Peron sinfonia del sentimiento 16/25 EL GOLPE QUE NO FUE SEGUN LA NACION

Tropiezo en el camino de Damasco Por Enrique Lacolla

Obama ha sufrido un tropezón en su curso de colisión con Siria. Sin embargo, al revés de Saulo de Tarso, no va a ver la luz por ello. Sólo será cuestión de tiempo para que EE.UU. rearme la intervención que pende sobre ese país. La megalomanía a veces encuentra correctivos, aunque sea momentáneos. La negativa del parlamento británico a acompañar la aventura bélica que los norteamericanos proponen contra Siria, y la fría acogida que la misma ha tenido hasta ahora de parte del gobierno alemán, sumado a la sarcástica condena de Vladimir Putin, a la postura pacifista del Vaticano y al categórico rechazo de la UNASUR, han enfriado de momento los ímpetus bélicos del Nóbel de la Paz, Barack Obama. Desde luego que esto no significa mucho: a mediano plazo el establishment, los halcones republicanos y demócratas, el lobby israelí, las monarquías del Golfo y el complejo militar-industrial difícilmente se desanimen ni tengan mucho en cuenta la renuencia que se percibe en la opinión del pueblo norteamericano respecto a verse involucrado en otro conflicto a distancia. Saben muy bien que esta desconfianza popular puede revertirse con una adecuada campaña mediática y con algún acontecimiento de efecto, prefabricado en los laboratorios de la provocación que pululan en la CIA y en el intrincado complejo de los servicios de inteligencia. Después de todo, en efecto, esa desconfianza popular no proviene de una precisa intelección de los elementos que están en juego, sino de un cansancio derivado de la convicción autocomplaciente en el sentido de que “América” se ha echado sobre los hombros la pesada carga de conducir al mundo hacia la democracia… De esa fatiga se vuelve –aunque de una manera cada vez más fugaz- a través de la producción de algún episodio de efecto, que pueden ser la voladura del Maine, el ataque a Pearl Harbor, el incidente del Golfo de Tonkín o la denuncia de la posesión de armas de destrucción masiva de parte de un dictador como Saddam Hussein. Ese lapso, aunque no dure mucho, suele ser suficiente para arrastrar a la opinión y promover las modificaciones deseadas en la geopolítica mundial.(1) Ante el contratiempo representado por la negativa de los socios europeos (sólo François Hollande manifestó su entusiasmo socialdemócrata para plegarse a la cruzada de esta nueva “guerra humanitaria”) y a la frialdad de la opinión, Obama ha buscado postergar el golpe ya planeado refiriéndolo a la aprobación del Congreso y limando sus aristas más problemáticas. Promete realizar una acción puntual y quirúrgica, sin compromiso de tropas en el terreno. Total, después los acontecimientos evolucionan por sí solos o de acuerdo a unos empujones adecuadamente propinados. Pero, en las actuales circunstancias, ni el Congreso ni los halcones parecen determinados a avalarlo. Viendo su vacilación, sus adversarios republicanos preferirían tal vez terminar de demoler su prestigio restándole el apoyo y haciéndolo aparecer como una pobre figura que se refugia en argucias constitucionales en vez de cumplir con sus obligaciones ejecutivas, a las que ellos querrían provistas de expedientes más duros que los propuestos por el presidente. Mientras tanto la campaña mediática contra el gobierno sirio sigue batiendo el parche. En Israel soplan vientos de guerra, en Jordania se reunieron la semana pasada, a puertas cerradas, los más altos mandos militares de Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, el país huésped y las principales potencias de la Unión Europea. No deja de ser significativo, sin embargo, que con posterioridad ese encuentro el monarca jordano, Abdalá II, se entrevistara con el Papa Francisco, quien ya había mantenido reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y el Líbano, y había advertido sobre la necesidad de evitar la intervención. El Vaticano, que sabe lo que se cuece entre bastidores, se está esforzando por poner paños fríos a la crisis regional, a sabiendas de que, de producirse un incremento de las hostilidades, estas podrán extenderse al menos a todo ese rincón del Mediterráneo, poniendo en riesgo a las comunidades cristianas que habitan en él. ¿Prórroga? Todo induce a suponer que el ataque a Siria se postergará al menos por un tiempo. Pero es difícil que no ocurra, no sólo porque Washington ha avanzado demasiado en sus amenazas para volverse atrás sin perder credibilidad, sino porque esta credibilidad –es decir, la persuasión de que el matón ha de usar su fuerza si amenaza con hacerlo- es indispensable para continuar el programa que la Casa Blanca y el Pentágono se han fijado: la eliminación de Siria como estado moderno y su conversión en una plataforma para atacar al objetivo común que Estados Unidos e Israel tienen en la mira, Irán. Y uno se pregunta si, en estas circunstancias, no sería prudente de parte de Rusia ponerle un freno ahora a esa progresión imperialista. Es cierto que Serguei Lavrov ha dicho que su país no está en disposición o en condiciones de ir a la guerra en ningún caso, pero la necesidad de tomar alguna clase de acción, así sea indirecta, en un escenario que le toca tan de cerca, es evidente, si quiere que el cerco en el que se lo está envolviendo no termine por sofocarlo. La locura de la política imperialista de nuestros días, la inconsciencia en que muchos viven respecto a ella y el miedo que a pesar de todo ella irradia, se asemejan demasiado a la locura, la frivolidad y los temores que impregnaban al mundo en vísperas de la guerra del 14. Es curioso que, casi a un siglo de distancia de ese conflicto que marcó el comienzo de la “era de las catástrofes”, muchos de los elementos que lo caracterizaron vuelvan a estar presentes. Desde la psicosis del cerco, que espoleó la agresividad alemana, a los fantasmas de la guerra química, que ese conflicto inauguró. Siria es parte de una hoja de ruta que tiene por objetivo no sólo a Irán, sino también al conjunto del Medio Oriente, cuyo dominio permitiría al imperialismo recuperar o retener el control de las reservas de petróleo y gas en que es pródiga la zona, y asimismo vigilar los conductos y las vías marítimas por los cuales esos combustibles viajan con destino a Europa y el Extremo Oriente. Ese proyecto apunta también a condicionar o contener la evolución de Rusia y China, a los que se visualiza como los enemigos objetivos de la globalización asimétrica que promueven EE.UU. y sus socios de la Unión Europea. La ofensiva contra Siria no es más que un capítulo de un movimiento más vasto dirigido a desestabilizar no sólo el Medio Oriente, sino también al norte de África, el África subsahariana y el Asia central. Hace dos décadas que este proceso está en marcha y no va a ser detenido por reveses o inconvenientes locales. Afganistán, Irak, Libia y Siria son apenas etapas en esa marcha que, dicho sea de paso, tampoco nos va a ignorar, como lo demuestran los golpes institucionales en Honduras y Paraguay, los intentos de fragmentación de Bolivia y el montaje de la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, orientada a oponerse al MERCOSUR. De momento, sin embargo, el énfasis está puesto en la “normalización” del medio oriente. “Normalización”, en este caso, no quiere decir armonización sino desintegración con miras a hacer desaparecer los estados unitarios que existen hasta este momento, dividiéndolos dentro de sí y saturándolos con una miríada de particularismos confesionales y étnicos que los anule como opciones modernas de desarrollo. Estos mecanismos se ocultan detrás de una pantalla de mentiras o medias verdades que sin cesar bombardean al público, hasta casi anularle la capacidad de raciocinio. A veces, sin embargo, las mentiras son tan truculentas y se reiteran de manera tan mecánica que la opinión recula frente a ellas. Las dirigencias políticas vacilan entonces y toman distancia de las iniciativas que apuntan a jugarse el todo por el todo. Pero estos retrocesos suelen ser pasajeros: como en el caso de los tsunamis, en un primer momento el mar parece retirarse de la playa, pero sólo para volver luego convertido en una ola de descomunal altura. Nota 1) Suena grueso denunciar el ataque a Pearl Harbor como una manipulación de la opinión pública, pero las muchas investigaciones realizadas después de la guerra han demostrado que la política del presidente Roosevelt a lo largo de 1941 consistió en una permanente provocación a Japón para que este atacara primero, permitiéndole así presentar a Estados Unidos como el país agredido y concitar de esa manera el apoyo del hasta entonces renuente pueblo norteamericano. Esta conducta habría llegado al extremo de ocultar la información que las bases norteamericanas en el Pacífico necesitaban para ponerse en estado de alerta roja. Que este ardid haya sido un expediente justificable por la naturaleza del enemigo global al que Roosevelt quería destruir –la Alemania nazi- no lo hace más moral ni menos artero. http://www.enriquelacolla.com/sitio/notas.php?id=343

A 40 años del golpe de Estado seguimos preguntando dónde están Por Lorena Fríe

La historia está aquí, el pasado vive en el presente y, sobre todo, nos recuerda que aún falta mucho por conocer. Aún son muchas los hombres y mujeres que buscan saber dónde están y qué ocurrió con sus familiares desaparecidos. La organización Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina anunció esta semana una nueva restitución de identidad, la número 109, desde su fundación. Después de casi 38 años -Pablo Germán Athanasiu Laschan- hijo de chilenos secuestrados y muertos por la dictadura trasandina, quien fue arrebatado de sus padres y dado en adopción, conoció por fin su verdadera identidad y origen. En Chile, a un mes de la conmemoración de los 40 años desde el golpe de Estado cívico militar, el caso de Germán y sus verdaderos padres viene a recordarnos bruscamente que la historia está aquí, que el pasado vive en el presente y, sobre todo, nos recuerda que aún falta mucho por conocer. Aún son muchas los hombres y mujeres que buscan saber dónde están y qué ocurrió con sus familiares desaparecidos. Es cierto que hemos avanzado en ello, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, gracias a la invaluable labor de los y las familiares de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los profesionales de diversas áreas comprometidos con los derechos humanos. Pero eso no basta. Aún falta mucho por saber. A 40 años del golpe, como ha afirmado el INDH reiteradamente en sus Informes Anuales, es indispensable que, sin dañar la calidad de las investigaciones, se mejoren los tiempos de respuesta judicial y se le garanticen recursos suficientes a los órganos jurisdiccionales, considerando una completa asistencia judicial a las familias de las víctimas detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y también a sobrevivientes de la tortura. Es necesario además que el Estado se haga cargo de crear una instancia permanente que pueda conocer y calificar casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos que aún pudieran estar pendientes y que deban ser investigados y reparados. De esta manera se daría cumplimiento al deber de garantizar el derecho a la verdad, justicia, memoria y reparación que dictan las normas de derechos humanos. Por otra parte, para apoyar las obligaciones que el Estado tiene con las víctimas, se requiere que la sociedad en su conjunto evite cualquier forma de negacionismo y relativización de los crímenes perpetrados pues representan una obstrucción a los procesos de establecimiento de la verdad y la preservación de la memoria. Ello debe ser concebido y asumido no sólo como un imperativo normativo, sino como una genuina expresión de voluntad social de repudio a estos crímenes. La dictadura y su trágica historia de 17 años, marcó a los chilenos y chilenas de muy diversas maneras. A las víctimas y a los victimarios; a los que lucharon contra ella y a los que la apoyaron; a los que se conmovieron frente a lo que ocurría y a los que prefirieron mirar hacia otro lado. Esa marca no se acaba en quienes vivieron aquellos años, sino que trasciende a las generaciones que llegaron después. Por eso, persistir en la verdad y en la justicia, lejos de anclarnos en el pasado, es una muestra de responsabilidad con el presente y con un futuro en el que, de verdad, Nunca Más se repitan este tipo de hechos. http://www.elrepuertero.cl/node/22317

Un Vengador en Jefe Por Robert Fisk *

Lo más sorprendente fue la transparente audacia con la que nuestros líderes pensaron que podían nuevamente confundir a sus legisladores. Bienvenido sea el fin de la relación especial. Qué momento incómodo; no se lo puede describir de otra forma. Alguna vez Líbano, Siria y Egipto temblaban cuando Washington hablaba. Ahora se ríen. No sólo tiene que ver con lo que pasó con los estadistas del pasado. Nadie se creyó que Cameron fuera Churchill ni que ese hombre tonto en la Casa Blanca fuera Roosevelt, si bien Putin es un Stalin aceptable. Se trata más de una cuestión de credibilidad; nadie en Medio Oriente toma ya en serio a Estados Unidos. Basta con haber visto a Obama el sábado pasado para darnos cuenta de por qué. Parloteó de la manera más racista sobre antiguas diferencias sectarias en Medio Oriente. ¿Desde cuándo un presidente de Estados Unidos es experto en esas supuestas diferencias sectarias? Constantemente nos muestran mapas del mundo árabe con zonas chiítas, sunnitas y cristianas pintadas de colores diferentes para enseñarnos las naciones de la región a las que nosotros generosamente impusimos una demarcación. ¿Pero cuándo un periódico estadounidense publicará un mapa de colores de Washington o Chicago con las zonas de población blanca y negra por calle? Pero lo más descarado fue que nuestros líderes pensaran que nuevamente podían manipular a sus órganos legislativos con mentiras, tambores de guerra y aseveraciones absurdas. Esto no significa que Siria no haya usado gas contra su propio pueblo, frase que solíamos aplicarle a Saddam cuando queríamos ir a la guerra contra Irak, pero sí demuestra que los líderes están ahora pagando el precio de la deshonestidad de Bush y Blair. Obama, quien cada vez se asemeja más a un predicador, quiere ser el Castigador en Jefe del Mundo Occidental; el Vengador en Jefe. Hay algo en él que recuerda al imperio romano, y los romanos eran buenos para dos cosas: creían en la ley y en la crucifixión. La Constitución estadounidense, los valores estadounidenses y los misiles crucero tienen, más o menos, ese mismo enfoque. Las razas inferiores deben ser civilizadas y castigadas, aun cuando sus diminutos lanzamientos de misiles parecen más actos perniciosos que una verdadera guerra. Todo aquel que estuviera fuera del imperio romano era llamado bárbaro; todo aquel que está fuera del imperio de Obama es llamado terrorista. Y como siempre, la visión global tiene la costumbre de borrar pequeños detalles de los que deberíamos estar al tanto. Tomemos Afganistán, por ejemplo. Recibí una interesante llamada telefónica desde Kabul hace tres días; y parece que los norteamericanos le impiden al presidente Karzai adquirir nuevos helicópteros rusos Mi, porque Rusia vende esas mismas naves a Siria. ¿Qué les parece? Por lo visto, Estados Unidos ahora trata de dañar las relaciones comerciales entre Rusia y Afganistán. El porqué los afganos quieren hacer negocios con una nación que los esclavizó durante ocho años es otra cuestión, pero Estados Unidos relaciona el asunto con Damasco. Ahora, otra pequeña noticia. Hace poco más de una semana dos enormes coches bomba estallaron afuera de dos mezquitas salafistas en la ciudad de Trípoli, al norte de Líbano. Murieron 47 personas y quedaron heridas otras 500. Ahora se descubre que cinco personas fueron acusadas por los servicios de seguridad libaneses de los atentados y se dice que una de ellas es el capitán del servicio de inteligencia del gobierno sirio. A este oficial se le achacaron los cargos en ausencia, y quisiéramos pensar que hombres y mujeres son inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad, pero dos jeques también fueron acusados y uno de ellos, aparentemente, es el jefe de una organización islamita pro Damasco. Se dice que el otro jeque también es cercano a la inteligencia siria. Obama está tan empeñado en bombardear Siria y tan indignado por los ataques con gas que pasó por alto esta información, que ha enfurecido a millones de libaneses. Supongo que esto es lo que pasa cuando se pierde de vista la pelota. Todo esto me recuerda un libro publicado en 2005 por la editorial de la Universidad de Yale, titulado El Nuevo León de Damasco, escrito por el profesor de la Universidad de Trinity, Texas, David Lesch. En esos tiempos, aún se consideraba que Bashar al Assad sería un líder reformista para Siria. Lesch concluyó que Bashar, en efecto, es la esperanza y la promesa de un futuro mejor. El año pasado, cuando Occidente finalmente dejó de lado sus sueños sobre Bashar, el buen profesor publicó otro libro, también en Yale, y esta vez lo tituló La caída de la dinastía Assad, y en él la conclusión de Lesch es que Bashar resultó ser un miope y se engañó a sí mismo. Fracasó miserablemente. Como bien dice el señor que me vende libros en Beirut, tenemos que esperar el próximo libro de Lesch, que probablemente se titulará: Assad ha vuelto, y bien podría durar más que Obama. * De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. 03/09/13 Página|12

Ban Ki Moon advierte de que atacar Siria causará un mayor baño de sangre

Por Yolanda Monge El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en la sede de la organización en Nueva York. / SPENCER PLATT (AFP) El secretario general de la ONU teme mayor confusión en la zona y pone en duda la legalidad de la operación militar que planea Washington El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha advertido hoy de que cualquier acción de castigo tomada contra Siria basada en el uso de armas químicas contra la población podría generar más confusión y un mayor baño de sangre en la guerra civil que sufre ese país desde hace más de dos años y medio y que se ha cobrado más de 100.000 víctimas. No ha sido esa la única advertencia que ha realizado el jefe de la ONU. Ban ha puesto en cuestión la legalidad de los planes de Washington para atacar Siria y ha declarado que el uso de la fuerza contra un país solo es legal cuando se realiza en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas o ha sido autorizado por el Consejo de Seguridad de la organización internacional. “Lo anterior son principios firmes de Naciones Unidas” El pasado sábado, el presidente de EEUU, Barack Obama, declaró sentirse “cómodo” lanzando un ataque contra el régimen sirio sin la aprobación del Consejo de Seguridad, órgano que está en punto muerto desde el inicio de la crisis. Según el Secretario General, el siguiente paso a dar si el grupo de inspectores de la ONU que abandonó Damasco el pasado sábado por la mañana puede confirmar que se usaron armas químicas en el ataque que acabó con la vida de más de 1.000 personas en un barrio a las afueras de la capital siria sería que el Consejo de Seguridad supere sus diferencias y lograse en acuerdo, algo que no ha sucedido en más de 24 meses. Tanto Rusia como China han usado repetidamente su derecho de veto en el Consejo para evitar que se tomaran represalias contra el régimen del presidente Bachar Al Asad. “Si se confirmara cualquier uso de armas químicas por cualquiera bajo cualquier circunstancia sería una violación grave de la ley internacional y un crimen de guerra intolerable”, ha proseguido Ban en declaraciones a los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York. “Hace casi cien años, tras el horror de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional actuó para prohibir el uso de estas armas de destrucción masiva”, ha recordado el secretario general. “Nuestro sentido común y humanidad nos empuja a que nos aseguremos de que las armas químicas no se conviertan en la herramienta del terror del siglo XXI”. “No debería de existir la impunidad”. “Es imperativo poner fin a esta guerra”, ha afirmado el secretario general, quien avanzó que conversará con los líderes que asistirán a la cumbre del G20 de esta semana en San Petersburgo (Rusia), sobre la búsqueda de soluciones para esta "tragedia" que ha causado más de dos millones de refugiados y más de cuatro millones de desplazados internos. Ban ha elogiado el trabajo de la misión de expertos que estudió la periferia de Damasco donde tuvo lugar el supuesto ataque químico, y ha explicado que todas las muestras biomédicas y ambientales tomadas en Siria habrán llegado "mañana" [miércoles] a los laboratorios para su análisis. “Pido que se de a la misión todas las oportunidades para cumplir su tarea”, ha solicitado el secretario general, en un nuevo llamamiento para que dejen a los expertos continuar con los análisis científicos para no poner en riesgo toda la investigación. El País

Obama gana el apoyo de los principales líderes republicanos para atacar Siria Por Antonio Caño

Kerry asegura en el Senado que el objetivo de la intervención no es enviar un mensaje sino reducir la capacidad militar de Asad Barack Obama ha obtenido el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes y principal líder de la oposición republicana en el Congreso, John Boehner, para una intervención militar en Siria, lo que facilita el apoyo parlamentario a esa operación, aunque no lo garantiza, puesto que los actos de indisciplina en la votación son frecuentes en ambos partidos y sigue habiendo numerosos congresistas que no comparten la necesidad de actuar. “Voy a apoyar la petición del presidente para pasar a la acción, y creo que mis colegas deberían de apoyarla también”, ha declarado Boehner tras un encuentro con Obama en la Casa Blanca. La líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, que también ha participado en esta reunión, ha respaldado, igualmente, la petición del presidente, lo que no es ninguna sorpresa, pero sí puede servir para que algunos miembros de la izquierda del Partido Demócrata despejen sus dudas sobre la conveniencia del ataque. Más importante es el apoyo del número dos republicano en la Cámara, Eric Cantor, quien, de una manera algo más vaga, se comprometió también a votar a favor. “Comprendiendo”, ha dicho por escrito, “que hay diferentes opiniones en ambos lados, corresponde al presidente defender su caso ante el Congreso y el pueblo norteamericano, y confío en que tenga éxito en esa misión”. A diferencia de Boehner, más centrista y próximo al establishment de Washington, Cantor es un representante de la línea dura del partido con quien los sectores próximos al Tea Party se identifican mejor. Su posición no es un anticipo de lo que votarán esos congresistas, pero sí reduce los peligros para Obama y le permite ser optimista de cara al porvenir de su iniciativa en el Congreso. Todo eso, unido al apoyo expresado el lunes por el senador John McCain, quien, aún con reservas sobre la estrategia de la Casa Blanca, cree que una derrota del presidente sería catastrófica, conforma un panorama en el que el ataque a Siria se hace más probable y, quizá, más contundente de lo inicialmente esperado. Con apoyo del Congreso, el margen de maniobra militar de Obama crece considerablemente y, con ello, la posibilidad de ser algo más audaces y ambiciosos de lo que se confesaba hace pocos días. En su reunión con los congresistas, el presidente ha explicado que la operación militar que se prepara tiene el objetivo de “degradar la capacidad del régimen de Bachar el Asad ahora y en el futuro, y, al mismo tiempo, tenemos una estrategia para incrementar la capacidad de la oposición para permitir que Siria se libere finalmente de la terrible guerra civil y muerte que hemos estado viendo”. Esto representa una pequeña escalada sobre los objetivos señalados hasta ahora, que eran simplemente los de castigar al régimen por el uso de armas químicas y mandar una señal a Siria y a otros países que piensen en la utilización de armas de destrucción masiva. La Casa Blanca había dicho expresamente que el ataque no busca el cambio de régimen de Damasco, algo que habían criticado McCain y otros congresistas republicanos. Ahora, quizá buscando las simpatías y los votos de ese sector, se menciona el deseo de que la caída de Asad sea la consecuencia última del ataque que se prepara. Obama ha advertido a los congresistas que es necesario decidir en el Capitolio “con urgencia”, en parte provocada por informes del espionaje que dan cuenta de que el Gobierno sirio está moviendo sus recursos militares para hacer más difícil e ineficaz el bombardeo norteamericano. Evidentemente, Asad tiene ahora varios días por delante para tomar precauciones o preparar una respuesta. El factor sorpresa, desde luego, ha desaparecido. ¿Cuántos días? Eso es aún difícil de calcular. El comité de Relaciones Exteriores del Senado celebró hoy martes el primer debate sobre el asunto, con la participación de los secretarios de Estado, John Kerry, y de Defensa, Chuck Hagel, así como el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armas, Martin Dempsey. Kerry explicó que el propósito de esta operación “no es enviar un mensaje” ni destruir por completo el regimen de El Asad, sino reducir al máximo posible su capacidad de usar armas químicas. Tampoco se trata de “llevar a Estados Unidos a una guerra en Siria”, sino de hacer buena la palabra del Gobierno norteamericano y hacer frente de forma limitada a la amenaza para la seguridad nacional de EE UU que representa el hecho de que un país recurra impunemente al arsenal de armas de destrucción masiva. El general Dempsey añadió que los riesgos de la misión militar han sido cuidadosamente calculados, y que el peligro de daños colaterales es muy reducido. Tras el debate en el comité de Relaciones Exteriores, el voto de los senadores podría llegar en pocos días. Pero la mayor parte de los miembros de la Cámara de Representantes están todavía en sus distritos, hablando con sus votantes, recabando, seguramente, datos de una opinión pública que, según todas las encuestas, es claramente reacia a este conflicto. En algunos de esos distritos, los más conservadores, votar a favor de Obama en cualquier cosa es sinónimo de perder el escaño en las próximas elecciones, para las que faltan 14 meses. Y esos congresistas volverán a Washington la próxima semana, quizá con un punto de vista distinto al de sus líderes. El País, España

ADELANTO EXCLUSIVO DEL LIBRO COMPILADO POR HORACIO VERBITSKY Y JUAN PABLO BOHOSLAVSKY SOBRE LA COMPLICIDAD ECONOMICA CON LA DICTADURA. UNA PROPUESTA PARA INVESTIGARLA SISTEMATICAMENTE Y JUZGARLA Cuentas pendientes

El libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura no sólo ofrece una inédita radiografía de los actores económicos –personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno militar o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal, muchos de los cuales son protagonistas relevantes en la actualidad– sino también aporta un camino, la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, para investigar de manera integral esa “complicidad económica” y avanzar en su posible juzgamiento. En estas páginas se adelanta esa propuesta, basada en la completa investigación ofrecida por los diferentes autores convocados en el libro. Por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky Mejorados nuestro conocimiento y comprensión acerca del rol de los cómplices económicos de la dictadura, el paso siguiente es alcanzar de manera cabal los objetivos de la justicia transicional (verdad, justicia, memoria, reparaciones y reformas institucionales). Esto requiere la adaptación de sus herramientas (o el diseño de otras nuevas cuando sea necesario) a fin de incorporar a su universo la dimensión de la complicidad económica. Este capítulo final propone para su discusión una serie de instrumentos funcionales a ese objetivo general, así como los posibles efectos políticos y económicos que podrían derivarse de su implementación. La clasificación de las eventuales medidas formulada aquí en categorías que siguen los objetivos de la justicia transicional se efectúa sólo con fines didácticos, sin pretender ordenarlas en compartimientos estancos, ya que la mayoría de ellas sirven al mismo tiempo a más de uno de esos objetivos. La efectiva responsabilización de los cómplices económicos cumple con un mandato del derecho internacional, que sanciona a quienes contribuyen a la perpetración de los crímenes definidos como más aberrantes. Como se analizó a lo largo del libro, responsabilizar a los cómplices económicos implica, también, fijar reglas presentes más estrictas a los operadores económicos en el país a fin de garantizar la no repetición de esos hechos, lo cual incide, por carácter transitivo, en la fisonomía de la economía nacional. Esto puede entrañar un riesgo en términos de soberanía: que el derecho internacional –o quienes lo determinan– fije la agenda económica del país. Sin embargo, el enfoque propuesto aquí tiende a minimizar ese peligro: las medidas a adoptar para tornar operativa la responsabilidad de los cómplices deben ser concebidas, debatidas, diseñadas e implementadas dentro del país con un sentido amplio de participación, inclusión y transparencia. Clic para adquirir el libro en Librería Santa Fe Búsqueda de la verdad Si bien el Estado argentino ha implementado iniciativas de investigaciones en materia de complicidad económica, estas han sido sólo sectoriales. La investigación “Papel Prensa” se limitó a ese caso; la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica, creada por la Secretaría de Derechos Humanos, sólo aborda casos de desapoderamiento de bienes de víctimas de la dictadura; y la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, dentro de la Comisión Nacional de Valores, focaliza exclusivamente en el rol de esa institución y sus funcionarios en el período 1976-1983. El establecimiento de una nueva Comisión Nacional de la Verdad podría contribuir al proceso de verdad y memoria en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas durante aquel período, identificando a empresas y empresarios y sus posibles contribuciones mediante la provisión de bienes o servicios, sus conexiones fácticas con el sostenimiento del régimen y los abusos de derechos humanos cometidos. Finalmente, podría proponer las medidas consecuentes que sería apropiado adoptar. La comisión propuesta expondría, en realidad, una verdad. Aun acordando sobre los hechos y la máxima relevancia de los valores democráticos, la interpretación sobre esos mismos hechos puede variar en función de las perspectivas de análisis y de las relaciones de fuerza. El informe oficial de la comisión no debe implicar, así, la creación de un sistema único y centralizado del conocimiento, ni el cierre de las investigaciones, sino la contribución a un proceso colectivo y permanente de búsqueda de la verdad, en el que la sociedad civil, las ONG, académicos, empresas y partidos políticos puedan aportar sus visiones, su información e incluso sus intereses. Vale la pena reiterarlo: la comisión debería afrontar una tarea única, ya que su agenda se apartaría del típico trabajo vinculado a violaciones de derechos humanos y a la integridad física para concentrarse en acciones y relaciones más complejas, como las que propone la complicidad económica. Esta comisión enfrentaría desafíos en al menos tres órdenes: 1. contar con las facultades y herramientas necesarias para llevar adelante la tarea investigativa; 2. sortear las presiones de los grupos de poder que podrían resistir su establecimiento y/o trabajo, y 3. encontrar formas de avanzar una vez que se concluya con la etapa investigativa. La comisión debería acceder y procesar una cantidad ingente de información económica y política, para lo cual se necesita un cuerpo solvente, independiente e interdisciplinario de profesionales y un soporte administrativo acorde con la envergadura de la tarea. También debería gozar de la facultad de recurrir a la justicia si individuos, instituciones o empresas no acataran, de manera arbitraria, sus requerimientos. El diseño, aprobación y trabajo de la comisión deberían estar guiados por un sentido de máxima participación posible. Creada por una ley del Congreso nacional, debería contar con un mandato, una composición, facultades y un cronograma de actividades flexibles y realistas desde el punto de vista político. Por último, la integración y coordinación de otras instituciones y agencias del Estado (fiscales, parlamentarias, etc.) es crucial para alcanzar los objetivos y aplicar en forma efectiva las recomendaciones de la comisión. Ya en 1977 el profesor Antonio Cassese fue designado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como relator especial, con el mandato de evaluar la relación que existía entre la ayuda financiera que recibía el régimen de Augusto Pinochet en ese momento y las violaciones de derechos humanos que sufría la población de Chile. En su informe, de más de 260 páginas, Cassese desarrolló una sofisticada metodología para evaluar de manera integral el impacto de la ayuda financiera sobre la situación de los derechos humanos. El trabajo de la comisión podría beneficiarse de ese desarrollo científico. Dado que la dimensión económica del terrorismo de Estado en la Argentina presentó un nítido componente redistributivo, podría establecerse el levantamiento del secreto fiscal a fin de evaluar si la política económica estatal benefició de modo deliberado a ciertos grupos sociales y económicos dentro y fuera del país, y cómo lo hizo, y si ello tuvo un correlato en términos de apoyo político por parte de esos mismos grupos a favor del gobierno (compra de lealtades). Esta medida podría servir, además, para evitar el olvido o disimulo de la participación y respaldo de grupos nacionales que se beneficiaron con el régimen. Los juicios penales ya realizados y los que están aún en trámite ofrecen otra ventana para conocer más detalles en torno a los cómplices económicos. Esos juicios podrían proporcionar información sustantiva acerca de cómo los delitos investigados fueron apoyados y facilitados por una trama de complicidades económicas, para ayudar a completar el rompecabezas de la narrativa y promover un espectro más amplio de justicia en el país. De esa manera, los juicios penales contra los responsables de delitos de sangre podrían apalancar procesos de rendición de cuentas más abarcadores, ya que, al poner en evidencia el rol de los cómplices económicos, aun cuando no hayan sido acusados en esos juicios, forzarían a concebir y aplicar mecanismos adecuados para canalizar esa dimensión económica en clave de justicia transicional. Como los esfuerzos por promover la responsabilidad de los cómplices económicos han avanzado de manera fragmentada, y en numerosas ocasiones incomunicada, debería establecerse un archivo de documentación e información sobre casos y causas relacionados con esta temática, de modo que víctimas, académicos, funcionarios e interesados en general puedan acceder a información sistematizada de manera ágil y gratuita. Promover justicia Diversos capítulos han explicado los argumentos jurídicos que permitirían demandar ante la justicia a quienes sean considerados cómplices. El derecho argentino, en este punto, se encuentra en línea con los estándares internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, también se analizaron los efectos del paso del tiempo sobre la exigibilidad tanto de las acciones civiles como de las penales, y se concluyó que aún pueden incoarse. Así, para los casos extremos está abierta la posibilidad de denunciar penalmente a los cómplices (que pueden ser considerados instigadores, coautores, encubridores, etc.) y llegar a su condena. También es posible entablar demandas civiles indemnizatorias contra los cómplices, que pueden generar un efecto disuasivo concreto sobre los agentes económicos. Aun si la responsabilidad económica no procediera en los tribunales, cabría la posibilidad de iniciar una acción cuyo objetivo autónomo y exclusivo fuera conocer las circunstancias acerca de cómo las contribuciones económicas ayudaron a la consolidación del régimen. Como se vislumbra, el rol de los jueces es clave en términos de promover justicia con respecto a los cómplices, así como de generar señales disuasivas adecuadas hacia el futuro. Forjar la memoria La comisión podría proponer cambios en los programas de educación de los cursos de historia contemporánea a fin de incorporar la dimensión económica del terrorismo de Estado. También podrían implementarse proyectos culturales con financiamiento público y/o privado para reflejar y recordar el rol de los cómplices económicos en el contexto de la dictadura. Espacios públicos, tales como los museos, podrían adicionar información sobre el tema, como ya lo hace el Museo de la Deuda Externa en la Argentina en su muestra permanente en Buenos Aires. Otro instrumento puede consistir en la instalación de placas y otros tipos de conmemoración en ámbitos físicos que fueron testigos de la desaparición de trabajadores (fábricas y predios). También en las instituciones (cámaras) empresariales que fueron cómplices. Dado que los trabajadores y sus representantes fueron las principales víctimas de la represión, y que en numerosos casos eso se debió a la complicidad de sus propios empleadores, y que parte de la cúpula sindical fue, también, cómplice de esos crímenes, las asociaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado podrían llevar adelante proyectos de estudio, sistematización, divulgación y memoria acerca de esos hechos. Compensar los daños Asumiendo que las compensaciones concedidas por el Estado a las víctimas fueron tasadas y parciales, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso, las acciones civiles indemnizatorias contra los cómplices son en teoría posibles. Por su parte, los empresarios despojados de sus bienes, que no han recibido indemnización alguna, también podrían reclamar por los crímenes de los que fueron víctimas. Mientras que las indemnizaciones estatales en estos casos podrían sufrir las mismas limitaciones recién apuntadas, los cómplices y beneficiarios de tales maniobras de rapiña deberían afrontar las indemnizaciones en la medida del perjuicio económico causado. Otra forma de compensar a las víctimas es a través de disculpas públicas por parte de las empresas –y/o de sus cámaras representantes– que incurrieron en complicidad, que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de la responsabilidad. Las disculpas pueden parecer, prima facie, una medida vacua y, por ello, de fácil aceptación por las empresas. Sin perjuicio de la compensación personal que tales disculpas pueden implicar para las víctimas, el reconocimiento de comportamientos ilegales en el pasado puede acarrear consecuencias legales en términos de responsabilidad. Reformas institucionales para la no repetición Es posible introducir reformas a nivel regulatorio para desincentivar futuros comportamientos económicos cómplices. Por ejemplo, incorporando reglas al Código Civil en materia de nulidad de las obligaciones monetarias contratadas por el Estado durante un período autoritario siempre que se den ciertas características objetivas y sin requerir mayores pruebas en materia de elemento subjetivo (responsabilidad objetiva). La prescripción de las acciones civiles derivadas de violaciones graves de derechos humanos, esto es, la denegación de indemnizaciones a esas mismas víctimas en razón del transcurso del tiempo, puede implicar la lesión del derecho a una compensación adecuada, promover la impunidad e impedir el acceso a la justicia reparatoria. Por esos motivos sería propicio adecuar los artículos del Código Civil de manera que se reduzcan los obstáculos para acceder a la justicia cuando se trata de iniciar reclamos contra autores de delitos de lesa humanidad y/o sus cómplices económicos. También puede establecerse la prohibición de operar en el país y/o de contratar con el Estado a aquellas e presas que contribuyeron con el régimen. Esta medida pretende crear efectos disuasivos: ser cómplice económico de gobiernos autoritarios implicaría en el futuro el riesgo de no poder hacer más negocios en el país y/o con el Estado. La responsabilidad por complicidad económica señala, además, la conveniencia de establecer programas de verificación de antecedentes, de manera de impedir que cómplices de violaciones de derechos humanos ocupen cargos públicos. Dado que la Argentina ha firmado decenas de tratados bilaterales de inversión aún vigentes, sería propicio que esas normas incorporaran una cláusula para advertir que las inversiones que refuercen un régimen criminal y faciliten violaciones de derechos humanos no estarán protegidas por esos mismos tratados. Esto en línea con la Constitución reformada en 1994, que estableció en su art. 36 que los autores de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático serán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas, y deberán responder civil y penalmente por su participación en acciones que serán imprescriptibles. Realpolitik: responsabilidad por complicidad y política económica ¿Se paralizaría la economía del país si algunas o todas las medidas propuestas en este capítulo fueran incorporadas a la agenda política argentina y luego implementadas? Para abordar este interrogante, es necesario analizar el objeto de estas medidas y cómo repercutirían en cada empresa cómplice, en particular, y en el funcionamiento del sistema económico, en general. Las medidas tendientes a completar el conocimiento del rompecabezas histórico, en principio, no tienen consecuencias económicas directas sobre los cómplices, con lo cual, si bien es razonable esperar una resistencia frente a esas iniciativas por parte de los implicados, esta estará fundada en la vocación de que se ignore la verdad sobre hechos aberrantes del pasado, lo que, en el actual contexto, difícilmente pueda traducirse en argumentos políticos o económicos sustentables o con pretensiones de universalidad. En cambio, las medidas con un impacto financiero inmediato (como las indemnizaciones) o mediato (reformas institucionales) encontrarán probablemente abiertas objeciones por parte de los afectados y sus aliados. Si la responsabilidad de los cómplices económicos y la reforma del marco normativo tocaran las fibras de los privilegios y de las tensiones socioeconómicas que coadyuvan a entender los motivos del golpe de 1976, y que han persistido durante décadas, la oposición a esas medidas se teñirá, posiblemente, con argumentos de política económica a fin de propagar y universalizar los temores de los cómplices de manera que sean internalizados como propios por el resto del mercado. Tal como se explica más adelante, por ese mismo motivo la definición del objeto, alcance y secuencia de las medidas transicionales que afecten a los cómplices económicos merece ser ponderada con el máximo rigor, tanto científico como político. Aquellas empresas cómplices que operan en mercados en los cuales las manchas políticas del pasado pueden acarrear efectos corrosivos sobre sus cuentas de resultados actuales podrían manifestar cierto interés en aceptar –e incluso promover– políticas que tiendan a una efectiva reconciliación entre ellas y las víctimas, el Estado, sus clientes y la opinión pública. Desde 1995, y durante varios años, los bancos que contribuyeron con el gobierno alemán nazi sufrieron en los Estados Unidos una campaña pública muy dañina por su complicidad con aquel régimen y por resistir los reclamos indemnizatorios. Esa presión fue decisiva y forzó a los bancos a aceptar un acuerdo de reparación milmillonario a favor de las víctimas. Así, el comportamiento económico concertado de los consumidores y usuarios, basado en reproches morales dirigidos a las empresas por sus conductas en el pasado, puede coadyuvar a la responsabilización de los cómplices económicos. En un plano más general, como los mecanismos de justicia transicional promueven y refuerzan el Estado de derecho, con obvias implicaciones positivas en términos de desarrollo (previsibilidad, estabilidad, responsabilidad, etc.), los costos de oportunidad que podría acarrear el avance con una agenda como la propuesta aquí se verían compensados por dicho efecto de derrame institucional y presumiblemente económico. Desde un punto restringido al análisis de las consecuencias, al decidir el contenido, alcance y secuencia de las medidas transicionales a implementar se debe realizar una compleja evaluación que incluya consideraciones relativas a los fundamentos de la economía del país, el grado de dependencia frente a los posibles cómplices, la percepción del Estado de derecho por parte de otros inversores, las oportunidades de negocios que abriría un escenario de responsabilización, el efecto recíprocamente beneficioso entre desarrollo económico y justicia, y el modo en que las medidas transicionales se influencian unas a otras. Los últimos estudios cuantitativos han mostrado dos tendencias simultáneas. Primero, que el alcance de las medidas de justicia transicional presenta una relación proporcional al crecimiento y desarrollo económico de los países en cuestión. Segundo, que la probabilidad de implementar aquellas medidas aumenta con el paso del tiempo. A la luz del desempeño de la economía argentina en el último decenio, y el tiempo transcurrido desde el retorno de la democracia, la perspectiva de la agenda aquí propuesta es promisoria. Otro factor que incide sobre la vocación y decisión de responsabilizar a los cómplices económicos de la dictadura reside en el mayor y mejor entendimiento del papel que ellos desempeñaron durante ese período. Este libro intenta contribuir en esa dirección. Un verdadero seleccionado En Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, editado por Siglo XXI, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky reunieron un equipo de importantes autores para sacar a la luz los casos de complicidad civil y económica, que involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes-Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino. La trama se completa con corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; los grandes prestamistas internacionales, como el Citibank y el Lloyd’s Bank, que colaboraron con el descomunal endeudamiento del país en ese período; los think tanks como FIEL o CEMA, que aportaron hombres e ideas a la dictadura; sectores de la cúpula sindical; operaciones mediáticas de diarios como La Nueva Provincia, Clarín o La Nación; o la impactante actitud de la cúpula de la Iglesia católica, que, mientras bendecía la represión, aprovechaba los cuantiosos beneficios que recibía de los militares. Más allá de Verbitsky –que además de columnista de Página/12 es autor de 21 libros sobre temas políticos, militares, económicos, eclesiásticos y de derechos humanos– y Bohoslavsky –experto en deuda soberana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo– colaboran en el libro prestigiosos especialistas como Eduardo Basualdo, Victoria Basualdo, Alfredo Calcagno, Agustín Cavana, Alejandra Dandan, Federico Delgado, Leonardo Filippini, Hannah Franzki, Andrea Gualde, Mariana Heredia, Damián Loreti, Tomás Ojea Quintana, Victorio Paulón, Mario Rapoport, Héctor Recalde, Naomi Roht-Arriaza, Martín Schorr, Jorge Taiana, Claudio Tognonato, Carolina Varsky y Alfredo Zaiat. 01/09/13 Página|12