domingo, 28 de agosto de 2016

EN EL SEGUNDO SEMESTRE CONTINUAN LOS PROBLEMAS EN MATERIA LABORAL Menos trabajo, más conflictividad

 EN EL SEGUNDO SEMESTRE CONTINUAN LOS PROBLEMAS EN MATERIA LABORAL

Menos trabajo, más conflictividad




Por Laura Vales
Un cuarto de los conflictos laborales del mes de julio fueron por atrasos en el pago de los sueldos. El dato ilustra cuál es el clima que el segundo semestre de Cambiemos está trayendo a los lugares de trabajo: uno que poco tiene que ver con los cursos de felicidad auspiciados por el ministro Jorge Triaca. Entre los otros motivos que generaron también protestas le siguieron los despidos y suspensiones.
Así lo señala el último informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) en un trabajo que tituló “Menos actividad, más conflictos”, en el que puso el foco en las respuestas que los trabajadores están dando “ante la ostensible paralización de la actividad económica”.
El contexto de esta conflictividad es conocido: el Indec informó esta semana sobre la fuerte caída que sufrió la economía al término del segundo semestre (un 4,3 por ciento en junio con respecto del mismo mes del año pasado).
Contra este fondo, aparece como novedad negra los retrasos en el pago de los sueldos, y una mayor tendencia al uso de acciones directas por parte de los afectados, especialmente el corte de calles con bloqueo a las entradas de las fábricas.
“El atraso en el pago de los sueldos está relacionado con el atraso en la cadena de pagos: las empresas están produciendo menos, vendiendo menos y cobrando menos. Al mismo tiempo, es un mecanismo de desgaste y disciplinamiento en momentos en que surgen demandas por la reapertura de las paritarias por la inflación”, indicó Hernán Letcher, director del CEPA.
El informe contabilizó 99 conflictos laborales en el mes de julio. El centro de estudios los desglosó –por sector, por actividad, por motivo, por gremio–, para ver cuáles son las respuestas sociales y sindicales ante una situación de retroceso para el conjunto de los trabajadores.
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La conflictividad sigue siendo más alta en el sector privado que en el público, como un reflejo de que la crisis de empleo –iniciada con los despidos en el Estado–, continúa centrada ahora en el ámbito empresarial.
En el sector privado se concentraron el 66,7 de las protestas. De ellas, en la industria se dieron más de la mitad (55 por ciento) y en el rubro de servicios el 36,36 por ciento.
Al interior de la industria, la rama con más conflictos fue la de Alimentos y Bebidas. También hubo conflictos en automotrices, petroleras y metalúrgicas. Se trata de actividades que han sido afectadas por la baja en el consumo interno (cayó la venta carnes rojas, leches, azúcar, productos de refinería) y por la apertura de las importaciones. En el caso de los servicios, los trabajadores de medios de comunicación lideraron en cantidad de conflictos, seguido por Servicios Públicos y Transportes.
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Si se mira el mapeo de acuerdo a sus motivos, resulta que más de la mitad (54,55 por ciento) fueron demandas salariales. Un cuarto por atrasos en el pago de los sueldos, y un porcentaje algo menor para reclamar la reapertura de las paritarias en el segundo semestre o por aumentos en general.
“Pero la problemática más discutida no es la de la suba de los salarios. Eso que advirtió al comenzar el año (el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso) Prat Gay, sobre que los gremios verían si ‘arriesgar salarios a cambio de empleo’ se está cumpliendo, porque los conflictos están más relacionados con atrasos en los pagos y despidos, que no son la reivindicación por mejorar el salario”, apuntó Letcher.
Los atrasos en el pago de los sueldos afectan tanto al sector privado como al estatal, en las provincias o municipios con mayores urgencias presupuestarias, como Jujuy, Salta y Santa Cruz (y municipios como Gral. Roca y Caleta Olivia).
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Otro tema es la falta de reacción de ciertas conducciones gremiales frente a los despidos. Hay actividades en las que se registró muy baja respuesta a pesar de haber sido muy afectadas. “En la actividad de la construcción no se registra un elevado nivel de conflictividad, siendo que ya totaliza casi 60 mil trabajadores despedidos, en virtud de la virtual paralización total desde el inicio de la nueva gestión”, sostiene el CEPA. También llamó la atención sobre “la inexistencia de conflictos laborales en el agro, cuyo principal sindicato –la UATRE– responde a Gerónimo Venegas, el dirigente sindical más próximo a Cambiemos”. Otro caso de poca respuesta es el de Comercio, gremio que lidera Armando Cavalieri, donde se registró el mayor número de despidos del sector Servicios, pero con una baja conflictividad. “Lo mismo se visualiza en gastronómicos, con ningún conflicto en julio (un comportamiento similar al constatado a lo largo del primer semestre del año)”, a pesar del cierre de restaurantes.
En cambio, el informe registró “coherencia” entre los despidos y la conflictividad en el sector automotriz y el de los trabajadores de medios de comunicación.
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Finalmente, es llamativo el aumento de las protestas callejeras “con imposibilidad de entrar a la planta” y cortes del tránsito registrada en el sector privado. “Al interior de los conflictos que acontecieron en la industria, la modalidad de corte de ruta o calle junto con la imposibilidad de acceso a planta sumaron el 44 por ciento de los conflictos”, informa el trabajo. Se trata de acciones decididas en los lugares de trabajo, es decir que dependen de los cuerpos de delegados.
Letcher agregó que, “aunque en general se está intentando bajar los costos de producción no habilitando la reapertura de las paritarias, vemos que la acción gremial, cuando es ejercida, logra ponerle un freno a los despidos y dar una respuesta a la caída del salario. Es el caso de los frigoríficos, que consiguieron un aumento del 42 por ciento. Y el de Ledesma, donde a pesar de la represión, terminaron logrando un acuerdo”.
Conflictos por ámbito público/privado
Conflictos por sector de actividad
Razones de la conflictividad
"Recordemos que no siempre la mucama posee gran capacidad de recepción y memorización".
Es Mercedes de las Casas e integra la Comisión de Antidiscriminación. En un libro escrito, afirma: "Recordemos que no siempre la mucama posee gran capacidad…
ELDESTAPEWEB.COM

Se trata de Mercedes de las Casas, legisladora porteña por la fuerza que comanda Mauricio Macri. El texto fue cuestionado por discriminatorio y generó polémica.
INFONEWS.COM

OPINION Peripecias de la alternancia

Por Edgardo Mocca
Hace pocos días dijo Cristina Kirchner en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires que el logro de los años de gobierno del Frente para la Victoria que más la enorgullecía era el de que en esos años nadie dejó de decir lo que pensaba políticamente y nadie fue perseguido por decirlo. Agregó que el ámbito de la libertad de expresión abrigó formas de agresión personal poco habituales. La frase de la ex presidenta pasó bastante desapercibida; tanto el público propio como sus antagonistas están, razonablemente, mucho más pendientes de las definiciones políticas urgentes que de las reflexiones históricas. Sin embargo, es posible que en esa reflexión de largo aliento para la historia argentina haya mucho contenido dramáticamente importante para estos días y para los próximos.
Efectivamente, el cuadro de situación actual que enuncia la maquinaria mediática dominante -más dominante y más histérica todavía que antes del triunfo de Macri- es más o menos así: el macrismo está enfrentando una conspiración orquestada por el kirchnerismo para defenderse de las investigaciones judiciales y, de paso, “desestabilizar” al gobierno. Hay en el cuadro la peligrosísima construcción de una amalgama entre la adhesión a una bandería política y la acción guiada por el propósito de sabotear las instituciones democráticas. Subversión, dijo un titular del diario La Prensa, hace unos días. La variedad de los actos de persecución política contra esa identidad política –desde los escraches a los abusos judiciales, desde el agravio a la censura pública- están claramente concentrados en un objetivo político, la eliminación de una experiencia y una forma de pensar políticamente. La derecha –gubernamental, mediática y jurídica– no quiere que la “nueva Argentina” conviva con la huella político-cultural de los doce años anteriores a su triunfo. Es una curiosidad republicana, en todas las carreras de Ciencia Política del país se enseña el valor central de la “alternancia” en el gobierno. ¿Cómo se compagina la alternancia con la persecución?
La contradicción es formal. La alternancia no es el nombre de un sistema en el que todos los proyectos de país convivan pacíficamente y se sucedan del mismo modo en el gobierno. Igual que la palabra liberalismo la palabra alternancia tiene un límite interno que se disimula, tiene oculto un principio de exclusión. En el lenguaje políticamente correcto, la exclusión está justificada en los siguientes términos: el límite de la alternancia -igual que el del liberalismo democrático- consiste en la exclusión de los enemigos de la libertad y la democracia. No está mal. El problema es que en todo sistema de dominación la cuestión principal es quién tiene el poder de definir los conceptos y de trazar los límites. Quien escribe tiene el amargo recuerdo de largas épocas de su vida en la que la exclusión se sostenía en la necesidad de proteger al país de doctrinas foráneas y apátridas, afirmación que era establecida por gobernantes surgidos de la proscripción y la persecución facciosa, cuando no directamente del uso fáctico de las armas. Y existían incluso leyes que prohibían no tal o cual acto sino incluso pensar de ese modo subversivo. No era gente venida de otro planeta la que construyó esa peculiar interpretación de la defensa de la libertad; eran directos continuadores de una dictadura que en 1955 prohibió hasta el uso del nombre propio Perón. Y siempre, en todos los casos, la exclusión se presentaba como necesaria para la defensa de la libertad.
La alternancia funciona, entonces, en un régimen particular de exclusión. Las democracias realmente existentes desde el fin de la última guerra mundial fundamentan su legitimidad en la derrota a escala global de los autoritarismos; son democracias postautoritarias y antiautoritarias. La existencia de más de un partido, la libertad y la transparencia electoral, la libertad de expresión de las propias ideas son las instituciones formales rectoras del funcionamiento del sistema, por contraste con el autoritarismo dominante en Europa en el período de entreguerras. La alternancia forma parte de ese dispositivo. El anillo de la legitimidad postautoritaria de las democracias actuales se cierra entre 1989 y 1991 con la caída del muro de Berlín y el derrumbe soviético; es la cumbre de un ciclo democratizador que se había iniciado con la quiebra de las dictaduras del sur de Europa a principios y mediados de la década del setenta del siglo pasado. Para los argentinos y para todos los ciudadanos del cono sur del continente americano, las nuevas democracias fueron un remanso después de años de dictaduras sanguinarias. Además en la superficie institucional las cuestiones democráticas no parecen tener fisuras importantes en nuestra región: hay gobiernos surgidos de elecciones libres, no hay partidos únicos ni proscripciones político-ideológicas, se intercambian diferentes partidos en el gobierno, todo parece funcionar según la letra honorable de la democracia y la libertad. Sin embargo, en casi todo el mundo, la democracia realmente existente en nuestros días es la forma política del neoliberalismo. Es una democracia de ciudadanos pasivos, de maquinarias políticas endogámicas que compiten en las elecciones para acceder a los recursos que proporciona la administración del Estado. Y esa administración del Estado tiene reglas no escritas que la rigen: el poder central del dinero, el peso decisivo de los lobbys corporativos en las decisiones políticas, el seguimiento de reglas de juego económicas y políticas globales cuya trasgresión será inevitable y rápidamente castigada. Es decir hay un manual de estilo de lo que es posible y lo que no lo es en la política. Los gobernantes griegos de esta etapa lo han vivido dramáticamente en carne propia: llamaron a un referéndum para convalidar una política soberana frente a la extorsión de los poderes financieros fácticos de Europa, lo ganaron y después retrocedieron frente a lo que consideraron la amenaza de la virtual destrucción de su país como respuesta a la osadía “antieuropea”.
La alternancia neoliberal no es la apertura a todas las formas de la política. Excluye de hecho la exploración de rumbos que no satisfacen al bloque dominante. Y la afirmación incluye a la propia potencia dominante. Sheldon Wolin, un pensador estadounidense muy prestigioso en la academia global de la ciencia política llamó “totalitarismo invertido” al régimen imperante en su país, del que afirma “Es posible que la mitología democrática haya permanecido después de que las prácticas democráticas perdieran sustancia, permitiendo así que la mitología, la pasividad y las formas vacías sirvan a un tipo de régimen totalitario”. Es en el contexto de ese vaciamiento que surgieron las experiencias populares sudamericanas que fueron y son la más importante novedad de la política democrática mundial de las últimas décadas.
La palabra alternancia no nombra la realidad de nuestro país. Mucho más eficaz es tomar como punto de partida analítico el intento de destrucción y escarmiento de la experiencia “populista” como necesidad crucial de un proyecto de plena restauración neoliberal como el que está en marcha. La forma política de ese proyecto es la alternancia entre dos partidos que se critiquen mutuamente con dureza y se sucedan periódicamente en la aplicación de la línea política que se traza entre Davos y la exposición rural.
Por eso, la reivindicación del carácter ilimitado de la libertad de expresión en estos años tiene una enorme potencia en la política argentina. Tiene en sí el legado de una apuesta histórica: la de abrir paso a cambios en las condiciones nacionales e internacionales de existencia de un país sin el clásico requisito revolucionario del acallamiento sistemático de las disidencias; una conquista que se inserta en la historia que los argentinos estamos escribiendo desde la recuperación del estado de derecho en 1983. Y la resonancia de la afirmación sacude a la coyuntura política en la que vivimos. Porque lo que hoy se está revisando es la hipótesis inicial del nuevo gobierno, la de que el kirchnerismo sin los recursos del Estado y progresivamente vaciado de influencia en los circuitos formales del peronismo se convertiría rápidamente en un náufrago sectario y aislado de la sociedad. Claro, la hipótesis estaba asociada a un relato edulcorado que sus propios autores terminaron creyendo, el de la magia de la confianza del mundo, la lluvia de dólares y las expectativas de los sectores medios que habría de reforzarse con la puesta en escena de la corrupción del “viejo régimen”. El triunfo -parcial y relativo, pero políticamente muy importante- que tuvo la movilización popular contra el tarifazo, reconocido por el pragmático fallo de la Corte Suprema, marca la apertura de una etapa política diferente dentro de la estrategia del establishment para asegurar un orden político estable y consistente a la restauración conservadora. Es muy visible que la retórica del periodismo de guerra se ha desplazado desde la confianza en un lento y gradual ocaso de la memoria popular de la experiencia última hasta un reforzamiento progresivo de la belicosidad de los ataques a sus protagonistas y a sus simpatizantes. Belicosidad que corre paralela a la acentuación de los aspectos represivos de la política oficial que incluye la ilegal prisión de Milagro Sala, democráticamente electa como parlamentaria argentina en el Mercosur.
Se está jugando el rumbo del país, sus posibilidades de ensanchamiento de los derechos de sus habitantes, la autonomía de su democracia respecto de los poderes fácticos, su lugar en el mundo. Y se está jugando también la posibilidad de que en el futuro cercano todo el mundo pueda seguir diciendo lo que piensa sin ser perseguido por eso.

EL GOBIERNO DICE QUE REALIZARA POR LOS VOTOS EL PROGRAMA DE LAS BOTAS La Confesión

Por Horacio Verbitsky
El objetivo de mínima del gobierno nacional es terminar el mandato de cuatro años en diciembre de 2019, meta que en las tres décadas de la democracia argentina sólo alcanzaron presidentes de origen peronista. En encuentros de dirigentes y funcionarios dirigidos a homogeneizar posiciones, el tercer hombre de la jefatura de gabinete de ministros, Gustavo Lopetegui, explica que durante un siglo sólo hubo dos formas de acceder al gobierno, por los votos o por las botas, y dos programas contrapuestos. El cambio cultural que el gobierno entiende protagonizar consiste en cumplir mediante el voto el programa histórico de las botas, según las crudas palabras de Lopetegui. Para Luis Alberto Romero, quien en la primera reunión de Macrì con intelectuales le planteó su cuestionamiento a los juicios por crímenes de lesa humanidad, “el hecho mismo de haberse mantenido el gobierno en pie, es un pequeño milagro. Concluir normalmente el período de cuatro años será en sí mismo un logro”. Aunque la formación profesional de Lopetegui es la de contador público, el ex CEO de LAN tiene debilidad por las ciencias políticas. A su manera, alude al empate hegemómico entre las opuestas alianzas agroexportadora-financiera e industrial-laboral descripto en las obras de Guillermo O’Donnell y Juan Carlos Portantiero para las décadas que sucedieron al derrocamiento de Juan Perón en 1955. Uno de los indicadores empíricos de esta lid es la participación de los trabajadores en el ingreso, que tendía a crecer con los gobiernos electos y a mermar en los periodos militares. Como lo expresó Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en 1977 “la miseria planificada de millones” se imponía “congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas”. Cuando Macrì sostiene que los trabajadores ponen palos en la rueda de los patrones, o sus ministros Alfonso De Prat-Gay y Francisco Cabrera instan a reducir el costo del empleo expresan la misma concepción de entonces. Haber conseguido el mismo resultado con la aprobación de las víctimas en las urnas es un triunfo de las técnicas de marketing electoral por sobre la militancia política; mantenerlo a pesar de las condiciones materiales, que no podían sentirse durante la campaña electoral en la que Macrì enmascaró sus propósitos, pero que son inocultables ahora, requeriría de un prodigio mayor.

Construcciones discursivas

Con pocos días de diferencia, seis columnistas partidarios del actual gobierno dijeron que CFK intenta que Maurizio Macrì no termine su mandato. Son los mismos que desde hace meses claman, sin el menor intento de camuflar de información su propuesta, que Cristina debe ir presa. Ahora vinculan una hipótesis con la otra: la conspiración, como le llaman, sería la única alternativa de la ex presidente para eludir su de otro modo inexorable destino carcelario, postulado que ocupó el título principal en la portada de un diario de circulación nacional el viernes, como si se tratara de una noticia. Dos de estos operadores mantienen relaciones de dependencia laboral a través de sus compañeras sentimentales con la vicepresidente Gabriela Michetti y uno fue destinatario del eufórico mensaje de un fiscal que se jacta de haber puesto a la ex presidente al borde de la detención. Estos datos personales, que serían significativos si se tratara de reflexionar sobre la degradación del periodismo político en periodismo de guerra (según la definición que le costó a Julio Blanck la despromoción a mero columnista sin responsabilidades en la edición del diario Clarín) sólo se mencionan aquí como constatación del origen oficial de ese libreto, que todos replican sin mayores variantes. En este punto no hay diferencias internas en la Alianza Cambiemos: tanto los tecnócratas de la jefatura de gabinete como los políticos, repiten que el kirchnerismo procura que Macrì deje el cargo de mala manera antes de tiempo. Podría argüirse en la misma dirección pero en sentido contrario: el acoso judicial y mediático al kirchnerismo como el principal argumento para conseguir la tolerancia social ante los efectos deletéreos de la política económica en aplicación desde diciembre, que constituye el verdadero riesgo para la estabilidad del gobierno. De ser así, el operativo es exitoso: una parte de quienes padecen las consecuencias de esa política, por ahora adscriben a la explicación oficial sobre la herencia recibida y cuando no pueden describir en qué consistiría recaen en el machacón “Se robaron todo”.
Se trata de construcciones discursivas con débil asidero en la realidad. Hasta ahora ningún juez o fiscal han encontrado nada que involucre a Cristina en alguna infracción a la ley penal. Esto se aprecia en las contorsiones intelectuales a las que recurren para mantener su nombre en la agenda del delito nuestro de cada día y a la creación pretoriana de normas procesales, como la instrucción de tramos de una causa por la Cámara de Apelaciones, que recién la delegó en un juez de primera instancia cuando no obtuvo la prueba que buscaba. Con la lógica incontaminada de los niños y de los orates la heroína radical Elisa Carrió extendió la enésima denuncia a los cinco ex jefes de gabinete del kirchnerismo, lo cual sugiere que Carrió ha vuelto a poner el dedo en un enchufe. ¿Cómo podría imputarse a la ex presidente por la distribución de obras públicas, salteando a los jefes de gabinete en quienes de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución recae “la administración general del país”? Si la responsabilidad penal no llega hasta ellos, sería más difícil remontarla hasta el Poder Ejecutivo, que según el artículo 99 sólo tiene la responsabilidad política de la administración. Y si el hurgueteo tribunalicio rozara a Sergio Massa y Alberto Fernández dinamitaría la gobernabilidad sui generis que el gobierno ha adquirido con las distintas vertientes opoficialistas. El objetivo oficial no parece ser la detención de la ex presidente, que tendría previsibles repercusiones nacionales e internacionales, sino el hostigamiento permanente con el propósito de erosionar su liderazgo popular (cosa que no está ocurriendo) y su influjo sobre la dirigencia partidaria (que sí sucede). Pero la intrusión de Carrió amenaza con desordenar las piezas de este mecanismo de relojería. La justicia argentina puede quemar más que el fuego, y con la misma indiscriminación. Jugar con ella como está haciendo el gobierno puede brasileñizar la agenda política, algo que a nadie le conviene menos que a quienes ejercen el poder, sobre todo cuando su jefe lleva el apellido emblemático de los negocios dudosos con el Estado.
Para la atribución de intenciones desestabilizadoras a Cristina los voceros oficiales y oficiosos citan pronunciamientos de terceros, de lengua suelta y nula responsabilidad, como si respondieran a órdenes de la ex presidente. El juez de Mar del Plata Alfredo López afirmó que así como existió “un plan sistemático de saqueo del Estado” ahora existía un “plan sistemático de desestabilización” conducido por Cristina. En una entrevista radial citó como prueba “las declaraciones de Esteche, Moreno, D’Elía y Bonafini incitando a la rebelión y derrocar al gobierno. No sé si hay algún fiscal investigando esos delitos. ¿Usted escuchó a Cristina desautorizar a esos militantes de su espacio político?”. A su juicio esos son “datos objetivos”. López, quien asiste a todas las ceremonias navales en Mar del Plata, es un juez federal con competencia en lo civil y comercial, subrogó durante unos días al juez penal Santiago Inchausti. Su desconocimiento del derecho penal y procesal penal es vasto: hasta ignora que las causas con autores desconocidos, o NN, deben ser instruidas por el fiscal. Proviene de Santa Cruz y su acceso a la magistratura fue promovido durante la presidencia de Fernando De la Rúa por el ex senador Pedro Molina, cuyo asesor era Gustavo Modesto Demarchi, el ex fiscal federal que hoy está detenido y bajo proceso por los crímenes cometidos por la versión marplatense de la Triple A. Para eludir el procesamiento, Demarchi huyó a Colombia, donde fue detenido y extraditado. López ordenó a la fiscal Laura Mazzaferri que pidiera informes de inteligencia sobre las organizaciones sociales que protestaron contra Macrì el 12 de agosto. La fiscal le respondió que eso estaba prohibido por la ley de Inteligencia, cuando aún ni se había establecido qué ocurrió, con la ministra federal de Seguridad Patricia Bullrich aduciendo que se habían arrojado piedras contra el vehículo presidencial y el jefe bonaerense de Policía, Pablo Bressi negándolo. López le pidió al fiscal general Daniel Adler que sustituyera a Mazzaferri, a quien acusó de entorpecer la investigación. Adler respondió que no tenía facultades para hacerlo y el juez lo denunció también a él. El tercer denunciado fue el fiscal Nicolás Czizik, por no haber comunicado a López la declaración que tomó a la ex concejal Débora Marrero, señalada por el diario Clarín como una de las organizadoras del mal rato que pasó Macrì. El argumento de López es que esos fiscales pertenecen a la organización Justicia Legítima, como si fuera una banda delictiva. Adler es, oh casualidad, el fiscal del juicio contra Demarchi. López convocó a una marcha en su apoyo, que organizaron un hijo de Demarchi y los hijos del juez Pedro Hooft, a la que asistieron decenas de personas, entre ellas uno de los abogados defensores de Demarchi. “El hombre perdió la hélice, hace años era un gorila tranquilo pero algo le pasó por la cabeza y enloqueció. No para de decir pavadas”, lo describe un funcionario judicial marplatense que no intervino en la disputa pero conoce de cerca a todos sus protagonistas.
La supuesta conspiración conducida por CFK es una ficción insostenible, pero no obstante revela los temores instalados en el imaginario oficial. En cualquier caso, es ostensible la polarización entre el actual y el anterior gobierno y más específicamente entre sus titulares, Macrì y CFK, que coinciden en un punto: la disputa cultural entre dos concepciones de la sociedad y del poder. Esto no es nuevo para el kirchnerismo, que ya planteó la cuestión en esos términos hace casi una década, pero sí para quienes entonces se le oponían y hoy gobiernan. Para lograrlo sumaron fuerzas en una alianza que se hubiera disuelto de no lograr su objetivo pero que se consolidó en el poder, dado el entusiasmo que siempre despierta acudir en auxilio de la victoria. Todo lo contrario sucede con quienes fueron derrotados. Hoy el fomento a la dispersión del voto peronista es la mejor estrategia electoral del gobierno. La idea del cambio o la batalla cultural sobrevuela todas las definiciones oficiales, no sólo en las reuniones reservadas en las que se analiza la estrategia y se intenta homogeneizar las posiciones en los distintos niveles del gobierno sino también en las manifestaciones públicas de los principales funcionarios, el propio presidente y su jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, como en la difusión por vía de voceros oficiosos. Acostumbrados a no ver más allá de las combinaciones entre dirigentes y las configuraciones legislativas, entienden que están ganando esa batalla porque el Frente Renovador de Massa cogobierna la provincia de Buenos Aires; varios gobernadores, el jefe del bloque de senadores justicialistas Miguel Pichetto y el ex protegido de Cristina Diego Bossio, cada vez más parecido a José Mayans pero sin su ingenio, se hacen cargo de asegurar la gobernabilidad. Este es el eufemismo con que justifican votos indefendibles, como el que autorizó el astronómico endeudamiento externo mucho más allá de lo debido a los fondos buitre, la liquidación del sistema previsional o el pase para los turbios nuevos jefes de la Inteligencia estatal. En cambio parecen ignorar la fuerte contestación social que consiguió parar el tarifazo energético y esta semana se desplegará por todo el país con la Marcha Federal, mientras la convocatoria de apoyo a Macrì en el Obelisco no llegó a 200 personas. Tampoco es aconsejable ignorar la forma en que la movilización social interactúa con el sistema político. Ayer y el viernes, tuvo lugar la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo, cosa que el gobierno desdeña como parte de la presunta desestabilización kirchnerista. El miércoles representantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Federación de Recicladores, Vía Campesina, Movimiento Evita y Movimiento Independientes de Jubilados y Pensionados expusieron en el Senado ante 28 legisladores de distintos bloques (Miguel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna, Fernando Solanas, Jaime Linares, José Mayans, Ruperto Godoy, Juan Manuel Irrazábal, Omar Perotti, Graciela De La Rosa, Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath, Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Andrés Guzmán, Federico Masso, Graciela Cousinet, Alcira Argumedo, Daniela Castro, Jorge Barreto, Victoria Donda, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvina Frana y Juan Manuel Pedrini) sobre la situación de los trabajadores que están fuera de la estructura laboral formal. Así como la audiencia con representantes de las centrales sindicales fue el prolegómeno de la ley de Emergencia Laboral que Macrì vetó, este encuentro podría derivar en leyes de Emergencia Social y de Salario Social Complementario, que permita que todos los trabajadores alcancen al Salario Mínimo Vital y Móvil; en la creación de un comité de crisis que extienda los programas Argentina Trabaja a 2,5 millones de beneficiarios y de un registro para los trabajadores informales de la economía popular. La presencia de Cristina obliga aún a quienes reniegan de su conducción, como el inspirador de este encuentro, Emilio Pérsico, a no perder sintonía con el malestar que brota desde las entrañas de la sociedad.
Su decisión mantiene a cientos de personas felices
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viernes, 26 de agosto de 2016

Fernández de Kirchner.
Galli separó de su cargo a Juan Rivero, quien había asumido horas antes como Director de Juventud. Fue tras conocerse foto donde simula amenazar con…
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