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REPERCUSIONES DEL FALLO BUITRE

FUERTE CAIDA DE LOS BONOS EN DOLARES COMO REPERCUSION DEL FALLO DE GRIESA
El día después se sintió la resaca

Mientras el equipo económico trabaja en la apelación al fallo que favoreció a los fondos buitre, sectores empresarios locales y acreedores que entraron al canje criticaron de manera unánime la decisión del magistrado de Nueva York.

Por Cristian Carrillo

El fallo en contra de la Argentina del juez de Nueva York, Thomas Griesa, en el litigio entre el país y los fondos buitre, arrastró ayer los precios de los títulos públicos nominados en dólares y bajo legislación extranjera. El desplome de esos papeles alcanzó al 7 por ciento, principalmente por ventas realizadas en Wall Street, mientras que en la Bolsa porteña las acciones y el resto de los bonos finalizaron en positivo. El fallo de Griesa, que se conoció anteayer, obliga a la Argentina a conformar un depósito de garantía por 1330 millones de dólares, monto equivalente a lo demandado por estos fondos buitre, mientras se aguarda por la decisión de la Cámara de Apelaciones, al tiempo que elevó la propuesta de que se abone a estas entidades especulativas el nominal de sus tenencias en efectivo y en una sola cuota. Los abogados que representan a la Argentina presentarán este lunes la apelación al fallo ante la Cámara, argumentando que la decisión de Griesa atropella las leyes argentinas y genera riesgo sistémico dentro del mecanismo de reestructuración de deuda y de pago de los compromisos con los acreedores.

El fallo de Griesa, en respuesta al pedido de la Cámara, sostiene que la Argentina debe tener el mismo grado de cumplimiento con los bonistas que ingresaron al canje de deuda que con los fondos buitre, que la rechazaron en dos oportunidades. El fallo no hace más que reiterar puntos de la presentación de febrero de NML Capital, propiedad de Paul Singer, en donde se esgrimió una supuesta discriminación del país para con estos fondos, argumento que fue concedido en octubre por la Cámara. Este tribunal solicitó a Griesa que disponga una fórmula para salvar esta “inequidad”, sin que afecte a los bancos intermediarios. Unas 48 horas después de que las partes presentaran sus argumentos, el controvertido magistrado determinó que se liquide en un solo pago, y como parte de un supuesto “panorama excepcional” –ante la negativa explícita del Gobierno a pagarles a los buitres– que se haga un depósito a cuenta junto con el pago del cupón de PIB del 15 de diciembre próximo.

En Wall Street, en las pocas operaciones que se realizaron en una sesión abreviada por el inicio del período de ventas navideñas en los Estados Unidos, los bonos argentinos en dólares con legislación de Nueva York se desplomaron. El Bonar 2017 retrocedió 7 por ciento, mientras que el PAR y el Boden 2015 cedieron ambos un 4 por ciento –con legislación local avanzó 2 por ciento–, el Global 2017 retrocedió un 2 por ciento. De todos modos, las mejoras que se registraron en las emisiones en pesos lograron equilibrar el promedio, dando como resultado incluso una baja en el riesgo país, a 1250 puntos, luego de la escalada de 10 por ciento en la rueda previa. El precio de los cupones evidenciaron la preocupación porque puedan existir trabas para su pago el 15 de diciembre. La emisión en dólares y legislación extranjera bajó 6 por ciento, y bajo ley argentina, 3 por ciento. La serie en pesos subió 0,3 por ciento.

El pago del Global 2017, que se realizará el 2 de diciembre, fue exento en el fallo de Griesa, pero el del cupón de PIB dependerá de la respuesta de la Cámara y de cómo se mueva el bufete de abogados argentinos. El ministro de Economía se mostró confiado en que no habrá problemas para cumplir en tiempo y forma con ese compromiso. La posición argentina recibió apoyo de funcionarios, economistas y representantes de distintos sectores de la actividad privada, aunque alertaron sobre el riesgo que genera esta situación en materia de inversión y crédito. Desde el exterior, el representante legal de la Asociación de Consumidores Bancarios de Italia, Tulio Zembo, señaló que “el gobierno argentino tiene razón” al no querer negociar con los fondos buitre, y consideró que la posición del país en la causa judicial “es correcta”. “Los pagos efectuados por la Argentina en el exterior a favor de los poseedores de bonos no tienen vuelta atrás, no pueden ser pensados como reserva plausible de embargar”, argumentó Zembo.

“Es inaceptable que fondos buitre se lleven como carroña nuestra propia soberanía como país”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. El diputado (FpV) sostuvo que estos fondos “sólo buscan alterar el proceso y no reconocen las condiciones aceptadas por la mayoría, porque su negocio es vivir de la carroña”. “Mientras los principales líderes mundiales están intentando sacar al mundo de las crisis de deuda, estos tipos son la antítesis de una nueva economía con rostro humano que debemos impulsar e instalar como valor”, agregó Domínguez. Por su parte, el diputado por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, consideró que el fallo es de una “brutalidad que lo torna absolutamente inviable”. “Parece un fallo de un juez de colonias”, dijo Heller, en sintonía con los dichos de Lorenzino, quien opinó que “se estaría en presencia de un colonialismo judicial”. “Son cosas que exceden notablemente la administración de Justicia, y que le dan cierto aire de tutor de la cosa pública, de ordenador de las conductas”, se explayó Heller.

Desde el sector privado manifestaron su apoyo a lo actuado por el gobierno representantes de la Confederación General Empresaria (Cgera), la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (Aiera) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Más temprano, el titular de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que un fallo adverso para el país implica un “antecedente por el cual no habría más reestructuraciones de deuda”. “La gente se quedaría afuera para pedirles después a los jueces que les den el ciento por ciento”, sostuvo el empresario textil, en sintonía con lo que será la médula de la presentación argentina ante la Cámara.

24/11/12 Página|12
GB

HABRA CACEROLAZO SUBTERRANEO EN LA CABA?

Va a estar más caro Buenos Aires

El proyecto del Ejecutivo también declara al subte en emergencia. Y establece que es un servicio público, lo que limita las huelgas.

Por Werner Pertot

Cuarenta centavos más por litro de nafta premium, un 10 por ciento de aumento en los peajes de AUSA, hasta un 5 por ciento más de impuestos de patentes de los autos de más de 150 mil pesos. Este es, esencialmente, el paquete impositivo que llegará a la Legislatura porteña junto con el proyecto de ley por el que Mauricio Macri se hace cargo del subte. La tarifa, de momento, no se movería de los 2,50 pesos. Como adelantó Página/12, el impacto más fuerte será el del impuesto a los combustibles, similar al que aplicó José Manuel de la Sota en Córdoba. Para la nafta súper, común y el GNC habrá un impuesto menor, que estaba siendo definido contrarreloj por los macristas. El jefe de Gobierno pedirá, además, que se declare servicio público el subte para restringir las huelgas y que se lo considere en emergencia. Según informaron en Bolívar 1, la concesión de Metrovías durará 90 días más y después de eso es posible que se la den a otra empresa o que el Estado asuma el control.

Cuando Macri anunció que aceptaba el subte, evitó cualquier precisión sobre el proyecto. Lo mismo ocurrió en su encuentro con opositores. Ayer la gestión PRO le entregó a la prensa los principales puntos del proyecto por el que Macri finalmente se hará cargo del subte. Aunque parezca increíble, el texto todavía seguía siendo retocado anoche, por lo que lo presentarían a última hora o el martes próximo a la mañana. El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que habían estado trabajando el jueves “hasta la noche tarde”. Todavía faltaba una revisión final de la Secretaría Legal y Técnica.
Sube, todo sube

Según informaron voceros de la gestión PRO y legisladores macristas, el financiamiento provendrá de una batería de impuestos a los combustibles, peajes y patentes. Los principales puntos del proyecto que todavía no conoce la mayoría de los legisladores son los que venía anticipando este diario y que ayer se confirmaron oficialmente:

- La primera fuente de financiamiento será un nuevo impuesto para combustibles (naftas, gasoil y GNC), como lo adelantó este diario el 22 de octubre. Si bien estaban trabajando en la escala de aumentos, en el gobierno de Macri indicaron que la nafta premium subirá 40 centavos por litro. Implicaría unos 22 pesos más por tanque lleno. En el resto de los combustibles, el aumento sería menor: 30 centavos la súper y 20 el gasoil.

- Los peajes de AUSA tendrán un aumento en su precio de un 10 por ciento. Si se toma el ejemplo de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo –donde el peaje para autos cuesta de 8 a 10 pesos– se iría a 9 pesos (u 11 en las horas pico).

- Para los autos de más de 150 mil pesos se prevé un incremento de hasta el 5 por ciento en el impuesto de patentes.

- La tarifa del subte, de momento, se mantendrá sin aumento. Por lo menos, no está previsto en el proyecto de ley, aunque en la gestión PRO advierten que todavía “no se conoce la ecuación económica del servicio y recién la vamos a saber cuando se apruebe la ley”. Eso significa que “no se sabe si con esto alcanza, se queda corto o sobra”.

- El proyecto de ley incluye una autorización al gobierno de Macri para reasignar partidas –los llamados “superpoderes”– en función de lo que necesite para financiar los subsidios del subte.
¿A quién culpar?

El proyecto de ley no hace referencia al acta-acuerdo que firmó Macri con el gobierno nacional en enero ni a la ley nacional que dispuso el traspaso a la Ciudad del subte y 33 líneas de colectivos. Sí se acuerda de la Nación a la hora de repartir culpas. Los macristas detallan que todos los aumentos para financiar el subte se suspenden si el gobierno nacional traspasa a la Ciudad 500 millones de pesos por año. Es decir, si se ocupa de financiar el subte como lo venía haciendo. Cerca de Macri señalaron que también tendría que enviarles el dinero de “la deuda” en inversiones, que para el jefe de Gobierno asciende a mil millones de pesos. “Si aparecen los recursos, no habrá necesidad de aumentos”, adelantó la estrategia el legislador porteño Martín Ocampo, uno de los que intervinieron en el proyecto. Ocampo sufrió todo tipo de críticas de sus compañeros de bloque por haberles ocultado el anuncio de Macri del traspaso. El vicepresidente primero Cristian Ritondo lo tiene entre ceja y ceja.

También hay un artículo que declara el servicio del subte en emergencia. “Es para tener mayor flexibilidad en la administración”, aseguraron. El contrato con Metrovías “se cae”. Según detallaron en Bolívar 1, la empresa del Grupo Roggio deberá seguir prestando el servicio durante 90 días. En ese período se evaluará si continúa operando el subte, si le dan la concesión a otra empresa o bien si se hace cargo Sbase, la empresa estatal de subtes que dirige Juan Pablo Piccardo.

Por último, hay un punto dedicado a los metrodelegados. “El subte va a ser declarado servicio público para garantizar la prestación del servicio”, indicaron con una amplia sonrisa en Bolívar 1. Esto limitaría el derecho a huelga: sería lo mismo que los hospitales, donde siempre se deben garantizar guardias mínimas. Si bien no opinaron ayer, en el sindicato del subte se mostraron preocupados del alineamiento de la UTA con el PRO. También advirtieron que para la OIT el subte no es un “servicio esencial”. La discusión en la Legislatura del demorado traspaso del subte comenzará el martes próximo.

Reacción adversa
Por Werner Pertot

Si Mauricio Macri quería ganarse con facilidad los votos de la oposición porteña, no está haciendo un buen trabajo. “Más que un proyecto destinado a mejorar el subte esto parece una declaración de guerra”, se sorprendió el legislador de Proyecto Sur Rafael Gentili, que presentó un día antes su propio proyecto en el que no hay aumentos de impuestos. En tanto, Aníbal Ibarra se preguntó: “Con los recursos que pretenden obtener, ¿mantendrán el boleto a 2,50 o además se viene un aumento de tarifas?”.

“Macri toma el subte como excusa para seguir metiéndoles la mano en el bolsillo a los ciudadanos”, opinó Gentili. “En el subte no hay muchas opciones: o se sigue con una privatización que ya fracasó o se reestatiza con control social como propongo en mi proyecto”, se sumó el legislador del MST Alejandro Bodart. “Pese a su compromiso, Mauricio Macri le da la ley a la prensa antes que a los diputados”, cuestionó.

“Hoy los funcionarios de Macri contaron un capítulo más de la novela de ciencia ficción del traspaso del subte”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. “El acta que no fue acta, el anuncio que no fue anuncio y ahora un proyecto de ley que parece ser que sólo anunció a algunos medios y ni siquiera envió a la Legislatura”, enumeró el legislador. “Quizá quiere que nos dediquemos el fin de semana a estudiar solamente lo que informan los diarios”, ironizó. Ferraro remarcó que su bloque no va a acompañar aumentos impositivos y recordó que Macri viene sumando “exenciones a las grandes empresas”.

“Declarar la emergencia significa pedir superpoderes para hacer licitaciones abreviadas con menos requisitos que los que pide la ley actual. No hay ninguna necesidad de dicha emergencia”, opinó Ibarra, quien recordó que “en todo caso hay que declarar la emergencia en el subte por los atrasos en las obras desde hace cinco años”.

24/11/12 Página|12

GB

IMPUESTO A LAS GANANCIAS OPINION ALFREDO ZAIAT.

Impuesto a las Ganancias
Por Alfredo Zaiat

Cuando los contribuyentes con mayor capacidad patrimonial y de rentas pagan más impuestos en proporción a sus ingresos se define la característica de progresivo del sistema tributario. Por eso el impuesto a las Ganancias aplicado en escalas de ingresos y alícuotas crecientes es considerado progresivo, mientras que el impuesto al Valor Agregado con una tasa uniforme sin considerar el nivel de ingreso del contribuyente es calificado regresivo. Esto significa que los estratos sociales de mayores ingresos en términos relativos deben tributar proporcionalmente más en un régimen impositivo progresivo; y si lo hacen menos, la estructura de recaudación sería regresiva. Una u otra orientación del sistema tributario determina rasgos de equidad y de distribución del ingreso en la economía. Estos conceptos básicos han quedado en un torbellino de confusión con discursos, movilizaciones y piquetes desde la crisis por las retenciones móviles, en 2008, y desde hace un par de años por el reclamo sindical de suba del mínimo no imponible en el impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, conocido como impuesto a las Ganancias cuarta categoría.

El sistema tributario entonces es progresivo cuando el peso de la recaudación descansa en porcentajes crecientes en impuestos que pagan los sectores de mayor capacidad contributiva en la pirámide de ingresos del país. La estructura tributaria argentina es de base regresiva debido a que predominan los impuestos indirectos. Desde 2003 ha avanzado en rasgos de progresividad por la aplicación de retenciones a exportaciones favorecidas por elevados precios internacionales de las materias primas. También por la tarea de fiscalización de la AFIP que significaron un aumento de la recaudación de Ganancias, y por la ampliación del universo de trabajadores alcanzados por el impuesto a los ingresos. El total de la recaudación de impuestos, recursos de seguridad social y aduaneros en relación con el Producto Bruto Interno aumentó de 21,1 a 31,8 por ciento de 2003 a 2011. En ese mismo período, el IVA pasó de 12,3 a 17 por ciento del PBI, mientras que Ganancias lo hizo de 3,9 a 5,9 por ciento. En ambos tributos la evolución de su tasa incremental (50 por ciento) ha sido similar. El factor que mejoró la progresividad del sistema fue las retenciones, que pasaron a representar casi 3 por ciento de la recaudación total sobre el PBI. Esto indica la relevancia de las retenciones como política de redistribución del ingreso, como también la necesidad de reformar el capítulo impuesto a las Ganancias, definiendo criterios de equidad tributaria y eliminando privilegios para aumentar su peso relativo en la estructura impositiva.

El debate por las retenciones, la carga que alcanza al 20 por ciento superior de la escala salarial de los trabajadores formalizados, el pago a cuenta de Ganancias y Bienes Personales de consumos en el exterior realizados con tarjetas de crédito o débito, o la evaluación de la AFIP de la capacidad contributiva para la venta de dólares a turistas al exterior son todas medidas que apuntan a sumar progresividad en la estructura tributaria. Rechazarlas pone en discusión el contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Exponen también la brecha entre el discurso y la acción de sectores que reclaman iniciativas para repartir mejor la riqueza y proponen medidas económicas y sociales regresivas.

El aspecto más notable de la discusión sobre impuestos es que cada sector se queja por lo que tiene que pagar, reclama que paguen más otros y exige al mismo tiempo mejorar la distribución del ingreso porque están indignados por la cantidad de pobres. Cada uno de los protagonistas de las diferentes tensiones impositivas de los últimos años ha mostrado diversos grados de incoherencia, sobresaliendo el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, porque intervino en todas. Si se concretaran sus demandas, incluyendo una fuerte devaluación, no habría retenciones, impuesto al cheque ni impuesto a los ingresos de los salarios medios y altos; o sea, se desfinanciaría el Estado que critica porque no disminuye la pobreza. Es el caso emblemático de los despropósitos conceptuales y prácticos sobre el tema impositivo que expresa un amplio abanico de dirigentes políticos, sociales y sindicales de vertientes ideológicas distintas.

Las cinco centrales sindicales coinciden en pedir el aumento del mínimo no imponible del impuesto a los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia. Esa medida, aislada, es regresiva en términos de equidad tributaria y económica. Además de involucrar a una minoría del universo laboral, favorecería proporcionalmente más a los trabajadores de más altos ingresos. Si bien el impuesto a las Ganancias es progresivo, el reclamo sindical acompañado por fuerzas de centroizquierda e izquierda es regresivo porque el beneficio resultante del aumento favorece a los que más ganan.

Este conflicto adquiriría un perfil amplio y de mayor consistencia si la demanda hacia el Gobierno se dirigiera a reformar los aspectos cuestionados del capítulo Ganancias. Si la extraordinaria energía puesta en exigir sólo la suba del mínimo no imponible, esfuerzo de tal magnitud que llevó a un grupo sindical a cercar con piquetes la Capital Federal, se orientara a plantear cambios profundos en ese tributo, sería un importante salto cualitativo. El impuesto a las Ganancias sobre trabajadores en relación de dependencia requiere de modificaciones en las escalas de ingresos, en la progresividad de las alícuotas para cada una de ellas, en los conceptos incluidos en las deducciones y sus respectivos porcentajes y, después sí, evaluar el monto del mínimo no imponible.

Estos cambios no serían suficientes para profundizar la progresividad del sistema si el Gobierno no avanzara en el régimen general de Ganancias que mantiene exenciones inequitativas. Personas físicas no pagan el impuesto sobre la renta financiera (intereses de plazos fijos, dividendos de acciones y renta de títulos de deuda públicos y privados). Tampoco están gravadas las ganancias de capital que obtienen las personas físicas por la venta de activos (empresas o inmuebles). Es una de las características más regresivas del sistema impositivo argentino. El dueño de una compañía la vende en 100 millones de pesos cuando el valor patrimonial contabilizado es de 10 millones y no paga nada por esa ganancia de 90 millones. Los regímenes de Chile y Brasil, por ejemplo, alcanzan con el impuesto a las Ganancias esa utilidad.

Otro de los rasgos de inequidad tributaria es el privilegio de la corporación judicial cuyos salarios están exentos del pago del impuesto a las Ganancias. El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tuvo la oportunidad como máxima autoridad de uno de los poderes del Estado de convocar a sus miembros a eliminar ese privilegio en la Quinta Conferencia Nacional de Jueces, que se realizó en Mendoza, a mediados de octubre pasado. Lo pudo haber hecho cuando expresó que en el país “la igualdad está en crisis”, para agregar que “no es algo abstracto, nunca se ha hablado tanto de igualdad y se ha hecho tan poco”. En ese retrato general no mencionó que jueces, fiscales y secretarios de los juzgados no pagan el impuesto a las Ganancias, además de gozar de jubilaciones de privilegio. Hubo un intento del Gobierno de debatir esa desigualdad en una presentación que realizó el titular de la Anses, Diego Bossio, en el Congreso. No recibió adhesiones. Más bien hubo mensajes de disconformidad de la corporación judicial a esa pretensión de hacer en lugar de hablar de igualdad. Esos mensajes advertían sobre la eventualidad de avanzar en fallos judiciales vinculados con el sistema previsional que pondrían en situación de insolvencia el régimen jubilatorio.

azaiat@pagina12.com.ar

24/11/12 Página|12

LA PELICULA DE CLARIN COMIENZA HOY.

Ari lijalad, periodista y director de “Clarín, un invento argentino”





“Ningún directivo del grupo aceptó entrevistas”

Este sábado se estrena en la TV pública la serie documental que cuenta en ocho capítulos la historia del principal diario de la Argentina. Mentiras, verdades y algunas sorpresas.

Es vox populi: los medios de comunicación, según sostienen algunos, constituyen el famoso “cuarto poder” en una república. En nuestro país, ese poder que actuaba en las sombras salió a la luz luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y puso en evidencia cómo se manejan ciertos grupos monopólicos. A menos de diez días del ya popularizado 7D, plazo que la Corte Suprema dispuso para acatar la ley, se estrena Clarín: un invento argentino. Se trata de una serie documental que se podrá ver en la Televisión Pública, dirigida por Ali Lijalad y producida por David Coco Blaustein, con guión e investigación de Eduardo Blaustein y del propio Lijalad. En diálogo con Veintitrés, el director del documental reveló algunos detalles de una historia que promete sorprender.

–Cómo surgió la idea de hacer la serie documental?

–A raíz de un viejo proyecto que teníamos con Coco (Blaustein) que era contar la historia de Jorge Masetti, creador de Prensa Latina, que también tuvo el objetivo de romper con el monopolio informativo de las agencias norteamericanas y europeas. Entonces se nos ocurrió contar la historia de Clarín, que jamás se había hecho completa en televisión. En gráfica había dos, que eran las que habían narrado ellos mismos, es decir, las biografías oficiales. Después hay algunos trabajos valientes, como el de Pablo Llonto y su libro La Noble Ernestina, o el de Julio Ramos, Los cerrojos a la prensa. Obviamente es una serie de época, que se hizo a través de un concurso del Incaa, el Ministerio de Planificación y la UNSAM.

–¿La historia empieza con la fundación de Clarín o antes?

–Arranca en 1902 y llega hasta la actualidad, porque no se puede contar la fundación de Clarín sin contar la historia de Roberto Noble. Y nos dimos cuenta de que era totalmente necesario, por eso lo que se va a transmitir este sábado empieza con él, que nació en 1902 y fundó Clarín a los 43 años. Eso explica mucho del posterior Clarín, primero por los orígenes de Noble, que es la oveja negra de una familia conservadora, que se vincula al socialismo independiente, que participa del golpe del ’30 y que vuelve a asumir como diputado después del golpe.

–¿El documental rompe con la historia oficial que cuenta Clarín?

–Sí. La historia oficial queda desmentida en el primer capítulo a través del testimonio de un periodista que estudió muy bien la historia de Clarín, Martín Sivak. Esa historia de que Noble vendió su estancia para fundar un diario es una de las primeras cosas que quedan desmentidas.

–¿La hija de Roberto Noble, Guadalupe, es una de las entrevistadas?

–Sí, ella aceptó la entrevista, nos reunimos y le comentamos cuál era nuestro proyecto, que parte obviamente de una postura ideológica, pero respetando el profesionalismo periodístico. En los primeros capítulos ella tiene una participación muy fuerte, lo cual es toda una novedad porque es la única hija biológica, la heredera legítima de Clarín. Ese también es otro tema que atraviesa la serie, la batalla judicial con Ernestina Herrera.

–¿Intentaron contactarse con algún directivo de Clarín?

–Sí, pero ninguno aceptó. Nosotros pedimos entrevistas con Ernestina Herrera de Noble, con Héctor Magnetto, con José Aranda, con Lucio Pagliaro, que son los cuatro que hoy no sólo conducen el grupo sino que son los dueños del Grupo Clarín. También quisimos hablar con los directivos de Cablevisión, con los directivos de Canal 13, y tampoco aceptaron. Distinto fue el caso de Ricardo Kirschbaum, que en un primer momento aceptó, pero un día antes avisó que no podía, y luego nunca más pudimos concretarla.
–¿Temen que, más allá de su valor artístico y testimonial, el documental pueda transformarse en parte de la pelea del Gobierno con el Grupo Clarín por la Ley de Medios?

–La serie está pensada para que se pueda ver dentro de diez años, porque va a seguir siendo la misma historia, en todo caso tendremos que agregarle un capítulo en el que se vea –ojalá– que Clarín cumple la ley. Claro que al estrenarse ahora termina siendo una serie de época, pero no está pensada sólo al calor de la actualidad. La serie tiene mucho material de archivo que nunca se vio. Nos pasó que nos sorprendimos mucho, y si nosotros nos sorprendimos, seguramente también se va a sorprender al público. Está pensado como un material sumamente didáctico, que obviamente también es un aporte a la discusión actual.

–¿Les gustaría recibir críticas desde Clarín?

–Creemos que será mirado por el Grupo Clarín porque habla de ellos. Ojalá que nos inviten a discutir en función de la serie, sería muy interesante. Así como hace unos meses hicieron esa parodia en el programa de Lanata, de que ellos querían preguntar, nosotros también queremos preguntarles a ellos sobre su historia. Sería importante que ellos también dieran cuenta de su historia, porque son un actor político central en los últimos 50 años de la vida política y económica argentina.


Ficha técnica

Además del productor ejecutivo, Coco Blaustein, la investigación y el guión de Lijalad y Eduardo Blaustein, participaron del documental los actores (que pusieron sus voces en off) Enrique Liporace (Roberto Noble), Ana Celentano (Ernestina Herrera) y Pablo Navarro (Héctor Magnetto). La dirección de fotografía y cámara estuvo a cargo de Matías Iaccarino, y el montaje fue tarea de Juan Carlos Macías. Mención aparte merecen los más de 30 entrevistados, entre los que sobresalen Guadalupe Noble, Horacio Verbitsky, Carlos Ulanovsky, Graciela Mochkofsky y Oscar Camilión.

Revista Veintitrés

GB