domingo, 9 de abril de 2017

09 de abril de 2017 | El país OPINIÓN Entre las calles y las urnas

El impacto del paro general. La repetida unidad de acción entre centrales obreras y organizaciones sociales. De cómo el Gobierno construye opositores. La política económica y la represión, pinza inquietante que acumula rechazos. Una mirada sobre la potencial correlación entre las manifestaciones y los votos por venir. Algo sobre el 1A, comparaciones y memoria histórica.

La exitosa huelga general del jueves repitió una tendencia de la etapa: centrales sindicales, organizaciones sociales y fuerzas políticas confluyen en medidas de acción directa. No es la primera vez, ni la segunda ni la tercera… es una modalidad (una innovación de la etapa) que se cumple con creciente frecuencia e intensidad. 
Empezó el año pasado, con la gran movilización de abril promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), con San Cayetano y con más hitos cuya enumeración ahorramos. En 2017, sobre todo a partir de marzo, las movilizaciones conjuntas y multitudinarias son parte del escenario cotidiano.
Las tácticas de los participantes son distintas, las identidades políticas son variadas pero hay unidad (relativa) en la acción. El Gobierno del presidente Mauricio Macri hace todo lo posible para que la costumbre persista y escale. La política económica y, en pinza preocupante, la de Seguridad “crean” nuevos ciudadanos opositores.
El oficialismo, sin inventar nada, adujo desde el vamos que “el viernes después” sería un día igual a todos los otros. Equivocado el diagnóstico, en cuanto ningunea el paro que impacta en la correlación de fuerzas. Acertado en señalar que el Gobierno no revisa el núcleo de sus políticas. Anteayer (ese viernes), cientos de trabajadores fueron desalojados de la planta de Artes Gráficas Rioplatenses, con un despliegue amedrentador de Robocops. Acamparon a la vera de la fábrica donde hasta hace poco se ganaban la vida. No es el primero ni el segundo ni el tercer establecimiento que cierra o reduce dramáticamente su personal o suspende a mansalva. 
La respuesta pacífica de los laburantes, evitando caer en la provocación y arriesgarse a ser ferozmente reprimidos, ocurre cuando acaban de cumplirse veinte años de la instalación de la Carpa Blanca docente en la Plaza del Congreso. La historia no se repite como calco pero permite hallar analogías o constantes. Los gobiernos neoconservadores alimentan su propia oposición, que va constituyéndose poli clasista, plural y va rondando metodologías de lucha. De ahí a que todos los damnificados se expresen de modo parecido en el cuarto oscuro hay un trecho largo, que los partidos de oposición tal vez no estén recorriendo con la misma velocidad y vigor que la protesta social.

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Demasiada polarización: Cambiemos polariza constantemente contra el kirchnerismo. El kirchnerismo se presta gustoso. Ambos creen que ese esquema binario signará la votación de medio término y cada uno cree que prevalecerá. Quizá uno de los antagonistas acierte, por ahí se equivocan los dos. 
Mientras se acercan las fechas de las Primarias y las elecciones generales, el macrismo acentúa la polarización, sumando nuevos adversarios. Trata de personalizarlos: la ex presidenta Cristina Kirchner, el gremialista docente Roberto Baradel, los “mafiosos” sindicales recientemente. El problema es que sus acciones (y, de forma acentuada, sus dichos) confrontan-polarizan con una masa creciente de personas de a pie. Son los damnificados por las decisiones económicas o por la mano dura que encarna la ministra de Seguridad (y alterna de Trabajo) Patricia Bullrich. Los que perdieron empleo o  valor del salario real, los que padecen tarifazos. La redistribución regresiva de ingresos, es abecé de la democracia, influye en la de adhesiones políticas.
El oficialismo, después de acusar el golpe del paro, tratará de “sentarse a dialogar” con la cúpula cegetista. Seguramente intentará derivar más recursos a las organizaciones sociales. Pero las relaciones, que continuarán, se han deteriorado al correr de los meses
Los dirigentes de la CGT han negociado con el oficialismo, obteniendo hasta ahora más rédito para “las organizaciones” que para los compañeros laburantes. No es la primera vez en su historia, ni la segunda ni la tercera. El hiato entre la ecuación del gremio y la del afiliado se ahonda y los interpela. Es difícil consentir mansamente que disminuya la masa de empleados formales, que los salarios bajen. Y, más aún, que se imponga techo a las convenciones colectivas. Para muchos es cuestión de dignidad, para algunos de pragmatismo. Las bases están más enojadas y propensas a reaccionar que las conducciones, es palpable. La abundancia de comisiones internas y delegados “troscos” no es un hecho de la naturaleza ni consecuencia del azar. La falta de combatividad puede moverles el piso a los referentes de la CGT.  Los escarmientan repetidos incumplimientos de la Casa Rosada, cuyos moradores le hicieron pasar un papelón a los  líderes avezados que firmaron un pacto anti despidos y un bono de fin de año que pagó Magoya.
Las organizaciones sociales son, en gran medida, Estado-dependientes. El macrismo sostuvo la relación, la fomentó creyendo que podía domesticarlas o, en el extremo, cooptarlas. Las tratativas se empiojan cada vez más a medida que crece la masa de desocupados, de personas que necesitan de los comedores o merenderos comunitarios. La ley de Emergencia Social fue obtenida cuando la pulseada se intensificó. El Gobierno la deja dormir, la respuesta viene de cajón.
La represión polariza también. Frente a ella no hay margen para medias tintas ni terceras posiciones, ni anchas avenidas del medio. Hasta ahora, los dirigentes sociales se han plantado con firmeza frente a la barbarie de la Bonaerense y Gendarmería. Es complicado revertir tamañas conductas oficiales o volver atrás... por otra parte el macrismo duplica sus apuestas a la prepotencia. Supone que cuenta con anuencia de sectores de opinión pública si agrede a mujeres y pibes, si deja esposada a una chica de 16 años. Dolorosamente, puede que sea así. Pero el odio de clase o la discriminación o el racismo no son universales: dividen aguas. Pegan fuerte en sectores populares, que numéricamente son muchos aunque tengan poca plata.

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Embelesos y embelecos: Hay momentos (o trimestres) en que no se sabe si el Gobierno miente o alucina. En una de esas, se conjugan los dos fenómenos. Macri se embelesa con la movilización a su favor, acaso de más. Y se extasía ante un auditorio compuesto por un  peculiar grupo de “inversores”: invierten poco, poquito o nada.  Hablando de local, se jacta de estar trabajando, una provocación para los huelguistas que fueron millones. Y para las personas que, a diferencia del presidente, laburaron toda su vida. No conforme con el derrape, anuncia que la lucha contra la inflación es un éxito. Los guarismos del verano le dan un mentís rotundo que torna filo imposibles las predicciones  del oficialismo para el año. El cronista ignora cuál es la finalidad de ese ataque de optimismo, también cuál fue el cattering del Mini Davos. En todo caso, “los inversores” no comen vidrio, están al tanto de las cifras, de la inminencia de tarifazos. Aún (mal que mal) de los aumentos de sueldos que acarrearán las convenciones colectivas.
Existen, desde ya, promesas pendientes, que se conversan sottovoce en los pasillos, bajo el cono del silencio o se difunden por portavoces mediáticos. La principal es “bajar los costos laborales”, en criollo aplanar los sueldos y disminuir las “cargas sociales”. El establishment le exige pruebas de amor más contundentes: que encarcele a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le gane (libre o presa) en los comicios de octubre.
Aunque usted no lo crea, hay espacio a la derecha del macrismo: los poderes fácticos, con el Grupo Clarín en la vanguardia le exigen más mano dura, más fallos judiciales atrabiliarios, más ajuste.

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De la calle al cuarto oscuro: La táctica de polarizar, en principio, va a contrapelo de las elecciones legislativas, que abren espacio a “voto expresivo” y más chances a terceras o cuartas fuerzas. Por lo pronto, el Frente Renovador y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) verán como cosechan en ese terreno.
Se elige en 24 distritos diferentes, cada cual tiene historia y características propias. Para el macrismo sería un logro conservar o mejorar su número de bancas en el Congreso nacional, rondar el largo 34 por ciento del total de sufragios que obtuvo en la primera vuelta de las presidenciales y mantenerse primero en las cuatro gobernaciones que ganó en 2015: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Mendoza y Jujuy. Al cierre de esta edición parece muy difícil combinarlos. El regreso del ex ministro y ex embajador Martín Lousteau dispara “fuego amigo” en la patria chica de PRO.
El elenco oficial se emocionó con la manifestación del primero de abril (ver asimismo nota aparte). A ojímetro uno diría que cada asistente votó la fórmula Macri-Gabriela Michetti hace menos de dos años. Cuesta imaginar, en porcentajes importantes, hayan participado  nuevos adherentes. El macrismo congrega a su “clientela cautiva” y cada vez más le habla solo a ella.
Las imponentes manifestaciones de marzo y el paro sin duda incluyeron a votantes de Cambiemos en 2015 que ahora tienen motivos para decepcionarse o soliviantarse. Es un potencial de la oposición que no resuelve la interna entre los partidos o candidatos que la encarnarán. Su desafío-dilema es cómo sumar dentro de un conjunto que, en el mejor (y bastante improbable) caso para el macrismo expresa a dos tercios del electorado por lo menos.

09 de abril de 2017 | El país ENTREVISTA EXCLUSIVA > HÉCTOR DAER, MIEMBRO DEL TRIUNVIRATO QUE DIRIGE LA CGT “El gobierno anterior nunca fue contra los que menos tienen”

Para el dirigente de la CGT, no se pueden realizar cambios en la macroeconomía golpeando a los sectores de menos recursos, aunque aclaró que nunca se negarán a la posibilidad de diálogo. Al mismo tiempo describe que a partir de fin de año y principios de 2017 se deterioró la situación social y crecieron los despidos, lo que creó el clima para el paro del 6 de abril.

Héctor Daer, el triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), habla sin parar y apenas lo hace para tomar un poco de agua. El detalle es que durante la entrevista con PáginaI12 evitó iniciar sus respuesta con un sí o un no. En todo momento se preocupó en citar el contexto en el que enmarca sus conclusiones. En ese marco, aseguró que tiene la obligación de mantener la esperanza en cuanto a que el gobierno se siente a dialogar con los trabajadores y que acepte correcciones a sus políticas económicas. Pero advirtió que el futuro se complicará si el presidente Mauricio Macri no entiende que “el único modelo económico sustentable es el que cierra socialmente”. 
  –Han pasado unos días desde el paro, ¿cuál es la evaluación de esa jornada?
 –Le pusimos un adjetivo: contundente. Y los datos son más que claros, a la ciudad de Buenos Aires ingresan por día tres millones de trabajadores y muchos de ellos se movilizan en un promedio de casi un millón de autos. Ese día sólo ingresó un tercio. Esto da cuenta del acompañamiento que tuvo no sólo del sector del trabajo sino de bastos sectores de las sociedad como comercios y pymes. La verdad que uno no quiere hablar de éxito porque lo que se pretende es que haya algunos caminos de salida.
–¿Existen esos caminos, hubo contactos con el gobierno?
–Mire, las consecuencias que tienen que ver con la caída del empleo y la pobreza tienen dos vectores. Una es el derrumbe del poder adquisitivo del salario, hay una caída de la actividad económica producto de la disminución del consumo que coincide con la apertura de importaciones y trae menor consumo y para colmo, lo que se consume tiene mayor impacto en cosas importadas. Eso se nota en la industria automotriz donde hay mayor venta pero cada vez producimos menos porque los que más se venden son los de alta gama. Ahora, en este marco, cuando se dice que hay que dialogar sobre estos temas nosotros planteamos hablar de temas que son de fondo donde buscamos sostener una matriz de sociedad que no signifique sólo producir materias primas para exportar sin valor agregado. 
–Imagino que me está hablando de un cambio de modelo económico.
–Le pongo un ejemplo, digamos que todo el dinero que mueve el sector del agro es 100. Pues bien, el sector textil mueve apenas cinco. Pero ojo, ambos tienen la misma cantidad de trabajadores, formales e informales. Esto es lo que planteamos, no se puede decir que hay ineficiencia en el sector industrial y por lo tanto se deben cerrar las fábricas porque el impacto social es importantísimo. Si el país tuvo una devaluación impresionante en diciembre de 2015 y el año pasado una inflación del 40 por ciento, que desacomodó todo, no se puede esperar menos de lo que está ocurriendo. Esto es, endeudamiento, caída del consumo y del salario, es para preocuparse.
–Pero el gobierno insiste en su programa que provoca lo que usted describe. Entonces, ¿se puede cambiar el modelo? ¿Lo quiere hacer este gobierno?
–Lo primero que tiene que hacer el gobierno es comprender lo que está ocurriendo porque las 300 mil personas que siguen alrededor de ese sector, el textil, no se las puede tirar al margen del sistema productivo porque lo único que hacemos es agudizar la espiral descendente que vive el país. A lo que aspiramos nosotros es que el gobierno tenga una foto de lo que pasa en la Argentina. No me importa lo discursivo porque lo peor que podría sucederle a ellos es que no se defiendan. 
–¿Le pareció que lo que dijeron los ministros y el presidente Macri sólo eran fuegos de artificio?
–El presidente estaba en el medio de una cumbre del sector financiero y debía decir algo. Ahora la realidad es otra, deben tomar la foto de lo que ocurrió. Hay algunos funcionarios que reconocieron que sintieron la medida y la consideraron importante. Si no toman conciencia de eso es por lo menos una equivocación. Entiendo que pueden ponerse contentos porque hay una sector de la sociedad que los respalde pero su responsabilidad como gobierno es el de armonizar los diferentes sectores de la sociedad. Inclusive estos sectores que hoy están en la Casa Rosada fueron muy críticos con ‘el vamos por todo’ que le endilgaban al gobierno anterior. Pero ahora resulta que es exactamente lo mismo cuando dicen que “no nos van a poner palos en la rueda y vamos a seguir”. Es necesario que entiendan que a la democracia la deben comprender como un instrumento que institucionaliza la representación del pueblo en determinadas personas. Pero esas personas no son los dueños. Un plan económico debe ser del que gobierna pero nosotros, que representamos otro sector de la sociedad, les decimos lo que creemos que se debe corregir porque las consecuencias están a la vista, no?
–Macri le dio poca entidad al paro pero ahora lo considera como parte de la campaña electoral. ¿Es una muestra de debilidad?
–El quiere que en octubre se defina todo pero nosotros somos una representación plural y a mi no me cabe la menor duda de que muchos compañeros nuestros votaron al PRO. Algunos deben estar desilusionados y otros tal vez no. Pero en nuestra representación está que queremos discutir si vamos a trabajar los sábados y domingos o no. En esos temas los compañeros se sienten representados por nosotros.
–Insisto, ¿acaso no es una muestra de debilidad el recurrir al pretexto electoral?
–Es una estrategia de polarización. En la historia no muy lejana de nuestro país, salvo en 2001, siempre la polarización se planteó desde el poder para dividir. Entonces poner la confrontación por delante da cuenta que están buscando contener y abroquelar a su gente. Me parece entonces que en un momento donde la desilusión por los cambios prometidos que nunca llegaron está creciendo, la respuesta del gobierno es confrontar con el pasado olvidando el presente y el futuro. Nosotros no acordamos con eso porque lo que hay que discutir es lo que ocurre ahora para mejorar el futuro. Pero hay un tema más en el que queremos participar y que por ahora está herméticamente cerrado y es la relación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) porque eso nos puede cambiar la matriz como país para toda la vida. 
–¿La CGT lo visualiza como un peligro ese acuerdo que se está trabajando?
–Lo que vemos como peligroso es que los acuerdos sólo prevean que nosotros mandemos materia prima y que ellos nos devuelvan productos manufacturados, mano de obra, tecnología, ciencia aplicada y nosotros sólo seamos consumidores. El trabajo, el valor agregado será para Europa en detrimento de lo nuestro.
–Macri polariza con el pasado reciente que es el kirchnerismo al que lo califica como negativo. ¿Usted coincide con esa lectura del pasado?
–Lo que creo es que la democracia que recuperamos en diciembre de 1983 siempre dejó deudas. Hoy (por ayer) se publican datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires donde dice que el 50 por ciento de los ingresos es inferior a 15 mil pesos y el 25 por ciento es inferior a ocho mil pesos. Eso da cuenta del marco de pobreza que existe y que es una deuda del pasado. Eso es lo urgente por resolver pero no se lo va a conseguir aumentando la pobreza como ocurre ahora. La imagen de este gobierno era ir a pobreza cero pero la realidad es que los pobres son más.
–¿Tiene esperanzas en que este gobierno vaya a cambiar?
–Debo ser sincero, no soy un peatón que deambula por la vereda, tengo una responsabilidad por detrás y lo peor que podemos hacer es matar la esperanza. Creemos que objetivamente no se puede reducir la pobreza si no se modifican ciertas políticas. Y no es una locura lo que pedimos, queremos que los gremios vayan obteniendo, de manera responsable, incremento en su poder adquisitivo a través de paritarias sin tope.
–No es lo que muestra el macrismo y el ejemplo es la paritaria docente.
–Será un grave error que las paritarias terminen yendo por debajo del salario real porque mayor recesión con inflación superior al salario terminará por debilitar la actividad económica que agudizará y profundizará la crisis social. Ese no es un buen camino. Así que nosotros no le planteamos que dejen de gobernar ni que pongan el plan B. Lo que le decimos es que un modelo económico sirve si cierra socialmente. Si no cierra no sirve para nada. No se puede ajustar la macroeconomía con un daño a los sectores más vulnerables. Creemos que lo que está haciendo el gobierno va a deteriorar aún más la estructura social. Insisto, el único modelo económico sustentable es el que cierra socialmente.
–Toda una definición para que desde el gobierno lo tilden de kirchnerista.
–No, no, no. Tuve en todos esos años momentos de apoyar ese proceso (se refiere a los 12 años del FpV), luego fui crítico más que nada cuando el gobierno anterior se encerró en sí mismo. Pero no cabe duda de que en esos años pudimos recomponer salarios, veíamos las dificultades en la macroeconomía pero nunca el gobierno anterior fue sobre los que menos tienen.
–Al final, ¿alguien lo contactó desde el gobierno?
–No, sólo me crucé un momento con el ministro de Trabajo (Jorge Triaca) en un programa de TV. Quedamos en comenzar una ronda de conversaciones y nada más. 
–Le recuerdo que Pablo Moyano dijo que diálogo sí pero no sólo para la foto.
–Bueno, el diálogo son varias cosas. Primero debe haber un compromiso de discutir una agenda que se acuerde. Segundo, que esos ítems se puedan discutir y no que sean verdades únicas. Tercero, lo que se acuerde entre los sectores que participen se firme y se cumpla pero además, que el Estado sea garante de los compromisos que se asuman porque de lo contrario los fracasos recientes nos impiden tener una visión de mediano plazo.
–A ver, ¿no cree que la CGT debería haber reaccionado con más firmeza cuando el presidente Macri vetó la ley antidespidos?
–En ese momento la CGT no estaba normalizada pero uno tiene en claro que cada momento histórico tiene una realidad social diferente. En octubre pasado fuimos facultados para tomar una medida y en ese momento el gobierno nos convoca al diálogo que generó una fuerte expectativa. Algunas cosas se resolvieron como la ley de Emergencia Social e incluso se resolvió el tema ganancias, no sé si el proyecto fue el mejor, pero se le dio una respuesta al reclamo. La expectativa que generaron esas mesas, donde se acordó el bono de 2000 pesos y el acuerdo de no despidos, se realizaron en un marco donde las condiciones no eran las mismas de hoy. El problema fue que en enero se produjeron gran cantidad de despidos y la decisión de sostener el cierre de empresas tecnológicas permitió que todo empresario que quisiera despedir trabajadores lo podía hacer y ahí es donde decidimos que había que frenar esta situación. Entonces se convoca a una marcha donde se piden modificaciones del programa económico y se advierte que si no teníamos respuesta íbamos al paro. Lo que desfiguró la marcha fue la violencia del final y tapó a una de las movilizaciones más grande de los últimos 40 años. El gobierno se quedó con la foto de cuando se llevaron el atril y no vieron la realidad, no actuaron en consecuencia. Bueno, nosotros fijamos el paro que la sociedad acompañó con intensidad. Es importante que ahora el gobierno no tropiece de nuevo con la misma piedra y vea lo que está ocurriendo en las calles. 
–Es consciente de que si el día de la movilización anunciaba la fecha del paro se convertía en Ubaldini. ¿No pensó en eso?
–Sí, pero sabe qué pasa, nosotros somos coherentes con el planteo. Si no hubiésemos acordado la marcha, habríamos ido directamente a un paro pero consensuamos esta estrategia en el consejo directivo de la CGT. También podríamos haber hecho un paro en octubre de 2016 pero sin embargo forzamos el diálogo y gobierno accedió. Me parece que si no hubiésemos dados estos pasos el paro no habría sido tan efectivo porque el microclima nuestro nos limita la mirada pero la realidad es que una marcha se la hace con los propios pero para un paro es diferente. No alcanza con los nuestros porque se necesita el acompañamiento del resto de la sociedad.
–Ahora, el día de la movilización, los que pedían la fecha del paro eran los afiliados sindicales y no sectores que respaldan al kirchnerismo. Eran todos.
–Insisto, esos son los propios. Uno hablaba con los cuerpos de delegados y se hablaba de avanzar al paro pero luego los delegados que iban a hablar con los compañeros debían explicar las razones del paro. Ahora, para convocar al resto había que multiplicar la convocatoria.
–Y ahora qué viene. ¿Existe un plan de lucha?
–Lo que existe es un poder facultado o conferido por los trabajadores y la sociedad de plantearle al gobierno el cambio del modelo. Eso es lo de hoy, no sé qué vendrá después.
–Está bien, usted apuesta al diálogo pero, ¿hasta cuándo se debe esperar? 
–Hay que tener cuidado de no caer en decir que no hablamos más porque de lo contrario nos transformamos en una versión testimonial de la realidad mientras la nave va por otro lado y ocurren cosas que nos perjudican. Hay que tener mucho equilibrio y la estrategia precisa. Hay veces que el afán de posicionamiento termina generando esa visión testimonial de la vida y esto, llevado a los efectos concretos, nos puede dejar solo con el discurso mientras la realidad va por otro lado.
–Vuelvo a citar a Pablo Moyano. El dijo que si no hay respuesta hay paro en 20 días. ¿Es una expresión individual o eso se discute hacia adentro de la CGT?
–No, en la CGT hay un debate de ideas muy claro y que a veces lleva su tiempo. El instrumento del paro es una herramienta que nunca la vamos a negar. Ahora, la buena utilización en términos estratégicos de esos instrumentos nos puede generar, al cabo de un tiempo, mejores resultados. Esto es lo que hay que focalizar y centrarse. Estamos en una experiencia inédita porque no peleamos contra la dictadura ni contra un gobierno peronista, pero donde gobiernan liberales, como ocurrió en los noventa. Ahora estamos frente a un gobierno que ganó las elecciones con nombre, apellido, ADN y todo, y que tiene dos años más de mandato.
–¿Caracteriza al gobierno de Macri como neoliberal?
–Creo que tiene cosas similares al menemismo con algunas diferencias como que en aquellos años la apertura de la economía se produjo en un mundo que se expandía, cuando ahora el mundo se cierra, donde todos quieren vender y ninguno comprar. En ese sentido tiene similitudes, con altas tasas y donde de cada 4 dólares que ingresa uno solo va a inversiones estrategicas y el resto al mercado financiero. Tiene similitudes pero no creo que sean lo mismo.
–¿Cree que puede tener el mismo final?
–Los temores son mayores. Hoy hay un discurso muy metido sobre esto de las inversiones pero para ello necesitan menos derechos y menos salarios para que las inversiones se concreten. Basta con mirar el mapa de la región y ver, por ejemplo, que México le ofreció a los Estados Unidos las zonas francas de derecho laboral o maquilas y Estados Unidos les respondió con el muro que deben pagar los mexicanos. No alcanza con bajar salarios, destruir derechos, entonces o consolidamos sectores internos con una visión de lo que podemos vender al mundo y no con la mirada de la economía mundial.
–¿Hubo algún contacto con el papa Francisco por esta problemática?
–No hemos hablado con él pero leemos lo que a diario genera. Tuvo la valentía de intentar un debate de fondo que no existe en el mundo y es sobre el trabajo. En su última encíclica dijo que el dinero multiplica el dinero y descarta, a través de la tecnología, a las personas y destruye al planeta. Eso es una guía de que hay rumbos alternativos para el mundo. 
–Volvamos una vez más al diálogo con el gobierno. Usted dijo que de parte de ellos solo hubo fuego de artificio, pero hay un decreto que se inmiscuye en la vida de los sindicatos. ¿Eso no complica el diálogo?
–Todos los adjetivos complican el diálogo, este decreto también. Pero los que hablan de la necesidad de democratizar a los sindicatos no saben que nosotros le vemos la cara a los compañeros todos los días. En la época de los militares hubo un decreto que tiró por tierra el padrón de afiliados, cuando lo rehicimos teníamos más. La conciencia sindical es muy grande entre los trabajadores. 
–¿Es optimista o pesimista en cuento a lo que puede pasar con el gobierno? 
–Si no fuera optimista, si por lo menos no tuviera la vocación de intentarlo, estaríamos matando la esperanza y el movimiento obrero lo que no puede hacer es justamente eso, matar la esperanza.

09 de abril de 2017 | El país EL ARMADO POLÍTICO Y MEDIÁTICO EN EL EXPEDIENTE DE PROCESAMIENTO DE LA EX PRESIDENTA Los Sauces, una causa muy creativa

Los Kirchner son una “banda”. El embargo es seis veces superior a los alquileres supuestamente ilegales; Florencia es culpable por cosas que pasaron cuando tenía doce años; los contratos serían truchos aunque haya inquilinos de verdad... y después del escrito para salir en los diarios, el juez se declara incompetente.

El juez Claudio Bonadio dejó al descubierto que la causa Los Sauces fue un armado político, un expediente-colectora ilegal, en el que no pudo encontrar evidencia de delito. Pese a que el juez sostiene que los alquileres no eran alquileres sino coimas, no detectó ni un solo edificio en el que no hubiera inquilinos; no encontró ni un alquiler con sobreprecios y no pudo contrarrestar el hecho de que todos los movimientos de Los Sauces se hicieron con cheques y esos cheques se depositaron en los respectivos bancos. No hubo movimientos de dinero en efectivo. 
Por supuesto que el magistrado hizo lo habitual, procesó a todos los imputados con alguna relación con el gobierno anterior, pero al final tiró la toalla: declaró que no puede seguir investigando porque hay otros jueces que investigan lo mismo. 
Todo el caso Los Sauces plantea numerosas preguntas, algunas de las cuales no tienen respuestas:

1 ¿Qué es Los Sauces?

Es una de las dos empresas de la familia Kirchner que se dedica a la compra y alquiler de inmuebles. En la página 292, Bonadio se despacha con una frase insólita: “En cuanto al delito aquí investigado tenemos la formación de una sociedad inmobiliaria por parte de la familia presidencial, ‘Los Sauces S.A.’ –también Hotesur S.A.– cuando nunca habían incursionado en el rubro”. Los Kirchner compraron en 1977 su primera propiedad para alquilar, en la calle Brasil 520 de Río Gallegos. En 1979 ya tenían cinco propiedades y en 1981 once, que alquilaban. Cuando Néstor Kirchner ganó la intendencia de Río Gallegos, su primer cargo público de relevancia, los Kirchner tenían 23 propiedades, casi todas en alquiler. Todo eso surge de la investigación hecha por el juez Julián Ercolini, quien sobreseyó a la pareja de ex presidentes en el delito de enriquecimiento ilícito. 
Los Sauces tiene en total catorce propiedades. Para alquilar, dos condominios de cuatro departamentos cada uno en Río Gallegos, dos oficinas en Puerto Madero y un pequeño hotel en El Chaltén. Hay tres propiedades que no se alquilan: las viviendas de CFK en Río Gallegos y de Florencia Kirchner en Capital y un terreno en El Calafate. 

2 ¿Cuál es la hipótesis delictiva por la que el juez acusa a los Kirchner?

En palabras de Bonadio, “el hecho investigado se circunscribe a la creación de una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles, y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”.
“La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”, señala el juez. 
Lo que dice el magistrado, en concreto, es que los alquileres no eran alquileres, sino coimas a cambio de obra pública adjudicada a Lázaro Báez y licencias de juego otorgadas a Cristóbal López. 
La respuesta de las defensas es bastante sencilla: Maximiliano Rusconi, en nombre de Báez, señaló que el constructor alquilaba unas 400 propiedades en Santa Cruz porque el 40 por ciento de sus empleados –especialmente arquitectos, ingenieros y especialistas– provenían de otras provincias. Báez mencionó que le alquiló inmuebles a las ocho inmobiliarias existentes en Río Gallegos. Los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, a través de sus abogados Fernando Castejón y Sebastián Maggio, detallaron uno por uno los 493 alquileres de sus empresas. Todos señalaron que no puede ser delito alquilar y menos todavía que eso los incluye en una asociación ilícita.

3 ¿Hay indicios de que los alquileres de Los Sauces fueron simulados?

Una de las formas para demostrar que los alquileres no eran alquileres sino coimas sería probar que las operaciones eran simuladas. Sin embargo, el juez Bonadio realizó cuarenta allanamientos y en todos los casos encontró inquilinos en los inmuebles. 
El defensor de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, razonó que si se tratara de alquileres simulados habría que pensar que los inquilinos vivían gratis en esos inmuebles. El juez no sostiene nada parecido. En las 392 páginas del procesamiento admite que los inmuebles estaban ocupados por inquilinos. Aún así dice que “si bien dichas viviendas pudieron ser efectivamente ocupadas por empleados de las firmas de ese grupo Báez, nada obsta a que dicha maniobra sea ilegal y como devolución de esas concesiones de obras públicas”. Y no aporta ninguna otra explicación. Es un razonamiento difícil de convalidar: si el alquiler es real, el intercambio de dinero por el uso de una propiedad, no puede ser una coima.

4 ¿Hay indicios de sobreprecios en los alquileres?

Sería la otra variante posible para que el alquiler no sea un alquiler sino que tenga una parte de coima: si el valor estuviera muy por encima del precio de mercado se estaría haciendo una transferencia a los Kirchner que podría adjudicarse a una coima. Bonadio no aporta nada sobre eso, no lo señala como un argumento y no encontró ni un solo caso de sobreprecios.  
La defensa del grupo Indalo acompañó los contratos firmados por tres de sus empresas –Oil Combustibles, Oil M&S y CPC– con los precios de alquileres que pagan por oficinas en Puerto Madero o en Catalinas, las zonas de mayor valor comercial de la ciudad de Buenos Aires, similar a los dos departamentos alquilados a Los Sauces. En las cuatro oficinas alquiladas se pagaron 34 dólares por metro cuadrado y por mes, 32 dólares, 29 y 30 dólares por metro cuadrado y por mes. En las dos que se le alquilaron a Los Sauces se pagaron 29,20 y 30,50 por metro cuadrado y por mes. Como se ve, precios de mercado, similares en todos los casos. 
O sea que se trata de alquileres en los que había inquilinos y en los que se pagaron precios de mercado. 

5 ¿Alquileres de favor?

Un argumento que se podría esgrimir es que las propiedades eran difíciles de alquilar y que por lo tanto los empresarios le hicieron un favor a los Kirchner alquilando esos inmuebles. La realidad es que, por ejemplo, las dos propiedades de Puerto Madero, antes que a Indalo fueron alquiladas a dos mutuales que entre sus actividades tenían el préstamo a jubilados. Como se sabe, el gobierno de CFK cortó esa modalidad porque consideró altísimos los intereses que se cobraban en créditos que tenían total seguridad de cobranza porque las cuotas se descontaban directamente de los pagos mensuales de cada jubilado. O sea que se trató de propiedades alquilables, que tuvieron otros inquilinos, e incluso alguno a los que el gobierno de CFK perjudicó en su negocio. 
Más allá de estos detalles, lo cierto es que tampoco Bonadio pudo argumento esto para sostener que no se trató de alquileres sino coimas. 

6 ¿Se cuestionan las propiedades de Los Sauces?

No es el ángulo principal del juez y en rigor plantea algunos debates que son más bien contables. Respecto de los inmuebles de Río Gallegos, fueron comprados en los años 70 por los Kirchner, pero se le hicieron refacciones para convertir las dos propiedades en ocho departamentos. Están declarados como dos condominios y Bonadio señala que deberían ser declarados como ocho departamentos. 
La defensa de los Kirchner considera absurdo el cuestionamiento a la compra de la vivienda donde hoy vive Florencia. Bonadio dice que no se sabe de dónde viene el dinero y que se movió en efectivo. Beraldi, en cambio, señala que la documentación y los testimonios de los gerentes del Banco Nación atestiguan que el dinero estaba en un plazo fijo, que el propio banco lo cambió por Cedines –el instrumento para operaciones inmobiliarias que estaba vigente den 2011– y que esos Cedines se le entregaron al vendedor. No hubo dinero en efectivo y la plata provino de un plazo fijo bancario. 
Un dato curioso es que el magistrado objeta las reformas que se hicieron en las dos propiedades de Río Gallegos. Las obras fueron hechas por una empresa de Báez y el juez dice que se pagó demasiado: unos 400.000 pesos demás en las dos reformas. Se trataría de lo contrario de la hipótesis que él mismo trazó: dinero de los Kirchner a los Báez, o sea una coima al revés. 

7¿Por qué acusa Bonadio a CFK en relación a las licencias por las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo?

La cuestión es sorprendente. Bonadio dice que los alquileres de las dos propiedades de Indalo en Puerto Madero son en compensación por la extensión de la licencia en el Hipódromo. Sin embargo, esas licencias fueron extendidas por Néstor Kirchner, no por CFK. Luego hubo una causa judicial y el juez Julián Ercolini decretó el sobreseimiento en el caso, con el visto bueno del fiscal Gerardo Pollicita.  Lo asombroso es que Bonadio argumenta que la ex presidenta debió revocar esa licencia. Es como imputar a un mandatario por no revocar lo que hizo otro. Si un juez considera que tomar deuda en Nueva York es delito, se acusará a su sucesor por no revocar lo que decidió su predecesor. La defensa de CFK sostiene que hubiera sido incluso ilegal tomar una resolución de esa naturaleza, ya que la justicia había dicho que no hubo delito en la extensión de la concesión.

8 ¿Es delito alquilarle a un contratista de obra pública o a un concesionario del Estado?

Los Kirchner ya afrontaron una acusación de ese estilo cuando se los acusó por alquilarle el hotel Los Sauces a Juan Carlos Relats, un contratista de obra pública. El juez Ercolini sostuvo que los mandatarios tienen derecho a administrar sus bienes, que los movimientos tienen que tener cierta lógica de mercado, o sea que no sean excepcionales, y que si se saca una norma para contratistas debe ser para todos por igual y que no favorezca en especial al que alquiló. Los Kirchner fueron sobreseídos por Ercolini, también con el visto bueno del fiscal. 
El tema está en discusión en el mundo entero, actualmente tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, pero antes por las incompatibilidades de Macri o las de Sebastián Piñera. Se trata de otras dimensiones ya que ninguno de esos tres empresarios-presidentes se dedican a alquilar una docena de propiedades sino que mueven decenas, centenares e incluso miles de millones de dólares en operaciones personales, en algunos casos directamente con el Estado.  
Como surge de todas las declaraciones testimoniales e indagatorias, CFK no se ocupó de las inversiones familiares y no tuvo relación con ninguno de los empresarios. Desde la muerte de Néstor Kirchner y hasta que dejó el gobierno, la ex mandataria se vio con Báez una sola vez. Y tampoco hubo vínculo cercano entre los empresarios con Máximo Kirchner y menos aún con Florencia. Pese a todo, Bonadio ubica a los tres integrantes de la familia como jefes de una asociación ilícita. Un experimentado juez, consultado por este diario, sostiene que hoy en día el lavado de dinero y la asociación ilícita son como la sal: van bien con todas las comidas. O sea que cuando no hay una buena acusación, se recurre a esas figuras para condimentar alguna imputación. 
En el caso Los Sauces se incluyó en la supuesta asociación ilícita a los escribanos, a los empleados que firmaron o depositaron cheques y se sindicó como una de las jefas a Florencia Kirchner, que tenía 12 años en 2003 y 16 cuando se fundó Los Sauces. La hija presidencial  no tiene relación ni mando, ni siquiera conoce a la inmensa mayoría de los imputados. Como señala Beraldi,  a cualquier grupo de personas se la acusa de asociación ilícita y el propio juez, con visible intencionalidad política, le da la peyorativa denominación de banda, apuntando de esa manera a la tapa de los diarios. 
Algo parecido sucede con el lavado de dinero. Las defensas afirman que es irracional acusar por ese delito a quienes realizaron operaciones con cheques y depósitos bancarios. Si el delito consiste en blanquear dinero negro, lo cierto es que el dinero en Los Sauces siempre pasó de un banco a otro, o sea ya estaba en blanco. 

9 ¿Pueden ser los alquileres una coima por la obra pública o las concesiones de juego?

El juez precisa exactamente cuánto fueron los alquileres en los siete años de existencia de Los Sauces: 25.975.868 pesos. A eso hay que descontarle el IVA, de manera que quedarán unos 23.800.000 en los siete años. Como ya se ha dicho, esa cifra no guarda la menor proporción ni con la obra pública ni con ninguna licitación de juego. Sólo en Santa Cruz, a Báez se le adjudicaron obras por más de 20.000 millones de pesos.
Hasta ahora, la hipótesis de las coimas por obra pública tiene un obstáculo: a los Kirchner no se les encontró ni una cuenta ni una sociedad ni un movimiento en el exterior ni bóvedas ni dinero en efectivo ni bienes no registrados. 

10 ¿Cómo sigue ahora la causa Los Sauces?

Como hizo en otros casos en los que se imputó a funcionarios del anterior gobierno, Bonadio procesó a todos. Un dato llamativo es que trabó un embargo por 130 millones de pesos cuando la totalidad de los alquileres rondó los 23 millones. Las defensas sostienen que eso demuestra el show político del magistrado. 
Pero la mayor “confesión” del juez es que al final de las 392 páginas se declaró incompetente para seguir investigando porque los alquileres de Los Sauces tienen conexidad con Hotesur y con la obra pública y con la investigación sobre la existencia de una asociación ilícita. De esa manera, sin pruebas, le mandó el expediente a otro magistrado, Julián Ercolini. Es una evidencia de lo que se le cuestionó desde el principio: que Bonadio armó una causa colectora, un expediente duplicado, sólo para realizar una acusación política. 
El magistrado estuvo a cargo de Hotesur, el expediente que incluía todos los alquileres de Los Sauces, pero fue desplazado por la Cámara Federal por graves irregularidades: convocó a testigos sin notificar a las partes, no permitía ver el expediente y terminó ordenando una pericia a la que no convocó a las defensas. Una vez que lo eyectaron de Hotesur, a través de una maniobra procesal en la que participó Margarita Stolbizer, Bonadio armó la causa paralela Los Sauces. Las defensas denunciaron varias veces la maniobra, recusaron al magistrado, pero la Cámara lo convalidó. Ahora él mismo reconoció su incompetencia. En la apelación, es casi seguro que todas las partes –ya lo hizo Beraldi– señalarán que el fallo de un juez incompetente es nulo.
Como vienen las cosas en Comodoro Py, con el pleno dominio de la alianza político-judicial-mediática manejando los hilos contra el gobierno anterior, es improbable que nulifiquen el fallo. Pero habrá una audiencia en que las defensas expondrán sus argumentos. Habrá que ver cómo hacen los camaristas para dejar en pie un fallo que sólo se puede explicar en función de la persecución política. 

09 de abril de 2017 | El país EL PRESIDENTE MAURIZIO MACRÌ Y LAS MAFIAS De Calabria al Plata

La declaración de Macrì de lucha contra las mafias y el rol en la mafia calabresa de Antonio Macrì, jefe de la ’Ndrangheta en Siderno, a 30 km de Polistena, donde el abuelo del presidente hizo fortuna como constructor y concesionario del Correo antes de dedicarse a la política y emigrar. El nuevo encubrimiento en la causa por el atentado a la DAIA. Milagro Sala y la peregrina equiparación con criminales de lesa humanidad que imagina Lorenzetti, quien ya no impera en soledad sobre la Corte Suprema.
El lunes el presidente Maurizio Macrì firmó con los sindicatos de trabajadores de la construcción y de obras sanitarias y con la cámara patronal de empresas constructoras un denominado Acuerdo Federal, que en realidad es una carta de intenciones. Incluye capacitación para prevenir accidentes laborales, modificaciones legales que incentiven la construcción de viviendas para alquiler si el Congreso las aprueba, desgravaciones impositivas si los gobiernos provinciales y los bancos adhieren, créditos del Banco Nación a tasas y plazos que deberían ser atractivos, reducción de los precios de venta de inmuebles para sectores medios, si las empresas lo disponen. Anunciado luego de la movilización a favor del gobierno del sábado 1º y en la semana del primer paro general de la CGT, ese catálogo de propósitos edificantes intentó mostrar un gobierno activo que mantiene abiertos los puentes con los representantes de los trabajadores. Por eso desconcertó a propios y extraños que Macrì eligiera esa ocasión para emitir un ígneo discurso antisindical, frente a los oficialistas seriales Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, los dirigentes más dispuestos a conciliar con el Estado, cualquiera sea su gobierno. Aún eufórico por el acto del 1º de abril, contó que un cartel decía que “voté a Macrì porque no quiero más mafias” y prometió luchar contra los “comportamientos mafiosos, que están en los sindicatos, las empresas, la política, la Justicia. No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente. Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos”. Al día siguiente reunió a sus ministros y se preocupó por que trascendieran las palabras que les dirigió, a propósito del paro de la CGT que no podía impedir y que se concretó el jueves: “O los mafiosos van presos o nos voltean”.
Esta deliberada reiteración presidencial recuerda la primera denuncia contra las mafias de Domingo Cavallo, dos meses antes de la elección presidencial de 1995, es decir el mismo uso proselitista que le da hoy Macrì: presentarse como el bien en lucha mortal contra el mal. Teología Política I. Pero también hace pensar en una nota publicada en este diario hace un mes y medio. No tuvo la repercusión que merecía, acaso porque su título no permitía atisbar de qué trataba, tenía la prosa ascéptica de la academia y su fina ironía pasó inadvertida para el apurado lector de diarios. “Andragathos”, es el título. El texto explica que esa palabra proviene del grecoitaliano usado en Calabria y está constituida por andrós –hombre– y agathòs –bello y bueno– entendido como valeroso o corajudo. 

Andragathos no se refiere a los pequeños felinos que desde hace un tiempo entibian los sillones de la política argentina, como una novedosa invectiva adosada al apellido presidencial. 

En los dialectos calabreses andragathos da origen a la palabra ’ndranghita, que italianizada se vuelve ’ndrangheta. Esos términos están ausentes de la lengua y del léxico político argentino, pero reverberan en la teoría del Estado de un año a esta parte, sigue ese texto de admirable sutileza. Su autor, el filósofo Rocco Carbone, es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, se reconoce discípulo de David Viñas e investiga sobre los discursos políticos y culturales. Para Carbone, ’Ndrangheta es poder. Espeso, antiguo, confiable, que concentra prestigio, control del territorio y dinero. Esa organización mafiosa calabresa descansa sobre una estructura familiar. La familia natural (’ndrina) se amplía hacia la familia mafiosa (’ndrangheta), que controla territorios muy definidos, sobre los que actúa como contrapoder de las instituciones democráticas. La ’ndrina es el secreto del éxito de la ’ndrangheta en el plano criminal, junto con el sigilo de quien, como forma de infiltrar la política y las instituciones, prefiere las bambalinas a las luces del escenario. Desprendida de sus orígenes rurales en el siglo XIX, la ’ndrangheta se especializó en la obra pública, edilicia y de infraestructura y articuló un nudo de intereses, lícitos e ilícitos alrededor de arquitectos, ingenieros y políticos. Ahora integran la ’ndrangheta modernos empresarios con doctorados de universidades muchas veces privadas, capaces de expresarse y hacer negocios en varias lenguas. Para Carbone, la ’ndrangheta pone en diálogo lo local con lo global, en el cruce entre dos dimensiones antitéticas: lo arcaico, con sus ritos centenarios, y lo ultramoderno. Costumbres ancestrales y economía globalizada. Armas y drogas, como otras mafias italianas, pero también licitaciones y financiamientos públicos, inversiones inmobiliarias, operaciones financieras. Nació en Calabria y desde ahí se proyecta hacia el resto del mundo. Sus miembros ocupan cargos políticos en aquellos países en los que la ’ndrangheta opera. Debido a la estructura familiar, los apellidos permanecen. Piromalli de Gioia Tauro, Tripodo de Sambatello, De Stefano de Reggio Calabria, Nitra de San Luca, ’Ntoni Macrì de Siderno, enumera Carbone. Macrì con acento grave en la ì, como lo escribo desde que conocí la historia familiar del actual presidente argentino. 
(O sea, Antonio Macrì, un nombre y apellido conocidos en la política argentina, agrego yo. Otro Antonio Macrì, Tonino para quienes lo conocieron en las actividades culturales y de beneficencia que lo ocupaban, era el hermano de Franco. Antonia Macrì es la hija del presidente).
Siderno queda a 30 kilómetros de Polistena, en los llanos de Gioia Tauro, donde hizo su fortuna con una empresa constructora Giorgio Macrì, el padre de Franco, Pía y Tonino, abuelo de Maurizio y Jorge y también de Angelo Calcaterra, parte de la ‘ndrina y asociado en los negocios familiares. Según Rocco Carbone, el puerto de Gioia Tauro, el mayor de Calabria, fue construido y sigue bajo el control de familias de la ’ndrangheta.
Angela Nocioni escribió en el bisemanario Perfil que Giorgio Macrì era hijo de una familia de terratenientes y además recibió del Estado la concesión del Correo en la región de Roma. En las postrimerías de la segunda guerra mundial fue uno de los fundadores del Partido del Hombre Común, l’uomo qualunque, que expresaba los temores y la insatisfacción de las clases medias con la democracia que sucedería al fascismo. La ideología qualunquista era antipolítica, con desconfianza de lo público, rechazo al pago de impuestos y exaltación del individualismo. Ese partido obtuvo un buen caudal de votos en la primera elección de posguerra, hasta que el Vaticano intercedió ante los Estados Unidos victoriosos, cuyas tropas aún ocupaban Italia, para que la fuerza escogida como contención del comunismo no fuera el qualunquismo sino la democracia cristiana. Giorgio se dirigió a la Argentina en 1946 y tres años después lo siguieron sus hijos. Franco se casó con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primogénito que hoy preside la Argentina. Tonino tuvo a Jorge, el primo inteligente de Maurizio, y Pia a Angelo Calcaterra, el propietario nominal de las empresas familiares hasta el último acto de prestidigitación por el cual quedaron anotadas a nombre de Marcelo Mindlin, quien desde esta semana sucede a Claudio Avruj como presidente del Museo de la  Shoah. Con 26.381 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el Grupo Agropecuario Blanco Villegas integra la cúpula de los mayores terratenientes del país. 

Los nombres Jorge y Antoni@, los latifundios agrarios, las empresas constructoras, la concesión del correo, la incursión en política con un partido individualista y antipolítico. Los corsi y ricorsi de Vico, en una misma familia, a caballo de tres siglos y dos continentes.

Transcribo en forma textual el remate del artículo de Rocco Carbone: “Los apellidos de estas familias se ampliaron regionalmente, a través de matrimonios. A nivel nacional e internacional, a través de los múltiples fenómenos migratorios de Calabria hacia el mundo. Una región pródiga para con la ‘inmigración colonizadora’ fue, por ejemplo, el Río de la Plata. Basta volver a los apellidos que soportan los personajes de la literatura social de Boedo. Pero también se encuentran en el mundo de la política local actual.  Apellidos y lógicas: maneras de hacer. La designación en el Gobierno de empresarios en áreas especializadas del Estado revela un reclutamiento de funcionarios entre amigos y familiares, vínculos ultracercanos. Estas elecciones están vinculadas a una lógica ‘familiar’. Porque la familia es un bien que hay que cuidar, en Calabria y en la Argentina. ¿Explicará esta lógica la condonación de la deuda (70.000 millones de pesos) del Correo Argentino, administrado por una empresa del grupo Macrì, para con el Estado nacional? ¿Será casualidad que hace unos días en el puerto de Gioia Tauro, construido y controlado por la ‘ndrangheta, hayan desembarcado 55 kilos de cocaína procedentes de la Argentina, por un valor estimado de 11 millones de euros?”. 
Rocco Carbone se radicó en la Argentina en 2004. Pero nació hace 42 años en Consenza, también en la región de Calabria, a una hora y media de auto de Siderno y Polistena. Es decir que habla con conocimiento de causa. ¿El presidente Macrì también?

El encubrimiento

Es difícil encontrar mejor ejemplo de conducta mafiosa que el encubrimiento del atentado de 1994 a la sede de la DAIA, el órgano político de las organizaciones sionistas en la Argentina, y la AMIA, la mutual de la colectividad judía en el país. Un fallo del Tribunal Oral Federal 3 anuló en 2004 todo lo actuado por el juez Juan Galeano “en beneficio de políticos inescrupulosos” y ordenó sentarlo a él en el banquillo de los acusados, junto con los fiscales de la causa y con otros responsables de desviar la investigación y encubrir a los autores del atentado. En la instrucción de la nueva causa a cargo del juez Ariel Lijo, también resultaron procesados el ex presidente Carlos Menem, sus ministros Carlos Corach y Hugo Anzorregui, el ex jefe de la División Antiterrorista de la Policía Federal, comisario Fino Palacios, el ex presidente de la DAIA, Ruben Beraja, y el ex agente de la SIDE Patricio Pfinnen que pagó 400.000 dólares al desarmador de autos robados Carlos Telleldín para que acusara a una banda de policías bonaerenses, autores de muchos delitos comunes pero no del atentado. Luego de interminables dilaciones, el juicio por el encubrimiento comenzó en 2015 ante el Tribunal Oral Federal 2 que integran los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli. El gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, que reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por el encubrimiento invirtió millones de dólares en la fiscalía especial creada en 2004 para reencauzar la investigación, a cargo del fiscal Natalio Alberto Nisman. Pero diez años después se confirmaron las denuncias de los familiares de las víctimas del atentado: Nisman usó ese dinero para viajar por el mundo bien acompañado y delegó las tareas de la causa a los aparatos de inteligencia local, israelí y estadounidense, que utilizaron el expediente para avanzar sus intereses en el complejo escenario de Medio Oriente, conformando así un segundo encubrimiento. Las filtraciones de Wikileaks mostraron que antes de presentar sus escritos el fiscal los sometía al escrutinio de la embajada de Estados Unidos, que le señalaba el rumbo a seguir. Cuando ya sobre el final de su mandato la ex presidente CFK quiso poner fin a ese escándalo, Nisman y sus mandantes la involucraron en una fantasiosa denuncia por traición a la patria. El actual gobierno impulsó la reapertura de la causa ya fenecida de la denuncia del fiscal, a la que intenta sumar la investigación por su muerte, que sin ningún elemento de prueba considera un homicidio y que la Corte Suprema de Justicia sin ningún fundamento extrajo de la justicia criminal y la depositó en el pantano federal de la avenida Py. En las audiencias del juicio por el encubrimiento, la querella de la DAIA trata de que no avance el esclarecimiento de las responsabilidades de su ex presidente Beraja, cuyo director ejecutivo en aquellos años fue el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La semana pasada renunciaron los dos abogados de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, porque el ministro Germán Garavano decidió sumarse a la estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti y no buscar la verdad sino la conveniencia política. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley exigido por la DAIA, que habilita el juicio en ausencia, lo cual permitiría cerrar el caso con un fallo sólo en apariencia legal, condenando a quienes los aparatos de inteligencia de Washington y Tel Aviv señalen. Tal como se anticipó el domingo pasado aquí, Macrì firmó ahora el decreto 229/17, que la propaganda oficial presenta como una orden de desclasificar toda la información de inteligencia sobre el atentado para ontribuir a su esclarecimiento pero que en la realidad significa todo lo contrario. El decreto 395/15, firmado por la ex presidente, ya había dispuesto esa desclasificación. La documentación fue entregada hace dos años a la Unidad Fiscal de Investigación del atentado (UFI/AMIA), junto con la llave de las bases de inteligencia donde se guarda, en el edificio Barolo, de Avenida de Mayo al 1300, ya que por su peso y volumen era imposible mudarla a la sede de la UFI/AMIA, frente a la Plaza de Mayo. El decreto de Macrì, Garavano y el jefe de gabinete Marcos Peña Braun entrega esos archivos en forma ilegal para su recuperación, conservación, digitalización, sistematización y análisis a la Unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia, creada en 2000 por Fernando De la Rúa y ahora a cargo del radical patagónico Mario Cimadevilla, junto con la partida presupuestaria que se le retaceó al Grupo Especial de Relevamiento Documental de la Procuración General (GERAD). Con Cimadevilla colaborarán especialistas de la Universidad de San Andrés, una de las canteras de reclutamiento de cuadros para el gobierno de los CEOs. Sólo la Fiscalía puede disponer cualquier tarea sobre la documentación y convocar a la UEI/AMIA del Poder Ejecutivo, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad de aeropuertos o quien considere necesario y no a la inversa, desplazar al Ministerio Público por una dependencia del gobierno nacional. La intrusión de este comisario político en una tarea que se venía realizando con seriedad profesional hace pensar que deben haberse encontrado allí materiales explosivos sobre la responsabilidad estatal y de las propias agencias de inteligencia, que antes del atentado tenían la tarea de impedirlo y una vez producido de investigarlo. La escudería Stiuso sabe lo que hay allí, y Marta Orly o Mirna Irigaray, reincorporada por la AFI en octubre pasado, lo sabe mejor que nadie. Ahora corre peligro de desaparición. “Con este decreto retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de una de las asociaciones de familiares de las víctimas, porque “le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a…Arribas y Majdalani. Es una infamia”. Pasado mañana se lo dirá en la cara a Garavano, junto con la exigencia de “apertura incondicional de los archivos secretos, de fortalecimiento del grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscalía y de repudio al proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, reclamando la conformación de una Comisión Investigadora Independiente”.

El extravío

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención preventiva de Milagro Sala es arbitraria y dijo que la Corte Suprema de Justicia debe dejarla en libertad de inmediato. La Corte no tiene plazos para decidir, pero Avruj le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no concediera la medida cautelar solicitada por Amnistía, ANDHES y el CELS antes de su visita al país, a partir del 22 de mayo, porque para esa fecha esperaba que ya se hubiera pronunciado el máximo tribunal interno. Antes aún, el 8 de mayo visitará el país el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Dentro de diez días el Grupo se reunirá en Ginebra, donde Avruj podrá desplegar su meliflua seducción con el mismo propósito. Esos dos organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos opinaron que la detención de Milagro es arbitraria y que debe recuperar lo antes posible su libertad, tal como ha hecho ahora la Procuración General. Esto ratifica que en cuanto se deja atrás Macondo, sea en Ginebra, Washington o Buenos Aires, el derecho recupera vigor y la prepotencia del poder retrocede. No obstante, es preciso seguir con atención las maniobras que intente el asediado presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuyo juicio político fue solicitado por la legisladora de la Alianza Cambiemos Elisa Carrió. Lorenzetti tiene la fantasía de desasirse del clavo caliente de los dos recursos extraordinarios por la libertad de Milagro Sala, con una detención domiciliaria que la víctima no pidió ni consiente. “La detención domiciliaria es para los genocidas y yo no cometí ningún crimen” dijo cuando dos enviados de Garavano y Avruj la sondearon sobre esa propuesta extorsiva. Tal vez inspirado en esa frase, Lorenzetti pidió los distintos expedientes en los que militares privados de su libertad por crímenes de lesa humanidad, solicitan ser trasladados de unidades penitenciarias a su casa. La semana pasada Lorenzetti se fotografió flanqueado por el juez argentino Claudio Glock y el brasileño Sergio Moro, los perseguidores judiciales de CFK y de Lula. Moro fue invitado al país por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los estudios de abogados de grandes empresas, aquellos que en 1976 redactaron el decreto por el que el dictador Jorge Videla y su ministro José de Martínez de Hoz derogaron el artículo 1º del Código Procesal Civil y Comercial que impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”; que en la década siguiente diseñaron el modelo de privatizaciones que dilapidó el capital social acumulado por generaciones de argentinos y que ya en este siglo, litigaron contra el Estado en el CIADI. La misma mano se reconoce en el decreto 29 del 12 de enero de este año por el que Macrì, Peña Braun y Luis Caputo autorizaron la emisión de nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares, renunciando a  oponer la defensa de inmunidad soberana ante “los tribunales estaduales y federales” de Nueva York y Londres. El decreto 231 concretó la misma resignación de soberanía ante los tribunales de la Confederación Helvética por 3.000 millones de francos suizos. Del presidente de la Corte, quien ha firmado un libro en el que se afirma que los juicios por crímenes de lesa humanidad son parte del contrato social de los argentinos, puede esperarse cualquier cosa porque ha extraviado el rumbo y se siente acorralado. Cuesta creer que Elena Highton, Juan Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz tengan tan poco respeto por si mismos como para acompañarlo en la oprobiosa equiparación de la organizadora social jujeña con secuestradores, torturadores y asesinos.
Otro femicidio
Apareció sin vida el cuerpo de Micaela, la joven desaparecida hace 7 días. En lo que va del 2017, fue asesinada una mujer cada 18 horas. Se organizaron marcha en diferentes ciudades del país para reclamar contra la violencia de género.

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