LOS MODERADOS

Los moderados Con dos estilos diferentes, pero con un mismo afán de recorrer la historia reciente de la Argentina con las herramientas de toda una vida, José Pablo Feinmann y Horacio González –los dos intelectuales de la revista Envido, que transitaron en paralelo el alejamiento del marxismo, el acercamiento al tercer peronismo de la JP y el largo desencanto democrático hasta la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia– se sentaron durante largas charlas moderadas por el periodista Héctor Pavón a mirar atrás con “la voluntad de pensarlo todo”. Historia y pasión reúnen esas conversaciones en las que atraviesan –con ideas, recuerdos, experiencias– el último medio siglo argentino para terminar convergiendo en una moderación trágica, melancólica y activa a la vez. Por Gabriel D. Lerman Si se buscaran dos figuras literarias con las cuales pensar sus estilos, sus inflexiones, a uno le tocaría Kafka y al otro Macedonio. Pero no sólo por el aparente dramatismo personal de uno y la capacidad de juego en el lenguaje del otro, sino por una cadena de sentido versátil, heterodoxa, que esas figuras permiten desplegar. Feinmann sería El Proceso de Kafka llevada al cine por Orson Welles. Sería, Feinmann, Anthony Perkins, ante el mecanismo irremediable del sistema. González, por el contrario, es el parroquiano de la mesa de bar que une la tertulia literaria martinfierrista con el existencialismo sartreano de Contorno y luego, de inmediato, el peronismo de principios los setenta. En esto último se tocan, se parecen. Es, quizás, el único acontecimiento que atornilla sus vidas sin complacencias. De hecho, el peronismo de González y Feinmann es un acontecimiento primero vital y luego cultural, en el sentido de convertirse ellos, para nosotros, los que tenemos algunos años menos, en intérpretes de aquel tercer peronismo, el peronismo de la victoria, el peronismo de la JP. Son albañiles de un legado frágil, perdido en la memoria. La Facultad de Filosofía y Letras de Viamonte 430 en los sesenta, las cátedras nacionales durante Onganía, la revista Envido, la irrupción de Montoneros, el crecimiento exponencial de la Juventud Peronista, la campaña del Luche y Vuelve en 1973, Cámpora, la vuelta de Perón y la separación de Montoneros, los abismos de la política y la lucha armada, el golpe, la represión, la ignominia. Y desde allí al kirchnerismo. Todos son jalones, estaciones de tránsito y demora, ritos de pasaje, subidas y bajadas que los encuentran en la ruta, pero que instauran y moldean dos cosmovisiones, parecidas y diferentes, de pensar la política, de meterse, de escribirla, de ser protagonista. Horacio González y José Pablo Feinmann se conocieron en un bar de la calle Independencia o en la casa de Abrales, amigo de Arturo Armada, quien los había convocado a ambos por separado, a propósito de las reuniones del comité de redacción de la revista Envido. Eran los jóvenes intelectuales de la corriente nacional. Marxistas en ruptura hacia el peronismo, pensando lo nacional y lo latinoamericano. Querían una filosofía del Tercer Mundo, creían en un acercamiento con los curas obreros, con los sindicatos peronistas. Tiempos del Cordobazo, de unidades básicas rejuvenecidas, de Perón que ahonda su distancia con los esquemas de poder existentes desde su derrocamiento y da señales de agitación, de regreso combativo y referencias al socialismo nacional y las luchas de liberación. No es menor el impacto de la guerrilla cubana y sus influjos continentales, así como el florecimiento de posiciones latinoamericanas diversas que combinan nacionalismos populares, insurgencias revolucionarias, militares antiimperialistas, sindicatos clasistas y movimientistas que desafían el orden social. GB

ALGO HUELE BIEN

Algo huele bien La sociedad argentina hace décadas que reclama por una justicia mejor. Por Carlos Rozanski En épocas de dictadura, la forma del reclamo ha sido naturalmente difícil porque el costo podía ser, no sólo la pérdida de libertad, sino la de la vida misma. En la última de ellas, el grupo más visible de reclamos estuvo centrado en las Madres de Plaza de Mayo y varias han desaparecido por eso. En igual sentido, Abuelas y luego Hijos, siempre con apoyo inclaudicable del resto de los organismos defensores de los Derechos Humanos, continuaron a lo largo de más de tres décadas pidiendo justicia. Con esa ejemplar inspiración, familiares de víctimas de delitos posteriores a la dictadura, se unieron en Madres del Dolor. Finalmente, cada tragedia individual originada en gatillos fáciles o de diversos orígenes, se tradujo en reacciones inmediatas de familias, barrios o colectivos de víctimas que, desde los espacios más variados, reclamaron una justicia mejor. Una justicia integrada por jueces y fiscales más sensibles, con oídos más predispuestos a escuchar y sobre todo a comprender el dolor y la legitimidad de cada reclamo. El rol de la justicia durante las dictaduras cívico militares y en especial durante la última, sin duda la más violenta, ha sido patético. Hoy se reconoce públicamente que hubo una claudicación, y en muchos casos complicidad directa de parte de miembros de la justicia de nuestro país durante el genocidio, que en pos de un proyecto económico, se cometió a través del terrorismo de Estado. A esta altura de las presentes reflexiones, cabe preguntarse: ¿hay alguna duda de que nuestra justicia debe democratizarse? ¿Alguien puede pensar seriamente que el poder que más armas tenía para frenar el exterminio del terrorismo de Estado, era precisamente el Poder Judicial? Con un Ejecutivo usurpado y un Legislativo disuelto y con la mayoría de sus miembros perseguidos, detenidos, torturados, exiliados o asesinados, ¿quiénes sino los jueces y fiscales tenían la obligación de alzar su voz para al menos intentar frenar la barbarie en lugar de validarla? Sin embargo, con honrosas excepciones, muchos miraron para otro lado, rechazaron hábeas corpus de familiares de víctimas, con la aberración de imponer costas, e incluso se entrevistaron y vieron con sus propios ojos a víctimas torturadas, muchas de ellas luego desaparecidas. El viernes, la presidenta de la Nación anunció diversas medidas para afianzar decididamente el proceso de democratización de nuestro Poder Judicial frente a la reseña inicial de estas líneas, en el que un número importante de jueces, fiscales y defensores de todo el país estamos empeñados. Ese proceso, irreversible, tuvo su origen en el retorno de la democracia en 1983 y luego, después un cuarto de siglo de impunidad, a partir del año 2003. Es irreversible porque es resultado de un espacio social mayoritario, que abarca todos los estratos sociales y que no está dispuesto a retroceder un milímetro en lo logros obtenidos en materia de Derechos Humanos. De entre los proyectos anunciados –todos importantes y auspiciosos–, se destaca que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular. Se trata de una institución esencial de nuestra democracia porque es la que designa, controla y, finalmente, en su caso destituye a los jueces nacionales y federales. Si se tiene en cuenta que esos jueces son los que tienen la responsabilidad cotidiana de decidir sobre el patrimonio y la libertad de los ciudadanos, cabe preguntarse a qué sector social o político puede molestarle o preocupar semejante cambio. Es obvio que la participación directa de la ciudadanía, en la elección de quienes ejercen tan importante función de control, es una necesidad democrática fundamental y por sí misma legitimadora del actual proceso que vivimos. Algo huele a perfume en los anuncios y en la alegría de la mayoría del pueblo argentino. Quien no lo perciba, tiene la nariz tapada. Infonews

TRECE AÑOS DE CARCEL NO BASTAN POR ATILIO BORON

Trece años de cárcel no bastan Por Atilio A. Boron Producto de su enfermizo odio hacia todo lo que signifique la Revolución Cubana, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido las condiciones de libertad supervisada bajo las cuales se encuentra René González Sehwerert, uno de los cinco agentes de Inteligencia cubanos que se infiltró en las organizaciones terroristas con base en Miami con el propósito de desbaratar sus criminales designios, ahorrando de este modo centenares o quizá miles de vidas de cubanos tanto como de extranjeros. René nació en Chicago, es hijo de padres cubanos, emigrados durante los años de Batista a Estados Unidos, que regresaron al país una vez caída la tiranía del lacayo de Washington. En el juicio a “Los 5”, que es la mayor prueba de la descomposición moral y jurídica de la Justicia estadounidense, los luchadores antiterroristas fueron condenados a penas exorbitantes. En el caso de René, el primero en ser puesto en libertad, fueron más de trece años de prisión, donde cumplió su condena hasta el último día. La acusación que pesó sobre “Los 5”: “conspiración para cometer espionaje”, pero no de instalaciones o de agencias gubernamentales de los Estados Unidos (fuerzas armadas, agencias de Inteligencia, etcétera) sino de los grupos privados que amparados por los tres poderes de la ejemplar “democracia” del Norte se dedican a tramar sangrientos atentados, desestabilizar gobiernos y asesinar a militantes sociales. Eso hacían ayer y siguen haciendo hoy. Precisamente por combatir contra ese flagelo tuvo que purgar largos años de prisión, mientras que sus cuatro compañeros aún continúan en la cárcel. No obstante, una vez que hubo cumplido su injusta condena, Joan Lenard, la jueza que entiende la causa, lo obligó, por ser nativo de los Estados Unidos, a permanecer en ese país durante tres años más, prohibiéndosele además, en el colmo del ridículo, “acercarse a o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas”. Esos grupos no deben ser molestados por alguien que vaya a fisgonear o a enterarse de sus planes, lo que demuestra la falacia de la “lucha contra el terrorismo” que a voz en cuello proclama Washington. Por si esto fuera poco, a su esposa Olga Salanueva le han negado la visa para visitarlo sistemáticamente. Lo que motiva esta nota es el hecho de que desde septiembre del año pasado el Departamento de Estado impidió que funcionarios de la Sección de Intereses de Cuba en Washington realicen visitas consulares al prisionero, violando las obligaciones emanadas de la Convención de Viena (1963) sobre Relaciones Consulares, que establece el derecho de un detenido a comunicarse con los funcionarios de su embajada y de éstos a hacer lo mismo y a visitarlo. Para los verdugos imperiales trece largos años de injusta prisión –que en el sistema penitenciario de EE.UU. equivalen a los 15 años de su condena– no son suficientes. Agregaron tres más y, encima, coartan la posibilidad de ejercer el derecho a comunicarse no sólo con sus seres queridos sino también con los representantes de Cuba en Estados Unidos, poniendo además su vida en peligro. Así trata el imperio a quienes luchan contra el terrorismo. Y a todo esto, ¿qué dice el Premio Nobel de la Paz que tiene su despacho en la Oficina Oval de la Casa Blanca? * Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 04/03/13 Página|12 GB

ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA

LOS JUECES FRENTE A LOS ANUNCIOS DE LA PRESIDENTA SOBRE EL PODER JUDICIAL Ante un cambio de paradigma Las reformas propuestas ya se debaten en los tribunales. Muchos ven con buenos ojos la creación de nuevas cámaras de Casación y acuerdan con la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Otros sospechan de las intenciones del Gobierno. Por Irina Hauser Están los jueces que festejaron los anuncios de reforma judicial de Cristina Kirchner casi como una victoria propia. Se sienten frente a un cambio de paradigma, ven con muy buenos ojos la creación de nuevas Cámaras de Casación y creen que la Presidenta dio en la tecla al impulsar la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, aunque duden en algunos casos sobre la “incompatibilidad” de que los magistrados se postulen para ser consejeros a través de partidos políticos. El debate está abierto, es espinoso, es novedoso, y encuentra también a los que ven un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial. Página/12 recogió algunas de las impresiones que estos días inundan los tribunales. Alejandro Slokar, camarista de Casación Penal y activo participante de “Justicia legítima”, es de los que celebran, como “un modelo innovador” y “democratizador”, el proyecto que habilitaría la participación popular en el Consejo. “La democracia participativa es un concepto superador. ¿Por qué sólo los abogados pueden elegir al consejero abogado? ¿Por qué solo los rectores pueden nominar a un académico? ¿Y los jueces a los jueces? No es que la ciudadanía va a elegir directamente a los jueces, sino a los que van a seleccionar a esos jueces”, explica. Aunque no está claro cómo se implementaría esa votación, hay una suposición general de que deberían presentarse en elecciones junto con algún partido político o en una lista que, de un modo u otro necesitará financiamiento y campaña. –¿No le hace ni un poquito de ruido? –No, para nada. A los que les molesta que el común de la gente elija miembros del Consejo de la Magistratura, entre ellos jueces que hagan campaña, es porque tienen una tara corporativa. “Hay que pensarlo bien. No me imagino a los jueces haciendo campaña para ganar un lugar en el Consejo. ¿Cómo sería el financiamiento sin que implicara compromisos futuros, o sea, manteniendo la independencia?”, duda la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. “Lo que no estaría mal –señala– es que se incorporen consejeros que no sean abogados.” Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, es determinante: “El juez debería estar abstraído de la política, no estoy de acuerdo. Los demás estamentos, abogados, académicos, sí pueden hacer campaña y que los vote el pueblo”. “Para que a los consejeros los elija el pueblo no es imprescindible que tengan una identidad política. Los jueces hacen campaña en la Asociación de Magistrados, cuando se eligen autoridades, y hasta se pasean por los canales de televisión. No veo mal que la gente sepa qué posición tiene un juez. Lo que me hace dudar es que el Reglamento para la Justicia les prohíbe la afiliación política”, analizó la camarista del fuero de Seguridad Social Victoria Pérez Tognola, también a favor de que haya consejeros de otras disciplinas. “Imagino que puede generar un cambio importante que el ciudadano se sienta partícipe y responsable de la Justicia”, resumió. “Creo que hoy ya es democrática la elección de los consejeros y están representados los partidos mayoritarios”, contrapone el juez de tribunal oral Miguel Angel Caminos, ex presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, alineado con la lista oficialista de la entidad. Luis Cabral, el actual titular de la asociación, dijo ayer que la elección popular de consejeros “no es compatible con la Constitución”. “La Constitución –-señaló– habla de que (los consejeros jueces) son representantes de los jueces y a los representantes de alguien los elige ese alguien.” El anuncio de la Presidenta de su intención de crear cámaras de Casación en varios fueros también es motivo de debate. “Puede ayudar a descongestionar a la Corte Suprema, que su función quede reservada a revisar el respeto de las garantías constitucionales y mejorar su calidad”, sostuvo Borinsky. Aunque la Presidenta no lo dijo, todo el mundo presume que crear varias casaciones pretende modificar el “control de constitucionalidad difuso” que existe en la actualidad, donde cualquier juez puede fallar sobre la constitucionalidad de una ley. La idea que subyace es que si se descarga de trabajo a los jueces supremos, se podrán dedicar al control de constitucionalidad y no hará falta crear un tribunal constitucional (lo que requiere una reforma de la Carta Magna). Dos jueces que prefirieron hablar desde el anonimato creen que en realidad el objetivo de crear varias casaciones es recortar poder a la Corte Suprema. “No lo veo así, al contrario, favorece a la Corte: le alivia trabajo y se puede dedicar a su función rectora, se garantiza la revisión constitucional y la satisfacción de los derechos de las partes. Para eso hacen falta estos organismos intermedios”, sostiene Slokar. “Este modelo intermedio surge de Augusto Morello, una especie de Zaffaroni del procesalismo, que decía, textual, que ‘nadie puede negar la conveniencia de organizar un filtraje razonable y previsible’”, instruye el camarista. “No se trata de unificar la jurisprudencia sino de evitar la injusticia”, sostiene Slokar, tras explicar que hay cientos de expedientes que la Corte rechaza sin siquiera mirar. “Poner una instancia equivale a extender y demorar los procesos judiciales”, opina Caminos. “La doble instancia está asegurada en todos los fueros. La propia Corte fue ampliando la revisión de recursos extraordinarios, con la doctrina que acepta analizar la arbitrariedad de los casos. Pero ya lo está revirtiendo”, dice. En cambio reclama que se cree una Casación (que en rigor está creada y sus cargos concursados, pero el proceso de selección paralizado) para el fuero Penal ordinario. “Hoy una sentencia en la única Casación Penal que hay puede tardar tres o cuatro años”, advierte. A la inversa, Pérez Tognola cree que “las casaciones agilizarían los expedientes, soluciona, podrían resolver con más premura planteos que podrían estar años en la Corte”. Garrigós de Rébori acota que, con un buen sistema que permita controlar la gestión de tribunales y juzgados, la tercera instancia debería servir para acelerar. Los jueces que prefieren no identificarse dicen también que lo único que le interesa al Gobierno es crear tribunales con jueces afines, en fueros donde –además– se tramitan juicios contra el Estado, como el Contencioso y el Civil y Comercial. Garrigós de Rébori responde: “Se me hace difícil presuponer que un jefe de Estado que plantea semejantes reformas judiciales quiera actuar de mala fe. ¿Cuál sería la ganancia? Es corto de vista. Prefiero pensar que tiene una proyección de mejora”. Dos miradas coincidentes El fiscal Jorge Auat opinó ayer que las iniciativas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ayudarán a legitimar un Poder que está desprestigiado”, mientras que su colega Félix Crous dijo que “permitirán dar un salto democratizador y descolonizador de la Justicia”. Auat, quien está a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, apuntó que “la única forma de romper con el espíritu corporativo es incorporando a sectores de la sociedad que no pertenecen a la corporación”. “La patología del sistema judicial está vinculado directamente al espíritu corporativo”, afirmó Auat. Crous, quien conduce la flamante Procuraduría adjunta especializada en Narcotráfico, calificó de “muy acertada” la propuesta de ampliar la composición del Consejo de la Magistratura hacia otras disciplinas además de abogados y académicos, y también la de elección por voto popular de sus miembros. “Revela una mirada sofisticada y estratégica superior sobre el asunto”, afirmó el fiscal. 03/03/12 Página|12

MISERIAS DE LA CRIMINOLOGIA MEDIATICA, MACRI EN 1999 ATROPELLO HUYO Y NO LO PESCARON

Miserias de la criminología mediática Por Ricardo Ragendorfer La espectacularidad se mantuvo por la filiación del automovilista: Pablo García, hijo de Eduardo Aliverti. Esas imágenes tomadas a casi 100 metros de distancia poseían una confusa vocación narrativa. De hecho, no era imposible confundirlas con las de la serie norteamericana CSI: Crime Scene Investigation: peritos con chalecos de la Policía Científica revoloteando en torno a un auto celeste, bajo la mirada de funcionarios judiciales y testigos. ¿Buscaban pistas de algún asesino serial? No era así. En realidad, se trataba de la pesquisa sobre un accidente de tránsito. El trabajo de los especialistas –que transcurrió durante la tarde del 26 de febrero en una calle de tierra aledaña a la Comisaría 5ª de Pilar– fue televisado en vivo por todas las señales de noticias, en medio de una notable expectativa. Desde las pantallas no se hablaba de otra cosa. Lo cierto es que el asunto había tenido un promisorio despertar ante la opinión pública y un no menos significativo desarrollo. La primera información acerca de la muerte del vigilador Reinaldo Rodas, cuya bicicleta fue embestida desde atrás por un Peugeot 504 en la madrugada del 17 de febrero, se refería a un conductor anónimo que atravesó 18 kilómetros de la autopista Panamericana, hasta el peaje de Tortuguitas, con el cadáver sobre el capó del vehículo. Y –al parecer– sin darse cuenta de ello. Sólo el carácter tétrico de semejante circunstancia justificaba su despliegue en la prensa. Con el paso de las horas, tal versión cayó en la nada. Pero la espectacularidad del caso se mantuvo al trascender la filiación del automovilista: Pablo García, hijo del periodista Eduardo Aliverti. En ese instante, el accidente en sí fue relegado a un segundo plano para dar paso a la construcción de un ogro público. Un ogro con más de un gramo de alcohol en la sangre, cuya responsabilidad en lo ocurrido también sería extensiva a su progenitor. La criminología mediática no perdona. Ahora, en la tarde de aquel martes, mientras los peritos trabajaban sobre el auto celeste, los movileros competían con efímeras primicias: "García tenía vencido el registro", reveló el de TN. "El Peugeot estaba a nombre del propio Aliverti", acotaría el de C5N. Estas palabras bastaron para que el animador del segmento, Eduardo Feinmann hostigara a Aliverti sin piedad. Otros comunicadores lo imitarían con creces. En paralelo, una guardia fotográfica del diario Perfil acechaba en la puerta de su domicilio La criminología mediática había pasado a la acción. Y, como suele ocurrir en estos casos, muchas personalidades públicas no se privaron de expresar su opinión al respecto. Entre ellos, Mauricio Macri, quien aprovechó la ocasión para ponderar uno de los logros de su gestión: las bicisendas. "Nuestra idea fue que la gente se anime a ir en bicicleta sin miedo a sufrir un accidente fatal", dijo, con un tono increíblemente grave. Tal vez en ese instante su mente haya retrocedido hasta la madrugada del 5 de marzo de 1999. En esa oportunidad, Macri –quien aún era presidente de Boca– regresaba de una fiesta organizada por un grupo de socios del club en la ciudad de Chacabuco, a 200 kilómetros de la Capital. Iba a bordo de un Peugeot 406 de su propiedad, junto al chofer Carlos Alberdi y los jugadores Martín Palermo y Diego Cagna. Los seguía el vehículo de la custodia. Minutos antes de las dos de la mañana, Paula González, de 14 años, y Marta Grunewald, de 16, volvían a sus casas luego de salir de un local de comidas rápidas situado en la localidad de Moreno. En tales circunstancias, cruzaron en una bicicleta la Autopista del Oeste. Macri, de pronto, pegó un grito. En ese preciso instante, la bicicleta cayó sobre el capot. Las astillas del parabrisas llovían sobre los ocupantes del auto. Y las dos adolescentes volaban hacia los costados. Un testigo –el dueño de una pizzería cercana– aseguraría que Macri bajó del vehículo por la puerta del conductor. Lo cierto es que, tras impartir breves instrucciones al chofer, partió junto a sus acompañantes en el rodado de los custodios. Alberdi, con una expresión demudada, quedó con las chicas que yacían sobre el pavimento. Después se acercó el pizzero. Y Macri, ya en la Capital, se haría un chequeo médico en el Hospital Italiano. En tanto, Marta y Paula fueron llevadas a un hospital de Moreno. La primera sólo tenía una fractura de pelvis; la otra agonizaba. El chofer se hizo cargo del accidente. El caso sería instruido por la fiscal de Mercedes, Miriam Rodríguez. Por consejo de su padre, Mauricio visitó a las dos chicas internadas. Además se ofreció a costear los gastos médicos. Ello causaría una excelente impresión en la progenitora de Marta, quien no dudó en decir: "El señor es una buena persona, y le agradezco que haya venido para hablar conmigo. Mi hija me pide perdón a cada rato por haber andado en bicicleta en esa zona; ella sabía que no se podía." A los dos días, Macri fue anoticiado sobre la muerte de Paula. Visiblemente afectado, voló a París para participar en una reunión de jóvenes sobresalientes. A casi 14 años del trágico hecho, la doctora Rodríguez admitió que la causa fue archivada. "No hubo acusación", argumentaría. –¿Es cierto –como dijo el testigo– que Macri era el que manejaba? –quiso saber Tiempo Argentino. La respuesta fue: –El testigo luego se desdijo. Y la cuestión quedó en la nada. Ya se sabe que, en algunos casos muy puntuales, la criminología mediática se declara incompetente. Infonews

NO CUALQUIERA ACCEDE A TRIBUNALES.

EL JUEZ ANDRES GALLARDO HABLA SOBRE LA NECESIDAD DE DEMOCRATIZAR EL SISTEMA JUDICIAL “No cualquiera accede a los Tribunales” “Hay cambios que se pueden dar en forma rápida y otros que requieren de mayor cantidad de tiempo.” Imagen: Leandro Teysseire Mientras se aleja de la Defensoría porteña para volver a su juzgado, el juez Andrés Gallardo señala que hay una “confrontación entre modelos de Justicia en nuestro país” y advierte sobre las barreras sociales que alejan a los sectores populares del Poder Judicial. Por Werner Pertot El juez Andrés Gallardo está empezando a empacar para volver a su juzgado el 3 de abril. Dejará así su lugar en la Defensoría General porteña, del que se había tomado licencia como magistrado. En su carta de renuncia, dejó en claro que regresa para impulsar las reformas que reclama un sector del Poder Judicial y para las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió siete proyectos de ley al Congreso. Gallardo recibe a Página/12 en el despacho que está dejando de la Defensoría, que se encuentra en una casona antigua sobre la calle México. Expone por qué considera que es un momento de “confrontación entre los modelos de justicia en nuestro país”. –¿Cuáles son esos modelos? –Hay una Justicia que, en la confrontación social del pueblo argentino entre grupos minoritarios y grupos populares, siempre actuó convalidando a las minorías. Por ejemplo, en 1930, la Corte convalidó a Uriburu cuando derrocó a Yrigoyen; también el sistema judicial convalidó Revolución Libertadora, todas las persecuciones y estados de sitio; luego el Camarón en 1972; de 1976 en adelante todas las convalidaciones del terrorismo de Estado y del genocidio económico. –¿Y quiénes representan al otro modelo? –El otro modelo tuvo varios intentos de emerger hasta el presente y siempre fue sofocado. Podemos encontrar hitos en los gestores de la Constitución de 1949 con Arturo Sampay a la cabeza. Sampay es un olvidado, que no tiene ni el nombre de un ascensor en la Facultad de Derecho de la UBA. También podemos ver las experiencias del Instituto de Historiografía del Derecho con Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde en 1973, la Gremial de Abogados y en ese mismo año la intervención de la facultad. Porque el déficit empieza con la producción de abogados, con los programas académicos, con quién soporta a los institutos de investigación. –¿Hoy existen otros casos de debate sobre la Justicia? –En América latina están los casos de Venezuela y Bolivia y hoy emergen en nuestro país. Es un conflicto que se discute en la sociedad y que nos habilita a hablar a los que venimos denunciando esto y poniendo en crisis los mitos de la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad de los jueces. –¿Qué cosas observa que deberían cambiar en el Poder Judicial? –Hay cambios que se pueden dar en forma rápida y otros que requieren de mayor cantidad de tiempo. Una medida rápida para democratizar la Justicia podría ser modificar el régimen de control de constitucionalidad. Una idea para incluir la participación popular es la creación de un Consejo Constitucional, que controle la constitucionalidad y le cambie el efecto, porque hasta ahora rige el control difuso que solo rige para un caso. Esto obliga a las personas a hacer planteos aunque sean homólogos. Desde hace varios años trabajo en este tema sobre cómo se integraría ese tribunal, con jueces, académicos y representantes del Congreso nacional. También podría resolver cuestiones de paridad y de falta de definición en los tribunales colegiados con el uso de la consulta popular. –La Legislatura porteña votó la semana pasada la designación de catorce nuevos jueces para el fuero Contencioso Administrativo. ¿Qué perfil tienen? –Bueno, si bien hay una pluralidad, en esta tanda prevalece un perfil conservador. Esto lo digo por los antecedentes que conozco. Siempre les podemos dar la posibilidad de que modifiquen sus posturas. Pero mayoritariamente se trata de un desembarco de sectores conservadores. Por otra parte, ya ha pasado que gente que venía con un perfil progresista y, al momento de la sentencia, no son tan progresistas. –Del debate que se viene sobre la Justicia, ¿qué características específicas tiene el sistema judicial porteño? –En la Ciudad, lo que se fue perfilando es que los emergentes de una Justicia comprometida con los derechos humanos y los sectores desfavorecidos, como dice la Constitución porteña, se ubicaron en la primera instancia. En las cámaras apareció ya un primer filtro mientras que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se constituyó como el sector conservador. La única excepción es Alicia Ruiz. El resto marcó pautas sobre derechos sociales y sobre el derecho a la vivienda que son contrarias a nuestro trabajo. –¿Cuál es esa diferencia de pautas? –Consideramos que el derecho a la vivienda es operativo y el Estado debe garantizar la tenencia de una vivienda. El TSJ dijo en el fallo Alba Quintana que el “abrigo” es una garantía suficiente. ¿Qué quiere decir? Si la persona no tiene vivienda, pero la ubican en un parador o le dan un subsidio, eso satisface ya la política pública. Luego la Corte revisa esta cuestión y dice que el derecho a la vivienda no es lo que planteaba el TSJ. –¿Esta confrontación se plasmó en el “conflicto de poderes” que planteó el TSJ contra usted y otros dos jueces? –Eso ocurrió junto con el fallo sobre vivienda, como una maniobra de pinzas. Pero el conflicto se vive hoy. Hay sectores de la fiscalía que manejan los desalojos con un criterio –para mi gusto– preconstitucional. Ha habido muchos casos de expulsiones violentas. Esto muestra la existencia de dos bloques dentro de la Justicia. Estos sectores conservadores tienen el beneplácito del TSJ y del Gobierno de la Ciudad. –Uno de ellos ocurrió el año pasado en La Boca... –Fue un disparate cómo sacaron a los chicos con palos, con la Policía Metropolitana, cuando era un caso de un conflicto interno en un hotel. A la jueza no le importó y la gente quedó en la calle. Cuando denunciamos a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura porteño no se llegó con los votos ni a un sumario. Se hizo una recomendación para que los jueces respeten los tratados de derechos humanos. Y cuando votó eso, donde dicen “por favor, respeten los tratados de derechos humanos”, las Asociaciones de Magistrados –encabezadas por el camarista Fernando Lima– se alzaron contra el Consejo y denunciaron una intromisión. Esto para que se vea hasta qué punto están apañadas estas prácticas. –¿Aquí se ve cómo la Justicia actúa cuando los demandantes son pobres? –La primera barrera para las personas pobres es la información: muchas veces no conocen sus derechos. Creen que todo es un favor que se les está haciendo. “Gracias, doctor, por haber venido a hacer una inspección para ver que se nos cae la mampostería.” No. No hay nada que agradecer al juez: es un funcionario que tiene la obligación de hacerlo. La segunda barrera es el acceso. Por más que las puertas de los tribunales están abiertas, no cualquiera accede. Para una persona en Villa Soldati, no es sencillo. Necesita acceder a algún sistema, como la Defensoría General. Hay mucho más dinero para los fiscales y los sistemas represivos que para defensores públicos. La última barrera es el juez. Si el magistrado no opera con discriminación inversa hacia los más débiles, reproduce las desigualdades. Por decir esto, nos acusan de garantistas o de querer gobernar la Ciudad. No se trata de eso: creemos que hay que hacer viva la letra de la Constitución porteña. –Algunas de esas críticas provinieron del jefe de Gobierno. ¿Cómo se comporta Macri ante los fallos judiciales adversos? –Tiene un claro doble discurso. Para la problemática nacional, Macri sostiene que son buenas las medidas cautelares, que garantizan el derecho a la propiedad privada y la libre expresión. En la ciudad donde él gobierna, las cautelares hay que eliminarlas de los códigos o recusar a los jueces. El macrismo presentó proyectos en este sentido. Con las recusaciones por la ley de medios también fue muy cómico. Se escandalizó por tres o cuatro recusaciones, pero Macri tiene un record en mi caso: centenares de recusaciones a un mismo juez en una misma semana. Una cosa nunca vista. 04/03/13 Página|12 GB

LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL.

UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA La democratización del Poder Judicial Cambiar la cultura judicial Por Angel Bruno * El movimiento por una Justicia Legítima, surgido del documento de fines del año pasado que cuestionó las opiniones y la representatividad de las tradicionales agrupaciones de jueces, acaba de consolidarse con las jornadas realizadas el 26 y el 27 de febrero últimos en la Biblioteca Nacional. Y con los proyectos anunciados por la Presidenta de la Nación. Era un paso esperado, pues el tema de la Justicia hace mucho que se viene debatiendo, aunque sin la exposición pública del último tiempo. Y se ha dado un paso en la buena dirección. Por lo pronto es importante destacar que del movimiento participan no sólo jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, sino también abogados y otros sectores de la sociedad. Esto es central, porque la discusión que se está dando no es de orden técnico o sectorial, sino eminentemente política. Se trata de modificar la concepción de la Justicia, haciéndola más democrática y enfocada al bien común. Este objetivo es imperioso ante la cerrazón de la llamada “corporación judicial”, que piensa la Justicia como un reducto propio, casi aristocrático, identificando la independencia judicial con la falta de control de su actuación y de opiniones sobre sus resoluciones. Donde hay pactos de amigos y amiguismo con el poder económico. Y donde se esgrimen argumentos vacíos de contenido para mantener prebendas injustificadas como el no pago del Impuesto a las Ganancias. La Justicia no puede seguir siendo entendida como algo ajeno y distante de la sociedad, a la que debe servir. Está, por definición, para dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo de cada uno no puede ser objeto de un frío análisis legal, que no tenga en cuenta la desigualdad de las partes a la hora de juzgar ni los contextos ni la definición de Aristóteles sobre la equidad, a la que considera una “dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. Por eso se hace indispensable discutir cambios en los mecanismos tradicionales de administrar justicia, así como también en los criterios para definir el perfil del juez. Habrá que discutir también los mecanismos de acceso a la Justicia para todos, especialmente para los sectores más vulnerables. El primer paso será la divulgación masiva de los derechos más comunes y cotidianos, y el segundo la descentralización física de los juzgados, para que la distancia no sea un impedimento para los reclamos. En esa línea, será muy útil la creación de la Justicia vecinal, manda constitucional aún incumplida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y fortalecer los mecanismos participativos de solución de conflictos, como la mediación. Por otra parte, el principio constitucional de igualdad ante la ley implica, ciertamente, facilitar la igualdad en los procedimientos, y en ese sentido será necesario garantizar de manera ágil el acceso sin pago alguno a las actuaciones judiciales de los sectores de escasos recursos económicos, y establecer para ellos asesorías jurídicas gratuitas en los lugares que les son cercanos. El proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura anunciado por la Presidenta al inicio del año legislativo es positivo porque apunta a la democratización. Que la sociedad en su conjunto se involucre en la elección de quienes tendrán que elegir y destituir a los jueces es coherente con la idea de que el Poder Judicial no es cosa de pocos sino de todos. También apuntan a la democratización los anuncios tendientes a transparentar la actividad judicial. Comenzando por la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de quienes la ejercen, algo que hoy no está vigente, contraviniendo lo mandado por la Convención Interamericana contra la corrupción, firmada y ratificada por nuestro país. La Justicia Legítima no se logrará de un día para otro. Será menester cambiar una verdadera cultura judicial. Y como todo cambio cultural, será luchado y difícil. Habrá que discutir mucho las muchas iniciativas presentadas y ser creativos en la búsqueda de soluciones. Pero los debates y esfuerzos organizativos han comenzado. La gran esperanza está en marcha. * Abogado, ex vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital; vicepresidente del Frente Grande de la Capital Federal. Defensa pública inclusiva y eficiente Por María Florencia Hegglin * Dotar de un significado auténtico a la novedosa y bienvenida proclama de una democratización del sistema de justicia nos obliga, como operadores del sistema, a intentar definir lo más ajustadamente posible de qué hablamos cuando hablamos de una Justicia democrática. Es muy posible que no todos estemos queriendo decir lo mismo, o pensando el asunto desde un mismo lugar, principalmente porque la denominada administración de justicia no está conformada sólo por jueces, sino también por fiscales y defensores públicos que formamos parte de ese mismo engranaje. Más allá de ello, creo que algunos ejes centrales han llegado para instalarse, o al menos para dar pelea, con un inusitado vigor, en este abierto debate. Los binomios democracia-inclusión y democracia-igualdad, que consagran el valor de la administración de los asuntos públicos para el bien común y, como tal, para todos, son ejes temáticos que emergieron con enorme fuerza, para interpelarnos. ¿Es la administración de justicia lo suficientemente inclusiva en la aplicación de la ley? ¿Qué niveles de inclusión social garantizan las agencias judiciales? ¿De qué modo se garantiza una política inclusiva e igualitaria en la defensa pública? Respecto de este último interrogante, hay cursos de acción que mostrar y cuestiones para señalar desde la perspectiva del Ministerio Público de la Defensa. La defensa pública propone, desde hace tiempo ya, un programa de acceso a los cargos públicos de planta a través de un llamado a concurso y convocatoria abierta a cualquier interesado. Este modo de ingreso fomenta la inserción en nuestros cuadros técnicos de una pluralidad de voces e intereses que, en la medida en que se consolide como política sustentable en el tiempo, consagrará la aparición de perspectivas y enfoques más ricos, más autocríticos, todos los cuales, en definitiva, redundarán en un servicio público más eficiente y más cercano a la realidad de a pie. De ese modo no se ahogan voces diferentes, con realidades diferentes y –esto es lo importante– que seguramente propondrán soluciones diferentes para los cotidianos conflictos de justicia. Además, la inclusión debe pasar por garantizar un empoderamiento legal real de las personas vulnerables en nuestra sociedad. Eso lleva a reparar en cuestiones estructurales y otras que no lo son tanto. Dentro de las primeras, entiendo que el sistema que mejor garantiza una defensa legal más eficiente para esas personas es el sistema establecido por la Constitución nacional para la defensa pública nacional, en el que las personas sin recursos cuentan con la asistencia técnica de una estructura autónoma y con independencia funcional del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. No sucede lo mismo en otras organizaciones provinciales, donde la Defensa Pública y el Ministerio Público acusador confluyen bajo una misma cabeza administradora que debe decidir la asignación de un único presupuesto entre dos fines, antitéticos y con distintas necesidades: persecución y sanción del delito, por un lado, y garantizar una defensa técnica legal eficiente y comprometida con los derechos humanos de un sujeto social vulnerable, por el otro. Frente a una demanda punitivista siempre en ascenso, fomentada por medios de comunicación siempre dispuestos, no hace falta ser pitonisa para conocer qué costado de la estructura bifronte sufrirá el recorte, ante las constantes emergencias que plantea la administración de organismos en los que predomina el principio de escasez estructural. Una defensa pública independiente y funcionalmente autónoma del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial es indispensable para garantizar un empoderamiento legal real y eficiente de los más débiles. Otra acción de corte más práctico, pero igualmente saludable para fomentar la inclusión de los derechos de todos y todas en el ámbito de la defensa pública judicial es seguir fomentando, a través de capacitación y de concursos para magistrados y funcionarios, la excelencia en los servicios jurídicos gratuitos que para ellos prestamos, de modo que, cuanto menos, en los servicios legales que se les entrega puedan registrar el esmero que el Estado ha puesto para asegurarles una igualdad de armas jurídicas en relación con otros coimputados o querellantes pudientes. Excelencia, rigor profesional, compromiso con la tarea diaria y “horas silla” para ellos significa incluirlos. En esa misma línea, se debe mantener, consolidar y ampliar la asistencia jurídica gratuita que la defensa pública nacional presta también a personas que no se encuentran en conflicto con la ley penal, pero que reclaman, en su condición de vulnerables, un acceso a la Justicia para el reconocimiento de sus derechos. * Defensora oficial del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. 04/03/13 Página|12 GB