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02/03/2021 Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Empezó marzo del 2021 y todavía no pudimos procesar el del 2020. Se avecina mi cumpleaños y como me mudé tengo miedo que no me llegue el CSCL Globe de regalos que la pandemia evitó el año pasado (?). Por lo demás, todo muy bien en mi país, fundamentalmente la convivencia política: si colgar bolsas mortuorias con el nombre de Estela de Carlotto no logra construir la cultura del diálogo que Argentina necesita me parece que ya nada lo hará. Arrivederci RomaEl análisis más extendido del discurso de Alberto Fernández entre conspicuos analistas recorrió el andarivel del fin del sueño centrista del Presidente. Si bien eso podría catalogarse como cierto, no es menos evidente que la idea de un Fernández nacido y criado para ponerle límites a Cristina Fernández de Kirchner sólo germinó en quienes están frustrados por la presencia permanente de la vice y no saben cómo resolverla. Entender que el peronismo ganó por CFK y no a pesar de ella es tan evidente que ruboriza escribirlo, pero no todo el mundo parece haberlo comprendido. Sin embargo, hay un aspecto a tener en cuenta en el vigor del tono presidencial. La elección de Alberto como candidato -“le he pedido que encabece la fórmula que integraremos juntos”- tenía como mensaje para adentro, para afuera y para afuera-afuera que el peronismo kirchnerista volvía mejor en los aspectos formales que habían provocado el alejamiento de algunos aliados durante el gobierno de Mauricio Macri -corrupción- y en las cuestiones que eran más sensibles para el sector privado -fomento de la inversión, corrección de problemas macroeconómicos, responsabilidad fiscal et al. Con agenda propia, tono ajeno e iniciativas que podrían entrar en contradicción con su espíritu de hombre de Derecho, Fernández se consolidó para dentro de la coalición en el corto plazo, pero con un riesgo de deterioro en el mediano. Y este es un problema, también, para Cristina. Hasta podría corresponder una pregunta: ¿es un problema generado por Cristina? Si Alberto pierde lo que lo hizo atractivo para el votante que volvió a confiar en el peronismo en 2019 después de no hacerlo en 2013, 2015 y 2017, el triunfo legislativo del oficialismo -algo que el kirchnerismo no logra desde el 2005- podría hacerse brumoso o mutar hacia una victoria pírrica. Esto sería un problema, porque las reformas judiciales y económicas que pretende el binomio presidencial necesitan de un resultado que le permita al Frente de Todos aumentar de manera significativa su representación parlamentaria. En el equilibrio entre las expectativas de cada uno se va a definir el éxito o no del proceso político. “Unidad hasta que duela”, repetían los actores en la campaña de 2019. Está empezando a doler. Entre otras cosas por los debates en torno a las tarifas y -ya en menor medida- el acuerdo con el FMI. El proyecto para desdolarizar el costo de los servicios públicos tiene un objetivo noble que es permitir la recomposición del poder de compra de los argentinos luego de tres años de recesión. Los tiempos de su cumplimiento son más farragosos. Y tiene un problema extra: los contratos de Power Purchase Agreement (PPA). De romperse esos acuerdos -algo que según pudo saber #OffTheRecord no está en los planes del gobierno-, el Estado podría lograr un ahorro medianamente significativo en el corto plazo, encarecer la expansión del sistema en el mediano y pagar juicios en el CIADI en el largo. Es por eso que desde Casa Rosada insisten en diferenciar el costo de las tarifas con el costo de la energía. Si nos subordinamos a esa voluntad, los funcionarios del área destacan que, por ejemplo, en el plan GasAr las empresas tienen que presentar todos los años planes de inversiones con mayor porcentaje en pesos que el año anterior, una desdolarización de hecho. Respecto a la pesificación de tarifas, la explicación es que el objetivo es atarlas a alguna relación en pesos con la que se comporte la economía argentina: salarios o jubilaciones, por mencionar dos ejemplos. “Es todo gradual, no de golpe”, se anticipan ante la consulta sobre los tiempos de ejecución. En relación a esto, desde la subsecretaría de Energía Eléctrica están analizando cuánto es el costo de todas las distribuidoras y tienen la decisión de no “reconocerles” nada que no sean salarios, inversiones esenciales y gastos operativos. La finalidad de este estudio es determinar cuántos subsidios van a ser necesarios para cumplir con los objetivos de recomposición del poder de compra sin perder de vista el frente fiscal. Lo cierto es que esta última batalla está siendo desatendida. Según pudo saber #OffTheRecord, el aumento promedio al que apunta el gobierno es de alrededor de un 15% con un 5% para los sectores de ingresos bajos -más sencillos de segmentar vía AUH o jubilaciones- y un 30% para quienes puedan costearlo. “¿Sigue en pie el objetivo de segmentar?”, preguntó este medio. “Sigue en pie y vamos en ese camino, pero va a llevar tiempo perfeccionar el nivel superior”, fue la respuesta. El otro desafío es definir una manera de actualizar las tarifas que le permita previsibilidad a los consumidores y a los inversores. Una de las variantes que estudia Energía es que un trabajador que gana por debajo de, por ejemplo, 150 mil pesos actualice por RIPTE un 80% lo que determinaría que, en términos porcentuales de lo que percibe un asalariado formal, la tarifa va a aumentar pero siempre menos que el salario. El momento actual de la economía tiene motivos para una mueca de conformidad coyuntural: la caída del 2020 fue menor de la que proyectó el presupuesto y las consultoras privadas, en la medición desestacionalizada el EMA acumula ocho subas consecutivas, la actividad industrial creció casi cinco puntos interanual en diciembre y registró su mayor crecimiento desde marzo 2018. El otro aspecto antes mencionado tiene que ver con la negociación con el FMI. Con la casi certeza de que el acuerdo se va a postergar hasta después de las elecciones -“tenemos preferencias, pero también prioridades”, suele repetir en privado y en público Sergio Chodos-, el debate se trasladó ayer al préstamo tomado por la gestión de Macri. Propios y extraños mencionan a la causa Dólar Futuro como un ejemplo casi homólogo del acuerdo con el organismo que entonces presidía Christine Lagarde. Es curioso porque es una inconveniencia cruzada. Para el kirchnerismo, porque demostraría que el préstamo fue una política económica muy equivocada, pero que no constituye delito. Para el macrismo, lo contrario: fueron Federico Pinedo y Mario Negri quienes firmaron la denuncia contra CFK y sus ministros. Esa causa está ahora elevada a juicio oral y espera el testimonio de la VP que promete ser nitroglicerina. La movida judicial contra los exfuncionarios puede tener un problema extra que se ve, por ejemplo, en Brasil: empodera enormemente a los jueces. Hacer eso cuando querés reformar la dinámica de ese poder puede ser desaconsejable. La querella puede ser un problema también para el gobierno. ¿O van a denunciar a la titular de la oficina de Crédito Público, una funcionaria de carrera que también homologó la reestructuración de deuda y deberá hacer lo propio con el nuevo acuerdo? La burocracia que funciona. El argumento central de la denuncia inicial explica que el expediente que sostiene el préstamo se abrió luego de firmada la Carta de Intención. Es cierto. Sin embargo, violar un procedimiento administrativo es muy inhabitual que constituya delito, mas sí puede ser causal de nulidad. No es necesario aclarar que en este caso sería irrelevante ya que si bien es difícil saber qué hizo el macrismo con los 44 mil millones de dólares, sí existe la certeza de su desaparición: it’s gone. La hipótesis de máxima es otra y atendible en el improbable caso que pueda comprobarse: que con los fondos adquiridos se beneficiaron deliberadamente amigos del expresidente Macri. Para eso, el fiscal Franco Piccardi le pidió en su momento a la jueza María Eugenia Capuchetti que conforme un equipo interdisciplinario entre el BCRA, la AGN y la AFIP para determinar la lista de compradores y si hubo irregularidades en ella. En el Central exploran responsabilidades patrimoniales para los funcionarios involucrados. La movida detrás de la iniciativa jurídica es la que podría evitar una absolución política en caso de una judicial. Revisar cómo, por y para qué se tomó el préstamo más grande de la historia del organismo -que el propio ahora titular del BID, Mauricio Claver-Carone, sugirió que había sido por necesidades electorales-, delimitar su aprobación de acá en más al Congreso de la Nación y generar una masa crítica que permita comprender que no hay nada más populista que endeudarse para pagar gasto corriente es un recorrido necesario en un contexto donde la economía muestra signos de recuperación que todavía no son determinantes. En el momento del préstamo había una salida desatada de capitales de la Argentina. Macri usó esos dólares para que los fondos de afuera salgan a un dólar barato -entre 20 y 40- y luego dejó al país con un dólar de 60 con los problemas conocidos. Por otro lado, es interesante leer y escuchar que se puso de moda manifestar públicamente que el Memorándum con la República Islámica del Irán y la mencionada causa de los contratos de dólar futuro fueron excesos del Poder Judicial. Un poco tarde. Como primera medida es insoslayable recordar que hubo dirigentes políticos detenidos por esas causas. A Carlos Zannini, justamente señalado por el vacunatorio VIP, ¿le valdrá en la misma medida una solidaridad y reparación por su detención política? ¿O el peronismo debería tomar el mismo camino que la gestión anterior con exfuncionarios o empresarios cercanos al poder para que la experiencia haga lo que la razón no pudo? ¿Pueden los jueces y fiscales que llevaron adelante esas causas seguir en sus cargos? El riesgo de no aplicar castigos e incentivos es que todo se transforme en un caos. De Ch-word con amorSi todo sale de acuerdo a lo previsto, el Estado chileno dará pronto su aprobación a la operación anunciada en noviembre del último año por la cual el gigante español Naturgy se desprenderá de sus acciones en la Compañía General de Electricidad de Chile -la principal distribuidora eléctrica del país- que pasarán a estar bajo control de la estatal china State Grid -la mayor del mundo en su rubro- en una operación valuada en 3 mil millones de dólares. Esa adquisición, sumada a la de Chilquinta -que distribuye en otra región del país- en 2019, convertirá a State Grid en el mayor actor en la distribución de energía en Chile, ya que pasaría a controlar el 52% de la comercialización eléctrica nacional en el segmento de distribución en general y el 57% en el de distribución doméstica. La adquisición generó algunos resquemores en materia de competencia, ya que una vez concretada la operación la empresa controlaría más de la mitad del mercado. A esto se sumarían las participaciones en el rubro de generación, donde la estatal china SPIC adquirió en 2017 el control de la productora Pacific Hydro y en el de transmisión, donde la otra gran empresa estatal eléctrica china, Southern Power Grid, adquirió cerca del 30% de las acciones de Transelec, la principal operadora del país. Entre las condiciones impuestas por Augusto Pinochet a la transición democrática, la privatización de los servicios públicos goza de protección constitucional. El "principio de subsidiariedad", al menos en la interpretación que ha prevalecido, impide al Estado realizar prestaciones que puedan ser hechas por privados. La contrapartida, desarrollada fuertemente durante la democracia, es un régimen de Defensa de la Competencia que impide la integración vertical de distintos puntos del proceso productivo. El marco normativo chileno da lugar a situaciones paradójicas. Mientras el Estado chileno está impedido de participar directamente de cualquiera de estos sectores, las reglas de las privatizaciones permiten que lo hagan estados extranjeros que, además, si lo arquitecturan a través de distintas sociedades, pueden sortear los obstáculos a la integración vertical. Advertidos por la paradoja, un diputado socialista y uno de la centroderecha presentaron un proyecto de ley para exigir la aprobación con mayoría agravada de la adquisición de activos estratégicos por parte de estados extranjeros. La ley, que no tiene nombre y apellido, se inscribe en la expansión de las inversiones chinas en la región, que en la década anterior se centró en los recursos naturales y en la última derramó fuertemente a obras y servicios públicos. Es a Chile, y no a Venezuela, donde hay que mirar para sopesar los riesgos y beneficios de la profunda asociación con China. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, el país asiático se convirtió en el principal socio comercial y, desde 2019, el principal inversor en el país trasandino que además integra la iniciativa de la Franja y la Ruta. Vulnerabilidad y oportunidad, un panorama que seguramente veamos repetido y ampliado en el debate próximo cuando Brasil termine de diseñar el marco normativo para la privatización de Electrobras. Desde que Lava Jato encogió a las empresas públicas y privadas brasileñas, fueron sus pares chinas, y no las occidentales, las principales adjudicatarias de los activos estatales enajenados. El camino, en el que China ocupa los espacios que las potencias tradicionales abandonan, anticipa controversias futuras en un marco de rivalidad hegemónica creciente. Bonus track
Dejame recordarte algo, máxime en la antesala de nuevos productos de Cenital: nos gustaría que seas parte del proyecto a través del sistema de apoyo económico para poder seguir creciendo. Hoy lanzamos nuestro canal de Telegram, podés unirte acá. La recomendación de hoy es Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Esta entrega va dedicada a la memoria de Jorge Di Lello. Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio. Iván | |||
