domingo, 12 de junio de 2016

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Sus funcionarios le advirtieron que el decreto era una barbaridad y sacó un comunicado cambiando todo
Primero, la gobernadora bonaerense decretó que quienes den a conocer declaraciones juradas de bienes “integrales de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario tendrían una sanción de hasta 2 años de prisión". Después de ver la trascendencia que había tomado la medida en los medios, sus funcionarios le advirtieron que el decreto era una barbaridad y sacó un comunicado cambiando todo. Un verdadero papelón.
El decreto impulsado por Vidal sancionaba a periodistas o “terceros” que den a conocer las declaraciones juradas de bienes “integrales” de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario. Unas horas después los funcionarios alertaron a Vidal y decidieron modificarlo.
La gobernadora bonaerense tenía en mente aplicar una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas -en su formato integral- que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario.
A través del decreto 647, Vidal modificaba el decreto 116, con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial.
Ese decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, de libre acceso para periodistas y ciudadanos, consigna la valuación de los bienes que integran el patrimonio, pero sin dar precisiones de, por ejemplo, la localización de esos activos. La segunda, integral, incluye esas precisiones, pero queda a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.
“La Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”, decía el texto agregado por el decreto 647 al régimen de Declaración Jurada patrimonial de la provincia. En los fundamentos, se aclara que la Escribanía General de Gobierno solicitó hacer la corrección.
Unas horas más tarde luego de anunciar la medida, la prensa comenzó a criticar la norma ordenada por la gobernadora y sus funcionarios la alertaron sobre el tema. Por eso, Vidal sacó un comunicado vetándose a sí misma.
“A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo. Por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”, expresa el comunicado oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

FUENTE: infobaires24


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bonelli fascista

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