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miércoles, 7 de febrero de 2018
El Gobierno insiste con incorporar a las FFAA en "la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo" La nueva doctrina viene con botas
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que este mes pondrá en marcha una Fuerza de Despliegue Rápido para que las tres ramas de las Fuerzas Armadas sirvan “de apoyo logístico” para “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo“. "Vamos hacia un estado gendarme”, cuestionó el diputado Agustín Rossi, quien dijo que la medida “está en los límites" de lo que fija la Ley de Seguridad Interior.
“Este mes tenemos que resolverlo”, confirmó su apuro el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que anticipó la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido bajo la órbita de su ministerio, integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas para prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. El anuncio, que hasta ahora no contó con muchas precisiones, va en la línea con la doctrina elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, que según aseguraron los especialistas promueve la intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. “Está en los límites de lo que fija la ley, vamos hacia un estado gendarme”, cuestionó el diputado y ex ministro de Defensa Agustín Rossi.
“Una de las cuestiones en las que estamos pensando, no a largo plazo, sino que este mes tenemos que resolver, es la creación de una fuerza de despliegue rápido", afirmó el ministro Aguad, que el próximo jueves partirá para Miami, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reunirse con funcionarios del comando estadounidense para recibir asesoramiento. En declaraciones a Radio Mitre, Aguad explicó que la nueva fuerza incorporará elementos de las tres fuerzas –hoy solo existe en el ámbito del Ejército- con el objetivo de brindar apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"No significa que las Fuerzas Armadas se van a involucrar en el tema de seguridad porque está prohibido por ley”, aseguró en un primer momento el ministro aunque acto seguido aclaró que la nueva fuerza funcionaría como un “apoyo” en temas de seguridad interior. "Tiene que ver con darle un apoyo, el Ejército tiene en condiciones operativas 40 mil hombres que pueden prestar una gran colaboración en materia de seguridad interna pero en el tema logístico”, reafirmó Aguad, que consideró que las Fuerzas Armadas deben rediseñarse y prepararse para las "nuevas amenazas".
La Ley de Seguridad Interior limita la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna; sólo las habilita en casos extremos de excepcionalidad, con la declaración del estado de sitio. Por eso la creación de la nueva fuerza aparece como una posible puerta de entrada para la participación de los militares en asuntos internos.
“La ley prevé el apoyo logístico y eso ya existe hoy. Por ejemplo poder utilizar los aviones del ejército o camiones para llevar suministros a un puesto sanitario. Pero en ningún caso significa una fuerza de despliegue rápido armada. ¿Para qué querés una fuerza así si no es para actuar en seguridad interior?”, cuestionó el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que puso en duda las intenciones del gobierno de Cambiemos. Ayer, la ministra de Seguridad confirmó que su cartera busca modificar la doctrina de seguridad para “invertir la carga de la prueba y otorgar el beneficio de la duda” a los policías que participen en enfrentamientos.
En diálogo con Página/12, Rossi consideró que la creación del nuevo escuadrón responde al alineamiento de la política de seguridad nacional con el Comando del Sur, que involucra a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
-¿Cómo evalúa la experiencia de esta doctrina en los países de la región?
-El Comando del Sur es la representación del Pentágono para América Latina. En ninguna región del continente donde se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate narco ha habido resultados positivos. Por lo contrario, el efecto fue el inverso: generó un espiral de violencia en la sociedad. Tal vez la experiencia más negativa en este sentido son los Zetas de México, el primer país en seguir esta doctrina, que terminaron conformando un ejército.
-¿Qué hay por detrás de la creación de la nueva Fuerza de Despliegue Rápido?
La creación de esta fuerza es una manera de empezar a involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Está en los límites de lo que fija la ley. Y no está disociado con el rumbo que ha tomado la política de seguridad tras el caso Chocobar, que fue respaldado hasta por el Presidente. Vamos hacia un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo y que va a traer como consecuencia una mayor violencia institucional.
-¿El límite está en la Ley de Seguridad Interior?
-Argentina y Uruguay son los únicos dos países de América Latina que tienen claramente limitado el uso de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué están conformando esta nueva fuerza si ya existe el apoyo operativo en el marco del Ejército? Si no tienen pensado violar la ley de Seguridad Interior no tiene sentido armar una fuerza de despliegue rápido.
A pedido de quién
Según opinaron especialistas en narcocriminalidad, el antecedente de esta nueva fuerza sería el decreto de enero de 2016 que habilitó el derribo de avionetas no identificadas, supuestamente en manos del narcotráfico, por parte de la Fuerza Área, una de las primeras medidas de Bullrich al frente del ministerio de Seguridad. Para muchos, el decreto fue una manera de obviar la ley de Seguridad Interior y permitir de manera “oblicua” el actuar de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. La doctrina de las nuevas amenazas podría ser la puerta de entrada para la militarización de diferentes territorios y el ingreso de fuerzas extranjeras, que hoy necesitan una autorización expresa del Congreso Nacional.
Para la especialista en seguridad y narcotráfico y ex secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario Paola Spatola, la creación de esta nueva fuerza así como está planteada significa un peligro y roza los límites de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. “Una cosa es que las Fuerzas Armadas reemplacen a las fuerzas de seguridad en el resguardo de objetivos estratégicos, eso es viable y se hace. Otra muy distinta es que presten colaboración, con despliegue incluido, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, aseguró la académica, que también presidió la Comisión de Narcotráfico del parlamento latinoamericano.
Según entiende Spatola, otro de los puntos oscuros del nuevo comando es quién va a poder requerir sus funciones en el despliegue. ¿Lo deberá hacer un juez, que instruya en alguna causa por narcotráfico, o será pedido por el Ejecutivo? “No es un dato menor quién va a requerir y supervisar cómo se ajusta el actuar de una fuerza con despliegue. Si va a quedar a disposición del Ejecutivo van a terminar haciendo tareas que exceden la ley de Defensa”, remarcó la especialista.
Spatola también opinó que las experiencias de los países vecinos no llevan a pensar en una intervención exitosa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sumado que actualmente las fuerzas no están capacitadas para eso. “Sería mucho más proactivo generar una fuerza federal dedicada a los delitos complejos, con más inteligencia, que manotear a las Fuerzas Armadas”, dijo también la abogada y remarcó otro dato preocupante de las funciones de la nueva fuerza: el cuidado de los recursos naturales. Esto último podría utilizarse contra las comunidades originarias que reclaman el acceso a sus tierras ancestrales y que bajo este argumento el despliegue militar podría tener como objetivo el desalojo de los pueblos originarios. “Plantear esto es realmente peligroso, es contribuir a formar el enemigo interno. Son situaciones que se resuelven a través del diálogo y consenso”, finalizó Spatola.
Sacó a la abogada de la Coalición Cívica y reclamó explicaciones Carrió estalló contra Garavano
La diputada instó a la renuncia de Mariana Stilman, la abogada de la Coalición Cívica en la Unidad AMIA. Dijo que Garavano debía dar explicaciones por la decisión de pedir la absolución de los fiscales acusados de encubrimiento del atentado.
Elisa Carrió exigió explicaciones al ministro Germán Garavano por su decisión en la causa AMIA.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
La diputada Elisa Carrió aseguró no estar dispuesta a avalar “los condicionamientos y presiones” que reciben los abogados de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y le reclamó a su titular Germán Garavano “explicaciones sobre su intempestiva decisión” de no acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio oral por el encubrimiento del atentado a la mutual judía. Mientras la Unión Cívica Radical guarda un estruendoso silencio sobre el ninguneo al ex senador Mario Cimadevilla, en teoría titular de la Unidad AMIA pero desacreditado por el Gobierno luego de afirmar que seguiría “inexorablemente” la línea acusatoria del Ministerio Públicos Fiscal, la líder de la Coalición Cívica ARI recurrió a un comunicado para informarle a sus socios de la alianza Cambiemos que “instó” la renuncia de la abogada Mariana Stilman del equipo de querellantes y para garantizarle a sus seguidores que no forma parte “ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”.
Stilman le presentó la renuncia a Garavano ayer a la tarde, cinco días después de “la sorpresiva intervención del ministro en el trabajo de la querella del Estado”, según la CC-ARI. La abogada había dejado de actuar como apoderada del Ministerio en el juicio oral el año pasado, denunciando que la nueva línea política que imponía el gobierno de Mauricio Macri la “alejaba de la verdad y la justicia” e implicaba un “acercamiento a los imputados”. Siguió en la Unidad AMIA a pedido de Carrió y de Cimadevilla “para colaborar con los nuevos apoderados” y “en virtud del compromiso del ex senador radical de que no volvería a producirse otra intromisión en el trabajo de los letrados”, recordó ayer. Garavano, además, había reconocido mediante una resolución “que el único responsable de la querella era el titular de la Unidad”.
La novedad la semana pasada fue que Garavano borró con el codo lo que escribió en aquella resolución. Un día antes del alegato, ordenó revocarle el poder al abogado Enrique Ventos, que por orden de Cimadevilla acusaría a Mullen y Barbaccia en la misma línea que la Unidad AMIA del Ministerio Público Fiscal, y lo reemplazó por José Console, hombre del riñón macrista y de su operador judicial Daniel Angelici. El nuevo abogado, que ostenta como principal pergamino académico ser secretario del tribunal de disciplina de Boca Juniors, no sólo contradijo la posición de la propia querella oficial al pedir la elevación a juicio sino que hizo directamente “un alegato en defensa de los imputados”, denunció Memoria Activa. La CC-ARI apuntó ayer que tampoco tenía poder para representar a la Unidad AMIA.
Mientras en su alegato en diciembre los fiscales Roberto Salud y Miguel Yivoff pidieron condenas para Mullen y Barbaccia como partícipes de los delitos de peculado, privación ilegal de la libertad y coacciones de los ex policías acusados y luego absueltos por el atentado a la AMIA, la posición que impuso ahora Garavano “los exime de toda responsabilidad por las graves irregularidades cometidas durante el trámite de la causa”, dato “agravado por los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano”, advirtió Carrió. El alegato que impulsaba junto con Cimadevilla, en cambio, incluía “numerosas pruebas que los implicaban en casi todas las acusaciones”, destacó.
“Ni Elisa Carrió ni la CC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado de la AMIA”, señala el comunicado. “El Ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión”, reclama Carrió, quien asegura que le advirtió a Garavano el año pasado “que si se afectaba la línea acusatoria se estaría encubriendo” y que desde entonces no tiene diálogo con el ministro.
Patricia Bullrich impulsa la reducción de la responsabilidad policial en casos de gatillo fácil Una nueva doctrina que no tiene límites
Anticipada por Marcos Peña, la ministra de Seguridad respaldó el homenaje que Mauricio Macri hiciera al policía Luis Chocobar. Sostuvo que el Gobierno impulsa un cambio de doctrina que no culpabilice a los policías.
En el operativo policial hubo un único detenido, que se encontraba herido. Otras dos personas lograron escapar.
Imagen: Captura TV
Imagen: Captura TV
La filosa línea de cornisa por la que caminaba el Gobierno en el caso Chocobar ayer se esfumó y dejó a todos sus operadores cruzando la vereda de los excesos, que en la memoria de este país tiene significación inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no sólo salió a respaldar la invitación del Presidente al policía procesado por matar por la espalda a un asaltante desarmado, sino que además aseguró que el Gobierno va por un “cambio de doctrina”: “Esto (la invitación a Chocobar) es ratificar una mirada que tiene nuestro gobierno, que las fuerzas de seguridad no son... como ocurrió durante muchos años, que fueron las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Estamos cambiando esta doctrina de la culpa hacia el policía, el policía siempre era culpable.” Punto. La realidad apenas si dio tiempo para inspirar. Un par de horas después, un tiroteo en pleno centro en una persecución policial, con casi un centenar de plomos, esquirlas y vainas desparramadas en la zona de Tribunales, terminó con una jueza, un prosecretario y uno de los asaltantes, heridos (ver página 5).
La noche anterior, la del lunes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, abrió la puerta cuando aseguró que la invitación de Macri a Chocobar había sido a pura conciencia, que se conocían los antecedentes y que el Ministerio de Seguridad “tiene todos los videos desde el primer día”.
Peña, para reforzar, además de sostener que no se trató de “un error”, le dijo al programa Desafío de C5N que: “No creemos que las señales de respaldo de las fuerzas policiales equivalgan a promover que no se cumpla con la ley o las normativas”.
Al día siguiente, la promoción del cambio de doctrina de Bullrich lo desmintió. O, mejor, acomodó las palabras de Peña al cambio de doctrina, a una “nueva legislación”, “Estamos construyendo la doctrina de que el Estado realiza las acciones para impedir el delito”, dijo Bullrich al programa Y ahora quién podrá ayudarmos de Radio Con Vos, y anticipó que la idea del Ejecutivo es introducir en el Código Penal un cambio que habilite a que el policía tenga el beneficio de la duda.
Para sí se reservó la capacidad de determinar los marcos del delito a impedir, los bordes de su protagonista, el delincuente a construir, sobre el que estará permitido disparar sin dudarlo.
De hecho, se da la paradoja del tiroteo de ayer, durante el que fueron heridos además de un asaltante, una jueza laboral y un prosecretario del fuero civil. El marco, en este caso, indica que a diferencia de Chocobar, los policías intervinientes –si es que se determinara su responsabilidad en las heridas a los funcionarios–, corren más riesgos de que su dedo sea considerado cercano al error policial. De seguro no rozarán siquiera la fantasía del héroe.
Pero la declaración de Bullrich abrió la puerta entre las fuerzas de seguridad a que primero se dispare y después se piense si fue error. En este último caso, buscó que no sean considerados culpables, bajo el criterio, bastante certero, de que esa seguridad los habilitará a disparar la próxima vez sin dudas.
La ministra de Seguridad subrayó que Chocobar actuó “de acuerdo a todos los protocolos” y explicó que durante su gestión “se homogeneizó el modelo policial en todo el país”. Las declaraciones de Bullrich provocaron la reacción del arco opositor (ver aparte).
Las declaraciones de la ministra de Seguridad y del jefe de Gabinete conforman un paquete de acciones en apoyo a la convocatoria de Macri a la mano dura. Pero no quedaron limitadas a la misma fuerza. También Enrique Velázquez, el juez que dispuso el procesamiento de Chocobar por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa fue blanco de las acciones del Gobierno.
Sin ningún tipo de velos ni de retórica, el lunes el juez Velázquez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura nacional, por “mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato”, por el abogado Alejandro Suárez Lynch, un militante de la denuncia, especialmente si viene con el guiño y seña de Cambiemos. Radical, cercano al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, Suárez Lynch integró el Partido de Renovación Federal, núcleo duro del redradismo, como presidente del Tribunal de Disciplina. Por fuera de esta fugaz figuración, fue el abogado denunciante de la jueza Patricia López Vergara, quien había ordenado a la fuerzas de seguridad medidas de contención, como prohibir la utilización de armas letales durante las manifestaciones contra la reforma previsional, en el Congreso.
En el caso de López Vergara, el pedido de jury fue rechazado. En el ámbito judicial fue considerado como “un apriete inadmisible” y la jueza recibió el apoyo de sus pares. El Colegio de Magistrados expresó su “preocupación con motivo de las manifestaciones vertidas por varios sectores de la sociedad a raíz de la resolución judicial dictada por la doctora Patricia López Vergara. Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de cuestionamientos sin que ello autorice el agravio y descrédito personal hacia los Magistrados que han tomado decisiones en los asuntos sometidos a su juicio”, explicaron.
En el caso de Velázquez está por verse cómo será el circuito. El juez de Menores procesó a Chocobar y públicamente cuenta con las imágenes del video en el que se ve al joven Pablo Kukoc caer por los disparos del policía sin haberse dado vuelta, lo que apoya fuertemente su resolución. El debate, incluso, se estableció alrededor de que si existió o no la figura de la legítima defensa, aunque considerada con exceso. Pero la resolución del juez, opinable pero dentro del marco razonable de las evidencias, se chocó de frente contra las aspiraciones de Cambiemos por instalar el clima de inseguridad para después levantar la bandera de la mano dura como un cuenta votos en momentos en que muestra evidencias de decadencia. Y como ya lo tienen medido históricamente, la bandera de la mano dura paga.
El Gobierno salió a consolidar con fuerza la idea de que en los casos que el propio policía lo determine, al jalar el gatillo pueda quedar exento de la legítima defensa, es decir, que ni siquiera sea necesario argumentar que se estaba defendiendo para sostener su inocencia. La denuncia de Suárez Lynch cierra el paquete del manodurismo macrista. La recibió la Comisión de Disciplina y Acusación del CM, presidida por el hackeado diputado Pablo Tonelli, oficialista. Cierra con pinzas.
La realidad se entrometió bajo la forma de una jueza y un prosecretario heridos. Las balas policiales, una vez disparadas pueden impactar en cualquiera, incluso siendo intolerante.
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