DE AMPAROS Y DESAMPAROS.

EL OFICIALISMO ADELANTO QUE CAMBIARA EL PROYECTO QUE REGULA LOS AMPAROS EN LA LINEA PLANTEADA POR EL CELS Para que los amparos no causen desamparos El Senado recibió a cinco organizaciones vinculadas con los derechos humanos, que plantearon sus propuestas para evitar que la regulación de la cautelares de los sectores más fuertes afecte a los más débiles. Se incorporarán las modificaciones en la redacción final. Por Sebastian Abrevaya El Senado recibió ayer a cinco organizaciones vinculadas con la Justicia y los derechos humanos, que manifestaron cuestionamientos al proyecto del Poder Ejecutivo para regular las medidas cautelares. Durante casi cuatro horas, el CELS, la ACIJ, la ADC, Fores y la Asociación de Abogados Laboralistas plantearon sus objeciones a la iniciativa, que obtuvo dictamen de comisión la semana pasada. Por el kirchnerismo defendieron la propuesta el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. La oposición, que la semana pasada había preferido ausentarse para denunciar la falta de debate, concurrió a la comisión y tuvo una mínima participación. El CELS criticó fundamentalmente que la redacción de las excepciones a las limitaciones a los amparos era demasiado “restrictiva”, y que esto podría perjudicar a sectores vulnerables afectando la tutela judicial efectiva de sus derechos. Según adelantó Alvarez, varias de las propuestas serán introducidas mañana en la redacción final, en la que también se tendrá en cuenta un texto presentado por el colectivo de jueces, fiscales y abogados denominado “Justicia legítima”. Mientras en Diputados comenzaron a tratarse los otros tres proyectos, el Senado abrió ayer al debate una de las tres iniciativas que integran el paquete de “democratización” del Poder Judicial redactado por el Poder Ejecutivo. El jueves pasado, el plenario de comisiones de Justicia y de Legislación General emitió el dictamen sobre la regulación de las medidas cautelares tras la presencia de los funcionarios del Ejecutivo. Del encuentro no participó la oposición –que realizó sus críticas en conferencia de prensa– ni se convocó a otros especialistas. Sin embargo, las críticas vertidas públicamente por organismos como el CELS hicieron al oficialismo rever su posición y convocar nuevamente a la comisión. Posteriormente se sumaron otras organizaciones interesadas en marcar su postura, aportando más puntos de vista al debate. “No creemos ni que estos proyectos solucionen todos los problemas de la Justicia ni que estén en peligro las instituciones. Creemos que hay que tener un poco menos de ópera italiana, un poco menos de tragedia española y un poco más de lectura específica de la letra de los proyectos para tratar de perfeccionarlos”, señaló Verbitsky al iniciar su exposición, acompañado de buena parte de la primera línea del CELS, incluidos el ex canciller Jorge Taiana, el titular de la CTA, Hugo Yasky, y los abogados Damián Loreti, Paula Litvachky y Diego Morales. El presidente del CELS rescató la necesidad de la reforma, aunque refiriéndose puntualmente a la regulación de las cautelares consideró que la ley podría traer problemas de constitucionalidad. “Aquí lo que ha habido es, tal vez, una redacción apurada, imprecisa o incompleta. Pero esto no afecta la intención de la reforma sino que la pone a salvo de estas objeciones que habían formulado”, agregó. El proyecto del Ejecutivo regula las medidas cautelares en las que es parte el Estado, ya sea como demandante o demandado. Establece un límite temporal de seis meses –prorrogable por el mismo plazo– para la vigencia de estas medidas y exige un informe por parte del órgano estatal involucrado previo a su dictado. En caso de que el juez así lo considere, podrá determinar una medida “interina” hasta que el Estado emita ese informe. Una vez enviado, la medida “interina” cae, pudiendo el magistrado dictar una cautelar. Según la redacción original, estas circunstancias quedan exceptuadas cuando “la medida tenga por objeto la protección directa de la vida o la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentario”. Este fue uno de los puntos más cuestionados ayer, por considerar que se trata de una redacción demasiado “restrictiva” de las excepciones, que podría perjudicar a sectores vulnerables afectando la tutela judicial efectiva de sus derechos. En el debate, el titular del CELS pidió modificar la redacción. El secretario de Justicia, si bien acordó en la necesidad de modificar la iniciativa en el mismo sentido, no estuvo de acuerdo con la propuesta puntual. “Se meten acá otras discusiones que no son tales, y que permiten que la patria zocalera después diga las barbaridades que dice cuando habla de las cajas de seguridad, de los derechos de los jubilados, etcétera, que nada tienen que ver con este proyecto de medidas cautelares”, sentenció Alvarez, quien le recriminó al CELS no haber planteado antes sus cuestionamientos. Verbitsky respondió que no estaban al tanto de los proyectos y que se enteraron con al anuncio presidencial. Recogiendo algunas de las críticas, el secretario de Justicia propuso reemplazar el término “protección directa de la vida...” por la “protección de la vida digna...”, ampliando así sus alcances. Por otro lado, se incluiría un párrafo en el que se establece “el deber de procurar una mayor celeridad” por parte del juez para definir la cuestión de fondo y así evitar que venza el plazo de la cautelar (doce meses máximo), sin la resolución definitiva. Además, en caso de medidas de fuerza de trabajadores, el Estado sólo puede solicitar una medida cautelar para que retomen sus tareas en caso de que se trate de garantizar el funcionamiento de “servicios mínimos”. Luego del debate, siguió el turno de las otras organizaciones, que plantearon cuestionamientos en un sentido similar al CELS y que también esbozaron reparos respecto de los proyectos de modificación del Consejo de la Magistratura y de creación de tres tribunales de Casación que hoy se tratarán en el recinto. “Las restricciones a las medidas cautelares están muy lejos de consagrar el derecho a la vida”, señaló León Piasek, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas. “Estamos dejando abierta la puerta para que en el futuro se puedan generar serios abusos a la defensa de los derechos humanos”, insistió Alvaro Herrero, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “Este proyecto no puede ser analizado sin hacerlo en conjunto con el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. El juez que tenga a cargo esas medidas cautelares podría ser removido por una mayoría simple”, advirtió Ezequiel Nino, de ACIJ. Desde el oficialismo, el senador Miguel Pichetto respondió que los sectores vulnerables quedan excluidos de las restricciones para obtener una medida cautelar y remarcó que la Corte Suprema, en el caso Clarín, determinó que las cautelares deben tener un “plazo razonable”. “Hay un lineamiento general, la Corte frente a ese tipo de medidas dijo que no puede durar eternamente. Hay una preocupación del máximo tribunal”, insistió Pichetto. Tras el debate, la redacción definitiva quedará en manos de los legisladores, que el jueves tratarán el tema en el recinto. AULA LITVACHKY, DEL CELS, SOBRE LAS CAUTELARES “Deben ser reguladas” Para Litvachky, hay que reglamentar las medidas cautelares “para evitar el abuso de los sectores poderosos”, pero “hay que fortalecerlas” para proteger a los sectores vulnerables. Por Laura Vales “Las cautelares deben ser reguladas para evitar el abuso de los sectores más poderosos; al mismo tiempo, hay que fortalecerlas para la protección de los sectores vulnerables”, resume Paula Litvachky al explicar el eje del planteo que el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo ayer en el Senado. Directora del Area de Justicia y Seguridad del organismo de derechos humanos, Litvachky explica qué cuestionan del proyecto del Poder Ejecutivo. –¿Qué cambios propone? –Básicamente, que se amplíe la fórmula de excepción del proyecto original, para que determinados grupos o situaciones que requieren de una especial protección del Estado no tengan requisitos tan agravados para presentar medidas cautelares. –¿Por qué? –La cautelar es una medida que los organismos venimos usando desde hace 30 años como herramienta de protección de los derechos humanos. Casos en los que se ha planteado la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna, o la necesidad de acceder a ciertos medicamentos, o en cuestiones que tienen que ver con la protección de los derechos de los detenidos cuando se han agravado sus condiciones de detención son ejemplos de casos en los que nosotros, como CELS, hemos litigado usando la herramienta de la medida cautelar. Algunos de estos temas se están contemplando en las excepciones a las limitaciones que se van a fijar, pero lo que planteamos es que hay que ampliar esas excepciones, por ejemplo sobre las cuestiones ambientales y en lo vinculado con los usuarios de servicios públicos. La clave es que las cautelares, entre otras herramientas, sirven para garantizar la tutela judicial efectiva, y para eso tienen que ser recursos que puedan ser usados en forma simple, sencilla y rápida. –Y esto quedaría trabado si el proyecto se aprueba como ingresó. –Tal como está, en la medida que plantea excepciones muy restrictivas, hace que ese instrumento sea más dificultoso para estos sectores. Estamos de acuerdo en la necesidad de regular las cautelares para que este tipo de acciones no puedan ser usadas abusivamente por corporaciones o empresas, y al mismo tiempo se las debe reforzar para que sí puedan servir en la protección de derechos de determinados grupos. –Ayer, el secretario de Justicia anticipó que se van a hacer algunas modificaciones para garantizar el acceso a las cautelares de los sectores desprotegidos. Una es que donde el texto hablaba del derecho a la vida, ahora hablará del derecho a una vida digna. ¿Alcanza? –El secretario plantea dos cosas importantes. Una es quitar del texto el término “afectación directa”, que lo hacía aún más restrictivo, y la otra es agregar “digna” a la cuestión de vida. Las dos cosas nos parecen importantes porque amplían los supuestos sobre los que estábamos discutiendo. Sin embargo, sería necesario ver si se puede discutir y reformular para hacer una enunciación más amplia, que dé cuenta de otras situaciones y otros derechos que no quedan abarcados en esa formulación. Nuestro planteo es que, si este proceso de democratización de la Justicia tiene que ver con dar cuenta de que en muchos casos la respuesta actual del sistema judicial es una respuesta discriminatoria, o que no da cuenta de la necesidad de protección de esos sectores, porque son los jueces los que toman decisiones muy restrictivas... bueno, del Congreso tiene que salir la mejor formulación posible para que el proyecto no tenga interpretaciones restrictivas por parte de esos funcionarios judiciales. El proyecto tiene que avanzar en esa línea para que el Congreso, el sistema político, dé un mensaje claro al sistema judicial sobre cuáles son aquellos derechos y aquellos sectores que merecen una especial protección de una herramienta como la cautelar para garantizar su tutela judicial, y que esta herramienta pueda funcionar en forma rápida y efectiva. –Otro de los cambios anunciados tiene que ver con el derecho a huelga. El proyecto va a ser modificado para que el Estado pueda pedir una cautelar sólo si no hay preaviso, si no se cumplen servicios mínimos y si se está violando una conciliación obligatoria. –Nosotros propusimos agregarle al texto del artículo la condición de que haya una manifiesta ilegalidad, es decir, propusimos una formulación más simplificada y más abarcativa. Pero en cualquier caso, es importante la modificación que plantean. –¿Qué balance hace de la reunión? –Es positivo que se haya podido generar esta discusión y que se estén discutiendo modificaciones. Por supuesto, hay que ver después cómo va a quedar el texto definitivo, pero que se haya abierto la posibilidad de discutir y se piense en reformular el texto ya es muy valorable. La agenda de hoy El Senado avanzará hoy con la sanción de los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y de creación de tres Cámaras de Casación. Después de emitir dictamen el miércoles pasado, la Cámara alta dará media sanción a las iniciativas que integran el paquete de seis proyectos para la “democratización del Poder Judicial” enviado por el Poder Ejecutivo. Desde las 12, los senadores debatirán la ampliación de los miembros del Consejo de 13 a 19 y su elección mediante el voto popular junto a elecciones nacionales. Además, se modifican las mayorías necesarias para seleccionar y remover magistrados, pasando de dos tercios y a la mitad más uno del total de sus integrantes. Según fuentes del Frente para la Victoria, el oficialismo contaba con los 37 votos necesarios para aprobar esta iniciativa. Respecto de la creación de tres nuevos tribunales se trata de las Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo; la Federal de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, y la Federal de Casación en lo Civil y Comercial. Para su sanción, en cambio, sólo es necesario obtener la mayoría simple. 17/04/13 Página|12 GB