martes, 30 de octubre de 2012

FONDOS BUITRES Y SOBERANIA, OPINION


 


La defensa efectiva de la soberanía nacional
Por Alberto Dearriba

Los avances logrados por los fondos buitres en la justicia de Nueva York y en Ghana desataron en la Argentina críticas de opositores que no se escucharon cuando el país se endeudaba en forma suicida o cuando se aplicaba una política económica que priorizaba intereses externos, por encima de los nacionales y populares.

El embargo de la fragata Libertad es ciertamente una agresión a la soberanía nacional que el gobierno está dispuesto a defender como lo hizo con otros 48 bienes atacados por los fondos buitres, pero es preciso advertir mucho más se cedió cuando se convirtió al país en un mercado dedicado a importar bienes, servicios y chucherías.

El emblemático navío de la Armada tiene un valor económico de alrededor de 40 millones de dólares -sumamente inferior a su simbología- en tanto la aplicación de las políticas neoliberales generaron una deuda externa impagable, que se convirtió en la más extraordinaria herramienta de dominación de los sectores financieros internacionales.

Quienes atacan al gobierno ante la agresión externa de sus socios, olvidan que la patria no es sólo un bien intangible expresado en los colores celeste y blanco de la bandera, sino la capacidad de un pueblo de decidir soberanamente el tipo de gobierno, su política económica y su modelo de país.

Desde la restauración de la democracia en 1983 hasta el estallido del 2001, el Fondo Monetario Internacional y la banca mundial decidieron no sólo la política económica de los argentinos, sino también cuestiones puntuales como es el monto que el Presupuesto nacional dedicaría a la educación o la salud.

La vida de los argentinos -la alimentación, el vestido, el transporte, el trabajo y la educación-estuvo signada por las políticas del Consenso de Washington durante más de dos décadas y media, sin que a quienes intentan condenar al gobierno por una supuesta resignación de soberanía se les hubiera ocurrido que se mancillaba a la Nación.

Quienes condenan ahora al gobierno por el error de haber permitido que la fragata Libertad ingresara al puerto de Tema o por mantener el cerrojo para los fondos que se negaron aceptar la propuesta de canje que incluyó al 93 por ciento, son los mismos que mantuvieron un silencio cómplice cuando la última dictadura militar quintuplicó la deuda externa.

Resulta que ahora se le carga alegremente la factura del festival de bonos a un gobierno que gobernó nueve años casi sin tomar deuda externa y pagando en cambio los platos rotos de administraciones anteriores, cuyos desaguisados corrigió en gran medida.

Los medios que ahora se rasgan las vestiduras por el deshonor que implica la detención de la orgullosa fragata en un lejano puerto africano, son los mismos que apoyaron la financiación de un tipo de cambio ficticio con endeudamiento externo, lo cual provocaba además el cierre masivo de fábricas.

A quienes hoy se muestran afectados por la soberanía nacional ultrajada no les pareció que se cedía autonomía nacional cuando se remataban los bienes estratégicos del estado, algunos de los cuales fueron recuperados por el kirchnerismo con la obvia oposición de los conservadores.

Tampoco les pareció una pérdida de soberanía nacional el hecho de que la producción local fuera reemplazada por la importación de chucherías y bienes suntuarios, en un proceso totalmente inverso al inaugurado por el kirchnerismo con su política de substitución de importaciones.

Nunca los inquietó el hecho de que ese proceso de desindustrialización arrojara millones de trabajadores a la calle, hasta llegar a un país que tenía, como ahora España, a una cuarta parte de su mano de obra activa desempleada. Con una política que priorizó realmente la soberanía nacional, la desocupación bajó ahora a algo más del 7 por ciento, pese a los embates de la crisis internacional.

Por supuesto que tampoco reconocen el exitoso canje de deuda que llevó adelante Néstor Kirchner que implicó un formidable ahorro de divisas, permitió salir en buena medida del default y estableció una relación porcentual mucho más cómoda entre el PBI del país y la deuda externa. Allí se recuperó realmente soberanía.

Tras las dos negociaciones de canje piloteadas por Kirchner, el país viene pagando totalmente sus obligaciones, pero se niega a abrirle las puertas a los fondos buitres que rechazaron una negociación razonable y reclaman ahora -con poderosos lobbys- el pago nominal de sus títulos que implican diez veces más de lo que corresponde.

Los socios locales de estos fondos buitres que justifican hipócritamente los reclamos y agitan a la vez discursos patrióticos, son en verdad quienes resignan soberanía a favor de sus mezquinos intereses, aunque agiten los símbolos nacionales.

En verdad, este comportamiento de los sectores internos vinculados a los sectores externos no es nuevo y reconoce antecedentes a lo largo de la agitada historia argentina, desde el préstamo de la Baring Broders hasta la explosión del 2001.En la vereda de enfrente, están los sectores populares para los que la soberanía nacional implica tener una vida digna, pan y educación a sus hijos.

Télam


GB


MACRI Y EL BORDA, II

Talleres protegidos, pero no tanto
Por Werner Pertot

El 8 de agosto, la gestión PRO intentó desalojar con la Policía Metropolitana los talleres y construyó un cerco perimetral para facilitar el trabajo de la empresa. Dentro del taller protegido se mantiene un grupo de trabajadores desde hace más 70 días. Diversos fiscales porteños labraron actas sobre la ocupación, en sintonía con las declaraciones de Mauricio Macri, quien dijo que “el terreno que vamos a usar es de la Ciudad, no del Borda”. “A partir de que entraron el 8 de agosto, estamos haciendo una permanencia pacífica para defender el dispositivo intrahospitalario. En los talleres se fabrican camas, muebles, roperos, sillas. Ahí, los pacientes recuperan capacidades que tenían o adquieren nuevas capacidades”, detalló Marcelo “Nono” Frondizi, secretario general de la junta interna de los Talleres Protegidos del Borda.

El delegado explicó que a seis trabajadores les descontaron 53 días de sueldo, a pesar de que no les dieron tareas. Los habían enviado al nuevo taller que, según denuncian, no cuenta con salida de emergencia y tiene una serie de problemas edilicios.

“Hubo dos intentos de desalojo, el del 8 de agosto y otro con un oficial de Justicia enviado por la fiscalía”, indicó Frondizi a este diario. “Ahora estamos en esa situación. Nos mantenemos ahí como parte del plan de lucha. El mismo día que transfieren el terreno a Desarrollo Urbano, vinieron las empresas constructoras con la policía a la cabeza. No han podido avanzar.”

“Los internados son ciudadanos. Hay que respetar sus derechos. Los de los trabajadores también”, se sumó Eduardo López, de UTE-Ctera. “Toda decisión se tiene que tomar en consenso con la comunidad del Hospital Borda, que es patrimonio arquitectónico. Lindante a ese lugar está el Tobar García, que tiene una escuela para niños con necesidades especiales. Entendemos que después se puede avanzar con esta escuela”, planteó el docente.


Otro fallo rechazó el pedido

Otra jueza porteña, Fabiana Schafrik, había rechazado un amparo de los legisladores porteños Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Virginia González Gass y Fabio Basteiro. El pedido de que detuvieran las obras, en ese caso, no había sido por la protección del patrimonio histórico sino porque al ser “un predio público en todo caso debería contar con la aprobación de la Legislatura, como establece el Código de Planeamiento Urbano”. También habían señalado lo que significaba una “afectación en forma directa a los pacientes” del Borda. La jueza rechazó el pedido y señaló que “las actividades del taller protegido ubicado en el polígono del terreno destinado al Distrito Cívico han sido trasladadas a un espacio en condiciones de habitabilidad y funcionabilidad óptimas”, pese a que los trabajadores denunciaron una serie de deficiencias edilicias en el nuevo lugar. Ese fallo no tocó las cuestiones de patrimonio histórico.

29/10/12 Página|12
 GB

MACRI Y EL BORDA, OPINION

 

La obra estrella que quedó estrellada
El plan era mudar el gobierno porteño a los terrenos que lindan con el Borda. Pero una jueza paró el proyecto porque viola varias leyes de protección y no hubo estudio de impacto ambiental. Macri proyectaba usar esa obra monumental para su campaña en 2015.

Por Werner Pertot

Lo presentó como la obra emblema de su gestión en la Ciudad. El legado que pensaba dejar como jefe de Gobierno, camino a la presidencia. Mauricio Macri licitó sobre los terrenos que lindan con el Borda un monumental Centro Cívico que reuniría buena parte de las oficinas administrativas del gobierno porteño. Sin embargo, obvió en el camino que el lugar donde se emplazaría fue declarado Monumento Histórico Nacional. A raíz de esto, la jueza Patricia López Vergara ordenó parar los intentos de construcción de la obra hasta que resuelva un amparo que presentaron los delegados de los Talleres Protegidos del Borda. Un informe del defensor general adjunto Andrés Gallardo dejó en claro que una ley local también protege esos terrenos e incluso que hay yacimientos arqueológicos urbanos en la zona donde piensan construir. La decisión de la magistrada deja a la gestión PRO sin la obra más importante que tenían pensado presentar en las sucesivas campañas electorales y da por tierra con un formidable negocio inmobiliario.

Para la campaña

El proyecto fue presentado con toda pompa por el gobierno de Macri en septiembre del año pasado. La idea –que se originó en el gobierno de Jorge Telerman– es construir un megaedificio en el que se instalarán todas las oficinas del gobierno porteño, que dejará su sede frente a la Plaza de Mayo para trasladarse al sur de la Ciudad, como una forma de darle impulso económico a esa zona y descentralizar las oficinas del gobierno porteño. El Ministerio de Desarrollo Urbano, que conduce Daniel Chain, organizó un concurso de proyectos con la Sociedad Central de Arquitectos y el 13 de febrero de este año ya estaba en marcha la licitación.

El proyecto incluye una oficina de 198 metros cuadrados para el jefe de Gobierno, con cuatro despachos para secretarias y un balcón terraza. Por un ascensor privado tendría acceso a su propio comedor, de 62 metros cuadrados. A éste se le sumarían una “sala de situación”, con la última tecnología disponible (pizarras interactivas, conectividad IP, una cámara inteligente que seguirá al disertante), y una sala para reuniones de gabinete. Tendría un estacionamiento para 155 coches, salón comedor para 600 personas, sala de primeros auxilios. Seis plantas de 4000 metros cuadrados cada una.

El 1º de agosto se adjudicó la obra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA. por la bicoca de 369 millones de pesos. Pero cuando quisieron comenzar la construcción, los trabajadores del Borda lo impidieron y la gestión PRO envió a la Policía Metropolitana a intentar desalojarlos (ver aparte).

Además de la Jefatura de Gobierno, se mudarían allí la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General y los ministerios de Hacienda, Espacio Público, Educación y Desarrollo Urbano. En total, irían unos 4500 empleados. Según los cálculos macristas, la obra estaría avanzada en 2013 y se completaría antes de la campaña de 2015, donde podría ser uno de los caballitos de batalla.

Zona protegida

La defensoría general porteña tiene una Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico, que dirige el defensor adjunto Andrés Gallardo. A ella se acercaron el delegado de los Talleres Protegidos del Borda, Marcelo “Nono” Frondizi, y el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, para pedir asistencia en el caso de la construcción del Centro Cívico. Gallardo recabó información sobre la situación de la zona donde Macri tenía pensado construir el Centro Cívico y se encontró más de una omisión:

- La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de abril de 1999 (el 349), que comprende al “Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y al parque aledaño”. La ley 12.665 señala que “los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte (...) sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos”.

- A raíz de esto, el 4 de octubre la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos envió un comunicado al jefe de Gobierno en el que le plantea que “hasta tanto este organismos no se pronuncie, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas”. La indicación no tuvo ninguna respuesta por parte de la gestión PRO.

- La ley porteña 1227 señala que el Patrimonio Histórico de la Ciudad lo constituyen todos los bienes declarados Monumento Histórico. Por este motivo, la zona tiene proyección ambiental –que implica que no se pueden cambiar el “diseño paisajístico” ni retirar los árboles existentes– y los edificios el nivel de protección cautelar.

- Bajo el lugar de construcción hay un “yacimiento arqueológico urbano”, que consiste en túneles, sótanos y pasadizos. Estos túneles –que no fueron relevados previamente– conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. En el pliego licitatorio que elaboró el macrismo, hay un inciso que deja en manos de las empresas contratistas la responsabilidad de preservar y entregar cualquier material arqueológico que se halle. “Esta cláusula constituye un acto propio de reconocimiento del valor histórico de la zona”, sostiene Gallardo.

- Al proyecto le falta un estudio de impacto ambiental. El informe de la defensoría general señala que el monto multimillonario de la contratación “permite abrigar serias dudas sobre la eventual real efectividad de la protección ambiental”, ya que se iba a hacer en simultáneo con la licitación para que se construyan los 50 mil metros cuadrados del Centro Cívico. Lo lógico es que se haga antes.

El freno

A raíz de la investigación de Gallardo, el defensor general Mario Kestelboim pidió un amparo como patrocinante de Frondizi, de los Talleres del Borda, y López, de UTE-Ctera. Los sindicalistas solicitaron una medida cautelar que frene las obras del Centro Cívico, ya que Macri y sus ministros “carecían de competencia para dictar los actos que emitieron, publicaron y ejecutaron, sin la intervención previa de distintos organismos y áreas que tienen a su cargo aplicar las normas de protección”, entre ellas, la Comisión Nacional de Museos o el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por la existencia de un yacimiento arqueológico. Tampoco intervino el Consejo del Plan Urbano Ambiental, un órgano del gobierno porteño que incluye cuadros técnicos. Y falta el dictamen de la procuración, que es obligatorio en todas las licitaciones que superen el millón y medio de pesos.

Pidieron, además, la nulidad de la licitación que aprobó Macri con el decreto 121. “La licitación no ha tenido en cuenta aspectos esenciales para la protección del patrimonio histórico de la Ciudad”, indicaron. No se ha “fijado expresamente la forma en la que se realizaría la efectiva tutela de ese patrimonio ni en su finalidad está claramente expresada ni menos aún acreditado debidamente de qué manera la faraónica obra aquí aprobada sirve a los intereses colectivos cuya defensa persigue esta acción” de amparo.

La jueza López Vergara hizo un análisis minucioso de la documentación y de las leyes previstas para la protección patrimonial y ambiental. “De la normativa reseñada y la documental adjunta no surgiría que se hubieran cumplido los requisitos establecidos por la ley para la realización de obras en sitios declarados monumentos históricos, ni para la protección de las reliquias arqueológicas que pudieran encontrarse”, concluyó Su Señoría al conceder la medida cautelar.

Remarcó que, de la forma en que se viene llevando la construcción, “los valores sociales, culturales y de patrimonio histórico que podrían verse afectados son de importancia vital para la comunidad toda involucrada en su hábitat, por lo cual se halla implicado en sus consecuencias la protección del interés público ambiental e histórico cultural por encima de toda consideración económica o administrativa”.

Por lo tanto, López Vergara le ordenó al gobierno porteño que “impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación del funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda” hasta que dicte una sentencia definitiva. Las empresas constructoras deberán mantenerse lejos del lugar de la fallida construcción del Centro Cívico hasta nuevo aviso.

GB

lunes, 29 de octubre de 2012

GARZON Y LA LEY DE MEDIOS

Garzón: "La ley de medios no cercena libertades"

El exjuez español se mostró sorprendido "por la acumulación de poder de determinados grupos" que manejan la información "con intencionalidad política". Baltasar Garzón visitó la sede de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual y se reunió con su titular, Martín Sabbatella, quien calificó al visitante como "un símbolo de justicia, de democracia, de libertad y de defensa irrestricta de los derechos humanos".
 
El exjuez, acompañado por el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria y exfiscal general de Bahía Blanca Hugo Cañón, manifestó sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: "Lo primero que puedo decir es que no veo los riesgos que determinados sectores proclaman de la misma". "Esta ley argentina no cercena los derechos de libertad, información veraz y de expresión, sino todo lo contrario", agregó.

Respecto del mapa nacional de medios de comunicación, Garzón expresó: "Lo que más me sorprende es la acumulación de poder de determinados grupos que ocupan una cuota demasiado alta de información, convirtiéndose así en un instrumento político fuera de los cauces del control democrático". "El problema aquí es que se utiliza la información con una intencionalidad política cuasi partidista, pero fuera del esquema de partidos -siguió-. Lo que regula esta ley son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en el sector. Porque no deben existir situaciones de auténtico monopolio. Y no lo digo ahora, sino que es algo que he dicho desde hace muchos años".

Para Garzón, el de los medios de comunicación es "un sector que no debe regirse por esa acumulación de poder porque se convierte no ya en el controlador de la democracia sino en el que ejerce realmente el poder". "Esta ley se ocupa de un derecho fundamental, la información y la expresión. Es un derecho de doble vuelta, tanto para quien emite como para quien recibe -cerró-, y es la obligación de un gobierno democráticamente elegido regular el sector de los medios de comunicación para garantizar la protección de los ciudadanos".
Por su parte, Sabbatella sostuvo que "Garzón hizo especial hincapié en su interés por la defensa al derecho a la información, en tanto uno de los derechos humanos fundamentales que debe ser garantizado. Y, en ese sentido, nos expresó su firme apoyo a la tarea que estamos llevando adelante".

GB

EL GENOCIDA HARGUINDEGUY, SABIA Y MUCHO

En abril pasado la Justicia federal de San Martín había ordenado los allanamientos de los domicilios de Videla, Harguindeguy y del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y los funcionarios judiciales que intervinieron, consultados en su momento por este diario, consideraron que el material secuestrado podía ser de mucha utilidad para avanzar en los juicios por delitos de lesa humanidad pendientes.

"De la lectura de los documentos secuestrados en la casa de Harguindeguy se colige -decía Página/12 en aquella oportunidad- que era el brazo político del gabinete: eso estaría indicando el llamado “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980”, cuyo interés estaría en que no sólo contendría un programa político militar a futuro sino los resultados y, por lo tanto, datos del año concluido. Otra de las señales que refuerzan esa interpretación es una carpeta titulada: “Secreto. Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”. Pero son los datos de 1980 los que a uno de los fiscales de las causas le parecen más llamativos: podrían aportar información sobre la ofensiva militar desatada a partir de la captura a los militantes de Montoneros que habían reingresado al país en la llamada Contraofensiva. En el caso de Riveros, unos de los datos más llamativos son los documentos que acopió sobre Malvinas y el llamado 'Caso Grosby'".


"Las razones de los pedidos de allanamientos aún no se conocen -continuaba la nota firmada por Alejandra Dandanel 29 de abril- pero es posible, de acuerdo a lo afirmado por uno de los investigadores, que se hayan ordenado a partir de las declaraciones del dictador Videla en el último libro de Ceferino Reato. En un diálogo con Harguindeguy reproducido en el libro, el represor da cuenta de la existencia de algunos de estos papeles. Harguindeguy le dice a Reato que 'mi problema como ministro del Interior eran los desaparecidos; era el problema más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias'. Harguindeguy cuenta que había hecho sus listas. Cuando Reato le preguntó qué pasó con esas listas, el exministro respondió que 'todo eso fue quemado por orden de Bignone'. Pero confiesa que 'yo me había traído acá una carpeta chiquitita que tiene quince cartas, quince notas', con contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás. 'Después no tengo ninguna otra cosa. Tengo sí un recibo que le di a (Jacobo) Timerman.' Pero Reato volvió a preguntarle: ¿Y lo que tiene acá es importante? 'Y sí –dice el represor–, pero no es de actualidad'".

PAGINA 12

GB

CLARIN Y SU AGENCIA DE TURISMO

El magistrado deberá explicar su viaje

La Comisión de Acusación y Disciplina dio un plazo de 20 días hábiles a Francisco Horacio de las Carreras para que presente su descargo respecto a la denuncia del Gobierno por haber viajado a Miami invitado por el Grupo Clarín. El juez integra la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
 
 
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura se reunió esta mañana para comenzar a debatir si abre una investigación contra De las Carreras. La información sobre el viaje del camarista fue publicada el viernes por Página/12.
La comisión pasó a un cuarto intermedio, luego de que -según el artículo 11 del reglamento del consejo- se otorgara el plazo de 20 días al juez denunciado por el Gobierno Nacional. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, propuso "invitar" al magistrado a que se haga presente en la reunión de comisión del próximo jueves, iniciativa que finalmente no prosperó.

Los integrantes oficialistas del consejo expresaron que el magistrado "no podía desconocer a lo que iba ni tampoco la posición contraria a la ley de Medios que tiene el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL)", que organizó el encuentro al que habría concurrido como invitado de Clarín.

"De las Carreras participó en un viaje de turismo a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, financiado por el Grupo Clarín en la primera quincena de mayo, mientras tramitaba en su sala el caso vinculado" con la ley de Medios, dice el texto de la denuncia. Allí también se sostiene que participaron de ese viaje "los abogados del Grupo Clarín Fernando Llerena y Fabián Rodríguez Simon". El Grupo Clarín negó estos hechos y calificó la denuncia como “falsa y maliciosa”.
En base a estos antecedentes, se pide al magistrado que, hasta tanto se decida la recusación, "se excuse de intervenir en las presentes actuaciones" relacionadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y no se descarta en el gobierno que estas revelaciones deriven en un juicio político al acusado.
GB

MURIO EL QUE GUARDABA LAS URNAS 10 AÑOS MAS EN 1980 Y TOMABA EL TE CON MAGDALENA

REPRESOR. Harguindeguy, en su época al frente del Ministerio del Interior. (Archivo)
 

El ex general de división Albano Harguindeguy, el poderoso ex ministro del Interior de la última dictadura militar, murió en las últimas horas, mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad, según pudo saber DyN.
Harguindeguy, quien tenía 85 años, ocupó el Ministerio del Interior entre el 29 de marzo de 1976 y el 29 de marzo de 1981, durante la presidencia del dictador Jorge Rafael Videla.
El ex general de división era considerado uno de los "cerebros" de la última dictadura y el amplio radio de influencia de su cartera de Estado le permitía dominar amplias jurisdicciones del poder de entonces y tomar decisiones fundamentales.
Desde la reinstauración de la democracia y hasta los últimos años, Harguindeguy, quien fue beneficiado por indultos, había logrado eludir a la Justicia, pero finalmente fue detenido, acusado por crímenes de lesa humanidad -en este caso cometidos en Entre Ríos- como muchos otros jerarcas de la dictadura de 1976-1983.
Fuente: DyN
GB