Relevaron al jefe de la cárcel de mujeres de Ezeiza

Luego de la "visita sorpresa" realizada por un grupo de jueces al complejo penitenciario, donde se descubrieron casos de maltratos a las internas, el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, confirmó el pase a disponibilidad del jefe de la cárcel, el prefecto Juan Montenegro. Tras el recorrido se informó que algunas de las mujeres detenidas había recibido golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales. Mediante un comunicado, el titular del SPF señaló que la decisión se tomó "luego de recibir el informe elaborado por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias". "Durante una visita realizada al Complejo el 11 de septiembre por un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas", especifico la nota. Además, el informe indica que el SPF "presentó ante la justicia una denuncia penal por el posible delito de acción pública que se hubiera cometido en el ámbito del Complejo Penitenciario Federal cuatro de Ezeiza". La semana pasada se supo que los jóvenes Matías Cejas y Mario Ortiz, que estaban prisioneros en el Complejo I murieron, aunque el SPF aseguró que se trató de presuntos suicidios, pero sin precisar cómo fue que los presos llegaron a contar con elementos útiles para quitarse la vida.

A DESALAMBRAR

Un proyecto contra los desalojos Cinco organizaciones campesinas presentaron un anteproyecto de ley para frenar los desalojos rurales y propusieron la creación del Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina, para "poner fin a la violencia que el modelo del agronegocio impone día a día" a los territorios campesinos e indígenas. Las dos iniciativas fueron defendidas por los dirigentes agrarios José Luis Castillo, Benigno López, Raúl Galván, Osvaldo Lovey y Dolinda Carrizo, ante una concurrencia que colmó la Sala I del Anexo de la Cámara baja, donde fueron escuchados, entre otros, por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Leonardo Grosso, Adela Segarra y Edgardo Depetri; el subsecretario de la Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los autores de la iniciativa, que lleva el nombre del militante campesino santiagueño Cristian Ferreyra, denunciaron "la impunidad del agronegocio", y advirtieron que una iniciativa similar perdió estado parlamentario a fines del año pasado. Los expositores coincidieron en propiciar la creación de un instituto con rango de secretaría de Estado, autónomo y autárquico, en condiciones de canalizar recursos hacia un sector que consideraron "estratégico para el logro de la soberanía alimentaria". Varios de los oradores señalaron la necesidad de corregir las estructuras vigentes porque desprotegen a la agricultura familiar y refuerzan al agronegocio. "Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular, y que se fortalezca nuestra soberanía alimentaria", expresó el documento subscripto por los movimientos Nacional Campesino Indígenas (MNCI), Nacional Campesino (FNC), del Norte Argentino (ACINA), la Coordinadora de Organizaciones (COCITRA) y el Frente Agrario del Movimiento Evita, que abogaron por "la transformación del sistema de agricultura industrial concentrado y extranjerizado preponderante

POR EL RIESGO DE EVASION

El SPF cerró la cárcel de Campo de Mayo El Servicio Penitenciario Federal dispuso el cierre de la unidad penitenciara y el traslado de los 25 detenidos que permanecían allí, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura civíco militar, al penal de Marcos Paz. "Darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes", afirmó el director nacional del SPF, Alejandro Marambio. La decisión de cerrar el penal de Campo de Mayo fue tomada desde el ministerio de Justicia de la Nación en base a temas relacionados con la seguridad y el peligro de fuga de sus reclusos. El hecho de que el penal se encontrara dentro de una base militar resultó un inconveniente, al tiempo que -según explicó Marambio- distintos informes de inteligencia de la Penitenciaría dieron cuenta de que había peligro de fuga de los presidiarios con ayuda del exterior. El otro hecho que motivó el cierre del penal fue que el hospital ubicado en el mismo predio dejó de ser utilizado para dar tratamiento a condenados por delitos de Lesa Humanidad. "Esa prisión vuelve a ser una prisión militar. Las personas que estaban allí darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes", indicó a la agencia Télam el titular del SPF. Además, indicó que el penal de Campo de Mayo se encuentra vacío desde ayer por la tarde y que quienes cumplían sus penas allí fueron trasladados a Marcos Paz. Por otra parte, informó que resta realizarse la "recesión administrativa" de la utilización de esa prisión, que se efectuará a través de la firma de un convenio entre el ministerio de Justicia y el de Defensa.

Hay pruebas, pero no responsables por el ataque en Siria

11:35 › MEDIO ORIENTE Hay pruebas, pero no responsables por el ataque en Siria El equipo de investigadores de la ONU entregó un informe preliminar que sostiene que hay pruebas "claras y convincentes" del uso de gas sarín en los alrededores de Damasco el 21 de agosto pasado, pero no señala directamente a los responsables de los ataques, ya que su mandato prevé que no se pronuncien al respecto. El equipo volverá al país árabe "en una o dos semanas" para completar la investigación que cotempla analizar otras tres denuncias. El jefe del equipo de la ONU, el sueco Aake Sellström, indicó que "se han presentado otras acusaciones al secretario general de la ONU (...) contra ambas partes" en el conflicto por lo que se volverá al terreno a investigar. La indefinición del informe provisional volvió a disparar las acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades del ataque. El embajador sirio en la ONU, Bashar al Yaafari, resaltó que "desde el inicio de la crisis el gobierno sirio viene advirtiendo del peligro del uso de armas químicas por parte de grupos terroristas". En tanto, los representantes de Estados Unidos y Francia sostienen que el gobierno sirio es el único con la capacidad de llevar adelante un ataque de ese tipo por lo que reclaman aplicar un clausula que habilite el recurso de la fuerza militar en caso de que el gobierno de Bashar Al Assad incumpla el acuerdo sobre la entrega de armas químicas. Por eso, el embajador sirio criticó la gran presión política por parte de la Secretaría General de la ONU de emitir el informe antes de concluir las investigaciones, algo que interesa a los países que quieren politizar las inspecciones y demonizar a Al Assad. "Su objetivo es evitar una solución política e impulsar un ataque militar contra el país", señaló

Randazzo: "Los trenes son del Estado

El ministro de Interior y Transporte aclaró que el servicio de ferrocarriles fue "concesionado y no privatizado", y afirmó que desde el Ejecutivo nacional "nos vamos a tomar 90 días para ver qué hacemos: si en realidad estamos dispuestos a operar alguna línea directamente por parte del Estado o si parte de la operación la hacen algunos privados". "Lo que hay son dos líneas que todavía están concesionadas, que son el Belgrano Norte y el Urquiza, y el resto de las cinco líneas que hace 60 días atrás funcionaban Unidades de Gestión Operativas de Emergencia", precisó Florencio Randazzo, y detalló que el Estado ya disolvió esas UOFE que operaban el Belgrano Sur, el San Martín y el Roca, y la UOMS que tenía a su cargo el Sarmiento y el Mitre. A esas líneas las "hemos pasado a la Sociedad del Estado. Estamos en un proceso de reordenamiento ferroviario, hay una ley que establece la creación de la AIF, que es la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, y la SOF, la Sociedad Operadora Ferroviaria", explicó. Por otra parte, sostuvo que la gestión de (Mario y Claudio) Cirigliano como concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA) fue "un fracaso" y calificó al estado actual de las formaciones como "un talón de Aquiles". No obstante, destacó la renovación de algunos coches y recordó que los últimos nuevos que habían ingresado datan de 1961 y 1962. En los últimos años, puntualizó, ya ingresaron 160 coches nuevos y 24 locomotoras para la línea San Martín que forman parte de los mil que se incorporarán a todo el sistema ferroviario. Y respecto de la situación de los concesionarios, el aclaró: "Los trenes son del Estado, fueron concesionados, no fueron privatizados. Es una diferencia importante". "Los ferrocarriles -añadió- no son de los sindicalistas, de los trabajadores ferroviarios, son de todos los argentinos.

Ricardo Forster en TN 18 09 2013

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