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lunes, 3 de octubre de 2016
DEUDA, RIESGOS EXTERNOS Y PERDIDA DE HERRAMIENTAS DE DEFENSA Vulnerabilidad a la vista
Por Raúl Dellatorre
“Los datos económicos publicados hasta la fecha no son consistentes con la hipótesis que supone que la recesión ya ha quedado atrás”, advierte el informe del mes de octubre de FIDE, el centro de investigaciones económicas que conduce Mercedes Marcó del Pont. Pero, además, la estrategia oficial asentada en el endeudamiento en dólares para financiar los crecientes desequilibrios fiscal y comercial y mantener a la vez “relativamente planchado el tipo de cambio”, supone otros riesgos adicionales. La posibilidad de mantener esta lógica de financiamiento externo “dependerá en gran medida de lo que ocurra con los movimientos de liquidez a nivel global”, con alto riesgo de inestabilidad. En un contexto de fuerte apertura comercial y financiera, “la economía argentina se encuentra más indefensa de lo que estaba en años anteriores para lidiar con los riesgos y tensiones que sobrevuelan el escenario internacional”, señala el informe de FIDE. La inestable situación financiera internacional, y la persistente y creciente fuga de divisas que se viene observando desde principios de año, eleva los grados de exposición de la política monetaria y cambiaria del Banco Central y amplifica su vulnerabilidad externa. “Es jugar con fuego”, define el informe a la política de la actual autoridad monetaria.
Unos diez días atrás, al disertar en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, el economista ortodoxo Guillermo Calvo (Universidad de Columbia, Estados Unidos) advirtió que Argentina y los países de la región “deben estar preparados para recibir un shock externo”, ya que Estados Unidos y Europa todavía están lidiando con una crisis “de la que no han logrado salir”. La crítica situación del principal banco europeo, Deutsche Bank, en la última semana volvió a poner en evidencia esa situación de inestabilidad. El informe de la fundación que pilotea Marcó del Pont pareciera dar una primera respuesta: la actual política económica no está tomando en cuenta ese peligro. Al contrario, su estrategia ha sido la de abandonar los mecanismos de defensa y apuesta todo a provocar un shock de confianza entre los inversores que está lejos de verificarse en la práctica.
Diversas manifestaciones de miembros del gobierno intentan imprimir optimismo señalando el surgimiento de “brotes verdes”, señales de recuperación económica que indicarían una reversión de la tendencia y el inicio de una nueva fase. Sin embargo, las mismas estadísticas oficiales conocidas recientemente dan cuenta de una caída anual de la actividad económica del 5,9 por ciento (a julio), aumento del desempleo al 9,3 por ciento (segundo trimestre), y un descenso anual de la producción industrial (5,7 por ciento) y de la construcción (3,7 por ciento) en agosto. “En este contexto, la proyección oficial de crecimiento del 3,5 por ciento para el año que viene continúa en el terreno de las esperanzas”, afirma el documento de referencia.
La reactivación de la obra pública, aun reconociendo su impacto dinámico, “resulta insuficiente si no se recuperan los otros componentes de la demanda agregada”, principalmente el consumo privado. La inversión privada, “el componente de la demanda agregada con mayor caída en 2016”, no se ha revelado con el protagonsimo que se esperaba desde las filas oficiales. Tampoco puede se puede esperar que las exportaciones jueguen un rol de liderazgo en esta estrategia, dada la situación económica internacional.
“Las hipótesis acerca del comportamiento de la inversión (liderando el crecimiento del producto bruto en 2017, según las proyecciones del Presupuesto Nacional) resultan a priori inconsistentes con un escenario de desaceleración económica como el que persiste en la presente etapa”, opina el documento de FIDE. “Si no aparecen señales firmes que indiquen el ingreso en una fase sostenida de recomposición de la demanda efectiva, difícilmente resurja la inversión”, agrega.
Pero, además, está el problema de la creciente vulnerabilidad en el frente externo y los riesgos latentes. “Los datos del balance cambiario del mes de agosto describen un empeoramiento de las condiciones: en ocho meses, el déficit de la cuenta corriente ascendió a poco más de diez mil millones de dólares”, apunta FIDE. Fundamentalmente, por el pago de intereses de la deuda (8602 millones de dólares) y utilidades y dividendos al exterior (1916 millones), ya que la balanza comercial de mercancías (saldo positivo) prácticamente se compensó con la de servicios (saldo negativo). Ese desequilibrio se cubrió con el fuerte crecimiento de la deuda externa, que sin embargo no alcanzó para cubrir también la fuga de divisas. A partir de agosto, la diferencia debió ser cubierta con pérdida de reservas del Banco Central.
“El Banco Central debería tomar nota del aumento en la vulnerabilidad externa que está provocando su estrategia monetaria y cambiaria”, señala el informe; “no sólo por la mayor exposición a la que está sometida la economía frente a contingencias externas fuera de su control, sino también debido a la pérdida de instrumentos para lidiar con esos shocks externos”, apunta. Por otra parte, la “dinámica de la dolarización de activos”, que crece silenciosamente en tanto el BCRA deja hacer, se encamina a presentarle un límite a la política de reducción gradual de tasas de interés vía licitaciones de Lebacs. “El mecanismo de estimular la fuga (la demanda privada de dólares) para sostener el tipo de cambio es jugar con fuego: los últimos datos indican que ganan participación los grandes inversores en ese proceso de dolarización de carteras”.
Lo que técnicamente se denomina “dolarización de activos por parte de residentes argentinos”, repentinamente se puede convertir en “corrida cambiaria” cuando los actores que la impulsan dejan de ser los simples residentes y son reemplazados por grandes inversores especulativos. El informe de la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont no lo dice así, sino de esta otra forma: “La política del Banco Central ignora el carácter pro cíclico que está teniendo la política monetaria (promueve la fuga de divisas y mantiene altas tasas en pesos, agregándole más efecto recesivo a la recesión) y los riesgos cambiarios que está generando a través de la dolarización creciente de activos y de pasivos”. Juega con fuego pero, además, dentro de un polvorín.
› RECTORES UNIVERSTARIOS CRITICARON LA DETENCION DE MILAGRO SALA “Es una presa política”
Rectores y decanos visitaron a Milagro Sala en el penal de Alto Comedero.
Una veintena de rectores y decanos de universidades públicas de todo el país visitaron ayer a Milagro Sala y a las otras presas de la Tupac Amaru en el Penal de Mujeres de Alto Comedero. “Está entera y fuerte”, contó a Página/12 el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, sobre la referente social jujeña, aunque advirtió que algunas de las militantes que comparten encierro con ella “tienen algunos problemas” y citó en concreto el caso de una ellas, mamá de nueve hijos menores de 15 años. “No es posible que nos llenemos a boca hablando de derechos humanos y tengamos a una señora con nueve hijos presa en una causa por la que está solo imputada. ¿Qué riesgo de fuga podría tener ella?”, se preguntó Villanueva, quien remarcó que las detenciones son una “vergüenza para la Argentina y la provincia de Jujuy”.
El titular de la Universidad Arturo Jauretche, con sede en Florencio Varela, fue uno de los rectores y decanos aprovecharon su estadía en Jujuy para participar de un plenario del Concejo Interuniversitario Nacional y organizaron una visita a Sala y a las otras integrantes de la Tupac Amaru que permanecen detenidas en el Penal de Mujeres del Alto Comedero. “Nos pareció muy atinado visitar a alguien que en rigor es una opositora al gobernador Gerardo morales, quien durante la inauguración del plenario se dedicó detalladamente a atacarla y descalificarla”, contó Villanueva a Página/12. “Morales dedicó muy poco tiempo a hablar de educación universitaria en la inauguración y demasiado a descalificar a Sala y a explicar que la tenía presa por delincuente, incluso criticó a los rectores que la íbamos a ir a visitar”, agregó el rector de la UNAJ, a quien no le pareció correcto la exposición del gobernador. “No es atinado que un gobernador se erija en juez, cada palabra que decía mostraba que en realidad Sala es una presa política”, completó.
Con quien los rectores sí hablaron de educación fue con la referente de la Tupac Amaru durante su visita a la cárcel. A la salida, denunciaron la falta de garantías constitucionales en Jujuy y algunos de ellos revelaron que las detenidas les contaron que “el juez les ofreció la prisión domiciliaria a cambio de que denuncien al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex gobernador Eduardo Fellner”, a lo que ellas se negaron.
El fiscal de Investigación Penal de Jujuy, Gustavo Araya, tiene a su cargo la investigación por la presunta malversación de fondos que fueron girados a la Tupac Amaru para construir viviendas en la que imputó a López. A pedido de Araya, el ex secretario de Obras Públicas será trasladado hasta allí para que se lo notifique de su imputación. El trámite está previsto para el próximo miércoles.
“La particularidad de nuestra democracia está en garantizar las libertades individuales, el debido proceso, en asegurarle a todos los ciudadanos que van a ser tratados en igualdad de condiciones con la ley, cosa que no vemos que haya sucedido aquí”, expresó Mario Lozano, rector de la Universidad Nacional de Quilmes.
“Milagro tiene que estar libre”, advirtió la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout. “Que se investigue todo lo que se tiene que investigar, pero acá se están violando todas las garantías constitucionales. Este gobernador es autoritario y antidemocrático. Queremos que se sepa que las universidades públicas estamos movilizadas en
LA SEMANA QUE EMPIEZA Y LA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA CFK Otro capítulo de la telenovela
Por Raúl Kollmann
Esta semana se desarrollarán nuevos capítulos de la insólita batalla político-judicial alrededor del caso AMIA. El martes, la Sala II de la Cámara Federal concretará una audiencia para decidir si permite que el juez Claudio Bonadio siga adelante con un expediente en el que se pretende juzgar a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por el delito de traición a la patria debido a la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán y a la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. La otra Sala de esa Cámara Federal ya objetó la existencia de este expediente mellizo: Eduardo Freiler señaló que es intolerable y Jorge Ballestero consideró, en tono irónico, que es una situación singular. Ambos camaristas coincidieron en que se trata de una causa paralela, una colectora, basada en los mismos hechos por los cuales la Sala I ya dijo que no existe delito. En los dos expedientes actúa el fiscal Germán Moldes, que esta semana calificó de ratas y peste a los jueces que no fallaron como él creía que debían, lo que llevó a los abogados de Timerman a recusarlo por pérdida de objetividad. En otro piso de Comodoro Py, esta semana, declarará la modelo Florencia Cocucci, quien se presentó a la justicia diciendo que la extorsiona un ex representante a raíz del caso Nisman. La denuncia no parece tener nada que ver con la muerte del fiscal –aunque los protagonistas digan que sí y Cocucci declare en el expediente–, pero exhibe nuevamente los asombrosos gastos de Nisman.
Colectora
La Sala II de la Cámara Federal recibirá el martes a los abogados Alejandro Rúa y Graciana Fort, quienes pidieron el cierre de la causa por traición a la patria que aceptó instruir el juez Bonadio. Dos personajes de la derecha vernácula iniciaron el expediente. El habitual denunciador Santiago Dupuy De Lome, vinculado al PRO, quien en su momento hizo el papelón de acusar falsamente a Axel Kicillof de cobrar 400.000 pesos mensuales en YPF, y el abogado José Mangiocalda, que no sólo acusó a CFK y Timerman sino que extendió la acusación a los 131 diputados y 39 senadores que votaron el Memorandum en el Congreso. Después se sumaron a la causa dos familiares de las víctimas, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, cercanos a la conducción de AMIA y DAIA, que fueron tenidos como querellantes.
Uno de los argumentos con los que se puso en marcha la colectora fue la existencia de una llamada entre Timerman y el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en que el canciller explicaba que el camino para que declaren los sospechosos iraníes ante el juez Rodolfo Canicoba Corral pasaba por negociar con Irán. Los jueces de la Sala I, Ballestero y Freiler, tuvieron que resolver sobre esa llamada, lo que confirma lo afirmado por ambos: se armó una causa paralela sobre los mismos hechos. “Lo que en un caso se pretende llamar encubrimiento, en el otro aparece como traición a la patria”, señalaron Ballestero y Freiler, cada uno con sus propias palabras.
En su evaluación del contenido de la llamada, los dos camaristas dijeron que no existe irregularidad alguna. Que Timerman le dijo a Borger lo que era público, que Irán está acusado de poner la bomba y que venía esquivando todas las convocatorias de la justicia argentina. Pero, además, aunque los camaristas no dictaminaron sobre la validez de la llamada, ambos merodearon la idea de que usarla como prueba es ilegal ya que fue obtenida de forma clandestina. Los dos protagonistas negaron haberla grabado, es decir que el origen no es una orden judicial, sino uno ilegalidad.
Vicecanciller
En su afán de encontrar algún ángulo por el que acusar a CFK y Timerman, el juez Bonadio trata de demostrar que el Memorandum no lo armó el equipo de la cancillería, sino que fue el equipo político para favorecer a los iraníes. En verdad no cambia nada: el Ejecutivo, en cabeza de un presidente y un canciller, tiene la facultad de decidir y ejecutar la política exterior. Más allá de eso, otra vez se pretende investigar los hechos ya analizados por la Sala I, que dijo que “el Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”.
Aún así, Bonadio citó a los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana y a la responsable judicial del ministerio, Susana Ruiz Cerruti, pero poco pudo avanzar en la recolección de pruebas hacia la traición a la patria. El que dió la nota fue el ex vicecanciller Roberto García Moritán, renunciante en época del kirchnerismo y convocado por Mauricio Macri para viajar con el presidente a las Naciones Unidas en ocasión de la cumbre nuclear. García Moritan sostuvo que está convencido que el Memorandum se firmó para buscar la impunidad de los sospechosos iraníes, con lo que respaldó la ofensiva contra CFK y Timerman. García Moritán alegó que en la reunión de Interpol de 2007, el ex titular de esa organización, el norteamericano Ronald Noble, dijo que se podían levantar las órdenes de captura con alertas rojas, no sólo por orden de un juez, sino también cuando los países se ponían de acuerdo. El ex vicecanciller alega que eso es lo que se puso en marcha seis años después, en 2013, cuando se firmó el Memorandum. Y para ello es que se notificó a Interpol del acuerdo.
La realidad es que no se entiende entonces por qué no se levantaron las alertas rojas y, sobre todo, cuál fue la razón por la que Irán ni siquiera puso en vigencia el acuerdo, dado que no lo hizo aprobar ni por su parlamento ni por sus consejos ejecutivos. La abogada Lucila Larrandart, defensora de Andrés Larroque, señaló: “Se trató de un encubrimiento tan inexistente que los iraníes no lo quisieron. No aprobaron el Memorandum”.
En paralelo, el ex canciller Timerman aportó un documento categórico: en la notificación a Interpol, con fecha 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma del Memorandum, la Argentina dejó constancia de que el tratado no implicaba ninguna modificación de las órdenes de captura. Timerman pedía una ratificación de Interpol sobre ese punto, algo que Interpol contestó el 15 de marzo confirmando que no habría cambios en las capturas.
Todas estas idas y venidas son una nueva demostración del único objetivo que tienen las dos causas: imputar a la ex presidenta y al ex canciller por lo que sea, encubrimiento o traición a la patria. Y como no se pudo con Daniel Rafecas y la Sala I se intenta, sobre la base de los mismos hechos, con Bonadio y la Sala II.
Los abogados de Timerman, Rúa y Peñafort, pedirán el cierre del expediente Bonadio por doble persecución penal. En el estrado estarán Eduardo Farah y Martín Irurzun. El primero de la escudería que encabezó el ex espía Jaime Stiuso y el segundo reportando al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Ambos, fuertes protagonistas de la ofensiva judicial contra el anterior gobierno. El tercer integrante de esa Sala, Horacio Cattani, está de licencia y no se sabe si estará en la audiencia.
Fiscal
El viernes se conoció la recusación que presentaron Rúa y Peñafort contra el fiscal de Cámara Germán Moldes, que actúa en las dos causas. Ya en sus escritos, el funcionario fue advertido por la virulencia de sus términos y, sobre todo, por no aportar argumentos jurídicos, sino discurrir sobre acusaciones que no se trataban en el expediente.
Sin embargo, después que la Sala I ratificó que no existe delito en la denuncia de Nisman, el fiscal se despachó de manera nunca escuchada en el Poder Judicial: señaló que debería hacerse una desratización, en alusión a los camaristas, y luego tildó específicamente a los jueces de “peste purulenta”. Rúa y Peñafort no sólo marcaron que Moldes perdió toda objetividad, un requisito pedido a los fiscales, sino que actúa con desequilibrio y hasta con una actitud nazi, cuando habla de eliminar a fiscales, jueces y camaristas. La Sala I deberá ahora convocar a una audiencia para resolver si aparta o no a Moldes de este expediente y, en general, de todos los que tienen que ver con CFK.
Modelos
Como se sabe, la causa por la muerte de Alberto Nisman se instruye ahora en la justicia federal y fue derivada por el juez Julián Ercolini al fiscal Eduardo Taiano. Durante la semana que pasó, la modelo Florencia Cocucci fue llamada a declarar por Taiano. Y aunque públicamente se dijo que su testimonio se postergó, la realidad es que declaró el miércoles pasado. Cocucci había señalado que la amenazaron por el caso Nisman pero luego se desdijo y su denuncia tuvo que ver con la relación con su ex representante Leandro Santos. Finalmente, después de varias idas y vueltas, la modelo aceptó declarar y dió detalles llamativos de su viaje a Cancún con Nisman.
La verdad de aquella travesía es que Cocucci viajó para tapar que el fiscal viajaba con otra modelo, cuyo nombre este diario mantiene en reserva. Ambas chicas supuestamente iban como amigas, pero lo cierto es que todos los pasajes fueron pagados por el fiscal. Además, Cocucci no pudo ni identificar la agencia que las había contratado para hacer fotos y admitió que las escasas fotos que se sacaron no fueron publicadas en ningún lado.
El fiscal Taiano no sólo le tomó declaración a Cocucci sino que ordenó medidas de prueba, entre ellas la certificación de la causa que hoy instruye Bonadio y que tiene que ver con las cuentas ocultas de Nisman en Nueva York y Uruguay, las propiedades no registradas en Punta del Este y en Buenos Aires y las cuatro cajas de seguridad de las que no se pudo conocer el contenido. La que destapó el velo sobre la fortuna escondida del fiscal fue su propia ex pareja, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lanzó la hipótesis de que a Nisman lo mataron por razones económicas. Desde el punto de vista pericial, la teoría del homicidio hace agua en el expediente. Todo indica que el fiscal se quitó la vida con un disparo a un centímetro de distancia, dentro del baño, sin que existan rastros ni de pelea ni siquiera de desorden y con una pistola que él pidió prestada. Aún así, Taiano decidió no dejar de lado la economía oculta, no registrada, de Nisman.
raúlkollmann@hotmail.comEL GOBIERNO NO PUEDE CONCLUIR EL AJUSTE PORQUE EN 2017 SE JUEGA SU ROL HISTORICO Bisagra o paréntesis
Por Horacio Verbitsky
El análisis del Fondo Monetario Internacional es en este punto objetivo: durante los últimos años, la economía se basó demasiado en el consumo y muy poco en la inversión. Nada indica que el alabado presidente Maurizio Macrì esté avanzando en la corrección de ese desequilibrio entre los factores de la demanda agregada. El consumo disminuyó pero la inversión no se ha recuperado ni lo hará pronto, por decirlo en términos amables. A este cuadro hay que completarlo con las exportaciones, entre las más escuálidas en lo que va del siglo, y el gasto público, que el gobierno quiere y no puede reducir, por la fuerte resistencia social a la pérdida de empleos y salarios y por sus necesidades electorales.
Ajuste o deuda
El gobierno inició su gestión con ímpetu y consiguió para varias de sus primeras medidas la condescendencia política y gremial o incluso el apoyo legislativo, tanto en la convalidación de decretos como en la sanción de leyes. Pero cuando los formadores de precios desairaron las predicciones oficiales de que la devaluación no se trasladaría a las góndolas, la inflación trepó hasta duplicar en forma holgada el cálculo del ministro Alfonso de Prat-Gay. La crioterapia escogida por el Banco Central para contenerla profundizó la recesión. Los sindicatos en las paritarias y los usuarios de los servicios públicos cuyas tarifas se multiplicaron por diez, no se resignaron a esa pérdida abrupta de poder adquisitivo y lo hicieron saber en las calles, igual que los universitarios enojados con el recorte de su presupuesto. La imponente Marcha Federal de hace un mes, la reunificación de la CGT y el Congreso Central Confederal en el que anunció un paro general cuya fecha debe poner el triunvirato directivo, el nulo resultado que hasta ahora ha obtenido el blanqueo y la caída de la inversión pese a los sucesivos road shows fuera y dentro del país, contrariaron los objetivos del gobierno. Para suplir el ajuste y la inversión, ha decidido recurrir sin frenos al crédito externo que, si todo sale como se lo propone, sumará el año próximo otros 40.000 millones de dólares a la deuda en divisas, que de inmediato comenzarán a devengar intereses. La misión del Fondo encabezada por el italiano Roberto Cardarelli repite que la inflación del denostado kirchnerismo se originó en la emisión para cubrir el déficit fiscal, que a su vez se debía a un insostenible nivel de consumo. Nadie le preguntó durante el retorno triunfal del Fondo a Buenos Aires por qué entonces la caída del consumo no redundó en una disminución del déficit y la menor emisión no hizo mermar la inflación en los diez meses del actual gobierno (con excepción del anómalo agosto, que se explica por la anulación judicial del tarifazo energético). En cualquiera de esos casos, debería haber analizado las fuerzas sociales y las relaciones de poder, ¡Dios no lo permita que el FMI es un organismo técnico que aplica una ciencia exacta sin contaminaciones políticas ni sociales!
Los mercados entienden
El gestor de ese endeudamiento es el Secretario de Finanzas Luis Caputo, ex directivo de JP Morgan y Deutsche Bank. Al hablar ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) reconoció que la deuda causaba preocupación pero aseveró que no era problemática, ya que en otros países de la región es hasta un 50 por ciento mayor, porque este año es un cuarto del PIB y al terminar el mandato de Macrì será un tercio, en ambos casos manejable. Caputo agregó que hay margen para financiar de este modo “una convergencia gradual al equilibrio fiscal”.
Antes de salir de Washington el ministro de Economía de Estados Unidos, Jack Lew, se mostró comprensivo de la gradualidad del ajuste argentino contemplada en el proyecto de ley de presupuesto. Ya en Buenos Aires, advirtió que si bien no es posible suprimir el déficit de inmediato, también hay que estar prevenido sobre el riesgo de un sobreendeudamiento, ya que “los mercados de capitales entienden cuando el déficit es sustentable y cuando no”. El ritmo de las reformas debería ser el más rápido posible sin desgarrar el tejido social, prescribió. En la misma lógica, la agencia calificadora Moody’s explicó que no mejora la nota que asigna a la deuda argentina porque sus reservas son escasas en comparación con “la cantidad de dinero que ha tomado prestado en dólares”. Y este mes han sufrido una caída fuerte. Por eso, más allá de la euforia declarativa, Caputo también anunció varios proyectos de ley tendientes a desarrollar un mercado de capitales doméstico que permita reducir el endeudamiento futuro, y el gobierno no se resigna al fracaso que hasta ahora ha tenido su apuesta principal, el blanqueo de capitales: el primer plazo, para comprar un bono a tres años, sin descuento alguno, acaba de vencer con mucho menor éxito que los Cedin de CFK y Axel Kicillof.
Caputo y De Prat-Gay recibieron con alivio las promesas de Lew de un acuerdo fiscal sobre intercambio de datos, lo que haría menos seguro el refugio en Miami y Nueva York de los capitales argentinos fugitivos, aunque es improbable que esto afecte a las guaridas fiscales de Wyoming, Delaware, South Dakota, Alaska y Nevada. Además ese acuerdo fiscal requiere de una ley del Congreso, de sanción incierta en el momento de mayor debilidad del gobierno de Barack Obama, quien acaba de padecer la primera insistencia de ambas cámaras contra un veto presidencial en sus ocho años de gobierno (97 a 1 en el Senado, 348 a 77 en la Cámara de Representantes).
Gestión de crisis
Cada contratiempo el gobierno lo atribuye a la pesada herencia, de cuyos efectos reales se beneficia, como el sostenido desendeudamiento del anterior gobierno, que hoy le da margen para acudir a los mercados voluntarios de deuda en procura de los recursos que no genera su propia política, tan elogiada por gobiernos y organismos de los países centrales. Entre ellos está el Banco Mundial, cuyo director para la Argentina, Jesko Hentschel, sostiene que, pese al aumento de la pobreza y del desempleo, no se vive una situación de crisis social. Esto es discutible para determinados sectores cuyos padecimientos se han incrementado, pero debe considerarse cuando se intenta conformar un cuadro predictivo sobre el futuro cercano. Según los estudios de Cifra-CTA, la devaluación, la quita de retenciones y el aumento de las tarifas provocaron el nivel de inflación más significativo desde las hiperinflaciones de 1989-1990, que en julio de 2016 contrajo un 10,3 por ciento los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado respecto al mismo mes del año anterior. El cuadro, confeccionado por Cifra con datos de Mariana González sobre patrones de crecimiento y mercado de trabajo indica que hay que remontarse a los peores momentos del último cuarto de siglo para encontrar una caída más pronunciada de los salarios reales, del 20 por ciento en 1988, 14,5 por ciento al año siguiente y 18,9 por ciento en el tremendo 2002. Pese a la posible desaceleración del IPC a partir de agosto, la inflación anual se ubicará en torno al 43 por ciento y el salario real anual de los trabajadores registrados perderá al menos 7 por ciento en el año. La caída sería superior si se dispusiera de datos fiables también para los trabajadores informales, que son los más vulnerables.
Los dilemas que hoy enfrenta el primer gobierno neoliberal electo por el voto popular tienen un aire de familia con los que se le presentaron al último gobierno neoliberal que colonizó a un partido de tradición popular para que aplicara su política. En aquel momento las privatizaciones fueron la fuente alternativa de recursos, a la espera de que el financiamiento genuino y la inversión privada productiva sustentaran la viabilidad de un modelo que acabó con la que hace siete décadas fuera la sociedad más desarrollada e integrada de América Latina. El capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas del Estado se malvendió a precio vil, como quien quema los muebles para calentarse a la espera de que termine el invierno. Hoy ese rol lo cumple el endeudamiento externo, posible por la inmejorable ratio sobre el PIB recibida del gobierno de CFK. Aquel proceso pudo afirmarse durante un lustro porque concilió los intereses hasta entonces divergentes de distintas facciones del capital: los bancos trasnacionales acreedores, los operadores internacionales de servicios públicos y los grupos económicos locales (expertos en apertura y lubricación de puertas oficiales), agrupados en Uniones Transitorias de Empresas para aprovechar la rentabilidad extraordinaria de un negocio único. El punto de unidad de ese acuerdo fue avanzar a expensas de los intereses del conjunto de la sociedad, despojada de un activo histórico, y de los trabajadores que, en esos años posteriores a la caída del muro y el hundimiento del socialismo real, perdieron los derechos que ni siquiera la dictadura había podido arrancarles, por temor a que se volcaran hacia la guerrilla.
La Alianza que sucedió a aquel experimento también recorrió el atajo del endeudamiento, pero hoy sabemos que fue apenas un espejismo. Los dictámenes del FMI y los créditos que Fernando de la Rúa presentó como prueba de confianza en su gobierno fueron en realidad el financiamiento, con cargo al pueblo argentino, para que las grandes empresas y bancos retiraran sus recursos del país y miraran desde lejos y a buen seguro el gran resplandor. Pero hoy esos bancos y empresas están en el poder y tienen una conciencia del cuadro político de la que careció aquel desdichado gobierno. De la Rúa no prestó mayor atención al proceso electoral de octubre de 2001 y cuando se conocieron sus horribles resultados se desentendió aduciendo que él no había sido candidato. Dos meses después estaba en su casa, empujado tanto por la sublevación social que siguió al congelamiento de cuentas bancarias en el corralito como al pacto Alfonsín-Duhalde, que promovió su juicio político con la bendición del cardenal Jorge Bergoglio, el único de los tres que sigue actuando en la política argentina, a varias puntas como de costumbre. A diferencia de entonces, el actual gobierno es hiperactivo en el toma y daca de prestaciones recíprocas con gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas. Tiene para ello personal idóneo, comenzando por el ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio (n), quien se ofende cuando escucha que el gobierno de los ricos es el gobierno de los ricos. Las concesiones que el gobierno ofrece son menores en relación con los retrocesos que los trabajadores han padecido: un bono de fin de año, una exención impositiva sobre el aguinaldo, la actualización de planes sociales en una magnitud que recién será comunicada la semana próxima y la convocatoria a la mesa de diálogo con sindicalistas patronales y obreros que desde Roma reclama su obispo, el papa Francisco. Los obispos argentinos pidieron a la CGT que agotara todas las instancias de diálogo antes de parar y sus plegarias fueron atendidas. En la misma conferencia de prensa en la que anunció esa convocatoria tripartita, Macrì mencionó tres puntos posibles de agenda: bajar las indemnizaciones por despido, reducir el costo para las empresas de la ley de accidentes de trabajo y los aportes patronales al sistema previsional, como hicieron Menem y Cavallo a partir de 1993, lo cual condujo a su desfinanciamiento y ruinosa privatización. Pero aún así, la Proactividad oficial coloca a la oposición sindical y política en un dilema, porque no sólo el gobierno sabe lo que se juega en los comicios del año próximo. La resistencia al programa oficial partió de un piso mucho más alto que en los años 90 frente al menemismo, y la imagen presidencial está sujeta a un proceso de corrosión lento pero constante. Sin embargo, sectores sociales significativos no adherirían a ninguna postura confrontativa. Tanto la convocatoria cegetista de abril como la Marcha Federal de septiembre, en la que ambas CTA coincidieron con sectores significativos de la CGT, desde los camioneros de la familia Moyano a los bancarios de Sergio Palazzo y la Corriente Federal de Trabajadores, encontraron un punto justo de contundencia y masividad del reclamo, sin desatender el estado de ánimo de quienes conservan simpatía por el gobierno o, al menos, desean que le vaya bien. En cambio, la rala Marcha de la Resistencia que Hebe de Bonafini cerró con un insulto a Macrì, repetido el jueves, o los grupos que fantasearon con voltear las vallas policiales el día de la audiencia pública por el tarifazo en la Usina del Arte, se recluyen en la marginalidad y terminan por favorecer al gobierno que con sobradas razones aborrecen.
¿Y Cristina?
La acertada convocatoria de CFK a reunir en un frente ciudadano a todos los afectados por las políticas oficiales, con independencia de su origen, es de difícil concreción sin instrumentos organizativos adicionales a La Cámpora y el Instituto Patria, cuya verticalidad no es el método óptimo para esta etapa. Esto podría cambiar en caso de un estallido, que unos pocos anhelan pero cuya probabilidad hoy parece baja, aunque en el país del 17 de octubre, el Cordobazo y el 19 y 20 de diciembre no puede descartarse. Cristina ha dicho varias veces que no será ella sino el pueblo, dentro de ese conjunto los jóvenes y en especial los muy jóvenes, quienes deberán tomar la posta. Como lectura histórica es tan exacta como la frase célebre de Perón acerca de quién sería su heredero. Con una diferencia no menor: la pronunció a los 78 años, desde la presidencia y dos semanas antes de su muerte, cuya inminencia conocía. La prueba decisiva serán las elecciones de medio término, que definirán si Macrì coloca una bisagra entre dos épocas, como se ilusionaron en su primer año casi todos los presidentes postdictatoriales, o es sólo un paréntesis en el bipartidismo histórico. Las apariciones públicas de Cristina provocan encuentros masivos y de alta emotividad, pero es ostensible que su carisma intacto no es transferible a ningún delegado, por lo que será ineludible que defina si será candidata bonaerense. La inscripción para las primarias vence dentro de apenas ocho meses, en junio de 2017. La ex presidente medita que hará y el último indicio que dejó traslucir es que no tomará ninguna decisión por motivos personales sino en función de los intereses del conjunto, lo cual es lo más parecido a una admisión de esa posibilidad que haya dado hasta ahora. Si bien es prematura cualquier medición, es obvio que tanto para el gobierno como para las distintas tribus del panperonismo no sería lo mismo una elección con o sin CFK en el menú. Quienes pretenden excluir a Cristina del PJ y desde los cargos electivos votan todos los proyectos que envía el gobierno, meditan una posible alianza con Sergio Massa, con quien disputan la conducción del opoficialismo. La principal discusión entre ellos es acumular para fortalecerse antes de sentarse a la mesa de negociaciones o correr ya hacia Tigre. Esta arquitectura de palitos chinos sólo podría sostenerse si la ex presidente decidiera no bajar al ruedo electoral, algo que tendría un costo en la valoración póstuma de la historia.
El salario real en %
Fuente: Cifra.OPINION La pobreza y el autoindulto
Por Mario Wainfeld
Imagen: AFP.
Jorge Todesca, titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), anunció los nuevos índices de pobreza e indigencia. La aceitada maquinaria de propaganda y comunicación oficial predispuso una conferencia de prensa inmediata. Suelto de cuerpo y guionado de lengua, el presidente Mauricio Macri auto indultó al Gobierno de cualquier impacto sobre esos indicadores, medidos para el primer semestre de 2016.
Es sabido que el macrismo maneja los semestres y su narrativa en base a falacias, hipótesis descabelladas o ilusiones. De cualquier forma, otra vez batió sus propios records. Según Macri “su” historia acaba de empezar. Nada aconteció desde el 10 de diciembre de 2015. Han sido inocuos la devaluación, las transferencias de ingresos, la recesión, la inflación, los despidos y la consiguiente pérdida de capacidad adquisitiva de los sueldos desde entonces. Fatiga tener que señalar tamañas obviedades, es forzoso hacerlo porque la negativa no es pueril sino deliberada y encuentra ecos en el elenco oficial y (en este caso) parte de sus voceros mediáticos.
El mandatario puso fin al objetivo de “pobreza cero”, que le sirvió de caballito de batalla más de un año, en el llano y en la gestión. Siempre fue imposible, ahora lo registra aunque carga el embuste en la mochila de la pesada herencia. De rondón, añadamos que la “lucha contra la pobreza”, así formulada, enmascara la falta de libido por los derechos de los trabajadores, que jamás se mencionan.
La nueva “serie” estadística, por definición, es distinta a las anteriores. Por lo tanto, no se puede “empalmar” o equiparar de modo lineal. Los especialistas ya debaten las correspondencias o proporciones… lo cierto es que los índices nuevos servirán para comparaciones futuras, precisas. Para atrás, es más complicado.
Es innegable que en estos meses la clase trabajadora ha sufrido embates variados, de los que el aumento de la pobreza e indigencia es una de las peores derivaciones. Pero no la única, ni incoherente con el resto.
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De ayer a hoy: El kirchnerismo redujo radicalmente la pobreza y la indigencia, en particular durante sus primeros ocho años y velozmente durante el mandato de Néstor Kirchner. Creó millones de puestos de trabajo, bajando el índice de desempleo y la proporción de trabajadores informales. Amplió la cobertura jubilatoria a millones de personas desprotegidas hasta entonces. Y fogoneó la elevación del salario real.
Este escriba no es un experto en la materia para hablar sobre guarismos. Pero sí conoce lo sucedido como para compartir las líneas que propone un informe flamante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Medida con la metodología actual del INDEC “el 60,8 por ciento de la población se encontraba bajo la línea de pobreza en el segundo semestre de 2003” (cuando Kirchner llegó a la Casa Rosada). Para el mismo semestre de 2015 –calcula el CESO– el 27,3 por ciento de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza. De esa manera, entre 2003 y 2015, el 33 por ciento de los habitantes del país salieron de la pobreza.
Por su parte, la población bajo línea de indigencia pasó del 22,5 por ciento al 4,7 por ciento en el mismo período. Esto es, el 17,8 por ciento de la población salió de la indigencia entre 2003 y 2015.
Según el estudio del CESO la pobreza no se mantuvo incólume en la era macrista. “Se incrementó en 5 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016: aproximadamente 2.157.531 habitantes pasaron a ser pobres. En el mismo período la población bajo línea de indigencia se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, es decir, aproximadamente 670.594 habitantes pasaron a ser indigentes.
Queda para los especialistas compartir total o parcialmente esos cálculos. Nadie en sus cabales o de buena fe puede controvertir su lógica plasmada en casi diez meses de política económica devastadora, sesgada a favor de las clases dominantes. El equipo de gobierno está en sus cabales, sabe lo que hace busca. La buena fe es (muy) otra cosa.
Nada dispensa al kirchnerismo de la responsabilidad por el desquicio que produjo en el INDEC, por abolir la credibilidad del índice de precios al consumidor, por discontinuar otras mediciones. Pero esa falla, tal vez el mayor error de sus tres mandatos, no convalida versos ulteriores.
La reseña que aceptamos como indicativa comprueba que la pobreza preexistía al macrismo. Inevitable con un tercio de los laburantes no registrados y un porcentual bajo pero no inexistente de desocupados. También es un dato que el “modelo” K topó con límites para seguir creando empleo en cantidades deseables. Para sostener sus premisas era imprescindibles cambios en la estructura productiva, tal vez en el esquema impositivo y en otras variables. Ante las dificultades, los gobiernos del Frente para la Victoria (FpV) defendieron con ahínco los empleos existentes. Tanto que para muchos argentinos, los entrados al mundo del trabajo desde 2003, era ignota la experiencia de despidos masivos. El macrismo reinstaló la vieja costumbre, que se venía prolongando durante toda la restauración democrática y se exacerbó, adrede, en la etapa neoconservadora (1991-2001).
Las proyecciones meten pavor. Entre los objetivos declamados del Gobierno está mejorar la competitividad que en su ideario depende de la baja del “costo salarial”. Los ejemplos a seguir son países con legislaciones laborales menos avanzadas o aún parajes del planeta con condiciones semi esclavas.
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Microescenas de la vida cotidiana: La determinación de la “pobreza por ingresos”, como cualquier cálculo cuantitativo, es útil pero insuficiente para calibrar un fenómeno complejo. Un análisis más fino debería computar los bienes y servicios públicos disponibles para los ciudadanos argentinos. Con todas sus falencias y límites, la educación es gratuita en todos sus niveles, muchas personas tienen acceso a atención médica sin pagar y, con cierta frecuencia, a medicamentos gratuitos o abaratados. El Plan Conectar Igualdad o hasta el Fútbol para Todos permiten acceso masivo a bienes materiales o culturales. Por eso el macrismo los asfixia presupuestariamente o, llanamente, elimina.
Imagen: DyN.
El incremento de la pobreza se palpa, para percatarse basta una mirada costumbrista. La concurrencia a comedores comunitarios crece, la provincia de Buenos Aires amplía su número cotidianamente sin alcanzar a cubrir la demanda.
Pibas y pibes en edad escolar “vuelven” (por así decir) a los comedores escolares. A fin del siglo pasado y a principios de éste fueron salvavidas para paliar necesidades extremas, a partir del 2003 se fue recuperando la comensalidad familiar. La Asignación Universal por Hijo acentuó la tendencia. Un estudio cualitativo realizado por varias universidades públicas, divulgado en 2011, reseñó que los chicos elegían ir a sus hogares porque el menú familiar era más rico que el de la escuela… altri tempi.
Intendentes, políticos, militantes sociales, docentes registran el retroceso. Un cura que recorre el Conurbano bonaerense le comentó a este cronista otro penoso revival: los alumnos piden llevarse algo del almuerzo para sus casas, en las que falta comida.
Una trabajadora social que se desempeña en Tribunales en la misma zona contó que jefas de hogar que tenían a su cargo personas mayores o pibes institucionalizados las trasladaron a sus casas mientras podían “parar la olla”. Ahora acuden al Poder Judicial para re institucionalizarlos, con pena y culpa: no están en condiciones de bancar su subsistencia.
La reseña de casos incluye la de mujeres golpeadas que, ante un primer rechazo judicial de pedidos de exclusión de hogar, se resignan a quedarse junto al varón violento. Años ha, tenían el rebusque de irse a otro domicilio mientras esperaban resolución favorable. Hoy día les es imposible hacerse cargo de los costos y se exponen a lo peor.
Los casos individuales son, bien mirados, muestras de una realidad social que se agrava en consonancia con el cierre de pequeños negocios, la pérdida de changas, la consunción del “de- sarrollo local”.
El desmantelamiento de ramas de la producción no será reparado con un virtual “rebote” de la economía. En su informe de octubre la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) concluye que “la proyección de crecimiento del 3,5 por ciento para el año que viene continúa exclusivamente en el terreno de las esperanzas”. Aunque el milagro se cumpliera, repercutiría de modo dispar. Dicho de modo impresionista: una fábrica que se mantiene abierta, aun suspendiendo personal, podría reactivarse en un contexto más propicio. Pero las que cerraron, las actividades destruidas por la importación alocada, los nuevos emprendedores PyME necesitan mucho más para resucitar.
El panorama es oscuro. El macrismo se auto indulta de las consecuencias de sus acciones. Y niega que, ya, esté auto heredando los frutos de su propia siembra. El problema es que esos alegatos indulgentes deben pasar por la prueba ácida del voto popular, dentro de un año.
Curándose en salud, el oficialismo ralenta parcialmente la escalada de sus medidas más impopulares (nueva baja de las retenciones, reducción machaza del “gasto social”), encara tratativas con gobernadores y con la Confederación General del Trabajo (CGT). Más allá de la transigencia de los interlocutores (ver asimismo nota aparte) es positivo que la dinámica del sistema democrático marque límites a un proyecto neoconservador, ínsitamente minoritario.
Queda por develarse cuándo se auto controla el oficialismo y hasta qué punto pueden ponerse curitas en daños atroces causados durante un puñado de meses. El último trimestre, la llegada del verano, irán despejando incógnitas.
mwainfeld@pagina12.com.ar
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