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jueves, 1 de septiembre de 2016
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OPINION La vuelta a la “normalidad” Por Washington Uranga
Unos y otros, los que estaban a favor y los que estaban en contra, saben que lo sucedido ayer en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff representa un golpe para todas las fuerzas progresistas y también para la democracia en América Latina. Es una etapa más del regreso de la derecha política y económica en la región. Situación que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, califica claramente de “restauración conservadora” y a la que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, prefiere designar como “oleada conservadora” argumentando que son momentos históricos de altas y bajas pero no un paso atrás de lo ya andado y construido. En todo caso se trata de matices de un análisis que deja al descubierto que los sectores populares y los gobiernos progresistas de la región que los representaron están sufriendo una derrota más. En Argentina fue por el camino electoral; en Paraguay y en Brasil usando resortes institucionales legales pero cuestionables desde su legitimidad ética y política (¡cuándo le importó la ética y la legitimidad a la derecha!). Y se podría analizar las características particulares de la situación de cada país.
La conclusión es clara: la derecha política y económica vernácula con el apoyo de sus aliados globales decidió “volver a la normalidad” y restablecer el orden, dejando en claro quienes mandan y quienes obedecen. Hay ejemplos anteriores, pero Brasil, por todo lo que conocemos es la “presa” mayor y lo que allí acaba de suceder nos afecta directamente. En lo económico, en lo político y en lo cultural. El cambio de rumbo impone también para la región una modificación sustancial de su geopolítica. Profundiza el aislamiento de Venezuela y acorrala aún más a Bolivia y a Ecuador. También porque Brasil –como nunca lo dejó de hacer– pretende extender e imponer su perspectiva, sin importar los costos, a los otros países de la región. Bien lo sabe Uruguay cuyo canciller, Rodolfo Nin Novoa, denunció que su colega de Brasil, José Serra, intentó “comprar el voto de Uruguay” para impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur.
Nada de lo que sucedió y ocurrirá en Brasil puede ser ajeno a lo acontece y acontecerá en los países de América del Sur. Lo fue para bien en los últimos años y lo será ahora con la nueva realidad política y económica del gigante regional. Desde esta perspectiva el análisis de la situación de Brasil en su integralidad debe ser atendido también por las fuerzas políticas argentinas, porque el desarrollo de los acontecimientos en el país vecino incidirá significativamente también en nuestra realidad local.
En ese esfuerzo y en la misma tarea, parece importante construir también una agenda común que reflexione desde el campo popular acerca de los procesos de integración desde la democracia. Para hacer un balance acerca de cómo se aprovecharon las oportunidades durante el tiempo en que coincidieron los gobiernos progresistas, pero también para revisar las asignaturas pendientes y, en particular, las debilidades que dejan en evidencia sistemas democráticos construidos sobre pilares y al servicio de la sociedad liberal capitalista. Sistemas que entienden que la “normalidad” es el ejercicio del gobierno por parte de los grupos capitalistas de poder y que cualquier otra alternativa es apenas una “distracción” o un “descuido” que, por favorecer a los sectores populares, debe ser corregido. Así lo conciben y suelen argumentar también los funcionarios del macrismo refiriéndose a la realidad argentina.
Para esa mirada Brasil ha vuelto ahora a la “normalidad”. Y en ese sentido se puede decir que desde el punto de vista de los afectados, de las víctimas del golpe institucional, “todos somos Brasil”, si en ese “todos” se incluyen las fuerzas que luchan por la consolidación de un cambio basado en la justicia y con perspectiva integral de derechos.
› DE HONDURAS A PARAGUAY Y DE AHI A BRASIL, DE LA PERIFERIA AL CENTRO, DE LO BURDO A LO MAS SOFISTICADO Golpes blandos, la nueva tendencia en la región
Por Santiago O'Donnell
El golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff es el eslabón más reciente de una serie de golpes blandos que empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en el 2009, y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014.
La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Empieza en Honduras con un golpe rudimentario, al principio casi de manual, pero con una parodia de legalidad. Sigue con un juicio político express en Paraguay sin pruebas contra el presidente y violando su derecho de defensa y culmina en Brasil con un proceso tan legal como ilegítimo y carente de fundamentos jurídicos.
La secuencia, además, arranca en la periferia de la región, donde Estados Unidos continúa siendo la fuerza hegemónica, y llega hasta el corazón mismo de Sudamérica y principal potencia regional, que es Brasil, pasando como escala intermedia por un país sudamericano y socio del Mercosur como Paraguay, parte del grupo de países sudamericanos que formó un bloque relativamente autónomo en la década pasada y empezó a aplicar mecanismos propios para resolver sus conflictos.
A principios de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente Unasur habían servido para evitar la interrupción de regímenes democráticos en Ecuador y Bolivia, y conflictos bilaterales como Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador o Bolivia-Chile, desacuerdos todos ellos que en tiempos de guerra fría habrían tenido a Estados Unidos como protagonista principal y árbitro eventual.
Pero la distracción de Washington con las guerras en Medio Oriente, y la aparición de China como principal socio comercial, junto a la coincidencia de un grupo de gobernantes carismáticos de similar signo político, comprometidos con la integración regional, consiguió romper la hegemonía del Consenso de Washington a nivel sudamericano.
Mientras en México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de puentes tendidos a través de organismos que excluyen a Estados Unidos y Canadá como la Celac, por su nivel de integración con la potencia del norte tanto a nivel de tratados de libre comercio como en temas migratorios y de remesas, la dependencia sigue siendo casi absoluta, lo cual impide su participación en otros proyectos de integración. Este límite se vio en el golpe de Honduras.
Zelaya fue sacado de su cama en pijamas por una patota del comandante del estado mayor, Romeo Vázquez. Lo llevaron a una base militar estadounidense, lo subieron a otro avión y lo echaron del país. A la mañana siguiente, en una sesión express asumió un títere civil del comandante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y los militares decretaron el estado de sitio y una serie de medidas de control social de corte autoritario. Según cables del Departamento de Estado estadounidenses revelados por Wikileaks, Estados Unidos no apoyó el golpe y hasta intentó de disuadir a sus autores, aunque Zelaya no era de su agrado. De hecho, Estados Unidos acompañó al resto de los países de la OEA en su condena al día siguiente de que ocurrió. Pero apenas horas después Estados Unidos, a contramano de Latinoamérica, empezó a apoyar la transición del gobierno golpista hacia unas rápidas elecciones, aprovechando que Zelaya estaba en el final de su mandato. Mientras tanto, envalentonados por sus éxitos en Sudamérica, Brasil y Argentina apostaron fuerte al regreso de Zelaya, con Cristina Kirchner acompañando al presidente legítimo en un fallido intento de regreso y Lula dándole asilo en la embajada brasileña de Tegucigalpa una vez que el regreso no pudo concretarse. Con su apoyo a la transición del gobierno golpista, Estados Unidos marcó un límite a la expansión del bloque sudamericano sin romper sus políticas de Estado de no invadir más después del desembarco los Marines en Panamá en 1989, y de no apoyar más golpes, al menos abiertamente, desde el fallido putch contra Chávez en 2002.
Así llegamos al segundo golpe blando contra un gobierno progresista por parte de una elite financiera y política malacostumbrada a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Esta vez le tocó al ex obispo Fernando Lugo, otro personaje que no era del agrado de los Estados Unidos, entre otras cosas, Wikileaks dixit, porque reemplazó una unidad antiterrorista estadounidense dedicada a entrenar tropas de elite paraguayas, por asesores militares de Argentina y Brasil. Lugo no era un político tradicional ni era particularmente hábil a la hora de negociar. Sin apoyos en el Congreso, abandonado por sus socios del Partido Liberal, traicionado por su vice Federico Franco, quedó a la merced de la elite golpista, acostumbrada a décadas ininterrumpidas de gobierno de la mano del general Alfredo Stroessner y su Partido Colorado. La oportunidad llegó tras la conmioción social causada por la llamada masacre de Curuguaty, en la que fallecieron once campesinos y seis policías en una estancia sojera en el este del país. Si bien la violencia venía desde hace tiempo y quizá nadie había hecho más para mediar en el conflicto entre campesinos y terratenientes que el propio Lugo, el Congreso decidió destituirlo por su “responsabilidad política” en el enfrentamiento. El juicio duró menos de 48 horas y Lugo tuvo menos de dos para defenderse. A falta de pruebas reales, fue destituido por el voto de 215 de los 225 congresistas paraguayos después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de aplazar el proceso. La destitución fue condenada por la mayoría de los países de la Unasur pero, a diferencia del golpe blando hondureño, una moción de censura en la OEA apenas alcanzó 8 votos a favor y 28 en contra. Unasur mandó a una delegación de cancilleres que al término de su misión emitió un documento crítico, los países bolivarianos del ALBA no reconocieron al gobierno de facto de Franco y el Mercosur suspendió la membresía de Paraguay hasta las elecciones, nueve meses después del golpe, que llevaron al gobierno al colorado Horacio Cartes.
Ahora llegó el golpe en contra de Dilma. Esta vez se respetaron los tiempos y rituales que marca la formalidad, en un proceso parlamentario que fue supervisado in situ por el presidente de la Corte Suprema. Pero nuevamente se trata de una interrupción del régimen democrático para imponer un gobierno de facto de una elite nostálgica de poder, a través de mecanismos constitucionales previstos para sancionar acciones criminales a pesar de que no se acusa a la presidenta de haber cometido crimen alguno, aprovechando el mal humor social por una prolongada recesión y un persistente escándalo de corrupción que involucra a muchos de los pincipales empresarios y dirigentes políticos del país, pero no a Dilma.
Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha que está dando Sudamérica. A diferencia de lo que pasó en Honduras pero en sintonía con lo que pasó en Paraguay, en el caso brasileño Washington se mantiene cauto, distante y prescindente, como aceptando la nueva realidad geopolítica de su pérdida de hegemonía. Sin embargo, atenta a los múltiples intereses que aún posee en la región, así como a su alianza tradicional con los factores de poder que quedaron del lado de los golpistas o directamente operaron para erosionar las fuerzas democráticas especulando con la posibilidad de recapturar ganancias extraordinarias, la administración de Barack Obama no tardó en reconocer la legalidad de los gobiernos surgidos de estos procesos. No es lo mismo que invadir un país, pero no deja de ser una intervención negativa.
Así quedaron las cosas después del golpe blando en Brasil. A la espera de otros eslabones en esta nueva cadena de intervenciones antidemocráticas, a menos que el joven bloque regional sudamericano genere mecanismos defensivos que le permitan preservar lo que queda en pie y regenerar lo que hace falta en términos de cultura democrática, tanto en los países amenazados por esta nueva tendencia como en aquellos que ya optaron por salidas autoritarias para sus crisis de gobernabilidad.
@santiodonnell
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