viernes, 3 de junio de 2016

EL MUNDO › OPINION El temor de Temer

Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
En los últimos días, Michel Temer padece un súbito e inesperado brote de apuro extremo. Porque quiere apresurar el trámite del juicio que corre en el Senado contra la presidenta Dilma Rousseff, apartada de su cargo mientras se decide si su alejamiento es temporario o definitivo.
Al interino presidente y a su interino gobierno les sobran razones para semejante urgencia. Su desgaste es evidente, y el grado de confianza depositado en sus andanzas se resume, hoy por hoy, a nichos tan específicos como poderosos: la banca, el empresariado, las multinacionales. En el resto de la sociedad lo que se ve es una gran nada, y lo que se oye es puro silencio.
Varios son los factores para la veloz corrosión que se derrumba sobre el gobierno interino del interino presidente, en sus cortas tres semanas de existencia. De ahí el temor de Temer y sus asociados, y la necesidad urgente de fulminar de una buena vez Dilma Rousseff, sus 54 millones 500 mil votos, llevando de paso a Lula y al PT.
Primero, hubo la formidable secuencia de torpezas olímpicas exhibidas por integrantes de su gabinete. Anuncios fueron desmentidos en cuestión de horas. Además, conviene mencionar también la palpable decepción cuando se conocieron los nombres de sus integrantes.
Si mientras conspiraba a todo vapor contra el gobierno del cuál era vicepresidente Michel Temer había insinuado con todas las letras que trataría de armar un gabinete de ‘notables’, lo que se vio, a la hora de la verdad, es gabinete no de ‘ciudadanos notables’, sino de notorios oportunistas.
El autoproclamado ‘gobierno de salvación nacional’ no hizo más que repetir la misma y desgastada receta de siempre: repartir ministerios a cambio de un dudoso respaldo en el Congreso.
Temer asumió el gobierno ofreciéndose para cumplir exactamente el rol que impidió gobernar a su antecesora, la ahora apartada presidenta Dilma Rousseff: se hizo rehén de un Congreso que abriga la peor, la menos calificada legislatura de los últimos 31 años, es decir, desde que había retornado la democracia.
Las contradicciones que en tres semanas saltaron a la luz son evidentes e innegables. Temer, que se propuso cumplir el ejemplo de austeridad, dio pleno respaldo para que la Cámara de Diputados aprobase un aumento sustancial a los sueldos de funcionarios de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judiciario). La medida implicará gastos extras de por lo menos 58 mil millones de reales, unos 16 mil 500 millones de dólares, de aquí al 2019. En otras palabras: el gobierno que defiende la urgente necesidad de cortar gastos en educación, salud y programas sociales de toda gama, alegando falta de recursos, contempla, alegremente, las demandas del corporativismo del funcionalismo público.
Pero no solo de torpezas y contradicciones vive el desastroso gobierno interino del interino Michel Temer.
Sus intentos de legitimarse junto a la opinión pública y a la comunidad internacional tropiezan, de manera irremediable, con pruebas e indicios concretos de que las verdaderas razones que llevaron al alejamiento de Dilma Rousseff tienen mucho más a ver con el temor de ser atrapados por las investigaciones anticorrupción que por eventuales crímenes de responsabilidad cometidos por la mandataria. Crímenes que, a decir verdad, jamás fueron comprobados. Se confirma que lo que ocurrió y ocurre en el Congreso no es más que una farsa jurídica.
Grabaciones realizadas con autorización judicial entre febrero y marzo dejan claro de toda claridad de qué se trata. Romero Jucá, notorio bandolero, fue atrapado mientras explicaba que la salida de Dilma era condición esencial para que se estancaran las investigaciones de corrupción en el seno de la Petrobras. Menciona la complicidad del Supremo Tribunal Federal y de sectores de las Fuerzas Armadas. No se oyó ninguna voz desmintiendo sus declaraciones. Otra grabación muestra al ex presidente José Sarney instruyendo a un investigado sobre cómo eludir a los investigadores. Otra más tiene al hasta ahora oscuro ahora ex ministro Fabiano Almeida instruyendo al mismo investigado como librarse de la ley.
Jucá renunció al ministerio de Planificación menos de dos semanas después de asumir el puesto. Almeida renunció a la semana siguiente. No por ironía, ocupaba el ministerio de Transparencia y Fiscalización, quizá gracias a sus altos conocimientos sobre como nublar cualquier transparencia e impedir toda fiscalización.
Un dato esclarecedor sobre el carácter de Temer: él no cesanteó a sus ministros. Esperó a que renunciaran. En cambio, fulminó al camarero del despacho presidencial tan pronto se sentó en el sillón. Motivo: el camarero era muy amable con Lula da Silva y con Dilma Rousseff.
A Temer y asociados les urge que el juicio sea acortado lo máximo posible. Porque tal y como andan las cosas, se hace cada vez más probable que muchos de los senadores que creyeron –o quisieron creer –en la artimaña de los ‘crímenes de responsabilidad’ cambien su voto a la hora decisiva. Dilma necesita revertir solamente tres votos. Dos senadores ya insinuaron su disposición a rever su voto inicial.
Como cada día que pasa explota un nuevo escándalo involucrando a los notorios integrantes del gobierno de salvación personal, y como crecen y persisten las manifestaciones callejeras al grito de ‘¡fuera Temer’, ese riesgo aumenta. Y, con el riesgo, aumenta el temor de Temer.

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La coalición de los evasores
Del “mani puliti” al “mani sporche”
La exclusión de funcionarios del blanqueo impositivo ha sido presentada como una “garantía de transparencia” o de “rechazo a la corrupción”. En realidad, asistimos a un blanqueo del blanqueo, o sea, a la pretensión de imprimirle un barniz ‘ético’ a este rescate integral de la clase capitalista, protagonista orgánica de la evasión de impuestos y de la fuga de capitales del país. Para ella, el beneficio del blanqueo será sin excepciones e incluirá a la patria contratista, o sea, a quienes coimearon a los funcionarios supuestamente excluidos del blanqueo. Mauricio Macri, que está de los dos lados del mostrador, hizo punta, revelando la lógica de esta operación de rescate. El hombre traerá un millón y medio de dólares de las Bahamas para colocarlos en Letras de Tesoro, las cuales rinden tres veces más que cualquier colocación de una plaza financiera del ‘primer mundo’. El jefe de Estado, como muchos otros especuladores, va a lucrar con la quiebra del país, que es el resultado de una década de pago serial de la deuda externa. Una de las variantes del blanqueo, precisamente, incluye la posibilidad de que el evasor se “redima” comprando títulos de la deuda pública, o sea, pasando de evasor o acreedor del Estado argentino.
Aunque el blanqueo excluirá a los funcionarios de la camarilla kirchnerista desde 2011, sus principales personeros ya se encuentran bajo proceso judicial, con la cual difícilmente hubieran podido acogerse. En cambio, los gobernadores del Pejota y el FpV se llevarán una preciosa tajada de la ley “ómnibus” -la devolución progresiva de los fondos de coparticipación que venían siendo transferidos a la Anses. De este modo, el despojo impositivo de las provincias -que es el resultado del pago de la deuda pública y de los propios desfalcos de sus gobiernos- será resarcido con los fondos jubilatorios. Los Schiaretti-De la Sota, Alperovich-Manzur (¡y la familia Kirchner en Santa Cruz!) han recibido de este modo su propio “blanqueo”. La contrapartida de esa ‘devolución’ de fondos es el cumplimiento de los ajustes provinciales, algo que la kirchnerista fueguina Rosana Bertone está llevando adelante a sangre y fuego. La otra coartada del blanqueo es un “resarcimiento” a jubilados, que implica desconocer el 70% de la deuda que el Estado tiene con ellos. Para que ese default parcial sea aceptado, los jubilados serán extorsionados con el hambre y con su propio horizonte de vida, el mismo chantaje que aplicaban el kirchnerismo y la Justicia sobre ellos. Este pago retaceado servirá de caballo de Troya para una reforma previsional -el propio Macri acaba de anticipar el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres.
Coalición bendita
Con esta operación política y financiera, Macri aspira a refrendar el apoyo de la clase capitalista a su gobierno, y ensayar un acuerdo político más estable con el pejota y las camarillas de gobernadores provinciales. Así, el mismo régimen que prometía transparencia avanza a un acuerdo político fundado en la amnistía de los evasores capitalistas. Del anuncio del mani pulite (manos limpias), pasamos a la ley del mani sporche (manos sucias). El pejotismo-kirchnerismo transita por este acuerdo del ajuste, el cual tuvo su primer puntapié en el voto favorable al pacto buitre por parte de sus senadores. Además del ataque a los derechos jubilatorios, esta coalición en grado de tentativa debería avanzar con una reforma laboral antiobrera, cuya coartada será el “primer empleo” y el “fomento a las pymes”. Para esta escalada, el gobierno tramita la bendición del Vaticano, a cuyo plan de catequización de las escuelas medias -“Scholas Ocurrentes”- acaba de destinar un subsidio millonario. El debate sobre la pobreza, que los voceros del Vaticano agitan en estos días, no apunta contra sus raíces: la desocupación creciente, la caída del salario, los tarifazos. La Iglesia, en cambio, quiere liderar un operativo asistencial dirigido a contener la rebelión de los más oprimidos al despojo en marcha. En esa coalición ‘bendita’, ya se ha anotado parte del kirchnerismo, como el movimiento Evita.
Fermento popular
Pero el esfuerzo desesperado del macrismo para recauchutar su régimen es tan intenso como el progreso de la impasse económica y el descontento popular. La “lluvia de dólares” se ha reducido a un operativo de reendeudamiento, que prepara a término una nueva cesación de pagos. La recesión económica -24% de caída en la construcción durante el mes pasado- es, a esta altura, una estrategia política para que la desocupación habilite un ataque a fondo sobre las conquistas laborales de la clase obrera. Entre los integrantes de la “coalición bendita”, la burocracia sindical ocupa un lugar central. Por eso, renunció a luchar contra los despidos, en nombre de una salida parlamentaria que ni siquiera defendió a la hora de su veto.
A contrapelo de este compromiso de fondo con el ajuste, el fermento de la intervención popular por abajo se multiplica. El desalojo brutal de los luchadores fueguinos ha reavivado la lucha de sus docentes y estatales. La huelga petrolera del sur delata la esterilidad de la “paz social” que los burócratas sindicales patagónicos firmaron con los pulpos subsidiados. En otro plano, el rechazo a los tarifazos ha devenido en una crisis política, donde la Justicia intenta terciar entre la confiscación oficial y la rebelión de ciudades enteras. Los ajustadores -y la coalición que intentan urdir- tendrán que vérselas con esta enorme conmoción social y el panorama de luchas que se incrementará como resultado de su política. Este proceso apasionante supera por completo al kirchnerismo, que se debate entre el pejotismo (y la convivencia con Macri) y los tribunales. Impulsemos en todos lados asambleas, autoconvocatorias y la coordinación de acciones de lucha por el programa planteado: ningún despido ni suspensión; salario igual a la canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados; anular el tarifazo. Contra la coalición de los evasores, desarrollemos, con la lucha y la delimitación de campos, la alternativa política de los trabajadores.
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