lunes, 2 de enero de 2017

OTRO REGALO PARA LOS AMIGOS DEL CAMPO Reducen por decreto las retenciones para la soja

 Gobierno comenzó a cumplir con la promesa que le había hecho al sector durante la campaña electoral de 2015 y decretó una reducción gradual de las retenciones a la soja a partir de enero de 2018. 
La medida contempla una disminución del 0,5 por ciento por mes hasta llegar a una retención del 18 por ciento en diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002. También se oficializó un reembolso del 5 por ciento a los exportadores de diez provincias contempladas en el Plan Belgrano
Mediante el Decreto 1343/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno busca "continuar implementando medidas efectivas" concurrentes a "eliminar trabas y restricciones a la plena capacidad de desarrollo de todo el sector, teniendo como meta el aumento de las superficies sembradas, así como el fortalecimiento de la producción de cereales, de las economías regionales y de todos los mercados agropecuarios en general".
La medida contempla una disminución del 0,5 por ciento por mes hasta llegar a una retención del 18 por ciento en diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002.
"Particularmente en el caso de la soja y sus subproductos y que aporten previsibilidad y certidumbre al mercado respecto del modo progresivo", agrega la fundamentación del Decreto.
De esta manera, el nivel de retenciones a la soja será al 1 de enero de 2020 del 18 por ciento, casi la mitad de la alícuota que percibía el Estado nacional cuando Macri llegó al gobierno, el 10 de diciembre, y que a los pocos días bajó del 35 al 30 por ciento. Los anuncios incluyeron un reembolso de 5 puntos sobre las retenciones a las exportaciones de soja para los productores agrarios de las diez provincias contempladas en el Plan Belgrano, en el norte argentino, beneficio que regirá para la campaña 2016/17.
En el sector rural, la medida fue tomada positivamente, aunque algunos medios especializados remarcaron que el Presidente había prometido una reducción mucho más agresiva: cinco puntos de quita por año. 

REPRESION PRO

Los trabajadores del Ministerio de Educación afiliados a ATE anunciaron un paro de 24 horas y un abrazo simbólico frente a la sede del Ministerio, en Pizzurno 935, a las 11 de la mañana. Los gremios docentes UTE, Ctera adhirieron al reclamo.
Esto sucede después de que delegados de ATE fueron golpeados para impedir que ingresaran a su lugar de trabajo. El ministerio y todas sus sedes amanecieron totalmente vallados y con un fuerte dispositivo policial rodeándolo.  
Jueves y viernes trabajadores de Educación habían tomado otra sede del ministerio, en la calle Santa Fe, para exigir la reincorporación de 400 despedidos. Hoy pensaban esperar en asamblea la respuesta del gobierno que se había comprometido a recibirlos esta tarde. Con ese compromiso el viernes habían abandonado la toma. Sin embargo, los delegados denuncian que aún no fueron convocados. 
“La contestación al diálogo es más violencia institucional. Al hostigamiento y la persecución ahora le suman la policía. Es doblemente violento: primero te despiden y después te ponen al verdugo en la puerta. Todas las sedes están valladas para impedir que nos reunamos, pero no hay nada más democrático que los trabajadores podamos hacer asamblea”, le dijo a Página/12 Rodrigo Recalde, delegado de ATE. Recalde muestra un certificado médico donde constan los golpes que recibió. 
El jueves pasado, cuando desde el Ministerio confirmaron la baja de alrededor de 400 contratos que vencían el 31 de diciembre, los trabajadores tomaron el edificio de Santa Fe al 1500, exigiendo la reincorporación de los contratados. Unos días antes, el recorte alcanzó al Instituto de Formación Docente. Desde el Ministerio informaron que no se renovarían los contratos de 2.600 tutores del postítulo Nuestra Escuela hasta febrero, cuando decidieran cuántos docentes continuarían en sus cargos.
“El viernes nos dijeron que iban a venir a reunirse con los trabajadores pero todavía no tenemos una información oficial. Primero nos dijeron a la mañana y ahora sabemos que no vamos a tener novedades hasta la tarde. También dijeron que estaban dispuestos a revisar 200 contratos, la mitad de los despedidos, pero nosotros pedimos la reincorporación de todos los compañeros, algunos con diez años de antigüedad”, remarcó Recalde.

Boletín oficial El Gobierno amplió en $ 110 mil millones el Presupuesto de gastos de 2016

Como parte del arreglo de la deuda con los fondos buitres, el Gobierno amplió en 110.206,2 millones de pesos el Presupuesto de gastos de 2016 para registrar el pago de intereses de la deuda.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 1602/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial pero fechada el 30 de diciembre pasado con las firmas de Marcos Peña y Alfonso Prat Gay.
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En los fundamentos de la medida se señala que el Gobierno fue autorizado a emitir bonos para cancelar los bonos en default “con el aditamento de la tasa de interés y el año de vencimiento, por hasta U$S 16.500.millones. Y que en consecuencia “es menester modificar los créditos vigentes correspondiente al Servicio de la Deuda Pública a fin de cumplir con la Fase I denominada “Tramo Liquidación Internacional” y FASE II denominada “Tramo Liquidación Local”.
En el Presupuesto ejecutado al 30 de noviembre último “ los intereses de la deuda pública sumaron $156.872 millones en once meses, un 93,4% más que lo devengado un año atrás”, de acuerdo a las cifras de ASAP ( Asociación Argentina de Presupuesto).
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El Gobierno exige a las provincias cambios impositivos y el año arranca con tensión

Cambios en la economía Ya no habrá devolución del IVA para las compras con tarjetas de débito

Había nacido a fines de 2001, plena crisis, como una manera de estimular el consumo y, de paso, garantizar el blanqueo de las compras en negro. Pero este año, y pese a que las ventas arrastran meses de caída y muchos comerciantes mantienen su economía de modo informal, ya no habrá devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito.
El reintegro era de un 5% sobre un tope de compra de 1.000 pesos. Comenzó en noviembre de 2001, poco antes de que cayera el gobierno de Fernando de la Rúa. Y se fue prorrogando año a año, pese a que la economía tuvo por momentos tasas de crecimiento altas.
Cuando asumió Macri, con Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda, de entrada dejó en claro que era una medida en revisión, ya que la extendió sólo por cuatro meses. Pero pocos días antes de que culminara abril, con el consumo y la economía en general para abajo, la estiró hasta fin de año. Ahora terminó 2016 y la prórroga no salió.
¿Fue un descuido y puede salir en las próximas horas? "No fue un olvido. ¡Era una medida transitoria de 15 años!", dijeron desde una oficina oficial en la Rosada, pero sugirieron hacer la consulta en el área económica. En AFIP, que esta tarde difundirá la recaudación, se desentendieron. En Finanzas, también. En Hacienda sí dieron sus razones. Argumentaron que la devolución es algo que "quedó antiguo. El mundo se movió hacia un formato de pagos electrónicos. No tiene sentido mantener un privilegio para tarjetas de débito". Y agregaron: "Tenía un costo fiscal demasiado alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de tarjetas".
Se calcula que la Nación habría dejado de recaudar unos 6.000 millones de pesos el año pasado por este beneficio. En 2015 habían sido cerca de 4.500 millones.
En el proceso de reacomodamiento de las variables económicas, el Gobierno también venían quejándose de la distorsión de impuestos y precios. Se descuenta que la llegada del flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, incluirá una reforma fiscal. Argentina tiene uno de los IVA más altos del mundo, con el 21%. Pero con varios parches y compensaciones.
Antes de terminar el año, salió una resolución que prevé una devolución de IVA para turistas extranjeros en servicios de alojamiento. También en 2016 comenzó a regir una norma para restituir el IVA a jubilados con haberes bajos y beneficiarios de planes sociales en compras de alimentos y productos básicos. Ahora vino el recorte en la devolución general.

Las cuentas públicas. El Gobierno exige a las provincias cambios impositivos y el año arranca con tensión

En el punto ciego que quedó entre la salida de Alfonso Prat Gat y el tránsito de Nicolás Dujovne, Rogelio Frigerio exploró con los gobernadores un tema tabú que Mauricio Macri quiere en el menú de reformas del 2017.
El martes pasado, el ministro del Interior anticipó a mandatarios -y vices- la intención de discutir un asunto monumental: el régimen de copartipación de impuestos que este año repartirá $750 mil millones entre las 23 provincias y la Capital.
El lado B del asunto es menos amable. El Gobierno quiere auditar el modo en que recauda cada provincias para, sobre esa base, determinar la solidez fiscal de las distintas provincias.
"Hay provincias que tienen los valores de Impuestos Inmobiliario quietos desde 2005" le dijeron a Clarín en Gobierno y remitieron, como contracara, a la "altísima presión tributaria" de otras administraciones.
"Algunas no se preocupan por recaudar, otras están en guerra comercial y hasta arman aduanas interiores" plantean desde el Gobierno. Sin decirlo, anticipan que las provincias deberán corregir sus esquemas de ingresos propios.
El análisis de esa variable -lo que recaudan y lo que podrían recaudar- ligado a la "calidad del gasto" son el eje de la reforma del régimen de Coparticipación que apura Frigerio y que incluye la idea de pasar de "coeficientes fijos" a porcentajes variables.
Frigerio abordó a los gobernadores en un contexto manso. Un convenio que traspasa a las gobernaciones $3000 mil millones que ahora son retenidos por AFIP, luego del tironeo por Ganancias en la que Macri y los caciques fueron socios. No por amor sino por espanto: el incierto costo fiscal de proyecto Massa-Kicillof.
Lo charló con los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), el salteño Juan Manuel Urtubey, la fueguina Rosana Bertone, Juan Manzur de Tucumán y Gustavo Bordet de Entre Ríos. Estuvieron también el neuquino Omar Gutiérrez y el radical misionero Hugo Passalacqua. Diego Santilli, vicejefe porteño y varios vicegobernadores completaron la mesa pero faltó, con aviso, María Eugenia Vidal que se vio después con Frigerio.
Además del jefe de la AFIP, Alberto Abad, Frigerio sentó a su propia triada: Sebastian García De Luca, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, scrum que ausculta números y política en las provincias.
Ante los gobernadores el ministro pidió apurar, supo Clarín, la conformación del "grupo técnico" que integrarán los ministros de Economía provinciales y funcionarios nacionales para discutir la reforma.
"Si vamos a discutir sobre coparticipación, primero tenemos que saber qué porcentaje habrá para repartir" dijo Schiaretti y puso el foco en un asunto primordial.
En la actualidad, el 31% de los fondos recaudados se distribuye entre las provincias. Ahí se incluye lo que recauda ANSeS. El oficialismo prefiere hacer el cálculo excluyendo ANSeS para que lo coparticipable trepe a 42%.
Schiaretti avisó que si esa "torta" no se agranda, cualquier reforma será inviable. Por el tipo de ley, si una de las 24 jurisdicciones se niega la reforma no puede avanzar.
"Ninguna provincia va a recibir menos de lo que viene recibiendo" avisan desde Interior y admiten que o Nación o ANSeS tendrán que ceder una parte.
En estas semanas, Frigerio decidirá si crea una Comisión de Reforma de la Ley de Coparticipación, la 23.548, normativa rígida votada el 7 de enero de 1988 que y acumula una colección de parches.
El gobierno no detecta gobernadores reacios al cambio. Pero están seguros que hay varios que empujan la reforma y mencionan a Schiaretti, Alfredo Cornejo de Mendoza y Vidal, entre otros, provincias que consideran que su participación en el reparto de los ingresos es injusta.
El esquema que Frigerio y su equipo presentarán a los ministros incluye el análisis de dos variables: el nivel y la calidad del gasto de las provincias y, a la vez, la "capacidad fiscal" de cada una. "Ya sabemos lo que recauda cada provincia, queremos determinar cuánto podría recaudar y si puede mejorar" puntualizan en Gobierno.
El modelo que abandona los "coeficientes fijos" iría ligado a eso: la variación de ingresos podría atarse, entre otros indicadores, a la mejora de la recaudación de cada provincia.
"Las provincias tienen que ordenar sus esquemas tributarios pero la Nación también" admiten en Gobierno y recuerdan que en el Congreso comenzará a funcionar una Bicameral de Reforma Tributaria federal.

ISMAEL BERMUDEZ OPINION Boletín oficial El Gobierno amplió en $ 110 mil millones el Presupuesto de gastos de 2016

Como parte del arreglo de la deuda con los fondos buitres, el Gobierno amplió en 110.206,2 millones de pesos el Presupuesto de gastos de 2016 para registrar el pago de intereses de la deuda.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 1602/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial pero fechada el 30 de diciembre pasado con las firmas de Marcos Peña y Alfonso Prat Gay.
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Arranca la gestión de Dujovne y el Gobierno busca alejar el fantasma del ajuste

En los fundamentos de la medida se señala que el Gobierno fue autorizado a emitir bonos para cancelar los bonos en default “con el aditamento de la tasa de interés y el año de vencimiento, por hasta U$S 16.500.millones. Y que en consecuencia “es menester modificar los créditos vigentes correspondiente al Servicio de la Deuda Pública a fin de cumplir con la Fase I denominada “Tramo Liquidación Internacional” y FASE II denominada “Tramo Liquidación Local”.
En el Presupuesto ejecutado al 30 de noviembre último “ los intereses de la deuda pública sumaron $156.872 millones en once meses, un 93,4% más que lo devengado un año atrás”, de acuerdo a las cifras de ASAP ( Asociación Argentina de Presupuesto).
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OPINIÓN Pampa, soja, inundaciones, 30 millones y el futuro agrario Por Mempo Giardinelli

ran mayoría de los argentinos –los casi 30 millones que no vivimos en la CABA y conurbano– solemos escuchar a los dirigentes (de todos los sectores, frentes y partidos) hablar de, y referirse a, “la Argentina” cuando en realidad hablan de la capital de la república o de algún barrio. 
Esta apropiación generalizante y con pretensión representativista del gentilicio nacional es un asunto siempre negado o minimizado, y es presumible que llevará tiempo y un gran esfuerzo educativo corregir. Pero mencionarlo es un modo de revelar el problema, que tiene que ver con nuestra vida y se expresa ahora mismo, cuando el desastre ambiental que padece el país –y no interesa a los actuales gobernantes– deviene drama para esos 30 millones.
Y es que cuando las cada vez más furiosas lluvias y tormentas tropicales hacen estragos en toda la históricamente llamada pampa húmeda, y apacibles campos y ciudades se inundan por meses y dejan consecuencias socioeconómicas devastadoras, es necio no reconocer que esa realidad está vinculada a la apropiación y manipulación del gentilicio nacional. Porque es la gallina de los huevos de oro lo que está muriendo, y eso, que es catastrófico para todos los argentinos, sigue en manos de corporaciones y terratenientes soberbios e ignorantes que en las capitales hablan del “campo” y de la Argentina como si fuera igual para todos.
En las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires hay estudios que demuestran, por ejemplo, que las napas freáticas que históricamente estaban a un promedio de 10 metros bajo la superficie, ahora están a entre uno y dos metros promedio. Y subiendo temporada tras temporada. 
Los regímenes de lluvias y tormentas costeras han cambiado dramáticamente frente a pasividades bien argentinas llamadas imprevisión, cero mantenimiento, modificaciones estúpidas como “ganarles terreno” a los ríos, y fundamental y principalmente la deforestación. Sobre todo este último factor, por la sencilla razón de que donde hay árboles y plantas el ecosistema equilibra el consumo sano de agua. Y donde no los hay sucede lo contrario: o se desertifica o por efecto palangana el agua se junta y produce inundaciones. 
Mientras ellos y sus medios les echan la culpa a fenómenos como “El Niño” y al Océano Pacífico, las consecuencias están a la vista y son tremendas: en el último año comunidades pujantes como Rafaela, La Carlota o Pergamino –por citar ejemplos de las tres provincias históricamente graníferas– han sufrido inundaciones y daños sin remedio inmediato. Cuadros similares se repiten en cientos de pueblos y ciudades de Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Casi medio país (el 90 por ciento del agropecuariamente más productivo) está hoy en emergencia y, lo que es peor, sin perspectivas de cambio, sin planes ambientales de recuperación y para colmo en manos de cajetillas agrarios.
La causa de todo esto es variada, añosa y compleja, pero tiene un responsable principal que en las últimas dos décadas ha producido el más grande daño ambiental padecido jamás por nuestro país: el cultivo desenfrenado e irracional de la soja. Grano que engorda a la derecha neoliberal y a una oligarquía ciega que, desde la Sociedad Rural y otros grupos, tampoco se da cuenta de que está escupiendo su propio asado. Y tragedia que alcanza a la pequeña y mediana burguesía agraria entregada a sus dictados por sumisión o ignorancia.
Mientras seguimos sin escuchar autocríticas sobre el resultado electoral de 2015, de un lado, y del otro sólo vemos estúpidas alegrías, se profundiza esta grieta tremenda de la que casi no se habla: la Argentina está en emergencia gravísima en materia de tierras, de aguas, del llamado “campo” y de la supervivencia como nación. La ceguera contumaz de las dirigencias –de todos los sectores– sigue sin atender, ni entender, la cuestión central de un país cuyo inmenso territorio e histórica riqueza potencial está en punto de desastre. 
Quizá estemos a tiempo todavía para recuperar el territorio con que la pródiga naturaleza privilegió a este país. Pero seguro no será posible sin una política agropecuaria estratégica y con sentido nacional, planificación seria y acuerdos patrióticos que razonadamente organicen la producción, el consumo y las exportaciones. Suele decir Pedro Peretti, ex dirigente de la FAA y máximo referente agropecuario de El Manifiesto Argentino: “No se puede gobernar sin una política agropecuaria propia, dejando que las grandes corporaciones y los megaproductores la ejecuten a su antojo en nombre del mercado”.
No hay otro camino que el que ningún sector político se atreve siquiera a mencionar: el indispensable, urgente y definitivo freno al maltrato de la tierra por parte de los propios terratenientes y de sus organizaciones gremiales por un lado, y por el otro la aplicación de una política impositiva fuerte que grave el latifundio y organice sistemas de producción que antepongan los intereses de la nación a los de las corporaciones de exportadores. Esto es, un nuevo modelo productivo que respete y proteja a las unidades agrarias según su tamaño y su capacidad de producir alimentos tanto para el consumo interno como para la exportación. 
No discutir una política agraria en un país agrario que está en semejante emergencia, es, por lo menos, imbécil. Y ése es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente que, como ya se ha señalado en esta columna, se expresa en el silencio de los mentimedios, sus tinterillos y cacatúas que le marcan la agenda al presidente: el debate agrario no existe en la Argentina. Bien dice Peretti que “el gran logro político-cultural de la derecha argentina radica en que el uso y tenencia de la tierra, la sojización, el impuesto al latifundio, el sujeto agrario, las políticas públicas diferenciadas, la segmentación, las deforestaciones, las migraciones y etcéteras ni siquiera se nombran”.
Las declaraciones del ministro Buryaile en La Nación dejan en claro que este gobierno viene a concentrar la tierra aún más y no va a proteger a los chacareros ni va a frenar los desmontes. En su propia provincia, Formosa, avanzan desiertos donde hubo bosques de maderas preciosas, diversidad ambiental y comunidades originarias hoy tratadas como maldición.