Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Cualquier lectura lineal sobre el significado político de las tensiones en el seno del oficialismo cayó víctima de la foto difundida el lunes desde el despacho de la vicepresidenta y replicada, con un festivo mensaje, por la oficina del embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina, Marc R. Stanley. CFK sepultó -por si hacía falta- la legitimidad de quienes imputan sus posiciones políticas a un supuesto antinorteamericanismo dogmático que sí puede encontrarse en muchos de los voceros del Instituto Patria o algunas posturas de parte de la militancia que la acompaña. La foto da cuenta de un pragmatismo muy superior al que le reconocen sus críticos y muchos adherentes. Una carga que comparte con otros líderes sudamericanos como Lula da Silva o Andrés Manuel López Obrador. La Presidenta del Senado resaltó entre los temas de interés común con el gobierno estadounidense a los derechos humanos. Una definición que sería venenosa para cualquier otra figura del Frente de Todos, no lo es para quien ostenta la legitimidad del liderazgo indiscutible de su ala más movilizada. ¿Primera gestualidad de CFK de cara a una eventual candidatura en 2023? Es una incógnita. Más allá de la potencia simbólica del propio encuentro -que duró una hora y media y del que también participó Robert S. Allison, consejero político de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina- la vice planteó al embajador una agenda clara, centrada en el lavado de dinero y la evasión que en demasiados casos merodea la salida de capitales. Los Estados Unidos se encuentran entre los principales destinos del dinero fugado al extranjero por los argentinos y la persecución de los fondos evadidos ha sido una prioridad consistente entre las señaladas por CFK a la hora de afrontar las obligaciones externas y denunciar lo actuado por el gobierno anterior. Las cuestiones de transparencia fiscal e intercambio automático de información rankean alto para un kirchnerismo que se jacta de que, en las sucesivas revelaciones sobre tenencias en paraísos fiscales -Paradise Papers, Panama Papers, Pandora Papers, entre otros- no hayan aparecido dirigentes de su espacio. La consolidación de mecanismos de intercambio automático de información con los Estados Unidos resultaría de interés prioritario para detectar movimientos y fondos producto de la evasión de obligaciones con el fisco nacional. Si bien Argentina cuenta con un acuerdo de información tributaria con los Estados Unidos, suscrito en 2016, este no permite el intercambio de información de forma masiva o automática, el tipo de mecanismos más idóneo para la persecución eficiente y relevante de los movimientos ilícitos de capitales desde Argentina hacia los Estados Unidos. Esta clase de acuerdos -FATCA, por las iniciales de la legislación estadounidense que los habilita (Foreign Account Tax Compliance Act)- han avanzado con países de la región como Brasil y Colombia, e incluso con países con instituciones mucho menos desarrolladas o reñidas con los valores occidentales, como Vietnam, Turkmenistán u Honduras. Del proyecto en sí que salió del Senado se dijeron muchas cosas. Entre ellas, que podía motivar a abogados o contadores a delatar a sus clientes. Si bien generar inquietud en los hombres de negocios es tentador, esa posibilidad es remota: cualquier información provista de esa manera violaría el secreto profesional. Más preocupante es la validación conceptual de la figura del arrepentido. Por su parte, la movilización de La Cámpora del 24 de marzo dejó mensajes al interior de la coalición de gobierno. En la entrevista que otorgó durante el evento, Máximo Kirchner dijo algo que pasó desapercibido: habló sobre la “autocompasión” en una referencia al Presidente que pocos detectaron. Fernández se había lamentado por las dificultades que tuvo que enfrentar en sus primeros años de mandato. Además del teledirigido a Alberto, Kirchner imputó al electorado de la Ciudad de Buenos Aires “la tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”. Le respondió, con tono de indignación, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que, elegido con récord de votos para una primera vuelta en 2019, ha mantenido desde la centroderecha una saludable postura de compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia. La advertencia del ex jefe del bloque oficialista, sin embargo, no es baladí. La Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro de la aparición del fenómeno electoral de los autodenominados liberales que, por primera vez desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos, llevaron una candidatura y una plataforma abiertamente reñida con el consenso democrático sobre la última dictadura. Javier Milei fue acompañado por Victoria Villarruel, quien desde el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas fungió como una de las más notorias defensoras de los condenados por delitos de lesa humanidad durante el último gobierno de facto. Dentro de Juntos por el Cambio -la coalición que integra Rodríguez Larreta- Ricardo López Murphy asumió hace tiempo una postura favorable a la impunidad, y su espacio, Republicanos Unidos, centró su discurso del 24 de marzo en “los crímenes de la guerrilla socialista y peronista”. La enumeración se detiene en los ejemplos más burdos, aunque el marcado desinterés de Mauricio Macri en la materia no debería ser soslayado. Dicen que el primer paso para enfrentar un problema es admitirlo, y el consejo le cabe también al jefe de Gobierno porteño. No hay, sin embargo, nada que haga especialmente “insensible” al electorado porteño, como no lo había cuando los tucumanos eligieron al asesino condenado Antonio Domingo Bussi ni cuando los brasileños eligieron presidente a Jair Bolsonaro. Si son de fiar los números de las encuestas de imagen, las percepciones sobre Javier Milei y sus postulados dan cuenta de un problema que no es solamente porteño. La misma fecha eligió Luis D’Elía para apuntar contra La Cámpora. El dirigente social planteó que, de no contar con las cajas del Estado, la organización que comanda Kirchner se quedaría “con un 10% o menos” de lo que mostró en la movilización del 24/3. La Cámpora ya prescindió de la estructura estatal durante los años del macrismo y sus dos principales referentes constituyeron, en ese escenario, el Frente de Todos junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández. La hipótesis de la que habla D’Elía -y con la que coincide el sector más ultra de la oposición- ya se demostró falsa. Los límites de la organización para ganar elecciones y mostrar una agenda de futuro podrían ser señalamientos más precisos. La inquietud sí podría dirigirse hacia otro sector del oficialismo que mostró, también, una capacidad de movilización vigorosa el Día de la Memoria: el Movimiento Evita. De excelente relación con María Eugenia Vidal y Carolina Stanley -tanto que le valió el injusto apodo de Movimiento Carolina-, el gobierno de JxC no fue un impasse en la relación del Evita con los recursos estatales. Señalados por el kirchnerismo como los dinamizadores de las intenciones rupturistas en el entorno del Presidente, sus principales referentes son reactivos a la dirigente que sus bases tienen tatuada. “Quieren hacer lo mismo que Néstor con Duhalde, pero Cristina no es Duhalde y Alberto no es Néstor”, se quejan en el entorno de la vice. Sin embargo, los puentes no están rotos. A la reunión -suspendida por problemas de agenda del ministro del Interior- que anticipó #OffTheRecord la semana pasada entre Andrés Larroque, Eduardo de Pedro, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis se le suma una bilateral posible durante esta semana entre el ministro de Obras Públicas de la Nación y el de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Si bien entre ambos hay tensiones no resueltas por años de enfrentamientos distritales y provinciales, La Cámpora reconoce la figura de Katopodis. “La de San Martín es una de las mejores gestiones del Conurbano y, además, Kato tiene una construcción política de muchos años que no puede rifar por más cariño que le tenga a Alberto”. La reflexión hace sentido: varios dirigentes que responden circunstancialmente al Presidente tienen más que perder que el propio Fernández. Tal vez por eso las principales voces del albertismo salieron durante el fin de semana a coincidir en un llamado a la unidad. Es una estrategia inteligente. Para afuera, emite un mensaje con el que acuerda el 70% del electorado del Frente de Todos y, a la vez, obligaría a que el kirchnerismo modere su crítica sin tener que cambiar a ningún representante del equipo económico. Es difícil pensar en un escenario así. “Si nos quieren relegar, no hay problema, pero ganemos”, dicen con sospechoso desprendimiento en el núcleo K. Una musicalidad similar se le escuchó a Sergio Massa: “Si resolvemos el problema del Fondo pero no la inflación, el Gobierno habrá fracasado”. Massa sabe lo obvio: el Gobierno no solo no va a resolver el problema de la inflación durante 2022 sino que con mucha probabilidad lo empeore por las esquirlas de la guerra en Ucrania. Si en la movilización del jueves quedaron claras las diferencias internas dentro del oficialismo, la aprobación del acuerdo el viernes por parte del directorio del Fondo Monetario puso ¿fin? al último capítulo -y más importante- del que fue desde el inicio el objetivo central de la gestión del Presidente y de su ministro de Economía: la normalización de la enorme e insostenible deuda externa recibida del anterior gobierno. Tal como fue advertido en esta columna, sin pretensión alguna de originalidad, los directores señalaron las dificultades adicionales que la situación desatada por la guerra en Ucrania abre para el acuerdo y la necesidad de recalibrar las políticas a ser implementadas en función de la situación y de las metas acordadas. El relativo escepticismo de los directores sobre el acuerdo, manifestado en el comunicado del board -en donde señalan con insistencia la importancia y ausencia de las mentadas “reformas estructurales”- persiste en desmentir a quienes, por izquierda, desmerecieron la posición negociadora argentina o relativizaron lo logrado a partir de ella. La mención a la flexibilidad en las políticas, en cambio, no debería tomarse necesariamente como una fuente de tranquilidad frente a un contexto externo cambiante y amenazador sino como un desafío complejo, ya que es brumosa la correlativa flexibilidad de las metas acordadas. La situación de los subsidios energéticos, bajo estas premisas, es especialmente inquietante. Las metas de reducción del financiamiento monetario del tesoro (menor emisión), ante una Reserva Federal que con toda probabilidad subirá tasas de interés en forma muy agresiva, también aparecen complejas. Las revisiones trimestrales, en el mundo agitado que transitamos, serán una aventura que, de no poner en juego el bienestar de todos y todas, sería apasionante para la crónica como género. En el entorno de Guzmán sostienen que las adaptaciones se tienen que hacer en cada revisión siempre siguiendo el esquema general, con el que Argentina se comprometió. Es lógico: en un mundo (muy) estocástico, la flexibilidad para responder es necesaria. La meta que más le importa al ministro es la de acumulación de reservas y, en este contexto, bajar decididamente la emisión monetaria. En este último punto, para el programa es fundamental que los agentes económicos estén convencidos de que el gobierno está decidido a hacerlo. Sin embargo, el Gobierno enfrenta otro riesgo latente en el corazón geográfico del país. A cargo del juzgado federal número 1 de Córdoba desde 1993, Ricardo Bustos Fierro está acumulando en su despacho una serie de presentaciones de organizaciones agropecuarias y empresas privadas para que el Estado deje sin efecto el cobro de retenciones producto del rechazo al Presupuesto 2022. No hace falta explicar cómo impactaría esa decisión. Quienes conocen al magistrado de 82 años creen que es una carta de negociación: en octubre vence la prórroga que le dio el Senado en 2017 para continuar como juez. A pesar de todo, los últimos siete días fueron de celebración para el kirchnerismo. Al triunfo de Abel Furlán en la UOM y el impacto de la movilización del 24 se le sumaron el lunes una serie de triunfos en las internas del PJ en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de la interna de la UCR, en la disputa justicialista no hubo incidentes ni impugnaciones cruzadas. Durante la tarde del lunes, Kirchner llamó a los ganadores, pero también a los perdedores que compitieron en la interna partidaria. Incluso a Patricia Castro, la candidata de Santiago Cafiero en San Isidro. Bonus track- El proyecto preliminar de presupuesto 2023 presentado ayer por el presidente estadounidense, Joseph Biden, insiste en desmentir la excepcionalidad argentina. Biden propone, entre otras medidas para reducir el déficit fiscal, un impuesto mínimo del 20% a los ingresos para el 0,01% de la pirámide y aquellos patrimonios superiores a los 100 millones de dólares. A gusto del Kun Agüero, se trataría de un impuesto al ingreso y no a la fortuna. Sin embargo, abordaría la serie de prácticas contables que permiten que la minoría de super ricos pague, en promedio, apenas el 8% en concepto de ganancias cuando, para un trabajador, la tasa de imposición máxima sobre el ingreso ronda el 40%.
Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván |
