#DÍADELABANDERA l La Multisectorial se manifestaba en contra de los tarifazos a los servicios públicos. Cuando intentaron acercarse al Monumento a la Bandera, se toparon con el operativo de seguridad que derivó en hechos de violencia. Hubo heridos.
lunes, 20 de junio de 2016
domingo, 19 de junio de 2016
L ROL DEL PAPA Y LOS REALINEAMIENTOS ENTRE GOBIERNO Y OPOSICION La cuarta muerte de CFK
Por Horacio Verbitsky
Para las distintas fracciones de la clase dominante, la caída de José López debería arrastrar al kirchnerismo, cuya defunción se proclama ahora con el mismo entusiasmo que luego de la rebelión de la Sociedad Rural en 2008 y de las derrotas electorales en la provincia de Buenos Aires en 2009 y 2013. Esa posibilidad no puede descartarse, pero el modo jubiloso en que se anuncia está determinado por el inocultable deseo de los emisores. La Alianza Cambiemos y el Frente Renovador estarían entre los principales beneficiarios de esa eventualidad. Pero la definición depende de otros factores que ninguno de ellos controla, como el Partido Justicialista y el vasto universo de organizaciones políticas, sindicales y de los barrios, que adhirieron al gobierno concluido en diciembre de 2015. A ellas se suma quienes se acercaron ante la convocatoria que Cristina lanzó en abril de este año para constituir un Frente Ciudadano del descontento con los efectos devastadores de las políticas oficiales, que incluye a las pequeñas empresas asfixiadas por las nuevas tarifas de servicios, las madres que vuelven a enviar a sus hijos a comedores populares como en la crisis de fin de siglo, o los estudiantes que han dejado de asistir a clase en las nuevas universidades del conurbano porque el precio del boleto desfonda el presupuesto familiar.
La avidez sucesoria
En cualquier caso, es inocultable que la estrepitosa irrupción de José López en la escena nacional aceleró la avidez sucesoria en la conducción justicialista, que Cristina no intenta ejercer. Un primer síntoma fue la cómoda mayoría que el gobierno consiguió en la Cámara de Diputados para sancionar la autoamnistía tributaria y el 85 y el 83 por ciento de los votos en el Senado con que pudo aprobar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para sentarse junto a Ricardo Lorenzetti en la Corte Suprema de Justicia, bien por encima de los 2/3 exigidos por la Constitución. La conducción provisoria que encabeza José Luis Gioja desearía dejar muy rápido y muy atrás el caso López, pero no le será fácil, porque el ex Secretario adjudicó obras en todo el país y nadie puede estar seguro de no encontrar en el diario de mañana una foto con el apestado y una revisión del convenio que ambos suscribieron. Pero además, la debilidad relativa de Cristina dentro de la estructura partidaria, donde los rencores no amainan, no es lo mismo que el surgimiento de un nuevo liderazgo tras el que encolumnarse. En ese contexto, tanto el kirchnerismo como los sectores más tradicionales del justicialismo intentan cubrirse con la sotana blanca del Papa Francisco, quien muy complacido aprovecha para avanzar la agenda retrógrada de su organización confesional, mechada con un retórico reclamo de políticas sociales. Entre imagen e imagen de López y sus fajos termosellados apenas hubo espacio para la difusión de la más curiosa secretaría creada por el Partido Justicialista: la de Culto y Doctrina Social de la Iglesia Católica. La anunció Gioja en presencia del sacerdote José María Di Paola y de los intendentes de La Matanza, Verónica Magario; de Merlo, Gustavo Menéndez; de San Antonio de Areco, Francisco Durañona y de Cañuelas, Marisa Fassi. Se distribuyeron volantes con la foto de Bergoglio y copias del denominado Pacto de San Antonio de Padua, que firmaron en enero casi todos los intendentes del FpV/PJ. Después la dirigencia justicialista encabezada por Gioja visitó a la conducción católica que encabeza el obispo José María Toté Arancedo, miembro de una familia de poderosos ganaderos y consignatarios de hacienda. El Pacto propone oponerse al aborto y a las nuevas formas de matrimonio y luchar contra el narcotráfico. También incluye una serie de simpáticos enunciados como combatir la pobreza, el hambre y la desnutrición, el trabajo y el abuso infantil; prevenir la drogodependencia y reinsertar a sus víctimas; erradicar la violencia de género e intrafamiliar, la trata de personas y todas las formas modernas de esclavitud; alentar el uso de energías renovables y el acceso universal a la salud, a la educación de calidad y al agua potable y convocar a la comunidad a cuidar el planeta, en el marco de la encíclica Laudato si. Una muestra de cómo concibe la institución eclesiástica la lucha contra la violencia de género fue la prohibición de que mujeres periodistas cubrieran las actividades del Congreso Eucarístico Nacional de las que participara el delegado de Bergoglio, Giovanni Battista Re. Igual que el gobierno, la Iglesia Católica también avanza con su posición de máxima y sólo retrocede allí donde encuentra resistencia, en este caso por parte del periodismo de Tucumán, que amenazó con boicotear el encuentro si se mantenía la violenta exclusión de género. Sobre esta base, la Iglesia Católica propone ahora un Pacto del Bicentenario y supone que esta vez no fracasará, como en 2010 cuando la CGT, la Federación Agraria y la CTA se negaron a suscribir el documento preparado por el ministro político del Episcopado, Jorge Casaretto, y su asesor laico, el empresario sojero Eduardo Serantes, acordado con la Sociedad Rural, Techint y el Grupo Clarín. Uno de los interlocutores habituales del Papa, Emilio Pérsico, llegó a comparar a CFK, en discusiones dentro del Movimiento Evita que dirige, con los militantes que en la década de 1970 fueron secuestrados en la ESMA. “Cuando salían los eludíamos, porque eran rehenes del enemigo”, dijo. Es un planteo tan injusto con Cristina como con aquellas víctimas de la dictadura, sin cuyo valiente testimonio no hubiera sido posible el esclarecimiento y el castigo de aquellos crímenes.
Aire de familia
La contaminación con la doctrina social de la Iglesia tiene tantos años como el peronismo. Su fundador se inspiró en forma explícita en las encíclicas papales que la fundamentaron, De Rerum Novarum, de 1891, y Quadragesimo Anno, de 1931, y en las formas organizativas de la Acción Católica establecidas por Pío XI, uno de los papas más reaccionarios de la historia, con la división en ramas por edades, sexo y actividad profesional. Ese aire de familia explica la virulencia del enfrentamiento de mediados del siglo pasado entre dos concepciones integrales o totalizadoras, cuando las tres personas de la Santísima Trinidad se opusieron a las dos de la pareja presidencial. Cuando termine de escribirse la historia del golpe de 1955 tal vez se entienda mejor que se trató de un movimiento eclesiástico que instrumentó a pequeños sectores de las Fuerzas Armadas, en su totalidad retirados del servicio activo, para sus propios fines y los de la alta burguesía. Luego del rol decisivo del Episcopado Católico en la dictadura cívico-militar de 1976, a la que brindó sustento dogmático para sus crímenes e incluso aprobación de sus métodos clandestinos, ese influjo sobre la política comenzó un gradual retroceso, mientras se afianzaba la secularización de la sociedad. Hubo algunas recaídas, por ejemplo el pago durante la presidencia de Carlos Menem de sobresueldos a determinados obispos, entre ellos Rubén Di Monte, el amigo que dejó en manos de José López una llave del monasterio en el que vivió hasta su muerte, hace dos meses. Pero desde la elección de Bergoglio como Papa en marzo de 2013, la regresión fue profunda. Todas las fuerzas políticas, con excepciones apenas marginales como la de la izquierda marxista, recurrieron a él sin advertir que se trata de un movimiento de legitimación recíproca (cuyo mejor ejemplo previo había ocurrido durante el Congreso Eucarístico Internacional de 1934) o sin preocuparse por ello. Un ladronzuelo buscando asilo para su rapiña en un convento es la caricatura extrema de esa miscelánea político-eclesial. El obispo de Roma advirtió de inmediato el peligro y envió a su operador laico Sergio Rubin a descargar las culpas sobre Di Monte, señalando que estaba enfrentado con Bergoglio, y a su operador eclesiástico, Agustín Radrizzani a informar que el monasterio no dependía del obispado sino de una asociación privada. Este razonamiento, tan especioso como el que usó el gobierno anterior para legitimar la propiedad de un canal de televisión por parte de la empresa de servicios públicos Telefónica, aduciendo que era Telefónica de España y no de Argentina, también queda sepultado por el rigor de las imágenes. Sin duda que hay líneas internas entre los obispos católicos, como en cualquier cuerpo colegiado, pero no fue Di Monte, sino Radrizzani quien el 25 de mayo de 2010 entregó al Poder Ejecutivo con la venia de Bergoglio una solicitud de indulto firmada por un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos por su participación en crímenes de lesa humanidad, entre ellos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, el comisario Miguel Etchecolatz, el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA y los procesados por la masacre de Margarita Belén.
¡Qué ocurrencia!
En los últimos meses se agudizó una inesperada inversión de roles: las perspectivas populares y progresistas se fueron tiñendo de un matiz nacional-católico, mientras el neoliberalismo gobernante pasó a identificarse con las posiciones laicas que reivindican la primacía de lo político. Es opinable la profundidad de estos desplazamientos, dado que no obedecen a meditadas disquisiciones ideológicas sino a disputas de poder. El cardenal Bergoglio fue el verdadero jefe de la oposición a Kirchner, del mismo modo que ahora el Papa Francisco encabeza el cuestionamiento a Macrì. Aquí se publicaron varias veces los vaticinios que Bergoglio formulaba en privado sobre la sangre con la que terminaría el gobierno kirchnerista. Este año le dijo lo mismo, pero ahora sobre Macrì, al ex senador Eduardo Duhalde, quien se apresuró a contarlo. Como en tiempos de Gregorio VII hace casi un milenio, o más cerca de ahora según el modelo desarrollado por Pio XI en la encíclica Quas primas, Bergoglio sueña con la sumisión del sistema político a “la realeza social de Cristo”, que por ausencia la delega en su vicario terrenal.
Esa inversión de roles fue manifiesta desde la breve audiencia a cara de perro que Francisco le concedió a Maurizio y se profundizó con la comedia de enredos de la donación satánica. El Papa creó Scholas Ocurrentes como una organización internacional de derecho pontificio en 2013 para ocuparse de tareas que competen al Estado, como promover la integración social y cultural por la paz en los 190 países de menores recursos en los que está presente, a través de 430 mil escuelas y colegios, públicos y privados, de todas las confesiones religiosas. Cuando el Papa rechazó la donación de 16.666.000 de pesos, dispuesta por decreto presidencial, y los calificados voceros de Bergoglio dijeron que el gobierno se equivocaba al tratarlo como un puntero de Berazategui, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun hizo saber que se había tratado de un pedido de la organización y que la cifra fue fijada por los dos enviados de Bergoglio, José María del Corral y Enrique Palmeyro. Cuando Bergoglio divulgó una carta en la que advierte a Palmeyro y Corral que pueden resbalar por la pendiente de la corrupción, el propio Macrì reveló en una “charla privada” que Eduardo Paladini publicó en Clarín, que en aquella audiencia de los 22 minutos fue el propio Papa quien “me pidió ayuda para Scholas”. Maestros en sofismas y debates sobre el sexo de los ángeles, los voceros vaticanos explican ahora que Macrì entendió mal, que no era plata lo que quería ese hombre que siempre pide que recen por él. Esta vez el primer jesuita que se sienta en la silla apostólica fue demasiado lejos con sus juegos de poder y dejó en evidencia la perversión del mecanismo empleado.
El enredo es consecuencia inevitable de la intromisión eclesiástica en campos que no son de su competencia y de la condescendencia oficial ante ese rol usurpador. No merecería mayor atención si no fuera por los realineamientos que provoca: maldiciones en voz baja en el gobierno, que envió a su máxima diplomática a embotar el filo de la espada pontificia, y exclamaciones satisfechas en las distintas vertientes peronistas. Susana Malcorra se volvió con una de esas sonrisas fotográficas que Francisco sólo prodiga a los elegidos y hasta el kirchnerismo celebró el desplante a Macrì, acaso sin advertir que la Casa Santa Marta y su huésped cumplen las funciones que alguna vez desempeñaron Puerta de Hierro y su propietario, santificando la idea de que CFK ya no es la baraja fuerte del naipe. Ante ese histeriqueo del que pide y cuando le dan rechaza, el gobierno respondió en forma sobria y decorosa, aunque no es seguro que haya aprendido la lección y de ahora en adelante cuide mejor la separación de reinos.
› OPINION López, la corrupción y el “fin del kirchnerismo”
Por Edgardo Mocca
El insólito unipersonal protagonizado por el ingeniero López ocupa el centro de la vida política argentina. Es lógico que así sea porque su puesta en escena constituye la materialización del libro negro del kirchnerismo que necesita el establishment para el operativo de normalización política del país, para excluir la anormalidad kirchnerista. Y la puesta en escena lo tiene todo: la madrugada de un lugar muy apartado de las luces del centro, un ex funcionario escondiendo dinero en un convento, la denuncia, la casi instantánea presencia de la policía, la presencia en vivo de muchísimos billetes de diversas monedas fuertes del mundo, armas en poder del mismo personaje, la versión de un intento de cohecho al que la policía se habría negado. No le faltó nada.
Las preguntas más interesantes son las más incorrectas y a la vez las más relevantes en estas horas. ¿Cómo se construyó semejante acting, cómo fue que López decidió adoptar semejante conducta? Por supuesto, no conviene preguntarse eso. Lo que hay que hacer es repudiar, lanzar protestas contra la corrupción, declarar escándalo, decepción, dolor moral. La pretensión de hacer un análisis político es, en estos casos, sospechosa de indiferencia moral cuando no de compromiso con estas cosas “que tan mal le hacen a la democracia”. El análisis político de un acontecimiento consiste en su colocación dentro de una determinada trama, dentro de un conflicto de intereses y de poder; lo demuestra el tipo de retórica política –habilitada la mayoría de las veces por una supuesta mirada periodística desprovista de todo interés subalterno– que ha establecido que el hecho constituye el final del kirchnerismo. ¿Qué otra cosa es esta afirmación que no sea una proclama política? En eso consiste la conmoción de estos días, en la pregunta por el futuro de la experiencia política de estos años, a partir de que un acto de corrupción de uno de sus altos funcionarios es mostrado –acaso por primera vez en la historia– en vivo y en directo. Ese uso del acontecimiento obliga a que se lo analice políticamente.
Lo que en el escenario aparece como un unipersonal es, sin ninguna duda, una operación política. Lo es porque para que ocurra hace falta la coordinación de dos acciones, la que motivó el viaje del ingeniero y la que aseguró su rápido fracaso y su inmediata difusión masiva, coordinación que solamente puede ser atribuida a la magia o a una operación política. El hecho sustancial, el que permite el acontecimiento es la tenencia de mucho dinero no declarado por parte de un hombre del gobierno de los Kirchner. Pero hasta ahí la cuestión no alcanza para producir la conmoción. Es necesario que los billetes sean televisados, que se construya el máximo efecto de verdad capaz de alcanzar y conmover a millones de personas. El saber colectivo no ignora los vínculos entre dinero y política en la Argentina, la existencia de un sistema de relaciones entre empresas privadas y Estado; un sistema, dicho sea de paso, que alimentó la formación de algunas conspicuas fortunas familiares en las últimas décadas. Pero, en cambio, la corrupción televisada en vivo es una estremecedora novedad.
La ubicación en el tiempo y el espacio es otro requisito del análisis. Es un tiempo muy complejo para el macrismo. La extensión del rechazo ciudadano a las políticas económicas y sociales está alcanzando cotas muy altas. A tal punto que las plumas “independientes” que trabajan para el bloque de poder económico concentrado venían elaborando una interpretación del descontento popular en clave de agitación kirchnerista entre los sectores más afectados por esas políticas. De esa carátula política surgía de modo natural y sin que tenga que ser explícitamente declarada, la necesidad de una terapia represiva para impedir la desestabilización del Gobierno. Además de los problemas con la sociedad, el Gobierno había empezado a ver cuestionada la coalición parlamentaria de hecho con un sector de la oposición que coincide con el macrismo en un punto fundamental, la destrucción del kirchnerismo. Dicho al pasar es curioso el funcionamiento de la política en la Argentina de hoy: la alianza que respalda al Gobierno se constituye como oposición, como unidad en un objetivo contra otra fuerza política. El show de López le da un enorme respiro al macrismo, lo fortalece, le permite abrir un nuevo capítulo, el que enuncia la fórmula “final del kirchnerismo”. El desarrollo del tratamiento de los pliegos de nuevos jueces en el Senado y de la ley que comienza el desmantelamiento del sistema estatal de reparto para las jubilaciones y pensiones es una muestra de los efectos del operativo.
La proclama del fin del kirchnerismo es eso, una proclama. No es ni verdadera ni falsa porque se proyecta hacia el futuro y nosotros vivimos en el presente. Es un programa a cumplir; como tal puede tener éxito o no. Los hechos de la madrugada del martes último son un avance de ese programa. Sus inevitables consecuencias son la euforia de la coalición antikirchnerista gobernante y la angustia de los partidarios del gobierno anterior. La preocupación por la corrupción ascenderá bruscamente en las mediciones de opinión pública en los próximos días. Es necesario darle la bienvenida a la discusión sobre la corrupción. Es el tiempo de pensar políticamente la corrupción. ¿Qué es finalmente la corrupción, en el sentido en que estamos hablando? Es el intercambio ilegal e ilegítimo entre los dueños del capital y quienes administran el Estado. Es el modo central en el que el capital penetra a la política. Hay otros, aunque no tengan tan mala prensa: son buenos negocios “legales”, oportunidades laborales y profesionales, premios, reconocimientos públicos, ayudas todas ellas en última instancia a la carrera política de la que se trate. Pueden estas últimas prácticas no responder estrictamente a la figura de “corrupción” pero son corrupción política porque presuponen un intercambio perverso que aleja al político beneficiado del sentido social de su acción y estimulan carreras individuales excluidas de toda conexión con los intereses del pueblo y de la nación. Intercambio perverso entre el capital y la política, la corrupción no puede ser eliminada de la realidad. La promesa de esa eliminación es tan mentirosa como la de la solución del problema de la inseguridad; en ambos casos se trata de una manipulación de deseos y no de una propuesta política. El combate contra la corrupción reconoce diferentes planos y diferentes actores. Por empezar (ahora que está de moda el “mapa del delito”) hay que hacer un mapa de la corrupción. Es un mapa que tiene diversas regiones y no solamente la de los funcionarios políticos. Por empezar está la región de los empresarios que, como en toda sociedad capitalista, es la región central. Hoy la ideología oficialista ha vuelto a traer a la escena el mito fundante del capitalismo, la “meritocracia”; la sociedad reparte sus lugares según los méritos individuales. De ese modo, los empresarios exitosos lo son por sus méritos como tales, su inteligencia, su creatividad, su audacia. El capitalismo nacería de una competencia meritocrática. Cualquier estudio serio de la historia económica de este país –como de cualquier país capitalista– demuestra el carácter mítico (en el peor sentido de la palabra) de esta idea. La expresión “patria contratista” nacida en nuestro país en los años del terror dictatorial es muy contundente; se trata de la colonización del Estado por parte de un sector muy importante de la burguesía argentina que alcanzó posiciones en la cúspide del poder económico y forma parte del bloque de poder junto con las más grandes empresas multinacionales. A su favor se estatizó la deuda privada en el último período de la dictadura, con Cavallo como protagonista central; a su favor se hizo la pesificación asimétrica durante la presidencia de Duhalde, después del derrumbe de 2001. Es una región importante para un plan de lucha contra la corrupción que bien podría concentrarse en una simple pregunta: ¿Quién le dio toda esa plata a López? El mapa tiene que tener un capítulo judicial, es un Poder que forma parte del Estado aunque suele ser visto y suele verse a sí mismo como un tribunal ético de la nación. Una parte del Estado, claro está, para nada ajena a la cuestión de la corrupción; vale recordar que la remoción de la mayoría menemista de la Corte Suprema por el gobierno de Néstor Kirchner tuvo como fundamento central su complicidad con la familia Macri en el caso del contrabando de autos. Las agencias del Estado tienen, por otra parte, un dispositivo funcional que muy difícilmente pueda ser regulado por el funcionario de turno, un mundo de leyes no escritas que conoce muy bien, por ejemplo, cualquiera que haya participado en una licitación en materia de obra pública. Y la política tiene también un lugar fundamental en el mapa que debe organizar la lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista institucional, el gobierno de la Alianza (la anterior alianza) tuvo un mérito, entre los casi ninguno que tuvo, la creación de la Oficina Anticorrupción y la designación a su cabeza de un juez prestigioso y capaz como el doctor José Massoni. Hoy la oficina está dirigida por Laura Alonso. Hoy asistimos a la desnaturalización y devaluación de instituciones como la Unidad de Información Financiera, organismo clave en la lucha contra la corrupción económica y política De modo que hay una distancia entre rasgarse las vestiduras por la corrupción y encarar la lucha contra ella. Hay, entonces, un plano jurídico-institucional muy importante. Pero más importante es la lucha política contra la corrupción política. ¿De qué se trata? Se trata de la restitución del sentido de la práctica política. De sacarla del mediocre lugar de carrera profesional-corporativa y colocarla en el de actividad central de la vida entre los seres humanos. De actividad destinada a la lucha colectiva de hombres y mujeres para asegurar una convivencia social más justa y más feliz. Es la carencia de convicciones la que pone en primer lugar el negocio personal por sobre cualquier interés colectivo. Se trata de construir una moral política distinta, apoyada en la mejor tradición de lucha de nuestro pueblo. El operativo López ha golpeado muy fuerte en el corazón de quienes seguimos creyendo en un sentido distinto de la política y que vimos expresado ese sentido en la experiencia transformadora de estos años. Una experiencia que supo incorporar a una grandísima cantidad de jóvenes con ideales y capacidad de entrega a una causa, a un territorio que en las últimas décadas había estado reservado a los exitosos de la política, reducida a administración de los intereses de los poderosos. Moralizar la política es dotarla de capacidad para transformar la realidad injusta en la que vivimos.
LOS ENCUESTADORES ANALIZAN EL IMPACTO SOCIAL Y POLITICO DEL CASO DE CORRUPCION El golpe llamado López
Por Raúl Kollmann
Los encuestadores y consultores en campañas electorales tienen visiones distintas sobre el efecto a corto y largo plazo del caso José López. Todos coinciden en que habrá un fuerte impacto en el kirchnerismo y también, aunque en menor medida, en el peronismo. Algunos consultores son lapidarios y piensan que el golpe es casi mortal para los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner y para quienes respaldan lo hecho por el anterior gobierno. En ese marco, perciben que habrá una especie de redistribución del poder dentro del peronismo y un aislamiento de los referentes K. Pero están también los consultores que piensan que las medidas económicas de la administración de Mauricio Macri –despidos, tarifazos, inflación, recesión– no sólo están produciendo una baja en la imagen del Presidente y de todos los indicadores de opinión pública del macrismo sino que tarde o temprano reivindicarán al modelo del gobierno kirchnerista.
Golpe
Hay un punto del análisis en el que todos los consultores coinciden y que es obvio: José López tirando las bolsas con dólares significó un golpe muy duro para el kirchnerismo. Roberto Bacman, del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), lo describió así: “El caso López sorprendió a los argentinos por su extraña forma de irrumpir en la escena con ribetes novelescos y componentes bizarros. La corrupción volvía a mostrar otra de sus facetas, aunque esta vez de manera contundente. No se trató de una denuncia, ni de una investigación judicial o periodística, la que lo expuso esto ante la opinión pública. Fue el propio José López, en un acto incomprensible, cuya posible explicación remite a hipótesis de diferente tipo y tenor, quien en la fría madrugada del martes pasado comenzó a tirar bolsas con dólares, euros y hasta monedas de exóticos países, relojes de lujo y joyas a través de la medianera de un convento de General Rodríguez. Es innegable que el hecho impactó, aunque también es innegable que a todos no les afectó por igual. El kirchnerismo fue quién más sintió el impacto. ‘Fue como una trompada al estómago’ escribió en su Facebook la ex presidenta. Para algunos el texto en su totalidad no contenía la contundencia que el caso ameritaba, pero es cierto que por primera vez CFK reconocía un acto de corrupción que salpicaba de manera directa a su gobierno”.
Para Eduardo Fidanza y Manuel Mora y Araujo el impacto merece un mismo adjetivo: “Para el kirchnerismo es devastador”. Fidanza, de Poliarquía, opina que “es indisimulable el vínculo directo, sin intermediarios, de López con Néstor y Cristina. Probablemente este caso precipite nuevas imputaciones con la firme probabilidad de que Cristina vaya presa. El impacto en el peronismo dependerá de su capacidad de distanciarse y hacer control de daños, algo para lo que tiene mucha práctica. José Alperovich puede ser el modelo a seguir. Respecto de la política en general y la sociedad deberá tenerse presente que López no es una excepción sino un engranaje en un mecanismo histórico y estructural de corrupción que excede al gobierno anterior. Los Kirchner representan la hipérbole de prácticas arraigadas en la elite del poder en la Argentina”.
En la misma línea, Mora y Araujo, de Ipsos-Mora y Araujo, además de afirmar que el efecto es devastador, agrega que “no hay sector dentro del espacio político kirchnerista que no acuse el impacto. La primera consecuencia notoria parece ser el creciente debilitamiento -o aislamiento- de Cristina, la única persona que hoy puede aspirar a ejercer un liderazgo del espacio. Espacio en retroceso, liderazgo debilitado: eso dice todo”.
Muy distinta es la visión de Artemio López, de la consultora Equis. ?”El caso López es un capítulo más de la saga destinada a desacreditar la gestión kirchnerista en general e intentar dañar la imagen de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es particularmente espectacular y el componente narrativo, en especial su impacto en medios masivos, resulta muy eficaz para desplazar la agenda de opinión pública hacia costados menos comprometidos para el oficialismo que la aceleración de la crisis socioeconómica que ya asume una magnitud inimaginable para sólo seis meses de gobierno”.
“Caída de dos puntos del PBI, inflación por sobre el 43 por ciento , salarios convencionales pactados a la baja en torno al 30 por ciento anual y 250.000 nuevos desempleados con un aumento inédito de la pobreza que sumó 1,7 millones de nuevos pobres sólo en el Gran Buenos Aires, pasando del 22 por ciento en diciembre al 35,5 por ciento en abril de 2016. Según la actualización de abril del relevamiento de pobreza del Instituto Germani de la UBA, si se toma como población de referencia el GBA (Conurbano más CABA), en valores cercanos a 12,8 millones de personas, entre diciembre y finales de abril las personas en situación de pobreza pasaron de 2.816.000 a 4.544.000. Y las que viven en la indigencia aumentaron de 752 mil personas a 985.600, un crecimiento sin antecedentes en solo seis meses”.
Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados, piensa que “respecto al kichnerismo, es indiscutible que el efecto es negativo. Es difícil precisar el grado o la intensidad del impacto, eso se irá viendo, pero no hay duda que ha dado en el blanco. Ha provocado la aceleración de los debates internos, que ya se estaban dando como efecto retardado de la derrota electoral. Da la impresión que el caso López fue un catalizador, para poner más a la luz los conflictos y contradicciones internas que el kichnerismo tiene, no en relación a la interpretación del pasado, sino al diseño del futuro. Los grandes temas, hoy, acucian al kichnerismo; tales como: la necesidad o no de una organización política superior a sus superestructuras, la construcción de mayorías, la adopción de un perfil opositor, la correcta caracterización de la relación de fuerzas con la derecha, y la política de alianzas; marcan la agenda obligada del debate. Es indudable que el kichnerismo no solo lucha por su sobrevida, sino que esa sobrevida tiene mucho que ver con la valorización de lo hecho y su capacidad para no repetirse”.
“Esto salpica a todo el partido gobernante hasta el 2015” –señala Analía Del Franco, de Analogías. “Es complicado que la opinión pública logre una fina discriminación de lo sucedido. Por ejemplo, el alfonsinismo pensaba en 2001 que aquella crisis se llevaba puesto sólo a De la Rúa, no a la UCR. Fue una forma inocente de pensar las cosas. Cambiemos se encargará también de empujar para que todo el peronismo pague el pato. Por lo menos por un tiempo, ya que requiere de que el peronismo esté mal para continuar gobernando, sobre todo frente a una realidad complicada económicamente”.
Festejo
Prácticamente todos los consultores perciben que obviamente el caso López favorece a la Casa Rosada. “En Cambiemos fue una semana de festejos –señala Bacman–. El caso López les cayó del cielo, como una bendición en medio de fuertes tempestades. Para la opinión pública la gestión del gobierno nacional está pasando por su peor momento desde que asumió seis meses atrás. Indicadores de imagen del presidente y aprobación de su gestión han bajado en torno a los quince puntos porcentuales. Las promesas de campaña se han convertido en una asignatura pendiente. ¿Quién se acuerda de ‘pobreza cero’? Deben ser muy pocos: hasta el Observatorio Social de la UCA concluyó que la pobreza en Argentina se ha incrementado este último semestre”.
“La explicación de la ‘pesada herencia’ ya no alcanza para justificar los altos índices de inflación, los tarifazos, el aumento incesante de la desocupación, y la sensación, fuertemente instalada, de que los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes. Esa es la asignatura pendiente que la actual gestión debe superar. Pero apareció el caso López y más de un funcionario pensó que se venían, milagrosamente, nuevos tiempos. ¿Será posible? Todo puede ser. Sin embargo, nunca hay que perder de vista un principio que proviene de la física: inexorablemente el sol sale por el este y se pone por el oeste; pero nunca, y bajo ninguna circunstancia, se puede tapar con las manos”.
“El gobierno gana tiempo –piensa Analía Del Franco–, pero para mi no existe que la corrupción anterior impida que la gente se siga quejando, pero es cierto que gana tiempo con el peronismo debilitado”.
Definiciones
Hugo Haime, titular de Haime y Asociados, hace un diagnósticos hacia adelante. “El conteo de dólares en la Rosadita y la prisión de Báez consolidó la idea en mas de la mitad de los argentinos de que kirchnerismo y corrupción están asociados. Quedaba otra parte de la sociedad que no aceptaba esta idea, tanto la de quienes ven a Cristina como su conductora como aquellos que defendiendo un modelo creían que las denuncias de corrupción eran un hecho mediático. El escándalo López/dólares produjo un fuerte golpe moral, tanto entre la dirigencia como entre los simpatizantes K. Lo ocurrido es que alguien muy importante dentro del ex gobierno aceptó haber robado. Algunos tomaran la idea de que se trata de un hecho aislado, que López robó para él y seguirán creyendo en el proyecto, otros comienzan a creer que se trata de algo sistémico que involucra a Cristina y otros están en la duda. La discusión sobre si la corrupción era sistémica o no continuara por un tiempo entre la militancia y los simpatizantes K, pero ello no evitará su declinación política”.
“Esta semana –reflexiona Bacman– ciertos políticos, periodistas y analistas plantearon la hipótesis de que el kirchnerismo está acabado. Es muy temprano para afirmarlo, sin riesgo de caer en la subjetividad. El golpe fue duro, pero un importante segmento de la población sigue creyendo en otro modelo de país que el kirchnerismo en el gobierno tuvo la capacidad de representar”
Para Rouvier, “el movimiento creado por Néstor y Cristina Kirchner atraviesa un momento crucial. Y este hecho, casi cinematográfico protagonizado por López, agrega evidencia y dramaticidad al espectáculo desnudo de la corrupción. Seguramente la carta de Cristina ha generado alivio, pero también insatisfacción. Trata de contener a los militantes y apuntar al círculo completo de la acción delictuosa; pero, va a hacer falta muchos más que lo ofrecido hasta ahora”.
“Creo que lo que está en el centro de la escena es la profundidad de la crisis económica y social en desarrollo –señala Artemio López–. Se la pretende desplazar a un segundo plano dando centralidad a casos lamentables pero poco significativos estructuralmente como el de José López. El éxito es contundente en los primeros dias pero muy acotado en el tiempo. Al interior del kirchnerismo el impacto del caso Lopez produjo efectos de perplejidad sobre todo en sus zonas más sensibles, efecto de desaliento oportunamente agigantado por los medios oficialistas. La salida a estos dilemas se conocen: afirmar la identidad kirchnerista, mostrar la diferencia de modelos, y sostenerlo todo especialmente en momentos donde las condiciones de esta afirmación son desfavorables”.
Peligros
Todos los consultores coinciden en que el caso López golpea centralmente al kirchnerismo pero también al conjunto del sistema político. Rouvier lo sintetiza así: “Este hecho y otros similares apuntan a la destrucción de la política. Se bordea peligrosamente el ánimo colectivo de aquella consigna ‘que se vayan todos’. Y la destrucción de la política solo puede ser capitalizada por aquellas fuerzas políticas que reniegan del debate ideológico y la construcción popular. En el mundo son las grandes corporaciones y el terrorismo antisistema, que coinciden en el aniquilamiento de la política y sus posibilidades de transformación hacia la equidad. Los grandes intereses quieren volver excedentaria a la política, y apuntan hacia la degradación de la dirigencia. Y los que se degradan por sí solos, juegan a favor de las hegemonías. El afán de riqueza, la vida fácil, y el consumismo, favorece a los poderosos, aunque se tenga el discurso de la libertad y la emancipación”.
raulkollmann@hotmail.com› EL EFECTO LOPEZ SOBRE EL GOBIERNO, EL JUSTICIALISMO Y LA IGLESIA CATOLICA Orantes y penitentes
Por Horacio Verbitsky
La materialidad rotunda del episodio relega cualquier otra consideración. Todo parece abstracto y difuso en comparación con las imágenes y el relato de la captura de José López al salir del monasterio de las monjas orantes y penitentes en una fría madrugada de junio. De tan perfecto provocó las dudas públicas del Frente Renovador: al jefe de su bloque de senadores bonaerenses Jorge D’Onofrio le dio la sensación de que “todo fue preparado. Que se armó una historia con el llamado del 911, las monjas y Jesús (el denunciante), que no es muy creíble”. Eso no obsta para que su partido lo aprovechara tanto como la Alianza Cambiemos.
Que López haya saltado esa tapia en la misma semana del conflicto entre el Vaticano y el gobierno por la donación de más de un millón de dólares a una entidad educativa auspiciada por el Papa Bergoglio replantea el rol de la Iglesia Católica, y muy en especial de su jefe, con el sistema político y la sociedad civil de la Argentina, en momentos en que el Justicialismo se debate en un vacío de poder. La media sanción de la ley de blanqueo, que preserva el secreto de los delitos tributarios cometidos y extiende esa protección a los contratistas de obra pública y a casi toda la parentela de los funcionarios indica que no hay en el actual gobierno más voluntad que en los anteriores por poner coto a los abusos de lo que hace décadas se conocía como la Patria Contratista. Sin reformas en el régimen de compras y contrataciones del Estado, los sucesos de estos días serán apenas anécdotas risueñas, aportes ingeniosos de los oriundi a la continuidad de una picaresca que hizo célebre al cine italiano.
Colores vivos
Hace justo un año, Aldo Ferrer difundió la versión preliminar de un breve trabajo titulado “Acerca de la corrupción”, en el que ensayó una tipología binaria: corrupción cipaya y vernácula, circunstancial y sistémica, pública y privada, globalizada y endógena. También formuló propuestas para combatirla “en el marco de estrategias de desarrollo que movilicen el potencial del país, defiendan los intereses nacionales y promuevan la equidad y el bienestar. De otro modo, seguiríamos sometidos a los problemas que promovieron la corrupción, al mismo tiempo que frustraron el desarrollo de la Argentina”. Las valijas del señor López caerían en los tipos vernácula, circunstancial, pública y endógena. Pero eso no atenúa el shock de la peripecia lujanera.
Las postulaciones del gran maestro del pensamiento nacional están entre las más lúcidas sobre un problema en el que sobran adjetivos indignados y faltan reformas sustantivas que ayuden a superarlo. No obstante, también las definiciones de Ferrer se ven pálidas en contraste con los colores vivos de la escena revelada: el rojo de la valija, el verde de los billetes, el azul del chaleco blindado y del casco con que López es trajinado de un lugar a otro, entre un enjambre de comandos de operaciones especiales con el rostro cubierto. De este modo, la alquimia oficial lo transmuta en el jefe de un cartel de narcotraficantes, cuando la forma en que cayó muestra a un pobre infeliz solo con su sombra, que intentó ocultar las pruebas de sus delitos a la hora menos conveniente y en el lugar más sugestivo. Esta intencionalidad gubernativa sigue el mismo guión representado hace tres meses con Lázaro Báez. La escena primaria hiere los ojos y los oídos de la multitud hipnotizada a toda hora frente al televisor. El director del Banco Central, Pedro Biscay, quien antes integró la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y dirigió el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) describe una operación que combina lo mediático con “el corazón de una lógica mafiosa que vuelve delictivo todo lo hecho por una gestión de orientación popular. Se opera una conversión cínica que vuelve delito, choreo, estafa, malversación cualquier iniciativa de política pública del anterior gobierno. Es delito no haber ejecutado en su totalidad un proyecto presupuestado, es delito haberlo ejecutado tardíamente, es delito si se lo ejecutó en etapas que implicaron correcciones, como también es delito si se adeuda a determinados proveedores. Todo es delito porque si un funcionario público cometió un delito, entonces todo lo que rodea a ese funcionario público también es delictivo. Es la lógica de la asociación ilícita aplicada a la organización de la política”.
Para Ferrer en los países avanzados y en los emergentes con fuerte densidad nacional la corrupción suele ser circunstancial, consistente en el soborno de quien tiene autoridad de disponer de un activo o un servicio que no le pertenece. En cambio en los países subdesarrollados, de débil densidad nacional, la corrupción sistémica es “mucho más depredatoria”, por ejemplo las decisiones y políticas que generan rentas privadas espurias, que perjudican el interés público. Ferrer lo ejemplifica con “la imposición de un tipo de cambio sobrevaluado y la desregulación de los movimientos de capitales que culminaron en el endeudamiento hasta el límite de la insolvencia, generaron una masa gigantesca de rentas especulativas y fuga de capitales y deterioraron el aparato productivo y la situación social”. Según esta tipología, las decisiones adoptadas en los primeros seis meses del actual gobierno, que implicaron la transferencia de miles de millones de dólares de muchas a pocas manos y cuyas consecuencias se sentirán por generaciones, son mucho más nocivas que los nueve millones en las valijas de José López. Pero aprehenderlo requiere una operación abstracta del pensamiento porque la práctica cotidiana de los consumidores masivos de infotainment televisivo no permite abarcar los 4.200 millones de dólares anuales que deja de percibir el Estado por retenciones a las exportaciones agropecuarias y mineras ni el consecuente desfinanciamiento de inversiones sociales. En cambio, todos han visto alguna vez un dólar y tienen bolsos o valijas en su casa. El robo de López está a escala de quien compra un billete con la ilusión de ganarse la lotería y cambiar de vida. Por eso impacta en forma demoledora. Todo periodista sabe que ningún informe sobre la persecución y asesinato de millones de personas es más conmovedor que el diario que una adolescente escribió escondida en “La casa de atrás”. En eso consiste la cultura de masas.
Los altos niveles de repulsión que manifiestan en los últimos días periodistas, políticos, intelectuales, actores y otros protagonistas de la comunicación informática, desde los más sinceros hasta los oportunistas, así como la direccionalidad política que cada uno intenta darle a sus profundos sentimientos, son tan previsibles como insustanciales. Por ciertos que sean la tipología de Ferrer y el daño que las políticas oficiales están haciendo al interés público, oponerlas a la imagen de López y su último trayecto en libertad, liviano de equipaje, es una respuesta tan patética como arrojar bultos sobre la tapia en la oscuridad y no realza a quien lo intenta. Es verosímil, como dijo CFK el viernes, que ese dinero no se lo haya dado ella a López sino algún empresario que hacía negocios con el Estado. Pero la estridente sospecha, inducida por un afinado coro de medios, no es que proviniera de la ex presidente, sino que ella y/o el ex presidente Néstor Kirchner hayan sido receptores de entregas previas equivalentes. “Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción”, agregó CFK. La respuesta sabe a poco por parte de quien en un acto proselitista en La Plata contó que cuando eran muy jóvenes Kirchner le dijo que para hacer política es necesario tener plata. Se comprende mejor la reacción de La Cámpora, que no necesitó más que unas pocas horas para repudiar a López y aducir que la pertenencia a un movimiento “que se plantea como objetivo central el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares no puede ser un mero acto declamativo o una foto en un cartel: es una forma de vivir y un compromiso para toda la vida”. También la del ex ministro Axel Kicillof, quien dijo que “la gente no milita para que un vivo, un corrupto, se afane la guita”. Entre las muchas acusaciones que su gestión recibió del sector patronal nunca figuró una por pedidos indebidos de fondos. Ellos y su esforzada militancia territorial están entre los grandes damnificados por lo sucedido. “No podemos eludir más la discusión frontal sobre la corrupción durante la última década. No es sano, no es inteligente y deja sin herramientas a los movimientos sociales que apuestan por opciones de gobierno populares. Quienes queremos defender estas banderas y las políticas de inclusión social y de derechos construidas estos años, tenemos la obligación de hacerlo. Así como frente al gatillo fácil y la represión policial oponemos políticas de control civil sobre el uso de la fuerza y programas contra la violencia institucional, debemos construir programas de prevención de corrupción que pongan en el centro de la escena el rol corruptor de las empresas y los problemas de debilidad legal que favorecen la corrupción”, añade Pedro Biscay. A su juicio, el gobierno necesitaba “de un escándalo como éste que vuelva todo lo demás delictivo: es el efecto de la mancha venenosa. Es radioactivo porque todo lo que toca lo contamina y expande su contaminación radialmente. Excede la incapacidad que hemos tenido para pensar respuestas audaces y poderosas frente a la corrupción, pero a su vez nos deja sin capacidad de respuesta porque al criminalizarlo todo, nos vuelve cautivos de un mecanismo extorsionador que trasviste la banalidad del mal en una virtud, el temor en seguridad, la opresión en libertad y la dignidad de haber construido derechos en avergonzamiento público. Esta lógica es mafiosa en sí y para sí. Se impone en los recintos parlamentarios, en la justicia y en los medios televisivos. Es la única opción posible de enceguecernos para que la matriz criminal del poder económico aumente el endeudamiento externo como mecanismo de financiamiento de la fuga de capitales a la par de asegurar que la pila de la rentabilidad financiera crezca obscenamente mientras las pilas de la producción y el consumo se destruyan progresivamente”.
La transversalidad del sigilo
Al cabo de doce años de gobierno en los cuales José López fue el regente de la obra pública bajo las tres presidencias Kirchner, el comentario de CFK luce tanto necesario cuanto insuficiente. Hubo tiempo de sobra para poner en funcionamiento mecanismos institucionales que redujeran las oportunidades para el enriquecimiento ilícito de funcionarios, con un nuevo régimen de compras y contrataciones del Estado, que superara al obsoleto sancionado por Fernando de la Rúa en 2001 y actualizado en cuanto a su informatización por CFK en 2012, con menos controles que excepciones a la licitación pública. La renovación de la emergencia año tras año, mucho después de dejar atrás la crisis de fin de siglo, contribuyó a la discrecionalidad. Los proyectos de reforma de los códigos penal y procesal penal no contemplaron enmiendas para impedir que un alto número de causas por los delitos denominados de corrupción terminen en absoluciones por prescripción, que es el resultado perseguido por los grandes estudios jurídicos y contables que atienden a las principales empresas. La ley electoral promulgada en 2009 asignó espacios publicitarios gratuitos en televisión a todos los partidos políticos, lo cual niveló las fuerzas y permitió que los partidos menores hicieran conocer sus propuestas y sus candidatos. Pero, a diferencia de lo que sucede en Chile, no prohibió que además de esos espacios gratuitos, los partidos pudieran comprar otros, con la única limitación de su chequera. El enorme gasto en publicidad, sobre todo televisada, es uno de los pretextos más frecuentes para explicar la obtención ilícita de recursos, con el argumento que de otro modo sólo los ricos podrían hacer política (sic). El paquete de leyes de democratización de la Justicia que CFK envió al Congreso en 2013 incluyó restricciones para la presentación de medidas cautelares, contra la posibilidad de impugnar ante la Justicia las decisiones de los funcionarios públicos. Un mínimo catálogo de medidas precautorias debería incluir
- elaboración participativa de pliegos, cuyos errores desincentivan la participación de proveedores;
- creación de oficinas dirigidas al desarrollo de proveedores;
- registro unificado de proveedores y representantes. Es tan defectuoso, a veces apenas con una casilla de correo, que hasta ha habido casos de funcionarios que actúan como representantes;
- coordinación de registros a nivel nacional y provincial;
- mayor control en el proceso de ejecución;
- sanciones de exclusión por colusión o incumplimientos graves en ejecución de contratos;
- conversión de la Oficina Nacional de Contrataciones en una base federal de datos donde todas las jurisdicciones tengan que informar sobre sanciones y denuncias.
Las limitaciones señaladas no pueden adjudicársele a una sola fuerza política: el sigilo y la excepción constituyen una de las formas más ostensibles de la transversalidad. El dictamen que en la madrugada del viernes fue aprobado por la Cámara de Diputados excluyó de la posibilidad de blanqueo a los cónyuges, padres e hijos de la larga lista de funcionarios públicos expuestos políticamente a la que el oficialismo debió resignarse para conseguir mayoría, pero esa prohibición no alcanzó a los convivientes de esos funcionarios ni a los contratistas de obra pública. Esto deja afuera a Franco Macrì, pero no a la amiga que maneja los negocios en China en los que se refugió cuando hijos y sobrinos lo corrieron del control del holding familiar con la amenaza de un juicio por insania. Tampoco alcanza a Angelo Calcaterra ni a Nicky Caputo, los alter ego del presidente. Pese a ello, los diputados de la Coalición Cívica Libertadora Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez Villada oprimieron el botón de votar afirmativo sin rebelarse, consecuentes con la extraordinaria definición con que Elisa Carrió justificó hace un año la alianza con Macrì: “Es corrupto pero republicano”. En vez de acompañar a sus diputados ella prefirió faltar a la votación para no mojarse los pies en el agua sucia. El artículo 87 protege además “el más absoluto secreto” de los delitos tributarios amnistiados y de sus montos, aunque el gobierno debió retroceder con la multa equivalente a la suma blanqueada y con la inclusión de periodistas y medios de comunicación en el castigo penal. Aún con esas concesiones menores, el texto votado confirma que la ley afecta la libertad de expresión “que no es sólo para los periodistas sino para el pueblo que vive en democracia, y como medio para lograr tal fin”, como dice Enrique Alberto Hidalgo, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Alberto Balestrini. Algo que es de tanto interés público como para motivar una amnistía del Congreso “¿puede quedar oculto? Sólo el recaudador tendrá la información. Los periodistas podrán difundir la que consigan pero no podrá ser debatida por los que no sean periodistas. El pueblo sólo lo mira por TV. La obsesión del Estado Secretista es tal que prescribe que los funcionarios no pueden divulgar la información ‘ni aun a solicitud del interesado’. O sea que el ocultamiento de los evasores pasa a ser razón de Estado superior a la propia voluntad del delincuente amnistiado”, agrega Hidalgo. Otro cambio de última hora que no se discutió en comisiones y se agregó en el recinto fue el traspaso de la UIF al ministerio de Hacienda y Finanzas, cuando hasta ahora dependía del de Justicia y Derechos Humanos. Es una amable concesión al ministro Alfonso De Prat-Gay, quien fue objeto de un reporte de Operación Sospechosa por parte del organismo que ahora quedará a su merced. De este modo la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal se reducirá al ministerio de Prat-Gay, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. El discurso de la transparencia que viste al gobierno queda así en palabras que se lleva el viento y deja ver que el rey está desnudo.
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