REFORMA JUDICIAL, LAS PROPUESTAS

EL SENADO ESCUCHARA HOY A LAS ONG EN LA DISCUSION SOBRE LA REGLAMENTACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Las propuestas de las organizaciones El bloque de senadores del Frente para la Victoria aceptó abrir la discusión sobre los proyectos. Cinco ONG presentarán sus críticas y propuestas respecto del proyecto sobre las cautelares enviado por el Ejecutivo. También se presentará un escrito con sugerencias del movimiento “Justicia legítima”. Por Irina Hauser El Senado aceptó finalmente abrir el debate sobre la reglamentación de las medidas cautelares y convocó a participar hoy en un plenario de comisiones a cinco ONG que presentarán sus críticas y propuestas para mejorar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, al que analizan como de dudosa constitucionalidad. A ellos sumará por escrito sus sugerencias el movimiento “Justicia legítima”. Buena parte de los cuestionamientos que se empezaron a formular la semana pasada, sobre los que advirtió públicamente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se focalizan en que tal como está planteado el texto de la reforma, restringiría el acceso a las cautelares a las personas en situación de vulnerabilidad y a los colectivos que reclaman derechos sociales y económicos. El eje del planteo es que con una regulación diseñada para poner límites a las demandas patrimoniales contra el Estado se termina afectando a los ciudadanos más débiles, que por razones bien distintas pueden requerir una cautelar como forma de protección urgente. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General del Senado escucharán hoy los argumentos del CELS, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Asociación de Abogados Laboralistas. Algunas de ellas ya hicieron adelantos de sus postura por escrito la semana pasada o al pedir ser oídos. La agrupación “Justicia legítima” (que nuclea a jueces, fiscales, defensores, empleados académicos y juristas) también presentará por escrito una “propuesta superadora” para el régimen de las medidas cautelares, basada en un primer diseño que acercó al senado la Defensoría General de la Nación. En un comunicado también anticipó que considera “imprescindible” que se avance “en una reforma integral de los sistemas procesales” basada en la “oralidad” y los “plazos razonables”. A la reunión asistirán el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. El presidente del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Pichetto, insistió en su respaldo al proyecto presentado por el Gobierno que, consideró, “resguarda” los derechos individuales, pero reconoció que podría tener modificaciones cuando sea tratado el jueves en el recinto. En la sesión prevista para mañana serán tratados los otros dos grandes proyectos, el que modificaría el Consejo de la Magistratura y el que dispone la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, pero no parece haber mucho margen para discusión y cambios en estos terrenos, rechazados con furia por la corporación judicial (ver aparte). El proyecto específico sobre medidas cautelares que envió el Poder Ejecutivo al Senado tiene como disparador evidente la disputa con el grupo Clarín en el caso de la ley de medios, y apunta a restringir temporalmente y en los efectos patrimoniales el abuso de estas medidas cuando empresas o grupos económicos accionan contra el Estado. Lo que advierten varias ONG y planteó ya la semana pasada la Defensoría en el Senado es que no se debe someter a los mismos obstáculos a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. “Las cautelares han sido fundamentales en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, la alimentación. Proponemos que los nuevos obstáculos dejen a salvo la situación de estos grupos”, explicó a Página/12 Sebastián Tedeschi, secretario letrado de la Defensoría General y miembro de “Justicia legítima”. El texto de reforma del Gobierno intenta limitar el abuso de las cautelares por parte de corporaciones y grupos económicos y estipula como excepciones en las que se puede aspirar a una medida urgente de este tipo las situaciones en las que están afectados de manera “directa” los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el medioambiente. El proyecto pone, para cualquier caso, el límite de seis meses de vigencia de la cautelar, pero no deja una exigencia taxativa de que para entonces el juez deba resolver la cuestión de fondo. Lo que plantean varias organizaciones es que existe un amplio abanico de situaciones en las que tal vez están en juego esos mismos derechos de manera indirecta. Por ejemplo, la falta de entrega de una prótesis para una intervención quirúrgica, o de un determinado medicamento, afecta directamente al derecho a la salud, pero también podría hacerlo de manera menos lineal el hecho de que no esté garantizada la aplicación de determinado programa de vacunación o prevención. De acuerdo con el proyecto, como fue redactado, quedan en una zona gris cuestiones vinculadas con la educación, el acceso a la vivienda, la calidad de vida, los migrantes indocumentados, los pueblos originarios, los usuarios y consumidores, entre muchas otras. Entre algunos puntos de coincidencia, el CELS y ACIJ señalan condimentos extra que dificultan el acceso a las cautelares a quienes ya de por sí tienen complicado el acceso a la Justicia: con requisitos de admisibilidad excesivos, la exigencia de una contracautelar (una garantía o caución, imposible para quienes no tienen bienes) para garantizar una compensación al demandado en caso de que gane el juicio y el efecto suspensivo de la cautelar cuando es apelada (perjudicar al que demanda). Otro punto de discusión tendrá que ver con las posibilidades para el Estado de gestionar medidas cautelares, para que no puedan ser utilizadas en la limitación de derechos, por ejemplo derecho a huelga. La premisa de las presentaciones que se escucharán hoy en el Senado será que está bien limitar las cautelares para los grupos poderosos que accionan contra el Estado, pero es necesario garantizar el acceso a ellas, como herramienta para proteger derechos sociales, de las personas o colectivos más desprotegidos. Habrá propuestas concretas para modificar artículos específicos en ese sentido. LORENZETTI ENCABEZO UNA REUNION Y HUBO UN COMUNICADO DE MAGISTRADOS La resistencia de la familia judicial Por Irina Hauser La Asociación de Magistrados, la tradicional entidad que nuclea a los jueces, difundió un comunicado en el que sostiene que los proyectos de reforma judicial presentados por el Poder Ejecutivo “alteran sustancialmente el funcionamiento de la Justicia” y no “atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer derechos”. El texto, que cuestiona la constitucionalidad de las propuestas, acusa al Gobierno de “pretender sustituir a la Corte Suprema como uno de los poderes del Estado”, en especial en el manejo del presupuesto judicial, y promover la “partidización del Consejo de la Magistratura”. Un rato después de que comenzara a circular este mensaje, los presidentes de la mayoría de las cámaras de apelaciones del país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Le dieron un documento con sus principales “preocupaciones”, coincidentes con la Asociación, y algunos le dijeron que iban a expresarle apoyo. Es evidente que los proyectos para “democratizar” buscan cambiar el funcionamiento corporativo de la familia judicial y licuar el poder que tiene como tal en la actualidad. El proyecto para ingresar a tribunales por examen es parte de esa iniciativa, pero lo que la hace más patente es la propuesta para el Consejo de la Magistratura: incorpora cinco académicos o científicos que no tienen por qué ser abogados; tanto a ellos como a los consejeros jueces y abogados los elige el pueblo vía partidos políticos; se reemplaza la mayoría actual de dos tercios para acusar o elegir jueces; y se le devuelven al Consejo todas las facultades administrativas, presupuestarias y salariales, que tenía la Corte. En sintonía con el comunicado de la Asociación, los presidentes de Cámara, liderados por el juez de Casación Gustavo Hornos, le entregaron a Lorenzetti un texto donde objetan el traspaso del presupuesto al Consejo, el cambio de mayorías para mandarlos a juicio político y el ingreso de empleados por concurso (lo que les impide elegir a dedo). Los camaristas ya se habían visto con el presidente de la Corte la semana pasada, en una reunión y en una cena con champán. Uno de ellos, camarista tucumano, le habría insistido en buscar la forma de llevarle apoyo, y de la propia Corte habría surgido el esqueleto del documento final. La única que avisó que no firmaba, porque no estaba de acuerdo, fue la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. Les dijo a sus colegas que los proyectos le parecen perfectibles, pero que peor es nada. En ese encuentro de ayer a la nochecita, Lorenzetti volvió a decirles que se “queden tranquilos”, que la Corte “no va a permitir que se afecte su independencia” y que nadie será “arbitrariamente” acusado. Anunció que pondría todo a consideración de sus colegas cortesanos. La Asociación pidió ser escuchada en el Senado. Su comunicado dice también que se quiere hacer depender a los jueces “de un órgano” que va a estar “dominado por la mayoría electoral circunstancial”. “Nos oponemos en resguardo de la efectiva división de poderes”, anuncian. Más allá de los problemas de constitucionalidad, dice la entidad, los proyectos no solucionan los problemas que distancian al Poder Judicial de la gente, y reclaman desde tribunales para usuarios y consumidores hasta juicios por jurados para casos de corrupción y reformas procesales para agilizar los procedimientos. 16/04/13 Página|12 gb