lunes, 3 de octubre de 2016

OPINION Relatos y comparaciones

Por Eduardo Aliverti
Las estadísticas sobre pobreza e indigencia fueron el centro de la atención mediática, y está bien que así sea mientras se trate de analizar los números en un contexto que deje la menor cantidad posible de cabos sueltos.
Cabe reconocer que la decisión de volver a publicar datos sobre semejante tema, después de tres años, es bienvenida. Dejar de hacerlo fue un error serio del kirchnerismo, como acaban de admitirlo algunos de sus referentes y como en su momento se lo señaló desde el propio tronco periodístico que siempre manifestó sus simpatías por el gobierno anterior. Lo que se cuestiona hoy es el cambio metodológico para medir a pobres e indigentes, porque alteraron el mínimo desde el cual se considera que alguien reviste en una de las dos condiciones. Sin entrar a mayores detalles que es mejor dejar en manos de los especialistas, con los parámetros previos la cifra rondaría el 23 por ciento. Pero el Indec los modificó de manera tal que el punto de partida se toma en 32,2 y Macri, mediante ese ardid, hizo la presentación pública cargando las tintas, para variar, en la herencia recibida. Igualmente, antes y ahora estamos hablando de millones de personas por debajo de la línea de pobreza y, entre ellas, de otra cifra alarmante de indigentes. Tampoco cambia el escenario conocido de la distribución de porcentajes. El Noreste tiene los peores indicadores; la Patagonia muestra los “mejores”; el Gran Buenos Aires es la zona de mayor incidencia para explicar la cantidad de gente en un estado u otro y la región Pampeana, a pesar de su rango como paraíso sojero y agropecuario en general, ocupa el segundo puesto con casi dos millones de pobres y cerca de 500 mil indigentes. La distancia de ayer a hoy está dada por una brusca modificación de presentes y expectativas. Es cierto que el kirchnerismo no terminó de ofrecer solución para las causas estructurales de estos aspectos dramáticos. Sin embargo, con la misma sinceridad, es irrefutable que sus programas de atención social y acciones como las del plan Procrear, sin ir más lejos y entre tantas otras, sirvieron para que dejara de agravarse el cuadro de situación. En 2003, según coinciden analistas y economistas de todo color ideológico, Kirchner asumió con un 57 por ciento de pobres e indigentes tras el estallido de las políticas que el macrismo vuelve a aplicar. Y en el segundo trimestre de este año contra el mismo período de 2015, la pobreza subió 3 puntos porcentuales. Eso lo hizo Macri, no la herencia recibida.
La semana que pasó fue nuevamente pródiga –quizás como ninguna de los últimos tiempos– en proporcionar testimonios numéricos de un estadío económico temible, para ser piadosos. En orden aleatorio y tomando fuentes oficiales y privadas, el empleo industrial cayó entre abril y junio casi un 2 por ciento con respecto a igual curso del año pasado. Junto con el sector fabril, el de la construcción exhibe los retrocesos más relevantes. El marco es que la desocupación trepó a cerca del 10 por ciento contra poco más del 6 en 2015, sin contar a la franja informal de la economía. El salario de los trabajadores registrados, solamente en la industria, ya perdió alrededor de 15 puntos, con reducción de las horas trabajadas y de los obreros ocupados. En maquinaria y equipos la merma de personal supera el 7 por ciento, continuada por la producción de madera; la fabricación de autos, remolques y semirremolques; los equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones; edición e impresión, y metales comunes. La venta de productos de consumo masivo –alimentos, bebidas, higiene y tocador– también se hundió en más del 7 por ciento. La balanza comercial de agosto revela que las importaciones inciden crecientemente en los bienes de consumo: son compras de productos terminados que explican la reprimarización de la economía. Prácticamente todo retrocede, salvo los agroquímicos. El resultado, bien que no final, es que la actividad económica, sólo en julio, se contrajo nada menos que en 6 por ciento. ¿Qué resultado distinto podría pretenderse con el combo de un Estado que desapareció como regulador de los desequilibrios, una inversión privada que además de no llegar se retrae, una apertura comercial indiscriminada, la obra pública reducida a su mínima expresión y el consecuente desplome de los niveles de consumo? Evidencia sobresaliente entre esa madeja destructiva, por su valor simbólico, es que cerró una planta completa de la empresa más grande del país en producción de hilados. TN Platex, en la localidad chaqueña de Puerto Tirol, despidió a sus 166 trabajadores porque alega no poder enfrentar la reducción de ventas frente a la avalancha importadora. Ya había suspendido, en mayo, a los 450 empleados de sus locaciones en La Rioja. Alpargatas, desde este lunes, vacaciona a todo el personal de su fábrica en Florencio Varela. Y redondeando, de acuerdo con la información gremial disponible, se calcula que en el último semestre hubo en el sector textil más de mil despidos y unas 2500 suspensiones.
Debiera parecer insólito que, ante un panorama de este tamaño, la CGT haya pactado una tregua con el Gobierno, al mero canje de un bono de fin de año para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, más una exención de Ganancias en el medio aguinaldo. No sólo eso: el triunvirato cegetista se habría comprometido a aprobar el programa Primer Empleo de la administración macrista, que justamente es lo que gremios y el mismísimo PJ asimilan a la infausta flexibilización laboral instrumentada por el menemato. El Ejecutivo daría una respuesta definitiva dentro de unos diez días, pero es esperable un final feliz según las sonrisas que se vieron en el encuentro de su cúpula con la muchachada sindical y lo adelantado por el ministro Prat Gay. Más aún, Macri se encargaría personalmente de hacer los anuncios e, incluso, hasta se especula con una puesta en escena similar a la de hace pocos meses, cuando la crema del establishment asistió a Casa Rosada para firmar a la bartola que no habría despidos. Podrían haberse apurado y empalmaban con las congratulaciones de Alejandro Werner, enviado del Fondo Monetario, quien felicitó al gobierno argentino por los “avances muy importantes” que la misión comprobó. Empero, el visitante alertó que Argentina tiene una estructura de gasto muy fuerte en salarios. Y no se privó de recordar que las inversiones siempre tardan. Hay que disminuir los egresos fiscales, entonces, lo cual ya se sabe de sobra qué significa en el lenguaje del FMI y del macrismo, en tanto misma cosa.
Por último, una noticia de comienzos de semana que casi inmediatamente quedó relegada en función de las restantes. La Sala I de la Cámara Federal, en un fallo demoledor, rechazó las pretensiones de reabrir el panfleto de Alberto Nisman, quien pretendía endilgar pactos con el terrorismo en cabeza de Cristina Fernández y Héctor Timerman. Tanto como en el dictamen inicial del juez Daniel Rafecas, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, al citar el memorándum de entendimiento con Irán, hablan directamente de “una absurda adecuación de conductas a calificaciones como traición a la Patria, que la doctrina unánime presupone en una situación de guerra internacional”. Los jueces advierten también que mejor sería concentrarse en buscar castigo para los responsables del máximo atentado terrorista de la historia argentina. Pero van más allá y citan que existe una “maniobra”, para lograr que la absurda denuncia de Nisman pudiera tener destino favorable en el juzgado de Claudio Bonadio. Maniobra que, agregan los jueces, “no puede ser tolerada”. Debe recordarse al fallo original de Rafecas como el causante de ese mamarracho arbitrario que, en forma de solicitada, publicaron directivos de la comunidad judía, periodistas del macrismo y grandes empresarios, solicitando su destitución. Con la sentencia de Cámara se derrumba –es probable que de modo terminal– la estrategia urdida por las derechas más reaccionarias de Estados Unidos e Israel, avaladas entre nosotros por la banda de Jaime Stiuso y el conglomerado de dirigentes de la colectividad, operadores mediáticos, una parte del propio aparato judicial, y elenco, para tan sólo conseguir otro escarmiento contra la gestión anterior. Por eso el fallo ejemplar de los camaristas excede la faz estrictamente jurídica, al internarse –aunque esa no haya sido la intención de los magistrados– en el mecanismo de narrativa destructora que los tejedores del Gobierno depositan sobre cuanto haya ocurrido hasta el 10 de diciembre último.
De allí la conexión nada traída de los pelos entre este veredicto, capaz de desmontar otra vez una operatoria de la que Nisman era apenas un vehículo mediocre, y el manipuleo de cifras orientadas a descargar en el pasado reciente los dramas de la actualidad económica. Es que, al fin y al cabo, es una cuestión de relatos. Cada quien elige a cuál creerle, y la medida para resolverlo es comparar una etapa con otra. No es muy difícil.

MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAÑE, AUTOR DEL PEDIDO DE AMPARO QUE LOGRO FRENAR EL TARIFAZO A LAS PYMES “Todo lo decidido por Aranguren es nulo

Por Marta Platía
Desde Córdoba
Cuando se siente acorralado por la letra de la ley, de la Constitución, el Gobierno se defiende cuestionando a los jueces o relativizando las leyes. Tachándolas de “demasiado estrictas”, como sucedió la semana pasada con el amparo contra el tarifazo del gas presentado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Apyme. “Desde que el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja –el juez federal N° 3 de Córdoba– nos hizo lugar a la medida cautelar, en la que pedimos que se retrotraigan las tarifas al 31 de marzo, no ha parado de recibir ataques”, le dijo a este diario Miguel Rodríguez Villafañe, abogado y él mismo ex juez, autor de ese amparo. “Ni siquiera se lo cuestiona por lo que resolvió; sino que atacan a su propia persona. A su apellido. Este magistrado, a quien el tema le cayó por sorteo y que hoy tiene casi 50 años, tenía sólo 9 cuando su familia tuvo que exiliarse para que los militares no los mataran. Era un chico. Ahora, además de que tuvo que sufrir la pérdida de su abuelo y su padre (dos reconocidos abogados en Córdoba), le endilgan si es sobrino, primo o cuñado de personas que nada tienen que ver con su presente como juez federal, y menos aún con sus decisiones.”
–¿Por qué considera que lo hacen de este modo?
–Hay todo un sector de la prensa que está encolumnada con el poder de turno. Eso es así desde siempre. Yo creo que a nadie le resultó ajeno que nuestro pedido de amparo no sólo está bien fundado por lo impagable y hasta por lo confiscatorio del tarifazo. Del daño que se le provoca a cualquier empresa que para pagar el gas, tal vez, terminen despidiendo gente o cerrando la fuente de trabajo. Creo que dimos, con Apyme, en el corazón de la cuestión legal de fondo: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no puede bajo ningún punto de vista resolver sobre temas vinculados al petróleo o al gas. La Ley 25.188 de Etica Pública lo señala en sus artículos 15, 16 y 17. Él ha sido parte de una empresa petrolera, tenía acciones, y la ley marca que debió haber estado alejado de esas empresas y de la toma de decisiones en el área hasta por lo menos tres años antes de asumir en el ministerio. Todos acá ya lo sabemos: no sólo fue gerente (CEO) de la Shell hasta pocos meses antes de ser investido ministro, sino que conservó acciones hasta hace pocos días en que, ante el escándalo, tuvo que venderlas. Aunque todavía no está claro a quién se las vendió o si las vendió… Tenemos que creer que sí porque se dijo desde Presidencia, pero no tenemos documentación que lo acredite. Y, en vista de todo esto, si están hablando de transparencia, debieron haberlo exhibido.
–En los últimos días, cuando el Gobierno apeló la medida cautelar presentada por ustedes ante Vaca Narvaja, les contestó sobre este punto, el de la supuesta incompatibilidad de Aranguren para estar en el cargo. ¿Qué contestaron?
–Mire, por lo menos fue irrisorio. Ellos argumentaron que esa ley, la de Etica Pública es demasiado estricta… Así como lo oye. Según ellos “desde el punto de vista del interés colectivo, en cuanto establecen límites para que el Estado pueda sumar a sus filas a profesionales que pudieran encontrarse altamente calificados en ciertos sectores o industrias”. Ello dicen, palabras más o menos, que “la interpretación literal del artículo 15 imposibilitaría al Estado contar con los mejores especialistas en cada área, ya que esas personas vienen de la actividad privada”. Es increíble. Pretenden que los jueces interpreten las leyes de acuerdo a sus intereses. Y si a eso le suma que estos señores tan especialistas del ámbito privado han admitido que están haciendo experiencias de “ensayo y error” en sus políticas, no sé de qué idoneidad hablan. El Gobierno hasta comete la torpeza de decirle al juez lo que debe hacer. Le dicen que “la interpretación que se efectúe no debe ser irrazonable ni entorpecer o desnaturalizar la labor del funcionario”. Un desastre jurídico: acá, con esto, tenemos que hay ley, ética, para el común de la gente y otra, antojadiza, para la casta de los CEO.
–En plural, Aranguren no es el único…
–¡Claro que no! Aranguren es sólo uno de los que conciernen a este tema. El signo de este Gobierno es el de los gerentes, los CEO empresariales. Pero en el caso del gas, que es el que nos ocupa, además tenemos que el actual presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), entidad que también está demandada en el amparo que presentamos, es un señor David José Tezanos González. Este hombre, hasta el día antes de asumir, era nada menos que el presidente del Directorio de Metrogas S.A. ¡Fíjese el desatino! Un día estaba de un lado del mostrador pidiendo aumentos, reajustes para cobrar más caro el gas; y al día siguiente estaba del otro lado, como autoridad que determina el precio del gas... En cualquier país de los del Primer Mundo que tanto admiran muchos de estos CEO esto no se permitiría. Aquí, hasta pretenden que el juez mire para otro lado y les interprete según su conveniencia una ley, que está perfectamente clara. Que el juez no sea tan “estricto”. Y si el juez, quien todavía ni siquiera se ha pronunciado sobre esa cuestión, porque lo que hizo hasta ahora sólo fue hacer lugar a la medida cautelar atento a los fundamentos que le expusimos, si ese juez no les garantiza esa flexibilidad, esa certeza de interpretación ajustada a sus intereses, entonces es blanco de ataques: se le cuestiona el apellido, la historia familiar, su nombramiento como magistrado, algo inaceptable legalmente. Y todo en un país donde, sabemos, hay jueces surgidos de las servilletas de los bares… Jueces como (Claudio) Bonadio a los que no se los cuestiona cuando sus decisiones son favorables a los intereses del Gobierno.
–¿Por qué cree que se da semejante virulencia?
–Porque con Eduardo Fernández, el presidente de Apyme, hemos dado en el centro del asunto legal. Y a eso lo digo yo, que soy quien presentó el amparo, porque el juez federal no ha resuelto todavía sobre esto ni opinado de ninguna manera en este sentido. Le repito, nosotros hemos dado en el corazón jurídico del tema: ante los tarifazos tenemos un ministro de Energía que incumple todos los requisitos para serlo al menos en cuanto a petróleo y gas se refiere. Aranguren vulnera la ley 25.188, y ellos (en el Gobierno) lo saben: todas sus resoluciones en el tema petróleo, en el tema gas, están viciadas de nulidad absoluta. Todas desde que asumió hasta ahora. Mire, ni siquiera es una nulidad relativa. Todo lo que ha firmado y decidido en el tarifazo, las audiencias públicas a destiempo y sin información para los ciudadanos, sesgadas; todo podría ser considerado nulo de nulidad absoluta. Ellos lo saben. Es lo que se conoce como el principio jurídico del “árbol envenenado”. Así que a esa verdad, a esa certeza jurídica, contestan con el antiguo, muy antiguo, axioma de atacar al mensajero. Para este Gobierno de CEO, no hay mejor defensa que un buen ataque.

OPINION Voto electrónico, suicidio de la política y nuevo “fraude patriótico”

Por Mempo Giardinelli
Algunos lectores opinan que esta columna es agorera porque suele cantar con anticipación ciertas cosas horribles que luego suceden. Lástima si por eso se pierden seguidores o se reciben reprimendas de duros que reclaman “basta de autocríticas”, pero, como se sabe desde Plutarco y Shakespeare, por lo menos, la culpa nunca es del mensajero. Es la chúcara realidad, nomás.
Ésa que hoy mismo nos muestra las renovadas torturas de policías a jóvenes como Iván Franco y Emiliano Mendoza el viernes pasado en la localidad de Rincón, Santa Fe, y ante el silencio de los grandes medios y “comunicadores” y también de las autoridades, lo que hace presumible que alguien, algún miserable poder oculto, les está dando letra a las bestias de “seguridad” de toda la república.
En esa realidad, también, vemos al acomodado embajador Luis Juez hacer un papelón diplomático en Ecuador, de puro gorila. Y vemos a la desclasada señora Margarita Barrientos reclamando sin vergüenza que se eliminen los planes sociales que asisten, mal y poco, a más de cinco millones de hogares argentinos.
Es la realidad y no una columna periodística la que dice que gran parte de la clase política parece estar decidida ahora a suicidarse. Término duro, claro, pero qué otra cosa es que la Cámara de Diputados haya aprobado en comisión el proyecto de reforma electoral que promueven Mauricio Macri y sus muchachos, con desesperada prisa por aplicar el sistema de boleta electrónica única en todo el país a partir de las elecciones del año que viene.
Están preparándose para un nuevo fraude patriótico, como en la pasada década del 30. Sería la coronación de lo que el prestigioso dirigente agrario Pedro Peretti, ex director de la FAA y miembro de El Manifiesto Argentino, llama certeramente “la revolución de los ricos”.
Ahora con el bizcocho del cupo femenino y la paridad de género en el Congreso, estos tipos se preparan para una larga, larguísima temporada en el gobierno, seguro que soñando con varias décadas infames. Y desde el vamos con el beneplácito de sus amigos del Frente Renovador, el Bloque Justicialista de Bossio y el FAP, el voto electrónico único en la Argentina ya está en marcha. Y veloz: quieren que debute en las elecciones del año que viene.
Ya se aseguraron el concurso de tres empresas a cargo del software (adivinen quiénes serán los dueños de esas empresas) y dejando el procesamiento de los resultados a la empresa Arsat, otrora orgullo nacional pero ahora en manos del hijo del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. De manera que adivinen ustedes a qué partido o coalición va a favorecer.
El sistema de voto electrónico es, hoy por hoy, el mayor peligro inmediato que enfrenta la democracia en la Argentina. Verdadero detritus del maravilloso avance cibernético de estos tiempos, el voto electrónico es cuestionado y está en retroceso en todo el mundo porque, fundamentalmente, impide que los votantes controlen los comicios. Nada menos que eso. Es ya indesmentible la vulnerabilidad de todo sistema de conteo masivo, que además resulta imposible de auditar. No hay ninguna garantía, ninguna y en ningún país del mundo, frente a la posibilidad de hackeos. Por eso Inglaterra, Alemania, Holanda, Irlanda y Finlandia, nada menos, lo han prohibido luego de probarlo algunos años.
Victoria Collier, directora de comunicaciones de la Coalición Nacional de Defensa Electoral de los Estados Unidos y autora de Cómo manipular una elección (Harper’s Magazine), publicó el pasado 5 de septiembre un artículo en el portal Truth-out en el que declara que: “En el último mes se ha validado el hecho de que nuestra tecnología de votación es el paraíso de todo pirata informático, tal como lo aceptan ya los principales sistemas de televisión”. Enumera todas las cadenas, desde la ABC hasta la CNN, y dice que por eso “los medios y los partidos políticos se declaran en shock ante la perspectiva de que las elecciones norteamericanas sean manipuladas y, sí, robadas”.
Collier ha denunciado además los modos que el sistema de su país ha venido implementando desde principios del siglo 19 para modificar distritos, inventar circunscripciones truchas y todo ese perverso sistema que cualquier politólogo conoce como “gerrymandering”, término encantador que entre nosotros explica la treta macrista de dividir en cuatro el para ellos inalcanzable Partido de La Matanza, y vocablo que los lectores pueden consultar en la Wikipedia.
Enseguida, y haciendo alarde de ironía y humor negro, la especialista concluye que una y otra vez, y cada vez más, decenas de “expertos informáticos y hackers coinciden en que cada componente de los sistemas electorales electrónicos es ridículamente vulnerable al fraude”. Y luego de innumerables casos y comprobaciones concluye que los defensores del voto electrónico dicen siempre que nadie puede probar jamás que las elecciones electrónicas hayan sido trampeadas. Entonces replica Collier: “Por supuesto que ése es el gran problema. Que nunca podemos probarlo. Porque el diseño de los sistemas previene ante todo la detección de fraude. Es el crimen perfecto”.
Eso es, para una democracia electoral como la nuestra, lo que estos tipos están tramando: un crimen perfecto contra la voluntad de la ciudadanía.

URIBE NO A LA PAZ.

"Los sectores que más quieren que siga el conflicto son los paramilitares, el ejército y los narcos. Esos sectores están representados por el ex presidente Álvaro Uribe".
Agencia Paco Urondo
AGENCIAPACOURONDO.COM.AR|DE REDACCIÓN A.P.U.



Perdón Brasil
Perdón Brasil porque macri recibe hoy al usurpador temer, uno de los ejecutores del nuevo Plan Cóndor actualmente en marcha en la región, ideado, impulsado y sostenido en otras latitudes para perpetrar políticas de saqueo y de empobrecimiento de nuestros pueblos.
Perdón Brasil porque se permite pisar nuestro suelo y manchar nuestra República por quien pisotea la voluntad de 54 millones de electores brasileros. Pero sepan que hay muchísimos argentinos que sentimos una profunda verguenza y que estos actos ni quienes lo realizan nos representan.
Perdón Brasil.

MICHETTI SABE