La letra inesperada - Cap. 1 - La anomalía kirchnerista (lista de reproducción)

La letra inesperada - Cap. 1 - La anomalía kirchnerista (lista de reproducción)

Más integración y menos guerra Por Emiliano Guido. Desde Surinam internacional@miradasalsur.com

Más integración y menos guerra Por Emiliano Guido. Desde Surinam internacional@miradasalsur.com Se rechazó la intervención militar en Siria y se impulsó la creación de un centro de arbitraje regional que suplante al Ciadi. Pero no se logró consensuar el nombre de su nuevo secretario general, puesto que peleaban Bolivia y Paraguay. Surinam, un país donde la hibridación cultural de hindúes, javaneses y descendientes de negros cimarrones no precipitó un escenario de guerra civil, fue por estos días un buen ejemplo y, por lo tanto, un digno anfitrión sobre la integración como bandera política de la Unasur. En ese sentido, los ocho jefes de Estado participantes (no asistieron por distintos motivos los de Argentina, Uruguay, Chile y Colombia) y los cancilleres de los doce países del bloque regional protagonizaron una cumbre significativa por varios motivos. En principio, la cita de Paramaribo trasladó la presidencia pro tempore del organismo a una nación caribeña, una zona geopolítica donde siempre primaron la hegemonía de la geopolítica y el comercio norteamericanos. En segundo lugar, la entente suramericana rechazó la intervención militar de las potencias occidentales en Siria y generó nuevos mecanismos institucionales, como un Centro de Arbitraje Internacional y un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, existieron algunos nubarrones, más allá de los generados intermitentemente por el abrasivo calor amazónico, entre las distintas delegaciones presidenciales. Específicamente, los líderes de la Unasur no lograron consensuar el nombre del nuevo secretario general del organismo y, también, existieron algunos chispazos cuando Ecuador propuso generar una nota de repudio contra las corporaciones transnacionales que “lesionan nuestra soberanía”. El inminente bombardeo de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra Damasco –aún no consumado al cierre de esta nota– precipitó que este tema ocupara un lugar central en la agenda de su VII Cumbre. En esa línea, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue el encargado de expresar en el Plenario final de jefes de Estado las razones políticas por las que el bloque rechazó, por un lado, el uso de armas químicas “bajo cualquier circunstancia” y criticó la “arrogancia con la que las potencias occidentales actúan como los policías del mundo para intervenir donde ven sus intereses en peligro. Ya lo hicieron en Irak, luego en Libia, ahora en Siria. Después, van a querer venir por nosotros”. Además, durante el cónclave final, todas las delegaciones presidenciales reivindicaron el status de Suramérica como “zona de paz”. Según comprobó Miradas al Sur, el canciller Héctor Timerman –ya que Argentina preside en la actualidad el Consejo de Seguridad de la ONU– tuvo una activa participación en este pronunciamiento y ratificó lo expresado el día jueves: “En línea con lo dicho por la presidente Cristina Fernández, la responsabilidad de proteger civiles para justificar la intervención militar puede dar lugar a que se abuse de los valores de paz y seguridad. No sumemos nuevos horrores a los que ya sufrimos”. Además, el bloque Unasur estrenó dos mecanismos institucionales nuevos: un Centro de Arbitraje Regional, que iría reemplazando al Ciadi (organismo del Banco Mundial donde se procesan los conflictos legales entre las empresas transnacionales y los gobiernos nacionales), y un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos. En ese sentido, el presidente ecuatoriano Rafael Correa puso de ejemplo el contencioso que afronta por la denuncia que hiciera la petrolera Chevron a su país, por un juicio ambiental que dicha compañía perdió en las Cortes ecuatorianas y que ahora reniega acatar, ante la multimillonaria condena impuesta por daños ambientales causados en la Amazonía. “Tenemos que terminar con eso. Ya no se necesitan botas, bombarderos, tanques para someter a los países, se necesitan todas estas sinvergüencerías para imponer el imperio del capital”, arremetió a favor de la necesidad de contar con un Centro de Arbitraje “nuestro”. Por otro lado, en la cumbre de Cancilleres –prólogo de la reunión de jefes de Estado–, la propuesta de Ecuador de consensuar una nota de repudio a las “compañías transnacionales que intentan lesionar el marco jurídico constitucional” de los Estados latinoamericanos causó un álgido debate entre las distintas delegaciones. En ese sentido, un error “macondeano” de los organizadores (en un descuido dejaron un micrófono abierto con salida al exterior vía parlantes) permitió a los periodistas presentes en un salón continuo escuchar en vivo y en directo las deliberaciones, supuestamente secretas, de los jefes diplomáticos nacionales. Miradas al Sur tomó nota de la vehemencia con la que el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño propuso ponerles nombre y apellido a las corporaciones transnacionales que “intentan avasallar la soberanía de los gobiernos de la región”. Específicamente, Patiño pidió hacer hincapié en el caso de la petrolera Chevron cuando “contaminó dos millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana”. Pero la moción de Quito no fue acompañada por las otras delegaciones. Finalmente, se decidió “formar una comisión” que investigue, monitoree y especifique públicamente cuáles son las corporaciones o multinacionales que están en falta con los gobiernos locales. En ese sentido, Patiño se vio obligado a dar su visto bueno pero advirtió que “si no incluimos a Chevron, el documento va a quedar muy aguado”. Otro eje significativo de la VII Cumbre de la Unasur fue la discusión abierta y no zanjada acerca de quién debe ser el nuevo secretario general del organismo, cargo que fue estrenado, en su momento, por Néstor Kirchner. En ese sentido, se vieron frustradas las expectativas del presidente peruano Ollanta Humala, que impulsaba a su ex ministro de Educación para el cargo. En contrapartida, la delegación boliviana retrucó con su propio candidato, un ministro de buena llegada a Evo Morales. La tensión sobre este tema en el plenario de cancilleres se empantanaba hasta que el canciller argentino advirtió que “lo importante no es el nombre sino el programa político que debe defender el nuevo secretario general. Primero, deberíamos resolver ese punto”. Un asesor ministerial boliviano le explicó a Miradas al Sur cuál fue el nudo político en cuestión: “Con Surinam en la presidencia pro tempore, el bloque va a tener un liderazgo con baja ascendencia entre sus socios. Si designamos en la Secretaría General a un hombre con poco perfil político, el organismo se va a devaluar. Ese cargo lo ocupó Néstor Kirchner y, ahora, Alí Rodríguez –hombre fuerte del Palacio Miraflores–, hay que seguir bregando para no disminuir la estatura política de la Secretaría General”. Por último, una nota sobre la presidencia pro tempore de Surinam. El nuevo actor estatal encargado de liderar la Unasur puede llamar la atención pero hay dos datos que hacen lógica la designación del nuevo frontman del bloque regional. En principio, en términos protocolares, la conducción del organismo se va turnando alfabéticamente entre los países. Por ese motivo, a la S de Surinam le antecedió la P de Perú y, de acuerdo con esa hoja de ruta, Montevideo reemplazará a Paramaribo en la próxima cita de jefes de Estado de la Unasur. Pero, principalmente, hay razones geopolíticas para entender por qué Surinam, por lo menos en términos formales, pasó a ocupar el vértice político del organismo. Históricamente, el Caribe fue y es la primera frontera política en las estrategias de seguridad de la potencia norteamericana. En términos más llanos: el primer zócalo del patio trasero del Tío Sam. Con ese criterio, el Pentágono estableció en islas paradisíacas como Aruba y Curaçao varias bases militares y radares de inteligencia de última generación. El objetivo: pertrechar la zona donde Washington comenzó su expansión como imperio político y militar. Por ese motivo, quizás no pueda calificarse como un salto cualitativo en la geopolítica del proceso de integración regional que Suramérica esté estrechando lazos con el Caribe pero sí constituye un paso importante ya que, de alguna manera, también se está debilitando la zona de influencia de México, país que lidera el bloque comercial librecambista y pronorteamericano Alianza del Pacífico, contracara política del Mercosur, la Celac y la Unasur. El cielo comenzaba a entintarse en la noche del día viernes en la cautivante capital de Surinam y los jefes de Estado continuaban puliendo la letra fina del denominado Documento de Paramaribo. Una asistente personal del vicepresidente Amado Boudou, que representó al país en el plenario final, se lamentaba de la demora en los horarios establecidos por los organizadores. Es cierto, quizás al anfitrión le faltó pulcritud protocolar en la administración de la cumbre. Pero lo que no faltaron en Surinam fueron el color y la mística del Caribe. Al parecer, la Unasur recargó baterías en Paramaribo y promete ir por más integración y menos guerra.

Respuesta de la chica k al pibe anti k de Lanata - "Él es un anti k"

Las cuestiones de Estado y los vaivenes electorales Por Daniel Miguez politica@miradasalsur.com

La presidenta anunció el martes la reapertura del canje de deuda para el 7% restante de bonistas. La agitada semana que termina dejó lugar para múltiples lecturas en cada uno de los hechos más importantes, como los cambios en el Impuesto a las Ganancias, el proyecto para reabrir el canje de la deuda ante la ofensiva buitre, el avance para la exploración del yacimiento de Vaca Muerta y las dilatorias audiencias públicas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero siempre hubo un eje en común: el Gobierno enfrentando la ofensiva cada vez más intensa del poder económico. Mientras, Sergio Massa siguió con su lógica estrategia de hacer la plancha y once gobernadores peronistas se reunieron en Corrientes, un dato que en este contexto político no pasa inadvertido. Al disponer la exención del pago del Impuesto a las Ganancias a quienes tienen sueldos menores a 15.000 pesos, el Gobierno mostró que sabe reaccionar. Es cierto también que dejaba servido en bandeja el argumento opositor de que se trataba de una decisión electoralista y que Massa, que se había apropiado fácilmente de esa bandera, también iba a instalar que el oficialismo había tomado su propuesta. El Gobierno pudo haberse ahorrado esto si hubiera hecho el anuncio antes de las PASO. Pero no menos cierto es que para los beneficiarios de las medidas –además de no pagar el impuesto, muchos empezarán a cobrar nuevamente el llamado salario familiar–, lo que verán como importante es que desde este mes tendrán más dinero en sus bolsillos. La deuda buitre. Aunque ése fue el tema que más impactó en la clase media, como siempre los asuntos más profundos tienden a ser banalizados por el conglomerado de medios opositores. La modificación en el Impuesto a las Ganancias es absolutamente insignificante comparada con el panorama que presenta la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de darles la razón a los fondos buitre. Aunque los demandantes sean sólo una mínima porción del 7% de bonistas que no entraron en los canjes de la deuda externa de 2005 y 2010, el fallo significa un campo minado que genera incertidumbres y obliga a caminar con extremo cuidado. Eso, claro, en lo que dependa del Gobierno. Porque aunque se elija el camino correcto para que no estallen las minas, habrá también francotiradores dispuestos en las azoteas del poder. Ahora la Corte Suprema de Estados Unidos tiene que decidir si toma el caso, algo que, según los que dicen saber del tema, no podría ocurrir antes de octubre de 2014. Como toda Corte Suprema, tomará una decisión política. Si acepta el caso y falla a favor de la Argentina, no será por la Argentina, claro, sino por el antecedente que significaría para otros países europeos que deben reestructurar su deuda. Pero existe también la posibilidad de que decida no recibir la causa, con lo que la sentencia de la Cámara quedará firme a favor de los buitres. Si Argentina le paga a ese pequeño grupo estaría incumpliendo el acuerdo con el 97% de los bonistas que aceptaron el canje con quita de deuda y lo más probable es que éstos recurran de inmediato a los tribunales a exigir ellos también el 100%, es decir el valor nominal de los bonos sin quita. La Presidenta también en este caso tuvo una reacción rápida y oportuna: enviar al Congreso el proyecto para reabrir el canje, para que al menos parte de ese 7% de bonistas acepten esta vez la quita y así poder achicar aún más el porcentaje de los holdouts. Es un asunto central para el país, una cuestión de Estado como pocas. Hasta ahora la oposición, salvo excepciones, lo tomó como una mera cuestión de campaña. Y los medios opositores aprovecharon para criticar la política de desendeudamiento del kirchnerismo, cuando fue una de las acciones más brillantes de estos diez años, aun sabiendo desde siempre que existía el riesgo que emerge ahora. El juicio eterno. Y ya que estamos discurriendo sobre dinero y política, conviene mencionar aquí el nuevo capítulo que sigue difiriendo una definición judicial sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Durante dos días de audiencias públicas, los miembros de la Corte cumplieron con la formalidad de escuchar a defensores del Grupo Clarín y a defensores de la ley votada por amplia mayoría en el Congreso. Nadie dijo nada que no se supiera y menos aún que no supieran los miembros de la Corte. ¿Cómo fallará la Corte? Una posibilidad de razonamiento es actuar en función de dos hechos: que Cristina ya no será presidenta en 2015 y que Clarín va a seguir existiendo. La otra, es temerle al juicio de la historia ante el bochorno de darle la razón a un monopolio al decidir sobre una ley antimonopólica. ¿Cuándo fallará la Corte? Desde que la causa llegó a sus escritorios, en los Tribunales se especuló con que la sentencia definitiva se daría a conocer en agosto o a más tardar en septiembre. No estaba en los cálculos esta reciente convocatoria a una audiencia pública. ¿Ahora esperarán que pasen las elecciones del 27 de octubre para pronunciarse? Es probable. Las PASO dieron un indicio del resultado, pero no son el resultado final. Mientras, el Gobierno presiona por todos los micrófonos que puede para que la definición sea cuanto antes. El futuro de YPF. El crecimiento sostenido de la economía durante diez años y la política de desinversión de Repsol llevaron a la Argentina a tener que gastar cada vez más en la importación energética. El primer paso para revertir la situación fue la estatización de YPF. El segundo, buscar un socio que aportara el capital necesario para un nuevo proceso de exploración y eventual extracción de petróleo y gas. Lo encontró en la estadounidense Chevron y firmó un acuerdo más que razonable para el interés nacional. Son socios en un 50% cada parte y el control de toda la operatoria queda en manos de YPF. Comparten el riesgo de explorar sin resultados positivos. Y sólo si se llega a la extracción, Chevron pondrá enviar el 20% de sus regalías al exterior. Esta semana el acuerdo fue aprobado por la Legislatura de Neuquén, ya que en su territorio está Vaca Muerta, el yacimiento a explorar. Manifestantes del trotskismo y de la CTA opositora, encapuchados, con palos, piedras y bombas molotov, quisieron impedir que el Congreso neuquino sesionase. Se puede descreer en el sistema democrático, pero si se participa y hasta se pide “un milagro” para ser votados, después hay que aceptar las reglas del juego. Es elemental. La policía neuquina no tiene los mejores antecedentes, como quedó en evidencia con el asesinato de Carlos Fuentealba, en abril de 2007, durante el gobierno de Jorge Sobisch. Pero en este caso intentó impedir un asalto al Congreso. Los medios opositores, insistieron en poner el acento en la represión a los manifestantes, un detalle que se les pasó por alto en otras verdaderas represiones que dejaron muertos. Lo cierto es que la suerte de YPF y del abastecimiento energético de la Argentina están en gran medida atada al éxito de esta operatoria. Otra cuestión de Estado banalizada. Gobernadores en Corrientes. El viernes pasado, once gobernadores oficialistas se reunieron en Corrientes con el propósito de respaldar a Cristina y apoyar al candidato del kirchnerismo a la gobernación de esa provincia, en las elecciones del 15 de septiembre, el actual intendente de la ciudad capital, Carlos Camau Espínola. Allí estuvieron Daniel Scioli, Sergio Urribarri, Jorge Capitanich, José Alperovich, Eduardo Fellner, José Luis Gioja, Juan Manuel Urtubey, Martín Buzzi, Gildo Insfrán, Maurice Closs y Luis Beder Herrera. Pero no estuvieron solos. Los acompañaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y el presidente de la Anses, Diego Bossio. Sería naïf limitar el significado de este encuentro sólo a las razones oficiales de la convocatoria. Allí había gobernadores con vocación presidencial explícita como Scioli y Urribarri. Allí hubo discursos del más encendido cristinismo, como los de Urribarri y Capitanich, y otros de tono más pejotista, aunque siempre destacando la conducción de Cristina. En general, entre los gobernadores, se aludió más al peronismo que al kirchnerismo. Con la foto de esos once gobernadores puede empezar a barajarse el futuro del proyecto kirchnerista en 2015. Las luces en Corrientes apuntaron principalmente a Scioli, pero también estaba allí Abal Medina, un funcionario de máxima confianza de Cristina. Cada vez son más las voces subterráneas –y algunas públicas– que no ven mal la posible definición de una candidatura presidencial en las PASO de 2015. Pero eso sólo ocurrirá si Cristina tiene más de un candidato. 01/09/13 Miradas al Sur

Amigos son los amigos

Por Horacio Verbitsky También rayaron alto algunos amicus favorables a la vigencia de la ley. En respuesta a la visión tradicional de la Asociación de Propietarios Adepa (que quiso presentarse como independiente pero sólo fue admitida como amiga de parte), para la cual toda regulación afecta la libertad de expresión, Abramovich precisó que los privilegiados por la estructura social siempre impugnan las acciones afirmativas que intentan revertir patrones estructurales de exclusión social, invocando la igualdad de trato formal para no perder sus beneficios. En el caso de los medios, resisten las normas que procuran limitar la concentración “desde la trinchera de la libertad de expresión concebida con una mirada liberal-conservadora”. Para esta visión, se trata de una cuestión de autonomía personal que impone límites al Estado, como una coraza protectora. La visión opuesta reconoce los límites al Estado, como la prohibición de censura, pero concibe a la libertad de expresión como un derecho colectivo, afectado por estructuras sociales desiguales y excluyentes. En este enfoque estructural, el Estado tiene el deber de intervenir para transformar esas condiciones estructurales y favorecer el debate público, aun si para eso interfiere con la autonomía de algunos. El fallo de la Cámara y las posiciones del Grupo Clarín objetan la regulación como una restricción indebida, sin advertir que también constituyen obligaciones jurídicas del Estado, de raíz constitucional y basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pone el acento en las obligaciones positivas del Estado de garantía y de protección estatal frente a actores no estatales, agregó Abramovich. Esto se enlaza con el principio de igualdad de los artículos 42 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que incorporan la idea de igualdad estructural y los deberes de protección estatal. La Cámara invierte la carga de la prueba y deja a cargo del Estado probar la razonabilidad de una restricción de la libertad de expresión, en pos de garantizar una ampliación de los espacios de participación para el resto. La pregunta sobre la razonabilidad debería ser en qué medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable. Basta mirar al resto del mercado para obtener la respuesta. Abramovich concluyó con una cita del profesor estadounidense Owen Fiss, que explicita dos versiones contrapuestas de la libertad de expresión, aún dentro del liberalismo político: “El Estado puede ser opresor pero también puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa sobre varias premisas. Una de ellas se refiere al impacto de las concentraciones privadas de poder sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas”. Nadie es perfecto Por Horacio Verbitsky También asistió a la audiencia más de un centenar de periodistas, una vez que abandonaron la hoja de ruta del Centro de Información Judicial, que indicó como punto de acceso la dirección de una casa de fotocopias frente a los Tribunales. Al frente del centenario edificio se instaló un innecesario vallado que caotizó el tránsito porteño. En su interior, había que salvar una carrera de obstáculos para acceder a la sala de audiencias de la República Independiente del Cuarto Piso, luego de subir y bajar por distintos ascensores, según las indicaciones contradictorias de los sucesivos puestos de seguridad, como si se temiera la aparición al final de un pasillo del piano de Parrilli o de algún paquete sospechoso, envuelto en columnas de opinión de Alberto Fernández. Estos contratiempos menores no dan más que para un comentario risueño sobre la inevitabilidad del error en cualquier labor humana. En síntesis, como diría un editor de La Nación, estuvo todo bueno. Las audiencias implicaron también un ejercicio de participación, ya que diez organizaciones y especialistas ajenos al pleito fueron escuchados por la mayoría de los jueces de la Corte, por más que el esquema adoptado para esas exposiciones haya convertido a los amigos del tribunal en amigos de las partes, un error fácil de corregir en el futuro. Lo objeté en la audiencia del miércoles. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, me respondió al abrir la audiencia del jueves que ese ordenamiento se había dispuesto en una Acordada de abril de este año y que resguardaba la neutralidad de las presentaciones. No es así: en aquel texto se afirmaba que cada amicus curiae debía especificar a favor de cuál de las partes del litigio aportaría argumentos útiles para el tribunal. Esta vez en cambio se obligó a que se subordinaran a esa parte, sin cuyo asentimiento previo no serían admitidos, lo cual es muy distinto. Una confusa directiva emitida para ordenar la audiencia anunció que también se escucharían opiniones independientes, como si las otras no lo fueran, pero no especificó otro criterio que la discrecionalidad de la Corte para aceptarlas, de modo que cupieran en la lista partisanos camuflados, de buena relación con algún juez. Esto es grave en el caso de la ley audiovisual, porque aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular, ignorando que por fuera del expediente hay un país, y dentro de él una Coalición por una Radiodifusión Democrática, que diseñó sus puntos básicos antes de que existiera el actual gobierno, y que intervino en su redacción definitiva. De este modo, contradice el pronunciamiento del propio Lorenzetti contra la judicialización de la política y la politización de la justicia. Un sesgo similar se advirtió en la duodécima pregunta que la Corte formuló al Estado, cuando inquirió por qué, si se deseaba reducir el número de licencias del Grupo Clarín no se lo hizo por decreto, como en 2005 con la suspensión del término de las licencias. La inmediata y precisa respuesta de Graciana Peñafort fue que el objetivo buscado no era reducir el número de licencias del Grupo Clarín sino desconcentrar el mercado, que no es lo mismo. 01/09/13 Página|12

UN EXTRAORDINARIO DEBATE EN LA CORTE SOBRE LA LEY AUDIOVISUAL El destape

El extraordinario debate sobre la ley audiovisual convocado por la Corte Suprema muestra un rasgo de madurez de la democracia argentina, que en diciembre cumplirá 30 años. Fue un paso gigantesco hacia la transparencia y expuso con nitidez el contraste entre la defensa de un interés económico y los derechos de la sociedad. Aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte sigue siendo uno de los grandes activos de este período. Por Horacio Verbitsky Durante dos mañanas y con un cronograma de precisión escandinava, que sólo contempló un cuarto intermedio de quince minutos, la Corte Suprema de Justicia escuchó todos los argumentos posibles a favor y en contra de la plena vigencia de la ley audiovisual. Lo sucedido constituye un paso gigantesco hacia la transparencia en el debate público sobre cuestiones de interés general. La apreciable diferencia en el desempeño de los equipos de abogados y especialistas presentados por el Grupo Clarín y por el Estado Nacional, y de los respectivos amigos del tribunal que apoyaron las posiciones de cada uno, conspira contra las pretensiones del multimedios, que hizo girar su posición sobre la menor rentabilidad que obtendría si cumpliera con la ley, pero no atinó a fundamentar de qué modo esto afectaría su libertad de expresión. La más afamada de sus defensoras no vaciló en decir que sólo el Grupo Clarín podía hacer periodismo de investigación crítico del gobierno, por la escala monumental de sus negocios. Frente a esta visión mercantilista, justificada en una posición liberal conservadora sobre la autonomía de la empresa que no admite límite alguno, la representación del interés público opuso una concepción estructural más propia de este siglo, que incluyó el derecho de todos a expresarse, el de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas, y la obligación del Estado de intervenir para asegurarlo. Una contradicción difícil de salvar apareció en la descoordinada defensa del Grupo Clarín. Por un lado sostuvo que la concentración que ha conseguido en los 68 años de vida que cumplió el primer día de la audiencia no excede del 40 por ciento del mercado audiovisual. Por otro, insistió en que si se atuviera al tope del 35 por ciento fijado por la ley desaparecería la única voz crítica que existe en el país. Ni intentó explicar por qué la diferencia entre democracia y dictadura dependería del control de ese 5 por ciento del mercado. Se ahorró una ridiculez adicional, aunque no parecería que haya satisfecho así la curiosidad de la Corte. Mientras circulan inevitables y contradictorias versiones acerca de cuándo y cómo votarán los jueces supremos, la argumentación vertida a lo largo de siete horas en las que pocas cosas quedaron sin decirse no sólo contribuye a ilustrar a los magistrados sino también al resto de la sociedad, destinataria de la ley cuya aplicación fue frenada por medidas cautelares interpuestas en distintos lugares por el mayor grupo de medios del país. La razonabilidad de ese techo del 35 por ciento se hizo evidente para todos. Un equipo Un aspecto llamativo de la audiencia fue el desnivel entre los equipos enfrentados. Es probable que esto no se deba sólo a la calidad de los profesionales de cada uno, sino a la mejor preparación para la audiencia y a la índole de los valores que cada uno expresaba. El miércoles, la Corte escuchó a los amicus curiae y no hizo preguntas. Con las partes actuó a la inversa: el grueso de la audiencia se dedicó a la presentación de preguntas pertinentes e incómodas que el conjunto de los jueces había preparado sin previo aviso para las partes, que recién al final tuvieron diez minutos para una declaración de cierre. El presidente Ricardo Lorenzetti ejerció en forma impecable su autoridad. Confeccionó un cuestionario incisivo hurgando en los puntos débiles de cada uno. Supo repreguntar, interrumpió a quienes se iban por las ramas de la retórica y siempre manejó la situación con seguridad. Cuando uno de los abogados de Clarín insistía en la rentabilidad económica como fundamento de la libertad de expresión, Lorenzetti le explicó que la pregunta versaba sobre la sustentabilidad, en las condiciones actuales del mercado y en caso de aplicarse la ley, y su relación con la libertad de expresión protegida por la Constitución. Esa pregunta crucial quedó sin respuesta clara. La firmeza del juez era proporcional a las vacilaciones de la parte. Una raíz del problema fue que el Grupo Clarín presentó a tres oradores sin establecer un orden de jerarquía entre ellos. Su integrante más notorio, por el llameante pelo rojo, es el abogado junior del estudio Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino, de 44 años, nacido en Chivilcoy, igual que el CEO del Grupo, Héctor Magnetto. Muy amigo de Pablo Casey, a quien en Chivilcoy llaman El Cachila, hijo de Alicia Magnetto, la hermana Chita, ambos ingresaron juntos al estudio Sáenz Valiente. Cassino desarrolló así una relación propia con el tío del Cachila Casey: ha sido abogado personal de Magnetto en diversas causas y llegó a integrar como suplente el directorio del Grupo. El terceto se completó con los conocidos constitucionalistas Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. Pero como el tribunal conoce bien el derecho aplicable, se interesó por conocer cómo relacionan las partes los hechos de la causa con aquellos principios generales. En consecuencia, la voz cantante fue la de Cassino, especialista en defensa de la competencia y concentración económica, pero no muy fascinante expositor, quien durante toda la audiencia mostró un marcado rictus hepático. Las esporádicas intervenciones de Gelli eran más pertinentes, pero también ella recaló en un discurso político, sobre la distribución de publicidad oficial y un supuesto cepo publicitario privado que darían ventajas a los competidores de su cliente y terminó sugiriendo que el Estado subsidiara otras voces para que pudieran subsistir en el impenetrable coto de caza del gigante. Por la misma razón, fue casi nula la actividad en el equipo contrario del constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien Lorenzetti interrumpió antes de que terminara de carretear porque no se ceñía a la pregunta formulada. Carrió, quien también es penalista, mostró su conocimiento de los tratados y decisiones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de los fallos de la Corte argentina sobre libertad de expresión, pero fue perdiendo relevancia ante cada pregunta. Cassino machacó sobre el monotema del Grupo Clarín, que es su rentabilidad. Llegó a decir que el Grupo no podría subsistir en un entorno competitivo. En el cierre de la parte estatal le respondió Martín Sabbatella: si esto fuera así, el resto de los prestadores que presentaron sus propuestas de adecuación a la ley tendrían vocación suicida. Más sólida en apoyo del Grupo había sido el miércoles la intervención como amicus curiae de Eduardo Oteiza, profesor de la Universidad de Palermo que en 2010 sucedió como presidente de la Asociación por los Derechos Civiles a Carrió, cuya defensa de los hijos de la directora de Clarín provocó una crisis interna por la que debió dejar el liderazgo de esa ONG que había fundado. Oteiza expuso sobre la regulación del cable en los Estados Unidos como representante de las Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con precisiones que luego refutó muy bien el directivo del CELS Damián Loreti, quien descalifficó la aplicación automática a la Argentina de fallos de tribunales estadounidenses dado el distinto entorno. Allí no se justifican los topes que fija la ley argentina por la sobreoferta de alternativas en un mercado con múltiples actores: empresas satelitales y telefónicas, televisión digital terrestre, que brindan quinientas opciones al público. También intervinieron por Clarín dos funcionarios de Defensa de la Competencia con los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, el discípulo de Carlos Nino Gabriel Bouzat y el economista Carlos Winograd. Durante el seminario que este año organizó en Manhattan la Universidad de Columbia, Winograd alegó a favor de Clarín, presentado como “experto independiente”, pese a que había asesorado en la fusión de Cablevisión y Multicanal. Acaso porque desde hace años enseña y pasa buena parte del año en Francia e Inglaterra, fue el más sincero expositor del Grupo. Brindó así sólidos argumentos a favor de la posición oficial. Según Winograd, la pericia contable estableció que de contraerse la oferta del Grupo, Clarín no podría afrontar el pago de su deuda externa. Es la misma discusión que se planteó a la salida de la convertibilidad con las prestadoras de servicios públicos a las que no se les permitió aumentar tarifas. En la mayoría de los casos se demostró que su endeudamiento no fue invertido en la prestación del servicio concesionado, sino para financiar fuga de divisas mientras incumplían con planes de inversión. Para Winograd, el modelo de economía de escala y producción masiva que practica su contratante sólo puede subsistir agrediendo a los competidores. Esta tendencia al monopolio, que según varias exposiciones de la parte contraria y algunos amicus (Miguel Rodríguez Villafañe por las cooperativas, la excelente expositora Cynthia Ottaviano como Defensora del Público) se concretó con prácticas predatorias, fue una de las razones para la sanción de la ley. Ante una pregunta, los desconcertados lawyers del Grupo Clarín “se pelean por no responder”, twiteó desde La Pampa el joven constitucionalista Gustavo Arballo, quien vio la audiencia por Internet, otra saludable innovación de la Corte, mientras los medios del Grupo la cubrieron de modo incompleto y selectivo. Vistos los resultados, es incomprensible que el Grupo Clarín haya dejado en el banco de los suplentes a María de los Milagros Páez, experta en comunicaciones del estudio Sáenz Valiente, quien estaba registrada para exponer y a quien Lorenzetti no hubiera podido vapulear. Otro que debería devolver la plata que cobró es el semiólogo Eliseo Verón, quien está más para jugar a las bochas en el pueblito italiano de Monte Cerignone, donde compró una parroquia vacía frente al convento de Umberto Eco. En el otro extremo, el joven Lucas Grossman, profesor de San Andrés, intentó descalificar el informe de 2004 de la Relatoría para la Libertad de expresión, afirmando que había sido redactado por un pasante. Ignoró así que ese trabajo (que postuló la necesidad de regular los medios, porque la excesiva concentración que tiende al oligopolio o el monopolio amenaza en forma indirecta la libertad de expresión) fue realizado bajo la supervisión del ex Relator Eduardo Bertoni, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA, con lo cual pasó a ser una de las fuentes obligatorias de derecho argentino reconocidas por la Corte Suprema en el reciente fallo Carranza. Vamos las chicas El equipo estatal fue encabezado por Graciana Peñafort, una joven abogada de 36 años, la persona más joven que subió al estrado. Junto con la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la Procuradora del Tesoro Angelina Abbona y las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay, ejemplifica el rol sobresaliente que en el actual gobierno han asumido las mujeres. Graciana fue una de las redactoras de la ley y desde el ex Comfer y la Afsca intervino en todos los expedientes iniciados en su aplicación. En 2011, cuando Gabriel Mariotto dejó el cargo con la misión de imponer la autoridad regulatoria sobre el gobernador bonaerense Daniel Scioli, Peñafort fue desplazada de la Afsca por la conducción bicéfala que lo sucedió. Acompañó un tiempo a Mariotto en la Legislatura, hasta que recaló como directora de jurídicos del ministro de Defensa Agustín Rossi. El efecto de su inesperada irrupción fue espectacular, en pocos minutos nació una estrella. Abbona tuvo la inteligencia de conferirle la jefatura del equipo, pasando por alto aquellos enojosos episodios, que hirvieron en las redes sociales a medida que Graciana ocupaba el centro de la escena con una contundencia única. Sin un solo papel, respondió con exactitud a cada pregunta, con citas precisas de la ley actual y de la anterior, y decidió sobre la marcha quién respondería cada cosa. Además fue concisa y mostró una gran capacidad para construir cada frase con economía y claridad, las mismas características que el día anterior mostró Víctor Abramovich, amicus curiae por la Universidad de Lanús. La secundó, como mejor pudo, el hombre de confianza de Martín Sabbatella en Morón y la Afsca, Daniel Larrache; con buena comprensión de lo que se discutía y dónde estaba, el economista Horacio Amílcar Seillant, y con algunos pincelazos otro buen conocedor de la ley, Pablo Wisnia. Graciana sólo se alejó de la perfección ante las pregunta siete y diez. La primera, sobre el riesgo de que la desinversión afectara las fuentes de trabajo. Respondió que los sindicatos participaron en la elaboración de la ley, que estableció una protección específica con respeto por las incumbencias profesionales. No sabía, porque ya la habían ido, que además la Afsca y el sindicato de televisión firmaron en noviembre de 2012 un convenio protocolizado por el Ministerio de Trabajo que garantiza las fuentes de trabajo y las condiciones convencionales como requisito para aceptar las transferencias, supervisado por una comisión mixta que integran los trabajadores. La segunda, cuando le recordaron que el Estado dijo que las licencias eran un privilegio otorgado en forma temporal bajo estrictas condiciones, y que no puede generar un derecho adquirido, y le preguntaron si eso implicaba que podía quitar las licencias ya otorgadas y las nuevas sin derecho alguno. Esa no es una afirmación de la ley, sino de un escrito anterior en la defensa del Estado. Peñafort respondió que el derecho del licenciatario sería el de defensa en el procedimiento administrativo. El subprocurador Horacio Diez reveló el trasfondo al agregar que en el caso del Grupo Clarín podría haber una responsabilidad del Estado al ordenar la adecuación al tope de licencias establecido por la ley, pero que eso debería dirimirse en otro juicio. Ya lo había dicho la Corte el año pasado: la cuestión es patrimonial, no de libertad de expresión. Del mismo modo, ninguna falencia del Estado en la implementación de las demás disposiciones de la ley puede argumentarse a favor del Grupo Clarín.