SALTUM, MARIO WAINFELD, OPINION

Saltum, saltum, saltum pequeña langosta: El Senado aprobó el proyecto de reglamentación del per saltum, que derivará a Diputados en pos de una rápida aprobación que se da por hecha. El tablero electrónico mostró una mayoría holgada para el oficialismo: 43 a 26. El decibelímetro arrojó marcas más parejas, altas para ambos sectores. El debate previo y el de ayer fueron acalorados, con un ambiente calefaccionado por el inminente 7D.

También abundan proyectos de bancadas variopintas sobre el instituto, la polémica se enardece por su posible uso táctico e inmediato. El per saltum produce evocaciones desoladoras por la manera en que lo manejó el menemismo. La oposición alerta sobre un revival, el oficialismo aduce que el mundo cambió.

La medida permite que en casos de “gravedad institucional” expedientes judiciales salteen una instancia (la segunda, la de apelación ante la Cámara) y pasen a la Corte Suprema para evitar dilaciones disfuncionales. La decisión sobre la admisibilidad de los reclamos recae en la Corte, la ley no le impone (no podría hacerlo) qué es “gravedad institucional” o una lista taxativa de casos que salten la valla. O sea, resuelve el Poder Judicial, lo que no excluye que la norma hoy y aquí le marque la cancha.

Los integrantes de la Corte, su presidente Ricardo Lorenzetti en especial, refunfuñan contra la oportunidad de la ley. La baja reputación de la institución entre sectores informados de la opinión pública se suma a sus críticas en voz baja.

Otro aspecto que les preocupa es, en sustancia, de sobrecarga de trabajo. Abrir ese recurso significará que haya muchos litigantes que traten de apurar el paso hacia la Corte. No solo lo hará el Estado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si así lo marcan las circunstancias. Sin ironizar ni un poquito, bien podría hacerlo Hugo Moyano en su demanda por ser reconocido auténtico titular de la Confederación General del Trabajo.

La Corte deberá analizar pilones de expedientes, imaginan con lógica en el cuatro piso del Palacio de Tribunales. E ir elaborando una jurisprudencia que regule y desaliente el uso indiscriminado del per saltum. La decisión compete al Tribunal, es (de cajón) irrevisible. O sea que la ley puede considerarse un gesto de presión pero no una injerencia del Legislativo o el Ejecutivo en el Poder Judicial.

Tampoco es fundada la alegada inconstitucionalidad del proyecto de ley, por vulnerar la garantía de la doble instancia. Eso podría ser razonable si la Corte Suprema tomara expedientes antes del fallo de Primera Instancia (en jerga se llama “avocamiento”). Pero como hay un fallo inicial y el máximo Tribunal debe sentenciar en los expedientes que eleve (no puede rebotarlos por formalismos, como ocurre en otros recursos) la doble instancia está garantizada.

Es difícil exagerar cuan antagónico es el contexto en el Consejo de la Magistratura y, en cierta dosis, en el Poder Judicial. Jueces que se recusan, otros que militan como Ricardo Recondo, otros que dan pasos al costado, alguno que se victimiza. Un buen ejemplo es el camarista Martín Farrell, quien el martes renunció a la subrogación que ejercía. Farrell goza de la generosa jubilación de los Magistrados, fue convocado por la Cámara de su Fuero para cubrir una vacancia. Es floja praxis que un jubilado, exento de la responsabilidad del juicio político, ocupe un sitial estratégico. Y, comentan avezados colegas suyos, tampoco es ideal que vuelva al ruedo, cuando está a mil por hora un conflicto entre el Gobierno y la más grande corporación de Medios. Hay presiones cruzadas, como destacó Lorenzetti sin que Clarín registrara la mitad que le corresponde. Y los jueces, que gozan de amplia estabilidad, deben tener espalda para ejercer su competencia. Farrell, susurran en el primer nivel de la Corte, fue cambiando de parecer día a día. Eso sí, mantuvo una línea de conducta que fue victimizarse y culpar a otros. Tan es así que el habitualmente medido Lorenzetti lo citó ayer a su despacho para decirle que la misión del juez es juzgar y no escudarse en la conducta de terceros para omitir su principal deber: instar los trámites y juzgar. No explicar por qué no lo hace.

Peguemos un brinco, volviendo al per saltum. La ley es una jugada táctica, en una coyuntura en que se juega fuerte. Pero respeta garantías, incluyendo la división de poderes y busca que causas de gran relevancia no se eternicen. En promedio, es razonable. La Corte tendrá la última palabra. Se le agregan laburo y presión, pero tiene manos libres y poder para decidir.

GB

VOTO PIBE

Una mayoría productiva
Por Mario Wainfeld

Las dos Cámaras del Congreso trabajaron a todo vapor, en el comienzo del sprint final de un año mucho más productivo que los anteriores. El oficialismo hace valer su mayoría ganada en las urnas, a diferencia de lo que produjo el apodado Grupo A en sus años de preminencia. Mejor así, opina este cronista, el bloqueo mutuo no es un gran escenario democrático. A quienes no lo crean se les aconseja leer los desempeños del Consejo de la Magistratura.

El voto a los jóvenes de más de 16 años es, en buena hora, ley, aunque esa iniciativa habría merecido un voto pluripartidista y más rotundo que el que obtuvo. Lo frustró el final de la sesión, que incluyó la acusación de “narcosocialismo” realizada por el diputado oficialista Andrés Larroque y la retirada en masa de la oposición, más allá de algunas discusiones internas. El incidente, además, le agregó suspenso a una votación que pintaba amplia y definida.

La reforma tiene como antecedentes proyectos de legisladores de casi todas las banderías políticas. Las divisiones no se debieron, pues, a diferencias ideológicas sustantivas. Tributan más al afán opositor de enfrentar como regla las iniciativas del kirchnerismo. O a atribuir más importancia a qué hipotéticas ventajas busca obtener el oficialismo que a la entidad, validez o pertinencia de las normas en cuestión.

Buena parte del espectro opositor llegó dividido al recinto de Diputados. No pudieron articular una postura unificada, toda una señal acerca de su actual estado de asamblea y de falta de liderazgos. Solo los aglutina la bronca contra el oficialismo, como se comprobó en su retirada de la sesión. Las dificultades generales reflejan la atonía y división de la Unión Cívica Radical (UCR), cuya tradición hace un culto de la organicidad. Allende las diferencias, algo similar pasa en el Frente Amplio Progresista (FAP), una coalición reciente que creció con la candidatura presidencial de Hermes Binner. La unidad electoral fue fructífera entonces para todos los integrantes. Un año después, cada cual atiende su propio juego, sin reconocer al socialismo la conducción del conjunto. Ese cuadro puede repetirse en 2013, cuando haya que formar listas y renovar bancas y es uno de los desafíos–riesgos de quien salió segundo en las elecciones del año pasado.

Las críticas al voto joven fueron surtidas y, en promedio, endebles. Una de ellas es que la ampliación de derechos se reconoce a quien no es mayor de edad. Se soslaya que así fue durante casi toda la historia democrática nacional: desde que se sancionó la Ley Sáenz Peña hasta hace poquitos años la mayoría de edad llegaba a los 21 años y el derecho al sufragio a los 18. Ahora bajaron las dos varas, nada para indignarse.

Las hipótesis sobre un virtual voto cautivo de los pibes empoderados desconoce la lógica de la democracia tanto como la versatilidad e independencia de juicio de los flamantes electores. Las elecciones en centros de estudiantes secundarios y universitarios dan una buena pista: sugieren que el kirchnerismo no tiene asegurado el aval en las urnas de los Sub 18. Deberá remar para lograrlo. Claro que aspira a ganar su aprobación ampliando sus derechos, pero eso no es la negación de la democracia, sino uno de sus ingredientes más sabrosos. Muchos dirigentes y partidos de izquierda captaron esa perspectiva, que se le chispoteó a un sector de los radicales, al peronismo de derecha y al PRO.

Otro mito, enganchado al anterior, es el que fantasea con un aluvión que descompense las tendencias generales. No hay elementos empíricos que alienten la tesis de que los Sub 18 se aparten taaanto de la tendencia general, en especial la de su generación. Por añadidura, este diario publicó tiempo atrás un cálculo simulatorio realizado por una experta en la materia que concluía que, para mover el amperímetro en Capital, el apoyo juvenil a un partido debía ser casi unánime. La nota se titula “Matemática y voto para todos” y está a mano en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-60396-2012-09-09.html

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Todos los que vienen a habitar: El voto a inmigrantes con años de residencia venía en combo con el reconocido a los menores, sus caminos se bifurcaron. Hubo motivos de buena praxis legislativa, son dos casos distintos entre otros motivos porque el padrón de extranjeros es de más difícil elaboración. Confluyeron razones tácticas, ya que el consenso general con este caso es menor que con el otro. De cualquier modo, el oficialismo no ha desamparado la movida, asimismo encomiable. Los senadores oficialistas confían en darle entrada al proyecto respectivo en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales.
GB

A PESAR DE GIL LAVEDRA Y MAGDALENA Y EL PRO.

LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONO LA LEY QUE PERMITE VOTAR A LOS JOVENES DE 16 Y 17 AñOS
No son mocosos los votos
La posibilidad de votar será en la práctica optativa hasta los 18 años. La oposición, que iba a dividir su postura, se levantó del debate por las críticas de un diputado kirchnerista, que, a su vez, contestó las descalificaciones que se habían formulado al proyecto.

Por Miguel Jorquera

Con un quórum ajustado, el kirchnerismo y sus aliados convirtieron en ley el proyecto que otorga derecho a voto a los jóvenes de 16 y 17 años casi sobre la medianoche. Con 131 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, se aprobó la norma que incorporará cerca de un millón y medio de jóvenes al padrón electoral para las elecciones legislativas de 2013. Toda la oposición se retiró del recinto poco antes de los cierre de los jefes de bloque, luego de la intervención del líder de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, que replicó duramente los cuestionamientos de la oposición.

Larroque salió al cruce de todos conceptos con que la oposición denostó el proyecto oficial. “He leído sobre el socialismo utópico, he leído sobre el socialismo científico, pero nunca es escuchado hablar del narcosocialismo”, soltó para referirse a la detención del ex jefe policial del Santa Fe –la provincia que gobierna el socialismo– por sus vínculos con el narcotráfico.

En medio de la salida del recinto, los opositores tampoco escatimaron en descalificaciones. “Es un pendejo importante”, dijo el duhaldista Carlos Brown. “Es un provocador profesional y derechos humanos debe saber lo de un orangután y es una muestra de prepotencia y la arbitrariedad con que se maneja la juventud de la chequera”, agregó el radical Ricardo Gil Lavedra. “Es una torpeza y un estupidez”, agregó Felipe Solá, que sin embargo se quedó en el recinto para votar sobre el cierre de esta edición.

La propuesta que defendieron el kirchnerismo y sus aliados mantiene el voto como obligatorio para sortear los planteos de inconstitucionalidad, pero exime a los jóvenes de las sanciones que establece la ley electoral para aquellos que no pasen por el cuarto oscuro. En la práctica implica que votar antes de los 18 será optativo. La iniciativa oficialista había fraccionado a la oposición y provocado grietas el interior de varios bloques: la UCR iba a dividir sus votos a favor y en contra de la iniciativa y el FAP lo haría entre la abstención y el voto favorable. El peronismo disidente, el macrismo y la Coalición Cívica habían cerraron filas para rechazar el proyecto.

“Es así como se amplía la democracia con la que se constituirá la República: con instituciones que respondan al voto y la soberanía popular, no a las corporaciones de siempre, que se disfrazan de República, reservándose privilegios para ellas, para muy pocos, y no beneficiando la vida común de la totalidad de nuestro pueblo”, sostuvo Diana Conti, al abrir el debate como miembro informante del proyecto del bloque oficialista. “Ni oportunismo ni demagogia”, continuó Conti para afirmar que los jóvenes de las organizaciones kirchneristas y enumeró una por una a todas las organizaciones, irán “a la conquista de ese voto, pero no podemos hacerlo porque ustedes no tienen organizada su militancia para conquistar el voto juvenil y se niegan a ampliar un derecho político como el que estamos tratando”.

Las cartas ya estaban echadas. El oficialismo sabía que contaba con las manos suficientes como para convertir en ley el proyecto que habilita el derecho a voto de los jóvenes de 16 y 17 años. Desde distintas bancadas opositoras se defendieron con sus propios argumentos otros seis dictámenes de minoría, que dividió aguas en el arco opositor y hacia adentro de varios bloques.

El radical cordobés Mario Negri criticó “el atajo constitucional” que para la UCR significa el carácter opcional del proyecto, al que también calificó de “discriminatorio” y cuestionó –“por su carácter filosófico”– que se haya reemplazado en el Código Nacional Electoral la palabra ciudadano por elector. Hasta ese momento, el radicalismo había logrado mantenerse unido detrás de las críticas, pero no había unificado criterios para la votación. La mayoría de la bancada –empujada por sus organizaciones juveniles JR y Franja Morada– había optado por votar a favor del proyecto en general porque “no nos podemos estar en contra de la ampliación de derechos”.

El interbloque del Frente Amplio Progresista había pactado ayer en una reunión aceptar diferencias internas. La mayoría de los bloques del FAP –PS, GEN, el juecismo cordobés y Libres del Sur– se abstuvieron en la votación y repartieron sus oradores entre el socialismo y el Gen para expresar la voluntad mayoritaria de la alianza electoral. La Unidad Popular apoyó en general la iniciativa del oficialismo (presentó hace dos años un proyecto en el mismo sentido), pero declinó formular sus argumentos en el recinto.

Carrió se mostró como la más dura opositora al proyecto. “Este no es un aire democrático, ¿para qué meterlos? Este aire da asco”, dijo antes de soltar otro vaticinio apocalíptico: “Los vamos a introducir al mercado del voto y todos sabemos en lo que se ha transformado. ¿Qué van a ofrecer fuera y dentro de la escuela secundaria a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga?”, insistió la chaqueña y desató los silbidos de los jóvenes militantes que seguían la sesión desde las galerías del recinto de la Cámara baja.

Preocupado por reducir la lista de oradores, el kirchnerismo priorizó las intervenciones de sus jóvenes diputados para replicar los argumentos opositores. “El objetivo del proyecto es la ampliación de derechos y la participación popular, porque si no la democracia se vuelve burguesa”, arrancó Anabel Fernández Sagasti. La joven diputada e integrante de La Cámpora les espetó a los radicales que “cuando gobernaban Mendoza cerraban los colegios porque no le daban ni calefacción”, agregó que con el Pro “la batalla es ideológica porque margina a las mayorías” y que el FAP tendrá que responder a sus propios militantes juveniles: “Ahora pasarán a llamarse Frente Apolítica, porque abstenerse es negar a la política”.
Jorge Rivas emocionó“Convengamos que el de los jóvenes constituye un tema muy sensible, ya que ellos cargan con una fuerte estigmatización social, y si son pobres, peor. Pero como bien dice el proyecto que tratamos, comparten y piensan un modelo de Nación, de Estado, de economía, y muestran un fuerte interés por cambiar las cosas más inmediatas que los afectan. Por eso me parece positivo que en esta oportunidad, en vez de hostigarlos, les demos el derecho a expresarse electoralmente”, dijo Jorge Rivas en el recinto. Era la primera vez que el diputado de origen socialista y que ahora es parte del bloque oficialista hacía uso de la palabra en el Congreso, ayudado por una computadora dotada de un programa que reconoce textos y reproduce la voz humana. Hace cinco años, cuando ocupaba la vicejefatura de Gabinete de la Nación, fue golpeado durante un robo y quedó tetrapléjico. Todos en el recinto lo aplaudieron de pie y varios compañeros de bancada se acercaron a saludarlo ante la incontenible emoción del propio diputado.

Carlotto y CarrióEl diputado kirchnerista Remo Carlotto solicitó una “cuestión de privilegio” para salir al cruce de declaraciones periodísticas de Elisa Carrió, quien denunció que en la aprobación de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos hubo injerencias de orden económico y se las atribuyó a Carlotto. “En lo personal esto está vinculado de modo directo con la sangre de mi familia depositada en ese lugar para la búsqueda de mi sobrino, robado durante la dictadura cívico-militar. Por eso me siento doblemente ofendido, y para mí no es algo estrictamente formal. No se puede aceptar que con liviandad se difame a la gente, que esto se deje pasar como si nada hubiera sucedido”, dijo Carlotto antes de afirmar que dudó en plantear “una cuestión de privilegio” porque no sabía “si este tipo de calumnias y actitudes absolutamente rastreras las debemos considerar desde lo político o desde el orden psiquiátrico”. “Yo hablé de Remo Carlotto, no de su señora madre, y Remo Carlotto no es abuela”, replicó Carrió y deslindó responsabilidades al recordar que ella citó a la ex diputada radical Alicia Tate, quien en su momento criticó el proyecto en línea con los cuestionamientos que hacía entonces el Grupo Clarín.

ApostillasNo voy en tren: La peronista disidente Natalia Gambaro justificó su voto en contra del proyecto oficialista en cuestiones jurídicas que limitan las decisiones de los jóvenes, muchas de ellas atadas a las que adopten sus propios padres. “¿Qué pasa si un joven quiere ir a votar y su padre no lo lleva en el coche?”, se preguntó la diputada a modo de ejemplo.

Pink: El riojano Jorge Yoma fundamentó su respaldo al voto joven en su propia experiencia de militancia juvenil, que lo llevó a participar en 1971 como un adolescente estudiante universitario en el llamado “Vivorazo” (conocido como el segundo Cordobazo durante la dictadura militar que precedió al triunfo peronista del ’73). También reivindicó la rebelión juvenil del Mayo Francés en 1968 y leyó varias de las consignas irreverentes escritas en las calles parisinas. Pero la mayoría de los legisladores reparó en el atuendo juvenil de Yoma, que apareció en el recinto con jeans ajustados, botas tejanas, camisa blanca y un saco rosa.

Jóvenes K: Militantes de distintas organizaciones juveniles kirchneristas hicieron colas para ingresar al Congreso y poder seguir el debate. De jeans y zapatillas, remeras de La Cámpora, de la JP Evita, de equipos de fútbol, con figuras de una Evita juvenil y el Néstornauta, decenas de jóvenes coparon casi todos los palcos. Desde allí mostraron su beneplácito con quienes apoyaban la iniciativa y repudiaron a los que se oponían al proyecto.

Bíblica:Elisa Carrió cargó duramente con el proyecto del voto joven y también criticó que el mismo sea optativo. Como acostumbra, fundamentó sus objeciones con conceptos religiosos: “En toda la historia de la humanidad, la libertad se fundó en la ley; es mentira que la libertad se funda en la licencia. Por eso la mayor metáfora de salida a la libertad, la que origina la noción de libertad, es la salida (del pueblo judío) de Egipto: primero están las Tablas, y después, la libertad”, sentenció, para señalar que antes de la libertad están las tablas de los diez mandamientos que, según la Biblia, Dios envió a Moisés.

Músicos: Otros grupos de jóvenes amenizaban la espera con rondas de mate en el patio interno del Palacio Legislativo. Pero aquí las remeras eran de bandas de rock y la mayoría con la leyenda “Ley de la música”. Es que el proyecto del kirchnerista Eric Calcagno que crea el Instituto Nacional de la Música, para fomentar la música en general y la nacional en particular, se iba a tratar luego de que terminara el debate sobre el voto joven.

01/11/12 Página|12

LA CORPORACION JUDICIAL SE QUIEBRA

TRES EX FUNCIONARIOS JUDICIALES PROCESADOS EN CORDOBA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
La complicidad judicial sistemática
Carlos Otero Alvarez fue uno de los jueces que participó del primer juicio contra Luciano Benjamín Menéndez.

El juez Daniel Herrera Piedrabuena procesó al ex juez Carlos Otero Alvarez, al ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga. Dictó la falta de mérito de dos ex defensores oficiales.

Por Diego Martínez

Cuatro años después de dictar la primera condena por delitos de lesa humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez, el ex juez Carlos Otero Alvarez fue procesado por su propia actuación durante el terrorismo de Estado. Ex secretario de la Justicia federal cordobesa en plena dictadura, denunciado desde el retorno de la democracia, Otero Alvarez podría llegar a juicio por encubrir 86 casos de secuestros y torturas y por su participación secundaria en dos homicidios, entre otros delitos. La resolución del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena, que intervino como subrogante, alcanzó también al ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, quienes según el procesamiento “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”. Cornejo, Puga y Otero Alvarez están en libertad, pero no pueden salir del país y tienen sus bienes embargados por 200 mil pesos. En la misma resolución, Herrera Piedrabuena dictó la falta de mérito de los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina.

Familiares e HIJOS regional Córdoba recusaron a Otero Alvarez en 2008, antes del inicio del primer juicio a Menéndez y otros siete acusados. El juez Adolfo Zamboni Ledesma y su secretario estaban denunciados desde 1984 en la Conadep por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1, entre otros crímenes ordenados por el Tercer Cuerpo de Ejército. El Tribunal Oral Federal Nº 1, que Otero Alvarez compartía con Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará, rechazó la recusación por “manifiestamente improcedente”. Los jueces minimizaron la responsabilidad del colega y compañero de trabajo con el argumento de que “fue sólo en el marco de su función como secretario penal” y Otero Alvarez pasó a la historia por dictar la primera prisión perpetua contra Menéndez. Ese mismo año, el entonces director de Derechos Humanos de la municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. En 2009 Otero Alvarez adelantó su jubilación y logró evitar el jury que podría haberle costado la destitución.

Tres años después, mientras Díaz Gavier se prepara para encabezar el quinto juicio en Córdoba, Otero Alvarez fue procesado por encubrimiento en 86 hechos y como partícipe secundario en dos homicidios calificados, un secuestro, tormentos y un allanamiento ilegal. Los procesamientos del ex fiscal Cornejo y del ex juez Puga son por incumplir sus obligaciones de promover investigaciones penales, como partícipes secundarios en un caso de tormentos, en dos homicidios calificados y, en el caso de Puga, también por una privación ilegítima de la libertad.

Herrera Piedrabuena destacó que la prueba documental es “fiel reflejo de la actitud omisiva, de ‘silencio cómplice’, que fue un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba”. El procesamiento enfatizó “la sistematicidad con la que actuaron” los imputados y resaltó que el rol exigible “no era otro que asegurar la vida, la integridad y la dignidad de las personas”. “Los distintos hechos gravísimos investigados hieren, laceran a la humanidad y, por ende, a la razón, puesto que de haberse hecho lo que se debía las víctimas asesinadas, hoy, tal vez no lo estarían”, reflexionó. “Los torturados, los abusados, los maltratados, los privados ilegítimamente de su libertad, tal vez hubieran tenido justicia en su oportunidad”, escribió.

El juez hipotetizó “sólo como justificación” que jueces, fiscales y secretarios “tal vez no podían dimensionar o entender la magnitud de lo que sucedía” y consideró que “el hecho de que sí hubieran puesto en marcha el sistema de garantías para cada una de las víctimas, aun en forma individual, hubiera servido no sólo como límite a los aberrantes delitos que se cometían, sino que habría beneficiado a la sociedad en su conjunto, donde el Poder Judicial de la Nación hubiera actuado como protección ante el poder absoluto, o al menos intentado atemperar las acciones desatadas por el aparato represivo del Estado”. “Hubo una actitud de jueces y funcionarios, y hasta de abogados, que en forma rutinaria y con un esquema mental mecanizado no tuvieron la suficiente actitud para comprender las exigencias que la realidad les estaba marcando, para poder decidir a favor de la vida y la dignidad de las personas”, concluyó.

31/10/12 Página|12

GB

HERNANDEZ ARREGUI POR GALASSO.

El recuerdo de Hernández Arregui, un emblema del pensamiento nacional
El historiador Norberto Galasso repasa la trayectoria de un pensador que, proveniente del radicalismo y luego del marxismo, se convirtió en un uno de los mayores intelectuales que tuvo el movimiento nacional en el siglo XX.

Se cumplieron 100 años del nacimiento de Juan José Hernández Arregui, una figura central del pensamiento nacional.

Por Norberto Galasso

Nació en Pergamino, un 29 de octubre de 1912. En la semicolonia británica –"el granero del mundo"– lo atrapó desde muy pequeño la superestructura cultural que la clase dominante ha venido montando desde la presidencia de Mitre: la historia mitrista, las fábulas económicas del liberalismo, geografías exóticas y lejanas, en fin, el enciclopedismo que enseña cuanto existe en el universo menos que su patria está destinada a proveer cereales y carnes baratas al Imperio.

Su iniciación en política –según sus propios recuerdos– se produce a los 18 años cuando "siendo un adolescente, abracé la causa antiimperialista y anticonservadora que no he abandonado ni abandonaré jamás". Por entonces (1933), desintegrada su familia pues su padre los ha abandonado muchos años atrás y su madre ha fallecido, se traslada a Villa María, Córdoba, a la casa de un tío irigoyenista. Consecuente, que pertenece a la intransigencia nacional y tiene por caudillo al Dr. Amadeo Sabattini, quien se halla rodeado de un grupo de radicales jóvenes que reciben el apodo de "los radicales 'rojos' de Córdoba".

Ya por entonces incursiona en la literatura y escribe un libro de cuentos, Siete notas extrañas, merced al cual recibe un elogio entusiasta del poeta Nicolás Olivari. Luego, en 1938, pasa a Córdoba donde su fervoroso irigoyenismo empieza a combinarse con el marxismo que recibe en las clases de un socialista exilado: Rodolfo Mondolfo.

A partir de allí, a sus treinta años, inicia el intento de compatibilizar o sintetizar la tradición popular de las masas seguidoras de Don Hipólito con las ideas del socialismo científico, en una mezcla –como la definiría Homero Mazi– "pampeanamente rara de Yrigoyen y Marx".

Así, mientras cursa Filosofía y Letras, en la Universidad de Córdoba, se nutre de los libros de Scalabrini Ortiz y los cuadernos de FORJA, al tiempo que lee a los clásicos del socialismo, se introduce en literatos y filósofos europeos como asimismo en libros de revisionismo histórico, aunque manifiesta una posición crítica respecto de Rosas. A estas diversas influencias se agrega, por entonces, la creciente importancia del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y los sucesos del 17 de octubre. Constituida la "Unidad Democrática", Juan José interviene en la convención radical del 29/12/45 donde condena el contubernio organizado y bendecido por el embajador norteamericano Braden. Cuando llega el 24 de febrero de 1946, vota a Perón para presidente, pero expresa su origen radical votando a Sabattini para gobernador de Córdoba. En 1947, ya casado con Odilia Giraudo, pasan a residir en Buenos Aires.

De sus lecturas y sus polémicas obtiene la conclusión de que siendo marxista y considerando al proletariado el sujeto histórico revolucionario, debe también ser peronista, pues los obreros apoyan abrumadoramente a Perón. Después lo explicará así: "Soy peronista porque soy marxista."

Entre 1946 y 1955 dicta cátedras y lo trasladan de un empleo a otro, pues no obstante su afirmación peronista, por su condición de hombre de izquierda es víctima del maccarthysmo de algunos burócratas. Jauretche trata de consolarlo: "Qué va a hacer, tenemos abismos porque tenemos cumbres." En esos años, ha venido estudiando la superestructura cultural de la semicolonia, partiendo de la tesis de Marx de que "las ideas dominantes en una sociedad, son las ideas de la clase dominante". De ese estudio brota, en 1957, ya derrocado Perón, su libro Imperialismo y cultura, una severísima crítica a la cultura semicolonial vigente. Con ese libro, dirá: "Los cocino a los intelectuales del sistema en su propia salsa." El ensayo es la más profunda y demoledora crítica a la superestructura cultural oligárquica y por eso "importó mi funeral intelectual y por ser argentino, mereció los más grandes elogios y el más grande silencio... Ese libro me creó odios definitivos... Se me cerraron todos los caminos." Existía ya la televisión pero los periodistas afirman que desde esa fecha hasta su muerte, en 1974, su imagen no aparecerá jamás en las pantallas televisivas. Por entonces, ya se define como un hombre de izquierda nacional interna al peronismo.

En 1960 publica su segundo libro, La formación de la conciencia nacional, implacable análisis del nacionalismo oligárquico y de la izquierda antinacional, como así también reivindicación de FORJA, del peronismo y de la izquierda nacional. Pero no sólo recurre al libro sino también a la conferencia, a la polémica, al artículo en periódicos y revistas de azarosa vida, pero "sigue cercado por un silencio concertado" que lo convierte en un "maldito".

Arregui apoya con fervor al peronismo y le reconoce su progresividad histórica, pero –a largo plazo– no cree en la posibilidad de un capitalismo nacional autónomo. En esa época debate con el Partido Socialista de la Izquierda Nacional respecto de si la izquierda nacional debe ser interior o exterior la peronismo. "Debe hacerse desde adentro para no perder contacto con los trabajadores", sostiene. "Debe ser desde afuera", sostiene Ramos, que proviene de los orígenes de la izquierda nacional expresados en 1945 por el grupo Frente Obrero, la única expresión política de izquierda que acompañó a los trabajadores en el 17 de octubre. Desde aquel momento esta izquierda nacional sostuvo la necesidad de "golpear junto con el peronismo, pero marchar separados", resguardando su independencia ideológica, política y organizativa.

Arregui insiste en crear centros apartidarios de izquierda nacional en todo el país, no ceja en su prédica de trabajar por abajo, por fuera de los medios hostiles y el enemigo lo juzga tan peligroso que sufre varias detenciones. Luego, publica ¿Qué es el ser nacional? (1963), pronunciándose a favor de la unión latinoamericana y dando sus fundamentos. Más tarde, crea el grupo Cóndor, donde acentúa su definición socialista. Al respecto, Cooke no lo integra y le explica: "El intelectual mira lejos, su propuesta es estratégica; pero el político debe contestar todos los días, en la coyuntura y la lucha de clases en la Argentina pasa por el peronismo."

Con el Cordobazo, Arregui lanza Nacionalismo y liberación, un nuevo aporte para forjar una verdadera izquierda, con obreros, dentro del movimiento nacional.

En esa época, en medio del silencio de que es objeto, le llega un reconocimiento importantísimo: "Ningún argentino debería dejar de leerlo y toda la juventud de nuestro país debería tenerlo en la cabecera y estudiarlo profundamente." Así se lo expresa, en una carta, el desterrado Juan Perón.

Pero no sólo da conferencias y publica, cuando puede, sino que su espíritu militante lo lleva pelear en todos los frentes, inclusive el militar, donde se constituye en el ideólogo de un grupo de 40 oficiales encabezados por Julián Licastro, tentativa que se frustra cuando son descubiertos y dados de baja.

Ya en los '70, prosigue su polémica. Ahora le dice a Enrique Rivera, un hombre de Frente Obrero: "La posibilidad de un partido obrero independiente no se ha cumplido y la razón está en que el Movimiento Nacional Peronista, cosa que usted no parece ver, con todas sus contradicciones, va en camino de serlo." Como expresión de esta concepción, publica, en 1971, Peronismo y socialismo, donde afirma: "Toda guerra de liberación, más allá de sus contradicciones de clase, por la participación de las masas populares, es presocialista", y de allí deduce que el futuro será protagonizado "por un partido revolucionario, ideológicamente radicalizado con una vanguardia aguerrida, íntimamente ligado a sus sindicatos combativos, levantando banderas antiimperialistas y socialistas".

A esto agrega que "el peronismo debe realizar un cambio revolucionario en los cuadros, una depuración interna". El enemigo no le contesta con ideas sino que, estando el libro en impresión, dos kilogramos de genilita hacen explotar su departamento de la calle Guise, dejando gravemente herida a su esposa.

Después del triunfo del 11 de marzo de 1973, Arregui continúa apoyando el proceso de masas, pero las contradicciones internas del peronismo hacen crisis, especialmente después de la muerte de Perón.

Publica entonces las revistas Peronismo y socialismo, y luego Peronismo y liberación, alertando, en trágica profecía, que debe evitarse el golpe de Estado que instauraría una dictadura sanguinaria. Ya él mismo aparece en una lista de políticos a ejecutar por las Tres A: Julio Troxler, Atilio López, Rubén Sosa, Hernández Arregui... El 16 de septiembre del '74 asesinan a Atilio López, cuatro días después matan a Julio Troxler.

Con enorme esfuerzo se decide a exilarse. Pero viaja a Mar del Plata para alertar a Rubén Sosa de que corre peligro y allí le contesta a un joven montonero que le inquiere sobre el futuro argentino: "Por primera vez en mi vida, no tengo respuesta...". Horas después lo voltea un síncope fulminante. Es el 22 de septiembre de 1974, junto al mar.

Con su muerte, desaparece uno de los mayores intelectuales que tuvo el movimiento nacional en el siglo XX.

Así nos abandona pero nos deja sus libros que resumen su convicción profunda en "la confederación iberoamericana, la liberación nacional y con la construcción del socialismo, que están en nuestras manos... Porque sólo el hombre es capaz de mirar lejos, sólo el hombre es capaz de lograr lo grandioso."

29/10/12 InfoNews

Prof GB

ESPAÑA VA POR LOS GENOCIDAS CHILENOS.

EL MUNDO › ESPAñA PROCESA A SIETE EX MIEMBROS DE LA DINA DEL DICTADOR

Cayó la patota de Pinochet

El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, ordenó la búsqueda internacional, la detención y el ingreso en prisión de los siete acusados de participar en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976.

Contreras, ex jefe de la DINA, y Lepe, que llegó a general, dos de

La Justicia de España procesó y ordenó la detención por genocidio, asesinato y detención ilegal de siete ex integrantes de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet que actuó durante la dictadura chilena, acusados de participar en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976. Según informaron fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, ordenó la búsqueda internacional, la detención y el ingreso en prisión de los siete. La decisión se basa en un argumento ya utilizado por algunos tribunales: el juez sostuvo que en Chile la persecución por estos delitos no ha sido efectiva. Los procesados pertenecían a la llamada Brigada Mulchén, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y entre ellos está el jefe del organismo, Manuel

Contreras, sobre quien pesan ya varias condenas.

La lista se completa con el jefe de la Brigada, Guillermo Humberto Salinas Torres; los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe; el teniente René Patricio Quiloth Palma, y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, junto con Michael Vernon Townley Welch, éste de nacionalidad estadounidense. Con la resolución, el juez Ruz hizo lugar a un pedido que la fiscalía realizó en mayo, y argumentó que la persecución en Chile “no ha sido efectiva” porque el proceso se cerró por una amnistía que no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un período constituyente.

El español Carmelo Soria era un diplomático de Naciones Unidas que trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en Chile y fue secuestrado el 14 de julio de 1976 en la capital trasandina cuando se dirigía a su casa. Según Ruz, fue trasladado a una vivienda que ocupaba el estadounidense Towley Welch, donde fue torturado –maniatado y con la cara vendada– durante varias horas y le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile.

Después le inyectaron o le hicieron tragar pisco para matarlo, pero finalmente lo estrangularon. “Pobre Chile...”, fueron las únicas palabras que el diplomático llegó a pronunciar. El cuerpo de Soria fue tirado a un canal y sus secuestradores y asesinos fraguaron una nota, que metieron en un bolsillo, para simular que Soria se había suicidado por infidelidades de su esposa. El fiscal de la Audiencia Nacional española, Carlos Bautista, se había declarado a favor de la jurisdicción local como competente para investigar estos delitos.

Según el magistrado Ruz, Contreras Sepúlveda, siendo jefe de la DINA, entidad que “sólo obedecía y respondía ante la junta militar de gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet”, fue quien ordenó a Salinas Torres de forma directa el secuestro y asesinato de Soria. El fallo se refiere a la DINA como un “instrumento de represión política de la dictadura militar”, iniciada en septiembre de 1973.

En el detalle del operativo, el juez señala que varios de los procesados habían hecho seguimientos para conocer las costumbres de Soria, y que el día del secuestro, Ríos de San Martín y Lepe Orellana, vestidos con uniforme, bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tránsito, detuvieron a Soria y lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley, que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas. La causa se inició a partir de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende que el ahora ex juez Baltasar Garzón admitió como trámite en 2001.

Página 12
GB

CALIFICADORAS BUITRES.

ECONOMIA › STANDARD & POORS BAJO LA CALIFICACION DE LA DEUDA ARGENTINA, POR EL FALLO JUDICIAL EN NUEVA YORK

Las calificadoras acompañan el vuelo

Las calificadoras de riesgo siguen cumpliendo su rol funcional a la hegemonía mundial en las finanzas. Ayer castigaron en sus informes a la deuda argentina por las políticas económicas de confrontación con la especulación financiera.

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de la deuda externa Argentina de “B” a “B-”. La compañía decidió reducir la nota de los bonos argentinos como resultado del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó un pedido de fondos buitre por trato discriminatorio por parte de la Argentina respecto de los tenedores de bonos que entraron al canje de deuda. Además del reciente fallo judicial, la empresa enumeró en forma negativa la decisión de Chaco de cancelar en pesos vencimientos establecidos en dólares, la retención de la Fragata Libertad en Ghana y la deuda pendiente con el Club de París. Pero la argumentación de S&P va más allá, al aludir a “las políticas establecidas desde las elecciones presidenciales de octubre de 2011” como un factor negativo. Por su parte, la compañía Fitch puso la nota de las emisiones argentinas bajo “vigilancia negativa” y amenaza con considerar en default la deuda argentina si Argentina experimenta algún retraso en el pago de los vencimientos producto de la puja judicial en Nueva York.

La decisión de S&P para reducir la nota de la deuda fue disparada por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en contra de la posición argentina. La calificadora considera que esa situación genera al Gobierno “crecientes desafíos para diseñar su política económica y de manejo de la deuda”. No obstante, en el comunicado difundido ayer, la firma explica que la calificación responde a su rechazo y cuestionamiento de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

Sin rodeos, los analistas de S&P cuestionan la política de administración comercial –“restricciones sobre el comercio internacional”–, las limitaciones para la compra de divisas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y “la creciente intervención del sector público en sectores de la economía”. Para concluir, la empresa propiedad del grupo editorial McGraw-Hill apunta contra el gasto público y el tipo de cambio al considerar que “estas acciones podrían exacerbar las debilidades existentes en la economía de Argentina, incluyendo la elevada inflación que continúa apreciando el tipo de cambio real del país y los cada vez más rígidos gastos gubernamentales, y dar por resultado un deterioro del panorama fiscal de mediano plazo y de las condiciones para la inversión”. En su comunicado, S&P reconoce algunos elementos positivos como la política de desendeudamiento, pero advierte sobre potenciales dificultades para enfrentar el pago del Cupón PIB a mediados de diciembre.

Aunque las calificadoras de riesgo decidieron “castigar” y “amenazar” al país, ambas empresas reconocen que el pago de los vencimientos de deuda no está en riesgo. “No esperamos que el fallo del Tribunal de Apelaciones en Nueva York tenga un impacto inmediato sobre el servicio de la deuda”, afirma S&P. A pesar de la creciente incertidumbre que observa, Fitch sostiene que “en la actualidad entendemos que el gobierno de Argentina no está limitado legalmente para realizar los pagos sobre sus deudas bajo la legislación de Nueva York sin hacer pagos a los demandantes (los fondos buitre)”.


Fitch amenazó con colocar la calificación de la deuda argentina en “default restrictivo” y los bonos en una situación de cese de pagos, aunque las condiciones macroeconómicas y la existencia del Fondo del Desendeudamiento contradigan esa decisión. Fitch anuncia que va a “seguir monitoreando cómo evoluciona este caso y hasta qué punto impide la posibilidad de Argentina para pagar sus obligaciones emitidas bajo legislación de Nueva York en tiempo y forma” y afirma que si el país llega a “perderse un pago” será considerado como un cese de pagos. Si eso sucede, explica la empresa en un comunicado, la deuda Argentina será calificada en default.

A diferencia de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo, en el equipo económico argentino interpretan que el fallo de la Cámara de Apelaciones no implica ningún riesgo de embargo o retraso de los pagos a los tenedores de bonos. Esos vencimientos se realizan con reservas internacionales del Banco Central, se pagan en la Argentina y cuando se transfiere a la cuenta de los tenedores deja de ser un activo del país para pasar a ser de su receptor. El pago de los bonos con legislación extranjera se deposita en el Bank of New York. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que existe una posibilidad de que los fondos buitre interpongan alguna medida para dilatar los tiempos de pago.
Ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que “jamás vamos a pagarles a los fondos buitre” (ver aparte). Más allá de las amenazas de las calificadoras de riesgo, ante la posibilidad de dilaciones o riesgo de embargo frente a las presiones de los buitres, el Gobierno tiene previsto como alternativa transferir los fondos hacia alguna cámara compensadora (clearing) o cursarlos a través del Banco Internacional de Pagos de Basilea y evitar así el uso del Bank of New York

Página 12

GB