EL PAÍS 08 de abril de 2019 Caídos del mapa

La concurrencia a comedores comunitarios en la ciudad creció entre un 40 y un 50 por ciento en el último año. Hasta familias de clase media ahora comen allí. Pero el gobierno porteño destina cada vez menos fondos al programa que busca disminuir la desigualdad

Por Gisela Marziotta

Imagen: Joaquín Salguero

La asistencia a comedores comunitarios en la Ciudad aumentó entre un 40 y un 50 por ciento en el último año y son cada vez más las familias de clase media que recurren a ellos porque no les alcanza para comer. La situación social en la ciudad de Buenos Aires es cada vez peor. La indigencia se duplicó en los últimos tres años y la pobreza en la ciudad escaló al 20 por ciento: uno de cada cinco habitantes es pobre en la ciudad más rica del país. Sin embargo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta destina cada vez menos presupuesto al Programa Ciudadanía Porteña cuyo objetivo es disminuir la desigualdad a través de programas de subsidios orientados a garantizar el acceso a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la continuidad educativa.

Según un informe realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), “en los últimos cuatro años el Programa tiende a disminuir su peso específico en términos presupuestarios”. Además, el estudio señala que la cantidad de hogares cubiertos por el programa tiende a la baja y su presupuesto fue reducido y subejecutado. 

“El análisis del presupuesto del Programa Ciudadanía en la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo determinar la inversión que realiza la Ciudad para brindar recursos a los sectores más vulnerables. Lo que observamos claramente es que la ciudad más rica de nuestro país ha tomado la decisión de desfinanciar programas sociales y de asistencia a los sectores más vulnerables y de menos ingresos, mientras aumentan la pobreza y la indigencia”, aseguró a PáginaI12 Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), una de las casas de estudio que integra dicho organismo.

El beneficio que otorga el programa consiste en un subsidio mensual, a través de la entrega de una tarjeta de compra precargada, emitida por el Banco Ciudad de Buenos Aires para ser utilizada únicamente en la Red de Comercios adheridos al programa exclusivamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene, combustible para cocinar y útiles escolares. 

Los cifras son contundentes. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, en el tercer trimestre de 2018 había 639 mil pobres en la ciudad, de ellos 198 mil estaban en situación de indigencia. A pesar del aumento de la pobreza y la indigencia en la ciudad, no se aumentó el presupuesto para políticas sociales que permitan contener y dar respuesta a la crisis. Por el contrario, el informe del CEM muestra que “las metas presupuestarias del Programa Ciudadanía Porteña se mantienen en una cobertura de 96 mil hogares en situación de pobreza desde el presupuesto 2015 hasta el 2019 pese a que en ese mismo período los hogares pobres pasaron de 123 mil a 191 mil, más de un 55 por ciento más”.

“Lo que se observa es que el nivel de recursos que se viene invirtiendo es marcadamente inferior al propio crecimiento del presupuesto del gobierno porteño. Si analizamos el periodo de 2015 al 2019, el crecimiento del presupuesto ha sido de un 276 por ciento, teniendo en cuenta estos años de fuerte inflación y también de aumento de la capacidad recaudatoria del Estado porteño. Pero cuando analizamos el presupuesto del programa, vemos que fue del 150 por ciento. Esto está claramente por debajo de la inflación –que en la ciudad de Buenos Aires se calcula en un 185 por ciento desde que gobierna Mauricio Macri– y del crecimiento del presupuesto general”, detalló Tro­tta. “Esto demuestra una falta de acompañamiento del gobierno porteño a los sectores que más están sufriendo el impacto de las políticas macroeconómicas nacionales”, analizó.

El panorama es aún más preocupante cuando se analiza el presupuesto ejecutado del programa. En 2015, fue de 786 millones de pesos, un 78 por ciento del presupuesto aprobado originalmente. Desde entonces la ejecución no paró de bajar: 72 por ciento en 2016, 60 en 2017 y 39 en los primeros tres trimestres de 2018. Todo esto, en el marco de una caída relativa de la participación presupuestaria del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de quien depende el programa. La cartera a cargo de Guadalupe Tagliaferri pasó de contar con el 5,49 por ciento del presupuesto de la ciudad en 2016 a apenas el 4,41 por ciento en 2019.

Trotta señaló que hay dos factores claves que explican el aumento de la pobreza y la indigencia no sólo en la Ciudad sino a nivel nacional: la enorme pérdida del poder de compra de los salarios –que solo en 2018 fue de 11 puntos porcentuales– y la destrucción de puestos de trabajo. En ese sentido, el abogado y docente universitario hizo hincapié en el impacto de la crisis sobre la clase media. “Los sectores medios están sufriendo una crisis muy profunda en parte por esta caída de la capacidad de compra del salario que va acompañado por un aumento irracional de las tarifas de los servicios públicos porque hay ciertos gastos que uno no puede evitar realizar –como son la luz, el gas y el agua– y han tenido aumentos promedio de más del 2 mil por ciento. Si a esa cuenta le sumamos el aumento de los alquileres, eso termina impactando fuertemente en las familias de sectores medios que se han visto empobrecidas en este periodo”, sostuvo.

En esa misma línea, la legisladora porteña mandato cumplido Claudia Neira aseguró que la asistencia a comedores comunitarios en la ciudad aumentó “entre un 40 y 50 por ciento en el último año” y que son cada vez más las familias de clase media que recurren a ellos. “Lo que nosotros vemos es un aumento descomunal de personas que asisten a comedores para poder alimentarse y, sobre todo, cómo los sectores medios empiezan a tener problemas para alimentarse y por eso cuando llega fin de mes muchos acuden a los comedores a buscar un plato de comida, mientras que muchos otros empiezan a asistir cotidianamente”, dijo. “Los comedores comunitarios están realmente desbordados. Tenemos un caso en Barrio Mugica donde a principios del año pasado iban 500 personas diariamente y hoy van 1000. La cantidad de gente se duplicó, pero las raciones que envía Desarrollo Social no llegan a cubrir ni un tercio de lo que se necesita”, denunció Neira en diálogo con PáginaI12.

“Hay una situación de desamparo hacia una gran parte de los porteños y ha reaparecido el hambre como un factor determinante. Y no es que nosotros creamos que antes no había pobreza, pero hace muchos años que no se veía el hambre que se ve ahora en la Argentina y, particularmente, en la ciudad de Buenos Aires. Y tampoco se veía a la clase media trabajadora sufriendo la situación de desesperación que vemos ahora”, analizó.

Neira aseguró que  “la situación de desigualdad se ha profundizado en la Ciudad, y el foco de esa desigualdad claramente está entre el norte y el sur”. Y es que según un informe reciente del Centro de Estudios de Ciudad (CEC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 2015 el 10 por ciento más rico de la ciudad tenía un ingreso de 17 veces superior al del 10 por ciento más pobre y en 2018 dicha brecha se amplió a 25 veces. “Pero además de esta desigualdad histórica entre norte y sur, hoy vemos un importante deterioro de las condiciones sociales en la zona del centro de la ciudad, donde históricamente se han alojado los sectores medios trabajadores que hoy no pueden afrontar el aumento de los alquileres, los servicios públicos y el alto costo de los alimentos”, manifestó.

Joaquín Salguero

La ciudad más rica del país desfinancia programas sociales.

Además, señaló el brutal impacto de género de la crisis social y económica. “La mujeres son las más golpeadas por la crisis y, a la vez, son las que contienen el hambre en la Argentina”, sostuvo. “Son las que salen a buscar nuevos recursos ante la pérdida del trabajo en el hogar, son las que se acercan a pedir a los comedores y las que se pasan horas haciendo números y buscando precios para que todos puedan comer con lo poco que puede comprar; pero también son las que le ponen el cuerpo y, sobre todo en los barrios más vulnerables, salen a resolver las necesidades del barrio y trabajan gratis en los comedores cocinando horas y horas para miles de pibes y pibas”, agregó.

Por último, Neira se refirió a la falta de políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad para contener la situación social y aseguró que “el gobierno porteño no ha tenido una respuesta adecuada a la crisis generada por la política nacional de su propio partido”. “Si bien lo que define esta situación es la política económica nacional –que ha sido desastrosa– la ciudad más rica del país no ha tenido respuestas frente a esto. El gobierno porteño se quedó haciendo obra pública en una sintonía que no tiene nada que ver con la catástrofe social que está viviendo la ciudad de Buenos Aires, una política totalmente desfasada de la realidad que vive la gente”, manifestó la dirigente del peronismo porteño y se preguntó: “¿Cómo se explica que en el momento más difícil de la Argentina en muchos años se restrinja el acceso a los comedores escolares y no se refuercen los alimentos en los comedores comunitarios? ¿Cómo se desarticula un programa como Ciudadanía Porteña en este contexto?”. “Creo que la única manera de explicarlo tiene que ver con la forma en la que Cambiemos ve la política y el Estado, y con el modelo de ciudad y de país que proponen: un modelo para pocos”, analizó.

EL PAÍS 08 de abril de 2019 Durísima nota de la BBC sobre la crisis en Argentina Un país donde es difícil sobrevivir

La cadena de noticias británica advierte sobre el profundo deterioro social de la Argentina bajo el gobierno de Macri.

La nota de la BBC describe la recesión económica y el aumento de la pobreza. 

Argentina volvió a ser noticia en una de la cadena de medios más importantes del mundo. La BBC británica retrató la crisis que atraviesa el país con un panorama sombrío sobre la realidad que viven los argentinos, en especial los niños y jubilados. “¿Por qué cada vez es más difícil sobrevivir en el país sudamericano?”, se titula el artículo que grafica el efecto de la recesión en la Argentina, a través de duros testimonios.

La nota cita los últimos datos oficiales de pobreza, se refiere al proceso inflacionario, al “fuertísimo aumento del dólar” y al “estancamiento de la economía”. 

A partir del relato de una empleada doméstica, relata que en la Argentina gobernada por Cambiemos hay personas “que están preocupadas por cómo llevarles un plato de comida a sus hijos o por cómo harán para pagar la cuenta de gas a medida que se acerque el invierno”. La nota da cuenta del empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos, pero subraya particularmente el padecimiento de niños y jubilados. Lo hace con datos duros: cuenta que el Indec señaló que el 32 por ciento de los argentinos es pobre, que la Unicef advirtió que “casi la mitad de los niños argentinos son pobres” y que hoy una familia tipo necesita 27.570 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. “Eso es más de dos salarios mínimos, que hoy están en 12.500 pesos”, detalla la nota. 

En ese marco, también citan los desfasajes entre los haberes jubilatorios y los aumentos de precios. “Tampoco a los más ancianos les alcanza para vivir”, explica el artículo y destaca que la jubilación mínima que cobra el 70 por ciento de los cerca de 8 millones de jubilados, está en 10.400 pesos. “Para muchísima gente los números simplemente no cuadran”, ratificaron. 

El artículo también hace una dura crítica a la situación económica, al detallar que la disminución en la calidad de vida tiene su correlato “en la vertiginosa inflación del 47 por ciento –la más alta en casi tres décadas– que arrasó con los salarios” el año pasado. En esa línea, relaciona esa suba “directamente” con “el fuertísimo aumento del dólar”, al contar que el último año la moneda estadounidense duplicó su valor. 

“Esto, en medio de un estancamiento de la economía –o recesión– que llevó al cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, las principales generadoras de empleo”, agrega. “Leche igual que gasolina”, dice un subtítulo en el que “explican que el precio de la leche es uno de los que más se disparó” y que hoy en el país “un sachet de leche vale lo mismo que un litro de gasolina”. 

Para la cadena BBC, quizás lo más preocupante “es que el panorama para este año está lejos de ser alentador”, aunque el presidente Mauricio Macri no tiene pensado “cambiar el rumbo”. 

MAYAS.

"Dicen que me han de quitar
la vida y el pensamiento.
Puedo escribir en el agua,
sé firmar en el viento."

Agencia Paco Urondo - APU

Ayer a las 11:00 · 

ECONOMÍA /// El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA excluye el requisito de que sean argentinos para integrar el máximo órgano de conducción de la autoridad monetaria. Es en respuesta a los pedidos del Fondo Monetario.

AGENCIAPACOURONDO.COM.AR

El macrismo admite extranjeros en el Directorio del Banco Central

Agencia Paco Urondo - APU

5 de abril a las 23:30 · 

SOCIEDAD /// El coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados rechazó los últimos dichos del residente Macri quien había apuntado contra la Justicia entrerriana por el fallo que prohíbe las fumigaciones a menos de 100 metros de las escuelas rurales.

AGENCIAPACOURONDO.COM.AR

Sobre los dichos de Macri por la fumigación: "Hay pueblos en Entre Ríos donde el 50% de las personas muere de cáncer"

LA MEMORIA ENEMIGA DEL SILENCIO Baldosas por la memoria de quince alumnas que pasaron por el colegio Normal N° 6 POR MARTINA SOL GARBARZ

"Memoria del Normal 6" por alumnas del Profesorado de Nivel Inicial. Foto de Hugo Lorenzo y Bibiana Ramos

“Aquí estamos, otra vez, rompiendo ese pacto de silencio. Ese silencio que nos rodeó durante mucho tiempo”, dijo Ana Feldman ante la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N°6 “Vicente López y Planes”. A cuarenta y tres años de la última dictadura cívico-militar se realizó la colocación de baldosas por la memoria de quince alumnas que pasaron por el colegio. El hecho surgió de una investigación que desde el año pasado puso en vilo a todos los niveles educativos, que van desde el jardín de infantes hasta el terciario que se dicta en el mismo edificio en el barrio de Palermo. A raíz de una decisión de las autoridades y una innovadora propuesta pedagógica se apuntó a la construcción de la memoria como fundamento, para lo cual se utilizaron distintos métodos según las edades del alumnado, descubriendo como resultado que el número de desaparecidas que habían transitado por las aulas del Normal era de quince alumnas. Un dato que hasta antes de esta experiencia se desconocía.

Según cuentan sus graduadas, el colegio de buena reputación y a donde muchos intelectuales enviaban a sus hijas para que se formen, siempre tuvo una estructura muy rígida, atravesado por una fuerte disciplina y exigencia. Las mujeres eran educadas para ser “señoritas”. Debían vestirse adecuadamente y no hablar demasiado fuerte. El cabello tenía que estar recogido con una cinta azul y hasta en los peores inviernos el uso de pantalones estaba prohibido. A pesar de que estaba expresamente prohibido, en el ‘71 bajo el gobierno militar de la llamada “Revolución Argentina” las estudiantes formaron el Centro de Estudiantes. Ana Feldman, hermana Laura quien pasó gran parte de la primaria en esa escuela y fue asesinada en el centro clandestino “El Vesubio” en el año ‘78, era la delegada y representante de las estudiantes de su división. “Cuando estaba terminando el año me llamó la Directora, como tantas otras veces, pero en esa oportunidad me comunicó que no podía seguir cursando en esta escuela y que, en lugar de echarme, me daba un ‘pase libre’ para que me fuera a la escuela que quisiera, lo que no podía hacer era quedarme” contó Ana.

Una de las alumnas que transitó por las aulas del Normal fue la ex Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Adriana Puiggrós, que reconoce que su formación docente comenzó en esa institución. Durante el gobierno de Frondizi se discutía la Ley Domingorena “laica o libre”, a partir de la cual las Universidades privadas podían otorgar títulos habilitantes (lo que significaba abrir la puerta para cualquier tipo de universidad privada) y donde lo que verdaderamente se discutía era el papel del Estado. En ese entonces Puiggrós era estudiante y de las pocas peronistas del Normal 6. Empezó a militar en la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios (FEMES) y con algunas de sus compañeras se organizaron para tomar la escuela contra la política de privatización de Frondizi. “Era un lunes, llegamos muy temprano, entramos a la escuela y cerramos las puertas. Les pusimos lacre y pensábamos que así nadie iba a entrar. Nos quedamos adentro mientras que puertas afuera de colegio estaban todas las chicas apoyándonos. En la esquina estaban los varones del Colegio Guadalupe, insultándonos. En ese momento llegó la directora al colegio, golpeó la puerta y el jefe de los porteros con mucha fuerza le abrió la puerta. La directora llamó a la policía. Nosotras teníamos dieciséis o diecisiete años, yo estaba sentada en la entrada y me acuerdo que estaba hablándole a mi papá diciéndole que estaba todo bien, que no se preocupara cuando siento que me agarran del brazo y en eso veo a un señor vestido de azul, lo miro bien y era un policía. Cuando salimos de la escuela los profesores hicieron un pasillo para que pasáramos, y una maestra que tenía de apellido López, cuando pasé me miró y me dijo: ‘A vos habría que pelarte’. No me lo olvido más, en ese momento era lo peor que le podías decir a una adolescente. Terminamos en la Comisaría 37 donde estaba lleno de estudiantes detenidos, nos tuvieron algunas horas ahí y luego nos expulsaron de la escuela, aunque a los dos días hubo un decreto de amnistía que nos permitió volver. Era un colegio muy positivista, del normalismo positivista, estaba bien implantado ¡era muy rígido! ” recordó.  

¿Por qué tuvieron que pasar cuarenta y tres años para que el colegio reconozca a sus desaparecidas y rompa con el pacto de silencio? Sólo basta detenerse en las decisiones que tomaban las autoridades puertas adentro de la escuela durante las últimas décadas. Sin ir más lejos, en el 2007 una denuncia del órgano gremial de los estudiantes dio a conocer que la ex rectora y ahora jubilada, María Susana Ueltzen, prohibió que las Madres de Plaza de Mayo realicen un acto en la escuela para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. “No va a ser posible porque las Madres son muy políticas. Son controversiales, violentas, tienen un vocabulario inadecuado, si quieren verlas pueden mirarlas por la televisión”, le dijo la ex rectora a las delegadas del Centro de Estudiantes para justificar su veto. Pero la conducción del colegio cambió y por suerte para sus estudiantes, quien ocupa actualmente el cargo de rectora se llama Lidia Roccella. La primera vez que ingresó al colegio se encontró con una placa colocada frente al salón de actos que le llamó la atención. Llevaba el nombre de Graciela Beretta, estudiante desaparecida en diciembre de 1976. Lo primero que pensó es que no debía ser la única. Y luego de investigarlo lo confirmó, Graciela tenía una hermana que también iba al Normal, su nombre era Magdalena y al igual que su hermana había sido secuestrada por los militares durante la última dictadura militar. El número ya ascendía a dos. Durante algunos años, previo a conseguir su puesto como rectora, imaginó distintas prácticas pedagógicas que debían realizarse para reconstruir la historia del colegio. En el 2018, ya en el cargo, propuso una experiencia que recorriera los distintos estrados de la escuela. Con la ayuda de un grupo docente logró que para conmemorar los cuarenta y tres años del golpe de Estado, cada nivel tenga participación en el acto por la colocación de las baldosas por la memoria. En nivel inicial se elaboraron distintos videos donde los más chicos hablaron sobre la identidad. En la primaria hicieron distintos trabajos: produjeron un acto, llevaron a cabo un homenaje a las ex alumnas y pusieron plantas alrededor de las baldosas donde figuran los nombres de las desaparecidas. Los del secundario se ocuparon de hacer una representación de los momentos más puntuales del período y los de quinto año con orientación en comunicación proyectaron videos y noticias de la época. Alumnos del terciario se enfocaron en investigar sobre las biografías de las alumnas secuestradas que durante el acto, lograron exponer un amplio material. “Haber podido lograr esta actividad par mi es un sueño hecho realidad” dijo Roccella sobre la investigación que hace un año comenzó. Hace unas semanas reveló que al menos quince estudiantes desaparecidas transitaron el Normal 6, y a los familiares que fueron convocados a participar de la investigación les pidió “perdón en nombre de la comunidad educativa por el retardo”.

Puños en alto, dedos en V, flores, fotos, pancartas, pañuelos blancos y también verdes se alzaron sobre la calle Güemes al 3800. En la puerta del Normal se colocaron cuatro baldosas que anuncian “aquí estudiaron militantes populares detenidas desaparecidas y/o asesinadas por el terrorismo de estado”. Y en ellas quince nombres se inscribieron: Mirta Mónica Alonso, Valeria Beláustegui, Mariana Carlota Belli, Graciela Alicia Beretta, María Magdalena Beretta, Gloria Elena Domínguez, Alicia Graciana Eguren, Laura Isabel Feldman, Estela María Gache, Liliana Inés Goldenberg, Silvana Parrile, Bárbara Ramírez, Mónica Graciela Socolsky, Claudia Josefina Urondo y María Adelaida Viñas. Hasta el momento el colegio registraba la desaparición de una sola estudiante. Hoy la memoria le ganó al silencio, la Escuela Normal Superior N°6 dijo nunca más. En sus paredes, en las aulas y hasta en las escaleras las fotos que hoy se exhiben de las ex alumnas les recuerdan a los estudiantes que el único camino posible es el que se encuentra del lado de la memoria, verdad y justicia.

Mirta Mónica Alonso: detenida el 19 de mayo de 1977, embarazada de seis meses y secuestrada junto a su compañero Oscar Hueravilo Saavedra. Su niño nació en cautiverio y fue recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Valeria Beláustegui: militante del PRT-ERP, sus compañeros la llamaban “Mecha”. Fue secuestrada en mayo de 1977 en San Antonio de Padua. Estaba embarazada de dos meses. Fue vista por última vez en Campo de Mayo, por el testimonio de una enfermera se conoció que Valeria dio a luz a un varón en el Hospital Militar de ese lugar. Sigue desaparecida y su hijo aún no fue recuperado.

Mariana Carlota Belli: fue secuestrada en la vía pública en mayo del ’78, tenía 20 años y era trabajadora de una empresa metalúrgica.

Graciela Alicia Beretta: realizó sus estudios primarios y secundarios en el Normal. Era militante de la agrupación “Las Vías”. Estudió abogacía y fue secuestrada en la puerta de su trabajo en el Instituto Financiero Militar en diciembre del ’76. Según documentación testimonial fue vista en la ESMA antes de su asesinato.  

María Magdalena “Nicky” Beretta:  realizó sus estudios primarios y secundarios en el Normal. Militó en la Juventud Universitaria Peronista mientras estudiaba la carrera de Psicología en la UBA. En diciembre del ’76 fue desaparecida en el barrio de Villa Luro. Al igual que su hermana, y según testimonios fue vista en la ESMA antes de su asesinato.  

Gloria Elena Domínguez: militó en el FRP y luego en el Frente Revolucionario 17 de octubre en CABA. Se encuentra desaparecida desde septiembre de 1976.

Alicia Graciana Eguren: hija de Ramón Eguren y compañera de John William Cooke. Poeta, escritora y profesora de literatura egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En 1963, fundó junto con Cooke la Acción Revolucionaria Peronista. En enero del ’77 fue secuestrada en el bar Tortoni. Fue vista con vida en la ESMA donde estuvo siete meses antes de su asesinato.

Laura Isabel “Penny” Feldman: hija del cineasta Simón Feldman. Militó en la UES mientras cursaba sus estudios en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. Luego se cambió de colegio para realizar cuarto y quinto año en una escuela de Barracas, donde pasó a tener responsabilidades mayores en la agrupación de la escuela. El 18 de febrero de 1978, cuando tenía 18 años, Laura fue secuestrada y llevada al Campo de Exterminio “El Vesubio” cercano al puente 12 de la autopista Buenos Aires – Ezeiza. Luego de haber sido tratada durante casi un mes de manera inhumana por su condición de militante popular, mujer y judía, fue fusilada junto con otros 4 chicos en un descampado y sepultada en una tumba NN del  cementerio de Lomas de Zamora.

Estela María Gache: proveniente de una familia de trabajadores del Estado, tuvo militancia en ATE y en en la Juventud Trabajadora Peronista. Secuestrada en septiembre del ‘76 en el barrio de Villa Crespo.

Liliana Inés Goldenberg: cursó la secundaria en el Normal. En marzo de 1970 empezó en las FAR y luego en Montoneros. Se quitó la vida en agosto del ’80 al tratar de ingresar por la frontera argentina del Iguazú y ser detectada por las fuerzas represivas.  

Silvana Parrile: tenía 21 años y militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrada en una plaza en San Salvador de Jujuy en enero del ’77. Fue vista en la cárcel de Villa Gorriti de esa ciudad y según documentación testimonial, fue trasladada al centro clandestino conocido como “La Jefatura” de la provincia de Tucumán.

Bárbara “Laucha” Ramírez: estudiante de Arquitectura en la UBA y militante de la JUP. Secuestrada-desaparecida por la Triple A en octubre del ‘74 en el barrio de Balvanera.

Mónica Graciela Socolsky: 20 años, enfermera y artesana. Se encuentra desaparecida desde septiembre del ‘77 cuando fue secuestrada en Martínez.

Claudia Josefina Urondo: santafesina, hija de Paco Urondo y Graciela Blanca Murúa. Comenzó a militar en la secundaria en el Movimiento de Liberación Nacional (MALENA). Militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y luego, en Montoneros. Casada con Mario Lorenzo Konkurat tuvo dos hijos: Sebastián y Nicolás. Secuestrada-desaparecida en diciembre del ’76 en Capital, luego de dejar a los niños en una guardería de Caballito.

María Adelaida Viñas: hija del escritor David Viñas. Militó en las FAR y luego en Montoneros. Secuestrada-desaparecida en agosto del ’76 en el Jardín Zoológico cuando llevaba de paseo a su hija. Se la vio con vida en el CCD “El Campito” antes de su asesinato.

EL BUITRE QUE BLOQUEA A LOS MAPUCHE La prescindencia estatal ante el capital privado deja totalmente vulnerable a esta comunidad

POR SUSANA LARA

El territorio de una comunidad mapuche quedó aislado porque una urbanización del grupo belga BURCO le impide el acceso por el camino más corto sobre la ladera del cerro Otto, en pleno ejido municipal de San Carlos de Bariloche. Arelauquen Golf & Country Club SA no reconoce a la lofche Celestino Quijada el derecho a usar el camino tradicional a su territorio, ni cumple el acuerdo de acceso por la propiedad privada alcanzado el año pasado en una mesa de trabajo dispuesta por la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

Mohammad Ladjevardian, bonista de un fondo buitre que litiga contra el Estado argentino, y Pierre Andurand, financista que anticipó el derrumbe de los precios del petróleo en 2008, son algunos de los propietarios de fracciones en la urbanización de Burco Desarrollos S.A. Comprende más de 710 hectáreas a metros de la costa noreste del lago Gutiérrez y sobre la ladera sur del cerro Otto, a 15 kilómetros del centro de Bariloche. El helipuerto y la cancha de polo fueron claves para su inserción privilegiada en los enclaves territoriales del poder político y económico en la región, liga que en la cuenca del lago Nahuel Huapi integran el hotel Llao-llao y los countrys Machete, Muelle de Piedra y Cumelén.

Arelauquen y Burco Desarrollos son algunas de decenas de firmas con las que opera Belgian Urban Renovation Company (BURCO) en Argentina, acaparando al menos 24.000 hectáreas en la zona rural de Río Negro. El año pasado se desprendió de dos fracciones al traspasar el paquete accionario de una de sus firmas, Río Villegas SA, a capitales qataríes vía el tenista Gastón Gaudio (https://www.elcohetealaluna.com/qatar-hace-cumbre-en-rio-negro/).

La comunidad Quijada sostiene la ocupación tradicional en la ladera sur-este del Otto, donde cría animales de granja y produce frutas y verduras, en tierras que lindan con Arelauquen. El uso tradicional de campo abierto se interrumpió con la consolidación de la urbanización cerrada, hace 12 años. Entonces se vio obligada a ingresar caminando con un metro de nieve en invierno, a caminar más de dos horas y dar un rodeo de varios kilómetros para acceder. Por períodos el directorio del country estuvo más predispuesto a permitir el ingreso por tierras privadas —trasladándolos en las camionetas de la empresa—, gesto de buena voluntad que no resolvió el conflicto de fondo ni reconoció el derecho al uso de los caminos tradicionales en el territorio ancestral.

El municipio de Bariloche fue declarado por ordenanza Estado intercultural, lo que se sumó a las obligaciones estatales derivadas de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la ley provincial Integral del Indígena N°2287, entre otras normas vigentes. La falta de intervención estatal firme ante el capital privado deja totalmente vulnerable a esta comunidad.

El nuevo directorio de Arelauquen endureció la posición respecto a Quijada, que denunció públicamente el incumplimiento del acuerdo alcanzado en la Defensoría del Pueblo. Un anciano de 103 años que no puede volver al territorio, una mujer que no pudo recibir la asistencia de una ambulancia, los niños que deben elegir entre vivir en el territorio o asistir a la escuela, la imposibilidad de trasladar bultos pesados, son algunos de los severos daños cotidianos que sufre la comunidad por el bloqueo que le impone la urbanización VIP. Además la empresa avanzó en la apropiación de un sector del territorio con un alambrado que pasa a escasos metros de las rukas, según testimonios recogidos por los cronistas de Walkintun TV, canal mapuche de Bariloche.

El instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a Quijada, aunque el derecho al territorio no está formalizado por un título de propiedad comunitaria. Tiene sin concluir el relevamiento dispuesto en Río Negro por aplicación de la ley de Emergencia de los Territorios Indígenas. Su espacio es parcialmente reclamado en propiedad por el Ejército Nacional, que además mantiene demandas contra las comunidades vecinas Millalonco-Ranquehue y Tripay Antü, siempre en los faldeos del Otto, y contra Tambo Báez, ladera del Bella Vista.

Las caras del country

Cambió el directorio, es la explicación que uno de los directivos dio como excusa para retroceder todos los casilleros. La guardia de seguridad privada impide ingresar por un camino recto de unos 400 metros; se mostró reforzada la última semana.

Según el Boletín Oficial de Río Negro, el directorio de Arelauquen está integrado por Leonardo Girves (presidente), Catalina Chevallier Boutell (vicepresidenta); Juan Carlos Osorio, Federico Bergter, Carlos Popik, Sergio Marré (directores titulares); Guillermo Macera, Moira O’ Farrell y Cecilia Guglietti (suplentes).

Girves es gerente de la filial Bariloche de OSDE; Chevallier Boutell de la sucursal local del Banco HSBC. Bergter es la conexión local con BURCO, desde que su familia le vendió las tierras para desarrollar el country; integra numerosos directorios de empresas, tiene a su nombre propiedades rurales del grupo y es, desde por lo menos el último año, el nexo operativo con capitales árabes en la zona, según coinciden diferentes fuentes. Popik, un ex directivo de Monsanto en Argentina, judicializó un conflicto por una fracción junto al lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura apropiada a una familia de la comunidad mapuche Paisil-Antreao; revendió la hostería La Posada y el conflicto.

En Arelauquen tiene domicilio público Nicolás van Ditmar, operador de Joseph Lewis y sus firmas en la región. El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay es otro inversor, así como el polista Eduardo Novillo Estrada.

La urbanización se inició en 2000 y salió al mercado con la venta de lotes por etapas. Tiene uno a su nombre Mohammad Ladjevardian, abogado, titular del fondo United Capital Investments de Houston, en Estados Unidos, beneficiario directo de pagos hechos por la administración Macri ante la demanda de los holdouts por bonos comprados en 2002 por acreedores alemanes. También Pierre Andurand, gestor y fundador del fondo Andurand Capital Management, entronizado gurú por sus proyecciones respecto a comportamientos de capitales por la crisis del 2008.

Más doméstica resulta la presencia como propietario de un lote de Alberto Pérez Chada, cuyo estudio de abogados representa al Presidente Macri, Gustavo Arribas, Boca Juniors y grupo Clarín, entre otros clientes. Se alejó del directorio de Puerto Manso S.A., inmobiliaria que formó con el director técnico Héctor Cuper, pero la firma mantiene una propiedad en el country.

Alejandro Pérez Chada, el abogado presidencial

Emergente

La imposibilidad de acceder a su territorio por el camino más corto y menos empinado, el de toda la vida, que conecta por la ladera sur del Otto en minutos con el barrio Unión, en la zona sur de la ciudad, expresa una de las tantas formas en que se avasallan los derechos elementales del pueblo mapuche. Cuatrocientos metros hacen la diferencia que asfixia económica, política y simbólicamente a Quijada.

Burco pretendió en 2001 apropiarse de un sector de la costa del lago Gutiérrez, canalizar un arroyo y construir una marina, para lo que obstaculizó durante años el asfaltado de la ruta 82 que conecta la ciudad por el sur, clave especialmente en invierno cuando la helada y la nieve complican el tránsito por la avenida costanera que da al lago Nahuel Huapi. El control de la circulación es parte de su estrategia de control real del territorio más allá de los límites de su propiedad privada.

Beatriz Oñate, defensora del Pueblo de la ciudad, convocó a una mesa de trabajo el año pasado a la que asistieron Arelauquen, el Ejecutivo local, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) que es autoridad de aplicación de la ley provincial del indígena, el Ejército y la propia comunidad. Consultada para este informe, Doñate reconoció que el acuerdo alcanzado no resolvía el conflicto de fondo aunque insiste en que el Estado municipal debe hacer operativa su condición “intercultural” y que no es conveniente llegar a la instancia de la judicialización. Aseguró tener voluntad de reflotar esa mesa de trabajo, aunque los tiempos de la mediación están muy lejos de las urgencias cotidianas de la comunidad postergadas por años.

La condición de barrio cerrado y la labor en la sociedad local desplegada por la Fundación Arelauquen, entre otras circunstancias, contribuyeron a que sus prácticas hegemónicas no estuvieran en la agenda pública. Costó ver que Arelauquen es Burco y que Burco tuvo y tiene su propia estrategia de acaparamiento de la naturaleza, en total concordancia con la desplegada por Tavistock Group (Lewis) en el mismo período, en el mismo lugar, con muchos actores en común. Por años, la pulseada simbólica la ganaba la caracterización de los countries como espacios de “ricos y famosos”, velo que impidió ver los comportamientos y las materializaciones de los capitales en el territorio en esta etapa neoliberal.

(Investigación en colaboración con Javier Grosso, quien realizó las cartografías para este informe.)