MEDIOS Y PODER

Los medios disputan el poder en Latinoamérica
Por Diego M. Vidal. Periodista
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Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela son ejemplos de cómo las corporaciones económicas buscan suplir la voluntad popular con la planilla del rating.

Con los grandes grupos de comunicación construidos en dictaduras y fortalecidos bajo el influjo neoliberal de los ’90, Latinoamérica vive un clima de confrontación con estos poderes fácticos. Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela son ejemplos de cómo las corporaciones económicas buscan suplir la voluntad popular con la planilla del rating.

Allende los Andes. El derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, fue precedido por una intensa campaña de difamación que preparó la escena para la asonada militar del Gral. Augusto Pinochet. El diario El Mercurio, propiedad del empresario Agustín Edwards, entonces vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), probó cuán eficiente puede ser la prensa a la hora de conspirar contra un gobierno que amenace sus intereses y los de sus socios.

El premio a tal nefasto servicio se mide hoy en los “22 periódicos que pertenecen a Edwards, con el apoyo del grupo Matte, que proporciona el papel, pero además posee 14 estaciones de radio en las principales ciudades del país y una agencia de noticias”, señala el periodista transandino Ernesto Carmona. El otro importante diario de circulación nacional pertenece al banquero Álvaro Saieh, del Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa), quien además de poseer cadenas de supermercados, hoteles y bancos, es también propietario de los medios “La Tercera, La Cuarta, Qué Pasa, Paula, Pulso, La Hora, El Diario de Concepción, el Grupo Dial, las radioemisoras Duna 89.7, Paula FM 106.9, Carolina 98.3, Beethoven 96.5, Zero 97.7 y Radio Disney 104”, detalla Carmona y agrega otras cifras demostrativas de los cruces entre rubros bien disímiles con la función de informar: el 67% del Canal 13, de la Universidad Católica, pertenece al grupo Luksic, el más poderoso del país merced a su rama en la minería del cobre explotada con ventajas tributarias únicas de Chile. El grupo Bethia (Falabella) concretó en 2012 la adquisición de Megavisión Canal 9”. Por si fuera poco el control que sobre la información ejercen las ricas minorías chilenas, el desembarco extranjero encontró en el propio presidente Sebastián Piñera un facilitador de lujo. “Piñera”, cuenta Ernesto Carmona, “vendió su estación Chilevisión a Turner Broadcasting System, una compañía más del mega grupo AOL-Times Warner-CNN de Estados Unidos”.

La cobertura periodística de las multitudinarias protestas estudiantiles que ocuparon las calles de Santiago y las principales regiones chilenas desde principios del 2011, desnudaron el papel connivente de los órganos de prensa con la derecha gobernante. Fueron los mismos estudiantes quienes encararon a movileros y cronistas para reclamarles por priorizar la difusión de imágenes con disturbios al informar sobre las marchas.

Las 8 familias de Ecuador. Rafael Correa impulsa una Ley Orgánica de Comunicación, que está establecida por la Constitución de 2008 pero aún no se ha podido poner en vigencia. Cuando el mandatario ecuatoriano intentó ponerle límites a los bancos se encontró con una furiosa oposición lanzada desde la prensa, controlada por las mismas entidades financieras que a su vez son parte de una telaraña empresaria que atraviesa las principales actividades económicas del país. En un trabajo de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión del 2008-2009, quedó en evidencia que el control sobre los medios de comunicación en Ecuador estaba en manos de 8 familias: Vivanco, Eljuri, Pérez, Alvarado Roca, Mantilla, Egas, Martínez y Mantilla-Anderson. Entre ellas, los nexos filiales se confunden con los comerciales y así, como en una matrioska rusa, detrás de radios, canales de televisión de aire y cable, proveedores de servicios de internet, más los principales periódicos, aparecen compañías de turismo, agrícolas, firmas bancarias, industrias alimenticias, estudios jurídicos y shoppings. Vínculos que según sus dueños no afectan al periodismo pero los hechos demuestran lo contrario. La prueba está en cómo se informaron los hechos que convirtieron el intento de derrocamiento de Correa y su magnicidio, en el 2010, en una simple sublevación policial por reclamos gremiales. En el contexto de la campaña electoral por su reelección, el mandatario ha renovado la disputa por el cumplimiento de la norma que regule la propiedad de los medios de comunicación y esta vez cuenta con el respaldo de la consulta popular que la aprobó el 7 de mayo del 2011.

O ’Globo o mais grande. La Red Globo es hoy el mayor grupo de comunicación de Suramérica (posee 340 canales de comunicación en todo Brasil) y está entre los cinco más importantes del mundo; su origen y crecimiento se remonta a los tiempos de la dictadura militar. Globo mostró su capacidad de manipulación en plena democracia al moldear, sostener e implantar al neoliberal Collor de Melo como Jefe de Estado y luego participó abiertamente en su destitución.

Con Folha de Sao Paulo, Jornal do Brasil y Estado de Sao Paulo, las revistas Veja, Isto É y Época se reparten el mercado comunicacional y casi sin fisuras coinciden editorialmente a la hora de atacar tanto a Lula como a su sucesora Dilma Rousseff. Ejemplo claro de esa estrategia ha sido la amplificación, durante los comicios estaduales de octubre pasado, del bautizado por ellos “El juicio del siglo”, en el que se condenó a funcionarios de Da Silva por la causa del mensalão o compra de votos en el parlamento. El intento por ligar al Partido de los Trabajadores (PT) con la corrupción y así minar las posibilidades de triunfo de sus candidatos, fracasó al alzarse el PT con gobernaciones y municipios clave como San Pablo.

Televisa en problemas. La mayor productora televisiva de habla hispana del mundo pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia. Aquel que se remonta a los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaba México de manera absoluta e imbatible. Emilio Azcárraga Milmo, su fundador, se jactaba públicamente de ser un “soldado del PRI”. Pero la identificación partidaria no le impidió avanzar en la monopolización de la comunicación. Según Jenaro Villamil, autor de Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto, “en el sexenio de (Felipe) Calderón, Televisa termina como la cadena que tiene el 70% de la publicidad en televisión; más del 52% de la publicidad general de todos los medios; el 65% de las concesiones de tv abierta; el 55% de los abonados en TV de cable, y el 80% en TV de satélite”. Junto a TV Azteca controlan el espectro audiovisual e incluso comparten negocios de telefonía. Además de ser dueño del principal estadio y de dos equipos de fútbol (América y Necaxa), Televisa posee casinos y participa en la producción de medicamentos. Sin embargo, a pesar de que logró poner a otro presidente del PRI, Enrique Peña Nieto, la irrupción del movimiento juvenil #Yosoy 132 que surgió de las universidades privadas mexicanas, puso en jaque su posición dominante al ser cuestionada la injerencia que tuvo en la candidatura de Nieto y las maniobras para instalarlo en la opinión pública.

Chávez no se va. El caso venezolano siempre fue paradigmático, por la virulencia opositora de los grandes medios y la decisión de ir a fondo sobre los monopolios informativos de parte del gobierno bolivariano.

Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano y autor del libro Medios y Poder en Venezuela, asegura a Miradas al Sur que tras el golpe de Estado en abril del 2002 el mapa de medios se modificó en la nación caribeña. “Sobre todo desde 2006, por tres razones”, precisa, “la primera, salió del aire RCTV porque no le renovaron la Licencia. Segunda, surgieron más 500 medios comunitarios, algunos con raíz social y fuerza política local, y tercera, comenzó a conformarse un real sistema de medios públicos estatales de por lo menos 15 medios, con 5 televisoras estatales, 3 diarios y 7 redes de emisoras radiales. Lo nuevo, lo más dinámico son los comunitarios y algunos medios públicos. Ejemplos de ello, son Aporrea, que actualmente registra más de un millón 180 mil lecturas cada 30 días, y el diario Ciudad Ccs, que en menos de dos años pasó de 40.000 ejemplares a 140.000; hoy es el más leído de Caracas”.

Tal vez convencido de la imbatibilidad de Hugo Chávez, el Grupo Cisneros, que con Venevisión a la cabeza pasó de ser la principal trinchera antichavista a la mesura en la confrontación. Como si hubiera una tregua pactada con Miraflores. “Efectivamente”, afirma Guerrero, “Cisneros negoció en persona con Chávez un pacto de no agresión en 2004. Ejerce su derecho a hacer antichavismo, pero moderó sus formas groseras, ya no publican graph o declaraciones de señoras llamando a asesinar al Presidente, o pidiéndole a Dios que se lo lleve. Esa tarea la continuó Globovisión (del grupo Zuloaga), pero también ha debido cuidarse por las docenas de demandas y juicios reiterados de Comités de usuarios de TV y del Estado. El acuerdo con Cisneros fue favorable al gobierno. Cisneros corría el riesgo de perder jugosos negocios comerciales desde Estados Unidos.”

GB.

LATIFUNDIOS MEDIATICOS OPINION

Latifundios mediáticos
Por Fernando Arellano Ortiz. Contrainjerencia.com
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El prestigioso analista internacional Ignacio Ramonet, director de la edición española de Le Monde Diplomatique, explica en esta entrevista por qué los grandes pool de medios regionales han decidido ponerle punto final a la continuidad política de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Además, el escritor español advierte que internet está sepultando definitivamente la forma tradicional de hacer periodismo y que dicho fenómeno no tiene vuelta atrás.

Cómo se explica la actitud de manipulación y mentira de los monopolios mediáticos en América latina?, se pregunta el especialista español en ciencias de la comunicación Ignacio Ramonet, al referirse sobre el fenómeno de lo que muchos analistas han calificado como “la canalla mediática”. Su respuesta es contundente: los que él denomina “latifundios mediáticos” privados en Latinoamérica, porque concentran canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y revistas, han declarado una guerra a muerte a los gobiernos progresistas de la región debido a que en su lucha por pagar la deuda social mediante un Estado redistributivo, pretenden desconcentrar el poder de la palabra impulsando una información pluralista que afecta sus intereses corporativos.

Lo paradójico, explica, es que por buscar ampliar la oferta informativa a través de fortalecimiento de canales públicos, los grandes dueños de los monopolios mediáticos que quieren seguir conservando su privilegio, no sólo distorsionan la realidad, sino que aducen que dichos gobiernos están atentando contra la libertad de prensa. Por el contrario, recalca Ramonet, de lo que se trata es de que haya más libertad de expresión mediante la pluralidad y diversidad de expresión.

Este destacado científico social, doctor en Semiología e Historia de la Cultura, con una amplia experiencia tanto periodística como docente, y uno de los analistas más agudos internacionalmente sobre el fenómeno de las comunicaciones, director actualmente de la edición en español de Le Monde Diplomatique, estuvo en Bogotá y Medellín cumpliendo una serie de compromisos académicos.

Al estar empeñados los gobiernos de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Venezuela en democratizar el acceso a los medios de comunicación a través de una legislación que permita diversificar la oferta informativa, impulsando y fortaleciendo los canales de radio y televisión públicos y comunitarios, están tocando en forma directa los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación que por años han tenido posición dominante. Ello explica en buena medida, señala Ramonet, la guerra mediática descarada que han desatado los empresarios de los medios privados contra mandatarios progresistas como Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, para traer a colación los casos más recurrentes.

En la actualidad, explica “los medios de comunicación se utilizan como arma de combate y su propósito es el de defender sus intereses de casta. Ya no actúan como medios, sino como auténticos partidos políticos. Si antaño se exigía la reforma agraria porque la tierra era un elemento de poder, ahora se hace necesario una reforma a la concentración de los medios, los denominados latifundios mediáticos”, por cuanto que de “la calidad de la información depende la calidad de la democracia. No puede haber opinión pública si no hay medios de masas”, afirmó el científico social.

En ese sentido, Ramonet señaló al Grupo Clarín de estar detrás de la organización e impulso de la manifestación del pasado 8 de noviembre contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. La impudicia llegó a tanto, agregó Ramonet, que la CNN en español, “en un caso de intromisión de una cadena internacional pocas veces visto en un debate nacional como el argentino, hacía llamados a la insurrección publicitando el 8N”. Y todo lo presentan como si fuera información, en una actitud caricatural de periodismo, recalcó.

Lo mismo ha ocurrido, dijo, con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, país en que los grandes medios han estado tradicionalmente en manos de banqueros corruptos que estafaron a millones de ciudadanos o de grupos económicos reducidos, los cuales han pretendido seguir ostentando la propiedad de los mismos. Como se resisten a perder el control de la información, han montado toda una matriz mediática para hacer aparecer al mandatario ecuatoriano como autócrata, contrario a la libertad de prensa y reacio a la crítica.

Afortunadamente, agregó, “poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación mediática. Temen encontrarse en un estado de inseguridad informativa”.

Además, Ramonet explica que en todas las reformas a los sistemas de medios en la región se adoptó la pauta norteamericana en el sentido de que los medios fueran manejados por el sector privado a través de concesión de espacios del espectro radioeléctrico que, como se sabe, es de propiedad de los Estados.

Por lo general, recuerda, las licencias para operar canales de televisión y las emisoras de radio fueron entregadas a familias prominentes del establecimiento o a determinados grupos empresariales por favoritismo político o por conveniencias económicas. Dichas licencias se otorgaban para que esos medios fueran explotados durante 15 ó 20 años. Lo que ocurre, dice Ramonet, es que los favorecidos se consideraron “dueños de los espacios por siempre jamás”.

Al tiempo que la canalla mediática en América latina defiende a rabiar sus intereses corporativos mediante estrategias de desprestigio contra los gobiernos progresistas, hasta tal punto que logró dar un golpe de Estado como el de Venezuela en abril de 2002 cuando fue derrocado por 48 horas el presidente Hugo Chávez, simultáneamente se ha convertido en partido político, explica Ramonet. En efecto, afirma, “ante el derrumbe de los partidos corruptos de derecha que ya no tienen apoyo popular, en varios países latinoamericanos, los grandes medios que están en manos del establecimiento, han asumido el rol de oposición y desestabilización política”, lo cual se observa no sólo en Venezuela, sino en Honduras y Paraguay, en donde contribuyeron a tumbar a los presidentes José Manuel Zelaya, en junio de 2009, y Fernando Lugo, en 2012, respectivamente, así como en Ecuador, cuando trataron de derribar del poder a Rafael Correa en septiembre de 2010, y actualmente en Argentina, en que el Grupo Clarín y el ultraconservador diario La Nación buscan torpedear por todos los flancos a la mandataria Fernández de Kirchner.

No obstante la guerra mediática contra los líderes de izquierda y progresistas de la región, Ramonet resalta que paulatinamente varios países latinoamericanos están implementando legislaciones que permitan la pluralidad de la información, lo que como es obvio, va a posibilitar diversidad de miradas y voces sobre la realidad.

En ese sentido, hace un comparativo con lo que ocurre en Europa, en donde los Estados desarrollan canales de comunicación pública, cuyo trabajo responsable y profesional han posicionado a emisoras como la BBC de Londres, RTVE de España, Deutsche Welle de Alemania, la RAI de Italia, Radio Francia, entre otras, al tiempo que el sector privado explota como negocio sus propios medios. No sería justo, afirma Ramonet, que el Estado sólo manejara la totalidad de los medios de comunicación, por el contrario, lo necesario y lo importante es la diversidad. “Hay que defender la pluralidad informativa, pero infortunadamente, en América latina se oponen los privados, porque tienen concentrado todo el pastel comunicacional y publicitario”. De allí, colige, es imperativo desarrollar los canales públicos y el sector comunitario, dándoles espacios radioeléctricos y brindándoles financiación.

Nuevas tecnologías y el impulso de medios alternativos. Como bien lo señala en su último libro La explosión del periodismo, Ramonet recalca que internet ha puesto en jaque a los medios tradicionales, pero al mismo tiempo está impulsando la generación de medios alternativos y comunitarios. “Las nuevas tecnologías han transformado la comunicación y han permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, hasta tal punto, agrega, que “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”. Destaca experiencias comunicacionales como la radio La Colifata, de Argentina, que emite desde un sanatorio psiquiátrico y sobre la cual Ramonet tuvo conocimiento gracias a la información que le suministró el cantautor francés de origen español Manu Chau.

Las posibilidades que ofrecen no sólo la internet sino la computadora, el celular, el iPad, las cámaras digitales, para procesar información han producido la crisis de los medios tradicionales, sostiene el director de la versión española de Le Monde Diplomatique. Por ello, no duda en aseverar que “la democratización de la información es relativamente posible” gracias a estas tecnologías que han permitido la irrupción de medios alternativos, pero asimismo es evidente que “el modelo tradicional de los medios está en crisis, y eso que la revolución en internet apenas está empezando”.

Ramonet explica que esta crisis se refleja en tres aspectos: la mayor parte de los medios de prensa escrita están perdiendo dinero o están ganando menos o están en quiebra. Puso como ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos más de 120 periódicos en los últimos años han cerrado y 35 mil periodistas han perdido su trabajo. O el caso de ´El País, de España, adquirido recientemente por el fondo financiero Liberty que acaba de despedir a 129 trabajadores. Es más, se atrevió a afirmar que “nadie puede asegurar que la CNN pueda llegar al final del próximo año”.

Frente a este panorama desolador dijo que la alternativa son los medios independientes que por sus innovadores esquemas funcionales están posibilitando hacer buen periodismo. Trajo a colación el caso de la web norteamericana de noticias on line Politico.com, especializada en noticias sobre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. “Su modelo económico se basa en la gratuidad, pero este diario on line a lanzado a principios de 2011 una web de pago: Político Pro con una suscripción anual que cuesta 1.49 dólares”.
GB

PENSAR DISTINTO

Clarín y una denuncia contra las opiniones en su contra
El grupo Clarín realizó una presentación penal contra Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino; Sandra Russo, periodista de la TV Pública y Página/12, y Javier Vicente, relator del Fútbol para Todos. La denuncia es por "incitación a la violencia y coacción agravada" y abarca además a funcionarios nacionales, legisladores y agrupaciones políticas.

La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo Clarín el jueves pasado, a través de un escrito de 35 páginas. Allí sostienen que los dichos de los acusados pueden incitar "a la violencia colectiva" contra la empresa y contra sus directivos.

En el escrito, los abogados estiman que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, que expresa: "Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

La denuncia contra Roberto Caballero, por ejemplo, se fundamenta en un textual extraído de su participación en el programa 6,7,8 de la Televisión Pública del 4 de octubre último en relación a la protesta de Prefectos y Gendarmes. En esa oportunidad, el periodista opinó que la protesta se enmarcaba en "un intento de desestabilización", y explicó que "forma parte de una estrategia de incendio de la calle que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre".

En cuanto a Russo, el escrito presentado afirma textualmente que "luego de los conocidos 'cacerolazos' del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6,7,8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: 'Son las cacerolas de Clarín' y agregó 'en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno'. Luego continuó diciendo 'en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?'"

Algo similar ocurre con el periodista deportivo y relator de Fútbol para Todos, Javier Vicente, a quien acusan por haber dicho, en medio de un partido: "Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0 - Quilmes 0. Fútbol para todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo: Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre".

La denuncia abarca también a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.

Además están acusados el jefe del bloque de legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y el diputado nacional Edgardo Depetri, junto a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".

En cuanto al 7 de diciembre, Clarín afirma que "resulta aun más peligrosa la actitud de gobierno y de algunos funcionarios mencionados, que insisten en la fijación de un verdadero punto de inflexión o 'deadline' en este conjunto de acciones intimidantes contra la empresa y sus directivos".

En su presentación, citan un textual de Sabbatella: "La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre", sosteniendo que el funcionario "en la misma línea trazada por el gobierno, soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación".

25/11/12 Página|12

GB

EL 8 D

El día después de mañana
Por Federico Poore

Los secretos detrás de la pelea por la plena aplicación de la Ley de Medios. Por qué el litigio promete extenderse más allá de diciembre.

Pese a los anuncios de uno y otro lado, la batalla abierta entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín en torno a la aplicación de la Ley de Medios seguirá más allá de la fecha clave del 7D. Sin embargo, la estrategia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) –que los demás grupos presenten un plan antes de diciembre– buscará dejar solo a Clarín en el incumplimiento de la norma, y las chances del multimedios de conseguir una victoria total en la máxima instancia son cada vez menores.

Así lo confirman a Debate legisladores, constitucionalistas, funcionarios y especialistas en la materia cuando se les pide que piensen qué va a pasar no sólo en diciembre –cuando, de no mediar una prórroga, vencerá la cautelar que mantiene al Grupo Clarín a salvo del efecto desconcentrador de la 26.522– sino en los próximos años con respecto a la aplicación real de la norma aprobada en octubre de 2009.

Y si bien las dificultades que encuentra la ley para transformar el mapa de medios del país pueden dar la impresión de que “nada cambió” desde que fuera sancionada por amplias mayorías por el Congreso, dos claves recientes alumbran el largo y sinuoso camino hacia su plena aplicación.

“Por el fallo que la Corte emitió en mayo último, sería incoherente que se termine declarando inconstitucional lo que se inscribe dentro de los marcos constitucionales”, estima Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Discusiones aparte sobre el estilo florentino del máximo tribunal, la Corte estableció, sin medias tintas, que el 7 de diciembre la ley será aplicable al grupo “con todos sus efectos”. Conocida la resolución, el grupo que comanda Héctor Magnetto continuó denunciando que la Ley de Medios restringía “la pluralidad y la libertad de expresión”. En su edición del 2 de junio, esta revista explicó por qué era difícil –si no imposible– que las ventas comenzaran antes de fin de año, dado que el Grupo no había mostrado voluntad negociadora alguna y que parecía decidido a agotar la batalla judicial. Pero en estos últimos cinco meses hubo novedades en ambos bandos que acotan el abanico de posibilidades futuras.

Estrategias y cautelares

Hasta hace algunos meses, el discurso oficial justificaba las prórrogas a los demás grupos excedidos atentos a la cautelar de la que gozaba el Grupo Clarín. “Si no, obligaba a desinvertir a todos menos al grupo más grande”, explicó por entonces a esta revista el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.

Pero ahora la estrategia es otra.

“Hubo un cambio trascendente con la plena integración de los dispositivos de control y aplicación de la ley (la Comisión Bicameral, el directorio de Afsca y el de RTA). Éste es un cambio significativo respecto de los primeros tres años de aplicación de la ley”, resume Martín Becerra.

A partir de la asunción de Martín Sabbatella, y cumplimentando una resolución de julio último, la Afsca comenzó a exigir al resto de los multimedios que presenten sus planes de adecuación antes del 7 de diciembre. Uno de los hitos en ese sentido fue la conferencia de prensa del 14 de noviembre en la Manzana de las Luces, donde el titular del organismo presentó el cuadro de situación de cada uno de los grupos excedidos, destacando las reuniones que mantuvo con varios de ellos y la voluntad de cumplir la ley que expresaron todos los conglomerados “salvo Clarín”. El objetivo es claro: que Clarín quede como el único conglomerado al margen de la ley. En otras palabras, dejarlo en offside.

El Grupo anunció que no hará nada por cumplir con la adecuación antes del 7D. En octubre, sin hacer demasiado ruido, solicitó una ampliación de su cautelar, con el argumento de que aún no se resolvió la cuestión de fondo, es decir, el reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Antes de renunciar, el juez Raúl Tettamanti rechazó el pedido y al cierre de esta edición, el Grupo Clarín esperaba una respuesta por parte de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones.

Algunos entienden que la cautelar debe extenderse “todo lo que dure un proceso judicial”, tal como afirma a esta revista el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Otros disienten. “Es difícil que la Cámara haga lugar al planteo después del fallo de mayo sobre esa misma cautelar”, confía una de las personas que asesora al Estado en la batalla judicial. El expediente está en condiciones de pasar a sentencia, pero se demora por el número de jueces temporales que va teniendo la causa.

En la entrevista que acompaña esta edición, Sabbatella sostiene que en tal caso el 7 de diciembre habrán vencido “todos los plazos” para adecuarse y que si el multimedio no quiere que la Afsca actúe de oficio deberá presentar un plan antes de esa fecha. El gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, Martín Etchevers, argumenta que a la empresa no le corresponde presentar plan alguno “porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la Justicia”.

Esta especie de punto muerto beneficia a Clarín, porque demora la aplicación efectiva de ley. Por eso, el oficialismo aprobó el 14 de noviembre el proyecto para reglamentar el mecanismo del per saltum, un trámite que había comenzado a acelerar cuando la Cámara –con el sospechado juez Francisco de las Carreras a la cabeza– estuvo a punto de concederle a la empresa la ampliación de la cautelar.

Hacer cumplir la ley

¿Qué hará el Gobierno mientras espera el fallo del máximo tribunal? Los detalles no están definidos, pero la respuesta corta es: una adecuación de oficio, prevista por la ley.

El argumento oficial para llevar esto adelante se apoya en el decreto reglamentario de la Ley de Medios, publicado en agosto de 2010. Allí, se establecen tres criterios para que los grupos excedentes puedan adaptarse a la nueva normativa: adecuación voluntaria, constatación de oficio y adecuación por transferencia de licencias.

El trámite de adecuación voluntaria se inicia mediante una declaración jurada, a través de la cual los licenciatarios proponen “la regularización de su situación”, según detalla el organismo en la resolución 297/2010. Esto es lo que –luego de dos prórrogas– el Gobierno comenzó a exigirles a los diferentes dueños de medios (entre ellos, representantes de los grupos Uno, Indalo, Prisa, Telecentro, Ick y Canal 9) durante las reuniones que mantuvieron con Sabbatella en la sede del organismo.

Si las empresas incumplen o no cumplen por completo con “la efectiva adecuación a las disposiciones del artículo 161”, la Afsca podrá llevar adelante una constatación de oficio. Antes deberá dictar un acto administrativo en el que se declara este incumplimiento, acción que deberá ser publicada en el Boletín Oficial. “Si sos titular de quince licencias de aire y podés tener diez, presentás tu plan antes de diciembre aclarando ‘me voy a desprender de estas cinco licencias’, Afsca lo aprueba y tenés un plazo de ejecución para hacerlo. Si no, Afsca seleccionará las cinco licencias que considera que tenés de más y las pondrá en concurso”, puntualiza Sabbatella.

Gustavo Bulla, docente de Políticas de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y ex funcionario de la Afsca, agrega que “no sólo se concursarán las señales ‘sobrantes’, sino también aquellos casos de incompatibilidad, como el caso de quienes tengan una empresa de cable y un canal de aire en una misma localidad”.

En la conferencia del 14 de noviembre, Sabbatella detalló que el criterio de licitación será el de concursar las licencias de menor valor para “causar el menor perjuicio económico” posible. Es un argumento atendible, aunque otros entienden que la idea de que el Estado seleccione a dedo las licencias excedentes es un error y que lo que se debería hacer es concursar todas las señales –manteniendo el servicio y garantizando las fuentes de trabajo, como sostiene Sabbatella– hasta ajustar al máximo de licencias permitido por la norma. “El criterio de selección debe ser transparente. Dado que la ley privilegia la televisión abierta, en caso de incompatibilidad o no cumplimiento, le licitaría sus empresas de cable en todos los lugares donde tiene señales abiertas”, detalla, en estricto off the record, una de las personas que participó en la redacción de la norma.

Un dato más. Entre la adecuación voluntaria y la de oficio existe un segundo paso, previsto por el propio decreto 297 y mencionado por Sabbatella en conferencia de prensa. “El Estado pone un tasador oficial, se evalúan todos los bienes concursables de la empresa, y se los somete a una oferta pública de adquisición (OPA). Una vez recibidas las ofertas, el grupo debe decidir si las acepta; si no, la opción se cae”, explica un integrante de la Procuración General. Por supuesto, nadie imagina un escenario en el cual el Grupo acepte –más cuando mantiene su pleito en la Justicia para no vender–, pero es un paso más previsto en la normativa que le otorgaría mayor transparencia a todo el proceso.

Más allá de diciembre

Cualquier medida que tome el Gobierno en torno a las licencias del multimedio puede detonar este nuevo escenario. “Sea la decisión que fuere, es probable que Clarín las impugne administrativa y judicialmente”, anticipa Gustavo Arballo, profesor de Derecho Público de la Universidad Nacional de La Pampa. La otra cosa que puede hacer la empresa, explica Arballo, “es sostener que existe cierta conexión entre esa medida y su causa en trámite para recurrir al mismo juzgado en el que obtuvieron la cautelar”. En otras palabras, el grupo podría pedir otra medida cautelar, más específica, contra el acto de rescisión de licencias.

“Supongamos que mágicamente hubiera un fallo, incluso de la Corte, que confirmara la constitucionalidad de la ley y que ordene al grupo a desinvertir. Esto no agota el repertorio de acciones que pueden intentar Clarín o cualquiera de los grupos afectados, sino que habrá una disputa mucho más fina sobre qué licencias le corresponden o no al grupo y finalmente sobre cómo se ejecuta esa desinversión”, sostiene el autor del blog Saber leyes no es saber derecho.

Sin embargo, en el Gobierno se muestran confiados en una victoria judicial a mediano plazo, algo que ilustran por la negativa. Así de taxativa es una de las espadas legales del kirchnerismo, que asegura que “no hay chances de que la Corte diga ‘esta ley es inconstitucional’”. Claro que para que eso ocurra, la causa por el fondo de la cuestión debería llegar lo antes posible al cuarto piso de Tribunales. La misma fuente confiesa que “la única manera de que esto funcione es que lo resuelva la Corte”. En otras palabras, nadie va a comprar una licencia judicializada.

En el Gobierno reclaman por la renuencia del máximo tribunal, pero saben que la sentencia final dependerá del clima político. “El fallo del 22 de mayo es cómo lee la Corte el resultado de las elecciones del 54 por ciento. Hoy Clarín está tratando de cambiar el humor de ciertos ejes de poder, entre ellos la Corte”, analizan cerca del ex titular de Afsca, Gabriel Mariotto.

Por eso, la apuesta de Clarín es una apuesta de tiempos, no tanto a las legislativas del próximo año –en las que el kirchnerismo renueva las bancas obtenidas en su magra performance de 2009– sino a 2015. ¿El kirchnerismo sobrevivirá al Grupo Clarín o el Grupo Clarín sobrevivirá al kirchnerismo?

“Todo el mundo imagina soluciones judiciales del tipo todo o nada, pero no hay que descartar la posibilidad de que aparezcan soluciones intermedias, que posiblemente sean leídas como una derrota para el Gobierno o para Clarín”, dice Arballo. Por ejemplo, un fallo de la Corte que establezca que es legal la cláusula de desinversión en la medida en que se le dé un mayor plazo al licenciatario para vender. O que diga que no existen motivos para limitar el número de licencias de cable siempre y cuando se den determinadas condiciones. Becerra completa este panorama al asegurar que se pasará de una batalla grande al “foquismo administrativo y judicial”, es decir, una “guerra de guerrillas”.

La nota que acompaña este informe revela que el Grupo Clarín incluyó en su balance semestral, por primera vez, un informe de peritos contables y económicos con “un cálculo de las eventuales pérdidas contables y de valor de compañía que sufriría la sociedad si se viera obligada a realizar desinversiones en el plazo perentorio de un año”. La clave es que, incluso obteniendo victorias parciales, al conglomerado le será imposible ganar nuevas licencias. La imagen del grupo es la de un gigante herido, que cede –eso sí– a un ritmo mucho más lento de lo que espera el kirchnerismo.

Revista Debate
http://www.revistadebate.com.ar/2012/11/23/5843.php

GB

LA PATOTA RADICAL ENSEÑA DEMOCRACIA.

 

Las trompadas por encima del consenso

Una patota vinculada con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se enfrentó a golpes con militantes que responden a Leopoldo Moreau. Lilia Puig fue elegida para presidir el máximo órgano de conducción de la UCR. Es la primera mujer que accede a ese cargo.

 

 

 

Seguidores de Posse y de Moreau se agarraron a las trompadas.

 Por Sebastian Abrevaya

La idea de una Convención Nacional tranquila y ordenada, que había sido planificada por la plana mayor del radicalismo en un encuentro previo, se estrelló ayer cuando una patota del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se agarró a trompadas con un grupo de militantes de Juventud Radical en Lucha, una agrupación juvenil que tiene como referente a Leopoldo Moreau. Mientras se producían los incidentes, puertas adentro el encuentro avanzaba sin sobresaltos. Todos los sectores habían acordado integrar una lista de unidad, encabezada por la ex diputada nacional Lilia “Lilita” Puig, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en 121 años de historia. “En la UCR sabemos de lucha”, arengó durante su discurso la flamante presidenta, que no se refería a los incidentes, sino a la lucha “por la libertad, la democracia y la defensa de la Constitución nacional”.

Con la experiencia de la última Convención, donde los incidentes se produjeron dentro del Centro Asturiano de Vicente López, la conducción radical buscó evitar aquel escenario que terminó con gritos, empujones, algunos botellazos y tortitas de ricota volando por los aires. En aquel momento se plantearon las críticas por el acuerdo realizado con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Ayer, el conflicto giró en torno de una eventual alianza con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
La jornada venía transcurriendo con éxito hasta que un joven irrumpió en el escenario e intentó tomar el micrófono en pleno discurso de asunción de la nueva presidenta. Cuando lo frenaron, Leandro Illia, nieto del ex presidente, advirtió a viva voz que afuera se estaba produciendo un enfrentamiento entre la barra de Posse y los militantes de Moreau. Según relataron, los incidentes comenzaron cuando el grupo del Modeso intentó ingresar a la sede de Tucumán al 1600 con un pasacalle que decía “Ni un paso a la derecha”. La barra possista les impidió ingresar y ahí se produjo el enfrentamiento, que terminó con algunos heridos, uno de ellos con un corte en la frente, encima del ojo izquierdo. Más temprano, el possismo había copado la primera bandeja en el segundo piso del Comité y había montado una guardia voluminosa para impedir el acceso de otro grupo. El conflicto tiene origen en la asunción de autoridades bonaerenses de hace unas semanas, cuando el intendente de San Isidro soportó los abucheos y cantitos de la militancia radical refractaria al acuerdo con el PRO. En aquella oportunidad, Posse no contaba con barra propia. “Se fueron con Kirchner y ahora se van a ir con Macri”, les recriminó ayer una convencional que había salido del lugar cuando los ánimos todavía estaban caldeados. “Te falta una buena p... a vos, vieja”, le espetó desde atrás un hombre con la remera que decía “Gustavo Posse”. En ese grupo había una banda con bombos y trompetas, otra con banderas y una serie de personas vestidas con ropa deportiva, señalados como miembros de la barra brava de Chacarita. Arriba vestían una remera de Posse o del presidente del bloque de diputados radicales, Walter Carusso, dirigente de San Martín, vinculado con el líder del sindicato gastronómico de Luis Barrionuevo.
“Yo le pegué a uno, pero no sabía que era de los nuestros”, le comentaba entre risas uno de los barras possistas a otro. Cuando los incidentes se calmaron, ese grupo se mantenía en la puerta del Comité Capital. “Venimos desde Merlo, ¿no tenés una moneda para tomar algo fresco?”, les repetía uno de los “militantes” a quienes entraban o salían del local partidario. Otros, en cambio, pidieron plata a los puesteros radicales que aprovechan los encuentros partidarios para vender el tradicional merchandising radical. Sentado entre los convencionales, el intendente de San Isidro dijo desconocer a los violentos, aunque al retirarse del lugar les regalaba besitos al aire en respuesta a su fervoroso cantito: “Olé Olé Olé, Posse, Posse...”


Superado el episodio, la dirigencia y los casi 250 convencionales presentes continuaron las deliberaciones. El titular del Comité Nacional, Mario Barletta, había hecho ya su informe, luego fue el turno de los titulares de los bloques legislativos, el senador Luis Naidenoff y el diputado Ricardo Gil Lavedra. Con duras críticas al kirchnerismo, Lilita Puig aseguró que la UCR sabe gobernar, a diferencia de este gobierno, “que sólo sabe apropiarse del Estado para hacer negocios”.
El resto de los cargos estuvo repartido para contentar a todos los sectores. Como vicepresidente primero quedó Santiago “Chiche” López y como vice segundo el alfonsinista Carlos Pérez Gresia. No hubo debate sobre la política de alianzas, que quedará pendiente para un próximo cónclave. En cambio, se aprobó un documento contra la reforma constitucional, a favor del aumento en el mínimo no imponible de Ganancias y donde llama a trabajar de cara al 2015 con las “fuerzas políticas afines”.

GB

SIN DERECHO DE HUELGA?

La gestión macrista pedirá que ese transporte se declare servicio público, por lo cual se restringirán las m edidas de fuerza.

Vigilar y recaudar

La Ciudad confirmó que buscará limitar las huelgas en los subtes

La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, reconoció que el proyecto de ley que concretará el traspaso del subte a la administración de la ciudad no sólo prevé aumentos de impuestos -básicamente a combustibles- para el financiamiento del servicio, sino que también hará que, "en caso de huelga, los gremios estén obligados a garantizar el 90 por ciento de los viajes en las horas pico y el 60 en horas normales".

Por último, hay un punto dedicado a los metrodelegados. “El subte va a ser declarado servicio público para garantizar la prestación del servicio”, indicaron con una amplia sonrisa en Bolívar 1. Esto limitaría el derecho a huelga: sería lo mismo que los hospitales, donde siempre se deben garantizar guardias mínimas. Si bien no opinaron ayer, en el sindicato del subte se mostraron preocupados del alineamiento de la UTA con el PRO. También advirtieron que para la OIT el subte no es un “servicio esencial”. La discusión en la Legislatura del demorado traspaso del subte comenzará el martes próximo

GB

"Con un per saltum de hecho, Clarín no quiere cumplir la ley", aseguró e...

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