"El padecimiento de nuestros jóvenes en las comisarias es el más dificil de visibilizar"

Victoria Montenegro es hija de desaparecidos y militante de derechos humanos. El día viernes, participó de las jornadas de la Campaña Contra la Violencia Institucional y habló con Agencia Paco Urondo sobre el tema. “Hay muchas practicas que no se ven, que sufren nuestros jóvenes en cárceles y comisarías de todo el país. Esa violencia es la más difícil de visibilizar y de combatir desde la sociedad, la dictadura militar instaló la condena de que el que está adentro, por algo es”, subrayó Victoria Montenegro. “Los mismos oficiales que torturan en las comisarias son los que después salen a la calle a hacer las racias y se llevan compañeras trans o son cómplices de la trata de personas”, agregó Montenegro. "Empezamos con la memoria y seguimos con los temas pendientes y cotidianos de la democracia" El ex secretario de derechos humanos de la provincia de buenos aires, Edgardo Binstock, se refirió a las jornadas organizadas por la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional en Plaza Congreso. “El piso lo marcó el gobierno nacional con la política de derechos humanos. Empezamos con la memoria y hoy nos hacemos cargo de los problemas de todos los días de la democracia, las cuestiones pendientes”, afirmó Edgardo Binstock. “La Justicia no es para el pobre” Denuncia el asesinato de su hijo, y la violencia institucionalizada de los empresarios de la zona. “Si no fuese sido por la organización, no se hubiera podido llegar a hacer justicia, como esperamos se haga ahora. Le hacemos un juicio también al Estado, porque ellos no quieren que se vayan los terratenientes, porque les venden la tierra”. “Amenazaron a mi hijo y después lo mataron. Ahora amenazan a mi otro hijo. La violencia es de los empresarios y de la policía que es cómplice”, afirma Mirta. El miércoles 16 de noviembre de 2011, la comunidad de San Antonio comunicó que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, sicarios de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristán Ferreyra de 25 años e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves. GB

"No tenemos una actitud anti-policial pero no toleramos los abusos de fuerza"

Tras participar de las jornadas contra la violencia institucional en Plaza Congreso, la ministra de seguridad Nilda Garré dialogó con los medios presentes en la actvidad. La gente tiene que tomar conciencia. Muchos se acostumbraron a un discurso que dice que no puede haber política de seguridad eficiente con política de derechos humanos o que el olfato policial sabe cómo combatir al enemigo”, aseguró la ministra de seguridad. “Tenemos una dolorosa cantidad de jóvenes muertos por hechos de abuso policial, juicios fraguados, testigos inventados, una cantidad de irregularidades que no hay que permitir. Esto no es una actitud anti – policial, son servidores públicos que hacen un tarea arriesgada pero esto no implica tolerancia ante situaciones de abuso de la fuerza”, subrayó Garré. Previamente, la ministra Garré se refirió a los hechos de represión protagonizados por la policía Metropolitana en el Hospital Borda recientemente.“Esta es la policía que formó el Fino Palacios, un hombre clave en la represión del 20 de diciembre. Este hombre generó un aparato de espionaje político. El uso excesivo de la fuerza ya lo habíamos visto en la Villa 31 y en la Sala Alberdi”, aseguró la ministra. “Hay un ámbito, que es el Consejo Federal, donde están representadas todas las provincias. Desde ahí vamos generando comportamientos, protocolos y valores en común. En el caso de manifestaciones o actos públicos, 19 provincias han firmado el protocolo del Ministerio. Algunas provincias no lo han aceptado, entre ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resaltó Nilda Garré. gb

"Los que tiene acceso a los factores de poder logran que sus causas sean mejor investigadas"

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, participó de las jornadas contra la violencia institucional del día viernes."Cuando la violencia viene desde el Estado se rompe la paz social y se genera más violencia", subrayó. Por Nahuel Placanica I APU: Acerca del rol de los operadores judiciales, muchas veces se ve una doble vara a la hora de juzgar a sectores ricos y desfavorecidos ¿Cómo se puede avanzar en ese sentido? AGC: Creando conciencia. Nosotros, particularmente, al crear la Procuraduría de Violencia Institucional estamos generando un equipo especializado de asistencia a los fiscales ante este tipo de problemáticas. Hay muchos aspectos que obstaculizan el proceso de Justicia como la promiscuidad entre fiscales y policía porque es éste el que le lleva la investigación. Hay algo que no se puede negar. Los que tienen acceso a los factores de poder logran que sus causas sean mejor investigadas, en cambio cuando alguien viene de cierto estrato social o tiene cierta edad o incapacidad, el acceso a la Justicia no es el mismo. De eso hay que hablar cuando hablamos de democratizar la Justicia, ir hacia un verdadero acceso de la población. Se empieza reformando los aspectos sustanciales como el ingreso democrático; con la publicidad de las declaraciones juradas, para terminar con este oscurantismo, que va de la mano de la impunidad, ¿Por qué los jueces y fiscales pueden no mostrar sus declaraciones? Además, queremos quebrar esa línea de padrinazgo, de familia judicial, que hace a la oscuridad del sistema y transmite a través de generaciones la falta de compromiso de la Justicia con la comunidad. APU: ¿Este accionar de la Justicia no termina generando más violencia en la sociedad? AGC: Por supuesto, cuando la violencia viene del Estado, no sólo a través de los abusos cometidos por quienes están legitimados para el uso de la fuerza sino también a través de la indiferencia de la Justicia ante grandes crímenes que sufren los sectores vulnerables, donde no se investigan de la misma manera que a otros, eso quiebra la paz social y produce violencia. gb

Entrevista a Roberto Perdía

Fue uno de los jefes de Montoneros. Acaba de publicar sus memorias. Una historia que merece ser contada. Por Ricardo Ragendorfer Un cono de luz se filtraba a través de la ventana. El resto de la casa estaba a oscuras desde la tarde anterior por un corte de energía. Por esa razón, el otrora integrante de la conducción nacional de Montoneros, Roberto Cirilo Perdía, se encontraba atrincherado allí, debido a las dificultades operativas que, a sus 72 años, supone atravesar cuatro pisos por la escalera. Sin embargo, su moral era alta; acababa de publicar Montoneros - El peronismo combatiente en primera persona, un voluminoso libro de memorias. Su foto en la solapa es la misma que en la década del ’70 hicieron circular los servicios de inteligencia, que lo buscaban como uno de los principales responsables del "terrorismo" en la Argentina. Ahora, los ojos de ese hombre conservaban el brillo de antaño. Y él los entrecerró, al evocar una extravagante escena: su encuentro secreto, el 13 de enero de 1976, con el general Albano Harguindeguy "Ocurrió de noche en un desolado doque de Puerto Madero. Un compañero, Norberto Habbeger, armó la cita. El propósito: negociar la situación de Roberto Quieto, quien días antes había caído en manos de una patota policial. Harguindeguy tenía la cintura un Smith & Wesson calibre 38. Yo portaba una 45. Así abordé el Falcon que él conducía. A modo de saludo, preguntó: '¿Es usted Marcos Osatinsky?' Mi respuesta fue: 'Ustedes lo mataron hace un mes'. El tipo simuló sorpresa: 'Ah, no sabía. Es que no pude hablar a fondo con Viola, porque todavía se está sacudiendo el polvo de la bomba que ustedes le pusieron'. Y sonrió con picardía, para agregar: 'Tampoco pude transmitirle el afán de diálogo que ustedes tienen ahora'. Yo fui al grano: '¿Hay alguna posibilidad en relación a Quieto?' Sus palabras fueron tajantes: 'De ningún modo. Quieto no va aparecer. Olvídense. No vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones. Desde ahora, los cadáveres no van a aparecer. Vamos hacer otra cosa. A Quieto no lo van a volver a ver. En realidad, no volverán a ver más a nadie'. EL CIELO POR ASALTO. Perdía, cuyo origen político fue la Democracia Cristiana, se sumó luego a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). En 1970 confluiría en la formación de Montoneros; dos años más tarde sería parte de su dirección. En 1973, junto a Mario Firmenich y Quieto –éste aún en la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) – sería recibido nada menos que por Juan Domingo Perón. Fueron varias las reuniones entre el líder y los jóvenes guerrilleros, en abril de 1973. Los detalles recién ahora salen a la luz. "Las primeras reuniones fueron en Roma: luego, tuvimos otras en Madrid. Perón había viajado a Italia para conversar su situación con el Vaticano. El primer encuentro fue en una suite del Hotel Excelsior, sobre la vía Véneto. En eso llegó Héctor Cámpora con su esposa; venía a ofrecerle a Perón el triunfo electoral. Perón los recibió con nosotros delante. Cámpora también estaba sorprendido. Era como si el General nos avalara. En resumen, discutimos durante horas con Cámpora y Perón acerca del futuro. Intercambiábamos opiniones. Y se planteó una discusión con el tema militar. Perón nos preguntaba nuestra visión al respecto. Nosotros le informamos que hay dos coroneles –Carlos Dalla Tea y Jaime Cesio– que conversan con nosotros. Ahí apareció López Rega, y dijo: '¡No, general!, ¡Tengo informaciones de que esos tipos son un peligro!' Fue su única intervención. –¿Qué opinión tenían en ese momentos ustedes de él? –Que sólo era el secretario de Perón, y que interactuaba en la medida en que Perón lo dejaba. Esa era la opinión que teníamos. Días más tarde, en Madrid, casi no intervenía. Salvo una vez, que entró abruptamente, y le dice a Perón: '¿Vio, vio, General? Tenemos problemas con los muchachos'. Perón le dice: 'Están acá los muchachos. ¿Qué problema hay?'. López Rega entonces informó que en Córdoba había sido ajusticiado el coronel Héctor Iribarren. Perón nos miró. Nosotros ensayamos una justificación. Y él dio por terminado el asunto con la siguiente frase: 'Bueno. Pero que el próximo sea con un camión'. –¿Era notable la influencia de López Rega sobre Perón? –En una ocasión, Perón hizo que López Rega tomara la palabra. Estaba a nuestras espaldas, en un banquito de plástico contra la pared. Y dice: 'Hay que leer los avisos fúnebres en La Nación y La Prensa. Ahí está la sangre de la oligarquía. Ese es el fin de la oligarquía argentina'. Yo no sabía si era una joda o en serio. Y me doy vuelta para ver qué hacía Perón. Estaba con las manos en la barriga matándose de risa. –Ya se respiraba la polarización del peronismo entre la extrema derecha y la tendencia revolucionaria. ¿Perón tocó ese tema? –No, Perón nos decía que en unos cuatro años nos tocará gobernar a nosotros. Sus palabras eran: 'Tendrán que prepararse para ello'. Eso lo dijo en varias oportunidades. Incluso, a Oscar Bidegain, el gobernador electo de Buenos Aires, le llegó a decir, en privado: 'Déle la mitad del gabinete a los muchachos para que se vayan fogueando; empiece a gobernar con ellos'. Eso es lo que motivaría después la bronca de Bidegain, cuando Perón lo cuestiona: 'Pero si él me dijo que hiciera esto; no fue una idea mía. Perón me dijo que hiciera estas cosas'. -¿Cuáles fueron los primeros signos del deterioro en el vínculo de ustedes con Perón? –Empieza ese mismo 25 de mayo a la noche, cuando salen los presos políticos de Devoto, en base a la movilización popular, y no a un sistema más institucional. La amnistía ya había sido acordada con Perón y Cámpora. Pero la idea inicial era articular la cuestión a través del Parlamento. Ese día, todo se desbordó: miles de compañeros en la calle. De madrugada, Abal Medina tiene que resolver las cosas a las corridas, con un decreto de Cámpora que perfectamente lo podría haber resuelto esa misma tarde con un indulto. Fue la solución que finalmente se adoptó, pero a las apuradas, no de un modo institucional. Ese fue el primer punto de fricción entre nosotros y Perón. A la mañana siguiente, Perón mandó por télex un mensaje para cuestionar el modo con que se resolvieron las cosas. Después expresaría su disgusto ante otro tipo de situaciones, como las ocupaciones de plantas fabriles, dependencias públicas, colegios y universidades. El General decía que la Resistencia ya había concluido. Hasta ahí las cosas eran manejables. Todo terminó el 20 de junio con la masacre de Ezeiza. Ahí termina nuestra gigantesca acumulación de fuerzas y empieza el declive. Ezeiza fue una emboscada. Una emboscada del imperialismo, montada con personajes como López Rega. EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS. "Nosotros habíamos guardado las armas. Pero no las entregamos. Las volvemos a empuñar en septiembre de 1974. Perón ya estaba muerto Y ahora actuaba la Triple A. Habíamos pasado a la clandestinidad. Yo creo que fue el principal error político que cometimos en ese periodo, producto de una presión de los compañeros y una mala evaluación nuestra en general. La presión, porque nos decían: '¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que nos maten, y no respondemos?' Nosotros sentíamos eso, porque estábamos con los locales abiertos, todo funcionando en la legalidad, con lo cual ofrecíamos blancos para que nos marcaran donde quisieran y nos asesinaran en el punto en que les gustara. Eso estaba pasando. Creímos de esa manera poder evitar la caída de compañeros. Y yo creo que esas caídas se redujeron en ese periodo, pero lo pagamos en el mediano plazo con desarraigo social y desarraigo político”. –¿El súbito pase a la clandestinidad no dejó a la militancia de superficie al descubierto frente a la represión? –Muchos compañeros fueron desplazados hacia otras regiones del país. Esos compañeros en su lugar de origen tenían un arraigo social y político, pero en el nuevo destino lo perdieron. Allí eran extraños, forasteros. Los que permanecieron, más que quedar al descubierto ante la represión, se desorganizaron. Y se perdió la sintonía fina que teníamos con la población. –Si bien la clandestinidad significó el regreso a las operaciones armadas, meses antes, a fines del ’73, se produce la muerte de Rucci. ¿Qué puede decir al respecto? –Esa muerte no fue aprobada ni ejecutada por la conducción de Montoneros. Tal vez hayamos cometido el error de no negarlo enfáticamente. No puedo afirmar o negar que haya habido militantes montoneros o de la FAR en ese operativo. Lo que sí afirmo es que ningún organismo de conducción lo decidió. –¿Debo interpretar que una estructura de la organización actuó por su cuenta? –No lo sé. Fue en el momento de la fusión entre Montoneros y FAR. No lo sé. –En octubre de 1975, el ataque al cuartel de Formosa fue el primer operativo montonero contra una instalación del Ejército. ¿Cuál era el propósito? –El golpe de Estado ya tenía fecha. La idea fue la de conformar una fuerza armada y demostrarle al propio Ejército que teníamos condiciones para operar, además de ir recuperando las armas para construir un poder superior. Lo de Formosa fue también para decir: 'Miren que va a haber resistencia al golpe de Estado'. –¿Qué efecto tuvo en Montoneros la caída de Quieto, a quien ustedes terminarían condenando a muerte en ausencia por presunta traición? –Una cosa es la lectura que se puede tener en esas circunstancias. Y otra es la lectura a la distancia. Con respecto a Quieto, lo que veo hoy es que no hay informaciones concretas acerca de que él haya propiciado la caída de otros compañeros. Por lo menos, eso no está suficientemente probado. De Quieto prefiero quedarme con la imagen del compañero con el que compartimos un largo tiempo de lucha. –¿Podrías afirmar que la resolución que tomó en ese momento la conducción nacional con él fue injusta? –No me atrevería a formular tal idea de esa manera. Lo que hoy rescato de ese hecho es el sentimiento que hoy tengo hacia el compañero. –En ese marco se produjo tu encuentro con Harguindeguy. .. –Sí. Pero te voy a contar el final de esa historia: a Harguindeguy lo vi pocas semanas antes de su muerte. Yo estaba en los tribunales de Comodoro Py. Alguien me esperaba en el noveno piso, donde está el barcito. Tomé el ascensor y, en vez de subir, bajé, al subsuelo, Allí veo a uno del Servicio Penitenciario empujando una silla de ruedas. Me quedé en el fondo. Recién entonces vi que en la silla de ruedas estaba sentado nada menos que Harguindeguy. Una mantita le tapaba las manos. Ambos nos miramos por unos diez segundos, sin decirnos nada. Me impresionó mucho. Llegué arriba, le conté a los compañeros, a los abogados que estaban arriba. Me impresionó mucho. Harguindeguy no era, claro, el mismo hombre que había visto hace más de siete lustros. En fin, así son las leyes de la vida. El hombre al que la dictadura consideraba un peligro nacional Roberto Cirilo Perdía nació en 1941 en Rancagua, un pueblo cercano a la ciudad bonaerense de Pergamino. Fruto de una familia de chacareros, emigró durante su adolescencia a la capital para estudiar derecho en la Universidad Católica. En paralelo, trabajó en un banco. Allí se iniciaría en la lucha gremial. Se sumó a un sector de la Democracia Cristiana. Luego, a mediados de la década del '60, se radicó en Santa Fe. Al tiempo, se sumó a las filas de las FAP. Su militancia en Montoneros comenzó en 1970, tras el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu. En 1972, fue incorporado a su conducción nacional. Permaneció allí hasta la disolución de esa fuerza guerrillera. En el medio, su vida transcurrió en la clandestinidad, mientras las fuerzas represoras de la última dictadura lo buscaban afanosamente, por considerarlo uno de los máximos responsables de la "subversión" en Argentina. En aquel período, se hacía llamar "Carlos" o, simplemente, "El Pelado". Y, junto con Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, entre otros, comando los destinos de la organización revolucionaria peronista desde el exterior. Regresó al país tras el restablecimiento de la democracia, en 1984. Tras su reinserción en la legalidad, trabaja como abogado. Forma parte de la Universidad de los Trabajadores. Y es referente de la Organización Libres del Pueblo (OLP). GB

Comenzó el juicio por la masacre de Capilla del Rosario

Comenzó el juicio por la masacre de Capilla del Rosario El juicio contra los militares acusados por el fusilamiento de 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se inició esta mañana con la presencia de dos de los tres imputados. Los imputados son los represores Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nagakama y Jorge Acosta. Este último no estuvo presente en la audiencia porque se encuentra con reclusión domiciliaria en Córdoba debido a problemas de salud. A sala colmada en la Cámara Federal y con la presencia de integrantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, dio comienzo el proceso judicial -el segundo por crímenes de lesa humanidad en la provincia-, donde prestarán declaración unos 56 testigos. A Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nagakama y Jorge Acosta se les acusa de la masacre y se les imputa el cargo de homicidio doblemente agravado por alevosía en concurso premeditado de dos o más personas en calidad de autores. En tanto, el abogado defensor de los represores, Lucio Montero, cuestionó al fiscal federal, Santos Reynoso,"por usurpación de títulos", dijo que "no es abogado" y pidió la "nulidad del proceso". El fusilamiento de los militantes del ERP se produjo el 12 de agosto de 1974, cuandos fuerzas militares asesinaron a catorce integrantes de la Compañía de Monte "Ramón Rosa Jiménez", que se habían entregado tras el frustrado intento de copamiento del ex Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada. Cinco militantes que fueron al pueblo a conseguir alimentos fueron capturados y torturados para arrancarles información sobre sus compañeros. Las fuerzas militares ubicaron el campamento donde se encontraban los militantes donde se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía de apellido Acevedo. Ante la superioridad numérica y de poder de fuego de los militares, los militantes depusieron las armas y se entregaron, pero fueron fusilados. Los muertos fueron Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari. Cinco fueron enterrados como NN en el cementerio y los cuerpos de los restantes entregados gradualmente a sus familiares. La búsqueda de justicia se inició en 2004, a pedido de organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los NN. El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente y el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari. Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados y en mayo de 2009, el coronel retirado Mario Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre. El tribunal que a partir de hoy escuchará a 65 testigos está integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla. Además del Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a familiares, actuarán como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca. 07/05/13 Página|12

LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL > UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA

En el segundo encuentro regional de Justicia Legítima Nordeste, sentimos la necesidad en primer término de ratificar este espacio colectivo, de carácter horizontal, democrático, multisectorial de integración de la sociedad con la Justicia, ya que los motivos que originaron nuestro encuentro han sido la imperiosa necesidad de aportar al debate hacia transformaciones esenciales y en proyectos vinculados al tipo de Justicia que anhelamos y que a su vez viene expresándose de diversas maneras en gran parte de la sociedad. Queremos ser parte de una Justicia más plural y realmente independiente dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera. Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales, acerca el sistema de justicia a la sociedad y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales. Por ello, decimos que es la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica, a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y lo que debería ser una Justicia Legítima. Claramente, estamos en desacuerdo con el accionar de muchos magistrados; sus procedimientos antiguos, su lógica de trámites escritos, su pesadez burocrática, su egocentrismo valorativo, su falta de imaginación y su desprecio práctico hacia todo lo que tenga rostro humano –en especial los más vulnerables– y no sean papeles. Para conformar otro sistema judicial, entendemos que hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho; la defensa y “ampliación” permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución, en las convenciones internacionales de derechos humanos, en la jurisprudencia de organismos internacionales y el rechazo a toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género. Estamos convencidos de la necesidad imperiosa de acercar el sistema de administración de justicia a la ciudadanía –fuente única de su legitimidad–, en virtud del desprestigio a que la han llevado años de aislamiento. En este sentido, y sin eludir el debate, consideramos que los proyectos hoy en discusión ante el Congreso de la Nación representan una muy buena oportunidad de intercambiar ideas en diversos ámbitos, dentro de un proceso de democratización mucho más complejo, profundo y que necesariamente exige un debate desde miradas diversas, participativas y de mayorías. Por ello, nuestra razón de ser y de aportar desde la región. Entendemos necesario profundizar el aporte desde esta perspectiva, con una mirada regional y hacia el interior del Poder Judicial en las provincias en las que estamos insertos, con el ideal de reconciliar a la ciudadanía con el sistema de administración de justicia. * Firman Luis González, Juan Carlos Vallejos, Flavio Ferrini, Nora Rosana Maciel, María Cecilia Baroni, Mario Bosch, Carlos Martín Amad, Horacio Rodríguez, Rosa del Milagro Palacios, entre muchos otros jueces, fiscales, abogados, funcionarios, trabajadores del Poder Judicial y miembros de organizaciones sociales de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL > UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA El papel de las mayorías y el Poder Judicial Por Guillermo Makin * La propuesta de reforma judicial ha hecho aflorar una serie de términos políticos cuyo significado y origen histórico difieren bastante del uso común. Lo que se alega es democrático, como la división de los poderes, resulta no serlo en su origen. Además hay tradiciones constitucionales como la británica, que han democratizado mucho más el papel del Poder Judicial al no permitirle declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Y no ha sobrevenido ni una tiranía, ni ha fenecido el Estado de Derecho. En el debate de la reforma es frecuente oír entre sus críticos que atenta contra la independencia del Poder Judicial. Por el lado de los que proponen la reforma se legitiman los proyectos, sosteniendo que están dirigidos a democratizar. Tanto los críticos de la reforma judicial como los que abogan por ella dan por sentado que todo juez o toda Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad de una ley sancionada por un Congreso electo, a propuesta de un Ejecutivo también electo por amplia mayoría, ambos para gobernar en cumplimiento de un programa electoral, o, si se quiere, de un relato clara y legítimamente aprobado por el electorado. Pero resulta que la separación de los poderes, la independencia del Poder Judicial y el recurso de la inconstitucionalidad tienen orígenes históricos distintos, y hay un manifiesto deseo de impedir que gobierne la mayoría. Es posible sostener que son instituciones concebidas por razones no democráticas. Es preciso hacer un poco de historia y un poco de política comparada para entenderlo. Historia: la Constitución de los EE.UU. Es interesante analizar cómo se desarrolla la historia de la separación de los poderes en la Constitución de los EE.UU., sancionada en 1787 por el Congreso de Filadelfia, que eligió unánimemente a George Washington para que lo presidiera. Montesquieu es el primero en acuñar el término “separación de los poderes”, al conceptualizar erróneamente la Constitución británica, donde sólo hay separación entre el Ejecutivo y el Judicial. No hay separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es sólo uno, unido, o “abrochado” –como dice el autor de La Constitución inglesa, Walter Bagehot– por el gabinete de ministros que tiene mayoría en el Parlamento. La guerra de independencia de los EE.UU. había radicalizado a la población de los estados y George Washington, terrateniente esclavista, estaba inquieto como los demás congresistas por las rebeliones, especialmente en Virginia. Washington propone, y logran acordarlo por unanimidad también, que el Congreso de Filadelfia delibere en secreto. ¿Por qué? Según argumenta Frederick Munro Watkins, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Yale en los años ’40, ’50 y ’60, el Congreso de Filadelfia deseaba contrarrestar “la capacidad de las mayorías populares de controlar el gobierno central”, y fue por ello que “el gobierno de las mayorías fue limitado por el principio de la separación de los poderes”. Debido al secreto de las deliberaciones del Congreso de Filadelfia, no hay actas. Sólo se conoce lo discutido por infidencias parciales, pero mayormente por El Federalista, publicado en forma serializada en 1787 y 1788, escrito por James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Los dos primeros son vistos como los redactores de la Constitución que aprobó el Congreso de Filadelfia. De El Federalista emana patente el temor de los congresistas, predominantemente terratenientes aristocráticos y sus abogados, a un poder central demasiado poderoso surgido de la mayoría a la que se refieren reiteradamente en términos peyorativos (la ven como the majority faction). A fin de evitar la influencia de “la mayoría facciosa”, complejizan la división de los poderes, distribuyendo las funciones de un gobierno entre un Ejecutivo y el Legislativo. Además le otorgan al Poder Judicial la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo. El edificio institucional dirigido a impedir el control de la mayoría culmina con la rigidez que dificulta la reforma constitucional, sostienen Watkins y sus seguidores en la literatura sobre la Constitución de los EE.UU. Puede concluirse entonces que la división de los poderes no es en su origen una institución democrática. Fue creada para evitar que la mayoría controle las distintas funciones de cualquier gobierno. Al copiar mansamente Alberdi la Constitución de los EE.UU., ha hecho a nuestro país usuario de un concepto constitucional antidemocrático en su origen histórico. Política comparada: la Constitución británica Hay tres democracias, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, cuya estructura constitucional proviene de otro origen histórico: en el Reino Unido, el Parlamento luchó con la monarquía para lograr el control político e impositivo. De ahí surge lo que se conoce como la doctrina de la “supremacía del Parlamento”. Una vez derrotada la monarquía en el siglo XVII, los líderes parlamentarios, aun antes de establecerse el sufragio universal entre 1832 y 1886, no vieron razón para perder parte de su poder a manos judiciales. Según A. V. Dicey, la doctrina de la supremacía parlamentaria es la característica dominante de las instituciones políticas británicas. Un Parlamento puede anular cualquier ley o aprobar cualquier ley, aun las constitucionales, y los tribunales no tienen autoridad para juzgar la constitucionalidad o validez de una ley. Lo que sanciona el soberano con el Parlamento es ley, sin más. Es decir, un juez o un conjunto más enaltecido de los mismos, funcionando como Corte Suprema, no debía pretender cambiar o congelar lo decidido por el Parlamento. En 1871, en un fallo famoso, Lee v. Bude & Torrington Junction Railway Co, se arguyó: “¿Vamos a actuar como regentes sobre lo hecho por el Parlamento, los Lores y los Comunes con el consentimiento de la reina? Niego que exista tal autoridad. Si una ley es aprobada indebidamente por un Parlamento, sólo el Legislativo puede anularla. Una ley, mientras exista como tal, debe ser obedecida... [las] leyes aprobadas por el Parlamento constituyen la ley. No somos los jueces quienes podemos constituirnos en un tribunal de apelaciones de lo decidido por el Parlamento”. Durante 600 años, la Corte Suprema británica funcionó como una comisión especial de la Cámara de los Lores. La nueva Corte Suprema, separada de la Cámara de los Lores, funciona independientemente desde 2009, pero, según informa en su sitio de Internet, la Corte Suprema del Reino Unido no puede contradecir lo decidido por el Parlamento. Su papel es de interpretación de la ley, no su formulación. La disposición constitucional de 1911, “Parliament Act”, que determina la supremacía de los Comunes dentro del Parlamento, relega a los Lores al papel de una Cámara que sólo puede revisar, pero no detener ninguna ley presupuestaria o programática aprobada por los Comunes, acentúa el carácter democrático de la Constitución británica, entendiendo por tal el control del poder por los electos por la mayoría del electorado. Ningún juez u órgano judicial puede anular legislación. En la tradición constitucional británica no se teme a las mayorías, todo gobierno que elijan puede hacer y deshacer todo, desde una ley anterior hasta las disposiciones constitucionales. Por caso, durante la guerra de 1939-45, las libertades civiles fueron abolidas sin chistar y restauradas al terminar la guerra. Otra característica del sistema constitucional británico que refuerza el control por la mayoría electa por la ciudadanía es la facilidad de la reforma constitucional. El proceso es el mismo de una ley ordinaria. No se teme al electorado, ni se le ponen trabas. La Constitución británica, que está escrita, pero no está codificada –en una serie de leyes que datan desde 1215–, al confiar en el electorado y al tener mecanismos que permiten llamar a elecciones rápidamente en caso de crisis política, no pone reparo alguno a la reelección. Si el electorado elige, también sabrá reemplazar. Según Juan Linz, la estructura parlamentaria permite gobernar más eficientemente. Un primer ministro no puede argumentar, prosigue Linz, como puede hacerse en un sistema presidencialista, que no se pudo lograr que el Legislativo aprobara la legislación que proponía. Según R.M. Punnett, los gobiernos británicos logran aprobar desde 1945 el 84 por ciento de lo que proponen al Parlamento, un porcentaje que pondría verde de envidia a cualquier presidente, como le hizo notar Clinton a Blair al asistir a una reunión de gabinete. Sería aventurado argumentar que en el Reino Unido o en Australia o Nueva Zelanda no hay democracia. * Profesor de la Universidad de Belgrano, experto en política británica y Malvinas. LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL > UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA Ni ingenuidad ni neutralidad Por Marcelo Medrano * Estas ideas que comparto surgen como un intento por sistematizar algunas cuestiones fundamentales en relación con la Justicia. En primer lugar, celebro la discusión. Reivindico la crítica constructiva permanente como ejercicio necesario que impone la democracia. En este sentido, los obsecuentes, así como los críticos funcionales, no suman al debate que se reclama e impone. En segundo lugar, sería fundamental separar las cuestiones de fondo de las instrumentales. Tener claridad acerca de las ideas o estructuras subyacentes y fundamentales, distinguiéndolas de las medidas de diseño que nos llevarán a los principios que consensuemos. Me refiero al plano analítico, en la práctica, las cuestiones estructurales y diseños institucionales se relacionan y retroalimentan permanentemente. Ni más ni menos que saber qué se quiere, por qué y para qué; y recién luego buscar las herramientas necesarias a tales fines. Definitivamente, concebir el Poder Judicial como un poder político es una de las cuestiones estructurales; a esta altura qué duda cabe que esto es así y, además, siempre lo fue. Saber que el Judicial constituye un campo de disputa de altísima intensidad política es un comienzo absolutamente necesario. La forma de selección de integrantes del Poder Judicial; las decisiones del Poder Judicial, en tanto resuelven o no resuelven algún conflicto; las sanciones o expulsiones de los miembros del Poder Judicial; y las vinculaciones en términos de poder y de decisiones con los demás poderes o funciones estatales así como con la ciudadanía; todo ello nos conduce inexorablemente a interpretar que el Poder Judicial actúa en términos políticos. Otro punto o idea estructural será claramente cómo se expresa el Poder Judicial y, aquí, referencia obligada será la cuestión acerca de decisiones y marcos culturales. No olvidemos que las decisiones en el Judicial las toman abogados, y quienes realizan planteos, los ganan, pierden o consensúan son también abogados. Si queremos alguna vez quebrar la lógica de pensamiento y acción en términos efectivos; y pensar un marco de derecho y actores distintos; con cierto contenido social en términos ideológicos; necesariamente habrá que trabajar con las universidades, los planes de estudios y el profesorado. ¿Por qué los abogados debieran ser y actuar de un modo distinto si las formas y contenidos de sociabilización y aprendizaje son las que tenemos actualmente? Por último, el tratamiento y práctica del conflicto. Otra discusión estructural y fundante. Solemos repetir que el Poder Judicial interviene luego de sucedido un conflicto. Esta idea es realmente muy vaga. El límite entre inexistencia de conflicto, latente existencia de conflicto, suceso del conflicto y solución del mismo, es ontológicamente difuso. Y en innumerables ocasiones cuando el Judicial interviene lo hace para prevenir un conflicto mayor o reconfigurar el mismo, con lo cual esta idea reiterada no funciona así. De hecho, todas las medidas de conciliación y mediación van en este sentido. En este marco, todos los programas de solución y prevención de conflictos suman. Desconocer sus efectos para bajar la intensidad de violencia individual y social es lamentable. Es por esta razón que, mal que nos pese, no deben afincarse los análisis sólo en el sistema penal, como habitualmente acontece. El sistema penal es el último del que el Estado y el Poder Judicial deben echar mano. El secreto, el gran secreto y la gran responsabilidad es trabajar con los conflictos en los otros campos preeminentemente. Desde esta perspectiva, buenos mecanismos de solución de conflictos y descentralización o “soluciones en el territorio” favorecerán claramente a los más vulnerables. Hasta aquí, algunas ideas que aparecen como fundantes. Pensar entonces una Justicia distinta exige develar intereses y dependencias; marcos conceptuales diferentes a los habituales e interacciones con sustratos culturales. Alta política. Nos debemos modificar los marcos referenciales de conocimiento e intervención. Asumiendo que lo atinente a la Justicia y el Poder Judicial es una temática política, la discusión, en marcos de profundidad, acerca de cómo los jueces dirán el derecho –acompañando políticas públicas; aún en contra de decisiones parlamentarias, o como bastión de derechos y minorías– será un debate esencial. De igual manera, los niveles de legitimidad que sostendrán a ese Poder Judicial que dirá el derecho, en términos de elecciones, o preguntas acerca de quién elige al elegidor (Consejos de la Magistratura). En otras palabras, cómo nos representamos al Poder Judicial, cómo lo concebimos, qué esperamos de él y cómo serán escogidas todas y cada una de las personas que lo integrarán conducirán a definiciones de contenido sustancial. Por tal motivo, serán inviables los cambios de paradigmas culturales, con el actual perfil de jueces, funcionarios y abogados. Tal perfil es el que adquirimos con la matriz educativa que tenemos, habría que cuestionar y modificar fuertemente esa matriz de conocimiento. Las facultades que educan abogados, muchos de los cuales luego integrarán el Poder Judicial, son absolutamente deficientes en la formación profesional, privilegiando la enseñanza técnica formalista por sobre la defensa de derechos, el compromiso social y los comportamientos éticos. Modificar seriamente la matriz de formación universitaria es una tarea para ahora mismo. Y trabajar sobre el conflicto, descubrir su importancia como motor social; profundizar las formas de la Justicia rutinaria y reconvertirla, afincarse en la Justicia de paz o equidad, en las casas de Justicia, en los mecanismos de solución barriales. Descentralizar para “estar cerca”. Este es, además, uno de los grandes ejes del acceso a la Justicia. Ese, tal vez, sea un camino hacia más y mejor Justicia, y seguramente hacia una sociedad menos violenta. Todas las ideas y sugerencias planteadas, instadas con intenso sentido democrático, sumando la mayor cantidad posible de ideas y concepciones a través de todas las voces posibles, sobre todo de quienes más dificultades presentan a la hora de expresarse y hacerse oír. Por último, mientras se mantiene la discusión, quienes tenemos herramientas, por ejemplo para poder escribir este artículo, no debemos olvidar que es tan importante discutir el poder y su ejercicio como ir trabajando simultáneamente con todos aquellos que no pueden participar de las discusiones y decisiones y serán o no sus beneficiarios. Otra vez, los vulnerables. Así, tal vez, cobre este pensamiento sentido. * Miembro de la organización civil Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad; abogado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Neuquén. 07/05/13 Página|12 gb

LA OPO Y SU UTOPIA POR FELIPE YAPUR OPINION

El superyó opositor está de vacaciones Por Felipe Yapur Poco después de asumir el gobierno y desenmascarado el verdadero plan de gobierno neoliberal, el entonces presidente Carlos Menem tuvo la desfachatez de reconocer que si decía lo que iba a hacer no lo iban a votar. Lejos de elogiar al riojano, al menos no tuvo la torpeza de la actual oposición que, como el radical Ernesto Sanz, no puede impedir que se le escape el deseo de destruir lo realizado en estos diez años de kirchnerismo y, sin necesidad de confirmarlo, retornar a esos tiempos del predominio neoliberal. La pista más fuerte, además de las declaraciones, está en la búsqueda frenética por concretar un frente que sume a toda la oposición con un solo objetivo: destruir al Frente para la Victoria. El Superyó opositor está de vacaciones (de alguna manera, por suerte) y la voz del Ello en la oposición tiene varios voceros. Sanz es uno de los más entusiastas y tiene la característica de hacerlo con mayor crudeza. Debutó con su crítica feroz a la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, a pesar de lo que presagió, no se fue por la canaleta de la droga y el juego sino más bien fue él quien tiró por la acequia su honra y ética. El radical mendocino, feroz detractor de toda iniciativa oficial, demostró que puede no tener límites. La cercanía de las elecciones hace estragos en su psiquis y se derriban las barreras. Sin medias tintas afirmó que lo mejor que le podría pasar a la oposición es que la economía se derrumbara para así tener mejores chances en octubre. Si economía fuera sólo un sustantivo, tal vez la oración no haya pasado de ser una frase más de las tantas que lanzan los dirigentes políticos. Pero si se tienen en cuenta las consecuencias reales que ello implica, sólo basta con revisar las crónicas de diciembre de 2001, sirve para conocer lo que en verdad Sanz piensa pero, sobre todo, desea para los hombres y mujeres que integran la sociedad argentina. Si de voceros se trata, Graciela Ocaña pelea por ese rol. Hace unos días reconoció, en una entrevista concedida a este diario, la necesidad de conformar un frente antiK que contenga a todo el arco opositor. La ex frepasista, ex arista, ex kirchnerista y ex denarvaísta, quiere que también se sume Mauricio Macri a pesar de que ella se autodefina como una crítica a la gestión del PRO. Todo un mensaje. Esta "bolsa de gatos" opositora no termina allí. También está Patricia Bullrich quien, tras favorecer la reducción del 13 por ciento de los sueldos en el gobierno de la Alianza, se granjeó una enemistad manifiesta con el camionero Hugo Moyano y hoy –en esto de sumar fuerza destructiva– ya no duda en besarse en público con el ex aliado y beneficiado del modelo kirchnerista. No es nada nuevo lo que pergeña la oposición. En el siglo pasado se llamó Unión Democrática, pero en la historia reciente se denominó Grupo A, una coalición parlamentaria que se formó tras el triunfo de los comicios legislativos de 2009. La primera favoreció el golpe del '55, la segunda fracasó en su intento destituyente, tanto que ni siquiera los propios organizadores hoy reconocen haber formado parte de ese proceso. Hoy buscan organizar algo similar a lo que ocurre en Venezuela con la Mesa de Unidad Democrática (MUD), de hecho, los vínculos son más que fuertes con esa coalición que tiene a Henrique Capriles como el principal referente. En octubre pasado viajó a los comicios una delegación de diputados del PRO y de la derecha peronista. En abril pasado, para las elecciones donde triunfó el chavista Nicolás Maduro, un grupo de asesores del macrismo estuvo haciendo un seguimiento pormenorizado de la estrategia de campaña de Capriles. La tarea de la oposición venezolana no es muy diferente de lo que ocurre en la Argentina. Se nota la coordinación. Grandes corporaciones mediáticas machacando sin cesar en la sociedad, una oposición que pregona la destrucción de la sociedad, corridas cambiarias y, en el campo parlamentario, impedir el tratamiento de las leyes, cualquiera sea su tenor, incluso a los golpes y sillazos que se propinan entre los opositores para después acusar al chavismo de violento. En la Argentina hay diferencias de matices. Búsqueda de una unidad antioficialista, respaldo de las corporaciones mediáticas con corridas cambiarias para generar desconcierto y, en lo parlamentario, deslegitimar las iniciativas kirchneristas. El último ejemplo fue la democratización del Poder Judicial, sobre todo cuando se debatió la reforma del Consejo de la Magistratura. Los gritos desaforados de fraude para hacer caer la votación son parte de esa estrategia. Ni siquiera les interesó la posibilidad de introducirle cambios al texto normativo que se le ofreció a la Unión Cívica Radical, tal como reconoció el kirchnerista Carlos Kunkel. No hay lugar para el consenso en la crispada oposición. Tampoco para las corporaciones como la Asociación Empresaria Argentina, que tiene en su directorio al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, que le remitió una carta a los legisladores para persuadirlos de que no votaran la reforma al Consejo de la Magistratura y la regulación de la cautelares. Sobre este último punto, el presidente de AEA, Jaime Campos, muy seguro de sí mismo afirmó en un párrafo que el plazo de duración que se les fija a las medidas cautelares "tendrá sólo una efectividad relativa, ya que al vencimiento de ese breve plazo, renacerá automáticamente la pretensión del Estado contra el particular por más ilegal que esta (la cautelar) fuera." No es necesario aclarar. Los diputados dejaron listo el terreno para nuevas escenas de crispación que deberán desarrollar los senadores en la sesión prevista para el próximo miércoles. El oficialismo cuenta con los votos necesarios para convertirla en ley. Pero como los legisladores de la oposición son conscientes de que la democratización del Poder Judicial es un proceso que recién comienza, ya anunciaron que recurrirán a los jueces amigos para interponer demandas de inconstitucionalidad. La Corte Suprema, en algún momento, deberá tallar en esta disputa y tendrá que demostrar que realmente quiere democratizar el poder estatal que conduce. 06/05/13 Tiempo Argentino GB