EL PLAN CONDOR

EMPIEZA EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN COORDINACION POR LAS DICTADURAS SUDAMERICANAS El plan de la represión sin fronteras El proceso que comienza mañana abarca a 106 víctimas del Plan Cóndor, con mayoría de uruguayos, pero también argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y un peruano. Hay 25 represores acusados, entre ellos Videla, Bignone, Riveros y Menéndez. Por Alejandra Dandan Mañana empieza el juicio oral por el Plan Cóndor, la primera causa que se abrió a fines de los ’90 cuando aún estaban en vigencia las leyes de obediencia debida y punto final y que logró perforar el cerco de impunidad a los crímenes de la dictadura. Será un escenario de justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras del Cono Sur que todavía esperan la apertura de procesos similares en sus propios países. El juicio recoge tres tramos de la causa elevada entre 2008 y 2012 por 106 víctimas del Cóndor, entre las que hay una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos y chilenos, todos caídos en Argentina. También hay argentinos, entre ellos tres caídos en Brasil. Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales de la coordinación represiva: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. También va a ser juzgado el uruguayo Manuel Cordero, represor que actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti. Al juicio se acopló el tramo de Orletti II, por otras 65 víctimas. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, se prevé el paso de unos 450 testigos y una duración estimada en dos años. “La causa se abrió con una denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú”, recuerda el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la instrucción. “Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero primero tiene que hacer lo primero.” Al comienzo, la causa tuvo 12 casos, entre ellos la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires, arrojada en Orletti y a la que le habían robado a su hijo Simón Riquelo, que para entonces seguía sin aparecer. Había víctimas de otros países, pero el expediente no asumió la perspectiva del Plan Cóndor hasta 2003, cuando dio un “salto cualitativo”, dice Osorio, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas. Algunas víctimas de la causa original pasaron a expedientes específicos y luego se acumularon nuevos hechos. En 2008 se elevó el primer tramo con 18 imputados y en 2012, otros dos. Además de los 106 casos que ahora llegan a juicio oral, la instrucción acumula denuncias e investigaciones por otras 240 víctimas. Los acusados Uno de los graves problemas que tuvo la causa fue la demora. Entre los tres tramos del expediente sobre el Plan Cóndor sumaban originalmente 32 acusados, la mayoría elevados en 2008. Entre ese momento y este comienzo varios murieron y otros están separados del juicio por razones de salud. Es el caso de Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi, en el primer grupo, y Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Alais, en el segundo. Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky son los fiscales que llevarán la acusación del juicio. Ellos indican que en las últimas dos semanas, además, la mayoría de los imputados está pidiendo de todo, entre otras cosas la suspensión del juicio por motivos de salud, por lo cual se vienen ordenando pericias y chequeos médicos. Los represores que hasta ahora están en juicio son 25. De ellos, 23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, las figuras legales con las que logró abrirse la causa. No están acusados por tormentos ni por homicidios, aunque en varios casos está probado el “traslado” o asesinato de las víctimas, como el de Carlos Santucho, el contador hermano del jefe del PRT, a quien asesinaron en un tanque de agua en Orletti. La acusación es distinta para Manuel Cordero y Miguel Angel Furci. Los dos estuvieron en Orletti y son los únicos autores directos. Cordero es uruguayo y fue extraditado desde Brasil. La Justicia argentina lo requirió en dos causas: Cóndor y Orletti, pero Brasil lo extraditó sólo por la primera, por lo tanto –aunque es uno de los represores más nombrados de Orletti–, entra a juicio solo por Cóndor. Está acusado por privación ilegal de la libertad y no por asociación ilícita, como el resto, porque Brasil dio ese cargo por prescripto. Furci está procesado por privación ilegal de la libertad y tormentos por 67 víctimas de Orletti. Las víctimas Un dato del juicio estará dado por la configuración de las víctimas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivientes, todos los casos tienen que ver con actuación de fuerzas argentinas aquí o en el extranjero. Todos los extranjeros cayeron en Argentina. Y los hechos son posteriores al golpe del 24 de marzo del ’76, por un criterio original, aunque ahora la instrucción investiga casos de 1974. El grupo de víctimas más importante es de Uruguay (48), luego siguen Paraguay, Chile, Bolivia y un caso de Perú. Hay tres argentinos que cayeron en Brasil durante la Contraofensiva del ‘78: Norberto Armando Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia. Entre los chilenos están Edgardo Enriquez Espinosa, del comité central del MIR, secuestrado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976. Cristina Carreño Araya, de una familia del PC chilena, perseguida por la dictadura de Augusto Pinochet. Cristina salió de Chile a Hungría, viajó a Argentina en 1978 y fue secuestrada el 26 de julio de ese año. Otro caso es el del estudiante suizo-chileno Alexis Jaccar Siegler, al que secuestraron el 16 de mayo de 1977, cuando hacía escala en Buenos Aires para seguir viaje hacia Chile. Volverá a aflorar el secuestro de María Claudia Irureta Goyena, pero esta vez en la perspectiva del Plan Cóndor y por su propio “caso”: Claudia era la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires, trasladada y desaparecida en Uruguay cuando estaba embarazada de Macarena Gelman. La lógica del Cóndor Osorio definió el Plan Cóndor cuando terminó de instruir el primer tramo de la causa: “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en la verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones: tal el alcance pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”. Puede pensarse que, a la luz del Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno de los países, incluso Uruguay, con causas bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales no tienen jurisdicción para investigar la represión puertas adentro en cada país, pero sí la obligación de seguir el circuito de cada una de las víctimas de la causa. “Todos los países tienen interconexiones por medio de tratados, de diplomáticos, Inteligencia, etcétera –dice el fiscal Ouviña–. Lo que hicieron durante la vigencia del Cóndor fue aprovechar lo que ya estaba y buscar otro tipo de contacto para hacer todo más rápido. Eliminaron las formalidades pero no sólo para acelerar los tiempos sino directamente para secuestrar personas, buscar información para secuestrar, llevar adelante pedidos. Hay argentinos y chilenos secuestrando y torturando juntos; argentinos y uruguayos o chilenos y paraguayos.” El contexto eran los exilios que se dieron en todo el continente por las distintas dictaduras, dice Moguilansky. La primera dictadura fue la de Chile, que produjo enorme cantidad de exiliados en Argentina. Y Argentina es el último país donde cae la democracia, cuando todavía albergaba a buena parte de refugiados de otros países. En ese sentido, el expediente funciona a la vez como un mapa entre exilio, refugio y represión. Hay zonas del país como Mendoza en que se refugiaron chilenos, o Jujuy donde estaban quienes venían de Bolivia, o los uruguayos en Buenos Aires. En esa línea, aparecen secuestros y luego traslados a los países de origen. En el caso de los chilenos, ingresan a centros clandestinos de detención. Y con los uruguayos se abrirá el eje de los vuelos. El rol del Acnur y de la Vicaria chilena en el auxilio a los perseguidos políticos, así como el de los consulados y embajadas constituidas como ratoneras, también serán puntos del debate. “Si los militantes perseguidos en otros países vinieron para acá y desaparecieron estando exiliados, eso es Cóndor –dice el fiscal Osorio–. Si vinieron y trabajaron con o en alguna organización de superficie, ahí ya no es Cóndor. Es decir, no importa la nacionalidad de la víctima, importa si realmente los victimarios actuaron ejecutando ese plan de coordinación represiva a nivel no sólo continental, sino a nivel mundial, si se quiere llamarlo así, porque actuaron en Europa, en Estados Unidos.” Los documentos Ese es otro eje del debate. Los documentos. Una de las pruebas documentales más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparece una definición sobre el Cóndor. El documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”. El cable sitúa en el armado del dispositivo a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1) intercambio de información, 2) ubicación del blanco, 3) ejecución o traslado de la víctima a cualquier otro país signatario. Una parte del debate seguramente atravesará la discusión acerca de cómo debe leerse el documento, si puede tomarse como comienzo del Plan Cóndor cuando las evidencias muestran que las fuerzas represivas actuaron en conjunto desde antes. Los fiscales del juicio señalan antecedentes de 1975 y en la instrucción Osorio trazó un corte posterior a la muerte de Juan Perón. 04/03/13 Página|12 GB

LOS JUEGOS DE PODER EN EL VATICANO POR WASHINGTON URANGA.

EN EL VATICANO YA EMPEZARON LAS NEGOCIACIONES, LOS TIRONEOS Y LAS PRESIONES PARA ELEGIR AL NUEVO PAPA Humo blanco, humo negro y juegos de poder El mecanismo para elegir al nuevo pontífice de la Iglesia Católica pone al descubierto que los cardenales representan intereses, puntos de vista e ideologías que, en muchos casos, poco tienen que ver con “el bien de la Iglesia”. Por Washington Uranga En la Capilla Sixtina la liturgia y el ceremonial: humo blanco, humo negro. Los juegos del poder: conversaciones, negociaciones, tironeos... aunque se nieguen rotundamente. Lo espiritual y lo religioso. Por fuera: las especulaciones, las apuestas. También las presiones, que tampoco se admiten. El mecanismo para la elección de un nuevo papa para la Iglesia Católica Romana se ha puesto a andar y toda la complejidad de los factores entran en juego. Días pasados el cardenal Tarcisio Bertone, el secretario de Estado enfrentado con Ratzinger, dio a conocer un comunicado en el que a través de sus negaciones no hace sino confirmar, paradójicamente, lo que siempre existió y continúa existiendo. “La libertad del Colegio de Cardenales que es responsable de proporcionar con arreglo a la ley la elección del Romano Pontífice –dice– siempre ha sido fuertemente defendida por la Santa Sede, como garantía de una decisión que se basó en las evaluaciones dirigidas únicamente a la Iglesia.” Pero a renglón seguido agrega que “a través de los siglos, los cardenales se han enfrentado a múltiples formas de presión ejercidas sobre los electores individuales y sobre el mismo colegio, que tenían por objetivo influir en las decisiones, actuando con la lógica de la política o la vida mundana”. Bertone quiere convencer al mundo de que el aislamiento, presunto o real, de los electores ha impedido, en la historia y ahora, que las presiones existan y, sobre todo, que los cardenales dejen de representar intereses, puntos de vista, ideologías que, en muchos casos, poco tienen que ver con “el bien de la Iglesia”. Bertone denuncia que en algún momento las “superpotencias” pretendieron incidir en la decisión (¿ahora no?) y que en este momento “se intenta poner en juego el peso de la opinión pública, a menudo sobre la base de evaluaciones que no reflejan el aspecto típicamente espiritual del tiempo que la Iglesia está experimentando”. Está claro que al secretario de Estado no le cae bien que se hable de la Iglesia como una institución que, siendo espiritual y religiosa, está también atravesada por cuestiones tan mundanas como el poder, las ambiciones y, también, de aquello que se denomina “pecado” y que en la actualidad puede traducirse como corrupción, robos, pedofilia, abusos, entre otros. Seguramente por este motivo –y otros– se amenaza con excomunión (expulsión de la Iglesia) a los cardenales que se atrevan a utilizar durante el cónclave el Twitter, ese medio que tanto alabó Benedicto XVI en sus últimos tiempos como pontífice. Aproximadamente 115 cardenales electores, provenientes de 48 países, deberán elegir en los próximos días al sucesor de Benedicto XVI. Cualquier pronóstico que se haga carece de base cierta. Las listas de los “papables” que se elaboran se apoyan en consideraciones que, muy probablemente, estén alejadas de las que harán los cardenales electores reunidos en el cónclave. El juego de nombres se convierte –especialmente en esta ocasión– en un acertijo del que no podrían escapar ni siquiera quienes hoy tienen la responsabilidad de votar. Es probable que los cardenales lleguen a Roma barajando algunos nombres e incluso habiendo intercambiado ideas con otros colegas. Pero el cónclave tiene dinámica propia. Y a pesar de la reserva con la que se pretende manejar todo, la historia cuenta que, en varios de los casos, quienes llegaron a Papa ni siquiera figuraron en las primeras rondas de votación. Otros que aparecieron como candidatos “puestos” salieron de la Capilla Sixtina como entraron: siendo cardenales. Es verdad que después de la muerte de Juan Pablo II Ratzinger apareció como uno de los candidatos más firmes y la elección lo confirmó. Pero ahora el panorama es todavía más confuso. Si el resultado de la votación se decidiese por bloques continentales o por países, habría que decir que el Norte (Europa con 61 electores más América del Norte con 14) debería imponer sus candidatos. Y que entre éstos, los italianos (28) son los que cuentan con más chances. Nada indica que ésta será la dinámica a adoptar. También se puede pensar que siendo América latina la región del mundo con más católicos (entre 40 y el 42 por ciento del total) y a pesar de tener sólo 19 cardenales electores, podría estar en la consideración. El razonamiento podría inclinar la balanza hacia un hombre de esta parte del mundo intentando encontrar aquí las respuestas a los graves problemas que enfrenta la Iglesia. Pero la opción también puede ser buscar esas alternativas desde la “periferia” eclesiástica y entonces se puede pensar en un africano o en un asiático. El camino que se elija conduce a la danza de los nombres, a lanzar hipótesis y designar “papables” sin mayores certezas, incluso para los “vaticanólogos” más reconocidos. También hay que tener en cuenta que el lanzamiento de algunos nombres–, como en cualquier elección –mal que le pese al cardenal Bertone–, puede ser parte de operaciones para instalar candidatos o sacar del juego a otros. Está claro que una mujer no podrá ser Papa. Y que en el caso –posible y contemplado en las normas, pero altamente improbable– de que sea elegido un laico varón “ha de ser ordenado obispo inmediatamente”, según lo establece el canon 330, art. 2 del Código de Derecho Canónico (la ley eclesiástica). Lo “lógico” es que el Papa surja de entre los propios cardenales electores. Se sostiene también que debería ser un hombre de menos de 70 años para intentar un pontificado para 10 o 15 años. ¿Nombres? Con todas las salvedades hechas antes, se pueden señalar algunos nombres. Entre los italianos, Gianfranco Ravasi (70 años), un académico que revista actualmente en la curia vaticana y Angelo Scola (71), arzobispo de Milán, son los más mencionados. Este último, según versiones emanadas de la propia curia romana, es uno de los “predilectos” de Ratzinger. Otro europeo cuyo nombre aparece reiteradamente mencionado es el de Christoph Schoenborn, un austríaco, arzobispo de Viena, de 67 años. Entre los de América del Norte se menciona al muy popular arzobispo neoyorquino Timothy Dolan (62) y al canadiense Marc Ouellet (68), hoy titular de la estratégica Congregación para los Obispos, el dicasterio (ministerio) vaticano encargado de poner sobre la mesa del Papa las designaciones de los obispos. ¿Latinoamericanos? Los brasileños, el país con mayor cantidad de católicos en el mundo, siempre son candidatos. Allí están el muy conservador arzobispo de San Pablo, Odilio Scherer (63), y Joâo Braz de Avis (65), arzobispo de Brasilia, a quien presentan como más abierto y progresista. Otros no dejan de mencionar al hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga (71), arzobispo de Tegucigalpa. ¿Los argentinos? Ni Jorge Bergoglio (76) ni Leonardo Sandri (69) parecen estar entre los candidatos, a pesar del esfuerzo que desde Argentina hacen algunos de sus más fieles seguidores para que aparezcan en la lista de los papables. Las sorpresas podrían llegar desde otros continentes. De Africa se menciona al cardenal Peter Turkson, ghanés de 64 años, actual responsable de la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano. De Asia, a Luis Tagle (55), arzobispo de Manila. Lo más prudente, en cualquier caso, será esperar la votación y el humo blanco que indique que la Iglesia Católica tiene un nuevo Papa responsable de conducirla y, si es posible, de tomar medidas para sacarla de la crisis actual. Y el primer indicio a tener en cuenta para deducir la orientación será el nombre que el designado elija para ejercer su pontificado, porque implica identificarse con trayectorias, actitudes, maneras de entender a la Iglesia y al mundo. 03/03/12 Página|12 GB

JUSTICIA JUSTICIA PERSEGUIRAS POR SIETECASE, OPINION

Justicia, justicia perseguirás Por Reynaldo Sietecase Mejorar su funcionamiento es una cuestión fundamental y que ya se está instalada en la agenda pública. Es indispensable un debate abierto, honestidad intelectual y buena fe. El principal problema de la Argentina es la Justicia.” Escribí esta frase por primera vez hace más de quince años. Fue en la contratapa del diario La Capital de Rosario. En esa nota hacía referencia a la maraña de impunidad que se había tejido desde el poder en torno al atentado contra la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. En estos años, la frase se convirtió en un latiguillo doloroso. Ni la crisis política, ni la malaria económica, ni la desocupación, ni siquiera la inseguridad modificaron este ranking. “El principal problema de la Argentina es la Justicia”. Su ineficacia y su alto nivel de venalidad fueron garantes de impunidad. Rara vez los poderosos reciben castigo penal. Y esto abarca tanto a funcionarios corruptos como a empresarios inescrupulosos y lobbistas. Dinero o contactos políticos los mantienen al margen de cualquier sanción efectiva. Para utilizar una imagen del Martín Fierro: la Justicia es como tela de araña, “el bicho grande la rompe, al bicho chico lo atrapa”. En este contexto, la propuesta de modificar el sistema judicial es una idea que no debería tener ateos entre la ciudadanía. Hacerla más eficiente, democrática, abierta y rápida, menos burocrática y menos corporativa, es un desafío para todo el arco político. Impulsar la transformación con el objetivo de “domesticar” jueces a los que no se controla o cercenar la autonomía de aquellos que suelen contradecir las opiniones o intereses del gobierno, es malversar una propuesta necesaria y largamente postergada. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aceptó la necesidad de modificaciones. “Estamos de acuerdo con que el Poder Judicial debe cambiar, y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”, señaló en su discurso conmemorativo de los 150 años del Alto Tribunal y agregó “el pueblo quiere una justicia más accesible y rápida”. También pidió un régimen procesal especial para las tragedias. Después, en la misma pieza oratoria sembró definiciones para todos los gustos, casi una constante en esta Corte. “Las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales” o “en los partidos de fútbol nadie cambia el reglamento o al árbitro para ganar”, advirtió y le permitió a Clarín publicar en tapa: “Dura advertencia de la Corte por la presión del gobierno”. Además defendió la libertad de expresión y cuestionó el uso de la publicidad oficial como forma de censura. Pero también les marcó límites a las corporaciones y le hizo un guiño al Gobierno: “La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con la mayoría del pueblo, con el Ejecutivo y el Legislativo”. Ideas como ésa, le dieron a Página/12 la posibilidad de titular con otro textual del presidente de la CSJ: “Éste es el momento para dar un giro al sistema judicial”. No asistieron al encuentro ni el ministro de Justicia, Julio Alak, ni la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, quien 24 horas antes de que hablara Lorenzetti había sentenciado: “La Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. Salvo en el inexplicable término “ilegítima”, la descripción no es exagerada. La ausencia de los funcionarios fue una respuesta torpe sugerida por la máxima autoridad de la Nación. El imprescindible debate para cambiar el Poder Judicial no merece berrinches ni chicanas. Esta semana, medio millar de funcionarios judiciales y académicos se reunieron en la Biblioteca Nacional para expresar su apoyo a un proceso de cambios que consideran indispensable. Rechazan la noción corporativa de las asociaciones de magistrados y su permanente aval al statu quo. Como ocurrió con la Ley de Servicios Audiovisuales otra vez el tema es el cómo no el qué. Lo señalamos en varias oportunidades: si la norma que regula el mercado de medios sólo se ejecuta para enflaquecer al grupo Clarín no sólo se estaría malversando el objetivo de la norma sino que se traicionaría a los miles de argentinos que contribuyeron a su elaboración. Proponer cambios en el Poder Judicial sólo para amoldar el mismo a las necesidades del Ejecutivo conllevaría un retroceso de varias décadas y un abuso repudiable. Una de las medidas más elogiadas tomadas por Néstor Kirchner en los albores de su mandato, fue el cambio de la Corte Suprema heredada del menemismo. Un tribunal impresentable que se transformó en herramienta del descuartizamiento del Estado. Kirchner aportó, además de nombres prestigiosos a la nueva Corte, un decreto de autolimitación en las designaciones de los magistrados que tiene carácter ejemplar. Cualquier propuesta de cambio debe estar en esa línea. Quedó demostrado con claridad que cambiar la cabeza del Poder Judicial fue, apenas, un paso necesario pero insuficiente. Que Norberto Oyarbide sea el nombre más emblemático del fuero federal revela los límites que tuvo la propuesta de renovación impulsada por el Gobierno en 2005 y la funcionalidad de algunos magistrados a las necesidades tanto del poder político como de los grupos económicos. El debate que acaba de abrirse en el país requiere como condimentos fundamentales: buena fe, honestidad y la supremacía del interés general por sobre las mezquindades políticas o sectoriales. De lo contrario el ciudadano de a pie, ese que tiene miedo de entrar en los tribunales hasta cuando tiene que hacer valer sus derechos, se verá nuevamente frustrado. DZ/sc Diario Z http://www.diarioz.com.ar/#/justicia-justicia-perseguiras GB

LA OFENSIVA REACCIONARIA EN URUGUAY

La ofensiva reaccionaria Por Ernesto Tulbovitz. Sur en Uruguay internacional@miradasalsur.com Danilo Astori es visto como uno de los detractores de las medidas progresistas del gobierno./José Pepe Mujica. El presidente uruguayo enfrentado a su vice. Los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia del vecino país generaron un duro enfrentamiento político entre el ala más progresista del Frente Amplio y el sector moderado que lidera el vicepresidente Danilo Astori. Los conocedores de la historia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya dicen que “nunca” como en en las últimas tres semanas esa corporación estuvo en el centro del debate político. La ataca la izquierda, no el gobierno, y la defiende la derecha. La izquierda dice que el órgano máximo del Poder Judicial –compuesto por 5 ministros electos por acuerdo de todos los partidos políticos– defiende a “los torturadores” y a “los terratenientes” y hasta una senadora llegó a pedir que se le haga un juicio político. La derecha dice que la izquierda “presiona” al Poder Judicial. Pero unos y otros alegan defender la democracia. La saga de la película que tiene como protagonistas a los cinco ministros de la Corte –Jorge Chediack, Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Julio Chalar y Ricardo Pérez Manrique– comenzó con la decisión –por unanimidad– de trasladar de un juzgado penal a una sede civil a la jueza Mariana Mota, quien se había convertido en una suerte de paladín para las organizaciones de derechos humanos por su actuación en estos casos. El mismo día que tomó esa decisión, la Corte acordó por cuatro votos a uno –el discorde fue Pérez Manrique– declarar inconstitucional dos artículos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), una de las principales banderas económicas del gobierno de José Mujica para redistribuir la riqueza. La discusión interna en el gobierno en el 2011 por este asunto generó un durísimo debate en la interna del gobierno, algunos de cuyos coletazos sigue y se multiplican en estos días. Pero además, en un caso concreto la Corte consideró también por cuatro votos a uno –también Pérez Manrique votó en contra– inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. Los casos. La Corte decidió trasladar a la jueza Mota a una sede judicial luego de haberle mostrado “varias tarjetas amarillas”, comentó días atrás al semanario Búsqueda. Mota adquirió notoriedad por su desempeño en varias causas de violaciones de derechos humanos acaecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Era la jueza penal que más presumarios y sumarios de estos casos tenía bajo su órbita: 32. La magistrada ya anunció que recurrirá la decisión de la Corte ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). La negación del principio de inocencia en la causa que seguía a un militar retirado por la desaparición de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo –una organización que tiene más de tres decenas de desaparecidos en Argentina– en Paraguay fue de los primeros hechos que la pusieron en la mira. El Colegio de Abogados cuestionó su proceder. Más adelante, el 20 de mayo del 2011 participó de la tradicional marcha del silencio que año a año realizan los Familiares de Detenidos-Desaparecidos. El hecho generó que muchos abogados de militares indagados por ella la recusaran. Más adelante, en una entrevista con Página/12 afirmó que en Uruguay “no hay un promoción de los derechos humanos” para aclarar casos que siguen pendientes de resolución. Y destacó que esto era “bien diferente al gobierno argentino en esta materia”. Fundamentó esto en que, a su juicio, tanto el presidente Mujica como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro –viejos líderes tupamaros– “no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”. Estas afirmaciones de Mota llamaron la atención al presidente Mujica. “Me llamó la atención que no he visto manifestaciones de ningún tipo, ni de la Suprema Corte de Justicia ni de nada parecido”, declaró el jefe de Estado a Búsqueda. La Corte abrió una investigación que luego archivó sobre la jueza. Para el diputado Luis Puig (PVP), el traslado de Mota “es un triunfo de la impunidad que están festejando asesinos y torturadores”. Algunos dirigentes de izquierda, abogados y hasta operadores del Poder Judicial consultados por Miradas al Sur reconocieron la valentía y la firmeza de Mota pero consideran que se “extralimitó” “Un juez habla con sus fallos. No hay que hacer moñas de más ni regalarse ni regalarle argumentos en bandeja a la derecha. Si uno hace todo lo acumulado se cae como un castillo de naipes y volver a empezar cuesta bastante”, comentó a este semanario un abogado de notoria filiación frenteamplista. La sentencia de la SCJ emitida el 22 de febrero que declaró inconstitucional dos artículos de la ley interpretativa de la ley de caducidad generó un duro debate entre varios especialistas con respecto al alcance del fallo y a las consecuencias que tendrá sobre las causas de violaciones a los derechos humanos. La ley interpretativa fue una controversial norma sancionada con los votos oficialistas en octubre de 2011, luego de que fracasara el plebiscito para anular la ley de caducidad en el 2009 y de que no se reunieran los votos en el Parlamento para derogarla en mayo de ese mismo año. La polémica norma restableció la pretensión punitiva del Estado, extendió los plazos de prescripción y dispuso que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. “Al establecer la doctrina del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugiere una razón. Argumenta que los tribunales nacionales deben seguir su jurisprudencia, porque ella es ‘intérprete última de la Convención Americana’. Sin embargo, éste es un argumento poco afortunado (...), porque no apoya la conclusión de que las autoridades locales estén obligadas a seguir su jurisprudencia”, sostiene el texto redactado por Chediack y firmado también por los ministros Ruibal, Larrieux y Chalar, señala la sentencia de la SCJ al momento de hablar de las normas nacionales y el derecho internacional. Agrega que “a esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la dictadura, amparados por la ley de caducidad, no se creó ninguna prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos términos extintivos que para cualquier otro delito”, agrega. La mayoría de la Corte concluyó que la sentencia de condena al Estado uruguayo por parte de la Corte IDH en el caso Gelman tiene alcance exclusivo a esa contienda y que la ley interpretativa de la ley de caducidad votada con los votos oficialistas a fines de 2012 violenta los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal más gravosa y seguridad jurídica, entre otros. En solitario, el ministro Ricardo Pérez Manrique considera que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que ya estaban previstos al momento de cometerse en la década de 1970 por los tratados que Uruguay había ratificado a esa fecha. Por otra parte, la Corte también considera inconstitucional el impuesto a la concentración de la tierra (ICIR) por cuanto no es un tributo sino un nuevo gravamen que se “superpone” con la Contribución de Inmuebles rurales. El gobierno ya trabaja en un plan alternativo para este impuesto que se planteaba recaudar 60 millones de dólares y que estaba destinado a financiar la caminería rural. Las reacciones. El Frente Amplio como tal, a través de su Secretariado Ejecutivo emitió una dura declaración en la que reclamó la “máxima transparencia” a la Suprema Corte de Justicia en este asunto. “En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”, señala el texto. “Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”, agrega. A su vez, el Secretariado Ejecutivo del FA rechaza “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que ponen en duda la adhesión de la fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República”. La SCJ rechazó la convocatoria de la Comisión de Constitución de Diputados para que explique el fundamento del traslado de Mota. La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo: “Lamentablemente, la Suprema Corte, mediante sus fallos posiblemente proteja a los grandes capitales perjudicando al país”. El senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, comentó “que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con la posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas”. Matices. En el Poder Ejecutivo y en sus dirigentes más cercanos lo que pareció haber molestado más fue la declaración de inconstitucionalidad del ICIR. “El mundo no se acaba por el traslado de un juez. Me preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra porque en eso leva las posibilidades de tener trabajo y caminería rural a mucha gente”, manifestó a Montevideo Portal la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente Mujica. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo al diario El Observador: “Siempre defendí que se criticaran fallos judiciales. Uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial y plantearlo. Lo que me parece que no corresponde es discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió a un ministro”. El vicepresidente Danilo Astori tampoco fue tan duro como sus compañeros del FA y dijo a Subrayado, de canal 10, que “el traslado de cualquier juez es materia de soberanía y competencia de la SCJ. Es algo que se hace frecuentemente. Hay que respetar esa decisión”. Oposición, concentración y ex presidentes. Como si fuera una sola cosa, la oposición de derecha le pegó duro a la izquierda por entender que con sus pronunciamientos ella realiza una injerencia indebida en la independencia del Poder Judicial. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración el lunes 18 en la que consideró que el traslado de Mota es “una competencia constitucional de la SCJ” y que “nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado y mucho menos resistido por las vías de hecho”. En una carta que divulgó días atrás el diario El País, los ex presidentes Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle expresaron su preocupación por la “situación institucional que ha provocado el partido de gobierno” y señalaron que “no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”. “En un país democrático que tiene tres poderes que son independientes entre sí, cuando las Justicia habla en el país hay que acatar lo que la Justicia dice”, declaró en tanto el ex presidente Tabaré Vázquez. Defendió que se que pueda expresar la discrepancia con los fallos de la SCJ mientras se haga “pacíficamente y con respeto”. El lunes 25, la izquierda, la central sindical única y los Familiares realizaron una concentración en silencio en la plaza Libertad de Montevideo en rechazo a las decisiones de la Corte. El acto fue pacífico e incluyó el canto del Himno Nacional por los miles de personas que llenaron la plaza. Varios ministros y legisladores del oficialismo estuvieron presentes. El viernes 1ª, el presidente José Mujica opinó en su audición de M24 que el gobierno respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad del ICIR, pero adelantó que “moralmente” no cambió su opinión al respecto. “El aumento del ‘valor tierra’ está en ‘el bolsillo’ de las familias terratenientes, pero no está en los de los peones que trabajan en ella y necesitan de las ‘comodidades mínimas’ para continuar viviendo en el campo”, expreso. “Por eso, les pedimos (a los terratenientes) una colaboración con la urbanización. ¿A quién le íbamos a pedir si no. A los pobres, a la clase media?. Nadie se tiene que sentir ofendido. Nosotros respetamos toda decisión que tome la Suprema Corte de Justicia, pero moralmente seguiremos pensando lo mismo”, apuntó Mujica. La complicada interna del gobierno uruguayo entre Tabaré Vázquez, José Pepe Mujica y Danilo Astori En paralelo a la conmoción política generada con fallos y decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al interior del gobierno de Mujica se reeditó desde comienzos de año un debate sobre el manejo de la economía que llevó a enfrentamientos políticos entre el presidente y el vicepresidente, Danilo Astori. En el gobierno, en el Frente Amplio y en sus partidos miembro, nadie visualiza esta polémica con el fantasma presente de que Astori pueda ser “el Cobos uruguayo”. Nadie. “Astori es frontal, leal al presidente pero se cansó y dijo lo que pensaba, eso no significa que no acate lo que se decida por mayoría, le guste o no le guste. Es un frenteamplista de ley”, comentó a Miradas al Sur uno de los principales operadores de Astori y su grupo, el Frente Líber Seregni (FLS). En el Frente Amplio se convive con un axioma político bien claro: el que se enoja o se molesta y se va de la coalición pierde y para siempre. La polémica data de al menos dos años y tiene que ver con choques de ideas del sector “mujiquista” del gobierno –que integran el secretario, el prosecretario de la Presidencia, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, varios asesores y algunos ministros– con el “astorismo”, que maneja el Ministerio de Economía y el Banco Central.“ Cómo hacer para redistribuir mejor la riqueza y el crecimiento que ha tenido el país”. Ésa es la pregunta central que se esconde atrás de pugnas por cuotas de poder. Y “quién fija la política económica”, es el otro dilema para resolver. Es que, en rigor, desde que Mujica asumió la presidencia, paulatinamente el “astorismo” perdió el control hegemónico del manejo de la economía. Y no fue casualidad, Mujica y sus colaboradores más directos diseñaron planes y programas que, entre otras cosas, otorgaron a la presidencia el manejo y la coordinación global de las políticas públicas. Los “mujiquistas” acusan a los “astoristas” de enfrentar cualquier discusión que suponga una eventual suba de impuestos a los sectores económicamente más poderosos apelando a “argumentos de la derecha”. Y Astori en personal salió duró la semana pasada en el informativo del canal 10 cuestionando que se quiere rebajar el papel del Ministerio de Economía y su ministro, Fernando Lorenzo. También se quejó de las constantes filtraciones a los medios de reuniones del gobiernos y habló de “operaciones”. Mujica se molestó y convocó el miércoles 20 a una reunión extraordinaria del consejo de ministros. Ante su gabinete admitió una “crisis política” e invitó a que se “vayan” los que quieran del gobierno, empero les dijo que precisaba “a todos los compañeros”. “Creo que necesitábamos decirnos unas cuantas cosas”, declaró el presidente a la prensa luego de la reunión. Unos días antes, el ex presidente y virtual candidato a la postulación para el mismo cargo por el Frente Amplio en octubre del 2014, Tabaré Vázquez, había llamado a terminar con “el show mediático” entre “compañeros”. Incluso le dio anclaje argentino al ámbito ideal para esas disputas. Dijo que eran propias de los programas de Marcelo Tinelli en televisión o de Alejandro Dolina en radio. Por estas semanas, Vázquez incrementó su presencia pública y mantuvo reuniones por separado con Mujica y Astori. En junio del 2009 Vázquez apoyó la candidatura de su ex ministro de Economía, Danilo Astori, para la presidencia de la República. Mujica lo derrotó y luego de complejas negociaciones aceptó ser su candidato a vicepresidente. Mujica y la Argentina Entre “una misión imposible”y “un cariño bárbaro” El presidente José Mujica definió la relación entre Uruguay y Argentina como “una misión imposible” al mismo tiempo que declaró sentir “un cariño bárbaro” por el pueblo argentino. Lo hizo en una entrevista que otorgó a la publicación Correo Socialista, una publicación oficial del Partido Socialista. El jefe de Estado uruguayo ha insistido una y otra vez en que “los países no se mudan” y que, por tanto, más allá de los problemas que se presentan en la relación deben insistir con el diálogo como el “único” mecanismo posible para resolver controversias. “Qué quieren, que les escupa un ojo”, llegó a declarar con su particular estilo. “Como en la Argentina son todos peronistas –aún los que no son peronistas son peronistas– trabajan en claves difíciles de entender para nosotros”, dijo Mujica quién cada vez que visita Argentina es virtualmente idolatrado por defensores y detractores de la presidenta Cristina Kirchner. Además señaló que más allá de las dificultades cambiarias que se le presentan a los argentinos para salir con dólares de su país a “ese glorioso pueblo (...), aunque le hagan lo que le hagan, siempre viene”. 03/03/13 Miradas al Sur

EL NO DE PORTUGAL.

Portugal grita un multitudinario basta a la política de austeridad Cientos de miles de personas se manifiestan en contra de las recetas de la troika Por Antonio Jiménez Barca - Lisboa | El País Portugal ha vuelto a salir a la calle para rechazar los recortes, la austeridad a mansalva y la política de ajuste que mes a mes, día a día, ha empeorado su vida hasta hacerla irreconocible. Y lo ha hecho de forma masiva, pacífica y exultante, en una emocionante manifestación de cientos de miles de personas que tal vez constituya la mayor marcha jamás celebrada en Lisboa, detrás de una pancarta que decía, simplemente: “El pueblo es el que manda”. Y cuando la manifestación llegó a la hermosísima plaza del Terreiro do Paço, abierta al estuario del Tajo, casi al atardecer, todos, como una sola e impresionante voz, cantaron Grândola Vila Morena, el viejo símbolo de la Revolución de los Claveles, resucitada ahora y reconvertida en himno moderno contra el Gobierno, contra los recortes, contra la troika y contra la vida precaria y el futuro sin horizonte. Los más jóvenes llevaban la letra apuntada en unos folletos que se pasaron de mano en mano. Los mayores se la sabían de memoria. Muchos enarbolaron claveles rojos en el puño en alto. Muchos otros lloraron al cantarla. Hubo manifestaciones en cerca de treinta ciudades. Los organizadores aseguraron que en Oporto, por ejemplo, habían participado cerca de 400.000 personas. Y muchas más en Lisboa. Sumadas todas, según los convocantes, más de 1.550.000 personas. Pero, más allá de los números y las exageraciones, lo que es cierto es que Portugal ha vuelto a salir a la calle. Ya lo hizo el pasado 15 de septiembre y lo ha vuelto a hacer, convocados por la misma asociación civil, creada hace meses, independiente de los partidos políticos y los sindicatos, el grupo Que se lixe a troika (Que le den a la troika), formado por 130 integrantes que componen una radiografía no del todo infiel de la sociedad portuguesa, ya que entre sus filas se cuentan, entre otros, funcionarios, profesores, parados, autónomos, cantantes o actores. Entonces, el 15 de septiembre, la masiva respuesta de los portugueses consiguió que el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho reculara y se olvidara de una proyectada rebaja general de sueldos. Después, pasado el calentón popular, aprobó una brutal subida de impuestos alegando que no había otro remedio si se quería conseguir el objetivo del déficit y cumplir con los compromisos. Ahora, los portugueses han vuelto a decir basta y la pelota vuelve al tejado del Gobierno. La manifestación fue una marea inmensa compuesta de jubilados que se quejan del recorte de sus pensiones, de empleados de la sanidad pública que protestan por su desmantelamiento, estudiantes que abominan de tener que emigrar por falta de oportunidades y de gente que se siente estafada, harta y que vive mucho peor que hace casi dos años, cuando el país fue rescatado por la troika (BCE, FMI, UE). Ni la fecha ni el lugar de la manifestación ha sido casual. Hace casi una semana que, precisamente, los representantes de la troika se encuentran en Lisboa, y su cuartel general es el Ministerio de Finanzas portugués, situado a un paso del Terreiro do Paço. Desde que llegaron, como han hecho en las seis ocasiones anteriores, han inspeccionado cuentas públicas, se han entrevistado con quienes las manejan (y con los líderes de la oposición y los sindicatos). Pronto se encontrarán listos para dar las directrices necesarias para que el macropréstamo pedido por Portugal en 2011 a fin de escapar de la bancarrota siga afluyendo según los plazos previstos. Tampoco esta es una visita normal de la troika. Desde el principio, ha estado envuelta en expectación y polémica. Los medios portugueses deslizan la idea de que el Gobierno portugués trata ya de cambiar levemente de rumbo y abandonar algo la austeridad a machamartillo que, paulatinamente, hunde al país en una espiral recesiva (la economía se contraerá este año cerca de un 2%, casi el doble de lo previsto por el Gobierno en septiembre, y el paro ya ha superado el 17%). De hecho, el lunes, el Gobierno portugués solicitará en el Eurogrupo un año más para cumplir el déficit acordado y más tiempo también para pagar los intereses de la deuda. Es decir: Portugal suplica aire, algo que hasta ahora su primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, se había negado a admitir, convencido de que la única vía era dar vueltas de tuerca cada vez más apretadas a la economía y a la población portuguesas. Por lo pronto, esta misma población portuguesa, harta, ha salido hoy a la calle en masa para, firme y pacíficamente, frente al cuartel general de la troika, gritar “basta” en forma de canción con memoria. Abril está al llegar Una mujer portaba un cartel original elaborado por ella misma en la manifestación de hoy: “El 25 de abril que hizo mi padre lo voy a tener que volver a hacer yo”. La mujer se llama Isabel Mora, tiene 46 años y perdió a su padre hace cinco meses. “Él luchó mucho por la libertad de Portugal, y salió a la calle el 25 de abril de 1974, cuando la Revolución de los Claveles. Por eso siento que tenía que escribir esto, porque él peleó por unos derechos que me están recortando y que yo tengo que legar a mi hija, que tiene 16 años y que por cierto es esta de aquí”. La hija portaba otro cartel casero que decía simplemente: “Estoy triste por mi país”. Al lado, una amiga portaba otro que rezaba: “Abril está al llegar”. La identificación de esta ola de protestas con la revolución que trajo la democracia a Portugal es enorme. De hecho, muchos de los organizadores de la manifestación, integrantes del grupo civil Que se lixe a troika participaron hace dos semanas en el coro que cantó Grândola Vila Morena en el Parlamento, interrumpiendo al primer ministro, que hablaba en ese momento de recetas económicas para salir de la crisis. Pero no todo ha sido tan indignadamente poético en la marcha de hoy. Un hombre mayor portaba un cartel con un tono cabreado bien distinto: “En esta pancarta no hay espacio para poner a tanto hijo de puta”. El País GB

ELLA JUEGA CON BLANCAS

Ella juega con blancas Por Luis Tonelli | Debate El arduo camino hacia las elecciones legislativas, el conflicto por la sucesión (o continuidad) presidencial y las disputas por los espacios de poder. Comienza la aproximación final a las elecciones legislativas, previa realización de las primarias abiertas obligatorias, y si uno se deja llevar por la “realidad objetiva” todo indica que se desarrollarán en un ambiente político poco apacible, golpeado por la inflación, el conflicto con los sindicatos y las relaciones con nuestro nuevo amiguito menos previsto: la República Islámica de Irán. Pero, claro, la opinión pública parece más interesada en el caso del “Jardincito de Infantes del terror” o en la publicación ocasional y secuencial de videos íntimos de MILFs argentinas famosas, más que ninguna otra cosa (si fuera por conveniencia, no se entiende muy bien por qué el Gobierno insiste en la Ley de Medios, cuando el nivel actual promedio de la televisión, produce lobotomías indoloras tremendamente efectivas). Y ni que hablar del mejor aliado de la Casa Rosada, esa fragmentación “egótica” opositora (tanto interna al PJ como externa a él) mucho más preocupada por los movimientos pigmeos de cualquiera de sus pares, antes que por plantearse seriamente la construcción de una fuerza opositora al “cristinismo”. El conflicto por la sucesión (o continuidad de CFK) queda así completamente postergado hasta nuevo aviso, y los posibles candidatos desarrollan el arte de mantenerse vivos -como el hit travoltianoochentoso- en su esperanza de que sean los elevados condicionamientos constitucionales y su yerma infertilidad política, los que den por terminado el “experimento kirchnerista”. En síntesis, las movidas de los jugadores más importantes en el peronismo están más bien motivadas por lograr un mejoramiento relativo con respecto a sus contrincantes en una posible sucesión de CFK, que en un enfrentamiento directo con Ella. A pesar de todas las amenazas de ruptura sus promesas cronológicas se vencen y son renovadas por bimestre (“rompe en diciembre”, “rompe en abril”, y así sucesivamente). El gran batacazo rupturista lo daría Sergio Massa, quien cuenta con el capital de una muy buena imagen y fama de buen gestor en ese Coral Gables que es el centro de Tigre. Pero se trata de un capital líquido que podría escurrírsele de las manos si da un solo paso en falso. Los oráculos de la borra de café afirman ceñudamente que Massa tiene que jugar fuerte electoralmente ahora para ser protagonista en las elecciones de 2015, pero dos años son una enormidad (pregúntenle si no a un victorioso Francisco de Narváez en 2009, totalmente desdibujado apenas un año después). En esta “democracia Alzheimer”, en la que la última imagen reemplaza totalmente a la anterior, lo único que importa es estar bien poco tiempo antes del evento decisivo. Claro, si uno piensa en el ascenso de una fuerza política en donde un Mauricio Macri logra que un Roberto Lavagna juegue en la Ciudad de Buenos Aires, que un Sergio Massa sea candidato en la provincia, y se le pliegue la lista cordobesa de un Juan Manuel de la Sota, sumado a un buen desempeño del puteador profesional de Miguel Del Sel en esa Amsterdam del subdesarrollo que resulta que ahora es Santa Fe, y provocando la adhesión de radicales varios, esto sería otra cosa. Pero no se sabe por qué tantos personajes que pueden tener juego propio en 2015 tendrían el incentivo de colocarse bajo las órdenes del jefe porteño ahora (salvo el caso de un “libero” como Lavagna). Lo mismo sucede con Daniel Scioli, quien es el candidato default del peronismo, y que solo necesita “sobrevivir” -su “especialidad de la casa”, en el menú político, y en el de la vida también- cosa que no le es fácil ni por nada del mundo está asegurada en el cementerio de elefantes que es la gobernación de Buenos Aires. Así, su potencial ruptura con el kirchnerismo sólo puede imaginarse en un eventual intento de destrucción de la Casa Rosada de la precaria gobernabilidad bonaerense, que lo demuela. O sea, destruir todo para destruir a Scioli. A CFK no le hace falta devanarse los sesos como el Profesor Neurus para imaginar esa maldad final: con solo no enviarle alguna remesa adicional a la gobernación para que cubra los aumentos salariales, la provincia quedará paralizada y al garete de los desestabilizadores. Pero ahí surgen dos preguntas: la primera es, ¿podrá la Casa Rosada aislarse del aquelarre bonaerense y no sufrir en carne propia su desestabilización, como siempre ha sucedido, desde por lo menos, la revuelta de los orilleros de Joaquín Campana? La otra es, ante esa manifiesta intención “cristinista”, ¿no podría Scioli erigirse en un opositor neto y de fuste, con todas las excusas y legitimidad para hacerlo? Otra movida posible, de la que también se habla, es que Massa sea el candidato de CFK contra Scioli en la interna abierta. De nuevo, ¿para qué el intendente de la Miami vernácula decidiría jugarse ahora el “todo por el todo” cuando no hay nada que amenace su potencial de simpatía popular, para ser usado en la elección que realmente vale, que es la del 2015? Parece, entonces, que tenemos esa situación de equilibrio tan bien enunciada por el personaje que interpreta Russell Crowe en la película Una mente brillante (o sea, John Nash, Premio Nobel de Economía, pero, ¿quién lo conoce?): “a nadie le conviene cambiar unilateralmente lo que viene haciendo” (situación que se conoce en teoría de juegos obviamente como “equilibrio Nash”). Siguiendo con la metáfora lúdica, bajo estas circunstancias, en este ajedrez político, CFK juega con blancas, y tiene la posibilidad de hacer jaque contra Scioli en una movida. Pero ganar así esta partida, la llevará a enfrentar una serie de partidas mucho más difíciles y que hoy son inimaginables, incluso contra el mismo Scioli. Por supuesto, que hay quienes fogonean la ruptura, pero son los que ya rompieron y se sienten un tanto desamparados en tierra de nadie, con el solo padrinazgo árido de la “revuelta cordobesista” de José Manuel de la Sota, que ni a él le brinda demasiado rédito en las encuestas. Si ésta es la situación en el oficialismo, y las iniciativas de la publicidad creativa macrista encuentran su límite en el mismo volumen político de su protagonista principal, ni en el socialismo ni en esa federación horizontal que es hoy el radicalismo las cosas no pintan demasiado mejor. El socialismo enfrenta la carga del kirchnerismo que puede darle el triunfo no a su lista, sino al PRO-Rompeportonesdelselista, lo cual de suceder significaría un durísimo golpe a las aspiraciones de Hermes Binner. Por el lado del VPC (viejo partido centenario), lo crucial para el partido centenario es mantener y recuperar baluartes electorales -como Mendoza-, pero como para los radicales la vida “es eso que pasa entre dos internas”, quien aparece mejor en las encuestas, Cleto Cobos, es esmerilado tanto por el ex gobernador Roberto “el Mula” Iglesias, como por el intendente de Mendoza, Víctor “el Viti” Fayad, amigo personal de CFK. De todos modos, como están las cosas, la suerte del radicalismo -en sus debilidades- depende no tanto de su internismo institucionalizado, sino de que se desate el internismo caníbal peronista cuanto antes, cosa que también depende de si CFK en vez de querer ser la “Gran Electora”, decide en cambio ser la “Gran Deselectora” presidencial. Mientras tanto, la gran fantasía del “cristinismo”, o sea, la reforma constitucional que habilite otro/s mandato/s más de la Presidenta queda en pie virtual, y realimenta asimismo un statu quo, que parece mayestático, pero que, según la ciencia, podría alterarse por el aletear de una mariposa en Kamchatka (¡mhhh…!). http://www.revistadebate.com.ar/2013/03/01/5919.php GB

LA OPO POR EDGARDO MOCCA, OPINION

El “precaprilismo” de las oposiciones argentinas Por Edgardo Mocca | Debate La difícil unidad del antikirchnerismo, los diagnósticos en disputa sobre sus dificultades para ser alternativa y la ineficacia del libreto antiautoritario. El resultado de las últimas elecciones presidenciales abrió una instancia crítica en el sistema político argentino, particularmente en el hemisferio de quienes se oponen al Gobierno. Después de una aplastante derrota que puso al candidato opositor mejor situado a casi cuarenta puntos porcentuales de la Presidenta reelecta, era de esperar un terremoto político que arrastrara orientaciones estratégicas, referencias públicas principales, mensajes y alianzas interpartidarias. Había figuras centrales de la política anterior que habían sido virtualmente borradas del escenario. Había apuestas a la potencia de la disidencia interna del peronismo que apenas perforaron el modesto umbral del cinco por ciento del electorado. Había una apertura radical hacia la centroderecha que condenó al partido a una de sus más magras cosechas electorales. Estaban todos los materiales para el comienzo de una escena extremadamente conflictiva en el seno de todas las fuerzas que compitieron contra el oficialismo kirchnerista. Por duros que sean esos episodios, suelen ser la ocasión para oportunos virajes que abran paso a mejores tiempos. Pero nada de esto ocurrió. En el radicalismo se insinuó un tímido amago de discusión crítica que quedó aprisionado en un marco en el que el único interrogante parece ser cuáles serán las alianzas políticas para las legislativas de este año. Las principales figuras del “peronismo disidente” hicieron un silencio acaso provisorio pero ya bastante prolongado. Elisa Carrió hizo de cuenta que todo estaba igual y siguió haciendo lo suyo, aprovechando que los medios de comunicación más influyentes no distribuyen espacio y visibilidad con arreglo a las relaciones de fuerza políticas reales sino a las inconmovibles premisas de su operación política. El macrismo, que no es derrotado en elecciones presidenciales porque no las disputa, aspira simplemente a hacer mejor y con mayor capacidad de persuasión lo mismo que hicieron casi todos los candidatos en la última elección. Surge la pregunta sobre qué es lo que podría haberse cambiado o podría cambiarse en el futuro. Los analistas del establishment sugieren tres claves de un posible mejoramiento de las chances opositoras: un endurecimiento de la posición contra el Gobierno, el avance hacia una amplia unidad de la oposición y la consagración de un candidato atractivo para ese bloque unido de la oposición. El intérprete justo de ese libreto es, obviamente, Mauricio Macri. Seguirá siéndolo a no ser que la dinámica interna del bloque FPV-justicialismo haga surgir la posibilidad de una nueva referencia peronista capaz de sintonizar con el libreto de los grandes medios. Ahora bien, es posible que el principal enigma a resolver por las oposiciones no sea centralmente ninguno de los que se proponen desde los estados mayores mediáticos. Es posible que el centro del problema radique en el marco interpretativo de la realidad política con el que están actuando, esa especie de esquema general dentro del cual se inscriben los acontecimientos. Concretamente, las oposiciones han hecho suyo de modo prácticamente unánime, lo que podríamos llamar “la cuestión del autoritarismo”. Significa que todo el juego, toda la lucha política gira en torno de la voluntad autoritaria del Gobierno. No es que haya tal o cual gesto o decisión autoritaria por parte del Gobierno: el autoritarismo es el rasgo esencial, ordenador y explicativo de todo cuanto produce el gobierno. Es un molde conceptual en el que se vuelca cada uno de los actos de gobierno y cada escena a los que esos actos dan lugar. Se trate de nacionalizaciones, reformas económicas, políticas sociales, comunicativas, disputas judiciales o hasta querellas con actores de cine, todo converge en el impulso autoritario. La palabra “autoritario” no refiere, en este contexto de discurso, a un atributo ocasional de algún área del Gobierno, ni puede confundirse con un señalamiento crítico de orden estilístico, formal o moral; en términos de ciertas corrientes de la teoría política, no se habla de un “tipo de gobierno” (tipos de política dentro de un determinado orden institucional), sino de un “tipo de régimen” (modo institucional de organizarse la comunidad política). Esto, que parece una digresión teórica, es lo que aquí se entiende como el fondo de la cuestión. Con el libreto antiautoritario -seguido con desdichada aplicación por los líderes opositores- los grandes medios de comunicación han articulado un discurso antikirchnerista que se ha mostrado tan capaz para promover climas de asfixia e indignación política en algunos sectores influyentes aunque minoritarios, como impotente a la hora de la propia construcción política. Es inevitable que así sea: el griterío contra el “gobierno autoritario” no se lleva bien con las rutinas ni los calendarios electorales. Se sitúa en el punto más extremo de la enemistad política, en el lugar en el que “el otro” no es una propuesta y una orientación a discutir y a superar sino que es el mal político absoluto a combatir y destruir. Es una mirada más eficaz para alentar escenas de crisis terminal y sublevaciones que para acumular recursos político-electorales. Por otro lado, el propio sufragio universal queda comprometido en su virtualidad: de ese sufragio, ejercido con total libertad surgió este Gobierno al que se denuncia como ilegítimo. Es decir, del sufragio ya no se esperan soluciones porque el sufragio es percibido como parte del problema. Así se insinúa en ciertos testimonios recogidos en el cacerolazo porteño de setiembre último que, ante la pregunta sobre por qué la mayoría votaba a Cristina Kirchner, respondían que el Gobierno ganaba elecciones sobre la base del clientelismo social. Se cierra así el círculo argumental: al autoritarismo no se lo derrota con las mismas armas con las que domina, es necesario un acto original de fuerza que restablezca el orden democrático. Frases de ese tipo jalonaron el comienzo de todos y cada uno de los golpes de Estado de nuestro siglo XX. Cuando llega, como ahora, una etapa electoral, el libreto antiautoritario muestra toda su inoperancia. Porque una actitud coherente con ese marco interpretativo sería condenar el propio proceso electoral y, en el caso de que esa condena no tuviera éxito, generar un nivel de unidad total de la oposición para vencer electoralmente al “régimen”. Esa unidad podría ser el fin de más de una histórica formación política y el agosto de muchas carreras estelares, pero la gravedad del diagnóstico justificaría lo dramático del renunciamiento. Como nadie está seriamente dispuesto a adoptar ese curso estratégico, el sonsonete del autoritarismo termina por ser un decorado testimonial de la impotencia política. La oposición argentina es, todavía, “precaprilista”. No comprendió, a diferencia de su homóloga venezolana, que la manera de enfrentar electoralmente a los gobiernos surgidos de las crisis del neoliberalismo incluye el reconocimiento de la legitimidad democrática de su adversario y el de los cambios que han impactado positivamente en la calidad de vida de sus pueblos. http://www.revistadebate.com.ar/2013/03/01/5922.php GB