Part.1/2 - Entrevista a Fidel Castro y Salvador Allende

LOS JUECES TIENEN UNA VISION MUY POBRE DEL DERECHO DE PROPIEDAD” Dura condena al fallo buitre Thomas Palley, economista estadounidense, señaló que los fondos buitre afectan el interés público, pero son escuchados en tribunales “con un criterio muy errado del derecho de propiedad”.

Por Javier Lewkowicz El economista estadounidense Thomas Palley repudió la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de los fondos buitre en su disputa contra la Argentina. En diálogo con periodistas en un pasillo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde ayer participó del congreso de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), negó que la Justicia norteamericana refleje la intención de las finanzas de castigar a la Argentina por los exitosos canjes y su alejamiento del mercado de crédito. Palley calificó a los buitres como empresas cuyo beneficio afecta al interés público, que son escuchadas por la Cámara bajo un criterio errado del derecho de propiedad. “Tienen una visión muy pobre”, criticó a los jueces, y espera que la Corte Suprema tome el caso. Palley es un economista estadounidense que rescata las raíces del pensamiento keynesiano. Cuestiona con rigor al neoliberalismo, al que culpa de las sucesivas crisis en los países desarrollados, en especial la que comenzó en 2008, junto al deterioro de las economías periféricas –como Argentina, Brasil o México– a partir de los ’80. En su presentación sobre la “arquitectura financiera internacional y su impacto sobre las posibilidades de desarrollo”, explicó que entre 1945 y 1975 la economía de Estados Unidos y, con algunas modificaciones, la de Europa, Canadá, Japón, Brasil, México y Argentina estuvieron caracterizadas por un “círculo virtuoso” keynesiano. Eso permitía que los aumentos de productividad impulsen al alza de salarios, con impacto en la demanda y el empleo. Luego, la inversión respondía positivamente y el círculo se reanudaba. “Después de 1980 ese modelo keynesiano se reemplazó por un nuevo modelo de crecimiento neoliberal, que no tiene compromiso con el pleno empleo y rompe la relación entre salarios y la productividad. En este contexto, aparece la globalización, que no es lo mismo que libre comercio. La globalización es una red de producción flexible, para localizar la producción allí donde los costos sean más bajos. Como requisito, los bienes deben poder cruzar fronteras. La inversión externa de las multinacionales también presionó a la baja sobre los salarios en los países centrales, profundizando el esquema neoliberal”, explicó Palley. El deterioro de los salarios, el empleo y, por lo tanto, de la demanda –siguió el economista–, obligó a cubrir la brecha de consumo a partir de la sobreexpansión del crédito, junto al crecimiento de los precios de los activos financieros. De ahí la enorme importancia que adquirieron las finanzas. Palley recordó que las privatizaciones, la apertura a las importaciones y la liberalización de la cuenta capital jugaron un papel central para el neoliberalismo. “La introducción de ese modelo en países como la Argentina se realizó con el apoyo crucial del Banco Mundial y el FMI, los cuales usaron a las crisis de la deuda de los ’80 para forzar a los países a aceptar los créditos con condicionamientos. Hicieron lo mismo en Africa y en Europa del este”, manifestó Palley. Anticipó un escenario de “hipotermia económica” a raíz de las recetas de la ortodoxia, que “falló en anticipar la crisis y tampoco entiende lo que está pasando”. “Tenemos que dejar atrás el consenso neoliberal y reemplazarlo por el paradigma estructural keynesiano del círculo virtuoso”, cerró Palley. Debates “Estamos dando un debate que años atrás era impensable. Ahora discutimos avanzar sobre el trabajo no registrado, cuando en los ’90 los economistas coincidían en las ventajas de la flexibilización laboral. Hoy se plantea que el control de capitales es indispensable para la estabilidad, pero recordemos que antes existía un consenso sobre las bondades de abrir la cuenta capital.” Con eje en el mayor protagonismo de la economía heterodoxa en la discusión económica, Paula Español, directora en Cammesa, candidata a senadora del FpV por la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de AEDA, abrió por lo mañana el congreso de la entidad junto a Fernando Peirano, titular de AEDA, Cecilia Fernández Bugna, directora del Banco Nación, y el economista Andrés Tavosnanska. “No lucramos con la crisis ni especulamos con el caos. Vemos que el empleo se mantiene y debatimos sobre mejoras en las condiciones de trabajo, vemos que crece la economía y así nos permite analizar de qué manera diversificar la estructura productiva, vemos que existe un equilibrio comercial y entonces pensamos cómo mejorar las exportaciones y vemos que la inversión es dinámica, lo cual habilita a trabajar sobre la innovación”, señaló Peirano.

EL PAIS › EL JUEZ GALLARDO DISPUSO QUE LOS SPOTS DE SANTILLI DIGAN QUE NO CUMPLE LA LEY Con una leyenda de “incumplidor”

El magistrado ordenó a la Afsca y a la Dirección Nacional Electoral que ponga un cartel con letras negras en los avisos de campaña del candidato a senador del PRO. Es porque no construyó el camino de sirga en el complejo Costa Salguero. Por Werner Pertot Ante cada aparición en un spot del candidato a senador Diego Santilli, de ahora en más aparecerá la leyenda “Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En el expediente 34874/9 el candidato Diego César Santilli incumple las medidas judiciales ordenadas”. Así lo dispuso el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo, en una causa en la que el gobierno porteño elude hace dos años hacer una obra de remodelación del camino de sirga donde se encuentra el complejo Costa Salguero. En la causa que instruye Gallardo, la gestión PRO ya perdió en segunda instancia, por lo que no hay efecto suspensivo de la medida. Gallardo, además, denunció penalmente al funcionario y les ordenó a las subconsesionarias de Costa Salguero que depositen en una cuenta judicial los cánones que pagan normalmente bajo apercibimiento de clausura. El complejo Costa Salguero –donde Mauricio Macri decidió casarse y donde el PRO instala su bunker en cada elección– tiene una concesión que, como ya informó Página/12, es perjudicial para el Estado y muy beneficiosa para la empresa Telemetrix, que paga un canon mínimo a la Ciudad y subcontrata los locales a un precio mucho mayor. En este esquema, cuando Macri se casó allí, los vecinos perdían ocho millones por año de canon. Gallardo instruye una causa que iniciaron el ex legislador Facundo Di Filippo y la diputada Rocío Sánchez Andía. Los dos reclamaban que se abriera el camino de sirga, que es como se llama a los 15 metros que se deben dejar entre la vera del río y las edificaciones. En agosto de 2011, Gallardo dispuso que se liberaran los obstáculos que existen y se reacondicionara el camino de sirga. El gobierno macrista se negó sistemáticamente a cumplir con la orden judicial y la apeló. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones falló en contra de la gestión PRO. Desde entonces, el gobierno de Macri aseguró que ya había cumplido el fallo, aunque el juez constató que no era así en una inspección ocular. El juez citó luego a una audiencia, que se hizo el 28 de agosto de este año. Allí asistió Santilli, quien dijo que se había cumplido con hacer un camino “más allá de los desniveles”. El ministro de Espacio Público afirmó que en noventa días hizo un proyecto de reforma de luminarias y accesos, que sería parte del Presupuesto 2014. Di Filippo consideró que la medida seguía siendo incumplida y pidió que se le ordenara a Santilli que la cumpla en forma inmediata y no en 2014. Luego de esta audiencia, Gallardo dictó su fallo –al que accedió este diario– en el que recuerda que el camino de sirga debió estar “reacondicionado, señalizado y con las condiciones de seguridad adecuadas” en noviembre de 2011. Contra lo que aseguró Santilli, Gallardo estimó que la inspección ocular dejó en claro que la medida cautelar “dista de ser cumplida”. Gallardo puntualizó uno por uno los incumplimientos: “No existen luminarias y en un vasto sector no hay vallado de contención, requisito mínimo para resguardar la integridad física de los transeúntes”, indicó el juez. En la zona de los locales Club Caix y Puerto Salguero, no hay forma de avanzar si no se baja al terraplén, que depende la crecida está o no cubierto de agua. Gallardo indicó que se encontró con un “deplorable estado de limpieza de todos los sectores recorridos, lo que da claras muestras de su abandono y desinterés en su conservación”. El juez indicó que las afirmaciones de Santilli de que la medida está cumplida son “una clara afrenta a la inteligencia”. “Si cree que cumplió con la medida, debería revisar su permanencia en el cargo –agregó Gallardo–. Resulta peligroso que un funcionario pueda considerar habilitado para el público en general una faja de terreno desnivelado, ruinoso, sin barandas, sin iluminación y con elementos punto cortantes diseminados.” Gallardo advirtió que el gobierno porteño lleva otros 29 fallos incumplidos en materia de salud, educación o vivienda. “La democracia participativa requiere de ciudadanos informados. Los habitantes de la Ciudad deben tener en claro al momento de elegir cuáles de sus representantes cumplen con la Justicia. Luego, si valoran dicho incumplimiento adecuadamente o no es harina de otro costal”, argumentó Gallardo, quien le ordenó a la Afsca y a la Dirección Nacional Electoral que ubique un cartel en los spots de Santilli informando del incumplimiento “con una voz en off y una leyenda en letras negras bien visibles”, junto con el logo del Poder Judicial. Además Gallardo ordenó que las facultades de Ingeniería y Arquitectura designen representantes para armar un proyecto viable. Además, dispuso que los fondos que cobra Telemetrix a sus subconsesionarios vayan a una cuenta judicial. Advirtió que, de incumplir este fallo, procederá a clausurar los locales. Por último, inició una denuncia penal por desobediencia. Compartir: Twitter

El Gobierno modificó las escalas del monotributo

Durante un nuevo encuentro entre la presidenta Cristina Kirchner con empresarios y sindicalistas, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que los topes de facturación de la categoría B -la más baja- pasará a 48 mil pesos anuales, y entre I y L -las más altas- a 400 mil. Indicó, además, que los cambios comienzan a regir a partir de este mismo mes y aseguró que las modificaciones, que significan duplicar el límite actual de facturación, fueron posibles gracias a "la mayor capacidad en los controles tributarios". Echegaray realizó el anuncio en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, durante el tercer encuentro multisectorial convocado por el Gobierno, y explicó que los cambios benefician a más de 2.250.000 personas. "Esta medida abarca a una cantidad importante de argentinos acogida al régimen del monotributo; y es una solución a las expectativas de muchos contribuyentes", resaltó el funcionario. Además, el funcionario aclaró que el nuevo tope de 400 mil pesos para la facturación de servicios en las categorías más alta del monotributo, se amplía hasta 600 mil en el caso de facturación de inmuebles en la última categoría. En tanto, las categorías intermedias tendrán los siguientes topes para facturación de servicios: C (72 mil pesos), D (96 mil pesos), E (144 mil pesos), F (192 mil pesos), G (240 mil pesos), H (288 mil pesos). El titular de la AFIP sostuvo que la decisión se tomó a partir de "los antecedentes de reuniones de consejos consultivos que se hacen en la AFIP, más las reuniones con empresarios" en Río Gallegos y en Casa Rosada. El funcionario remarcó que "en las reuniones con la Presidenta hicimos fuerte hincapié en el desarrollo tecnológico que desde la AFIP, y con la colaboración de otras aéreas del Estado Nacional, permitió perfeccionar los controles". El cruce de la base de datos, remarcó Echegaray, permitió "separar la paja del trigo", en referencia a los "monotributistas puros que no tienen otra actividad y los trabajadores en relación de dependencia que además tienen un comercio o una actividad por la cual se inscribieron en el régimen" de monotributo. En ese sentido, el funcionario puntualizó que de los 2,2 millones de personas inscriptas en el régimen de monotributo, 1,5 millones son "monotributistas puros" y otros 740 mil son trabajadores en relación de dependencia que además están inscriptos en el régimen. Entre empresarios y banqueros, están presentes el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss; del vicepresidente de la Cámara de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekián; del titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), Jorge Brito, y del vicepresidente de la UIA, José Urtubey. Por los gremios, asisten el titular de la CGT, Antonio Caló; Omar Viviani, de los taxistas; Ricardo Pignanelli, de Smata; y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. En el último encuentro, realizado el 27 de agosto, la Presidenta había anunciado cambios en el Impuesto a las Ganancias de los trabajadores a partir de este mes, por lo que quedaron exeptuados los que ganen hasta 15 mil pesos, lo que incluye el 89,8 por ciento de los empleados y el 99,3 por ciento de los jubilados. Además, la jefa de Estado también había informado la suba los topes de las asignaciones familiares.

Chile, la alegría ya viene (alta calidad)

"El preso sólo tiene restringida la libertad ambulatoria, no el resto de los derechos"

Entrevista a Mario Juliano, Juez del Tribunal en lo Criminal de Necochea y miembro de la Asociación Pensamiento Penal, sobre trabajo en las cárceles argentinas. Por Nahuel Placanica I AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo es el régimen de trabajo en las cárceles argentinas? Mario Juliano: Hay dos formas de trabajo. Una es la que los propios presos prestan para el propio Estado, es decir, el trabajo que se hace en la cocina, en la limpieza de los establecimientos y trabajos que se hacen para otras instituciones, como arreglos de bancos para las escuelas. Esto representa un trabajo que el Estado se ahorra. La otra, es el trabajo tercerizado. En el servicio penitenciario bonaerense se ha promovido una iniciativa que es traer empresas privadas, particulares, intramuros, es decir, dentro de los propios establecimientos en los cuales los internos prestan un servicio de acuerdo al rubro de cada empresa. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con la realización de trabajos dentro del servicio penitenciario. Que el condenado o procesado tenga la posibilidad de realizar trabajos remunerados para poder atender sus propias necesidades y la de sus familiares, eso es un valor que debe ser promovido. No estoy de acuerdo en que el trabajador privado de la libertad tenga un trato diferente al trabajador que no se encuentra privado de su libertad. No existe argumento legal, ni de ninguna índole que habilite a este trato diferenciado, que muchas veces se presta a situaciones de trabajo esclavo. La circunstancias de encontrarse privado de la libertad, convierte al individuo en una suerte de objeto de este imaginario social del preso con el traje a rayas y picando piedras al costado de los caminos. Esa es una idea que debe ser desterrada. El trabajo en cárceles debe tener la condición de que se respeten todas las obligaciones, remuneración acorde a la ley, seguridad social, obra social y jubilación como corresponde en el caso de cualquier trabajador. El Estado debe beneficiar a aquella empresa que quiere ir intramuros, dándole algún tipo de beneficio impositivo. APU: ¿Qué otras formas de relaciones laborales se dan en las cárceles? Tengo entendido que hay experiencias de cooperativas de presos. MJ: Sí, claro. Hay cooperativas, una de ellas es la cooperativa Kbrones, uno de cuyos dirigentes es un compañero y amigo, Daniel Barbosa, que realiza una importante tarea a través de la coperativización no sólo intramuros, sino también fuera de los muros dándole la posibilidad al liberado cuando sale, de poder reinsertarse en el mercado productivo, superando las barreras que normalmente se le ponen a los liberados para tener un trabajo digno. APU: ¿Cómo ve esta experiencia reciente de un sindicato que agrupe a estos trabajadores intramuros? MJ: Apoyamos la idea de modo incondicional. Estamos promoviendo la necesidad que los trabajadores privados de la libertad, se agremien para reclamar por sus derechos constitucionales. La agremiación es un derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis y en el cual no se encuentran restringidas las personas privadas de la libertad. Esto no es algo que se me ocurra a mi decirlo, esto lo ha dicho la Corte de la Nación haciéndose eco de la Corte de los EE.UU. No existe una cortina de hierro entre el privado de la libertad y la Constitución, es decir, el privado de la libertad de lo único que está restringido es de la libertad ambulatoria, no del resto de los derechos consagrados por la Constitución, entre ellos el de agremiarse, el de estudiar, el de trabajar y los derechos que tiene cualquier ser humano. La sindicalización les va a permitir reclamar por sus derechos laborales y les va a posibilitar percibirse como sujetos de derechos y no meramente como objetos del sistema carcelario APU: ¿Esta presencia de empresas intramuros se da sólo en la Provincia de Buenos Aires? MJ: Básicamente en la Provincia de Buenos Aires es la que ha desarrollado este sistema. No conozco, salvo algunas experiencias aisladas, que esto sea promovido en otros distritos. APU: La administración de quienes acceden a un empleo en la cárcel ¿Lo administra el servicio penitenciario? MJ: La selección de las empresas que van a ingresar es del Servicio Penitenciario aunque el Ministerio de Gobierno está interviniendo en forma directa. APU: ¿Cuándo se registran abusos por parte de la patronal, cuáles son los mecanismos de acción en esas circunstancias? MJ: Lo mismo que cualquier trabajador, un preso al cual se le desconocen sus derechos laborales, debería recurrir a un tribunal de trabajo para hacer una demanda o al Ministerio de Trabajo y hacer una denuncia por lo que le suceda. APU: Una persona que recupera su libertad, ¿Qué dificultades encuentra a la hora de re-insertarse al mercado laboral? MJ: Muchos sectores de la sociedad proclaman a cuatro vientos la necesidad de la reinserción, de la resocialización pero cuando llega el momento se ponen muchos obstáculos. La persona que ha pasado por el sistema penitenciario es mirada de reojo. Algunas empresas, sin una justificación valedera, requieren un certificado de antecedentes, una actitud, desde mi punto de vista, totalmente discriminatoria.

"Organizamos un sindicato para reivindicar nuestros derechos"

Entrevista a Rodrigo Díaz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, CTA. Por Nahuel Placanica I Agencia Paco Urondo: ¿De qué se trata este sindicato que representa a trabajadores privados de su libertad? ¿Cómo surge la experiencia? ¿Cómo fue evolucionando? Rodrigo Díaz: Está constituido desde el 13 de julio de 2012. La experiencia surge a partir de conocer la realidad en el contexto de encierro y cuál es la función que se busca a través de la ley de ejecución penal, que es dar un sentido social a la pena y que no sea un mero castigo. Cada servicio penitenciario recibe un presupuesto para desarrollar esto, sin embargo, los detenidos no tenían ningún tipo de tratamiento con respecto a los dos pilares esenciales para la inclusión social, que son la educación y el trabajo. Tanto el Poder Judicial como procuración penitenciaria, encargados de controlar la ejecución de la pena, nunca funcionaron. El Servicio Penitenciario fracasa en un 80% de reincidencia de los detenidos que egresan porque nunca se respetaron los derechos de los detenidos. Organizamos un sindicato, lo constituimos el 13 de julio y empezamos a trabajar para reivindicar derechos y que se respete la ley. APU: ¿En qué condiciones se trabaja en las cárceles? Rodrigo Díaz: Difiere en cada unidad penitenciaria. Nosotros comenzamos a constituir el sindicato en el complejo “CABA”, es decir, la ex unidad N° 12 de Devoto. Allí, en ese momento, había 650 trabajadores que ganaban entre 700 y 1000 pesos, sin los elementos de trabajo necesarios y sin que se respete la ley de seguridad e higiene. Los talleres que se daban eran de albañilería, herrería, panadería, mantenimiento, etc. A lo largo de este año de funcionamiento del sindicato pasamos de 657 trabajadores sobre un total de 1600, a 1400 trabajadores sobre el mismo total. Si bien no cobran el mínimo, vital y móvil que establece la ley, cobran 2300 pesos y tienen ropa de seguridad y se renovaron las condiciones de higiene y seguridad. La sociedad en general dice, “encima tienen un sindicato”. Pero la gente no sabe que paga mensualmente 18.900 pesos por cada detenido para que se realice este tratamiento de estudios y adquisición de hábitos laborales. APU: ¿Cómo se reparte la oferta laboral entre los presos? Rodrigo Díaz: Dentro de cada complejo el Servicio Penitenciario está dividido en áreas, entre ellas, hay una sección trabajo. Cuando uno entra a una unidad lo recibe una junta interdisciplinaria. Estas audiencias le llegan al encargado de trabajo y a partir de las habilidades del detenido, se lo deriva a una tarea laboral. APU: Había leído acerca de experiencias de cooperativas de presos en cárceles, ¿Esto se da en general? Rodrigo Díaz: No es común. La ley de sociedades no permite la administración de cooperativas por parte de personas procesadas o condenas, por lo pronto se hace conjuntamente con entidades u ONG´s. Cuando uno realiza un trabajo cooperativo, siempre va a estar bajo la supervisión del Servicio Penitenciario. Controlan cómo se realiza el trabajo y el destino de la producción. Hay un par de cooperativas pero no funcionan normalmente porque es algo nuevo y requiere un aprendizaje conjunto tanto de parte de los trabajadores detenidos y las ONS´s que se encuentran con trabas a la hora de ingresar, realizar la producción y sacarle del ámbito penitenciario ya que esto lo administra el servicio penitenciario.