El encuentro de ayer en la Casa Rosada, la presentación del Presupuesto 2021, la misión de cuerpo presente y en “modo escucha” del Fondo Monetario Internacional (FMI), la convocatoria al Consejo del Salario… la simultaneidad expresa el momento y las necesidades. El Gobierno debe relanzarse, recalcular objetivos e instrumentos, concebir un esquema de gestión para los próximos meses, seguramente renovar parcialmente el Gabinete.
El presidente Alberto Fernández afronta el peor momento de la pandemia y el más difícil de su mandato. Cuando asumió parecía imposible agravar los indicadores socio económicos legados por el ex presidente Mauricio Macri y la expresión covid-19 era ajena a cualquier vocabulario. La catástrofe económica sanitaria mundial castigó también a la Argentina, acentuó su catástrofe.
Los primeros tiempos de pandemia fueron, asimismo, los mejores del presidente. Por la cuarentena temprana, por la conducción nacional (al uso nostro y dentro de lo disponible) de la política de salud. También por decisiones inteligentes como los ATP y el Ingreso Familiar de Emergencia.
La prolongación de la pandemia, su nueva expansión a las provincias que parecían haber zafado (o ir zafando) a mediados de mayo estaba fuera de cualquier radar. No la vieron venir ni el oficialismo ni la oposición, ni siquiera los gobernadores o intendentes (oficialistas u opositores) de los distritos afectados.
Fernández ignoraba, como cualquier otro mandatario del planeta, qué sucedería en este año. En mayo avizoraba un ciclo pandémico local más breve, menguante, centrado en el Área Metropolitana y un par de provincias. Los pronósticos fallaron, la crisis económica tocó fondo en abril. El repunte es lento, heterogéneo.
Más como dato que como consuelo vale la pena señalar que a principios de octubre quizás (ni más ni menos que quizás) se tenga un horizonte para los meses venideros. En el mejor de los casos, vacuna mediante, hasta fin del verano la Argentina convivirá con el virus. El regreso a fase uno, el mítico “botón rojo” solo son imaginables para lapsos breves, acuciantes. Perdieron anuencia social, “la gente” ansía trabajar, retomar la calle y el esparcimiento. Los más prudentes y solidarios (una mayoría amplia intuye este cronista) con cuidados, distanciamiento, barbijos y todo el equipamiento que aprendimos a usar o a nombrar. Pero sin vuelta atrás.
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Ayer confluyeron representaciones amplias de los trabajadores, la CGT, las CTA, las organizaciones sociales. El universo patronal, más acotado. Una imagen de aliados estratégicos (los laburantes) y potenciales (fracción del empresariado) para imaginar un porvenir compartido. También, acaso, un mensaje de unidad nacional para los veedores del FMI.
Las mediciones públicas sobre pobreza, pérdida de puestos de trabajo, desempleo y merma de actividad corroboran que casi todos los argentinos se empobrecieron durante este año aciago. En proporciones distintas, a menudo determinadas por el punto de partida.
La normativa que protege el trabajo y el vasto sistema de protección social atenuaron caídas, en el variado conjunto de trabajadores. Los formalizados conservaron puestos en proporción muy superior a los no registrados. Decisiones directas del Gobierno ayudaron a restringir despidos.
Con un sistema previsional cuasi universal que el macrismo no tuvo tiempo para destruir, los jubilados conservan ingresos regulares. He ahí una diferencias clave respecto del 2001.
El IFE y las mediciones corroboran que los más damnificados son las mujeres y los jóvenes desempleados o changuistas. Sin entrada fija, con necesidad de trabajar, en la etapa de formar familia, con el imperativo de hacer rancho aparte, a menudo en sentido literal.
El IFE relevó la caída de sectores medios, “nuevos pobres”. En general cuentapropistas que se rebuscaban para ganarse la vida: remando a diario, sin ahorros para sobrellevar la nueva anormalidad. El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo pinta como prioritario “sacar de la pobreza” a ese colectivo disímil. Lejos de ser una regla ética o un privilegio, se trata de una opción pragmática. Si se recupera el mercado interno, podrán parar la olla. En la economía argentina los sectores medios son grandes promotores de trabajo, tercerizan parte de sus actividades, “derraman” cuando pueden. Contratan servicios tales como plomería, jardinería, empleadas particulares, gimnasios, psicólogos, hasta paseadores de perros. Enumeración random e incompleta ésta, para nada falsa. El mercado interno, que se mueve en pesos debe ser parte de la solución, tan small cuan beautiful.
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El Gobierno procura la recuperación de la capacidad industrial instalada, lo bien que hace. Los sectores dominantes atisban la perspectiva de restringir conquistas de los trabajadores, como siempre. El FMI suele tener en carpeta la reforma laboral (a la baja, se entiende) y la jubilatoria. Sin esas redes, los sectores populares la pasarían peor.
Las iniciativas oficiales apuntan mejor: generar trabajo social que ocupe y vaya resolviendo necesidades perentorias. Construcción de viviendas, urbanización paso a paso de los miles de barrios populares. Refacciones atendiendo a las necesidades más rotundas; baños, cocinas, una piecita más para aliviar el hacinamiento.
Los movimientos populares que cumplen un rol notable en la organización de la subsistencia y la protección de la salud, están llamados a un papel fundamental. Los puestos de trabajo en actividades mano de obra intensiva recaerán, en alta proporción, en los beneficiarios de las obras.
El trabajo social no colisiona con el registrado o con el empleo público. Configura con ellos parte del modelo de salida.
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La ayuda social en el pico de la malaria, entendemos, debe sostenerse e incrementarse. El proyecto de presupuesto la contempla de modo desparejo. Se prevé sostener la ayuda alimentaria para once millones de personas. En cambio, no existen partidas asignadas para el IFE ni un programa análogo que lo sustituya. Las penurias, empero, perdurarán. En el diseño de la ley de leyes tal vez el afán de equilibrar las cuentas resiente la certera visión social que orientó las iniciativas oficialistas. Habrá tiempo para reformularlo, reasignar partidas, en línea con las prioridades de un gobierno nacional popular.
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Parafraseamos al presidente Alfonsín: con el pueblo trabajador se educa, se come, se cura, se vive. Ya existen normas legales, censos, saberes acumulados. El Estado, la red principal contra la peste, tiene que ser el motor del camino hacia la ignota nueva normalidad. La laboriosidad de la gente común, el afán de educar a les hijes, de preservar su salud descollaron en la desdicha, tanto como su pacifismo.
Advertencia acaso superflua al cierre. Esta líneas simplificadoras no desconocen que las divisas son imprescindibles, que las exportaciones deben crecer. Solo coloca entre paréntesis esa temática, por razones de enfoque y de espacio.
Embarrado en discusiones superfluas o accesorias (que con frecuencia provoca) el Gobierno está condenado a gestionar, a lidiar con una realidad adversa. A privilegiar en su agenda el trabajo, la economía y la salud.
En sociedades complejas, siempre es tiempo de todo escribió este cronista “n” veces. Reformula el dicho: en tiempo de peste, hay prioridades marcadas de las que el Estado debe ocuparse, sí o sí.
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