ISMAEL BERMUDEZ OPINION Boletín oficial El Gobierno amplió en $ 110 mil millones el Presupuesto de gastos de 2016

Como parte del arreglo de la deuda con los fondos buitres, el Gobierno amplió en 110.206,2 millones de pesos el Presupuesto de gastos de 2016 para registrar el pago de intereses de la deuda.

Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 1602/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial pero fechada el 30 de diciembre pasado con las firmas de Marcos Peña y Alfonso Prat Gay.

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En los fundamentos de la medida se señala que el Gobierno fue autorizado a emitir bonos para cancelar los bonos en default “con el aditamento de la tasa de interés y el año de vencimiento, por hasta U$S 16.500.millones. Y que en consecuencia “es menester modificar los créditos vigentes correspondiente al Servicio de la Deuda Pública a fin de cumplir con la Fase I denominada “Tramo Liquidación Internacional” y FASE II denominada “Tramo Liquidación Local”.

En el Presupuesto ejecutado al 30 de noviembre último “ los intereses de la deuda pública sumaron $156.872 millones en once meses, un 93,4% más que lo devengado un año atrás”, de acuerdo a las cifras de ASAP ( Asociación Argentina de Presupuesto).

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OPINIÓN Pampa, soja, inundaciones, 30 millones y el futuro agrario Por Mempo Giardinelli

ran mayoría de los argentinos –los casi 30 millones que no vivimos en la CABA y conurbano– solemos escuchar a los dirigentes (de todos los sectores, frentes y partidos) hablar de, y referirse a, “la Argentina” cuando en realidad hablan de la capital de la república o de algún barrio. 

Esta apropiación generalizante y con pretensión representativista del gentilicio nacional es un asunto siempre negado o minimizado, y es presumible que llevará tiempo y un gran esfuerzo educativo corregir. Pero mencionarlo es un modo de revelar el problema, que tiene que ver con nuestra vida y se expresa ahora mismo, cuando el desastre ambiental que padece el país –y no interesa a los actuales gobernantes– deviene drama para esos 30 millones.

Y es que cuando las cada vez más furiosas lluvias y tormentas tropicales hacen estragos en toda la históricamente llamada pampa húmeda, y apacibles campos y ciudades se inundan por meses y dejan consecuencias socioeconómicas devastadoras, es necio no reconocer que esa realidad está vinculada a la apropiación y manipulación del gentilicio nacional. Porque es la gallina de los huevos de oro lo que está muriendo, y eso, que es catastrófico para todos los argentinos, sigue en manos de corporaciones y terratenientes soberbios e ignorantes que en las capitales hablan del “campo” y de la Argentina como si fuera igual para todos.

En las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires hay estudios que demuestran, por ejemplo, que las napas freáticas que históricamente estaban a un promedio de 10 metros bajo la superficie, ahora están a entre uno y dos metros promedio. Y subiendo temporada tras temporada. 

Los regímenes de lluvias y tormentas costeras han cambiado dramáticamente frente a pasividades bien argentinas llamadas imprevisión, cero mantenimiento, modificaciones estúpidas como “ganarles terreno” a los ríos, y fundamental y principalmente la deforestación. Sobre todo este último factor, por la sencilla razón de que donde hay árboles y plantas el ecosistema equilibra el consumo sano de agua. Y donde no los hay sucede lo contrario: o se desertifica o por efecto palangana el agua se junta y produce inundaciones. 

Mientras ellos y sus medios les echan la culpa a fenómenos como “El Niño” y al Océano Pacífico, las consecuencias están a la vista y son tremendas: en el último año comunidades pujantes como Rafaela, La Carlota o Pergamino –por citar ejemplos de las tres provincias históricamente graníferas– han sufrido inundaciones y daños sin remedio inmediato. Cuadros similares se repiten en cientos de pueblos y ciudades de Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Casi medio país (el 90 por ciento del agropecuariamente más productivo) está hoy en emergencia y, lo que es peor, sin perspectivas de cambio, sin planes ambientales de recuperación y para colmo en manos de cajetillas agrarios.

La causa de todo esto es variada, añosa y compleja, pero tiene un responsable principal que en las últimas dos décadas ha producido el más grande daño ambiental padecido jamás por nuestro país: el cultivo desenfrenado e irracional de la soja. Grano que engorda a la derecha neoliberal y a una oligarquía ciega que, desde la Sociedad Rural y otros grupos, tampoco se da cuenta de que está escupiendo su propio asado. Y tragedia que alcanza a la pequeña y mediana burguesía agraria entregada a sus dictados por sumisión o ignorancia.

Mientras seguimos sin escuchar autocríticas sobre el resultado electoral de 2015, de un lado, y del otro sólo vemos estúpidas alegrías, se profundiza esta grieta tremenda de la que casi no se habla: la Argentina está en emergencia gravísima en materia de tierras, de aguas, del llamado “campo” y de la supervivencia como nación. La ceguera contumaz de las dirigencias –de todos los sectores– sigue sin atender, ni entender, la cuestión central de un país cuyo inmenso territorio e histórica riqueza potencial está en punto de desastre. 

Quizá estemos a tiempo todavía para recuperar el territorio con que la pródiga naturaleza privilegió a este país. Pero seguro no será posible sin una política agropecuaria estratégica y con sentido nacional, planificación seria y acuerdos patrióticos que razonadamente organicen la producción, el consumo y las exportaciones. Suele decir Pedro Peretti, ex dirigente de la FAA y máximo referente agropecuario de El Manifiesto Argentino: “No se puede gobernar sin una política agropecuaria propia, dejando que las grandes corporaciones y los megaproductores la ejecuten a su antojo en nombre del mercado”.

No hay otro camino que el que ningún sector político se atreve siquiera a mencionar: el indispensable, urgente y definitivo freno al maltrato de la tierra por parte de los propios terratenientes y de sus organizaciones gremiales por un lado, y por el otro la aplicación de una política impositiva fuerte que grave el latifundio y organice sistemas de producción que antepongan los intereses de la nación a los de las corporaciones de exportadores. Esto es, un nuevo modelo productivo que respete y proteja a las unidades agrarias según su tamaño y su capacidad de producir alimentos tanto para el consumo interno como para la exportación. 

No discutir una política agraria en un país agrario que está en semejante emergencia, es, por lo menos, imbécil. Y ése es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente que, como ya se ha señalado en esta columna, se expresa en el silencio de los mentimedios, sus tinterillos y cacatúas que le marcan la agenda al presidente: el debate agrario no existe en la Argentina. Bien dice Peretti que “el gran logro político-cultural de la derecha argentina radica en que el uso y tenencia de la tierra, la sojización, el impuesto al latifundio, el sujeto agrario, las políticas públicas diferenciadas, la segmentación, las deforestaciones, las migraciones y etcéteras ni siquiera se nombran”.

Las declaraciones del ministro Buryaile en La Nación dejan en claro que este gobierno viene a concentrar la tierra aún más y no va a proteger a los chacareros ni va a frenar los desmontes. En su propia provincia, Formosa, avanzan desiertos donde hubo bosques de maderas preciosas, diversidad ambiental y comunidades originarias hoy tratadas como maldición.

UNA INVESTIGACIÓN DE CONICET, FLACSO Y UNIVERSIDADES REVELA SECUELAS EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL Marcas de la incertidumbre laboral y los despidos

Por Federico Kucher

Los despidos alcanzaron a 192.917 personas entre diciembre de 2015 y noviembre pasado. Las suspensiones sumaron 39.369 casos en el mismo período. Las cifras surgen de una investigación del Conicet, Flacso y universidades públicas a la que accedió este diario, en la cual se revisa el impacto en la salud de la población provocado por los despidos y la incertidumbre laboral de 2016. “Las recetas ortodoxas implementadas en Argentina en los últimos meses generaron el mayor y más intenso deterioro de las condiciones de trabajo desde la crisis de la convertibilidad, y el primer evento de esta naturaleza que se verifica en nuestro país en ausencia de grandes crisis o golpes de Estado”, afirma el documento. Los investigadores encontraron entre los principales resultados que hubo un deterioro del 20,5 por ciento en los indicadores de salud física y se triplicaron problemas de salud mental entre los trabajadores. Aumentaron en forma exponencial los cuadros depresivos por efecto de los despidos. Las mujeres de mediana edad fueron el grupo que registró los mayores niveles de vulnerabilidad a raíz de las tensiones laborales.

La investigación realizó un relevamiento exhaustivo de los recortes de personal en el sector privado y público a partir de diciembre de 2015. La metodología aclara que se computaron los despidos y suspensiones a través de denuncias efectuadas por los sindicatos y colectivos de trabajadores, información publicada en medios de comunicación nacionales, provinciales, regionales y municipales, y consultas a referentes gremiales de cada rama de actividad. En detalle se registró que entre diciembre de 2015 y noviembre de este año hubo 122.802 trabajadores desafectados en el sector privado y 70.115 en el público. La industria manufacturara registró 83.905 trabajadores expulsados del mercado laboral, mientras que en la construcción la cifra ascendió a 60.626 individuos y en el sector de servicios a 14.581 personas.

“Este proceso de desgaste del mercado laboral está teniendo fuertes consecuencias en la salud mental y físicas de las personas despedidas, problemática que tiende a agravarse con la duración del desempleo”, remarca el documento, que lleva la firma de Cecilia Ros  y Miriam Wlosko, de la Universidad de La Plata, de Demian Panigo, del Citra-Conicet, de Hernán Letcher, de la Universidad de Avellaneda, de Julia Strada, de Flacso y de Patricia Rivero, del Ceil-Conicet. También figura unos de los mayores referentes en estudios sobre el trabajo en Latinoamérica, Julio César Neffa, que actualmente forma parte del Consejo Académico de la carrera de Economía de UMET.

La investigación encontró que los indicadores de salud física empeoraron un 20,5 por ciento por efecto de la ola de despidos. Se precisó que los quintiles de ingresos 3, 4 y 5, donde se ubican trabajadores de clase media, anotaron los mayores niveles de desgaste, al superar incluso los impactos negativos observados entre segmentos de menores recursos (quintiles 1 y 2). En el detalle por sexo, se estimó que el indicador de salud física cayó 21,2 por ciento entre las mujeres y 19,4 por ciento entre los hombres. En relación con el grupo etario, los efectos más fuertes se observaron entre individuos de 30 a 45 años (21,1 por ciento) y de más de 46 años (24,4 por ciento). En cuanto a la cantidad de hijos a cargo del trabajador, aquellos que sostienen 4 hijos registraron mayores impactos, con empeoramiento del índice de salud física del 45,5 por ciento.

El deterioro de la percepción de la salud mental de la población se midió a partir de encuestas que siguieron criterios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMC). Con ello se armó un índice general, que mostró un aumento de la percepción negativa de la salud mental en un 181,1 por ciento por efecto de los despidos, y 20 items en los que se desagrega este indicador general de salud mental. El ítem vinculado con la pregunta ¿tiene falta de apetito? Mostró un aumento de 225,5 por ciento, al tiempo que los asociados con sentimientos de infelicidad lo hicieron en 301,7 por ciento y los de dificultad para disfrutar de las actividades diarias 278,7. Otros indicadores relacionados con las consultas ¿ha estado llorando más de lo normal? Mostraron subas de 380,1 por ciento; ¿se siente incapaz de tener un papel útil en la vida? (468,2 por ciento); ¿le ha pasado por la mente terminar con su vida? (261,9 por ciento), y ¿duerme mal? (171,1 por ciento). 

“Al analizar de manera desagregada los indicadores de salud mental se visualiza con claridad que los despedidos se sienten particularmente infelices y sin capacidad de disfrutar de las actividades diarias. Han perdido interés en las cosas e incluso han pensado en terminar con su vida”, indica el documento. Agrega que “todos estos ítems están estrechamente vinculados a vivencia depresiva esperable luego de despidos compulsivos, violentos y humillantes. No obstante ello, resulta de particular importancia epidemiológica el hecho de que, en la muestra examinada y luego de los despidos, casi 1 de cada 6 encuestados reportan tener fantasías suicidas”. Ante preguntas como ¿le tiemblan las manos? se anotaron subas del 104,3 por ciento; ¿se asusta fácilmente? (151,1 por ciento); ¿tiene dolores de cabeza frecuente? (128,4 por ciento); ¿le cuesta pensar claramente? (325,0); ¿ha perdido interés en las cosas? (236,1) y ¿tiene sensaciones desagradables en su estómago? (166,2 por ciento).

Los indicadores de salud mental, al igual que ocurrió para la medición de salud física, empeoraron más entre las mujeres (189,0 por ciento) que en los hombres (169,0 por ciento), en los grupos etarios de más de 46 años (263,0 por ciento) y entre los trabajadores con 4 hijos a cargo (463,0 por ciento). También se observó que entre asalariados de clase media, del quintil 4 de ingresos, estuvieron los individuos con mayores problemas, al registrarse aumentos de las percepciones negativas de un 274,4 por ciento.

Los investigadores alertaron por la continuidad de la tensión en el mercado laboral y pidieron una respuesta de las políticas públicas para evitar que sigan empeorando las condiciones de vida de los sectores de ingresos fijos de la población. “A partir de la evidencia de la literatura científica y la severidad de los resultados encontrados en esta investigación, es preciso y responsable anticipar que de no mediar iniciativas de empleo, sociales y de salud que combatan y contengan el impacto económico, social y sanitario de esta situación, sobrevendrá un notable incremento tanto de la morbilidad como de la mortalidad por causas violentas y evitables, de exclusiva responsabilidad de la política pública”, plantearon.

El Estado, según el documento, debe intervenir en la economía para promocionar en forma activa el pleno empleo de la población. No hacerlo esconde intereses redistributivos de grupos conservadores de la sociedad. “Es sabido que los despidos masivos forman parte de la agenda en toda reforma neoliberal, de todo régimen político que busca una redistribución regresiva del ingreso”, menciona el informe. Considera que en los últimos meses, los despidos formaron parte de una estrategia de shock, cuyo objetivo es reducir el costo laboral de la mano de obra local y disciplinar a la clase trabajadora, la que posee la tasa de sindicalización más alta del continente. “Se trata de una operación que, para tener éxito, necesita fragilizar individuos y colectivos, poniendo en duda su valor e identidad, desmovilizando mediante el miedo y la deslegitimación”, concluyeron los investigadores.

02 de enero de 2017 Pagina12 | Contratapa | Por Washington Uranga

Un año no es suficiente para los balances, que seguramente requieren de una profundidad que también incluye el factor tiempo. Pero lo ya transcurrido del gobierno de la alianza Cambiemos da, sin embargo, para analizar la orientación del “cambio” y para cotejarla con lo que desde antes de las elecciones e inmediatamente después de asumido el nuevo Gobierno se podía sospechar.

Este no es un intento de sopesar todos los temas que pueden incluirse en el debate, pero sí varios de ellos que están en el centro de la estrategia del oficialismo.

El Presidente autoevaluó su gestión con un ocho. No es excesiva generosidad de su parte para consigo mismo o condescendencia con su propia tarea. Para comprender el sentido de la calificación es imprescindible ponerse en la perspectiva y en el lugar de quien evalúa. Seguramente no es ocho para los asalariados, ni para aquellos que reingresaron al ejército de desocupados, ni para los que volvieron a ser considerados dentro de las estadísticas de la pobreza. Tampoco para los pequeños y medianos industriales que quebraron en el último año o para las víctimas de un Poder Judicial que actúa cerca de la política pero muy lejos de la letra y del espíritu de las leyes. Pero no es desde allí que el Presidente hace su autoevaluación. Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, llegó para hacer un ajuste que favorezca a los sectores más concentrados de la economía. Hizo las tareas y cumplió con muchos compromisos en esa línea: sigue despidiendo trabajadores del Estado con el argumento de reducir el déficit fiscal, transfirió ingresos hacia los sectores más ricos, liberó importaciones, veta leyes a modo de escarmiento y ejercicio abusivo de la autoridad, entre otras medidas. Con esto Macri llegó al ocho, pero no alcanzó el diez. Sencillamente porque lo realizado no es suficiente. El capital, sus socios y a la vez sus mandantes, quieren más. El ajuste es brutal aunque parte  de los voceros del oficialismo hablen de “gradualidad” para dejar tranquilos a quienes reclaman mayor contundencia en las medidas. Las nuevas designaciones ministeriales quizás apunten a dar satisfacción precisamente a quienes sostienen que con lo hecho no alcanza.

Como parte de la misma tarea, el gobierno de Cambiemos dio pasos simultáneos para seducir con la billetera a gobernadores y legisladores (también intendentes) que rápidamente se enrolaron en un rebaño de mansos corderitos teñidos de amarillo para sumarse a las fotos que les propuso el Gobierno. Algunos argumentaron “gobernabilidad” (la propia y la del gobierno nacional) y muchos otros se escudaron en “no poner palos en la rueda”. A pesar de ello el carro sigue sin funcionar y los que pagan las consecuencias son, como casi siempre, los que menos tienen.

El autoritarismo del Poder Judicial aplica permanentemente el doble estándar para elegir qué investiga y qué ignora, qué mediatiza y que oculta. Funciona como la mano larga de la venganza pretendiendo emparentar con la corrupción a todo aquel que estuvo ideológicamente enrolado con el gobierno anterior. El desatino parece no tener límite. La ofensiva de fin de año, antes de la feria judicial, es una muestra más de lo mismo. El intento de escarmiento apunta no solo a los directamente acusados sino mucho más allá. Pretende convertirse en una amenaza que discipline a quienes tan solo intenten imaginar una manifestación en contra de aquellos que hoy, en uso y usufructo del Gobierno, pretenden cínicamente seguir presentándose como paladines del diálogo, la libertad, la tolerancia y el republicanismo. 

El Poder Judicial actúa hoy, en el marco de una institucionalidad fraudulenta, como un brazo represor más. Sobran los ejemplos. No importan las pruebas porque lo que se castigan son las ideas. Y si esta es la manera de “disciplinar” a la dirigencia, a los actores populares que se atrevan a ganar la calle les espera la represión directa. Macri quiere calles sin piquetes ni manifestaciones para calmar al coro mediático que le reclama un “orden” que no es otra cosa que hacer ostensible la lógica del poder capitalista: pocos mandan, la mayoría obedece, sin cuestionar ni reaccionar. 

A la puesta en escena de poses descontracturadas, el estilo gentil y las sonrisas forzadas aun en situaciones dramáticas, se ha sumado también el asistencialismo al que este Gobierno recurre emulando una vieja receta  del conservadurismo popular. Recurso que –sin hacer juicio de valor por ello– aceptan dirigentes supuestamente opositores con el argumento de la necesidad y seguramente sin evaluar el costo político y social que ese tipo de acuerdos puede tener en el mediano y largo plazo.

Todo lo expuesto forma parte integral del cinismo con el cual el oficialismo construye su relato, negando lo obvio, ocultando lo evidente, llamando “sinceramiento” al blanqueo que esconde delitos, “transparencia” a la mentira y adjetivando como resultado del diálogo y la apertura lo que son evidentes derrotas políticas. Claro está que nada de esto ocurriría sin la complicidad de un sistema de medios que, sin ser decisivo es importante para sostener el costado falaz del relato oficialista.

Sin embargo... todo esto no alcanza. Los “brotes verdes” no llegaron, el “segundo semestre” se convirtió en el cuarto, en el quinto... o... en algún momento, las inversiones no llegan y los empresarios y financistas, siempre insaciables, reclaman más.

Comenzamos entonces a transitar un 2017 con mucha incertidumbre. Se reincide en el argumento de “la pesada herencia” para justificar la impericia, la ineficacia o directamente la perversidad de las actuaciones. Y en tiempo electoral se agitará también el fantasma del “regreso del populismo” para extorsionar, intimidar y coaccionar voluntades con el argumento de que los capitales de todo el mundo que pueden cambiar la historia de la Argentina y que están haciendo cola para venir a invertir en nuestro país, solo aguardan que el PRO y Cambiemos terminen de consolidar su poder con un nuevo triunfo electoral.

Porque lo hecho no alcanza. Es decir que el daño causado no es todavía suficiente. Sin embargo esta realidad también puede verse y leerse desde otra perspectiva: los actores populares pueden estar confundidos y desorientados pero tienen memoria y guardan reservas para reaccionar en función de sus intereses vitales. A eso se refieren y a esto le temen cuando dicen que todavía no alcanza. La ofensiva supuestamente demoledora del Gobierno aún no alcanza para revertir el rumbo que se cimentó en más de una década y destruir las capacidades desarrolladas por muchos actores del campo popular. Y en esto radica la mayor esperanza de cara al futuro.

TARIFAZO Y VAN...

EL GOBIERNO PORTEÑO IMPULSA UN BOLETO DE SUBTE A 10 PESOS

Un nuevo tarifazo bajo tierra

A dos meses de llevar el boleto del subterráneo a 7,5 pesos, el gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial del 30 de diciembre el nuevo tarifario ordenado por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), que lleva la tarifa técnica de 13,37 pesos a 15,80, por lo que el boleto rondará los 10 pesos, tal como había anticipado la oposición porteña tras el último aumento.  

El decreto indica que previo al aumento se convocará a una audiencia pública para exponer sobre el nuevo tarifario, sin embargo, la convocatoria no es vinculante. Sbase justificó la nueva suba a causa de la inflación: “los costos de explotación se han visto incrementados por la situación de aumento generalizado de precios de público y notorio conocimiento”. 

Frente en la confirmación del nuevo aumento en marcha,  el ex legislador del MST Alejandro Bodart anticipó que presentará un amparo “contra este nuevo tarifazo abusivo” y detalló que “desde 2013 la tarifa técnica subió un 112 por ciento, pero el gobierno pretende aumentar la tarifa al pasajero un 300 por ciento”. “Es falso que lo haga para bajar los subsidios a Metrovías, porque se los siguió subiendo”, resaltó. Además, recordó que “la concesionaria privada infla sus costos, como lo probó la auditoría porteña”.

El último aumento había sido frenado por la justicia en primera instancia tras una presentación del propio Bodart y otra de uno de los representantes de la oposición en la Auditoría General de la Ciudad, Facundo del Gaiso, quien también denunció los precios “inflados”. Sin embargo, el gobierno porteño apeló la medida y consiguió un fallo favorable en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. 

“Si el subterráneo fuera estatal, el boleto nos costaría menos de 3 pesos, tendríamos un horario extendido y una red mucho más amplia. Por eso insisto en que es necesario reestatizar el servicio bajo el control democrático de los usuarios y los trabajadores, tal como funciona en París y en otras grandes capitales del mundo”, exigió Bodart. 

El Ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta ya demostró su determinación de avanzar en la suba, una constante del PRO, que desde que tomó el control del subterráneo subió la tarifa en un 700 por ciento. En octubre, previo al aumento del boleto a 7,5 pesos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había sincerado la política de tarifas: “En cualquier ciudad del mundo cada pasaje de subterráneo vale alrededor de un dólar como mínimo”. 

LOS TRABAJADORES EXIGEN REUNIRSE CON LAS AUTORIDADES PARA PEDIR LA REINCORPORACIÓN DE LOS CESANTIADOS Vallan el Ministerio de Eduación para impedir el reclamo

trabajadores del Ministerio de Educación esperaban que hoy se abriera una etapa de diálogo por los 400 despidos confirmados en la cartera que dirige Esteban Bullrich, mientras el ministro sigue de vacaciones. La mesa de diálogo fue una de las condiciones de los gremios para levantar la toma que habían iniciado el jueves. A contramano de las expectativas, todas las sedes del Ministerio amanecieron valladas para impedir el ingreso de los despedidos. Durante la mañana, los trabajadores que pudieron entrar a los edificios, antes del vallado policial, iniciaron reuniones para decidir cómo continuar el reclamo.

“La contestación al diálogo es más violencia institucional. Al hostigamiento y la persecución ahora le suman la policía. Es doblemente violento: primero te despiden y después te ponen al verdugo en la puerta. Todas las sedes están valladas para impedir que nos reunamos, pero no hay nada más democrático que los trabajadores podamos hacer asamblea”, le dijo a Página/12 Rodrigo Recalde, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El jueves pasado, cuando desde el Ministerio confirmaron la baja de alrededor de 400 contratos que vencían el 31 de diciembre, los trabajadores tomaron el edificio de Santa Fe al 1500, exigiendo la reincorporación de los contratados. Unos días antes, el recorte alcanzó al Instituto de Formación Docente. Desde el Ministerio informaron que no se renovarían los contratos de 2.600 tutores del postítulo Nuestra Escuela hasta febrero, cuando decidieran cuántos docentes continuarían en sus cargos.

“El viernes nos dijeron que iban a venir a reunirse con los trabajadores pero todavía no tenemos una información oficial. Primero nos dijeron a la mañana y ahora sabemos que no vamos a tener novedades hasta la tarde. También dijeron que estaban dispuestos a revisar 200 contratos, la mitad de los despedidos, pero nosotros pedimos la reincorporación de todos los compañeros, algunos con diez años de antigüedad”, remarcó Recalde.

Página 12