CRISTINA KIRCHNER Y JOSE MUJICA ACORDARON PARA HOY UNA REUNION DE FUNCIONARIOS POR LA PRODUCCION DE BOTNIA Que una papelera no nos contamine el mate Luego de un acto en el que intercambiaron frases de amistad, los presidentes conversaron sobre la pretensión de Uruguay para que Botnia incremente la producción. En la Cancillería adelantaron que harán respetar el fallo de La Haya.

Por Laura Vales En medio de un nuevo pico de tensión por la pastera Botnia-UPM, el presidente uruguayo, José Mujica, se reunió anoche con Cristina Fernández de Kirchner. El motivo formal del encuentro fue la botadura de un catamarán de Buquebús en Puerto Madero, donde los mandatarios hicieron un corte de cintas conjunto, pero antes de viajar, Mujica anticipó que la intención de su viaje era traerle a la Presidenta una propuesta para permitir a la papelera instalada frente a las costas de Gualeguaychú –y acusada por los vecinos de contaminante– aumentar su producción. En el encuentro, los presidentes acordaron que una delegación uruguaya viaje hoy a Buenos Aires para que los funcionarios argentinos analicen el tema. El canciller Héctor Timerman dijo que “el diálogo está totalmente abierto”, pero advirtió que la Argentina hará cumplir “el fallo del Tribunal Internacional de La Haya”. El encuentro de trabajo se realizará en la Cancillería, de la que depende la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargada del monitoreo de Botnia. Lo cierto es que en la Cancillería no ocultan que las cosas “vienen muy mal” en el tema. El pedido de aumento de la producción fue presentado en la CARU hace más de un año, es decir que lleva su tiempo negociándose. El domingo, la cartera a cargo de Timerman difundió un comunicado de prensa en el que informó que los funcionarios uruguayos se vienen negando a dar a la Argentina la información que les solicitan para poder analizar la cuestión. En este sentido, las autoridades diplomáticas marcaron que la producción autorizada en el fallo de La Haya es de un millón de toneladas por año, y que ante cualquier cambio que no tenga su aval, el gobierno argentino hará una nueva denuncia ante ese tribunal internacional. Ayer, en Buquebús, los presidentes recorrieron juntos el catamarán y, sin mencionar a Botnia, remarcaron la decisión política de mantener la unidad regional. “Estamos en el mismo barco y jamás debemos cometer el error de que nuestras inevitables contradicciones nos separen en las cuestiones esenciales”, dijo Mujica en la conferencia de prensa que compartió con la Presidenta. También prometió “venir cuantas veces tenga que venir a Buenos Aires para intentar lazos de concordancia con el pueblo argentino”. Fernández de Kirchner, a su vez, señaló que el corte de cintas conjunto “revela que tendremos diferencias, pero en definitiva todos los presidentes de la región hemos entendido que la unidad es el único camino para poder seguir creciendo”. Más adelante, remarcó que el catamarán botado es un modelo que generará menos polución y reconoció al presidente de Buquebús por su intención de convertir a su grupo empresario en el de “menor impacto de polución medioambiental”. Pero no fue más allá en el tema ecológico; con un tono afectuoso hacia Mujica, al que llamó “Pepe” en su discurso, marcó en cambio sus diferencias con el jefe del Estado uruguayo. Aclaró que, a diferencia de lo que planteó Mujica la semana pasada en la ONU al hablar contra el consumo, “yo no estoy en contra del consumo porque el consumo mueve la economía. Necesitamos que la gente consuma, porque si consume es porque tiene trabajo y un buen salario”. Después corrigió al presidente uruguayo, que había dicho que el catamarán tenía un lugar para todas las clases sociales, desde la bicicleta al Mercedes Benz, y le apuntó: “Seríamos hipócritas si dijéramos que cualquiera puede viajar en Buquebús de un lado al otro o de acá para allá; pueden viajar los que tienen un determinado nivel de vida. Creo que vamos a haber cumplido con Jesucristo, con el papa Francisco (la embarcación tendrá su nombre) y con la misión que marca el evangelio el día que cualquiera que tenga ganas pueda subir a Buquebús”. La fórmula uruguaya La empresa quiere aumentar su producción a un millón 300 mil toneladas de pasta de celulosa por año. La semana pasada, Mujica hizo saber que está dispuesto a conceder el permiso a cambio de que la empresa haga mejoras medioambientales. Así lo anticipó en una entrevista de la agencia de noticias Bloomberg, de Nueva York: “La decisión no es simple, está ubicada en la media línea, con un tipo de exigencia para mejora ambiental de la propia compañía y esperando que esas obras se vayan haciendo”, dijo a la agencia y agregó sobre esta fórmula: “Te doy para que tú me des, pero si tú no me das no te doy”. Las mejoras que propone el presidente son una mejor refrigeración del agua que Botnia desagota en el río y el compromiso de bajar los contenidos de fósforo de esos efluentes. Según el diario uruguayo El Observador, Mujica está dispuesto a autorizar subir la producción a 1,2 toneladas al año. El matutino La República habló con la senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, que les dijo que la propuesta fue redactada y encarpetada. Desde la oposición uruguaya, blancos y colorados respaldaron un aumento de la producción de la pastera. Los senadores Luis Alberto Heber y Pedro Bordaberry hicieron público ese apoyo en sus cuentas de Twitter, donde dijeron que estarán con Mujica si da su aval a Botnia y advirtieron que en cambio lo criticarán si no da la autorización a la empresa. Sin embargo, anticipándose al encuentro entre los dos presidentes, el domingo la Cancillería argentina difundió un comunicado muy crítico hacia el gobierno uruguayo y su manejo del pedido de Botnia. En concreto, la cartera diplomática denunció que las autoridades del país vecino vienen negándose a dar la información que los funcionarios argentinos les pidieron para analizar la solicitud de aumento de la producción. En este sentido, la Cancillería ratificó que la empresa quedó autorizada según el fallo de la Corte Internacional de La Haya a producir un millón de toneladas por año. Y advirtió que ante cualquier modificación unilateral que se realice, el gobierno argentino hará una nueva denuncia ante La Haya. “Todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal”, advirtió. El fallo de La Haya estableció que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por representantes argentinos y uruguayos, sea la encargada de controlar los efectos de Botnia sobre el río. El pedido de aumento de la producción fue presentado en la CARU por los representantes uruguayos en marzo del año pasado. Al hacer esta solicitud, señaló la Cancillería, “el Uruguay reconoció que el aumento de la producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoció que se requiere la opinión de la Argentina para decidir dicho cambio”. El pedido de aumento de la producción encuentra una situación de fuerte malestar entre los vecinos de Gualeguaychú, que bloquearon el puente internacional de Fray Bentos durante tres años y medio en contra de la instalación de la pastera y lograron así que el gobierno argentino hiciera la denuncia ante La Haya. El fallo de ese tribunal, que estableció que los dos países debían realizaran un monitoreo conjunto, fue una válvula de escape para el conflicto. Pero aunque el plan de vigilancia se puso en marcha, por diferencias entre los representantes argentinos y uruguayos hasta ahora sus resultados nunca se hicieron públicos.

PIDEN QUE ACEPTEN A LAS VICTIMAS COMO QUERELLANTES EN LA CAUSA SOBRE LA FUGA DE DOS REPRESORES “Es importante escuchar su voz y su demanda”

Eloy Camus apelará la decisión del juez Bonadío, quien lo excluyó de la causa sobre la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Por Ailín Bullentini Esta mañana, Eloy Camus solicitará a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones que invierta la decisión del juez federal Claudio Bonadío, quien rechazó su participación como querellante en la causa en la que investiga la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes eludieron su condena durante su traslado desde San Juan al Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires pocos días después de ser condenados por delitos de lesa humanidad. “Otra vez la Justicia argentina me volvió a negar justicia”, aseguró en una conferencia de prensa impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Camus, una de las 60 víctimas cuyas heridas de lesa humanidad motivaron el juicio en el que Olivera y De Marchi recibieron más de 20 años de cárcel como castigo. “No puedo permitir no saber hoy a quiénes tiene pensado imputar el doctor Bonadío por haber permitido la fuga de estos dos personajes que no es la primera vez que se escapan”, demandó Camus. En el Salón José Luis Cabezas, acompañado de Gastón Chillier en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el titular del Programa Verdad y Justicia –que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–, Luciano Hazan, su abogada María Inés Fadel y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto, Camus resumió el reclamo que lo trajo hasta la Ciudad de Buenos Aires. “He viajado 1200 kilómetros para pedir por favor, y que la gente entienda, que a pesar de haber tenido excelentes tribunal y fiscalía, a nosotros nos ha costado mucho condenar a los genocidas de San Juan, que ha sido un gran esfuerzo, que pudimos demostrar (las violaciones a los derechos humanos) a una sociedad que muchas veces quiso negar que esto había pasado en San Juan, pero que parte de la corporación judicial que permanece desde la dictadura y parte del aparato del Estado cómplice permitieron que estos dos peligrosos genocidas hoy estén libres”, explicó. La Sala II de la Cámara Federal deberá analizará la apelación que presentó ante la negativa de Bonadío. Los últimos días de julio pasado, a 20 días de haber recibido condenas a prisión perpetua y 25 años de cárcel, Olivera y De Marchi se escaparon del Hospital Militar Cosme Argerich, hacia donde la Justicia sanjuanina les permitió viajar desde el local penal de Chimbas por cuestiones de salud. Bonadío, quien entiende en la investigación sobre la huida, le negó a Camus, una de las víctimas de los secuestros y torturas de los genocidas prófugos, participar como querellante de la causa. El mismo juez también se opuso a los argumentos de la Unidad de Información Financiera para congelar los bienes de los represores prófugos, aunque mantuvo la medida. “La decisión de Bonadío no tiene ningún sustento legal”, consideró Chillier, quien en nombre del CELS expresó el acompañamiento del organismo al reclamo de Camus y advirtió que “no hay nada peor para las víctimas que la impunidad de hecho de la que gozan los prófugos luego de haber obtenido una condena de parte de la Justicia”. A esa idea, Hazan añadió que “es un retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia que el Estado, desde varios estamentos y con mucho esfuerzo, lleva a cabo desde hace varios años”. La conferencia de prensa sirvió para “dar un lugar institucional para que se pueda expresar esta demanda”, detalló Carlotto, aunque la comisión que dirige no participa activamente de la apelación llevada a cabo por la abogada de Camus, ni de la causa judicial. “Creemos que cada una de las víctimas tiene que ser considerada como un actor principal en cada uno de los procesos judiciales –remarcó–. Para nosotros es muy importante escuchar su voz y su demanda, y la coordinación que desde el Parlamento podemos hacer para colaborar no sólo en que las víctimas obtengan definitiva justicia sino también en dar una señal a la Justicia de que debe ser profundamente respetuosa de quienes sufrieron en carne propia los crímenes y que han esperado 30 años de democracia para que cada uno de los responsables rindan cuentas”. Para el referente del CELS, la denegación a Camus de participar de la causa “revela que hay sectores del Poder Judicial que se resisten a que los derechos humanos sean una política de Estado”. “Es el Estado, a través de cada uno de sus poderes, el que tiene que colaborar en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Es responsabilidad del Estado democrático el reparar los daños ocasionados por el Estado terrorista”, concluyó Carlotto.

Diez servicios que se verán afectados por el 'cierre' del Gobierno en EE.UU. Texto completo en: http://actualidad.rt.com/economia/view/107220-servicios-afectados-cierre-gobierno-eeuu

tintos grupos de funcionarios y la población sentirán de modo diferente el impacto de la suspensión parcial de las funciones del Ejecutivo federal en Estados Unidos. Para millones de personas el impacto del desacuerdo en el Congreso al respecto resultará inmediato y de amplio alcance, mientras que a otros millones, aunque les parece molesto, consideran su efecto como mínimo. Ante todo, el Gobierno se ve obligado a mandar a su casa a unos 800.000 funcionarios. Además, según los cálculos oficiales, el cierre de varios departamentos no representará ningún tipo de ahorro, sino que costará al presupuesto federal más de 1.000 millones de dólares. Cuenta atrás hacia la insolvencia estadounidense Sin un acuerdo al respecto en el Congreso, el país volverá a llegar a su 'techo de deuda' y se quedará sin dinero hacia el 17 de octubre. Según el cómputo realizado por el secretario del Tesoro, Jacob Lew, según lo citó la agencia Reuters, para entonces el Ejecutivo federal contará con menos de 30.000 millones de dólares en efectivo. Así el servicio de la deuda de EE.UU. no podrá evitar una suspensión parcial o integral. Pagos a los militares activos y retirados Los 1,4 millones de personas al servicio del Departamento de Defensa pueden afrontar retrasos en sus cobros. Seguirán trabajando casi todos, ya que el presidente firmó el lunes una ley que garantiza al personal activo de las Fuerzas Armadas que continúen recibiendo su sueldo durante el período del 'cierre' del Gobierno. Los que tendrán que esperar hasta que reabra el Gobierno para recibir sus pagos serán los veteranos de la Guerra de Vietnam. Prevención e indagación de accidentes de transporte Cerca de 3.000 inspectores de seguridad de la Administración Federal de Aviación han sido despedidos. La misma suerte correrá la mayoría de los empleados de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, entre ellos los investigadores de accidentes aéreos, colisiones de trenes, explosiones en oleoductos y gasoductos, cortes de teleféricos, etc. Reducción de los programas científicos La NASA tendrá que licenciar a casi el 97% de sus empleados, salvo a los trabajadores del Centro Espacial Lyndon B. Johnson, situado en Houston, responsables del manejo y el abastecimiento de los vuelos tripulados y la Estación Espacial Internacional. Programas de nutrición sana Las mujeres embarazadas y las madres que viven bajo el umbral de la pobreza y corren riesgo nutricional no podrán acceder a comida saludable por los recortes en el programa de nutrición suplementaria especial para las mujeres, los bebés y los niños (WIC, por sus siglas en inglés). El presupuesto anual de este programa es de 6.000 millones de dólares. Cierre de los parques nacionales y zoológicos Los ciudadanos sentirán el cambio cuando vayan a visitar algún museo o pasear por algún parque nacional o zoológico. Todos permanecerán cerrados por el despido masivo de empleados. Incluso las cámaras que observaban la vida cotidiana de los pandas dentro del proyecto internacional PandaCam dejarán de transmitir en vivo desde las jaulas de estos animales a partir de este martes. El periódico 'The Guardian' cita en este contexto el ejemplo de una turista australiana, Marlena Knight, quien fue sorprendida por el cierre en la entrada del parque nacional histórico de Filadelfia. Ante todo, dijo al corresponsal, se sintió confundida por la información de que las negociaciones de los dos partidos en el Congreso llegaron a un punto muerto en el tema del sistema sanitario: el más indispensable en su propio país. "No podemos imaginar que no tuviéramos un sistema nacional de salud", comentó. "Yo sinceramente no puedo creer que este país pueda cerrar algo como el sistema nacional sanitario. Es totalmente estrambótico para un australiano". Retrasos en tramitación de pasaportes y permisos Las oficinas que tramitan pasaportes igualmente prestarán sus servicios de una manera reducida hasta el término del período especial. Así, la última suspensión de las actividades del Gobierno, que se prolongó por un total de 28 días entre diciembre de 1995 y enero de 1996, causó el estancamiento de casi 200.000 solicitudes de pasaporte. Asimismo se congelará la expedición de los permisos de compra y porte de armas e igualmente la aprobación de préstamos federales. Justicia condicionada Las cortes federales seguirán operando con normalidad durante aproximadamente 10 días laborales después del inicio del 'cierre'. Si los recortes perseveran a mediados de octubre, el poder judicial tendrá que despedir a los empleados, cuyo trabajo es considerado como 'no esencial'. Acumulación de basura en Washington El período especial puede afectar a los servicios municipales en el distrito federal de Columbia. Ante todo será paralizada la recolección de basura, mientras que la capital estadounidense produce 500 toneladas de desechos cada semana. Al mismo tiempo, el alcalde de Washington, Vince Gray, designó a todos los empleados del Ejecutivo municipal como 'esenciales', evitando recortes y despidos, incluso en los servicios bibliotecarios. Pendiente de la firma del Acuerdo Trans-Pacífico La situación puede afectar incluso a la política exterior de la Casa Blanca. En especial, corre el riesgo de suspensión el viaje del presidente Barack Obama a la próxima cumbre del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico en Bali. De la decisión del mandatario depende la suscripción de este tratado de asociación económica tanto por los propios Estados Unidos, como por otros países. 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Visión 7: EE.UU. sin presupuesto y paralizado

Los Redondos - Oktubre - 01 Fuego de oktubre

La mitad de las salas del Hospital Pirovano, sin gas hace un mes

El problema comenzó el 26 de agosto y aún no se solucionó. De las 400 camas disponibles, el 50% carece de calefacción. Quejas por la falta de nuevos nombramientos. Por: Gustavo Sarmiento Desde hace un mes, la mitad de las salas del Hospital Pirovano no tienen gas. Así lo denunciaron trabajadores del centro de salud pública porteño ubicado en el barrio de Belgrano. El problema comenzó el domingo 26 de agosto, en una zona del pasillo central, aledaña al Laboratorio y al área de Rayos. "Fue a causa de trabajos de la empresa de mantenimiento: hubo quejas de compañeros por olor en consultorios y se descubrieron otras pérdidas. Son años de no renovar las conexiones", resaltó a Tiempo Argentino un empleado de administración que prefirió no dar su nombre por temor a persecuciones y auditorías internas, como sucedió en el neuropsiquiátrico Borda. Los trabajadores apuntaron a la empresa Norkel, que, según dijeron, está a cargo del servicio de mantenimiento y de maestranza. Lo que refleja otro problema del "achicamiento de la salud pública" que denuncian: cada vez más servicios de los hospitales porteños están tercerizados. Antonio Di Girolamo, del Frente Transversal Nacional y Popular de la Comuna 12, apuntó que de acuerdo a un relevamiento interno del Pirovano, “de 20 salas, el 50% no tiene gas, y la mitad de las 400 camas tampoco dispone de calefacción". Los sectores con problemas son los de pediatría, traumatología, clínica médica de hombres, guardia médica, área administrativa, contable, laboratorio y consultorios externos. “Se usan artefactos eléctricos que reemplazan el gas y esto trae aparejado el colapso de la red eléctrica del hospital”. Desde el Ministerio de Salud porteño aseguraron a este diario que "ante sospechas de pérdida de gas, se siguió con el protocolo de emergencia. Se sugirió el corte preventivamente a Metrogas y se elaboró el plan de obra, y estamos a la espera de que Metrogas lo apruebe. Mientras, la empresa de mantenimiento empieza a restablecer el servicio con agua caliente y calefacción, coloca termotanques, caloventores y anafes eléctricos. El hospital está en normal funcionamiento." Según pudo constatar este diario en una recorrida por el hospital, a los sectores de Laboratorio y el contiguo de Camilleros se les repuso el gas; no así a las áreas de urología, servicios generales de mantenimiento y consultorios externos de neurología y medicina preventiva, donde se quitó un calefón por pérdidas y hasta ayer no había sido repuesto. Un representante de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMMCBA) que trabaja en el Pirovano, comentó que "falta gas sobre todo en la parte de adelante, en otros lugares ya se repuso, pero el principal problema del hospital sigue siendo la falta de nombramientos de personal", lo que motivó un paro hace poco más de un mes. Ya son 50 los trabajadores que en dos años dejaron ese centro de salud, y la falta de nuevos nombramientos generó diversos efectos: funcionan menos camas de las 400 disponibles, hay carencia de anestesistas y áreas como la de servicio general están casi desmanteladas. "La sala de otorrinolaringología está en un 60% de camas, y Neurología, menos del 50%", indicó un empleado. Ayer, la Ciudad informó a las autoridades del Pirovano que incorporarán 16 nuevos empleados, en servicio general, camilleros y oxigenistas. Mientras, el hospital está empapelado con dos afiches similares, de la Federación de Profesionales porteños y de la AMMCBA, titulados "La salud de la Ciudad en crisis", donde denuncian el desfinanciamiento de los cargos concursados, ausencia de nombramientos, demoras en pagos, falta de ejecución de obras "imprescindibles", irregularidad en la provisión de insumos y auditorías "persecutorias". « el caso emblemático del borda El hospital paradigma en cuanto a falta de suministro de gas es el Borda. En la Semana Santa de 2011 le cortaron el servicio, y a dos años y medio, el 25% de la población de ese centro de salud continúa sin gas. Según el último relevamiento del comité de crisis, todas las torres laterales están sin gas: en el primer piso, la terapia corto plazo 1, emergencia 3 en el segundo piso, ahí también el servicio 2 y el 18. En ambos se alojan pacientes crónicos. En el tercero también está sin gas la terapia corto plazo 2, y servicio de adolescencia y bulimia. De igual forma, en el ala de enfrente, el servicio 17. Como primera medida, el gobierno porteño colocó placas de Ecosol, "pero lo hicieron arriba y no funcionaron", expresaron a Tiempo Argentino desde ATE Borda. Después optaron por aires acondicionados domésticos, "que ya nos dijo el encargado que para el invierno que viene no va a funcionar porque están 24 horas seguidos prendidos. Toda la plata mal gastada en calefaccionar el hospital. Hubiese salido más barato conectar todo el gas en todos los sectores", agregaron. De 79 aires acondicionados colocados, 22 no funcionan.

Abuelas inauguran muestra en el Banco Central sobre la búsqueda de ident...