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sábado, 4 de junio de 2016
viernes, 3 de junio de 2016
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EL GOBIERNO NACIONAL ANUNCIO QUE LA SUBA EN LAS TARIFAS DEL GAS TENDRA TOPES PORCENTUALES EN TODO EL PAIS Nueva marcha atrás para paliar el tarifazo
Por Fernando Krakowiak
El Gobierno introdujo ayer nuevos cambios para paliar el impacto del tarifazo de gas y luz e intentar desactivar las crecientes protestas que generó. El aumento del gas tendrá un tope de 400 por ciento para los hogares, mientras que para pymes, comercios y hoteles el techo será de 500 por ciento. La medida regirá no sólo para las provincias patagónicas sino para todo el país. Los máximos se calcularán sobre el valor total de la factura con respecto al cuatro tarifario vigente antes de las subas, de manera retroactiva al 1 de abril y siempre considerando un mismo nivel de consumo. Esto último significa que si la demanda de energía en un hogar es mayor, porque este invierno termina siendo más frío que el del año pasado, la suba podría ser mayor al tope. En el caso de la electricidad, no habrá techo para los aumentos, pero se ratificó la decisión de ampliar el nivel de consumo bonificado de 150 a 300 KWh por mes para los beneficiarios de la tarifa social radicados en las provincias sin acceso al sistema troncal de transporte de gas natural (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones). Además, se informó que el Ministerio de Producción elaboró una lista de 393 empresas electrointensivas que se verán beneficiadas con un descuento del 20 por ciento en su tarifa de generación.
Durante los últimos días, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Interior, Rogelio Frigerio estuvieron negociando los cambios con gobernadores y representantes de cámaras empresarias. La expectativa oficial es que estos nuevos anuncios sirvan para desactivar las demandas judiciales contra el tarifazo, impulsadas en varios casos por los propios gobernadores. Aranguren aseguró que los mandatarios se fueron satisfechos, pero no confirmó que se hayan comprometido a avanzar en esa dirección. “Los gobernadores que participaron en las reuniones saben que a partir de este entendimiento pueden tomar la decisión de no proseguir con sus amparos, pero si quieren van a proseguir. Eso queda a criterio de ellos”, se limitó a decir. San Luis adelantó ayer a través del fiscal de Estado, Eduardo Allende, que sostendrá su recurso de amparo, mientras que el resto de los gobernadores que impulsaron medidas judiciales ayer evitaron dar una definición pública sobre el tema.
–¿La fijación de topes porcentuales para los aumentos del gas implica el reconocimiento de que fue un error no aplicarlos antes? ¿Hay una autocrítica del Gobierno? –le preguntó ayer Página/12 al ministro Aranguren en una reunión que mantuvo con periodistas en el Ministerio de Energía para explicar las novedades.
–Sí, implica el reconocimiento de que tenemos que mostrar una flexibilidad al haber entendido que hay distintas realidades en el país y no hay una respuesta que pueda satisfacerlas a todas. Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, con más capacidad de análisis y habiendo tenido en cuenta todas las realidades locales y el momento, previo a una etapa invernal, pudimos avanzar de una manera un poco más racional, un poco más lógica.
Más allá de los nuevos topes, el ministro aseguró que hay 1.522.000 hogares que están en condiciones de recibir la tarifa social de gas sobre un total de 8.517.000, aunque aseguró que todavía no tiene el dato preciso de cuántos son los que efectivamente están siendo beneficiados por ese precio promocional que contempla sólo el cargo correspondiente al transporte y la distribución del fluido. En el caso de la electricidad, los hogares que califican para la tarifa social son 3.255.000 sobre un total de 14.653.000 y los que ya están percibiendo el beneficio suman 2.860.000. Según datos del Ministerio de Energía, en Formosa, por ejemplo, el 60 por ciento de los hogares califica para la tarifa social.
Aranguren remarcó que los topes de 400 y 500 por ciento a los aumentos de gas significarán para el Estado Nacional una erogación adicional del orden de los 2250 millones de pesos durante este año. A esa cifra, se le deben sumar 300 millones de costo fiscal que implica el incremento de 150 a 300 Kwh por mes en el consumo bonificado de electricidad para los beneficiarios de la tarifa social de provincias sin gas natural y otros 250 millones del descuento de 20 por ciento en el costo de generación que se le aplicará a 393 empresas electrointensivas. El ministro no identificó cuáles serán esas firmas, pero aclaró que no son compañías que se conectan directamente al sistema eléctrico sino las que le compran la energía a las distribuidoras. Por lo que se estima que en su gran mayoría son pymes.
El ministro aseguró además que para los clubes de barrio que no están pudiendo afrontar la tarifa de luz o gas se dispondrá una partida adicional de 200 millones de pesos a través de la Secretaría de Deportes destinada a subsidiarlos, pero no habrá tarifa social ni techo porcentual de aumento para esas entidades, al menos hasta que se reglamente la ley 27.098 de Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo (ver aparte). Peor es la situación de las fábricas recuperadas. “Hemos recibido una solicitud de las fábricas recuperadas y tenemos que definir adecuadamente si están dentro de entidades de bien público no lucrativas. Ahí tenemos un problema porque tienen un fin de lucro. Hay que encuadrarlas de alguna manera”, sostuvo ayer Aranguren.
Pese a este gasto adicional destinado a frenar las protestas, Aranguren sostuvo que igual se logrará un ahorro en el gasto de energía, aunque no precisó cuanto representará ese ahorro. El ministro dijo que el objetivo principal del gobierno no es fiscal sino generar las condiciones para incrementar la producción de energía y reducir el déficit energético. El funcionario estimó que este año el neto entre la importación y la exportación de energía arrojará un déficit que oscilará entre 2500 y 2700 millones de dólares, una cifra sustancialmente menor a los 4500 millones de déficit que se registraron en 2015 y los 6900 millones de 2014, aunque esa reducción se explica en gran parte por la caída en los precios internacionales de los combustibles.
El objetivo oficial es que los nuevos precios de la energía incentiven las inversiones de las empresas, pero en el caso del gas, por ejemplo, las petroleras que concentran la producción de ese fluido todavía no han dado señales concretas en esa dirección. “Si uno está viendo la foto se observa eso, pero hay que ver la película. Hoy recibimos al CEO de ExxonMobil, la empresa más importante del mundo, tiene un proyecto piloto y están viendo en que momento pasan de la etapa piloto a la etapa de desarrollo. Si fuera por nosotros quisiéramos que empiecen el desarrollo mañana, pero para que eso ocurra las empresas tienen que ver que haya marcos regulatorios que se cumplan. El gobierno ya ha dado algunas señales en ese sentido. Se ha avanzado, pero todavía falta avanzar”, respondió Aranguren.
fkrakowiak@pagina12.com.ar› CADA VEZ QUE UN PAIS DEL VIEJO CONTINENTE CIERRA SUS RUTAS, LAS MAFIAS AUMENTAN SUS GANANCIAS La mortal travesía, el peor espejo de Europa
Por Eduardo Febbro
Desde París
Un puñado de tierra en un mar que se traga miles de vidas. La decisión tomada por la intendenta de París, la socialista Anne Hidalgo, de construir en la capital francesa un “campo humanitario” para proteger a los cientos de víctimas de las guerras en Medio Oriente que huyen de sus países y terminan a la intemperie en las capitales europeas es apenas una medida de alivio que en ningún modo oculta la oprobiosa gestión de la crisis de los migrantes asumida por la Unión Europea. Hoy, alrededor de 900 migrantes viven en carpas en el distrito 18 de la capital francesa. Las ONGs humanitarias calculan que aproximadamente entre 20 y 60 refugiados por día llegan a París. Como lo reconoció la dirigente socialista, “Europa no ha estado a la altura de su historia”. El anuncio de Hidalgo destapa además una clara confrontación con el gobierno de Manuel Valls, cuya actitud ha sido, al igual que la de casi todos los demás responsables políticos de la Unión Europea, de una aplicada modestia. Prueba de ello, el Ministerio francés de Interior puso cara larga y en un comunicado aseguró que “el Estado no hace ningún comentario. El Estado se pronunciará sobre este proyecto cuando haya sido informado de sus objetivos y de su articulación con el derecho de residencia”.
La llegada masiva a tierras europeas de refugiados espantados por las guerras que Occidente concurrió a desatar mostró el peor espejo de Europa. Incompetencia, inmovilismo, egoísmos destructores, indolencia y un oportunismo que dejó en segundo plano a los famosos criterios “humanitarios” que el Viejo Continente defiende en todos los foros mundiales. Atravesar el Mediterráneo por medio de las tres rutas consagradas que son el Estrecho de Gibraltar, Sicilia vía Libia o el Mediterráneo oriental se tornó una travesía mortal. Desde que empezó 2016, cerca de 2000 refugiados fueron tragados por las aguas del Mediterráneo. No son especulaciones sino datos duros proporcionados a la vez por la Organización Mundial de las Migraciones (IOM) y la Acnur, la agencia de la ONU encargada de los refugiados. Médicos Sin Fronteras hizo un cálculo macabro: un promedio de 10 personas muere cada día en esa travesía. A esta danza marítima de la muerte la envuelve otra realidad más siniestra cuyo alcance fue revelado por dos organismos policiales, Europol e Interpol. El 90% de los refugiados que intentó llegar a Europa lo hizo a través de “redes de delincuentes”. El negocio de los refugiados se ha convertido en la inversión-estafa más fructífera regentada por el crimen organizado. Una investigación conjunta de Europol e Interpol demuestra que, en 2014, ese tráfico de refugiados arrojó una ganancia que oscila entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares. El negocio es una multinacional perfectamente aceitada en cuya organización se mueven personas oriundas “de más de un centenar de países”. Las cifras son tan contundentes que, a menudo, resulta imposible visualizarlas y conectarlas con Europa. En febrero de 2016, la misma Europol reveló que unos 10.000 (diez mil) refugiados niños desaparecieron cuando llegaron a Europa. La ONG Save the Children calcula que de los 270.000 refugiados niños que pisaron el Viejo Continente en 2015, 26.000 lo hicieron sin compañía alguna. Datos policiales apuntan que esos niños están en manos de “una infraestructura criminal paneuropea” que se ha ido creando mientras crecía el flujo de refugiados y cuyas cabezas directivas están instaladas en Hungría y Alemania.
Cada vez que los europeos cierran alguna ruta, las mafias incrementan sus ganancias. Así ocurrió con el Egeo, encadenado por las misiones del organismo europeo Frontex, la OTAN y las policías locales. Una familia paga un promedio de 13.000 dólares para un viaje sin destino garantizado. En marzo pasado, el cierre de la ruta balcánica dejó atrapados a más de 100 mil refugiados en Grecia. Una demostración magistral de la descoordinación entre países a quienes solo les importa encadenar sus fronteras sin tomar en cuenta ni la repercusión en otros países, ni el destino de decenas de miles de personas. Bulgaria, Albania o Turquía fueron reemplazando las rutas cerradas con el consiguiente riesgo y las estafas que acechan a los refugiados. Desde 2014, hay cerca de 3.000 tumbas sin nombre cavadas en cementerios improvisados en Turquía, Grecia o Italia.
En un plano estrictamente político y pese a la apabullante violación de todos los derechos posibles, la Comisión Europea ha dado su visto bueno a las políticas migratorias más chocantes. Así lo hizo con la política migratoria que España diseñó en Ceuta y Melilla, caracterizada, entre otras cosas, por lo que se conoce como “devoluciones inmediatas”. Lo mismo ocurrió con el pacto al que llegaron Turquía y la Unión Europea cuyo objetivo consiste en expulsar sin demora a los refugiados. El llamado “pacto de la vergüenza” entre Bruselas y Ankara tiene como resultado que todos los refugiados que llegan a Grecia sean expulsados a Turquía, que a su vez los envía a sus países de origen, incluso a los sirios. Así, mientras Turquía reprime con ferocidad a opositores y críticos con el gobierno, la UE lo legitima con un acuerdo vestido de deshumanidad. El Ministro belga de Interior, Jean Jambon, se animó a comentar que “los turcos están muy alejados de los valores y los principios de Europa”. Para que Ankara accediese a convertirse en el socio deportador oficial de la UE, la Comisión Europea aceptó una de las exigencias de Turquía: recomendar que a los ciudadanos turcos se los exima del visado necesario a su desplazamiento dentro de la Unión Europea. Todos esos regateos administrativos no sirvieron de mucho. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se negó a implementar el pacto y a cambiar la ley antiterrorista –otra exigencia de la UE– mientras la UE no acelere el tema de las visas. Y mientras tanto, en Dinamarca, el gobierno de centro derecha de Lars Lokke se encargaba de adoptar una ley que declaraba “traficantes de personas” a todo aquel que ayudara a un refugiado, y otra que autorizaba a las autoridades a sacarle a los refugiados los bienes que poseen. En Europa, esa medida remite inmediatamente al basural de la historia que fue la horrenda incautación de los bienes de los judíos decidida por los nazis. Mucho ha cambiado si se recuerda que Dinamarca fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU para los refugiados elaborada en 1951.
Cada país, sucesivamente, ha ido rematando su humanismo en la sala de ventas de los populismos de extrema derecha que crecen como enredaderas por el muro de la crisis de los refugiados. Tarifa, Lesbos, Calais, Lampedusa, Ceuta o Melilla, esos nombres designan geografías mortales y humillaciones para centenas de miles de personas. Lo que ocurre en la otra frontera famosa, la de Estados Unidos con México, es un dibujo animado al lado de la hecatombe moral y humanitaria por la que atraviesa Europa. La historia más reciente de las fronteras europeas está escrita con el puño de la muerte y de la cobardía. Europa rehabilitó el famoso concepto de “la banalidad del mal” propuesto por Hannah Arendt. Luego, reactualizó otra tendencia surgida en el siglo XX: convirtió a los refugiados en seres humanos sin derecho.
efebbro@pagina12.com.ar
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