hora de comunicarlo el máximo tribunal, y en particular su presidente, Ricardo Lorenzetti, prefirió enfatizar otras cosas. Por Irina Hauser El fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) es un bodoque de casi 400 páginas con ciertas particularidades que lo diferencian de cualquier otro. Una de ellas es que al comienzo tiene una especie de guía de lectura y frases marcadas en negrita a lo largo de todo el texto, que está escrito en un lenguaje muy entendible. Pero la guía de la buena interpretación sigue por fuera de ese texto y se corporiza, entre otras cosas, en las declaraciones públicas de los jueces supremos. La palabra de Ricardo Lorenzetti, por ser el presidente de la Corte, tiene un valor especial. Lo que dice es lo que quiere que resuene. Lorenzetti, de hecho, eligió poner el foco en lo que está afuera de la sentencia, en lo que jurídicamente ni siquiera estaba en discusión. Dijo que lo que importa “más que la ley en sí misma” es “la aplicación”. Esa es la dimensión política y la batalla económica que vienen, y la que le permitirá al Grupo Clarín seguir generando pleitos para pelear por retener su capital. El supremo eligió hablarles al holding y a los grupos económicos en general con una frase tranquilizadora: “Esto no termina acá”. Mensajes calculados Uno de los conceptos que los jueces decidieron resaltar en negritas dice que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”. Es un concepto medular, que equivale a decir que hasta acá Clarín no demostró que le violaran ningún derecho, el día de mañana quién sabe. Pero es fuera de las negritas donde la sentencia encuentra toda su sustancia. Hay allí algunas frases que vale la pena repasar. “A diferencia de otros mercados –sostuvo la Corte– en el de las comunicaciones, la concentración tiene consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien esencial para las libertades individuales. La ley, al limitar la cantidad de licencias y registros persigue el enriquecimiento del debate democrático y, en definitiva, el fortalecimiento de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los individuos. En otros palabras, la regulación en examen apunta a favorecer políticas competitivas y antimonopólicas para preservar un derecho fundamental para la vida de una democracia como lo es la libertad de expresión y de información.” La sentencia le da una entidad especial a la libertad de expresión, la señala como derecho de rango especial, una “precondición del sistema democrático”, pone en negritas. Párrafos antes explica que para garantizarlo, el Estado puede intervenir en el mercado de medios de comunicación y para eso puede darse sus leyes. El Congreso, enfatiza, puede diseñar las leyes que crea conveniente. Y la Corte evalúa a la LdSCA como una buena herramienta para garantizar la llamada pluralidad de voces. Y dice que es una ley para todo el sistema de medios. A la hora de informar, sin embargo, la Corte eligió enfatizar otras cosas. Apenas salió el fallo distribuyó un comunicado de prensa con un título bien aséptico: “La Corte declaró la constitucionalidad de la ley de medios”. Pero seguía con once líneas dedicadas a calmar a las “fieras”, alusivas a que “deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización” (si se demostrara un daño en otra instancia, en otro momento); a que esas y otras cuestiones se despejarán con la aplicación de la ley. En ese párrafo inicial, el comunicado supremo advertía que: “deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; la Afsca debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso”. Todas estas consideraciones no forman parte de lo que se debatía jurídicamente. Fueron, en su mayoría, planteos que introdujo Clarín en escritos y en la audiencia pública, igual que ciertas acotaciones alusivas a dilemas y cuestiones tecnológicas. Sobre estas últimas la Corte dijo que no tiene por qué opinar. Pero sí consideró que podía comentar algo sobre la “aplicación”. En la jerga, estas acotaciones fuera de programa se llaman obiter dictum, y son sólo sugerencias de lo que debería ser sin ningún valor jurídico vinculante. En este fallo fueron la fórmula con que algunos de los jueces le dedicaron un guiño a Clarín y el poder económico. A la hora de comunicar, después, Lorenzetti procuró que esas premisas fueran las grandes protagonistas. La cocina suprema No está claro si es por una cuestión de edad, de hábitos palaciegos o por marcar distancias: el hecho es que algunos de los jueces de la Corte Suprema se tratan de “usted”, en especial cuando se reúnen los días martes. Así fue que en el plenario de mitad de octubre, Enrique Petracchi encaró a Lorenzetti: “Doctor –le gruñó–, esto hay que sacarlo”. No era el único que pensaba que el fallo ya no debía esperar. Petracchi integraría la mayoría pronta a avalar la constitucionalidad de la norma, junto con el propio Lorenzetti, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco. Más allá de que el tribunal suele evitar grandes fallos en época de campañas electorales, en este caso largamente postergado, la minoría (Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay) no quería sacarlo, para evitar una señal que sería muy favorable al oficialismo. En ese momento, todos los jueces supremos llegarían a la conclusión de que una nueva prórroga era lo mejor para todos, empezando por ellos mismos, y pusieron la fecha del 29 de octubre para fallar. En aquel acuerdo de octubre Petracchi anunció que tenía su voto terminado. Lo entregó. Za-ffaroni, que ya tenía encaminado el suyo, tomaría después parte de sus fundamentos, varios tomados del derecho internacional y agregaría otros, teniendo en cuenta la “dimensión cultural”. A su entender, la importancia de la LdSCA como forma de preservación del pluralismo cultural frente a un proceso que hegemoniza la cultura a través de la “monopolización de los medios audiovisuales”. Maqueda, hoy cercano a José Manuel de la Sota, y que en otros tiempos o temas votaba más a menudo con la mayoría, en este caso pateó más bien para el lado de Clarín. Es más, fue uno de los impulsores iniciales de la audiencia pública del 28 de agosto; quizá –murmuran algunos de sus colegas– pensaba que sería un boomerang para el Estado y resultó que quedaron claras las posiciones: quién defendía intereses económicos y quién defendía derechos amplios y colectivos. La audiencia fue ganancia pura para lo sociedad, que pudo ver esa puja clara como el agua. Maqueda, al final, quedó mucho más cerca de la posición de Argibay: ambos alegando que las licencias deberían durar hasta que caducan, sosteniendo un derecho adquirido, que la mayoría rechazó. Fayt dijo que todo lo que se debatía de la ley es inconstitucional, y Clarín no debe ceder nada. Durante los últimos acuerdos a los que asistió se la pasó rezongando: “¿En manos de quién está este país? ¿Quién nos gobierna?”. En cuanto la Corte firmó el fallo con una mayoría que sostuvo que en Argentina hay una ley cuyos ejes antimonopólicos son una vía para habilitar el libre ejercicio de la libertad de expresión, un grupo de periodistas viajaba a la OEA para decir que, al contrario, en el país no hay libertad de prensa. Aunque la coincidencia temporal con la sentencia suprema fue casual, ambos hechos quedaron inevitablemente asociados. Para salir a hablar tras el fallo, Lorenzetti eligió el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las que viajó a Estados Unidos a quejarse. Lo entrevistó, de todos modos, María O’Donnell. También salió en Infobae TV. Lorenzetti repitió varias veces algunos conceptos. Ahí, por ejemplo, dijo que más que la ley lo que importa es la aplicación, una cuestión a la que Clarín se aferró de entrada, a punto tal que cuando el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, fue a la empresa a notificar la adecuación de oficio, le empezaron a recitar todos los puntos del obiter dictum y a exigir que dijera cómo iban garantizar que son un organismo “independiente”. Todo esto sin contar a los diputados PRO que fueron a pedirle a la Corte que suspenda su propia sentencia con el argumento de que del obiter se deduce que no está garantizada a libertad de expresión. Lorenzetti también insistió en que puede quedar un largo camino de litigios por delante, para alivio de Clarín. También dijo que la Corte es la misma de siempre, y que él en lo personal siempre pensó igual. Usó muchas veces una frase pidiendo “tranquilidad”, en una apelación difusa que puede estar dedicada tanto al establishment mediático, a los inversores internacionales o a los trabajadores que temen por sus empleos. Tiene lógica que la Corte haya enfilado sus mensajes a amortiguar los posibles cascotazos de los grupos de poder. Tiene lógica que Lorenzetti, hasta ahora venerado y protegido por la mayoría de los medios, quiera cuidarse. Y que toda la Corte busque preservar la legitimidad construida. El resto ya está, el fallo está escrito y firmado, y engalanará el nombre de Lorenzetti y de todos los jueces que votaron con él en los libros de historia que vendrán. También es bueno tratar de llevarse una lectura del fallo y sus consecuencias tan amplia y valiosa como el fallo es.

La Peñaloza K Caballito.

Fueron por lana y volvieron esquilados... Joaco Morales Sola (si ese..el que visitaba los campos de concentración de Tucuman junto a Bussi y después callaba) y Magdalena Ruiz Guiñazu ( la que recien se entero que habia una dictadura cuando le ejecutaron a una amiga suya, antes de eso era amigota de Neustadt y de Martinez de Hoz) fueron a la CIDH a denunciar que se sienten amenazados porque, segun ellos, ( si justo ellos que fueron representando a periodistas y medios que viven diciendo cualquier disparate , agrediendo, insultando, amenazando, etc. a la Presidenta y de ahi para abajo a todo el que se atreva a decir algo contra los monopolios mediaticos) no hay libertad de expresión en la Argentina. La pobreza argumental fue tan patetica ( que pretendias?) que la CIDH rapidamente se expidio dejando claro que "Los testimonios no constituyen un caso específico para que la comisión se pronuncie." Fue tan ridiculo el planteo que hasta el propio Morales Sola en un momento expresó: "Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos, la respuesta es que SI", aunque agregó que los periodistas allí presentes "no trabajan tranquilos" debido a las críticas que reciben. Asi que ya sabes, aunque escriban o digan cualquier boludes no se los puede criticar porque terminan cenandose una tortilla de valiums para soportar el "estado nervioso" que les causa que vos no estes de acuerdo con lo que dicen...Y yo que creia que en democracia se podia opinar sobreto todo, bueno segun estos dos impresentables, se puede opinar sobretodo, menos sobre ellos. No era necesario ser muy vivo para imaginarse que la pregunta de parte de los representantes de la CIDH iba a ser "pero las personas que critican no estan también haciendo uso de su libertad de expresión?????" ...ooooobvviiooooooo....jajaja...silencio de parte de los impresentables que al final terminaron reclamando por la pauta oficial. Vinieron a reclamar libertad de expresión y terminaron pidiendo plata. A lo que se les respondió que la participación del estado nacional en la pauta publicitaria es tan baja ( en 2012 la pauta publicitaria del estado nacional fue de $796 millones en un total de mercado de $ 22 mil millones) que no tenia relevancia en la economia interna de los grandes medios concentrados a los que estos periodistas representaban. Una verguenza, una más de las que quedan al descubierto cuando la protección mediatica de la falsedad se cae a pedazos. Claro, en Clarin te van a decir que fue un acto heroico, te mentiran y seguiran apostando a que sus lectores son todos bobos manipulables. Tendrán razón?