EVITA Y JUAN MANGUNCIO.

Las pequeñas historias de la Argentina feliz
El sueño del pibe
EVITA Y JUAN MANGUCIO

Por Guada Aballe

En 1952 Juan Mangucio tenía doce años y era un chico de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Su ilusión más grande era conocer personalmente a Perón y a Evita.

Un día le escribió una carta a Evita diciéndole que quería conocerla, ella le contestó diciendo que le comunicara cuando deseaba venir a Buenos Aires para enviarle los pasajes.

Y Juancito viajó a Buenos Aires el 19 de abril. Le habían despachado a Buenos Aires un giro telegráfico para que pudiera pagarse los gastos del viaje y los de la persona que lo acompañaría. El chico vino con su mamá, y como invitados de Evita que eran, se hospedaron en un lindo hotel hasta que un automóvil pasó a buscarlos para hacerles conocer Buenos Aires.

A las siete de la mañana del día 20 Juancito y su mamá llegaron a la residencia presidencial.

Se encontró frente a Evita mientras su mamá lloraba de emoción, su sueño se había convertido en realidad.

Evita y Juan Maguncio conversaron sentados en un sofá. Cuando ella le preguntó si deseaba algo Juan expresó sus deseos de poder conocer al General Perón. Evita le dijo que lo llevarían a la casa de Gobierno para que lo conociera pero por si no lo pudiese ver, iban a retratarse juntos debajo del busto del presidente.

Cuando se fue Juancito tuvo que ir a buscar la bicicleta que Eva le había obsequiado.

Al otro día se realizó un importante acto en la Casa de Gobierno donde el general Goes Monteiro condecoró a Eva Perón en nombre del gobierno del Brasil. Juan Mangucio estuvo en primera fila entre el público y desde allí pudo ver al presidente.

Fuente: http://www.reinodeguada.blogspot.com/

EVA PERON MI MENSAJE SEGUNDA PARTE.

MI MENSAJE

TENGO QUE VOLAR CON EL

En "La Razón de mi Vida" dije con mis pobres palabras cómo un día maravilloso de mi existencia me encontré con Perón. El ya estaba en la lucha.

 Lo recuerdo como si lo viese, con la mirada llena de brillo, con la frente levantada, con su limpia sonrisa, con su palabra encendida por el fuego de su corazón. Vi desde el primer momento la sombra de sus enemigos, acechando como buitres desde la altura o como víboras pegajosas desde la tierra vencida. Vi a Perón demasiado solo, excesivamente confiado en el poder vencedor de sus ideales, creyendo en la primera palabra de todos los hombres como si fuese su propia palabra, limpia y generosa, sincera y honrada. No me atrajeron ni su figura ni los honores de su cargo y, menos, sus galones de militar. Desde el primer momento yo vi su corazón, y sobre el pedestal de su corazón, el mástil de sus ideales sosteniendo cerca del cielo la bandera de su Patria y de su Pueblo. Vi su inmensidad, una soledad como la de los cóndores, como la de las altas cumbres, como la soledad de las estrellas en la inmensidad del infinito. Y a pesar de mi pequeñez, decidí acompañarlo. Por seguirlo, por estar con él, hubiese sido y hubiese hecho cualquier cosa menos torcer la ruta de su destino. Fue cuando le dije un día: "estoy dispuesta a seguirlo, donde quiera que vaya". Poco a poco yo entré también en sus batallas. A veces porque me provocaron sus enemigos. Otras, porque me indignaron sus traiciones y sus mentiras. Había decidido seguirlo a Perón, pero no me resignaba a seguirlo de lejos, sabiéndolo rodeado de enemigos y ambiciosos que se disfrazaban con palabras amistosas. Y de amigos que no sentían ni el calor de la sombra de sus ideales. Yo quería estar con él los días y las noches de su vida, en la paz de sus descansos y en las batallas de su lucha. Ya sabia que él, como los cóndores, volaba alto y solo. ¡Y sin embargo yo tenía que volar con él! Confieso que no medí desde el principio toda la magnitud de mi decisión. Creí que podía ayudar a Perón con mi cariño de mujer; con la compañía de mi corazón enamorado de su persona y de su causa, pero nada más. Pensé que mi tarea, junto a su soledad, era llenarla con la alegría y con los entusiasmos de mi juventud.

MI CORONEL

Y así emprendimos el camino: alegres y felices en medio de la lucha. Un día me confesó que yo, su pequeña "giovinota" como solía llamarme, era la única compañía sincera y leal de su existencia. ¡Nunca como ese día me dolió tanto mi pequeñez! ¡Ese día decidí hacer lo posible para acompañarlo mejor! Recuerdo que le pedí que fuese mi maestro y él, en las treguas de su lucha, me enseñó un poco de todo cuanto pude aprender. Me gustaba leer a su lado. Empezamos por "Las vidas paralelas" de Plutarco y seguimos después con las "Cartas completas de Lord Chesterfield a su hijo Stanhope". En un tiempo me enseñó un poco de los idiomas que él sabia: inglés, italiano y francés. Sin que yo lo advirtiese, fui aprendiendo también a través de sus conversaciones la historia de Napoleón, de Alejandro y de todos los grandes de la historia. Y así fue que me enseñó también a ver de una manera distinta nuestra propia historia. Con él aprendí a leer en el panorama de las cuestiones políticas internas e internacionales. Muchas veces me hablaba de sus sueños y de sus esperanzas, de sus grandes ideales. Metida en un rincón de la vida de "mi Coronel", se me ocurre que yo era algo así como un ramo de flores en su casa... Nunca pretendí ser más que eso. Sin embargo, la lucha que se libraba en torno de Perón era demasiado dura, muy grandes sus enemigos, casi infinita su soledad y demasiado grande mi amor para que yo pudiese conformarme con ser nada más que un poco de alegría en su camino.

Prof GB

ORTEGA PEÑA IN MEMORIAM

Hace 38 años la Triple A asesinaba a Rodolfo Ortega Peña
“Rodolfo Ortega Peña había jurado que moriría peleando”

Por Pablo Waisberg *
Periodista

Orador de lengua filosa, abogado de presos políticos, historiador revisionista que erizó los pelos de la academia, editor, diputado nacional por el FREJULI que asumió cuestionando la política del gobierno. Todas esas vidas vivió Rodolfo Ortega Peña en 38 escasos años, hasta que una banda de la Triple A lo emboscó en Arenales y Carlos Pellegrini, en pleno centro porteño. Una doble ráfaga de ametralladora lo fulminó y no tuvo tiempo de manotear la pistola que llevaba en la sobaquera. Había jurado que moriría peleando, amparado en una verdad tan poética como relativa: “La muerte no duele.”

Lo mataron por muchas razones. Una de ellas fue por su rol en la Asociación Gremial de Abogados, que desde 1971 y hasta que Héctor Cámpora llegó al gobierno, defendió a presos políticos de todos los colores y orientaciones. La otra: su denuncia de la inclinación a la derecha que comenzaba a tomar el gobierno de Juan Domingo Perón, muerto un mes antes. En uno de sus últimos discursos, en el homenaje a un grupo de trotskistas asesinados por la Triple A, Ortega Peña arremetió: “Señalo al responsable directo de esta política, que ha abandonado las pautas programáticas, que ha dejado de ser peronista y que es el general Perón.”

Aquella acusación, pronunciada aún con Perón en la Casa Rosada, no era la primera definición en ese distanciamiento. Ortega Peña asumió su banca como diputado nacional con fuertes críticas al gobierno y distanciándose del bloque legislativo del PJ. Eso fue en marzo de 1974, en reemplazo de los ocho diputados de la JP Regional, que renunciaron cuando Perón decidió avanzar con las modificaciones al Código Penal. Hacía tiempo que integraba el Peronismo de Base, una agrupación con fuerza en Córdoba y otras provincias, que planteaba la “alternativa independiente” y que había comenzado a cuestionar la figura de Perón como líder portador de la verdad, el bienestar y la pacificación nacional.

Ortega Peña, junto a su inseparable amigo Eduardo Luis Duhalde, había llegado al peronismo desde la izquierda, entendiendo al movimiento como el único actor político con vocación revolucionaria, y en ese proyecto apostó su vida hasta perderla.

Con su muerte, la primera que la Triple A se adjudicó para sembrar terror, el campo revolucionario –peronista y no peronista– entendió que la dimensión del enfrentamiento iba ya mucho más allá de la cárcel o una golpiza. Si habían ido por el “Pelado” Ortega, un legislador muy visible con una gran acumulación de poder simbólico, ya nadie estaba a salvo.

Su velorio reunió a todo el arco político, a pesar de las amenazas y la feroz represión de la Policía Federal. Duhalde lo despidió sin lágrimas y reivindicando su condición de revolucionario. El Congreso al que pertenecía lo homenajeó en los términos acostumbrados. Increíblemente, ningún legislador reclamó que se investigara el crimen de Estado, ni siquiera que se formara una comisión investigadora. Nadie se atrevió a pedir lo obvio, pero imposible: que el asesinato no quedara impune. Nadie supuso que se podía echar luz sobre la oscuridad que se cernía sobre la Argentina.


* Pablo Waisberg es junto a Felipe Celesia autor de La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña, Aguilar (2007).

FUENTE EL ORTIBA.ORG
GB

LEY DE DROGAS, EL MODELO SIGUE APORTANDO NUEVOS PARADIGMAS.

SOCIEDAD › OPINION

Repensando la reforma de la ley penal de drogas

El reconocido juez Martín Vázquez Acuña, que integró la comisión dedicada a estudiar cambios en la legislación sobre drogas, propone aquí seis ejes para el debate en torno de los proyectos de reforma en esa materia presentados en el Parlamento.

 

 Por Martín Vázquez Acuña *

Luego de celebrarse las audiencias públicas en la Cámara de Diputados a fin de escuchar las opiniones de distintos sectores de nuestra sociedad (ONG, organismos estatales, expertos en la materia) sobre los diversos proyectos de reforma o el proyecto unificado, y transcurrido un plazo razonable para reflexionar sobre los distintos enfoques, resulta conveniente realizar algunas consideraciones en el marco del debate planteado.

1 Cualquier instrumento legal en materia de drogas debe atenerse a los
principios de lesividad, intimidad, autonomía, proporcionalidad, humanidad de las penas y al derecho al acceso a la salud, garantizados por nuestra Constitución y los Pactos y Convenios de Derechos Humanos que tienen rango Constitucional, conforme la reforma de 1994 (art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional).

Nuestra presidenta ha señalado que efectivamente cabe reformular la actual política de drogas y establecer un nuevo paradigma que balancee el sistema punitivo con los derechos humanos. En la misma línea, Rafael Bielsa, actual responsable de la Sedronar (Secretaría contra la Drogadicción y Narcotráfico), al inaugurar la 50ª Reunión de la Comisión Interamericana por el Control de Abuso de Drogas (Cicad) expuso que “tenemos la obligación de repensar el camino que veníamos recorriendo, de impulsar los cambios que se entiendan necesarios”, en clara referencia al fracaso de las políticas del hemisferio.

La ex Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, que asesoró a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cuyo cargo se encontraba el hoy senador Aníbal Fernández –integrada por los jueces Roberto Falcone, Patricia Llerena y Horacio Cattani, el licenciado Alberto Calabrese, la doctora Alicia Guillone y el autor de esta nota, y coordinada por la fiscal Mónica Cuñarro–, sostuvo a través de sus documentos la necesidad de derogar la ley 23.737 y diseñar normas acordes con los principios señalados más arriba, manteniendo el debido equilibrio entre los derechos humanos y el sistema penal de drogas. Se manifestó también sobre la necesidad de implementar un plan de prevención, asistencia e inclusión que garantice el derecho a la salud de las personas con uso problemático de drogas, involucrando acciones sostenidas y articuladas entre las agencias estatales de salud, desarrollo, trabajo y educación.

2 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tan nombrado “Fallo Arriola”, reafirmó que únicamente puede sancionarse una conducta cuando la misma implica un peligro concreto para terceros. Esto implica que de modo alguno puede penalizarse la tenencia de drogas para uso personal, en la medida en que no signifique un peligro concreto a la salud pública.
En este orden de ideas, la Corte también insistió en que no pueden esgrimirse razones de índole moral para incriminar dichas conductas. En suma, punir la tenencia de drogas para uso personal vulnera los principios de privacidad y autonomía (art. 19 de la Constitución Nacional) y por la misma razón, tampoco pueden punirse la conducta de cultivo para uso personal y el consumo compartido, mientras no se afecte de modo concreto la salud de terceros.
Las medidas de seguridad que inducen al consumidor a un tratamiento compulsivo, a cambio de no ser sancionado penalmente, deben ser excluidas de la ley penal de drogas, ya que afectan al principio de autonomía y colisionan con las leyes de Salud Mental (ley 26657) y del Derecho del Paciente (ley 26529 y modificatorias), pues todo tratamiento debe ser voluntario.

3 A fin de delimitar si un hecho constituye tenencia para consumo personal o conductas de tráfico, se entiende que la técnica legislativa razonable sería delegar esa función a los jueces, conforme a las circunstancias que rodearon al hecho atribuido (poder discrecional), sin echar mano al sistema legal de “dosis umbral”. El sistema legal de “dosis umbral” implica que en la norma penal se fije un gramaje –unidad de medida– por cada sustancia, para delimitar si la droga que se tiene es para uso personal o para traficarla. Esta técnica adoptada por varios países constituye una herramienta legislativa desaconsejable.
En efecto, el criterio para precisar los gramajes-cantidad para cada droga no resulta homogéneo, y varía de acuerdo con el país.
Así tenemos que, como dosis umbral para considerar uso personal, en relación a la cocaína Holanda fija 0,5 gramos, España 7,5, Portugal 2, Venezuela 2, México 0,5 y Colombia 1 gramo. Lo mismo sucede con las demás drogas. A su vez, cabe pensar que los “dealers” o “transas” ajustarían su porte a esas cantidades para evitar ser descubiertos como vendedores. También los consumidores se verían expuestos a mayores peligros para la obtención de la sustancia, obligados a concurrir con mayor asiduidad a espacios donde su integridad física pueda estar en riesgo, para ajustar la tenencia a la admitida legalmente.


4 La respuesta punitiva debe ser proporcional a la conducta atribuida, teniendo en cuenta la gravedad de la misma y circunstancias personales del autor.Trasladado este concepto al derecho penal de drogas, significa que para establecer una escala sancionatoria debe valorarse la cantidad y el tipo de droga en juego y el daño que produce en la integridad física de los consumidores, como también el rol del imputado en el circuito del tráfico: si es parte de una organización criminal o es el organizador, si tiene un rol preponderante en la organización o simplemente cumple una función subordinada como las “mulas”, quienes en muchos de los casos provienen de sectores socioeconómicos deprimidos o coaccionados por aquellos que sí tienen roles preponderantes en la organización.

La escala penal no puede ser la misma para un miembro de una organización criminal de comercio de drogas nacional o trasnacional que tiene el carácter de jefe o ejecuta un rol significante, que para las “mulitas” o “la abuela” que vende drogas en el barrio.

En base a estos criterios, la ex comisión estableció en su proyecto los agravantes y los atenuantes, agravando las penas para aquellos traficantes de sustancias espurias que ponen aún más en riesgo la salud de quienes las consumen, como es el caso del “paco”.
Por otra parte, considerando la situación de las “mulitas” y casos especiales como el de las “abuelas que venden drogas en sus casas” propuso reducir la pena mínima a tres años, y posibilitar así, en algunos supuestos, el otorgamiento de una excarcelación o imponer condenas condicionales o medidas alternativas a la prisión (probation).

De mantenerse la actual escala penal para los delitos de tráfico, la cantidad de presas/os en nuestras cárceles seguirá incrementándose en forma geométrica, principalmente en la población femenina. Como consecuencia, esta modalidad provoca hacinamiento carcelario y convierte en inhumanas las penas que sufren las personas detenidas. En este sentido, sólo basta constatar las cifras brindadas por el Servicio Penitenciario Federal y el Bonaerense respecto de las mujeres. A modo de ejemplo, en 2011 en la provincia de Buenos Aires había 1137 mujeres presas, de las cuales 518 (45,5 por ciento) se encontraban privadas de su libertad por la ley de drogas. Al mes de julio de este año, la población carcelaria femenina suma 1183 internas, con un aumento del porcentaje por ley de drogas al 47 por ciento (559 mujeres).

5 Una reforma penal en esta materia no puede ser parcial. No cabe limitarla a ciertas figuras como la tenencia de drogas para uso personal o el autocultivo, porque no solamente corresponde adecuar y balancear las penas conforme a los roles de cada uno de los intervinientes en los delitos de tráfico de drogas, el daño que produce la sustancia, los lugares donde se trafica, la posibilidad de autodeterminación de las víctimas, etc.; sino también para regular debidamente el comercio ilícito de precursores, el desvío, prescripción o suministro ilegal de medicamentos, ya que muchos de ellos producen más daños que la drogas denominadas ilegales. También el Código Aduanero merece una reforma en lo que respecta a las figuras de contrabando de drogas y precursores.

6 Una ley de drogas no puede ser la única herramienta con que cuente un Estado democrático para hacer frente el incremento del consumo de las mismas. Es urgente reflotar el proyecto que contempla la atención integral de la salud de los usuarios de drogas. El Estado debe posibilitar el acceso a la salud a todos aquellos que necesiten intervenciones de prevención y asistencia.
No se han generado aún los recursos necesarios ni se han dado respuestas eficientes por parte del Estado, desde sus niveles municipal, provincial y nacional, para hacer frente a esta problemática que se agudiza día a día.

Es republicano y democrático posibilitar un tiempo razonable para reflexionar y debatir sobre la reforma en cuestión, pero también urge la toma de decisiones de política criminal en esta materia, pues de otro modo se deja sólo en manos de la agencia policial a los ciudadanos que consumen drogas; sin olvidar que si no se disminuyen los mínimos penales en el sentido explicado, el aumento considerable de la población carcelaria que se viene manifestando agravará las condiciones de hacinamiento ya vigentes en dichos espacios, con todas las consecuencias a lo que ello conlleva.

* Juez.

FUENTE PAGINA 12

GB

PATRIA GRANDE

Declaración del Foro San Martín para la reunificación de nuestra América

Buenos Aires, 27 de junio de 2012

En la hermana patria del Paraguay, parte inseparable de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que integran todos los países de América del Sur y del MERCOSUR,  ha sido derrocado el gobierno elegido por el pueblo mediante un ilegitimo juicio político del Congreso, por el que se “destituyó” al presidente Fernando Lugo por “mal desempeño de sus funciones”.

Apenas se anunció que iba a llevarse a cabo dicha destitución, carente de fundamento y de legitimidad, la UNASUR, en cumplimiento de su cláusula democrática que compromete a todos sus miembros en defensa de la soberanía popular en toda América del Sur, convocó a sus cancilleres a Asunción, para acompañar al Presidente Lugo, que ejercía también la Presidencia pro tempore de UNASUR. Ni bien se produjo el derrocamiento,  los cancilleres de UNASUR confirmaron que la destitución del Presidente de Paraguay era “un acto bochornoso” con el que se violó “el debido derecho a defensa” del mandatario.
Simultáneamente dispusieron que en tanto durase la situación irregular en Paraguay asumiese Perú la Presidencia pro tempore de UNASUR.

Luego todos los miembros de UNASUR se expresaron en consonancia con lo resuelto por el organismo continental.
Encabezaron los pronunciamientos la Presidenta Cristina Fernández de Argentina que anunció  que “no se convalidará el golpe de Estado” y retiró a su embajador en Asunción y la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien convocó a su embajador en Paraguay y sugirió expulsar a Paraguay de UNASUR y del Mercosur al no respetarse la “cláusula democrática”.

Posteriormente, la cancillería brasileña, Itamaraty, dio a publicidad una nota donde afirma que “houve o rompimento da ordem democrática”.
Las dos cámaras del Parlamento argentino expresaron su “solidaridad con el hermano Pueblo de la República del Paraguay, con el cual nos unen profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales y de amistad”, y afirmaron su “compromiso en favor de la vigencia y consolidación de la democracia en el Paraguay y en toda la región”.

 Respaldaron las “acciones llevadas adelante por las autoridades del Mercosur en cumplimiento de lo estipulado en el Protocolo Constitutivo del Parlamento regional” y el “Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Chile y la República de Bolivia, que fueran ratificados por los Congresos Nacionales de todos los países miembros”.

El Senado y la Cámara de Diputados también resaltaron el “Compromiso Democrático” de los Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, en la que los Estados Partes asumen la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones”.

El Congreso solicita a los presidentes de Sudamérica que en la Cumbre del Mercosur del 29 de junio “se adopten las medidas que estimen adecuadas, tendientes a favorecer la vigencia de las cláusulas de compromiso democrático del Mercosur y la UNASUR…”. Finalmente, se expresa la decisión de “promover en el seno del Parlamento del Mercosur, a través de la Delegación Argentina de Parlamentarios, el urgente tratamiento de la crítica situación político-institucional existente en la República del Paraguay”.

El presidente del Uruguay, José Mujica reclamó que el Paraguay adelante las elecciones presidenciales previstas para abril de 2013.
El secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, afirmó que la comunidad internacional observó un “irrespeto” al debido proceso durante la destitución de Lugo.

El Foro San Martín para la reunificación de nuestra América, y todos los compatriotas sudamericanos que compartimos el mismo ideal, elogiamos el cumplimiento del Tratado Constitutivo de la UNASUR por todos los países de América del Sur y acompañamos el pedido del Congreso argentino para que en la reunión extraordinaria de UNASUR y la Cumbre del MERCOSUR a llevarse a cabo en Mendoza se adopten las medidas que, respetuosas de las instituciones y el orgullo del Paraguay, ayuden a su pueblo, parte irrenunciable del pueblo sudamericano, a expresar libremente su voluntad, en el marco de los compromisos asumidos por  la organización continental.

Porque lo que ha sucedido en Paraguay por ser una grave crisis que afecta a la hermana patria paraguaya y a su pueblo es un asunto interno de la UNASUR y del pueblo sudamericano. Es decir, es un asunto interno de América del Sur.
Paraguay es el corazón geográfico del subcontinente, inserto entre Brasil, Argentina y Bolivia. Está ubicado en una posición estratégica respecto de recursos naturales claves para América del Sur. Y también es el corazón histórico de América del Sur, a tal punto que Asunción fue la capital del cono sur de América, incluyendo Brasil, durante medio siglo. Desde siempre, entonces, la soberanía popular es una cuestión que involucra a todo el pueblo sudamericano y por tanto a todas las naciones que la forman. Y a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de América del Sur es un imperativo legal que todos los pueblos y naciones sudamericanos debemos cumplir.

Frente a esta obligación legal de asegurar la soberanía popular en todos los países que componen UNASUR, y al hecho que el Presidente Fernando Lugo ha sido depuesto cuando acababa de recibir la Presidencia pro tempore de UNASUR,
El Foro San Martín para la Reunificación de Nuestra América solicita que las Cumbres de UNASUR y MERCOSUR, el Parlamento del MERCOSUR y los parlamentos de todas las naciones de América del Sur:

1. Exijan que se realicen elecciones libres en un plazo breve en Paraguay para que su pueblo se pronuncie, como sugirió el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica.

2. Dispongan:
1.     la formación del Parlamento de UNASUR mediante elección directa por el pueblo de cada país miembro;
2.     la constitución del Tribunal Superior de UNASUR, con competencia para decidir en todas las cuestiones que involucren la Constitución de UNASUR y el derecho de la organización continental, y en particular su cláusula democrática;
3.     la elección directa por el pueblo sudamericano del Presidente de UNASUR.

FORO SAN MARTÍN

MACRI 2015 EL PUEBLO DE LA CIUDAD 0

Domingo, 29 de julio de 2012

DEBATE › LA SITUACION DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD

Crisis habitacional

 Por  Jonathan Thea * e Itai Hagman **

El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. Para ello plantea resolver progresivamente el déficit habitacional e incentivar la planificación de políticas que ordenen el uso del territorio. Sin embargo, hoy casi la mitad de los porteños no tiene acceso a una vivienda propia.

Desde 2007 hasta fin del año pasado el valor promedio del metro cuadrado se elevó de 1402 a 2107 dólares, más de un 50 por ciento, y casi un 115 por ciento en pesos, según el Gobierno de la Ciudad, muy por encima de la inflación del período, lo que refleja que la inversión en ladrillos se convirtió en una de las opciones más rentables. A ello se suman tres factores fundamentales: en la Ciudad hay alrededor de 150 mil propiedades en desuso, según indica el Censo 2010, en los últimos 5 años el valor del alquiler promedio se incrementó casi el 250 por ciento y, por último, la proporción del salario destinado al arrendamiento superó el 40 por ciento de los ingresos de las familias.

Los números hablan por sí mismos. La desatención hacia la cuestión habitacional por parte de la gestión de Mauricio
Macri se ve claramente reflejada en la cada vez más escasa asignación de recursos al área, en la reiterada subejecución del presupuesto y en la implementación de planes que no sólo no abordan la problemática de manera integral, sino que ofrecen soluciones atadas con alambre.

El plan “Primera Casa BA”, lanzado por el Gobierno de la Ciudad hace dos meses, propone otorgar en el plazo de un año 3500 créditos en una ciudad que cuenta con un déficit habitacional de más de 100 mil viviendas. Teniendo en cuenta que la iniciativa no ataca la lógica especulativa del mercado inmobiliario actual, el otorgamiento de los créditos no sólo no resolverá la situación sino que, incluso, podría alimentar una burbuja hipotecaria funcional al proceso de valorización de las propiedades.

En este contexto, creemos urgente e indispensable que el Estado comience a jugar un rol protagónico, orientado a establecer políticas públicas resolutivas y a poner en marcha un Plan Integral de Vivienda. Consideramos que el mismo debe reposar sobre cuatro pilares centrales:

- Impuesto a las viviendas ociosas: Grabar las viviendas en desuso con un tributo creciente en función del tiempo en que se mantienen deshabitadas. Así, se pone un límite a la especulación inmobiliaria incorporando los inmuebles en desuso a la oferta de venta y alquiler con la consiguiente baja en los precios.

- Urbanización de villas y regulación de hoteles familiares: Aumentar la inversión en la provisión de servicios básicos, que favorecerá su accesibilidad e incorporación al trasporte público y al tendido de alumbrado. Además, lanzar un plan de créditos blandos destinados a mejorar la infraestructura e impulsar la entrega de títulos de propiedad con una cláusula de no venta o alquiler para evitar que grandes emprendimientos inmobiliarios expulsen a la población. En cuanto a los hoteles familiares, incrementar las inspecciones y controles, regular los precios y reponer la ley que prohíbe los desalojos.

- Regulación de alquileres y Construcción de viviendas: Es necesario poner topes a los precios y que sean los propietarios quienes se hagan cargo de las comisiones inmobiliarias en lugar del inquilino. Asimismo, es posible implementar un plan de construcción de viviendas en las comunas del sur de la Ciudad y garantizar la ampliación de los créditos hipotecarios con la correspondiente reducción de los requisitos de acceso a los mismos.

- Creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat: generar un diseño institucional centralizado que elimine la multiplicidad de programas difusos, unifique todas las políticas de vivienda de la Ciudad y se complemente con un Ente Metropolitano de Defensa de los Inquilinos.

* Agrupaciones El Gleyzer.
** Juventud Rebelde Rebelión.

FUENTE SUPLEMENTO CASH DE PAGINA 12

Prof GB

PARA IR ENTENDIENDO A SCIOLI, BONFATI Y DE LA SOTA

Domingo, 29 de julio de 2012

ENFOQUE

Burguesías provinciales

 

Algunos gobernadores argentinos sostienen desde hace tiempo un reclamo para que la Nación distribuya una mayor cantidad de recursos hacia sus provincias. Esas voces han tenido, en las últimas semanas, una mayor presencia a raíz del deterioro fiscal de las cuentas provinciales, que ha encontrado su expresión más crítica en el desdoblamiento del pago del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires.

Ese reclamo está acompañado de un silencio absoluto por parte de las autoridades provinciales sobre la política fiscal y la gestión tributaria en los territorios que gobiernan. Esto no permite que quede de manifiesto que los ingresos provinciales se componen de transferencias del Estado nacional y de ingresos propios. ¿Cómo es la gestión de los ingresos provinciales propios?

En la Argentina, la suma de impuestos provinciales de las 24 jurisdicciones en 2011 alcanzó el 4,7 por ciento del PBI. En el año 2000, ese porcentaje era del 3,8 por ciento. Es decir que el crecimiento en el período 2000-11 fue del 23,6 por ciento. En el mismo período en la Nación la presión fiscal pasó de un 17,3 por ciento a un 27,3 por ciento del PBI. Esto implica un incremento del 57,8 por ciento. Es decir que en dicho período el incremento de la recaudación nacional más que duplicó al crecimiento de la recaudación provincial.

Veamos también cómo recaudan las provincias: según datos de 2011, en la provincia de Córdoba el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 80,7 por ciento de la recaudación total provincial. En Santa Fe, ese porcentaje fue del 70,9 por ciento y en la provincia de Buenos Aires, del 75,2 por ciento. Queda claro que estamos hablando de un impuesto indirecto trasladable a los consumidores y con un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso.
En contrapartida, los impuestos de base patrimonial (el inmobiliario –urbano y rural– y patentes), que son impuestos progresivos porque tributan más los que más tienen, en Córdoba han representado en 2011 el 10,5 por ciento del total de los recursos propios, en Santa Fe, el 16,7 por ciento y en Buenos Aires, el 12,4 por ciento.

No sólo las provincias incrementaron mucho menos la recaudación que lo que lo hizo la Nación, sino que ese incremento se produjo especialmente sobre la base de impuestos indirectos y regresivos. Entre 2003 y 2011 la importancia de la recaudación de impuestos progresivos sobre la recaudación total se redujo en un 65 por ciento en Córdoba, en un 40 por ciento en Buenos Aires y en un 12 por ciento en Santa Fe.

En otras provincias argentinas, como las patagónicas y las del norte, una parte significativa de sus recursos provienen de las regalías petroleras, gasíferas, mineras y pesqueras. Y el peso del Impuesto a los Ingresos Brutos es muy inferior al observado en la “pampa gringa”. En estas provincias existe un mecanismo para captar la renta extraordinaria que se produce a partir de la existencia de recursos naturales estratégicos y de un alto valor en el mercado internacional.

A nadie escapa que la tierra de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe presenta el mismo atributo en los últimos años: la productividad del suelo se encuentra en los más altos valores históricos, el precio internacional de los cereales y oleaginosas desde hace más de un lustro está por las nubes y la renta ha sido más que significativa. Y todos recordamos el conflicto político que se generó cuando se pretendió desde el Estado nacional que los productores de soja contribuyeran impositivamente en forma proporcional a los incrementos de los precios en el mercado internacional. Por lo menos dos de los tres gobernadores involucrados se alinearon, en dicho conflicto, del lado de los productores con rentas extraordinarias y no del Estado. A nuestro juicio, el problema del financiamiento provincial actual tiene por lo menos dos aristas convergentes: una política y otra fiscal.

La primera es producto de la falta de voluntad de los gobernadores de esa tríada de provincias en exigirles una mayor contribución a los propietarios urbanos y rurales en el período de “vacas gordas” del crecimiento de la actividad económica nacional. Han optado por sostener el crecimiento del gasto público, cada vez en mayor medida, con los fondos aportados por la coparticipación federal, a partir del aumento de la presión fiscal nacional, que no implicó ningún costo político para ellos. Incluso oponiéndose a una mayor recaudación del Estado nacional cuando los sujetos de imposición son los propietarios de tierras y productores de sus propias provincias.

La segunda tiene que ver con una manifiesta incapacidad para, en un contexto económico nacional e internacional favorable, haber encarado las reformas tributarias que dotaran al sistema de mayores recursos y de un mayor equilibrio entre impuestos progresivos y directos versus los regresivos e indirectos.
La conjunción de esas dos variables determinó que tres de las provincias más ricas de la Argentina sostengan tres cuartas partes de sus ingresos públicos provinciales en base al Impuesto a los Ingresos Brutos, que tiene la característica de ser regresivo, indirecto y con un alto nivel de elasticidad. Es decir, que sufre de manera lineal los vaivenes coyunturales de la actividad económica. Al mismo tiempo desprecian o menosprecian la recaudación a través de impuestos al patrimonio que son progresivos, permanentes y menos dependientes de los ciclos económicos.

Ahora, la solución no pasa solamente por reclamarle al Estado nacional que “ayude” a cubrir las obligaciones fiscales, sino también por hacerse cargo de las “imprevisiones del ayer” para que en un plazo razonable podamos contar con sistemas impositivos provinciales que contribuyan al logro de estados más justos, equilibrados e integrados socialmente. Este objetivo también forma parte del federalismo.

* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Prof GB

 

 Por Alejandro Lopez Accotto, Martin Mangas y Carlos Martinez *