El hombre de 70 años escuchó que iban a repartir frutas en la emblemática plaza pero imaginó que iba a poder llevarse más. Un relato en primera persona del…
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miércoles, 24 de agosto de 2016
Angelici celebra el comienzo del torneo y critica los reclamos del Ascenso: “El que no tiene 300 millones y línea directa con Macri, se jode”
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EL PAIS › DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES REALIZAN HOY UNA HUELGA NACIONAL EN RECLAMO DE MEJORAS SALARIALES Un paro por la reapertura de la paritaria
Por Laura Vales
En reclamo de la reapertura de la negociación salarial, los docentes realizan hoy un paro nacional de 24 horas. La huelga afectará a escuelas públicas y privadas de todos los niveles, así como a las universidades, y fue precedida de un fuerte cruce con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que insistió en que el Gobierno no reabrirá la paritaria porque considera que el aumento dado a los docentes “fue significativo”. El funcionario aseguró también que hubo “una caída de la inflación”.
Los gremios piden un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los sueldos por el tarifazo y la suba de los precios. Su piso salarial quedó en 8500 pesos; si bien hay una mayoría de provincias que lo superan, no sucede lo mismo en las de menores recursos. El pedido de una recomposición es, de todas maneras, generalizado, ya que incluso en los distritos donde se llegó a los mejores acuerdos paritarios, como en la provincia de Buenos Aires, donde fue del orden del 34,6 por ciento, la mejora ya quedó empatada con la inflación y todavía faltan siete meses hasta la próxima paritaria anual. Los acuerdos que se firmaron incluyeron precisamente ante esta posibilidad una cláusula de reapertura.
Los dirigentes denuncian además el incumplimiento de puntos de la paritaria de febrero. Se trata de incumplimientos que se están dando en el marco del ajuste macrista, y que muestran una fuerte desinversión en educación. Entre ellos, algunos implican despidos, como la falta de continuidad de los programas socioeducativos (el plan Fines, de terminalidad de la escuela primaria y secundaria, las orquestas infantiles), otro es la interrupción del plan de formación docente, que se inició el año pasado con el objetivo de capacitar de manera gratuita a un millón de maestros en el lapso de tres años. Otros son producto de la extendida subejecución de los presupuestos destinados a la educación.
“Desde Ctera pedimos la reapertura de la paritaria y la necesidad imperiosa de que se cumplan los acuerdos paritarios que se firmaron en el mes de febrero. Si no, va a recrudecer el conflicto. Es necesario que el Gobierno tome consciencia de que hasta ahora todas las medidas que se tomaron han ido en favor de los sectores económicos concentrados y no de los trabajadores. Estamos exigiendo que haya medidas que protejan la educación pública”, sostuvo Sonia Alesso, la titular de Ctera, en la conferencia de prensa con la que los gremios ratificaron el paro.
Participarán de la medida de fuerza los siguientes sindicatos docentes nacionales: la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Confederación de la Educación Argentina (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET), y, por los universitarios, la Conadu, la Conadu Histórica y Fedun. Hoy, a las 14.30, convocan a una movilización al Palacio Sarmiento, sede de Educación.
Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu, agregó que “en el país estamos sufriendo la duplicación de la inflación con respecto al año anterior”, por lo que “para fin de año habremos perdido salario y poder adquisitivo”. El dirigente acusó al gobierno nacional de estar “subejecutando un conjunto de partidas, especialmente aquellas que tienen que ver con la posibilidad de incluir en la vida universitaria a los sectores más postergados. Es decir, hay una decisión política sobre qué partidas recortar y contra eso nos manifestamos también”.
Desde el Sadop, Mario Almirón responsabilizó al ministro de Educación por la huelga, “por no ceder en nada su posición de no negociar”.
Al defender la decisión de reabrir la paritaria, Bullrich argumentó que en el acuerdo firmado este año “se fijó una cláusula de aumento automático para los meses de junio, septiembre y enero próximos porque atamos el monto del salario mínimo docente al salario mínimo, vital y móvil”.
Sin embargo, el ministro aludió de esta manera sólo al piso salarial, es decir al sueldo inicial de los maestros (8500 pesos), que está por debajo de la Canasta Básica Total elaborada por organismos como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que la calcula en 11.680 pesos para una familia tipo del Gran Buenos Aires –o en 10.570 pesos para la mayor parte del interior del país–, ingresos por debajo de los cuales un hogar es considerado pobre.
El paro de hoy es parte de un plan de lucha que continuará, del 31 de agosto al 2 de septiembre, con la Marcha Federal convocada por las dos CTA y los gremios combativos de la CGT. El viernes 2 de septiembre, como cierre de esta marcha, la Ctera participará de la movilización a la Plaza de Mayo, con paros docentes a nivel provincial, mientras que el Sadop y la UDA ya convocaron a paros nacionales.
EL PAIS › INDICIOS DE POSIBLES MANIOBRAS DE LAVADO DE DINERO EN EL CASO DE LOS PANAMA PAPERS Documentos que comprometen a Macri
Por Irina Hauser
Los documentos que muestran que la offshore Fleg Trading, vinculada a Mauricio Macri y su familia, tenía actividad comercial pese a que el Presidente lo negó públicamente, fueron entregados ayer a la fiscalía de Federico Delgado en la causa sobre las derivaciones de los Panamá Papers por el diputado neuquino Darío Martínez (Frente para la Victoria). Lo que revela el material, que anticipó Página/12, es que Fleg se introdujo como accionista y en alianzas con otras sociedades en el mercado brasilero como una forma de enmascarar su origen y sus integrantes. Primero compró la firma “Owners do Brasil” por 9,3 millones de dólares, una suma cuyo uso y origen ahora están en investigación. El dato más novedoso es que a través de Owners Fleg Trading se convirtió en accionista de tres empresas más: Itron do Brasil Ltda, Martex do Sul Ltda, y Megaconsultora Servicios e Participacoes Ltda. Son rasgos de posibles maniobras de lavado de dinero, el delito que figura en la carátula de la causa.
La causa que nació con los hallazgos en los Panamá Papers, que tienen a cargo el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello, tienen dos grandes aristas: una vinculada con las declaraciones juradas de Mauricio Macri, la posible omisión de bienes, y las incongruencias detectadas por la Procuraduría antilavado entre lo que declaró ante la Ciudad de Buenos Aires y en la Oficina Anticorrupción; la otra, que podría traer las consecuencias penales más graves, apunta determinar –como dictaminó la fiscalía– si “la vida social” de las sociedades de la familia Macri que aparecieron relacionadas entre sí “infringió algún tipo penal”, por ejemplo, si se usaron para blanquear dinero de origen delictivo. En la investigación sobre lavado contra el empresario Lázaro Báez, por ejemplo, primero se detectaron las operaciones sospechosas y luego se llegó al llamado “delito precedente” que explica el lavado de activos. Ese esclarecimiento dependerá de las líneas de investigación. El lavado prevé hasta 10 años de cárcel; la omisión maliciosa hasta dos.
El diputado Martínez recuerda que el Grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y sus empresas desarrollaron actividades hasta el año 2010. Las sociedades que se arraigaron allí –de las cuales en algunos casos aparecían grandes notas en las secciones económicas de los diarios en los noventa– tuvieron como vértice a la sociedad offshore Fleg Trading, que compró Owners do Brasil (“Dueños de Brasil”). De ahí en más, Fleg es lo mismo que Owners. El estatuto social de esta última define su objeto principal como “la participación en el capital de otras sociedades como socia cuotista o accionista”. Esa unión, Fleg-Owners, luego se convirtió en accionista de tres empresas:
- Itron do Brasil: una empresa de fabricación de elementos para equipamiento de informática y gestiones de pago. Operó desde 1995 hasta 2008, según los datos que presentó Martínez. Se asoció con Itron Argentina y Red Electrónica. Tanto Socma, como Global y Fleg-Owners tuvieron participación.
- Martex do Sul Ltda: tuvo un amplio espectro de actividad desde 1999 hasta 2009. Representante y comerciante medicamentos, productos de perfumería y cosméticos; producción y comercio de equipamiento informático; programación de computadores; participación en instituciones financieras. Primero tuvo 1,9 millón de reales aportados por Socma. Luego se retira y entra Global Collection Services Do Brasil, que manejó Pago Fácil y al final ingresa Owners.
- Mega consultoría Servicios e Participacoes: consultoría en gestión empresarial. Funcionó de 2002 a 2007.
Los documentos que analizará el fiscal Delgado, cuando aluden a los 9,3 millones de dólares que Fleg entregó a Socma Americana SA como parte del pago por el capital accionario de Owners, señalan una posible ruta de ese dinero ya que ese desembolso se produjo el 21 de septiembre de 1998 y durante los días siguientes una cifra muy cercana fue utilizada en la capitalización de Itron Do Brasil (3,4 millones de reales), Partech Unnisa Participacoes Ltda (1,8 millones de reales) y Partech Ltd (5,3 millones de reales). Este última absorbió a la anterior, que duró cerca de un año, entre 1998 y 1999, pero Partech Ltd siguió hasta 2010 con servicios de telecomunicaciones consultoría en tecnología de información, soporte técnico y otros servicios pero también incursionó en actividades financieras.
Martínez sostiene que en la mayoría de las empresas –que vienen a desmentir que Fleg “nunca tuvo actividad”– se repiten los nombres de socios y directivos: Mauricio Macri, Francisco Macri, Mariano Macri, Orlando Salvestrini, Alberto Guillermo Tarantini, Marcelo Antonio Temporini, Alejandro José Chodos, Roberto Maffioli, Iván Santos Nadai, José María de Campos y Norberto Armando Januzzi Raffo. Todas las sociedades tienen el mismo domicilio legal en San Pablo (Rua Pedroso Alvarenga 1284).
Dado que Franco, Mauricio y Mariano Macri figuran como directores de Fleg Trading, el diputado Martínez dice que deberían ser citados para que expliquen el origen de los 9,3 millones de dólares que se utilizaron para comprarle a Socma Americana su participación accionaria en Owners do Brasil. También deberían informar Franco y Mauricio Macri, dice, la procedencia de los fondos que aportó Socma a Itron y Partech. Habría que enviar exhortos a Brasil, agrega, para obtener toda la información societaria, fiscal, contable bancaria y registral de las firmas. Ahora es el turno de Delgado –quien aprovechó datos de presentaciones anteriores de Martínez– de seguir tirando del piolín.
EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION EN LA CAUSA QUE INVOLUCRA A JUAN JOSE GOMEZ CENTURION La hipótesis de una guerra entre bandos
Por Raúl Kollmann
El diálogo se estableció con un hombre clave del juzgado federal de Ariel Lijo, que investiga las escuchas sobre contrabando de textiles, “porquerías que venden en el Once” y cocaína que involucran al desplazado titular de la Aduana.
–¿Le hicieron una cama a Juan José Gómez Centurión? –preguntó este periodista.
–Nadie que esté hablando por teléfono o en vivo con Oldemar Barreiro Laborda puede alegar que le hicieron una cama. Basta poner el nombre en Google para que vea los antecedentes– contestaron desde Comodoro Py.
La búsqueda no es muy complicada: Barreiro Laborda, también involucrado en los audios con los que el Gobierno acompañó su denuncia, tuvo un causa por defraudación del Banco Boston por 70 millones de dólares, detención por pertenecer a una banda de ladrones de autos, quiebras, cheques sin fondos, fue socio de la Policía Federal en Lo Jack, tuvo una representación escandalosa de Diego Armando Maradona y centenares de causas judiciales. Ex jueces como Mariano Bergés y Héctor Yrimia lo recuerdan perfectamente porque en su momento ordenaron su captura y embargos siderales por estafas y fraude.
–Gómez Centurión dice que sí hablaba con Barreiro Laborde, pero que lo usaba como informante.
–Ah, entonces tendrá que venir a Comodoro Py a explicar por qué un alto miembro del Poder Ejecutivo, como es el titular de Aduana, recurre a ese tipo de personas.
Más allá de las palabras mismas, está claro que en la Justicia federal el expediente se está investigando no como una causa en la que hay un lado bueno y un lado malo, sino como una guerra entre dos bandos, ninguno bueno. De un lado, gente vinculada a ex servicios de inteligencia, incluyendo a Jaime Stiuso, imputado por contrabando. Del otro, la gente como Barriero Laborda, a quien desde el juzgado describieron como peón.
Llamadas
Según dicen en Comodoro Py, el acento no está puesto en verificar si las grabaciones están editadas o no. Por ahora, las pruebas que pidió el fiscal Guillermo Marijuán y a las que le dio curso Lijo están orientadas a verificar si hay evidencias de que el contenido, es decir lo que se menciona en las grabaciones, es verosímil o no. Por eso el magistrado pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del Design, el shopping de Recoleta donde se habrían encontrado Gómez Centurión y Barreiro Laborda. También el juez ordenó verificar qué cargo y ubicación tienen en la Aduana los mencionados en las grabaciones.
Quienes hicieron un primer estudio sobre los audios afirman que son conversaciones en que el celular se puso en speaker, es decir se escucha el diálogo a través del parlante del aparato, y se grabaron con otro celular o grabador. Un dato llamativo es que en una entrevista Barreiro Laborda admite la existencia de las conversaciones, aunque dice que están editadas. En diálogo con Perfil, Cuqui, como le dicen a Barreiro Laborde, afirmó: “Me editaron y me sacaron de contexto. Me pusieron micrófonos en mi casa de San Isidro, violaron mi domicilio, fue una rata de AFI (Agencia Federal de Inteligencia). El micrófono estaba abajo de la cómoda al lado de donde tomo café. La cama la hizo (Silvia) Majdalani. Yo desconfío de algún chofer mío, que seguro quebraron”.
En principio, en la escucha –ilegal– se habla de latas (o sea containers) a 135.000 dólares cada una, que es el pago por pasar ese container, con productos textiles, sin revisar o cambiándoles la posición arancelaria para que no paguen tasa o para que entren dentro de las importaciones autorizadas. Habría una tarifa de 100 mil dólares cuando el contenido no son textiles sino “porquerías del Once, todo por dos pesos” y hay algunas referencias a tráfico de cocaína.
Los audios le llegaron en forma anónima a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hizo la denuncia tras consultar a Mauricio Macri. Minutos más tarde, Gómez Centurión fue eyectado de la Aduana, una movida que resulta curiosa: no le dieron ningún crédito al funcionario, no esperaron ninguna explicación, lo que indica que en el Gobierno ya había algún rumor sobre movimientos extraños en la Aduana. La idea de que se trata de una administración que despide al que es acusado de corrupción naufraga cuando se verifica lo que ocurrió con Gómez Centurión en el distrito porteño.
Antecedentes
En los últimos días, algunos periodistas pretendieron presentar a Gómez Centurión como una especie de adalid anticorrupción. Les cae muy bien que sea militar, condecorado en Malvinas, aunque el problema es que fue simpatizante del movimiento carapintada que, con Mohamed Seineldin a la cabeza, se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín.
Lo cierto es que Gómez Centurión estuvo a cargo de la Agencia de Control Gubernamental (AGC) y fue reiteradamente denunciado por la organización La Alameda, liderada por el legislador Gustavo Vera. Entre otros casos, La Alameda mencionó ayer, con la firma del presidente de la Comisión de Trata de la Legislatura, Lucas Schaerer, que denunció el boliche Stavros en el que la semana pasada se detectaron casos de trata; también otros dos boliches, New Port y Le Click, en el que se produjo después una violación. La Alameda recuerda también que denunció ante la AGC de Gómez Centurión 170 talleres textiles clandestinos, incluyendo el de Flores en el que murieron los dos chiquitos, Rodrigo y Rolando. “Mauricio Macri no puede desayunarse ahora con que Gómez Centurión es un corrupto”, concluyó el comunicado.
Salidas
Los rumores de que las escuchas tienen verosimilitud se agigantan con las decisiones que tomó el gobierno de Macri. No sólo despidieron a Gómez Centurión sino que ayer mismo fue despachado otro hombre que estaba en un puesto clave, Pablo Allievi, subdirector general de Control Aduanero. Los otros tres funcionarios separados de sus cargos fueron Edgardo Paolucci, director de Fiscalización Operativa Aduanera; el coordinador y supervisor Carlos Linsalata; y Gustavo Mariezcurrena, a cargo de la Oficina de Fiscalización.
Fama
Gómez Centurión se hizo famoso en estos meses porque, según sostienen los empresarios importadores, cortó numerosos circuitos de corrupción vinculados con ex servicios de inteligencia. Quienes conocen la ex SIDE coinciden en que la cúpula de los espías tuvo una verdadera obsesión con la Aduana y Jaime Stiuso terminó denunciado por el ex titular de la AFI Oscar Parrilli por la importación de toneladas de material de inteligencia que en verdad era material quirúrgico, médico o juegos electrónicos. El delito por el que se lo imputó fue el de contrabando.
El diario La Nación recordó esta semana que Gómez Centurión cerró algunos depósitos fiscales que tenían fama de irregulares, entre ellos uno cuyo co-titular fue el fallecido funcionario de la Aduana Damián Sierra. En su momento, Stiuso salió de la Argentina por vía terrestre acompañado de Sierra, pocos días después de la muerte de Alberto Nisman.
Hoy en día están los que sostienen que la escudería integrada por Stiuso, Darío Richarte y el aparato radical que estuvo en la SIDE fue víctima de la ofensiva de Gómez Centurión y que las escuchas fueron la devolución. Es más, se sostiene que Stiuso es asesor del titular de la ex SIDE, Gustavo Arribas. En este bando estaría también el presidente de Boca, Daniel Angelici.
Por otro lado, están los que apuntan a Majdalani, la número dos de la AFI, que no sintoniza con el bando anterior pero que está sostenida por el amigo del alma de Macri Nicky Caputo. Hoy se cumplen 25 años del secuestro del Presidente y Caputo fue la persona que estaba en el auto, con el chofer de Macri, en el momento en que se pagaron los seis millones de dólares de rescate. La estrategia de los ex espías sería echarle la culpa a Majdalani para desplazarla cuanto antes de una AFI dominada por los ex radicales y ex espías.
Por último, está el bando de Gómez Centurión, con Barreiro Laborda y otros personajes, a quienes se intentó presentar como protagonistas de un mani pulite, pero que vienen con antecedentes que dicen lo contrario.
Al menos hasta ahora, en Comodoro Py dicen que en el caso no parece haber ángeles. “Es un batalla entre ex. Ex espías, ex procesados, estafadores, contrabandistas, coimeros. Todos en guerra por el botín millonario de la Aduana”, concluyen.
DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES REALIZAN HOY UNA HUELGA NACIONAL EN RECLAMO DE MEJORAS SALARIALES Un paro por la reapertura de la paritaria
Por Laura Vales
En reclamo de la reapertura de la negociación salarial, los docentes realizan hoy un paro nacional de 24 horas. La huelga afectará a escuelas públicas y privadas de todos los niveles, así como a las universidades, y fue precedida de un fuerte cruce con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que insistió en que el Gobierno no reabrirá la paritaria porque considera que el aumento dado a los docentes “fue significativo”. El funcionario aseguró también que hubo “una caída de la inflación”.
Los gremios piden un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los sueldos por el tarifazo y la suba de los precios. Su piso salarial quedó en 8500 pesos; si bien hay una mayoría de provincias que lo superan, no sucede lo mismo en las de menores recursos. El pedido de una recomposición es, de todas maneras, generalizado, ya que incluso en los distritos donde se llegó a los mejores acuerdos paritarios, como en la provincia de Buenos Aires, donde fue del orden del 34,6 por ciento, la mejora ya quedó empatada con la inflación y todavía faltan siete meses hasta la próxima paritaria anual. Los acuerdos que se firmaron incluyeron precisamente ante esta posibilidad una cláusula de reapertura.
Los dirigentes denuncian además el incumplimiento de puntos de la paritaria de febrero. Se trata de incumplimientos que se están dando en el marco del ajuste macrista, y que muestran una fuerte desinversión en educación. Entre ellos, algunos implican despidos, como la falta de continuidad de los programas socioeducativos (el plan Fines, de terminalidad de la escuela primaria y secundaria, las orquestas infantiles), otro es la interrupción del plan de formación docente, que se inició el año pasado con el objetivo de capacitar de manera gratuita a un millón de maestros en el lapso de tres años. Otros son producto de la extendida subejecución de los presupuestos destinados a la educación.
“Desde Ctera pedimos la reapertura de la paritaria y la necesidad imperiosa de que se cumplan los acuerdos paritarios que se firmaron en el mes de febrero. Si no, va a recrudecer el conflicto. Es necesario que el Gobierno tome consciencia de que hasta ahora todas las medidas que se tomaron han ido en favor de los sectores económicos concentrados y no de los trabajadores. Estamos exigiendo que haya medidas que protejan la educación pública”, sostuvo Sonia Alesso, la titular de Ctera, en la conferencia de prensa con la que los gremios ratificaron el paro.
Participarán de la medida de fuerza los siguientes sindicatos docentes nacionales: la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Confederación de la Educación Argentina (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET), y, por los universitarios, la Conadu, la Conadu Histórica y Fedun. Hoy, a las 14.30, convocan a una movilización al Palacio Sarmiento, sede de Educación.
Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu, agregó que “en el país estamos sufriendo la duplicación de la inflación con respecto al año anterior”, por lo que “para fin de año habremos perdido salario y poder adquisitivo”. El dirigente acusó al gobierno nacional de estar “subejecutando un conjunto de partidas, especialmente aquellas que tienen que ver con la posibilidad de incluir en la vida universitaria a los sectores más postergados. Es decir, hay una decisión política sobre qué partidas recortar y contra eso nos manifestamos también”.
Desde el Sadop, Mario Almirón responsabilizó al ministro de Educación por la huelga, “por no ceder en nada su posición de no negociar”.
Al defender la decisión de reabrir la paritaria, Bullrich argumentó que en el acuerdo firmado este año “se fijó una cláusula de aumento automático para los meses de junio, septiembre y enero próximos porque atamos el monto del salario mínimo docente al salario mínimo, vital y móvil”.
Sin embargo, el ministro aludió de esta manera sólo al piso salarial, es decir al sueldo inicial de los maestros (8500 pesos), que está por debajo de la Canasta Básica Total elaborada por organismos como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que la calcula en 11.680 pesos para una familia tipo del Gran Buenos Aires –o en 10.570 pesos para la mayor parte del interior del país–, ingresos por debajo de los cuales un hogar es considerado pobre.
El paro de hoy es parte de un plan de lucha que continuará, del 31 de agosto al 2 de septiembre, con la Marcha Federal convocada por las dos CTA y los gremios combativos de la CGT. El viernes 2 de septiembre, como cierre de esta marcha, la Ctera participará de la movilización a la Plaza de Mayo, con paros docentes a nivel provincial, mientras que el Sadop y la UDA ya convocaron a paros nacionales.
IDEN INVESTIGAR LA COMPLICIDAD DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE CON ETCHECOLATZ Un represor que también sería estafador
La Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata pidió que se investigue si médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) falsearon datos sobre el peso de Miguel Etchecolatz para facilitar su estrategia con vistas a obtener el arresto domiciliario. Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira remarcaron la “diferencia notable” entre los 67 kilos que el Cuerpo Médico Forense (CMF) registró en abril y los supuestos 73 kilos que el SPB apuntó el 25 de julio, cuando el represor comenzó en teoría una huelga de hambre que -según los mismos médicos- le hizo bajar ocho kilos en 18 días. El tribunal que con votos de Germán Castelli y Jorge Michelle le concedió el 22 de julio el arresto domiciliario y rechazó curiosamente el pedido para que se convocara al Cuerpo Médico Forense antes de dictaminar. El CELS, por su parte, calificó de “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 1, destacó que los jueces no analizaron “los riesgos que pueden derivarse” de la detención hogareña y que “mientras Jorge Julio López permanezca desaparecido y el Estado no determine la verdad de lo que le ocurrió, la prisión en una unidad penitenciaria de Etchecolatz es imprescindible”. Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, minimizó el tema al afirmar que la familia de López debe “entender” que si el principal investigado por su desaparición sale de la cárcel “la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.
La denuncia de los fiscales la recibió el viernes el juez federal Ernesto Kreplac. “Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos” por los médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, advirtieron. La situación “cobra especial interés toda vez que (el peso) resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado”, agregaron. El dato clave, que antes habían advertido los organismos de derechos humanos y había adelantado Página/12, es un informe de abril del CMF, según el cual Etchecolatz pesaba 67 kilos. Tres meses después, cuando la domiciliaria concedida por Castelli y Michelle no se concretó y el policía informó que iniciaba una huelga de hambre, los médicos del SPB apuntaron 73 kilos. “Se consignó, a partir de allí, una escala decreciente en su peso, como supuesta consecuencia de la medida, que lo llevó a perder 8 kilos al 12 de agosto, donde se consigna que pesaba 65 kilos”, se permitieron dudar. “La gravedad de lo advertido” es aún mayor si se considera que para dictaminar ante cada pedido de la defensa de Etchecolatz jueces y fiscales debieron basar su opinión “en tales informes del SPB, confiando en la buena fe de lo consignado”, agregaron, y recordaron que el TOF1 rechazó el pedido para que volviera a dictaminar el CMF antes de concederle el beneficio al ex hombre de confianza de Ramón Camps.
El CELS destacó en un comunicado que “los poderes judicial y ejecutivo deben garantizar que los arrestos domiciliarios sean concedidos por razones fundadas”. “Decisiones arbitrarias de este tipo y su aval por el poder Ejecutivo representan mensajes negativos para el avance del proceso de verdad y justicia”, afirmó. El organismo recordó que Etchecolatz acumula cinco condenas desde 2004, que es investigado por la desaparición de López, que tuvo “actitudes provocadoras” relacionadas con esa desaparición y que en 2006 se le revocó el arresto domiciliario por la tenencia de un arma de fuego. Y destacó que “lo que está en cuestión no es el derecho reconocido por la ley a acceder a la prisión domiciliaria sino que no se hayan analizado con seriedad todos los elementos del caso”.
El secretario de derechos humanos tomó distancia de la discusión sobre los arrestos domiciliario al afirmar que “es prerrogativa del juez” y el Estado “no puede apelar”. Sobre Etchecolatz, dijo conocer “la preocupación de la familia” de López pero pidió “entender” que la domiciliaria “no significa una eximición de la pena sino que la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.
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