La Cámara Comercial rechazó un pedido de la fiscal Gabriela Boquín para filmar la audiencia del jueves próximo en las que se volverá a discutir el acuerdo para que el Correo Argentino salde su deuda con el Estado. Boquín, quien frenó un intento para la condonación casi total de la deuda de la empresa de la familia Macri, había pedido la filmación invocando las condiciones de máxima “transparencia” que dijo alentar el propio Gobierno y, además, sostuvo la necesidad de garantizar la “seguridad y prevención de presiones” que puedan alterar su “deber en la protección del interés general”. Dos camaristas dijeron que basta y sobra con que se firme un acta escrita. En otro frente judicial, la empresa dejó en claro que no quiere vuelta a foja cero, contra lo que había anunciado el presidente Mauricio Macri, ya que rechazó en términos muy duros la caducidad de su reclamo de 2300 millones de pesos por daños y perjuicios derivados de su estatización en 2003. Ahora debe resolver la jueza del fuero contencioso administrativo Macarena Marra.
La audiencia que se viene
La fiscal Boquín tiene un papel central en toda esta historia, porque fue ella quien a través de un dictamen en el juicio concursal por la deuda del Correo desnudó que el Estado había aceptado un acuerdo que describió como “abusivo”, “ruinoso” e “inadmisible”. Implicaba una quita del 98,87 por ciento de la deuda: a valores actuales, 4.000 millones de pesos. El juicio se remonta a 2001. El Estado había rechazado propuestas del Grupo Macri para saldar la deuda, pero sorpresivamente en junio del año pasado cambió de estrategia y aceptó condonar casi todo lo que el Correo debía, representado por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, un funcionario con nombramiento transitorio (por 180 días). Tras el dictamen de Boquín –quien no había sido convocada a la audiencia– en el que cuestionó el convenio, el Gobierno intentó resistir con justificaciones, pero finalmente tuvo que dar marcha atrás. Se retractó y pidió una nueva audiencia en la Cámara. El ministro Oscar Aguad la requirió por escrito de mala gana, “sin perjuicio -decía-de no compartir ni los fundamentos ni el espíritu ni las conclusiones de la Sra. Fiscal que intervino en la causa”.
El tribunal puso como fecha para la convocatoria el jueves 16 de marzo y esta vez convocó a la fiscal. Boquín pidió que la o las audiencias que se lleven adelante sean filmadas. Es un procedimiento habitual en muchos juicios, en especial penales y de interés público. Ella recordó que la nueva audiencia fue pedida por el Estado nacional “a fin de obtener la mayor transparencia pública posible”. Para garantizarla, señaló, pidió el registro audiovisual, a lo que agregó que: “es de especial interés para esta fiscal atento a que diversas publicaciones se refieren a mi actuación en forma difamatoria y falaz, atribuyéndole finalidades inexistentes o ajenas a la misma”. “Lo que solicito no sólo resultará útil a los fines de obtener mayor transparencia del acto sino también garantizará la seguridad y la prevención de presiones tendientes a alterar el cumplimiento de mi deber en la protección del interés general”, señalaba Boquín. Sugería que, en caso de no tener la tecnología necesaria se le podía pedir colaboración a la Corte Suprema, que cuenta con ella.
La respuesta de la Cámara fue tajante: “No ha lugar a lo solicitado”, una frase habitual en las películas de jueces y abogados. “La transparencia a la que se alude en el escrito (del Estado Nacional) se vincula con la aceptación de la propuesta y no a lo actuado en esta sede”; además, agregó, “las actas que dan cuenta de las audiencias son suscriptas por los comparecientes previa lectura y ratificación, a lo que se agrega que las mismas son incorporadas al registro informático”, decía la resolución que lleva las firmas de las camaristas María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero -también conocida por ser la actual presidenta de la tradicional Asociación de Magistrados- y su colega Matilde Ballerini.
Así las cosas, todo lo que suceda en la nueva audiencia, donde el Correo Argentino debería hacer una nueva propuesta para pagar lo que le adeuda al Estado, quedará entre las cuatro paredes de la sala y librado a las interpretaciones de sólo de quienes estén presentes por la empresa, el gobierno, la fiscalía y el tribunal. El reaseguro del registro fílmico no existirá en caso de que alguien perciba presiones. Si se llega a un nuevo acuerdo, luego la Cámara -previo consentimiento del a fiscal– deberá aprobarlo.
Sin foja cero
En un segundo dictamen, la fiscal Boquín advirtió en particular sobre el hecho de que empresa de correo de los Macri había iniciado una demanda contra el Estado por daños y perjuicios (por la falta de pago de supuestas inversiones y tras la estatización en 2003) 15 días antes de la audiencia en la que el representante Mocoroa prestó conformidad al acuerdo. El monto reclamado era de 2.300 millones de pesos. Fue ampliado incluso 25 días después del convenio. Para la fiscal fue un acto de “mala fe”. No sólo quería sacar tajada con la condonación de la deuda sino que, además, quería cobrar (y a una tasa de interés del 11 por ciento, mucho mayor que la que ofrecía, de 7).
En la conferencia de prensa en la que, tras el escándalo, Macri anunció lo que llamó la vuelta “a foja cero”, como si fuera un “borrón y cuenta nueva”, dijo que para lograrlo pediría el cierre de la demanda económica del Correo Argentino contra el Estado. Ahí fue que el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, hizo un planteo de “caducidad”, un recurso al que se puede echar mano cuando ninguna de las partes haya hecho ningún movimiento en los últimos seis meses. Ese plazo, según el Procurador, venció el 14 de febrero.
Esta semana quedó claro que la vuelta a cero es sólo una expresión en el aire, ya que el Correo, una vez que la jueza Marra le dio plazo para que presente su postura, se apuró y se adelantó al vencimiento y rechazó el planteo de caducidad por considerarlo dotado de una “audacia argumentativa” “impropia de cualquier litigante”. La empresa insiste en su reclamo económico. La virulencia de su posición y el anuncio de que estarían dispuestos a pelear fuerte por obtener dinero, se entrevé en la elección del estudio de abogados que encabeza Juan Carlos Cassagne, vinculado al Colegio de Abogados de la Calle Montevideo (defensor de golpes de Estado) y que representa, por ejemplo, a la Sociedad Rural en el juicio en el que reclama al estado la restitución del predio de Palermo.
Hoy la firma Correo Argentino es controlada por Sideco Americana, a su vez controlada por Socma. Cuando entró en concurso Franco Macri dijo en tribunales que había cedido sus acciones a los hijos, pero luego resultó que se había quedado con el usufructo vitalicio de ellas. Mauricio Macri, se supone, cedió al suyas a sus hijos, nietos de Franco. En definitiva, el reclamo del resarcimiento es otro capítulo de lo que va y viene de Macri a Macri. La jueza Marra tendrá que tomar la decisión de hacer caer el millonario juicio por daños contra el Estado, encarnado en la figura de Mauricio Macri, o permitir que continúe, a favor de su propia familia dueña del Correo.
