Acordar un préstamo del FMI es un acto de gobierno judiciable si se violan leyes que regulan la administración financiera de la Nación. Este es el caso del crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil millones de dólares.
Intervenir en el mercado cambiario a través del Banco Central mediante el instrumento financiero denominado "Contratos de dólar futuro" no es judiciable si se cumplen cada una de las normas de esa actividad. Esto fue lo que sucedió en el segundo mandato de Cristina Fernández.
Igualar ambas situaciones busca desestimar la investigación acerca de cómo fue el proceso para recibir ese insólito crédito con el Fondo y cuestionar la orden impartida por el presidente Alberto Fernández de iniciar una demanda judicial a los responsables de ese ruinoso acuerdo. Es una estrategia política de confusión deliberada.
Además de inaudito por el monto involucrado y de constituir la peor herencia dejada por el gobierno de Macri, el recorrido para la aprobación del crédito del FMI es opaco e irregular.
El FMIgate fue detallado el domingo pasado en estas páginas, un día antes del discurso presidencial.
Extraordinaria
La decisión de Fernández es extraordinaria porque es la primera vez que un Presidente no sólo impulsa una investigación sobre el origen de la deuda externa y la posterior fuga de esos dólares, sino que avanza en disponer una querella criminal "a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".
En la primavera democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín había promovido una investigación en el Banco Central, bajo la conducción de Enrique García Vázquez, sobre el origen de la deuda de la dictadura militar, que en menos de un año quedó desactivada.
La causa Olmos que tuvo sentencia condenatoria para los responsables de la deuda de la dictadura fue una iniciativa personal del historiador, sin consecuencias penales para los endeudadores y grupos económicos.
La investigación sobre la fuga de capitales de 2001 fue una propuesta empujada en el Congreso a través de una comisión bicameral.
Hace un año, Alberto Fernández, también en la inauguración de la Asamblea Legislativa, había reclamado al Banco Central una pesquisa acerca de la fuga de capitales en los años del vertiginoso endeudamiento macrista.
Nunca antes un Presidente había emprendido el necesario paso adicional. Es lo que hizo ahora Alberto Fernández: exigió a quien corresponda de las áreas de gobierno que inicie una querella criminal a los responsables del FMIgate.
Justicia
Las políticas económicas no son judiciables y, por lo tanto, tampoco los instrumentos utilizados para desplegarlas. Pueden ser subir o bajar impuestos, privilegiar determinadas actividades con regímenes de promoción, intervenir en el mercado financiero a través de la tasa de interés, de contratos dólar futuro o de la compraventa de reservas del Banco Central, emitir deuda en pesos y en dólares en el mercado local o internacional, contraer préstamos con organismos multilaterales, o diseñar planes de administración de precios.
Muchas otras herramientas están a mano de los gobiernos para ordenar una política económica específica. Es obvio que esas decisiones, con saldos positivos o negativos para el bienestar general y la estabilidad macroeconómica, no deberían ser motivo de causas judiciales.
Ahora bien, cuando alguna de esas medidas u otras son implementadas en forma irregular y violando normas de procedimiento, o en abierto conflicto de intereses (beneficiando a funcionarios y familiares de ellos), o cometiendo ilícitos, como el provecho particular por el acceso a información privilegiada o por participar de una red de comisiones, deben ser castigados sus responsables luego de cumplir con los pasos procesales correspondientes en el ámbito de la Justicia.
No hacerlo es consagrar la impunidad y convertir el aparato estatal en un vehículo de negocios espurios, con costos sociales y económicos muy elevados, los cuales son padecidos por los grupos vulnerados.
No se trata de una cuestión moral o de oposición a cierta orientación de política económica; son delitos realizados por personas ejerciendo la función pública.
Este es el caso del FMIgate; no así la absurda causa judicial "dólar futuro".
Complicidad
El insólito crédito del FMI al gobierno de Mauricio Macri es políticamente cuestionable con consecuencias nocivas para la economía y la calidad de vida de la mayoría de la población, y será una carga pesada por muchos años. Como repite el coro afinado de economistas mediáticos, voceros del poder económico y medios de comunicación de derecha, no es judiciable tomar un préstamo con un organismo financiero internacional.
Esta coordinada complicidad con el desastre financiero dejado por la alianza macrismo-radicalismo no considera, por conveniencia o por ignorancia, que el crédito con el FMI ha violado normas y procedimientos definidos por la Ley de Administración Financiera e incluso de la Constitución Nacional.
Muchos pueden evaluar que se trata de formalidades y que los dólares del FMI llegaron a las arcas del Banco Central y, por lo tanto, no es para tanto esos desvíos. El detalle no menor es que se trató de desembolsos por un total de casi 45.000 millones de dólares, monto que exige cumplir estrictos criterios de control, autorización previa y estudios financieros sobre el manejo de pasivos públicos.
Si esas condiciones para recibir un crédito de esa magnitud son consideradas cuestiones menores, que queda entonces para exigir a funcionarios sobre la responsabilidad en operaciones financieras de menor cuantía, licitaciones públicas o manejos de presupuestos por montos muchos más bajos.
Como se informó en estas páginas a mediados del último año del gobierno de Macri y cuando el Frente de Todos estaba ocupado en otras cosas porque recién nacía, el crédito del FMI estaba flojo de papeles. No debería entonces ser una novedad ni generar sorpresa. Lo que sí alteró los nervios del establishment es que el presidente Alberto Fernández se haya puesto al frente y anunciara que iniciará una querella criminal por ese préstamo.
Mesa de dinero
La demanda judicial no es por el crédito en sí, sino porque los funcionarios responsables lo definieron y firmaron como si fueran dueños de una mesa de dinero clandestina. Lo suscribieron sin cumplir ninguna regla de procedimientos administrativos del Estado.
No es un tema menor porque si esta fuera la forma de gobernar, las tareas de responsabilidad pública quedarían a la libre discrecionalidad de funcionarios. Y un préstamo total por 57 mil millones de dólares es lo suficientemente importante como para ser muy estrictos con las normas de procedimientos.
Los economistas macristas (Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Hernán Lacunza y Guido Sandleris) se manejaron como patrones del Estado con la soberbia de que no tienen que dar cuenta a nadie.
Un trabajo conjunto del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con Eduardo "Vasco" Murúa, del Centro para la Integración Financiera/CEPPAS, con Eduardo Codianni, y de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), demostraron judicialmente que, para contraer el crédito más importante de la historia argentina y del propio FMI, el macrismo violó todas y cada una de las normas nacionales que determinan cómo se tienen que tomar decisiones administrativas de estas características (causas “Murúa” y “Codianni”).
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