domingo, 1 de septiembre de 2013
Amigos son los amigos
Por Horacio Verbitsky
También rayaron alto algunos amicus favorables a la vigencia de la ley. En respuesta a la visión tradicional de la Asociación de Propietarios Adepa (que quiso presentarse como independiente pero sólo fue admitida como amiga de parte), para la cual toda regulación afecta la libertad de expresión, Abramovich precisó que los privilegiados por la estructura social siempre impugnan las acciones afirmativas que intentan revertir patrones estructurales de exclusión social, invocando la igualdad de trato formal para no perder sus beneficios. En el caso de los medios, resisten las normas que procuran limitar la concentración “desde la trinchera de la libertad de expresión concebida con una mirada liberal-conservadora”. Para esta visión, se trata de una cuestión de autonomía personal que impone límites al Estado, como una coraza protectora. La visión opuesta reconoce los límites al Estado, como la prohibición de censura, pero concibe a la libertad de expresión como un derecho colectivo, afectado por estructuras sociales desiguales y excluyentes. En este enfoque estructural, el Estado tiene el deber de intervenir para transformar esas condiciones estructurales y favorecer el debate público, aun si para eso interfiere con la autonomía de algunos. El fallo de la Cámara y las posiciones del Grupo Clarín objetan la regulación como una restricción indebida, sin advertir que también constituyen obligaciones jurídicas del Estado, de raíz constitucional y basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pone el acento en las obligaciones positivas del Estado de garantía y de protección estatal frente a actores no estatales, agregó Abramovich. Esto se enlaza con el principio de igualdad de los artículos 42 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que incorporan la idea de igualdad estructural y los deberes de protección estatal.
La Cámara invierte la carga de la prueba y deja a cargo del Estado probar la razonabilidad de una restricción de la libertad de expresión, en pos de garantizar una ampliación de los espacios de participación para el resto. La pregunta sobre la razonabilidad debería ser en qué medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable. Basta mirar al resto del mercado para obtener la respuesta. Abramovich concluyó con una cita del profesor estadounidense Owen Fiss, que explicita dos versiones contrapuestas de la libertad de expresión, aún dentro del liberalismo político: “El Estado puede ser opresor pero también puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa sobre varias premisas. Una de ellas se refiere al impacto de las concentraciones privadas de poder sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas”.
Nadie es perfecto
Por Horacio Verbitsky
También asistió a la audiencia más de un centenar de periodistas, una vez que abandonaron la hoja de ruta del Centro de Información Judicial, que indicó como punto de acceso la dirección de una casa de fotocopias frente a los Tribunales. Al frente del centenario edificio se instaló un innecesario vallado que caotizó el tránsito porteño. En su interior, había que salvar una carrera de obstáculos para acceder a la sala de audiencias de la República Independiente del Cuarto Piso, luego de subir y bajar por distintos ascensores, según las indicaciones contradictorias de los sucesivos puestos de seguridad, como si se temiera la aparición al final de un pasillo del piano de Parrilli o de algún paquete sospechoso, envuelto en columnas de opinión de Alberto Fernández. Estos contratiempos menores no dan más que para un comentario risueño sobre la inevitabilidad del error en cualquier labor humana. En síntesis, como diría un editor de La Nación, estuvo todo bueno. Las audiencias implicaron también un ejercicio de participación, ya que diez organizaciones y especialistas ajenos al pleito fueron escuchados por la mayoría de los jueces de la Corte, por más que el esquema adoptado para esas exposiciones haya convertido a los amigos del tribunal en amigos de las partes, un error fácil de corregir en el futuro. Lo objeté en la audiencia del miércoles. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, me respondió al abrir la audiencia del jueves que ese ordenamiento se había dispuesto en una Acordada de abril de este año y que resguardaba la neutralidad de las presentaciones. No es así: en aquel texto se afirmaba que cada amicus curiae debía especificar a favor de cuál de las partes del litigio aportaría argumentos útiles para el tribunal. Esta vez en cambio se obligó a que se subordinaran a esa parte, sin cuyo asentimiento previo no serían admitidos, lo cual es muy distinto. Una confusa directiva emitida para ordenar la audiencia anunció que también se escucharían opiniones independientes, como si las otras no lo fueran, pero no especificó otro criterio que la discrecionalidad de la Corte para aceptarlas, de modo que cupieran en la lista partisanos camuflados, de buena relación con algún juez. Esto es grave en el caso de la ley audiovisual, porque aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular, ignorando que por fuera del expediente hay un país, y dentro de él una Coalición por una Radiodifusión Democrática, que diseñó sus puntos básicos antes de que existiera el actual gobierno, y que intervino en su redacción definitiva. De este modo, contradice el pronunciamiento del propio Lorenzetti contra la judicialización de la política y la politización de la justicia. Un sesgo similar se advirtió en la duodécima pregunta que la Corte formuló al Estado, cuando inquirió por qué, si se deseaba reducir el número de licencias del Grupo Clarín no se lo hizo por decreto, como en 2005 con la suspensión del término de las licencias. La inmediata y precisa respuesta de Graciana Peñafort fue que el objetivo buscado no era reducir el número de licencias del Grupo Clarín sino desconcentrar el mercado, que no es lo mismo.
01/09/13 Página|12
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