El tiempo y la oportunidad hay que saber aprovecharlos. Al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le queda un año. La imposibilidad de su reelección y la posibilidad de postular un candidato que represente el ala conservadora del Frente para la Victoria (FPV), lleva al oficialismo a trasladar al Congreso de la Nación todas aquellas leyes que afianzarán el modelo que inició Néstor Kirchner en 2003 y que le pondrá claros límites al futuro presidente. Y es que el FPV, que mira como la oposición se diluye en sus peleas intestinas, se convence cada día más que las elecciones de 2015 le serán favorables.
La reforma del Código Procesal Penal y la ley que regula y declara de interés público las empresas de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) son apenas un par de ejemplos de lo que vendrá. Ya están en carpeta tres proyectos que tienen como objetivo optimizar la producción y comercialización, transparentar procesos, mayor regulación en materia sanitaria, defender el medio ambiente e impulsar buenas prácticas agrícolas y que se traducen en iniciativas relacionadas con las leyes de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA) y la de Acuicultura. Las organizaciones patronales del campo, fieles a sus usos y costumbres, ya las rechazaron.
Con todo esto el trabajo parlamentario se extenderá más allá del 30 de noviembre y los diputados y senadores regresarán a sus provincias con las fiestas de fin de año al alcance de un tenedor. Todavía no hay indicios ciertos, pero algunos legisladores creen que sus vacaciones de verano pueden llegar a ser cortas o escasas.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados comienza a tomar cuerpo la comisión bicameral de investigación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar. La iniciativa del diputado Héctor Recalde, que cuenta con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), trabajará para elaborar un detallado informe sobre las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que se impulsaron durante la dictadura cívico militar. No quedará allí el trabajo, también se identificará a los actores económicos y técnicos que contribuyeron con los militares genocidas aportando apoyo económico, técnico y político y, al mismo tiempo, recibiendo millonarios beneficios. Algunos diputados de la UCR apoyaron la iniciativa, son apenas un minoría.
La duda que carcome a algunos oficialistas es cuándo se iniciará el trámite de reemplazo del juez de la Corte, Raúl Eugenio Zaffaroni. Será en enero o en febrero. Nadie lo sabe aún pero ninguno de los consultados duda en que el proceso de remplazo no se detendrá porque los radicales del Senado anunciaron su rechazo. Ahora bien, por qué el radicalismo se opone a participar del proceso de elección del nuevo integrante de la Corte. El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, aseguró que ante la supuesta "colonización" de la justicia que lleva adelante el oficialismo, los senadores de su partido no respaldarán la designación de un nuevo juez del máximo tribunal.
Tal vez las frenéticas negociaciones que lleva adelante el radicalismo cordobés, al que pertenece Negri, con los enviados de Mauricio Macri, no le permite recordar el procedimiento transparente y democrático que Kirchner implementó en 2003 a través de un decreto donde se limitaron las atribuciones del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos miembros de la Corte Suprema. A partir de ese momento se publican los antecedentes de los propuestos y ciudadanos y organizaciones pueden presentar tanto objeciones como respaldos a las candidaturas. También se realizan audiencias públicas donde los propuestos responden preguntas. Así llegaron, además de Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti. Debe haber más de un ejemplo que demuestre que estos jueces nunca formaron una mayoría automática como la que impuso y gozó el menemato. Entonces, la afirmación de Negri, en línea con las declaraciones de los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz, dan cuenta que su posición esconde una triste especulación con la que se pretende disimular el apuro radical por no perder su condición de partido cercado por los límites parlamentarios.
La práctica especulativa no es exclusiva de aquellos que viven de los abusos del contado con liqui o las cuevas cambiarias. También los diputados de la oposición pueden dar algún ejemplo de ello. En octubre pasado, cuando se debatió y aprobó la unificación y modificación de los códigos Civil y Comercial, los presidentes de los principales bloques de la oposición presentaron una denuncia penal contra el presidente de la Cámara, Julián Domínguez. En rigor fueron dos las denuncias. Una de ellas la presentaron Mario Negri (UCR), Juan Carlos Zabala (UNEN), Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Pinedo (PRO), entre otros, y acusan al responsable de la Cámara Baja por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Entienden que Domínguez violó el reglamento al permitir el tratamiento del proyecto sin tratamiento en comisiones. Elisa Carrió presentó otra. Mientras la fiscalía estudia si hay elementos como para habilitar el caso, los presidentes de esos bloques se olvidaron de la denuncia. Y es que la cercanía de diciembre implica la renegociación de los contratos que tienen los bloques parlamentarios que debe hacerse justamente con el denunciado. Tal vez por eso no incluyeron, a diferencia de Carrió, el nombre del presidente de Diputados. Mientras tanto, ruegan que el fiscal desestime la demanda.
En definitiva, la aprobación de todas los proyectos que envió el Ejecutivo servirán, como se dijo al principio, para afianzar el modelo político otorgándole carnadura legal a las transformaciones realizadas. La lógica indica que ante un gobierno como el de Cristina, que garantizó un avance extraordinario en cuanto a derechos para los sectores desposeídos y otros que esperaron décadas por su reconocimiento, bien pueda incluir en esa agenda parlamentaria el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para salvar las vidas de tantas mujeres que mueren por causa de abortos clandestinos.
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