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viernes, 3 de noviembre de 2017
APU
Movimientos sociales contra "reformismo" macrista: "Es contra los de abajo" AU AGENCIA PACO URONDO Responder| mar 31/10, 10:25 a.m.
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POR MARIANO MARTÍN.-
miércoles 1 de Noviembre de 2017Punto por punto, el proyecto de reforma laboral que quiere Macri
• LOS CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO QUE IMPULSA CAMBIEMOS PARA EL SEGUNDO TRAMO DE GESTIÓN
En 145 artículos, la iniciativa modifica aspectos sustanciales de la ley de Contrato de Trabajo, las indemnizaciones por despido, los juicios laborales y los mecanismos de formación profesional.
MARIANO MARTÍN
El proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno incluye, además del prometido capítulo sobre blanqueo, una amplia gama de beneficios empresarios para la contratación y el despido de personal, así como una consecuente reducción de prerrogativas judiciales para los trabajadores y hasta la redefinición del concepto de "trabajo", que a diferencia de la normativa vigente, pone en igualdad de condiciones al empleador con el asalariado. También establece la creación de nuevas modalidades laborales y una ampliación de las licencias. A continuación los aspectos neurálgicos de la iniciativa.
BLANQUEO
El borrador establece un período de un año para el blanqueo; con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores.
A los trabajadores "blanqueados" se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.
Impulsa una reducción generalizada de aportes patronales excepto los destinados a las obras sociales sindicales bajo un mecanismo escalonado: en 2018 no se pagarán cargas por los primeros $2.300 y en el segundo, por igual monto más inflación; al año siguiente el mínimo no imponible será de $4.600 más la variación del costo de vida; en 2020, de $ 6.900 con ajuste; en 2021 de $ 9.200 con el adicional, y en 2022 llegará a 11.500 pesos en bruto (10 mil de neto) más la suba de la canasta de ese año. En adelante la única variación será por inflación.
Reduce las contribuciones patronales de 21 a 19% en forma escalonada anual, hasta llegar al nuevo piso en 2022. En sentido inverso subirá las del sector pyme y otros beneficiarios de 17 a 19% medio punto por año hasta 2022.
TRABAJO
Introduce una modificación sustancial al concepto de "trabajo". A las definiciones previstas en la ley de Contrato de Trabajo le suma: "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". Se trata de una igualación, por primera vez, de roles entre empleador y asalariado, a contramano de la jurisprudencia que asigna debilidad intrínseca al trabajador respecto del empresario.
Facilita la tercerización y subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados pero a partir del proyecto se buscará dejar consagrado su funcionamiento y ponerlo a salvo de juicios. La iniciativa bloqueará las demandas "por solidaridad" contra las empresas de una actividad principal con contratistas de los siguientes rubros: limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática "que se efectúen en el establecimiento de explotación".
Limita el concepto de "irrenunciabilidad", que establece que serán nulos los acuerdos con pérdida de derechos. Según el texto propuesto, implícitamente se podrá renunciar a contratos individuales superadores de los colectivos. Es decir, si un asalariado convino con su jefe un aumento por encima del promedio tras aceptar un cargo con mayor responsabilidad, de sancionarse la ley podrá resignarlo.
Flexibiliza el criterio de "ius variandi" que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. Hasta ahora le permite, en esos casos, optar por ser indemnizado o accionar judicialmente contra su patrón con la posibilidad de obtener la reposición de sus condiciones previas. Ahora sólo podrá ser indemnizado y en todo caso ajustarse a lo previsto por el convenio colectivo, con más trabas para ir a un juicio.
Consagra modalidades de trabajo a tiempo parcial que dejarán de computar el tiempo de tarea por jornada para hacerlo por semana. Habilitará la creación por convenios colectivos de "bancos de horas" que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de eficientizar los tiempos de trabajo.
Extenderá licencias por paternidad a 15 días para los hombres; por matrimonio, a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día. Por examen podrán tomarse licencias de dos días con un máximo de 10 días totales por año. Y permitirá una licencia de 30 días corridos por año sin goce de sueldo.
INDEMNIZACIONES
Significativa reducción del cálculo indemnizatorio al quitar los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares. Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados.
La posibilidad de iniciar demandas, que hoy prescribe a los dos años, caerá al año.
Los sindicatos y las empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para su propio despido. Un mecanismo similar ya rige en la construcción.
OTROS
Creación de la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores" despegados de las modalidades habituales de contratación. Se pensó para talleres o unidades de contratistas asociados a las grandes constructoras. En estos casos se aplicará normativa específica y no la ley de Contrato de Trabajo
Nuevas políticas de formación. Creación de Consejos Sectoriales y de un sistema de prácticas formativas por un máximo de un año, extensible por seis meses más. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más.
Prohíbe la fijación de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. Se trata de una práctica extendida en el gobierno anterior como método para mejorar los sueldos de bolsillo sin impactar de lleno en el costo laboral, con afectación para el fisco, pero que de hecho creció exponencialmente en la actual gestión. Por caso, las negociaciones con los gremios aeronáuticos se definieron el año pasado con la fijación de un insólito período de once meses de pagos no remunerativos para convertirlos recién a remunerativos en el último mes de vigencia del acuerdo.
Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Se trata de un insistente reclamo de las obras sociales sindicales y también de las prepagas, para poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para la obtención de prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de esas prestadoras. Según el proyecto los dictámenes de la agencia tendrán "carácter vinculante", lo que asimila el sistema al de las ART con que el gobierno de Carlos Menem intentó poner freno a la litigiosidad asociada a los accidentes de trabajo. En este punto no se espera oposición alguna de los involucrados. La Agnet, según el texto del borrador, tendrá como facultades "producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación, utilización y exclusión de tecnologías sanitarias", "tomar intervención con carácter previo de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general del Programa Médico Obligatorio, la canasta de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación pertinente", y también "impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de tecnologías de salud". Promete ser una institución con integración plural, de académicos, especialistas, asesores de sindicatos y prepagas, y de negociación constante entre todas las corporaciones involucradas en los sistemas de salud.
BLANQUEO
El borrador establece un período de un año para el blanqueo; con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores.
A los trabajadores "blanqueados" se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.
Impulsa una reducción generalizada de aportes patronales excepto los destinados a las obras sociales sindicales bajo un mecanismo escalonado: en 2018 no se pagarán cargas por los primeros $2.300 y en el segundo, por igual monto más inflación; al año siguiente el mínimo no imponible será de $4.600 más la variación del costo de vida; en 2020, de $ 6.900 con ajuste; en 2021 de $ 9.200 con el adicional, y en 2022 llegará a 11.500 pesos en bruto (10 mil de neto) más la suba de la canasta de ese año. En adelante la única variación será por inflación.
Reduce las contribuciones patronales de 21 a 19% en forma escalonada anual, hasta llegar al nuevo piso en 2022. En sentido inverso subirá las del sector pyme y otros beneficiarios de 17 a 19% medio punto por año hasta 2022.
TRABAJO
Introduce una modificación sustancial al concepto de "trabajo". A las definiciones previstas en la ley de Contrato de Trabajo le suma: "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". Se trata de una igualación, por primera vez, de roles entre empleador y asalariado, a contramano de la jurisprudencia que asigna debilidad intrínseca al trabajador respecto del empresario.
Facilita la tercerización y subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados pero a partir del proyecto se buscará dejar consagrado su funcionamiento y ponerlo a salvo de juicios. La iniciativa bloqueará las demandas "por solidaridad" contra las empresas de una actividad principal con contratistas de los siguientes rubros: limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática "que se efectúen en el establecimiento de explotación".
Limita el concepto de "irrenunciabilidad", que establece que serán nulos los acuerdos con pérdida de derechos. Según el texto propuesto, implícitamente se podrá renunciar a contratos individuales superadores de los colectivos. Es decir, si un asalariado convino con su jefe un aumento por encima del promedio tras aceptar un cargo con mayor responsabilidad, de sancionarse la ley podrá resignarlo.
Flexibiliza el criterio de "ius variandi" que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. Hasta ahora le permite, en esos casos, optar por ser indemnizado o accionar judicialmente contra su patrón con la posibilidad de obtener la reposición de sus condiciones previas. Ahora sólo podrá ser indemnizado y en todo caso ajustarse a lo previsto por el convenio colectivo, con más trabas para ir a un juicio.
Consagra modalidades de trabajo a tiempo parcial que dejarán de computar el tiempo de tarea por jornada para hacerlo por semana. Habilitará la creación por convenios colectivos de "bancos de horas" que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de eficientizar los tiempos de trabajo.
Extenderá licencias por paternidad a 15 días para los hombres; por matrimonio, a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día. Por examen podrán tomarse licencias de dos días con un máximo de 10 días totales por año. Y permitirá una licencia de 30 días corridos por año sin goce de sueldo.
INDEMNIZACIONES
Significativa reducción del cálculo indemnizatorio al quitar los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares. Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados.
La posibilidad de iniciar demandas, que hoy prescribe a los dos años, caerá al año.
Los sindicatos y las empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para su propio despido. Un mecanismo similar ya rige en la construcción.
OTROS
Creación de la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores" despegados de las modalidades habituales de contratación. Se pensó para talleres o unidades de contratistas asociados a las grandes constructoras. En estos casos se aplicará normativa específica y no la ley de Contrato de Trabajo
Nuevas políticas de formación. Creación de Consejos Sectoriales y de un sistema de prácticas formativas por un máximo de un año, extensible por seis meses más. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más.
Prohíbe la fijación de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. Se trata de una práctica extendida en el gobierno anterior como método para mejorar los sueldos de bolsillo sin impactar de lleno en el costo laboral, con afectación para el fisco, pero que de hecho creció exponencialmente en la actual gestión. Por caso, las negociaciones con los gremios aeronáuticos se definieron el año pasado con la fijación de un insólito período de once meses de pagos no remunerativos para convertirlos recién a remunerativos en el último mes de vigencia del acuerdo.
Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Se trata de un insistente reclamo de las obras sociales sindicales y también de las prepagas, para poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para la obtención de prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de esas prestadoras. Según el proyecto los dictámenes de la agencia tendrán "carácter vinculante", lo que asimila el sistema al de las ART con que el gobierno de Carlos Menem intentó poner freno a la litigiosidad asociada a los accidentes de trabajo. En este punto no se espera oposición alguna de los involucrados. La Agnet, según el texto del borrador, tendrá como facultades "producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación, utilización y exclusión de tecnologías sanitarias", "tomar intervención con carácter previo de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general del Programa Médico Obligatorio, la canasta de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación pertinente", y también "impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de tecnologías de salud". Promete ser una institución con integración plural, de académicos, especialistas, asesores de sindicatos y prepagas, y de negociación constante entre todas las corporaciones involucradas en los sistemas de salud.
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martes, 31 de octubre de 2017
Opinión El guion del FMI Por Alfredo Zaiat
Las reformas laboral, tributaria y previsional anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner fueron propuestas por el Fondo Monetario Internacional el 9 de noviembre del año pasado. La misión del FMI realizó la auditoria de la economía argentina luego de años que los gobiernos kirchneristas la habían rechazado. Concluida esa tarea, presentaron el informe al Directorio Ejecutivo del organismo financiero, para luego detallar las recomendaciones al gobierno. El reporte de difusión de prensa señaló que “los directores hicieron hincapié en la importancia de las reformas institucionales para mejorar la eficiencia y la credibilidad del marco fiscal”. Para ello plantearon, entre otras reformas, “la racionalización del gasto público, incluido el gasto salarial” y “el restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional”. Macri empezó ayer a cumplir con la tarea.
El mencionado documento de la Consulta del Artículo IV (auditoría del FMI) contiene un anexo –el séptimo– que se ocupa del sistema previsional. Define que el actual régimen jubilatorio proyecta una déficit actuarial del 30 por ciento del PIB de 2016 (unos 150 mil millones de pesos). Expone tres medidas para corregir ese supuesto desequilibrio. La primera es cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria (Change in the indexation formula, dice el texto en inglés). Explica que las jubilaciones están vinculadas a la evolución salarial y al crecimiento de los ingresos de la Anses y, de ese modo, los haberes aumentan por encima de la inflación.
La propuesta del FMI para atender ese déficit es la que el Jefe de Gabinete informó ayer en conferencia de prensa: actualizar las jubilaciones por la inflación. Los técnicos del Fondo habían puesto una cifra y año a la modificación de la movilidad. “La indexación de las jubilaciones por la inflación a partir de 2019 reduciría el déficit en aproximadamente 20 por ciento del PIB”. Son exactamente los 100 mil millones de pesos de “ahorro” del gasto previsional que repiten los funcionarios. Las jubilaciones aumentarían así menos que con la presente fórmula de movilidad.
Además de recortar el haber jubilatorio mensual, el FMI indicó que se debe disminuir la tasa de sustitución (la relación del último salario del trabajador con el haber inicial) del actual 72 al 60 por ciento, lo que implicaría jubilaciones más bajas. Y subir gradualmente la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años en los próximos diez años.
La reforma previsional que impulsa el gobierno está guionada por el FMI.
Macri presentó su plan de modificaciones en el terreno fiscal, previsional e institucional Una reforma que sonó a ajuste
Mauricio Macri presentó su plan ante una platea de invitados especiales en la cúpula del CCK.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
No dijo “achicar el Estado para agrandar la Nación”. Ya quedó viejo. Tampoco usó la metáfora de “cirugía mayor sin anestesia”. También es de otro tiempo. Ante un público de gobernadores, empresarios, sindicalistas, jefes parlamentarios, jueces y rectores de universidades, el presidente Mauricio Macri sostuvo que su Gobierno entra en una etapa de “reformismo permanente” tras la victoria electoral. Delineó tres ejes ante el oído atento de los enviados del FMI, quienes en la visita que realizaron el año pasado dejaron como recomendación una reforma muy parecida –en algún punto, casi textual– a la presentada ayer. Macri planteó el eje fiscal, en el que reclamó un mayor ajuste de las cuentas a los gobernadores; el laboral, en el que anunció a los sindicalistas que se avanzará contra la “industria del juicio”, y en rediscutir el sistema jubilatorio que “no es sustentable”; y el eje institucional, en el que Macri hizo eje en las reformas judiciales. También se quejó de la cantidad de empleados que tiene el Congreso, las legislaturas provinciales y advirtió que hay demasiados sindicatos y demasiadas universidades públicas.
La puesta en escena reflejó la acumulación de poder del Presidente, fortalecido luego de las últimas elecciones: prácticamente todos los gobernadores asistieron, así como la mayoría de los jefes de bloque, empresarios, sindicalistas y las autoridades de la Corte Suprema. Frente a este auditorio selecto –y lejos de las protestas de los movimientos sociales– Macri le dio forma a lo que está por venir. A diferencia de otras veces, no leyó (había teleprompter) y, pese a que hubo duras críticas al Poder Judicial, siempre se mantuvo en un tono pausado y cordial.
El Presidente comenzó con un homenaje a Raúl Alfonsín (por el que recibió los primeros aplausos) y luego recordó el resultado electoral, por si se le había pasado a alguno de los presentes. Antes de delinear las reformas, que dividió en tres ejes, Macri se atajó ante la idea de que se viene un mayor ajuste. “No se trata de sacar o de ajustar sino de ceder en algo para recuperar el conjunto”, sostuvo antes de presentar “una agenda de reforma permanente”. Enumeró tres ejes generales (las letra chica estará en las próximas semanas): “El primero es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos, no podemos gastar más de lo que recaudamos, y esto lo digo en todos los niveles del Estado”, sostuvo mientras los gobernadores lo miraban con seriedad. Asistieron prácticamente todos, excepto Sergio Uñac, de San Juan, y Claudia Ledesma, de Santiago del Estero. “Debemos reducir la carga tributaria, con una relación cooperativa entre Nación y provincias”, les indicó Macri. El próximo encuentro con los 24 gobernadores será el jueves 9 de noviembre.
“El segundo eje es favorecer el empleo. Avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado, formal”, advirtió ante los sindicatos y empresarios. Lo escuchaba el triunvirato que conduce la CGT, además de Francisco “Barba” Gutiérrez, Omar Viviani (taxistas), Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN). Por los empresarios, estaban los representantes de los bancos, la UIA, de la Construcción, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto.
Por último, Macri sostuvo que habría reformas en la línea de “la República y la calidad institucional” y remarcó que “esto incluye reformas en la Justicia, en el sistema electoral y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar a la corrupción”. Al Poder Judicial le dedicó una buena parte de sus críticas ante la cara de poker del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco. Cada parte del discurso tenía un destinatario específico.
A los gobernadores
“No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa, tenemos que comprometernos al equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno, acordar un camino entre Nación y las provincias para acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas”, les advirtió a los gobernadores. Y sentenció: “Esto no es negociable”. También les señaló que deberán resignar impuestos provinciales. “Tenemos que desandar juntos la escalada de impuestos que Nación, provincia y municipio hicieron los últimos años”, indicó Macri, quien adelantó que mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentará una reforma tributaria (ver página 4).
También anunció que comenzará a trabajar una comisión para reformar el sistema jubilatorio. “Tenemos que pensar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones”, sostuvo Macri, quien advirtió que actualmente el sistema previsional “no es sustentable”. “A mi entender no debería haber jubilaciones de privilegios, ni regímenes especiales, que por ejemplo habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a las 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65”, indicó. Macri aclaró que “el sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto”. Mientras se debate la nueva ley, Macri dijo que van a presentar “propuestas para la transición”. No aclaró cuales serán.
Sobre el endeudamiento, les preguntó a los gobernadores: “¿Qué madre o qué padre pueden dejarles a sus hijos deudas y problemas? No nos gusta endeudarnos, pero mentirnos, emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación”, sostuvo Macri, cuyo gobierno llegó a colocar un bono a 100 años. En el Ministerio del Interior sostuvieron que la recepción del discurso por parte de los gobernadores fue “positiva”. Algunos, no obstante, indicaron que querían ver “la letra chica”.
A los sindicatos
“En los próximos días vamos presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo”, indicó Macri, sobre el blanqueo laboral que viene negociando la CGT con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. También les advirtió: “Vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país”. Por los avances sobre los derechos laborales, el Gobierno argentino debió responder ante la CIDH la semana pasada. Macri aprovechó para reclamarle a los gobernadores que adhieran a la ley nacional de ART. “No podemos pedirles a nuestras empresas que compitan en el mundo si no cuentan con las condiciones para hacerlo”, remarcó.
No fue el único momento en el que le dejó advertencias a los sindicalistas. También apuntó a sus obras sociales: “En Argentina hay 280, de las cuales sólo 40 representan el 70 por ciento de los trabajadores. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que sólo representan el 30 por ciento. Esta cantidad llama la atención”. Sostuvo también que pasa “algo similar con los sindicatos”. “No puede ser que haya más de 3 mil en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”, sostuvo.
A los jueces
Por último, Macri dedicó varias críticas al Poder Judicial. No lo anunció, pero el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó ayer que, pese a la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, se avanzará en una reforma del Ministerio Público Fiscal. Y también del Consejo de la Magistratura. A los dos les apuntó el presidente: “En el ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas. No quieran saber los sueldos”. Sobre el Consejo de la Magistratura dijo que “el número de consejeros creció casi un 140 por ciento en diez años”. Llegó a afirmar que hay “empleados de ordenanza, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de 100 mil pesos por mes”. Cuestionó las licencias en el Poder Judicial y que trabajen solo hasta el mediodía. También criticó la feria judicial.
El presidente dio otros ejemplos estratégicamente elegidos de “rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos, en todos los niveles, logran ubicar amigos, parientes”. Sostuvo que en la Biblioteca del Congreso hay 1700 empleados mientras que la de Chile tiene solo 250. “Estas estafas se tienen que terminar. No hay más lugar para esto”, sentenció Macri. Igual trato recibieron las legislaturas provinciales (“hay legisladores que tienen 80 empleados”) y las universidades públicas: “El número de universidades aumentó en promedio de más del 30 por ciento, pero la matrícula de estudiantes sólo el 13 por ciento. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo”, aseveró.
Curiosamente, todos los ejemplos culminaban con un planteo de que “cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público”. “Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene –recomendó Macri– Queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad”. Por suerte, al comienzo, había aclarado que no se trataba de ajustar.
Zaffaroni alertó que está en riesgo la imparcialidad judicial "Es un Estado con una impronta totalitaria"
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni denunció que en el país hay un “Estado con impronta totalitaria” y advirtió que desapareció la “imparcialidad en amplios sectores del Poder Judicial”. Al referirse a la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a los casos de “presos políticos” como Milagro Sala y a la “regresión” de la Corte por muchos de sus fallos, alertó que “nos estamos acercando cada vez más a un Estado policía, en el que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda”.
Zaffaroni manifestó que a Gils Carbó la sacaron del cargo “mediante un procedimiento mafioso” y que ella decidió renunciar porque ella fue “víctima de un hostigamiento permanente”. En ese sentido, detalló que sobre ella recayeron “falsas denuncias”, “amenazas insólitas” como que puede ser removida por decreto sin necesidad de un juicio político y “un proyecto de ley que amenazaba con terminar directamente con la autonomía judicial del Ministerio Público”.
El ex juez de la corte aclaró que Gils Carbó renunció por todos estos episodios, pero sobre todo, “para evitar el desmantelamiento del ministerio”. “En este caso no va a ser importante saber a quién se investiga porque el próximo ministerio va a decidir a quien no se investiga”, advirtió Zaffaroni en diálogo con Radio Cooperativa, al enumerar las denuncias por “las cuentas offshore que salen a relucir” y “la tentativa de autoimpunidad por la quiebra del Correo Argentino”.
En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la reforma judicial anunciada ayer por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner y opinó que representa “la frutilla de un postre envenenado” porque hace un tiempo que hay un sector del Poder Judicial que “se presta a un revanchismo que no tiene precedentes desde 1955 hasta la fecha”.
“Tenemos presos políticos sin que la Corte Suprema haga nada, el asesinato de Santiago Maldonado se sigue encubriendo, se amenaza con revisar sentencias definitivas por crímenes de lesa humanidad, se persigue a los jueces díscolos, se reclaman descaradamente jueces propios, cosa que jamás había dicho ningún ejecutivo”, puntualizó Zaffaroni.
Luego se refirió concretamente al caso de Julio De Vido, a quien le quitaron los fueros para poder detenerlo el miércoles pasado en medio de un show mediático inigualable frente a su departamento. Destacó que tanto De Vido como Milagro Sala “son presos políticos, que sufrieron detenciones arbitrarias y selectivas”. “Si De Vido incurrió en algún delito hay que investigarlo, se lo absolverá o se lo condenará pero mantener a una persona en prisión preventiva con el argumento de que puede dificultar la investigación es una excusa”, detalló.
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