sábado, 11 de junio de 2016

ECONOMIA › COMPLEJA NEGOCIACION CON EL GOBIERNO DE BRASIL Y LAS TERMINALES POR EL ACUERDO AUTOMOTOR Más autos brasileños en la plaza local

Por Javier Lewkowicz
El desplome de la economía de Brasil junto a la apertura importadora de la Argentina generaron un fenómeno inédito en el sector automotor: por primera vez, la Argentina violó el máximo previsto para las importaciones en relación a sus exportaciones previsto por los acuerdos bilaterales.
El comercio entre ambos países está regulado por un coeficiente que fija una brecha máxima entre las importaciones desde Brasil y las exportaciones hacia ese país. Ese número fue superado porque los envíos hacia Brasil bajaron mucho y las adquisiciones desde ese país subieron. Esta situación generó una encrucijada diplomática que tendrá que resolverse en los próximos días. Brasil junto a varias terminales locales quieren relajar el coeficiente, que permitiría ampliar el déficit argentino. Por ahora, la administración de Mauricio Macri se niega a ceder. Mientras tanto, las empresas responsables de la violación del acuerdo comercial se salvarían de las multas.
El coeficiente flex define el grado máximo de desbalance comercial entre Argentina y Brasil en los sectores de autos terminados y autopartes. Si Brasil vende a la Argentina 2000 millones de dólares y adquiere bienes por el mismo valor, el coeficiente flex “observado” es igual a uno. Si Argentina goza de superávit con Brasil (lo que sería casi una anomalía), el coeficiente observado sería inferior a uno. En cambio, si el comercio es superavitario para Brasil, el flex observado es superior a uno. Un tema recurrente en la discusión bilateral es el tope para ese desbalance, o sea, dónde se ubica el “flex” teórico. Es un punto central porque si el flex “observado” supera al flex “teórico” se cobran multas muy altas a las empresas que se sobrepasaron. En cambio, dentro del flex rige el libre comercio, que es la piedra fundante de la estrategia regional de las multinacionales automotrices.
En 2001, se compraron tan pocos autos por la crisis argentina que se violó el flex. Desde ese momento, el comercio se mantuvo dentro de los márgenes del coeficiente. En 2014/2015 el flex teórico era de 1,5 y el real se ubicó en 1,08 y en 1,21 el año anterior. Entre 2006 y 2013 el flex teórico fue de 1,95 y el observado, entre 1,09 y 1,67.

Desajuste

La situación cambió en el último año a partir de la dinámica que mostró el comercial bilateral desde enero. Según datos de la consultora Abeceb.com, las exportaciones de autos hacia Brasil fueron de 903 millones de dólares en los primeros cuatro meses, cuando el año pasado en el mismo período ascendieron a 1229 millones, una caída del 26 por ciento. Las exportaciones de partes y piezas se ubicó en 272 millones, una merma del 21 por ciento. En cambio, las importaciones de autos desde Brasil subió de 978 a 1322 millones de dólares, un avance del 35 por ciento que compensó la caída de 972 a 743 millones en las compras de partes y piezas. El resultado es que el flex observado se ubicó cerca de 1,70, por encima del máximo previsto de 1,5.
El deterioro del resultado comercial para la Argentina al punto de violar los límites del comercio se explica por dos motivos. El más evidente es la grave crisis política y económica de Brasil, cuyo sector industrial cayó 9,8 por ciento entre enero y abril, que se monta sobre la merma del 9,9 por ciento en 2015. En ese contexto, es natural el desplome de las exportaciones de autos y autopartes hacia Brasil.
Menos evidente es la evolución de las importaciones desde Brasil, que crecieron a pesar de que en cinco meses los patentamientos en el mercado local acumulan una caída del 5,1 por ciento según Acara. En este punto jugó un papel importante la liberación comercial que dispuso la administración de Macri, junto al acceso al mercado cambiario que tuvieron las empresas para pagar las deudas acumuladas con sus casas matrices. Sólo Toyota, Ford y Honda se mantuvieron dentro de los márgenes comerciales del flex. El resto violó ese límite.

Negociación

Funcionarios de ambos gobiernos mantuvieron varias reuniones durante los últimos días porque el 30 de junio vence el acuerdo automotriz y es indispensable su renegociación. Un punto en el que hay acuerdo es fusionar el año que pasó con el próximo para que el flex observado se pueda diluir en los valores de los próximos meses. De esa forma no se tendría que multar a las empresas. Ese camino se tomó en 2001. “Las sanciones recaerían sobre nosotros y generarían recorte de abastecimiento al mercado interno y también sobre las importaciones desde Brasil”, alertan las terminales. El Gobierno de Macri no parece dispuesto a descargar la multa sobre las empresas. Incluso el cálculo de las multas es materia de discusión y no está para nada claro de qué montos se trata, aunque se trataría de valores de mucha relevancia. La aplicación efectiva de las multas es un escenario improbable.
El punto de discordia entre ambos países es la definición del flex que regirá para los próximos años. Argentina propuso mantener el actual valor de 1,5, mientras que Brasil quiere establecer el flex en 1,80 el año que viene y en 1,95 en 2018. En esa misma postura están las filiales argentinas de las fábricas más deficitarias, como por ejemplo Fiat, Volkswagen, Peugeot y General Motors. Es decir, quieren tener la posibilidad de que Argentina profundice su déficit en el comercio con Brasil. La discusión seguirá esta semana en Brasilia.
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› PANORAMA ECONOMICO Alianza del Pacífico

Por David Cufré
En solo seis meses el Gobierno provocó una crisis económica como aquellas que acostumbraron a los argentinos durante décadas. No solo por la caída en los niveles de producción, consumo, desempleo y pobreza, sino por la respuesta de las autoridades, que se desentienden del sufrimiento de millones de personas y les dicen hay que aguantar. Esa reacción genera descontento y una sensación de desamparo que ni la prensa dominante puede disimular. Se palpa. Se ve. Se escucha en la calle. Hay marchas, quejas de famosos por televisión, actos de resistencia como los amparos contra los tarifazos o simples manifestaciones de ciudadanos de a pie en la vidriera de un comercio que liquida por cierre, en un grafiti en la calle o en las redes sociales. Todo ello es evidente. Sin embargo, ni la crisis económica ni el clima social espeso del primer semestre de Cambiemos han sido hasta ahora un obstáculo para la implementación de un proyecto de ajuste neoliberal. El macrismo y sus aliados siguen avanzando en decisiones de fondo que perfilan un nuevo horizonte de especialización productiva y de distribución del ingreso. Su atención está focalizada allí, mientras intenta administrar políticamente una coyuntura desfavorable. Las tensiones del día a día pueden incomodar a algunos funcionarios, pero la evaluación del Gobierno y de los sectores empresarios que lo acompañan es que el primer medio año ha sido todo un éxito. La agenda del “populismo” es historia y lo que viene son reformas de mercado en materia jubilatoria, impositiva, laboral y de alineamientos internacionales. La oposición, por especulación política, necesidades de auxilio financiero o blanqueo ideológico acompaña en buen número para que el engranaje avance.
En el desarrollo del plan de gobierno hay acciones de distinto alcance. Las reformas previsional, impositiva y laboral, en marcha o anticipadas por el Presidente, servirán de matriz institucional a un nuevo patrón regresivo de distribución del ingreso, con pérdidas de derechos para las mayorías y beneficios extraordinarios para sectores concentrados, como se aprecia en el proyecto de ley ómnibus que obtuvo dictamen esta semana. Propietarios de mansiones en Miami o Punta del Este que “hayan pagado bien sus impuestos” quedarán al margen de tributar Bienes Personales este año, mientras sus compañeros de ruta que evadieron millones al fisco podrán blanquear sin quita si destinan el dinero a un fondo común de inversión administrado por cualquier banquero amigo. Estos son los temas de conversación en el gabinete de Macri, del que participan 27 ex ejecutivos de los bancos más grandes de Wall Street, ex CEO de petroleras, de cadenas de comercio, aerolíneas, supermercados y productores agropecuarios, varios de ellos con sociedades en Panamá o Bahamas, fondos en cuentas del extranjero y acciones de las compañías de las que formaron parte. El reparto desigual de cargas entre trabajadores y corporaciones se cristaliza con aquellos proyectos. Ocurrió en los ‘90 y los ‘2000 con las leyes de AFJP, de flexibilización laboral, la Banelco y las relaciones carnales.
Otras decisiones van al nudo de la orientación productiva que se quiere para el país. Una de ellas es la intención de sumar a la Argentina a la Alianza del Pacífico. El grupo que integran México, Chile, Colombia y Perú, alineado y promovido por Estados Unidos, aceptó anteayer que Macri participe de su próxima cumbre, el 1° de julio en Chile, en carácter de observador. Otros dos países que buscan convertirse en miembros plenos son Panamá y Costa Rica. Sebastián Piñera, ex presidente transandino, es uno de los fundadores del bloque.
Roberto Paiva, director de la agencia ProChile, explicó la filosofía del grupo en una entrevista reciente con el diario El País de Montevideo. “El gran impulso de la Alianza es haber puesto a los empresarios por delante. Por eso está viva. Porque la integración la firman los presidentes, los ministros, pero para que tenga ‘carne’ la tienen que llevar adelante los empresarios”, manifestó, en una descripción precisa de lo que es la Alianza: una plataforma de negocios orientada a satisfacer intereses corporativos, con el resto de las sociedades mirando de atrás. “De nada sirve poner a negociar a los burócratas si los empresarios no están interesados. La idea es que haya, y así está ocurriendo, un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico en cada país y que tenga opinión en los pasos que se dan”, detalló el funcionario chileno. Es decir, una comisión empresaria fiscalizadora en cada país para apuntalar a gobiernos con fuerte sesgo pro empresario. Sería algo así como una guardia de expertos para aconsejar a presidentes ávidos de escucharlos. Paiva enfatizó en ese mismo reportaje el perfil comercial de la Alianza. “Hasta el momento era un área común en aspectos sociales, culturales, etc., pero ahora se concreta realmente con la puesta en marcha del protocolo comercial. El primero de abril los aranceles llegan a cero”, destacó. “Tengamos en cuenta que ya existe entre nuestros países un grado de apertura importante. Chile es un país que tiene un arancel promedio de 6 por ciento, acuerdos comerciales con 63 países, y nuestros socios del bloque también tienen buenos números en ese sentido. No necesitábamos mucho para ponernos de acuerdo”.
Si la Argentina va hacia ese bloque es para acomodarse a esas reglas, señala la ex subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. “Por ahora es más que nada un gesto político para demostrar el rumbo de la gestión. Por los estatutos del Mercosur ningún país puede cortarse solo y adherir a otro bloque individualmente porque resultaría expulsado. En todo caso deben negociar en conjunto”, explica. De todos modos, en este momento político los gobiernos del Mercosur muestran sintonía para avanzar a esquemas de integración global bajo la lógica de la apertura comercial y financiera, con desregulaciones al capital y un ordenamiento económico-social guiado por las reglas del mercado. La excepción es Venezuela. El FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio son los organismos rectores. Eso es lo que significa para el gobierno de Macri volver al mundo, devaluando al Mercosur y las asociaciones Sur-Sur que intentó el kirchnerismo. Otras alianzas estratégicas, con China o con Rusia, también pasan a un segundo plano.
“Creo que cuatro años le pueden alcanzar a este Gobierno para empujar al Mercosur a una integración con la Alianza del Pacífico. La incógnita es Brasil, porque todavía no está claro cómo se resolverá el marasmo político que atraviesa”, estima a su vez Stella Maris Biocca, experta en derecho internacional. “Pero la voluntad del gobierno argentino está clara”, agrega. También de la burguesía brasileña, apunta Español, cada vez más ganada hacia un proyecto de valorización financiera en lugar del de desarrollo productivo. El modelo que avanza en ambos países es el agroexportador y financiero, relegando al industrial. Las relanzadas negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para un acuerdo comercial van en la misma línea. “Estamos un presencia de un gobierno neoliberal que cree en las pautas de funcionamiento neoliberal y va tratando de imponerlas”, define Biocca. “Estados unidos es un país insistente. Después del fracaso del ALCA empezó a establecer nuevas redes a través de tratados bilaterales con distintos países de la región. La Alianza del Pacífico no es más que otra de las caras de ese proyecto, al que la Argentina se quiere sumar”, resume. Al mismo tiempo, Estados Unidos trabaja en el acuerdo Transpacífico, entre los países cordilleranos de América, salvo Ecuador, y asiáticos, con excepción de China. “Esto es sumamente riesgoso, porque una vez que se entra en esas estructuras se definen patrones de especialización que pueden durar décadas”, completa Biocca. Para Cambiemos, por el contrario, el avance hacia la Alianza del Pacífico, la especialización en exportaciones primarias y agroindustriales, bajo el ala de Estados Unidos, es la revolución de la alegría.
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16:24 › LA CAMARA DE CASACION ANULO LAS PERPETUAS DE TRES MILITARES CONDENADOS POR FUSILAR A 14 PERSONAS El regreso de la teoría de los excesos

Por Alejandra Dandan

El 8 de octubre de 2013 el Tribunal Oral Federal de Catamarca condenó a prisión perpetua a tres militares por el fusilamiento de 14 militantes del PRT-ERP en 1974, en el lugar conocido como Capilla del Rosario. La sentencia confirmada por la Cámara Federal de Tucumán acaba de ser anulada por la Sala III de la Cámara de Casación Penal en un fallo absolutamente regresivo en metaria de derechos humanos. Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci dijeron no se trata de delitos de lesa humanidad al considerar que los hechos ocurrieron durante un gobierno democrático. El fallo niega que las víctimas hayan sido “fusiladas”, como se estableció en el juicio, y vuelve a darle vigor a la teoría del “enfrentamiento” que utilizaron las Fuerzas Armadas históricamente para encubrir sus crímenes. Además, niega la validez de los relatos de los testigos por considerarlos “afectados”.
El fallo causó alarma entre abogados, integrantes de organismos de derechos humanos y fiscales. Su narrativa parece salida de los expedientes de los Consejos de Guerra de las Fuerzas Armadas, en la que se habla de “excesos”. Y descarta el testimonio de los testigos, a los que denomina como integrantes de una “facción” o “compinches”.
El fallo –que salió con un voto en disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que se pronunció en la misma línea que el tribunal catamarqueño– contiene algún parecido a la decisión de Casación que benefició el año pasado a Pedro Blaquier con el desprocesamiento en la causa Ledesma, porque también, como en ese caso, el tribunal se introdujo en el análisis y valoración de los hechos y la prueba. Este caso, sin embargo, se hizo después de un juicio oral y avanza varios casilleros. Los jueces no declararon la prescripción, como podrían haber hecho si consideraban que no había delitos de lesa humanidad, sino que absolvieron a los acusados. Según los camaristas, “el material probatorio deja un margen considerable de incertidumbre que impide arribar a una condena” y, en consecuencia, resolvieron la absolución “por duda”.
El fusilamiento como “exceso”
Los hechos en cuestión sucedieron el 12 de agosto de 1974. Los 14 fusilados pertenecían a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo, que dos días antes había intentado copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En la medianoche del 10 de agosto, dos jóvenes en bicicleta se toparon con un grupo de 47 militantes del PRT que estaban en un colectivo y se preparaban para la operación, que se postergó porque había una fiesta. Los ciclistas alertaron a la policía, que llegó con cuatro patrulleros. Se produjo un primer hecho que terminó con dos muertos y el desbande de los integrantes del PRT, que habían perdido las armas y se dispersaron en tres grupos. Unos lograron volver al campamento en Tucumán, otros fueron detenidos en la ciudad y sometidos a un juicio y un tercer grupo quedó aislado en el monte de Collagasta, en Fray Mamerto Esquiú. Allí fueron cercados luego de entregar sus armas, y cuando ya se habían rendido, fueron fusilados por el Ejército.
En 2013, el Tribunal Oral de Catamarca condenó a prisión perpetua a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta por “homicidio calificado agravado por alevosía”.
El fallo de la Sala III de Casación tomó dos lineas para dar vuelta el fallo del tribunal oral y liberar a los acusados. Una analiza época para decir que no había plan sistemático antes del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, salva la masacre de Trelew, de agosto de 1972, porque sucedió bajo un gobierno de facto. Pero olvida fallos previos de la misma Casación en causas como Operativo Independencia, CNU y Triple A, previos a marzo de 1976. Además, justifica los asesinatos bajo la lógica de la “defensa de las instituciones democráticas”.
La otra linea buscó desarmar el objeto principal de la causa: es decir, el fusilamiento a un grupo de hombres que ya estaban rendidos y sin armas. Al negar el fusilamiento y construir la teoría del “enfrentamiento” hacen que los hechos no puedan ser considerados como crímenes de guerra, regulados por tratados internacionales, o hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Riggi y Catucci dicen que los jueces de Catamarca hicieron un fallo “erróneo” con una lectura “antojadiza” y “subjetiva” del contexto: “ubicando para esa fecha la existencia de un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil, que en realidad no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba, o directamente no existía, si por lo demás se repara en que para ese entonces estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral”. En esa línea, señala que la idea de la extensión del plan sistemático de represión previo a 1976, “no existe más que en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados”. Describe el contexto histórico “verdadero” al señalar que “va de suyo que existía un clima de violencia política” en el que se “perpetraban crímenes y atentados” de distintas “agrupaciones o bandas” y “como contrapartida probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas de parte de las fuerzas de seguridad”.
Los testigos
Una de las pruebas fundamentales de la causa es el testimonio de José Fernando Gambarella, un ex conscripto que fue testigo ocular de la masacre y contó cómo cuatro personas que se encontraban con las manos en alto fueron ultimadas. “Tenían la misma edad nuestra –dijo durante el juicio–, teníamos 20 años”. Riggi habla de su “dudosa credibilidad” por recordar y describir una escena a 40 años de los hechos. También pone en duda de la credibilidad de los testigos que fueron integrantes del PRT. El juez los presenta como “ex integrantes de la facción” “quienes sin el menor pudor reconocieron haber procurado copar esa unidad militar para obtener armamento”. Por eso, y aquí sostiene la teoría central con la que los dos votos buscaron justificar los crímenes: “Aún cuando en el marco de la respuesta a la agresión que los integrantes del grupo de extremistas pretendía llevar adelante contra el regimiento de Infantería nro. 17 puedan haberse cometido o no excesos no es factible de ningún modo sostener que la represión de ese intento de copamiento en el marco de un enfrentamiento armado, constituya un ‘ataque’ ‘sistemático y generalizado’ contra la población civil propio y característico de un delito de lesa humanidad. Más aún –siguen–, “se aprecia que ya siquiera puede hablarse de ‘un ataque’ por parte de las fuerzas armadas, sino más bien de un acto de defensa de los poderes constitucionales vigentes tanto de la Nación como de la Provincia de Catamarca, ante el intento de un grupo fuertemente armado de insurgentes”.
Una masacre
Mirta Argañaraz de Clerici es una de las las iniciadoras de esta causa. “Decimos que fue una masacre porque ya estaban sin armas y se habían rendido. Los masacraron. Hay compañeros que estaban cortados a la mitad, descubrimos que tenían su mano a la altura de la nuca y el cráneo había sido atravesados por disparos”. Clerici explica lo que fue corroborado por el juicio, por los testigos directos, las autopsias y las inspecciones oculares realizadas durante el juicio: que los cuerpos fueron levantados de la hondonada en la que los mataron por helicópteros que los tiraron en la ruta.
El fiscal federal Rafael Vehil Ruiz estuvo a cargo del juicio oral pero además al frente de los nueve años de investigación de la causa. “Soy muy respetuoso porque entiendo que eso hace al Estado de derecho, pero la verdad es que fue un fusilamiento, que fueron delitos de lesa humanidad y que los tres acusados son responsables porque participaron. El dato de que estaban totalmente desarmados quedó demostrado por las inspecciones a los lugares, quedó demostrado por el relato de todos los testigos, por las autopsias. Cuando el colectivo fue descubierto, una parte se escapó y dejaron todo el armamento en el vehículo de apoyo. Las armas de mano que tenían, algunos las perdieron cuando pasaron el río. Esto fue en agosto en Catamarca, en el monte: frío, hambre, desarmados. Ellos mismos dicen del ánimo absolutamente de rendirse. Entonces, cuando un fundamento dice que si no hubiesen estado armados esto se podría haber considerado un suicidio colectivo, es para desvirtuarlo porque no fue así”.
Luz Palmas Zaldúa es abogada querellante del Cels. “Los votos de Riggi y Catucci son regresivos, porque hay una mala interpretación de los delitos de lesa humanidad. Dicen que hay una organización militar, no civiles y que no hay un contexto de terrorismo de Estado y que las Fuerzas Armadas y de Seguridad estaban actuando en defensa de las instituciones, cuando sabemos que si bien el 24 de marzo fue un golpe de Estado mucho antes empezaron a generarse las condiciones de funcionamiento para perseguir a los opositores políticos. Para Palmas Zaldua, “hace pensar que los jueces entienden que hay un contexto político para tomar estas decisiones. Sin lugar a dudas esto es reprochable porque es un proceso de justicia consolidado, válido, legítimo, respaldado socialmente y regionalmente y valioso para otros países que han sufrido procesos de dictadura”.
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Pa´gina 12 dixit.

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viernes, 10 de junio de 2016

"El Gobierno quiere que desaparezca el GNC"
El titular de la federación de expendedores se quejó por la fuerte suba de impuestos. Evalúan subir el precio en las estaciones.
CBA24N.COM.AR

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Agencia Paco Urondo compartió un enlace.
2 h
Central Ballester salió a la cancha con los fusilados de Suárez
Agencia Paco Urondo
AGENCIAPACOURONDO.COM.AR|DE AGENCIA PACO URONDO

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Cerró el diario La Mañana de Córdoba
Fue creado en 1997 por Julio Ramos. Desazón en los empleados y en el periodismo cordobés por las fuentes de trabajo que se perdieron.
M.LAVOZ.COM.AR|DE LA VOZ DEL INTERIOR

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