domingo, 8 de enero de 2017

OPINIÓN Recen por mí Mario Wainfel

El ministerio de Educación despide a miles de docentes, se lo comunica para las fiestas de fin de año. El momento no es el más piadoso: se justifica alegando que se trata de contratos que finalizaban el 31 de diciembre. La medida puede anticiparse, preavisarse aunque no haya estricta obligación legal.
La reacción colectiva se expresó, entre otros recursos, con movilización pacífica al Palacio  Pizzurno. Se repitió el protocolo macrista inaugurado un año atrás: los manifestantes fueron reprimidos y apaleados. Varios cesanteados gozan de protecciones especiales: delegados, embarazadas, personas con discapacidades. Algunos despidos se revisan, una vuelta atrás que no borra todo el sufrimiento físico-psíquico. Macrismo explícito: primero golpear, después se ve…
El ministro del área, Esteban Bullrich, había prometido que no habría despidos cuando se negoció la Paritaria Nacional Docente de 2016. No dio explicaciones sobre su cambio de parecer, entre otros motivos porque está de vacaciones.
Su colega de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, rezó intensamente en su lugar de descanso mientras sendas porciones importantes del territorio nacional padecen inundaciones o incendios. Regresó a ritmo cansino, sindicó el problema como “una profecía apocalíptica” mezclando acaso su discurso con el de la diputada Elisa Carrió. Luego se echó atrás, tratando de encontrar una justificación a su enésimo disparate verbal. Proferir aforismos berretas desde la oposición es más sencillo que hacerlo desde un espacio de gestión, que requiere rogar a Dios y dar con el mazo, póngale. 
Bergman es master en una disciplina cara al macrismo: la sub ejecución presupuestaria, que en su área se mide en miles de hectáreas devastadas. El presidente Mauricio Macri amplió la competencia de su ministerio agregándole ACUMAR, la agencia que se ocupa del Riachuelo. Ni Bergman ni el Riachuelo se dieron por enterados, ahora se revierte la movida.
Poner el cuerpo ante una tragedia o una reacción social potente es una exigencia adicional para los funcionarios. “La gente” suele exigirlo, fuera cual fuera su color partidario. Bergman y Bullrich lo hurtaron, ahondando pasividad del primero y la mala praxis del segundo.
Nicolás Dujovne, titular del desguazado ministerio de Hacienda, sí está presente en el despacho que tradicionalmente correspondía a Economía. Prestó juramento en una ceremonia desangelada a la que no asistió Macri, también gozando de vacaciones.
La devolución del cinco por ciento del IVA, un paliativo para consumidores de escasos recursos, fue dejada sin efecto por Dujovne, antes de llevar sus enseres a la oficina. No era una promesa de campaña sino algo (hipotéticamente) más perdurable: un rubro del presupuesto 2017, que se aprobó con consenso trans partidario y se deja sin efecto.
Las franquicias a los capitales golondrinas concedidas en cuestión de horas son un beneficio para gentes de mejor posición económica que se extiende con placer. 
Son señales claras: el rumbo se ratifica y se profundiza. Las reformas a las leyes pro operarias y la embestida contra “el costo laboral” constituyen un objetivo estratégico que se aspira a profundizar con la aprobación de las grandes corporaciones empresarias que, sin embargo, insinúan un prurito: todo lo que ofrece el (su) Gobierno es poco. Los dirigentes sindicales piensan distinto, claro. El conflicto de intereses está planteado: de momento la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la UIA (Unión Industrial Argentina) son más beligerantes o muestran más conciencia de clase que la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) reunificada. De cualquier forma, los compañeros triunviros emitieron un alerta. 

El año de la marmota: La polémica sobre el costo laboral, la competitividad y el sistema de protección social es clásica y reflota al vaivén de los cambios políticos.
Las dictaduras militares sostuvieron una posición nítida. En la etapa de la recuperación democrática el menemismo obró una regresión formidable derruyendo lo que restaba en pie del estado de bienestar.  Redujo o suprimió “las cargas patronales”. El ex mega ministro Domingo Cavallo explicó que se liberarían las fuerzas de la economía, generando puestos de trabajo. El bálsamo no obró esos efectos: el desempleo aumentó y el salario real fue cayendo, un proceso que la Alianza completó.
La retórica neoconservadora, en labios de Dujovne, apenas retoca el discurso. La Argentina, explica, tiene el nivel más alto de “cargas laborales” de la región, lo que a su (tuerto) ver es “ridículo”.
Falta ponderar que nuestro país tiene el más amplio sistema de protección social entre los países situados al sur del Río Bravo. Cuando el kirchnerismo postulaba esa virtud, este cronista señalaba que era modesta ambición compararse con países vecinos con una tradición más avara en tutela social. Era (y es) necesario mejorar y ampliar ese sistema que ahora se quiere demoler, mirando más a la tradición nacional igualitaria que a otros modelos, para nada superiores.
El “populismo” legó  jubilaciones cuasi universales, debidas a la extensión de la tutela a quienes no acumularon aportes suficientes, a las empleadas de casas particulares, a las amas de casa. La Asignación Universal por Hijo (AUH) incorpora otro derecho, imprescindible aunque no suficiente. El programa Progresar retoma el camino, para ampliar las coberturas a jóvenes que “salen” de la esfera de la AUH. Ese
Las cargas sociales, como señalaron los triunviros cegetistas Juan Carlos Schmid y Héctor Daer son “salarios diferidos” que nutren al régimen jubilatorio cuasi universal que impera hoy, merced a las políticas inclusivas del kirchnerismo.
En pocos confines del planeta hay una obra social comparable  al Instituto apodado “PAMI”, la mayor de todas, destinada a prestaciones adicionales para las personas jubiladas. 
Otros fondos se derivan para sostener el sistema público de Salud y las Obras Sociales. En este caso, quizá sería más propio hablar de “salario indirecto”.
El sistema de Salud es imperfecto y costoso pero la solución no es desfinanciarlo y desguarnecer a los trabajadores. El requerimiento, que el kirchnerismo no alcanzó a concretar acabadamente, es mejorarlo con “sintonía fina” y no dejar varados a millones de argentinos.

Compañeros sorprendidos: Las dos CTA y sindicatos claramente opositores, como los Bancarios arquetípicamente, son minoría dentro del movimiento obrero. La CGT es, en potencia, la pesa que puede compensar la balanza. Las réplicas de sus líderes esta semana lucieron cautas pero contienen una advertencia.
Los compañeros jerarcas pusieron el grito en el cielo por la brutal recidiva de los despidos, traicionando un acuerdo que habían celebrado con el Gobierno. Tienen previsto reunirse a fin de enero, un intervalo que luce excesivo ante la ofensiva patronal-estatal contra el empleo. Insinuaron que tal vez adelanten el cónclave, si todo sigue igual o escala. No hay otro porvenir en la hoja de ruta de la coalición oficial: tendrán que apurarse.
Sorprende la sorpresa cegetista. Los dirigentes sindicales pueden merecer muchos reproches pero no el de ser distraídos o poco atentos a los requisitos legales de un pacto. Un acuerdo informal, firmado solo por parte del empresariado, sin prever sanciones para el caso de incumplimiento, vale menos que el papel en el que está escrito. Es un simulacro: llamarlo “expresión de deseos” sería un exceso de generosidad o credulidad. 
En relaciones de tracto sucesivo y permanente, es aconsejable amarretear los veredictos definitivos. La calidad de la nueva CGT se medirá en este año lleno de revivals de derecha, en la negociación colectiva y en la oposición a las modificaciones regresivas del régimen de trabajo y a la financiación de la protección social. 
Aún sin caer en la tentación de la diatriba prematura, cabe consignar que la CGT le donó al establishment el nuevo régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, concebido solo en función del costo empresario y relegando para un porvenir indefinido cualquier regulación referida a la integridad física, la salud o hasta la vida de los laburantes. Los líderes cegetistas, peronistas de ley, saben que los pagos diferidos son como aire en una canasta... concedieron de contado, favoreciendo las metas del macrismo. 
De nuevo, estos son los aprontes. Recién con el correr de los meses se medirá la valía de los flamantes líderes de la central obrera.  

Un año sin semestres y con urnas: Un Fisco que renuncia por varias vías a recaudar anticipa desbaratamientos de derechos, a menudo por vía del desfinanciamiento. En otras va restando prestaciones, “de a puchos”, una especie de sangría en cuotas. La exclusión de algunos jubilados del subsidio para recibir remedios gratis es un ejemplo. Se define como privilegiados a quienes, por caso, tienen un auto usado con menos de diez años de antigüedad. Una mendaz cruzada contra el privilegio, una volteada que privará de cobertura a miles de personas… en fin.
La palabra “derechos” no integra el vocabulario macrista. A su turno, “semestre” será erradicada este año, porque prometer paraísos a plazo fijo es un búmeran. 
De cualquier manera, el Gobierno corre contra reloj porque debe mejorar sus desempeños pronto. Por ahí, al terminar el primer semestre, en la inminencia  de Primarias, elecciones provinciales y nacionales. Su prospectiva electoral se ensombrecerá si se sigue agravando la situación material de la mayoría de los ciudadanos.
La anunciada transferencia de 25.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires le complicará las cuentas a Dujovne y las relaciones con gobernadores opositores al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Mejorar a los territorios propios es arquetípico, ninguna cifra colma el tonel sin fondo de “la provincia” pero es una fortuna para casi todas las otras.
El Gobierno, fiel a su idiosincrasia, avanza, castiga, profiere despropósitos. Eventualmente  frena, se retracta. La resistencia  es su límite.
Los deslices verbales de Bergman, su incompetencia ostentosa, el desempeño esquivo de Esteban Bullrich son síntomas de las dificultades para gobernar, supeditado a los pronunciamientos electorales.
Como fuera, el Gobierno arrancó enero con reafirmaciones ideológicas y programáticas. De sus adversarios dependerá, en interesante proporción, hasta dónde podrá llegar.

Tarea cumplida OPINION ALFREDO ZAIAT

El gobierno de la Alianza macrismo-radicalismo ha cumplido en el 2016 con su principal objetivo en materia económica. Contra lo que muchos pueden suponer no fue disminuir la tasa de inflación, que más que se duplicó con respecto a la recibida del anterior gobierno, ni impulsar el crecimiento económico, que retrocedió casi 3 por ciento el PIB. Pese a la promesa oficial tampoco fue ampliar la frontera de la producción industrial, que se derrumbó 5 por ciento, ni mejorar el consumo en general, que registró fortísimas caídas en casi todos los rubros. La meta central no era conseguir necesariamente mejoras en las variables económicas más relevantes en el primer año de gestión, como puede especularse teniendo en cuenta que cualquier fuerza política busca datos económicos positivos para legitimarse y mantenerse en el poder. Anotar mes a mes cifras interanuales negativas en indicadores económicos, engañando con que son fruto de la herencia recibida a través de un inmenso dispositivo de propaganda público-privado, fue el costo de lo que el gobierno de Mauricio Macri vino a cumplir: “normalizar” la distribución del ingreso. Esa normalización, palabra predilecta de quienes históricamente han liderado política anti populares, consiste en un proceso regresivo en el reparto de la riqueza. La primera etapa fue exitosa como revela el último informe del Indec, pero es una tarea que no ha culminado de acuerdo a lo que se deduce de reclamos al gobierno de economistas macristas y heterodoxos conservadores entusiasmados con la actual restauración neoliberal. 

Distribución

El indicador más utilizado para medir la desigualdad de ingresos es el coeficiente de Gini. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 representa la perfecta igualdad y 1 implica la perfecta desigualdad.  El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó, en base a los datos de ingresos por decil publicados por el Indec (utilizando la fórmula de Brown), un incremento de la desigualdad del 7,93 por ciento (pasó de 0,4245 a 0,4582) entre el segundo y tercer trimestre de este año. 
La distribución del ingreso empeoró en el tercer trimestre con respecto al período inmediato anterior, y también en relación a los terceros trimestre de cada año de los últimos cinco. Es necesario remontarse al 2010 para encontrar cifras peores. 
El Indec no distribuyó la información para comparar con años anteriores. Hay que recorrer con mucha paciencia el portal de internet del Instituto para encontrar la serie histórica de Distribución del Ingreso (EPH). Este desafío a la perseverancia de quienes pretenden realizar un análisis más amplio las autoridades del Indec no lo hacen para ocultar lo que es imposible de esconder, que aumentó la concentración de la riqueza durante el gobierno de Macri. Lo hacen para disimularla escudándose en la crisis de credibilidad de las estadísticas públicas desde el 2007. Lo cierto es que el Indec decretó un apagón estadístico interrumpiendo la difusión de indicadores durante un semestre y además no realizó el empalme de las series cuando volvió a publicarlos. 
No había cuestionamientos a las estadísticas de ingresos. La elaboración de los cuadros sigue siendo idéntica y la tendencia que surge de las cifras no permite inducir alteraciones en la carga de datos (la observación a la subdeclaración de ingresos es la misma antes y ahora). En la serie histórica que comienza en 2003, el único dato que no está incluido es el del tercer trimestre de 2015 lo que evita la comparación con el de este año.
Estas irregularidades del Indec de Macri recibe la complicidad de muchos que clamaban por la pureza de las estadísticas y, al mismo tiempo, el silencio culposo de otros que no quisieron o no pudieron encarar la crisis de credibilidad del Indec durante el kirchnerismo 

Volver al 2010 

La devaluación y eliminación de las retenciones con el consiguiente shock inflacionario, tarifazos, salarios y jubilaciones que subieron por debajo del aumento promedio de precios y modificaciones impositivas regresivas tuvieron el resultado buscado: la mayoría de la población perdió participación en el reparto de la riqueza. En el tercer trimestre de 2016, el 20 por ciento más rico acumuló el 48,4 por ciento de los ingresos de la economía y el 20 por ciento más pobre se quedó con el 4,3 por ciento. En el trimestre anterior, los dos deciles superiores explicaban el 47,9 por ciento de los ingresos, mientras que el inferior capturaba el 4,8. En lo que refiere al ingreso familiar, en el tercer trimestre de 2016 los hogares más ricos ganaron 25,6 veces más que los hogares de menores recursos. Pese al apagón estadístico del Indec de Macri, del mismo modo que durante el kirchnerismo, centros de estudios e investigadores realizan la tarea que el organismo público elude. La distribución del ingreso del tercer trimestre del año pasado se ha ubicado en niveles del 2010. En ese año, el 20 por ciento más rico embolsaba el 49,0 por ciento de la riqueza, y el 20 por ciento más pobre, apenas el 4,1. 
En pocos meses, la alianza macrismo-radicalismo logró retroceder seis años en materia distributiva. 
Para el bloque de poder hegemónico que está representado en el gobierno del macrismo-radicalismo no es suficiente. Quieren más. La reforma laboral, la previsional y el ajuste en el gasto público son las exigencias visibles tras ese objetivo principal, que es acentuar la distribución regresiva del ingreso. Es una cuestión que los obsesiona. Aseguran que esa es la condición para iniciar un proceso de crecimiento sostenido, en esa ilusión de regresar a los años dorados de la Argentina agroexportadora. No sólo es una opción que persistentemente pretende ignorar la historia argentina sino que colisiona con una economía internacional que está transitando desde el 2008 con paso persistente hacia el proteccionismo.
La mejora en el reparto de la riqueza que se desplegó durante los gobiernos kirchneristas ha sido resistida por diferentes facciones del poder económico. Ahora quieren poner las cosas en su lugar, como lo fue en cada momento histórico que predominó un gobierno de las elites. 

Puja distributiva

Cuando a fines del 2006 los salarios recuperaron la pérdida provocada durante los años de la crisis de los últimos años de la convertibilidad y alcanzaron los niveles de 1998, la puja distributiva empezó a intensificarse. Esto se reflejó en tensiones inflacionarias que comenzaron en 2007 y se mantuvieron en los años siguientes de los gobiernos kirchneristas. Esa puja quedó de manifiesto cuando el establishment reclamó a Néstor Kirchner emprender el ajuste que resistió desplazando a Roberto Lavagna del ministerio de Economía.  
Esa disputa adquirió más fuerza en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. La respuesta fue una mayor intervención estatal para mejorar la participación de la base de la pirámide de ingresos. Lo hizo a través de diferentes vías: paritarias libres fortaleciendo desde el Estado la posición de los trabajadores frente a los empresarios, Asignación Universal por Hijo, movilidad jubilatoria, subsidios a las tarifas y regulación de precios de la canasta básica. De ese modo, con años mejores y otros no tanto pero con una innegable tensión orientada hacia la redistribución progresiva del ingreso, trabajadores formales e informales, cuentapropistas, autónomos y jubilados mejoraron su posición relativa en el reparto de la riqueza.
Esto es lo que no era tolerado por el bloque de poder que demoniza ese proceso como “populismo”. Su ejército de voceros no se cansa de repetir que un esquema económico “populista” es insostenible. Este obviamente enfrentaba desafíos y restricciones para su desarrollo que se expresaron con nitidez en el segundo gobierno de CFK, período en el cual la distribución del ingreso se amesetó sin empeorar. El establishment postula la necesidad imperiosa de enterrar el populismo para abrazarse al neoliberalismo, experiencia que ya ha derivado en crisis social, económica y política en décadas pasadas. 
En esa campaña de descalificar al populismo se suman con entusiasmo economistas del establishment que, con la impunidad conferida por el poder, dicen sin vergüenza que los salarios en dólares habían alcanzado niveles muy elevados que es lo mismo que proponer una devaluación para pulverizar el salario real; o afirman sin pudor que el consumo de esos años era una fantasía lo que implica que los sectores populares no se merecen tener acceso a un mejor bienestar; o aseguran que el nudo del desarrollo en Argentina es la pasión igualitaria de una parte importante de la población que convirtió la equidad en un valor político prioritario.

Enemigo

La corriente conservadora sostiene que salarios y jubilaciones aumentando en términos reales que derivan en una distribución progresiva del ingreso impiden lanzar a la economía a un sendero de crecimiento. Bajos salarios, apertura comercial e integración pasiva al comercio internacional (proveedora de materia prima) es la propuesta de las elites que el macrismo celebra e implementa. Es la receta del modelo agroexportador, hoy disfrazado como supermercado del mundo cuando en realidad la economía local fue colocada en una góndola del mercado mundial absorbiendo bienes de consumo final importados. Es un modelo que requiere condenar a la industria nacional y deprimir el salario. 
La veloz redistribución regresiva del ingreso en el primer año de la alianza macrismo-radicalismo viene a dar respuesta al postulado conservador de que la búsqueda de la equidad con medidas proteccionistas e industrialistas -señaladas como “populistas” porque promueven salarios altos– no es compatible con el crecimiento. Es una tesis falsa para la economía argentina y no corroborada en experiencias de países de desarrollo exitosos. 
Como en 1955, en 1976 y ahora después de la experiencia kirchnerista, para el bloque de poder que hoy tiene su representante en la Casa Rosada el nivel de los ingresos de la mayoría de la población tenía que retroceder. En ese proyecto de país el salario sigue siendo el enemigo principal ayer, hoy y mañana. Macri está cumpliendo entonces con el objetivo económico principal: “normalizar” la distribución del ingreso que se había alejado del curso natural dibujado por las elites. 

PALOS Y PELOS POR H.V.

La agresión a trabajadores y delegados del ministerio de Educación que reclamaban por el vaciamiento de programas en los barrios y el despido de docentes que se encargan de esa capacitación, fue realizado por efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, que fueron denunciados por la fisura en la vértebra de una delegada y las lesiones al secretario general de la comisión interna. Los decretos de ascensos de la Policía Federal y su nueva cúpula contienen elementos para preocuparse. Entre los ascendidos figuran:
El ahora Comisario Mayor Arnaldo Daniel Neira, nuevo Director General de Orden Urbano y Federal. Jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, Neira fue relevado cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. Del GEOF pasó al Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB) cuya llegada a las villas procuraba ser el germen de una nueva policía, con formación en técnicas de mediación y articulación con las organizaciones sociales y con otras agencias no represivas. Pero las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías, que se comportaron como patotas intimidatorias. Durante la gestión de la ministra Nilda Garré, Neira también fue investigado por negocios incompatibles con su función pública, ya que realizaba tareas extrapoliciales como asesor y coordinador de protección para la empresa Equality El flamante Comisario Mayor Alejandro Oscar Sánchez estará a cargo de la Dirección General de Antiterrorismo. En 2012, fue pasado a disponibilidad en la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos, cuando se descubrió que uno de sus subordinados, el oficial de Inteligencia Américo Alejandro Balbuena, estaba infiltrado en la Agencia de noticias Walsh desde el gobierno interino del senador Eduardo Duhalde. 
El ascendido Comisario Mayor Renato Costantini será director general de Criminalística. El 23 de Agosto de 2014, atropelló a tres policías salteños con su automóvil para esquivar un control de alcoholemia. Fue condenado a pagar una multa de 15.000 pesos e inhabilitado para conducir durante un año.
El comisario mayor Luis Abel Gigena quedó a cargo de la nueva Dirección General Antidrogas Interior. En 2011 fue removido por Garré de la División Drogas Peligrosas. De fuertes vinculaciones con la DEA, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado intercedió por él.
Leandro Luis Lallana ascendió a Comisario Inspector. El 29 de diciembre de 2001 fue el primer policía que llegó al sitio de la masacre de Floresta, cuando su colega suboficial Juan de Dios Velaztiqui fusiló a tres muchachos en un maxikiosko porque no le gustaron sus comentarios sobre la represión en la Plaza de Mayo. Velaztiqui dijo que había abatido a tres ladrones y así lo trataron: sin esposas y sentado dentro de un móvil policial. Pero en  2003 fue condenado a prisión perpetua por ese triple homicidio con alevosía.
Carlos Manfroni reapareció en la Coordinación de Transparencia del Ministerio de Seguridad. Al iniciarse el gobierno de Macrì debió renunciar como subsecretario de articulación legislativa del mismo ministerio, luego de que en esta página se recordaran sus columnas durante la dictadura militar en el mensuario surrealista Cabildo:
  • La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa.
  • El progresismo es un infeccioso mal.
  • El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder. 
  • La “filosofía” del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García. 
Luego de esa publicación ATE denunció a la ministra Bullrich que Manfroni había solicitado “la filiación política, ideológica y sindical de los trabajadores del ministerio”. Charly García recriminó su su designación. Manfroni renunció para “no perjudicar al nuevo gobierno”. Luego de un año en stand-by, Bullrich volvió a designarlo, acaso como tributo a la nueva relación con Estados Unidos y el Papa Francisco. Manfroni dicta un curso en la Universidad Católica auspiciado por la embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción, es columnista del diario La Nación, reclama mano dura por la “hiperinflación de inseguridad”, y objeta los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Tampoco hay buenas noticias en la Policía de la Ciudad, donde asumió como jefe el comisario José Pedro Potocar, graduado de la Academia del FBI estadounidense. Se desempeñó en las superintendencias de Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos e Interior de la Policía Federal. Su último destino fue como Director de Comisarías de la Ciudad. En septiembre de 1993, cuando era oficial inspector, mostró qué temprano se adquieren las mañas del oficio. El periodista Hernán López Echagüe investigó en este diario la utilización de patotas por parte del gobierno bonaerense, entonces a cargo de Eduardo Duhalde. Días después dos desconocidos lo mandaron a golpes al hospital. “Se trata de un costo lamentable del acceso del periodismo al poder”, interpretó Duhalde (flamante adquisición de su sucesora María Eugenia Vidal en su proyecto de renovar la política). Los agresores fueron detenidos días después por Potocar cuando controlaba el acceso de público a la cancha de River. ¡Aún llevaban encima la manopla con la cual golpearon al periodista, el plano de su casa garabateado en un papel de aluminio y una sevillana! Pero López Echagüe no los reconoció, el testigo Claudio Calo no vio que la policía revisara los bolsillos de los detenidos, pero sí oyó a uno de ellos gritar: “Eso me lo pusiste vos”. La jueza María Laura Garrigós de Rébori los sobreseyó en octubre de 1993 porque consideró que no fueron autores de las lesiones,  lesiones, que quedaron impunes.

Republiqueta en armas

Este cuadro se completa con el acuerdo firmado el 13 de diciembre por el ministro de Defensa Julio Martínez quien se rebajó al nivel del segundo jefe de la Guardia Nacional de la provincia estadounidense de Georgia, general de brigada Joseph Jarrard. En sus considerandos sostiene que las Fuerzas Armadas argentinas y la Guardia Nacional de Georgia “comparten objetivos similares de cooperación internacional, prosperidad mutua y paz mundial” y que la colaboración entre ellas “ofrece oportunidades de beneficio mutuo para mejorar la asistencia humanitaria y la capacidad de respuesta a desastres para minimizar el sufrimiento humano”, cuestiones que exceden a las Fuerzas Armadas y al propio ministerio de Defensa. Jarrard dijo que la Argentina tiene “una economía abierta y bien desarrollada y unas Fuerzas Armadas maduras” y que espera proveer “asistencia en temas ambientales como inundaciones e incendios, intercambios aéreos, logística para la seguridad de las fronteras y preparación contra desastres”, lo cual “incrementará la estabilidad en las Américas” (sic). Las definiciones de la Guardia Nacional y del Comando Sur indican que el Programa de Asociación Estadual (The State Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del extinto bloque soviético, se convirtió en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así obtienen mano de obra militar barata. Luego se expandió a Latinoamérica y el Caribe, donde la Guardia Nacional “conduce compromisos entre fuerzas militares, en apoyo de objetivos de defensa y seguridad pero también se vale de las relaciones y capacidades de toda la sociedad que abarcan las esferas militar, gubernamental, económica y social”, es decir todo lo que la imaginación alcance. La híbrida Guardia Nacional es tanto una fuerza de seguridad provincial como la reserva militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La asistencia que ofrece comprende temas vedados a las Fuerzas Armadas argentinas, como seguridad interior, protección de fronteras, lucha contra el terrorismo o en donde el Sistema de Defensa es sólo contribuyente, como la asistencia en Catástrofes, que aquí está legislada desde este año como responsabilidad del ministerio de seguridad. Al tratarse de un acuerdo con una fuerza provincial, se intenta eludir al Congreso, que debe ratificar los tratados internacionales. En marzo, el comunicado argentino sobre el encuentro de Macrì con Barack Obama en Buenos Aires dijo que la Argentina se había comprometido a incrementar su participación en las misiones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con el apoyo de los Estados Unidos para fortalecer y equipar algunas capacidades de especial prioridad para esas misiones, que pueden ser desplegadas en África durante 2017. En agosto, el canciller John Kerry anunció en Buenos Aires un aporte de 1,2 millones de dólares para que la Argentina se sume a las operaciones de “Mantenimiento de la Paz” que Estados Unidos canaliza a través de las Naciones Unidas. El país señalado es la República Centroafricana, donde ya hay medio millón de refugiados, aunque el sigilo imperante no permite confirmar si la decisión fue tomada.
El programa con la Guardia Nacional tiene 73 miembros y la Argentina sería uno de los tres que se sumarían este año. De este modo, un gobierno que no ceja en su voluntad de criminalizar la protesta social y hasta la oposición política, sincroniza esa obsesión con la retórica estadounidense contra el evanescente terrorismo internacional. Esto evoca lo que Carlos Menem hizo en 1992, al sumar una fragata a la flota reunida por Estados Unidos para atacar Irak, donde aún gobernaba Saddam Hussein. Han pasado 25 años y el mundo es otro, infinitamente más peligroso e inestable como para que otro entusiasta vuelva a poner al país en la línea de fuego. Fasten seat belt, please.

MAS HORACIO VERBITSKY

La maniaca publicidad oficial seguirá pregonando que todo está bien e irá mejor, porque el consultor Jaime Durán Barba logró instilar que las elecciones se ganan demoliendo al adversario y hablando de cualquier cosa menos de la realidad. El gobierno sigue apelando a la pesada herencia recibida y realimenta ese discurso con la promoción de causas judiciales cada vez más denigrantes contra la ex presidente CFK. Incluso ha comenzado a contarle las costillas a En-quien-te-han-convertido Daniel. A medida que pasan los meses la eficacia de esa apelación disminuye. La reabierta causa por la denuncia del ex fiscal Natalio A. Nisman une lo útil a lo agradable: pondrá en las páginas judiciales a la ex presidente CFK (Margarita Stolbizer considera “un espanto” que pueda ser candidata “con chances electorales”) y al mismo tiempo llenará de júbilo a los gobiernos de extrema derecha de Israel y al que asumirá en dos semanas en Washington, empeñados en invalidar el tratado nuclear con Irán y justificar la escalada armamentista que ya anunció Donald Trump. Que en el camino se destroce el estado de derecho en la Argentina es un daño colateral que a nadie inquieta. En un panel organizado la semana pasada en el Congreso de Washington la organización Unidos contra un Irán Nuclear recomendó no solo sanciones económicas sino también la confrontación militar y el castigo a organizaciones que define como máscaras de Irán, como la Guardia Revolucionaria y Hezbollah. Participó del encuentro una vieja conocida de la Argentina, la diputada republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen, una de las habituales interlocutoras de Nisman durante sus frecuentes viajes a Estados Unidos en amorosa compañía.

UN MILLÓN DE PESOS PARA EL TESTIGO FALSO CONTRA MILAGRO SALA El precio de la mentira

Cochinillo René Arellano, utilizado por el contador Gerardo Morales para condenar a Milagro Sala por el lanzamiento de huevos durante un acto en el que la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru no participó, recibió en los meses previos al juicio al menos un millón de pesos. De ellos, 822.000 pesos de origen desconocido y el resto en los sueldos que los gobiernos de la provincia de Jujuy y el municipio de San Salvador le pagaron al menos a él, a uno de sus hijos, Freddy Santiago Arellano, y a las parejas de ambos, Cristina Noemí Chauque y Soledad Seña. Arellano lleva una sobresaltada vida sentimental y durante el juicio se separó de Chauque, quien ventila su infidelidad en las redes antisociales, donde se identifica como Solange de los Ángeles. 
Por eso Arellano no tiene empresas ni bienes a su nombre, de modo que los fondos se gestionan a través de sus hijos y cooperativas fantasma. La gobernación provincial debió admitir que Arellano trabaja en la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales del gobierno de Morales, cosa que ocultó durante el juicio. El sesgado Tribunal Oral Federal que condenó a Milagro Sala a tres años de cárcel sobre la única base de la palabra de Cochinillo y Chauque, se negó a remitir las actuaciones a otro tribunal para que los investigara por falso testimonio. Según el blog El Disenso, de los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, Arellano informó en su muro de Facebook que desde 2014 trabaja a sueldo de la intendencia radical de San Salvador. 
Ante una consulta para esta nota, los Disidentes Escalada y Ronconi profundizaron la investigación y descubrieron que también el hijo Freddy Santiago Arellano, de 26 años, (CUIL: 20349126002, DNI: 34.912.600) trabaja de forma permanente en la Contaduría de la Provincia. Morales creó el 8 de marzo del año pasado la dependencia donde opera el Cochinillo, como parte de su tarea de desmembramiento de la Túpac Amaru. 
El decreto 804-G-2016 especifica que su función es “el registro e inscripción para la constitución de cooperativas y otras organizaciones sociales”. Su hijo Freddy Santiago Arellano es titular de una de esas cooperativas junto con Ivana Ruth Soledad Seña (quien se identifica como Solsito Sena, con hiriente s, en su muro de Facebook, donde reproduce los videos de propaganda de Morales y los avisos de su gobierno). La Cooperativa Newen Limitada (CUIT: 30714310956, Código 410011: Construcción, Reforma y Reparación de Edificios Residenciales) está registrada en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, cuyo presidente es Walter Morales, hermano del gobernador. La particularidad de esa cooperativa es que no declara empleados ni tuvo movimiento alguno desde su constitución en 2012. 
Pero al acercarse la fecha del ero al acercarse la fecha del juicio oral entró en erupción: según su balance declarado ante la AFIP, en abril de 2016 registró el ingreso de 37.000 pesos, en agosto de 507.000 y en octubre de 278.000, en total 822.000 pesos. El 20 de septiembre, Seña y Freddy Arellano habían firmado el cheque sin fondos 55948393, por 40.000 pesos. En octubre, también Solsito (CUIT 27337649977) comenzó a cobrar un sueldo por un empleo permanente en la contaduría de la gobernación. Ante la presión de los organismos internacionales que reclaman por la detención arbitraria de la líder indígena Morales apuró el primer juicio. El gobernador pudo hablar del tema con el jefe de gabinete de Ministros Marcos Peña Braun, durante las dos audiencias que mantuvieron, el 10 de agosto y el 28 de septiembre de 2016 (según el registro oficial los temas fueron política nacional y proyectos para Jujuy). La semana pasada, Morales volvió a descalificar las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y uicio oral entró en erupción: según su balance declarado ante la AFIP, en abril de 2016 registró el ingreso de 37.000 pesos, en agosto de 507.000 y en octubre de 278.000, en total 822.000 pesos. El 20 de septiembre, Seña y Freddy Arellano habían firmado el cheque sin fondos 55948393, por 40.000 pesos. En octubre, también Solsito (CUIT 27337649977) comenzó a cobrar un sueldo por un empleo permanente en la contaduría de la gobernación. Ante la presión de los organismos internacionales que reclaman por la detención arbitraria de la líder indígena Morales apuró el primer juicio. El gobernador pudo hablar del tema con el jefe de gabinete de Ministros Marcos Peña Braun, durante las dos audiencias que mantuvieron, el 10 de agosto y el 28 de septiembre de 2016 (según el registro oficial los temas fueron política nacional y proyectos para Jujuy). La semana pasada, Morales volvió a descalificar las resoluciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que solicitaron la libertad inmediata de Milagro Sala y se jactó de contar con el respaldo del presidente Maurizio Macrì. Así es: el ministro de Justicia Germán Garavano, ala presuntamente moderada del gabinete, llegó a decir el viernes que Milagro Sala “podrá ser inocente o no y tendrá que demostrarlo en juicio”. Quienes creían que la inocencia se presume hasta que se demuestre en juicio lo contrario, han vivido equivocados. Varios acontecimientos recientes confirman que la actividad de Morales contra la Túpac Amaru juega un rol central en el programa de la Alianza Cambiemos, porque ejemplifica las alternativas que ofrece a quienes se le oponen: plata o palos.

Horacio Verbitsky.

OLVIDO

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sábado, 7 de enero de 2017

RESOLUCIÓN DEL JUEZ MARTÍNEZ DE GIORGI EN UNA CAUSA SOBRE CRÍMENES DE LA TRIPLE A Ya no se busca a los culpables

Los miembros de la Triple A en una foto del archivo de Andrea Robles, hija de César Robles.

uez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió que la justicia desista de buscar a los culpables del crimen del dirigente del PST César Robles, en el marco de la causa por los delitos cometidos por la banda parapolicial Triple A. “El caso Robles es un ejemplo de que en algunas causas de delitos de lesa humanidad la justicia está decidida a ser juez y parte”, dijo a PáginaI12 Andrea Robles, hija del dirigente y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y del FIT. “No hay un solo preso de esta banda creada durante el gobierno de Perón, que perpetró entre 1.500 y 2.000 crímenes en dos años, un gran pacto de impunidad se extiende desde 1975 hasta nuestros días, y gracias a un fallo de Martínez de Giorgi una nueva maniobra busca mayor impunidad aún”, agregó Robles, y recordó que este juez es el mismo que ordenó la detención de Hebe de Bonafini en agosto pasado.
Si bien la resolución del magistrado no cierra el caso, desde el Ceprodh denunciaron que la justicia pretende “planchar” la causa, porque en rigor se deja de buscar a los culpables, ya que el fallo plantea “sobreseer parcial y provisionalmente (en este expediente) en el que no se procesó a persona alguna, respecto de los que resultaron ser autores inmediatos de los hechos aquí ventilados y a quienes no ha resultado posible identificar”. Una mirada al expediente permite comprobar que hay declaraciones testimoniales y elementos probatorios que aportaron querellantes, organismos de derechos humanos, familiares y amigos que no fueron utilizados durante la investigación para encontrar a los culpables.
“Policía Federal, documentos”, fue lo que escucharon César Robles y Laura Marrone, actualmente diputada de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda, al ser interceptados por la patota de la Triple A, en un Ford Falcon verde sin patente. Robles tenía 36 años y era dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Fue el 3 de noviembre de 1974 en Flores cuando él y su compañera salían de un congreso partidario. La policía había dejado “liberada” la zona.
El hecho ocurrió poco después del asesinato del comisario Alberto Villar, jefe de la Policía Federal, y ya habían sido asesinados Rubén Boussas y Juan Carlos Nievas, también del PST. “Justamente el accionar de persecución a los detenidos en el sepelio de Rodolfo Ortega Peña era por la consigna que tenía la Triple A de ‘cinco por uno’, es decir por cada uno que muriera de las fuerzas de seguridad en manos de las organizaciones armadas de izquierda ellos matarían cinco”, afirmó Laura Marrone en su testimonio judicial. De Giorgi admite que se trata de delitos “cometidos al amparo del Estado y con garantía de impunidad, constituyendo la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983”. Sin embargo, no hay imputados como autores intelectuales ni materiales.   
Robles enfatiza que el autor intelectual de la muerte de su padre es sin dudas José López Rega, como jefe de la Triple A, pero afirma que “la justicia deja de lado la investigación sobre su jefe, el entonces presidente Juan Domingo Perón. El intelectual Rodolfo Ortega Peña fue el primero en denunciar la responsabilidad de Perón en los asesinatos que comenzaron bajo su último gobierno. Meses después, Ortega Peña fue asesinado por la misma Triple A. Y durante su sepelio fueron detenidos cientos de militantes, cuyos nombres pasaron a conformar nuevas ‘listas negras’ de la banda parapolicial”.
Andrea Robles, junto al abogado Paolo Zaniratto, del Ceprodh, apelaron el fallo. En el escrito recordaron que “los hechos investigados han sido declarados delitos de lesa humanidad”, y afirmaron que hubo una “valoración errónea de los elementos de prueba existentes en la causa” sin tener en cuenta “el contexto de los hechos: el amparo del Estado para el funcionamiento de una organización parapolicial dedicada a la persecución política e ideológica de un colectivo social”. Y enfatizaron que “no estamos ante delincuentes comunes, sino ante hechos delictivos previos y conducentes al genocidio cometido por la dictadura”.
En un expediente paralelo, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, fueron condenados el año pasado Rubén Pascuzzi, Norberto Cozzani, Julio Yessi, Carlos Villone y Jorge Conti por haber conformado una asociación ilícita en la Triple A. “Hay suficiente sospecha para que se investigue mediante una imputación formal el grado de participación que pueden haber tenido éstos en el asesinato de mi padre Cesar Robles”, dijo su hija. La megacausa Triple A se inició en 1975, fue cerrada por la dictadura y reabierta en 2007 durante el gobierno kirchnerista, con el anuncio del pedido de extradición de Isabel Martínez de Perón. Esto generó tal expectativa que se presentaron casi 700 víctimas a exigir una justicia que, al parecer, aún no llega.

adriana meyer.