El Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, se refirió a la represión de las fuerzas de seguridad a los manteros de Once.
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
viernes, 13 de enero de 2017
Una denuncia Arribas de la otra
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sumó ayer una nueva denuncia penal en su contra. Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por el jefe de bloque, Héctor Recalde, se presentaron en la Justicia para que se investigue el pago de 600 mil dólares a Arribas por parte de un operador de la empresa constructora Odebrecht, Leonardo Meirelles, condenado a cinco años de prisión por el pago de coimas en el marco de la causa Lava Jato en Brasil. Además de Recalde, la presentación lleva las firmas de Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Sebastián Casanello, y será investigada por el fiscal Franco Picardi. En paralelo, la diputada García presentó un pedido para que Arribas sea citado para dar explicaciones en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. La denuncia se suma a la que anteayer realizó la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió. En esa causa, desde la fiscalía de Federico Delgado adelantaron que en cuanto regrese de sus vacaciones pedirá las medidas de prueba correspondientes para iniciar la investigación.
Al tiempo que continúa el conflicto político al interior de Cambiemos y el Presidente Mauricio Macri mantiene a su amigo en el cargo, la situación judicial del titular de la Agencia Federal de Inteligencia comienza a complicarse. Los diputados del Frente para la Victoria quieren que se investigue si violó el artículo 258 del Código Penal, que establece la figura de pago de dádivas a funcionarios públicos.
Según publicó el diario La Nación el miércoles, Arribas recibió cinco transferencias en su cuenta del Credit Suisse en Zurich por un total de 594.518 dólares. La primera se realizó el 25 de septiembre de 2013 por 154.666 dólares. La segunda el jueves 26 por otros 70.500. Y las tres restantes el viernes 27, por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. La cuenta de donde salieron los fondos es del Standard Chartered Bank de Hong Kong y pertenecía a una empresa offshore denominada RFY Import & Export Limited, controlada por Meirelles, un cambista brasileño. En el juicio del Lava Jato en Brasil, Meirelles se acogió al régimen de “delación premiada”, bajo el cual reconoció haber utilizado esa estructura financiera y societaria para el pago de sobornos. La justicia de Brasil determinó que la firma RFY Import & Export Limited es una “empresa de fachada” destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión. “Dichas transferencias a la cuenta de Arribas, coinciden con un nuevo –y en apariencia– definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella)”, advierten los diputados del Frente para la Victoria en su denuncia.
En un comunicado de descargo, Arribas reconoció sólo una de las transferencias, por un monto de 70.475 dólares, “en parte de pago del precio por la compraventa de un inmueble de mi propiedad de la Ciudad de San Pablo”. Negó “enfáticamente” haber recibido otros giros o “tener vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonardo Meirelles, Alberto Youssef y/o cualquier persona involucrada en la investigación del Lava Jato”. Youssef también está condenado en esa causa y era otro de los operadores de la organización delictiva junto con Meirelles.
“¿Cómo explica los otros 525 mil dólares?”, se preguntó ayer Recalde, en referencia al dinero recibido por fuera de la supuesta venta del inmueble en San Pablo. “Entendemos que el entramado es complejo y que algunas de las maniobras denunciadas son de desafiante comprobación, sin embargo, la gravedad de los hechos y el peligro de que estos ilícitos continúen cometiéndose, máxime cuando el endilgado ostenta actualmente un cargo público de máxima jerarquía, requieren este esfuerzo investigativo de parte de vuestra Magistratura”, sostienen los diputados en el texto presentado ante la Justicia.
Sebastian Abrevaya
“No soy ni bombero ni brigadista”
ni nada.....
Un cuadro que contiene pingüinos de todas las especies se destaca en el despacho del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. “Es para mostrar la diversidad”, bromea el rabino, que tiene también en su oficina un chal con los colores de los pueblos originarios, un cuadro centroamericano y una menorá. En diálogo con PáginaI12, el funcionario niega que vaya a renunciar, que tenga intenciones de ser candidato este año y que el ministerio vaya a ser reducido a una secretaría. Sobre los incendios que devoraron decenas de miles de hectáreas, advierte que “en La Pampa, en diciembre hay 40 incidentes de fuego y 350 mil hectáreas que se llevó el fuego en diciembre. Nos pidieron intervención formal el 1 de enero”.
–¿En algún momento pensó en renunciar?
–En absoluto.
–¿Habló de los rumores de su salida con el presidente?
–No sólo con el presidente. Te diría que con Marcos Peña y con Mario Quintana. Y en el retiro de Chapadmalal, donde no sé si recordás que estaba nominado junto con mi compañero Lemus. Ahí tuvimos una conversación muy importante. Me plantearon que de ninguna manera los trascendidos y rumores, aunque existan, tienen que ver con una conversación que haya en este Gobierno. Lo que me dijeron es que en esos casos pida asistencia para ver de dónde vienen esos rumores que se operan en los medios y que son naturales en estos equipos. Lo que hay es un monitoreo constante. Está muy bien que seamos evaluados. Macri nos pide el estado de avance de cada una de las situaciones.
–¿El ministerio podría volver a ser una secretaría?
–En absoluto. Es una decisión de Macri que nos va a trascender: no me imagino a la Argentina yendo para atrás en esta materia, gobierne quien gobierne.
–¿Tiene previsto ser candidato este año?
–No está en mis planes ser candidato. Entiendo que Mauricio nos puede pedir a cada uno que estemos en el lugar que crea conveniente. No dejaré de estar a disposición de escuchar lo que el Presidente nos pide. Pero estoy firme en mi puesto.
–¿Hubo imprevisión por parte del Estado con los incendios?
–No. Hubo un trabajo sobre el sistema nacional de prevención y manejo del fuego en el que las rutinas de cumplieron. Capacitamos, mandamos los informes y pusimos a disposición las alertas tempranas. Ahora, la ley nacional de manejo del fuego dice que la jurisdicción local debe ocuparse de todos los trabajos de prevención. Son específicos: camino cortafuegos, picadas, limpieza de todos los lugares que tengan que ver con la accesibilidad, la designación de un referente provincial a cargo del manejo del fuego en la región. No sería justo plantear qué pasa en el país. Tenemos que plantear en cada jurisdicción quién hizo esto.
–Concretamente, en La Pampa, ¿esto no se hizo?
–No, por supuesto que no. Quiero ser muy claro: ahora no es el momento de esa discusión. Cuando hay gente que pierde su campo no hay una discusión sobre de quién es la jurisdicción y la responsabilidad. Cuando hubo un incendio, estuvimos. Lo que no se puede hacer es meterse de prepo en un lugar en que no estás habilitado. En el caso particular de La Pampa, recién el primero de enero nos piden intervención formal. Muchísimo antes ya estaban los brigadistas. La diferencia la marcó la actitud de cada provincia: Río Negro vio que venía el fuego de La Pampa y nos pidió que fuéramos ya, y la gobernadora María Eugenia Vidal hizo lo mismo. En el caso de La Pampa, además del maltrato personal, encima te imputan que todo eso sucede porque no estabas, porque no actuaste, porque no previste. En La Pampa, en diciembre hay 40 incidentes de fuego y 350 mil hectáreas que se llevó el fuego en diciembre.
–¿Usted estaba de vacaciones?
–El primero que tiene que estar ahí no es el ministro, porque yo no soy ni bombero ni brigadista. Nosotros tenemos que estar en tiempo y en forma, pero primero reaccionan los equipos técnicos. No está el dirigente para sacarse una foto con la gente. Los brigadistas estuvieron en tiempo y en forma. En el momento que estaba en ese bombero, yo estaba comunicado y supervisando. Esa es mi responsabilidad. No significa no ir y estar ahí: lo hice en los días siguientes. Mi obligación era también ir a darle el apoyo a los brigadistas que estuvo en la primera línea del fuego. A la semana siguiente fuimos con el ministro de Agroindustria por las consecuencias del fuego para los productores.
–El presupuesto del programa de manejo del fuego se ejecutó en 2016 en un 51 por ciento…
–No, 151 por ciento.
–¿151 por ciento? ¿Cómo hace el cálculo?
–Es el 151 por ciento del presupuesto original de 203 millones. Y me podrías preguntar: ‘Che, vos no te estabas quejando hace unos meses de que había que ampliar el presupuesto’. Sí, ampliarlo por el estado calamitoso, desastroso, de desidia, de destrucción y de abandono en el que recibimos todo: de las 120 autobombas el 40 por ciento no funcionaban y hubo que repararlas. No había equipamiento para los brigadistas... Más allá de la actualización que tuvo el presupuesto 2016, nosotros entendíamos que necesitábamos más.
–Hubo una ampliación del presupuesto a 290 millones.
–Fue un trabajo con la jefatura de Gabinete, que lo autorizó. Nos dieron 140 millones más. De noviembre del año pasado, es probable que te salte 51 por ciento ejecutado con la ampliación. Pero al final del verano estaremos cumpliendo con el cien por ciento de lo presupuestado y más.
–¿Cómo fue la discusión con Marcos Peña por el presupuesto para el área?
–Terminó con la buena noticia de los 140 millones adicionales. Ahora vamos a tener otra discusión en abril, más allá del Presupuesto 2017, que va a estar orientada por la nueva Ley de Defensa Civil. Antes estaba solo asociado al Ministerio de Seguridad. Ahora va a haber una Comisión de Emergencias y de Riesgos. Considero que, por lo que está pasando por el cambio climático, debiéramos estar más en la performance de una Agencia Nacional de Catástrofes Ambientales que solo el sistema de manejo del fuego que tiene el ministerio.
–¿La frase suya sobre rezar era una queja por la intransigencia de jefatura de Gabinete a dar más presupuesto al área?
–No, creo que todas las frases que tienen que ver con mi impronta filosófica y bíblica anterior son naturales en mí pero inapropiadas para esta materia. Si era un tema de ampliación presupuestaria, lo que había que hacer era hablar clarito: necesitábamos presupuesto. Con respecto al cambio climático, tampoco hacen falta figuras bíblicas...
–La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que la licitación para los aviones hidrantes era más cara que el contrato que ella dejó con una empresa chilena…
–Nosotros utilizamos esa misma empresa en 2015. El tema eran las condiciones en las que se encontraban esas aeronaves. En la licitación que se hizo el año pasado –sin entrar en consideraciones sobre si era más o menos– esa empresa pudo participar. La licitación se abrió en junio y se declaró desierta. Ningún proveedor cumplía con todas las condiciones. Eso sucedió el 9 de noviembre y Legales saca un dictamen el 22 de noviembre. Y el día 23 pedimos a los proveedores que nos comuniquen qué tipo de equipamiento tenían disponible, porque para la temporada iba a tener que haber una contratación. Se contrataron tres empresas diferentes: una de la provincia de Buenos Aires, otra de Bariloche y una española. Ahora hay un nuevo pliego de licitación.
–¿Por qué nunca hubo una persona de su confianza en ACUMAR?
–Cuando se armaron los equipos, lo que se priorizó fueron las acciones de saneamiento a desarrollar. En vez de conducirlo la política hubo una conducción técnica y fue AYSA que propuso un ingeniero, Julio Torti, para que lo conduzca. Cuando llegamos a la audiencia pública con la Corte Suprema descubro que no había habido otra audiencia desde 2012. Ahí voy a la audiencia, porque una cosa es hablar de este último año y otra es que, como somos continuidad del Estado, te hacés cargo de toda la gestión. Tenés, entonces, cuatro años en los que la Corte no hizo audiencia, de los que tres son de la gestión anterior y uno es nuestro. De nuestro año, preguntaron una cantidad de cosas donde evidentemente no había conformidad por parte de la Corte. Más allá de si la gente no era mía o de donde venía, hubo una decisión de jefatura de Gabinete que fue mantener ACUMAR dentro del ministerio, más allá de todos los trascendidos. Ahora se tomó la decisión de hacer una reforma, donde habrá un solo presidente ejecutivo, que es Gladys González. Yo voy a trabajar colaborando con ella. A las industrias hay que reconvertirlas y monitorearlas, pero el 70 por ciento de la contaminación proviene de efluentes cloacales. Vamos a hacer las obras, pero es lo mismo que el arroyo Maldonado: tenemos por delante cuatro años de obra. El tema del Riachuelo no es cuándo nos vamos a bañar, sino cómo sacamos a la gente.
–La Corte señaló que sólo se avanzó un 10 por ciento en las soluciones habitacionales.
–El año pasado se hizo el relevamiento y había cooperativas inexistentes. Tuvimos todo un año de rearranque. Se va a avanzar con las 7700 viviendas que manda la Corte, pero no va a alcanzar. Tenemos un montón de gente que no está en el censo de la Corte. Acá la política tiene que ir delante de la Justicia.
–Luego de lo ocurrido con Barrick Gold, ¿hace falta un control más estricto con las mineras?
–La ley establece que la Nación fija los presupuestos mínimos medioambientales, pero las provincias son autónomas en el uso, fiscalización y control de los recursos. Por algo en San Juan hay megaminería y en Mendoza no hay explotación minera. Por Barrick, tenemos que hablar con San Juan para que haga el control que no necesariamente hizo. Allí nos presentamos ante la Justicia federal en San Juan, pero por los residuos peligrosos, y la Justicia desestimó nuestra denuncia. Ahora va a haber un Pacto Federal Minero y las provincias van a tener que acordar una política de Estado con el Gobierno nacional. Vamos a sentar a la línea ambientalista y a los que quieren hacer minería. Yo no utilizaría el concepto de “sustentable”, dado que es una actividad extractiva. Pero sí diría: transparente, ajustada a derecho y cumpliendo con los presupuestos mínimos medioambientales. Es imprescindible que sea así.
Werner Pertot
CHACO, GOBIERNO MISERABLE
Bajo el sol de la siesta chaqueña, ancianos registran su huella digital en la Anses https://t.co/JyuYgfLkXZ
Caravana mapuche en solidaridad con la comunidad reprimida
Integrantes de comunidades mapuches del sur del país se concentraron esta mañana frente al Hospital Zonal de Bariloche donde aún continúan internados los dos heridos de la salvaje represión a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, para manifestar su apoyo a la comunidad golpeada. Allí, los familiares de las víctimas brindaron una conferencia de prensa para luego partir en caravana hacia la comunidad. A la tarde realizarán también una marcha en el Bolsón.
“Pedimos seguridad ante todo. Ni siquiera podemos confiar en que los internados van a estar protegidos. Uno de ellos ya está en sala común y hasta ahí puede ingresar cualquiera, desde un policía hasta alguien enviado por los terratenientes”, le dijo a Página/12 Fiorella Jones Huala, hermana de Fausto Jones Huala, internado en terapia intensiva con un hematoma en la cabeza y politraumatismo de cráneo.
El estado de salud de Jones Huala aún es delicado, ya que el hematoma le afectó el habla y no puede abrir uno de sus ojos. “Lo único que nos dicen es que está evolucionando y que las lesiones son productos del hematoma, pero no encuentran donde está. Todavía no pudimos conversar con el neurólogo”, sostuvo la hermana. Emilio Jones, que sufrió una lesión severa en su mandíbula, ya está en una habitación común y espera la cirugía para la reconstrucción maxilar.
Además de la salud de los internados, lo que más preocupa a la comunidad es la posibilidad de un nuevo ataque como el del miércoles a la noche cuando efectivos de la Infantería de la policía de Chubut se presentaron en el pueblo sin ninguna orden judicial y comenzaron a disparar contra los mapuches. El día anterior, efectivos de Gendarmería habían allanado violentamente la comunidad con el objetivo de liberar las vías del tren turístico La Trochita.
“En la ruta nos cruzamos con camiones y trafics de la Gendarmería que iban para el sur, ya no sabemos qué esperar. Supuestamente el allanamiento del martes iba a ser para levantar unas barricadas y entraron y destruyeron todo y hasta golpearon a los chicos. Qué seguridad podemos tener si los vemos ir tan armados para el lado de nuestras comunidades”, dijo Fiorella Jones Huala.
Más tarde, después de la caravana hacia la Pu Lof, integrantes de la Red de Apoyo a las Comunidades en Lucha realizarán otra marcha en El Bolsón.
“Los persiguieron a tiros, fue una cacería”
No es novedad para nosotros que las fuerzas manejadas por el gobierno de Chubut nos amenacen. Suelen circular patrulleros y camionetas a diario”, advierte Jaquelin Marin. La joven integra la comunidad mapuche Pu Lof en el Departamento de Cushamen, en Chubut, que hace más de dos años reclama la restitución de territorios ancestrales. Desde entonces, cuenta Marin, “pasan y disparan tiros al aire, nos insultan a lo lejos”. Sin embargo, la represión que vivió junto a algunos de sus lamienes –hermanos y hermanas– “ha atravesado un límite”, asegura: “Hoy tenemos dos lamienes en gravísimo estado y otros tres detenidos en una unidad penal para delincuentes por defenderse de los abusos del Estado asesino”. El grupo de pobladores sufrió los golpes de la Gendarmería, el martes por la mañana, y la balacera con balas de goma y plomo de la policía provincial, el miércoles a la noche. El martes a la noche, la policía local persiguió a dos integrantes de la comunidad y a otras cinco personas que se habían acercado al territorio en solidaridad; los golpeó, les plantó pruebas en su contra y los detuvo. Recién ayer fueron excarcelados. Pese a la estrategia desplegada por funcionarios del gobierno provincial, que insistieron en descalificar a los pobladores acusándolos de “terroristas”, “peligrosos” para la ciudadanía chubutense, el Pu Lof se llenó de hombres y mujeres que se sumaron a la resistencia. “Es importante el acompañamiento para resistir la estigmatización y el cerco mediático. Le dicen al pueblo que nos tiene que tener miedo, pero el miedo lo infunde el Estado a través de su aparato policial”, concluyó otra integrante de la comunidad de Cushamen, Soraya Maicoñia.
La comunidad Pu Lof, que reclama en el noroeste chubutense tierras en manos del grupo empresario italiano Benetton, recibió el primer ataque el martes a las 7 de la mañana. La guardia de la comunidad –dos varones al cuidado de cinco mujeres, cuatro niños y otros cuatro varones que descansaban– vislumbraron camionetas de Gendarmería en la ruta. Colectivos. Caballos. Finalmente contarían a más de 200 gendarmes y policías. “Le dijeron a la guardia que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, contó Jaquelin. A los pobladores de Nahuel Pan les prometieron un nuevo tanque de agua a cambio de la liberación de unas tierras, promesa que las autoridades incumplieron.
Gendarmes y policías entraron igual. Los miembros de la guardia mapuche se desperdigaron por el monte. Más tarde, a tres de ellos los atraparían y los llevarían detenidos. Aún permanecen encerrados en la Unidad Penal 14, con prisión preventiva por los delitos de abigeato –hurto de ganado–, obstrucción de las vías y resistencia al arresto. “Entonces se la agarraron con nosotras, que estábamos con los niños en la ruca –la casa principal de la comunidad, en donde comen y comparten el tiempo–. Nos encerramos ahí, pero ellos tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, contó la joven. No sabían los pobladores que quienes intentaban acudir a sus pedidos de ayuda estaban frenados en varios retenes que las fuerzas de seguridad habían montado a 4 kilómetros a la redonda. Estaban aislados. “Recién cuando pudo pasar Fernando Radziwilowski –defensor público–, nos quitaron las esposas”, añadió Jaquelin. Era pasado el mediodía.
En paralelo a ese allanamiento, ordenado por el juez federal Guido Otranto, hubo otro, dispuesto por su par provincial José Colabelli. “Nos secuestraron 15 caballos, que son nuestros con papeles y todo. Los tienen detenidos en la comisaría de El Maitén”, denunció la joven.
A la tarde, cuando ya habían recibido ayuda de miembros de organizaciones vecinas y de comunicadores de medios comunitarios, decidieron ir a buscar a los animales que se habían perdido. Fueron dos miembros de Cushamen y otras cinco personas que se sumaron a la tarea en dos camionetas. Las fuerzas de seguridad los persiguieron por la ruta, a los tiros. Los encerraron en El Maitén, les pegaron y los llevaron detenidos. Ayer fueron excarcelados.
“Fue una cacería”, resumió el abogado de los siete, Edgardo Manosalva, miembro de la APDH. “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”, explicó el abogado. Ellos también lo contaron ayer en una audiencia de control judicial en la que se evaluó su detención. El juez Hernán Dal Verne –que reemplazó a Colabelli, recusado por Manosalva– declaró legales las detenciones y ordenó liberar a los detenidos. La investigación seguirá. A ellos los acusan de abigeato y resistencia a la autoridad, aunque también se investigará el desempeño de la policía.
El tercer ataque
El tercer ataque fue el miércoles a la noche, cuando la mayoría de los pobladores y quienes se solidarizaron con ellos estaban atentos a lo que pasaba en los tribunales con los detenidos. “Éramos tan pocos como la primera vez. Nos despabilaron los tiros. Salimos de nuestras casas y nos acercamos a la ruta. Vimos a la Infantería que estaba disparando esta vez sin decir palabra”, graficó Jaquelin, que asegura que la represión duró 40 minutos: “Corrimos, metimos los nenes adentro de la casa. Mandamos mensajes pidiendo ayuda. Cuando los policías se fueron, los varones que estaban resistiendo comenzaron a bajar al pueblo, todos lastimados con perdigonazos”. Diez heridos en total, dos en muy grave estado.
Ayer, el jefe de la policía de Chubut, Juan Ale, excusó a los efectivos que dispararon balas de goma y plomo. “La policía fue atacada, resultaron tres empleados policiales de la Infantería con contusiones, se usaron postas para defenderse de los ataques con piedras”, declaró. En sintonía con el gobernador Mario Das Neves, su ministro de Gobierno, Pablo Durán, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”.
Fausto Huala, hermano del lonco Facundo Huala, tiene un hematoma en la cabeza producto de impactos de bala de goma, está en terapia intensiva. Emilio Jones fue operado de la mandíbula, que la tiene rota por otro impacto. Necesitará una prótesis que cuesta 50 mil pesos. Ambos están internados en el Hospital de Bariloche. También necesitan materiales para reconstruir la ruca: nylon, chapas, clavos, herramientas que la Gendarmería les robó como hachas, machetes, palas. “Nos robaron todo lo que pudieron. Cigarrillos, inclusive”.
caciquito de juguete
Gustavo Orlando
Alguien sabe donde esta el Representante de Los Pueblos Originarios, ?? Félix Díaz, Los hermanos Mapuches te están esperando.
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