Jueves 27 de Diciembre de 2012 18:03
En CELS l La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – La Matanza, en representación de Mónica Alegre, madre de Luciano, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron a la justicia el cambio de carátula de la causa en la que se investiga la desaparición del joven de 16 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, a fin de que sea considerada como una desaparición forzada por considerar que existen elementos suficientes para sostener que los hechos se encuadran dentro de esa figura penal. De ser aceptado el pedido, la responsabilidad de la investigación pasaría al fuero federal.
La desaparición forzada de personas requiere la mayor diligencia estatal y hace necesarias medidas que podrían no ser requeridas en otro tipo de delitos. Las investigaciones de estas graves violaciones a los derechos humanos presentan dificultades específicas y muchas veces se ven frustradas por el poder de quienes pretenden lograr su propia impunidad, un elemento esencial de este delito, ya que la desaparición misma se presenta como una maniobra extrema de encubrimiento de hechos de violencia y se produce con la intención de borrar rastros y así procurar la impunidad de los victimarios.
En una conferencia de prensa de la que participaron la hermana de Luciano, Vanesa Orieta; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el secretario ejecutivo de la Comisióin Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, y el presidente de la APDH-Matanza, Pablo Pimentel; destacaron que "existen serios indicios de la participación policial en la privación ilegal de la libertad de Luciano Arruga y luego de cuatro años no hay ninguna información sobre su paradero, ni se han identificado a los responsables".
Estos casos muestran las consecuencias de prácticas reiteradas de abuso policial y de diferentes formas y grados de negligencia, inacción y/o complicidad judicial. Prácticas posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la ausencia de gobiernos políticos que controlen su actuación y de un Poder Judicial que investigue y sancione adecuadamente.
Las organizaciones también solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que inicie el proceso de juicio político correspondiente para la destitución de quien fuera la primera fiscal designada para investigar el caso, Roxana Castelli, por haber incurrido en serias irregularidades durante su desempeño como haber delegado tareas de investigación en la misma dependencia policial sospechada.
Por otra parte, se elevó una nota ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la que se solicitó al organismo que realice una investigación exhaustiva sobre el accionar de los funcionarios policiales durante la instrucción de la causa.
La causa judicial tramita en la Unidad Funcional de Instrucción No1 del Departamento Judicial de La Matanza e interviene el Juzgado de Garantías en lo penal Nº1 del mismo departamento.
GB
